El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) junto con la Fundación BBVA nos regaló hace unos días el informe “Servicios Públicos, diferencias territoriales e igualdad de oportunidades”. Es un informe de esos que no tienen no solo desperdicio, sino que además se convierten en una joya en manos de un analista, ofreciendo información detallada tanto de la evolución durante más de una década del Gasto Público “social”, lo que llaman “servicios públicos esenciales” así como su distribución tanto por administraciones (Central, Comunidades, Corporaciones Locales y Seguridad Social) como por regiones. Aunque el análisis de los datos daría para cientos de páginas, en las siguientes líneas voy simplemente a comentar a vuela pluma dos hechos que se desprenden de dicha información. En primer lugar, la importante e intensa reducción del gasto en educación y salud, prácticamente en todas las regiones españolas, y, en segundo lugar, el significativo aumento de las prestaciones sociales, y que terminan compensando la caída de las dos primeras partidas. Para ello voy a comparar datos de gasto per capita a precios constantes de 2007 con 2013, años que podrían marcar los límites temporales de la crisis.

Centrándonos pues en este período más reciente, desde 2007 y hasta 2013, el gasto de las AAPP en servicios sociales esenciales ha aumentado un 4,2% en euros constantes per capita. Sin embargo, y como he adelantado, este crecimiento no ha sido homogéneo, ya que habiendo aumentado en protección social (principalmente pensiones y prestaciones), se ha reducido en salud y en educación (+16,1%, -9,9% y -14,2% respectivamente). Por CCAA, este incremento total de los servicios públicos esenciales ha sido generalizado, siendo una excepción Canarias, en mayor medida y La Rioja en menor, y aumentando especialmente en Asturias.

Como he dicho, este aumento viene motivado por el crecimiento de las prestaciones sociales. En ninguna de las regiones observamos una caída en su cuantía por persona. Este aumento viene motivado evidentemente por la baja elasticidad que este gasto tiene respecto al ciclo económico. Los pagos por pensiones, la gran mayoría de las prestaciones sociales, responden particularmente a las obligaciones legales motivadas por el acceso a la jubilación de los trabajadores que cumplen los requisitos para ello, así como el aumento generalizado de la cuantía media de dichas prestaciones. El crecimiento por lo tanto durante este período es consecuencia del imperativo legal determinado por los derechos adquiridos. A pesar del aumento generalizado, sí se observan diferencias por regiones, siendo La Rioja donde el aumento es mayor, 22,5% y Canarias donde menor, 3,9%. Las diferencias entre regiones pueden responder a varias cuestiones, principalmente a diferencias demográficas, a diferencias en la media por persona de los derechos adquiridos durante su vida laboral y a la diferente estructura ocupacional regional. También, aunque en menor medida, a las diferentes competencias y gastos que cada CCAA tengan determinadas en sus presupuestos y que puedan complementar las prestaciones recibidas desde las AAPP centrales (especialmente Seguridad Social). Sin embargo, esta última causa es marginal pues apenas un 5,6% del gasto en prestaciones por persona en España tiene como origen las administraciones regionales y locales.

En cuanto a salud y educación, la evolución ha sido marcadamente negativa durante el período que estamos considerando. Siendo además estos dos servicios competencia casi en exclusiva de las CCAA, son éstas administraciones las que han tenido que realizar gran parte del “ajuste social” en España desde que se iniciara la crisis. Sin embargo, la austeridad no ha sido homogénea a través de las diferentes regiones.

Así, en educación se observa un mayor recorte en regiones como Madrid, Cataluña, Castilla La Mancha y Canarias, con caídas cercanas al 20% en el gasto educativo por persona. Por el contrario, el Principado representa la única excepción, ya que cada asturiano recibe de media en 2013 prácticamente lo mismo que 2007.

En cuanto al gasto sanitario, son los riojanos los que destacan en este ranking negativo, con una caída que supera el 30% per capita. Mientras, y de nuevo, Asturias se desmarca del resto de regiones, ya que el gasto por persona en salud aumentó ligeramente, manteniéndose constante para los habitantes de Castilla y León y País Vasco. El resto de CCAA recortan en esta partida, aunque en unas cifras algo inferiores a las de educación.

En resumen, el efecto de la crisis y de la austeridad en el gasto social ha sido diferente no sólo por tipo de servicio, sino a través de las diferentes regiones. No obstante sí existen dos regularidades claras, el ajuste se ha centrado principalmente en educación y salud, mientras que Asturias se desmarca del resto de regiones. Un análisis mucho más detallado del informe les podrá dar no sólo más información sino además arrojar luz sobre esta y otras cuestiones.

Muy a menudo, los economistas usamos EE.UU. como un laboratorio para estudiar distintas soluciones a problemas económicos, en parte por la existencia de una enorme cantidad de datos e información estadística sobre este país, pero sobre todo porque lo que allí ocurre, tarde o  temprano, se extiende al resto de países. Así, una de las mayores preocupaciones en EE.UU. ya no es la crisis, de la que han salido mucho antes que nosotros, y ni siquiera el desempleo, en mínimos desde hace años, sino el constante aumento de la desigualdad. Recientemente, la aparición del aclamado libro de Piketty, “El Capital en el Siglo XXI” ha puesto todavía más de relevancia este asunto, demostrando que EE.UU no es el único país que ha experimentado el aumento de las disparidades económicas, aumentando por lo tanto la toma de conciencia por parte de la población sobre dicho problema, así como la reivindicación de soluciones inmediatas.

La obra de Piketty se centra principalmente en la distribución del capital, cada vez más concentrada, y las diferencias de renta que eso supone entre los super-ricos y el resto de la población. Sin embargo, al analizar los datos los economistas se han dado cuenta que incluso la desigualdad salarial, que no depende del capital, está creciendo a un ritmo preocupante. Concretamente, se ha observado que desde los ‘80 el sueldo de los trabajadores norteamericanos con estudios universitarios ha crecido a un ritmo muy superior al de los trabajadores con estudios inferiores y, en consecuencia, la distancia entre trabajadores ricos y pobres ha aumentado ya que, en media, los trabajadores con estudios universitarios suelen situarse en la parte alta de la distribución salarial, mientras los que poseen primaria o secundaria se sitúan en la parte baja. Durante mucho tiempo, el pueblo norteamericano ha asumido esta tendencia.

Para explicar las diferencias por cualificación, la hipótesis que más éxito ha tenido apunta al cambio tecnológico como principal responsable. El mecanismo que respalda esta explicación es sencillo: una caída del coste de uso del capital tecnológico asumiendo que éste complementa al empleo cualificado, pero sustituye al trabajo menos cualificado (un directivo de empresa o un analista es mucho más productivo con un ordenador que con papel y lápiz, pero sin embargo lo que antes hacían cientos de contables o mecánicos ahora lo hace en pocos instantes un software de contabilidad o un robot automático), impulsaría la demanda relativa de los primeros. Esto, unido a una oferta relativa de universitarios que crece a un ritmo más pausado, tiene como consecuencia que el salario relativo del trabajador cualificado aumente.

Hace más de una década, una nueva evidencia apareció. No solo crecían los salarios de los trabajadores más cualificados, sino que además crecía el salario de los empleos de menor calificación comparado con el de aquellos trabajadores con salarios intermedios. Rápidamente, la hipótesis tecnológica se refinó y se argumentó que las preferencias del mercado no se basan en cualificaciones genéricas, sino en capacidades para ejecutar tareas analíticas demandando más a los trabajadores que las desarrollan en su puesto de trabajo, descartando por el contrario tareas rutinarias, y en consecuencia empleos basados primordialmente en dichas tareas repetitivas, en especial las desarrolladas en la industria. Ahora, como consecuencia natural de esta dinámica se ha observado un aumento en la desigualdad ya que los trabajadores dedicados a tareas abstractas son típicamente los de mayor ingreso, mientras que aquellos dedicados a las rutinarias en media formaban la parte central de la distribución de la renta: la “burguesía” de los sueldos. Por lo tanto el aumento de la desigualdad asociado con el cambio tecnológico venía bajo la forma de una polarización de la distribución de los sueldos.

Sin embargo y a pesar de su gran predicamento, esta hipótesis ha encontrado opositores en la academia sin que aún haya sido posible alcanzar una unanimidad de consenso sobre ello. Nuestro trabajo viene a contribuir a este debate, tanto teórica como empíricamente, reforzando la idea de que el avance tecnológico puede generar y explicar la desigualdad salarial tal y cómo los datos muestran.

En primer lugar, la parte empírica de nuestro trabajo demuestra que la polarización del empleo está homogeneizando los salarios en la parte baja de la distribución porque a los empleados rutinarios que migran hacia trabajos manuales ya no se les recompensa por sus calificaciones específicas o habilidades, sino de forma genérica con un sueldo base. Esto se debe a que los avances tecnológicos dejan de lado los empleos manuales, por lo que para muchos trabajadores de la parte baja de la distribución las habilidades individuales ya no tienen valor, ni un correspondiente en términos de sueldo y, por lo tanto, la distribución de salarios en su parte baja se hace menos dispersa, más homogénea, aplastándose hacía dicho sueldo base. De este modo observamos un aumento en la igualdad de las remuneraciones más bajas de la distribución (mayor igualdad entre trabajadores similares). También demostramos que unos pocos rutinarios se “escapan” de esta dinámica emigrando hacia trabajos analíticos, lo que supone entrar en la elite de trabajadores bien pagados. Dentro de este grupo, y a diferencia de los trabajadores manuales, las diferentes habilidades individuales sí que se remuneran por su productividad marginal, remuneración que el cambio tecnológico se ha encargado de elevar. Ambos fenómenos, la migración y el cambio tecnológico, generan una distribución de trabajadores “ricos” con sueldos más y más desiguales no sólo entre ellos mismos (mayor desigualdad entre trabajadores similares) sino además respecto a trabajadores rutinarios y manuales (desigualdad entre grupos de trabajadores diferentes).

Finalmente la parte teórica de nuestro papel complementa esta evidencia mostrando que esa dinámica de los sueldos se puede explicar exclusivamente por el cambio tecnológico. Esto no quiere decir que no pueda haber otras razones, sino que podemos explicar toda la evidencia a partir de una sencilla hipótesis. Concretamente, que la mayor complejidad del aprendizaje en una sociedad tecnológica obliga a los futuros trabajadores a decidir de forma más polarizada si quieren (¡o pueden!) ser analíticos o bien si les tocará un trabajo manual.

En resumen, nuestro trabajo viene a sumarse a aquellos que con anterioridad en la literatura han pretendido analizar las razones del aumento de la desigualdad salarial. En nuestro caso aportamos evidencia de que este aumento se está produciendo de forma diferenciada dentro y entre grupos de trabajadores en función de su relación con el cambio tecnológico. Nuestro análisis pone de relieve la importancia de la polarización salarial como explicación para este aumento. Además, nuestro modelo con el que intentamos explicar las razones de este aumento se fundamenta en el cambio tecnológico como principal causa así como el aprendizaje como determinantes de la clasificación de los trabajadores en dichos grupos.

Concluyendo pues, la perspectiva para un futuro no muy lejano es la de un aumento en las diferencias sociales en función de si los colectivos tienen capacidad, y acceso, de aprendizaje y uso de las nuevas tecnologías. Los poderes públicos deberían favorecer y no obstaculizar (véase los recientes recortes al gasto en educación terciaria y proyectos I+D del ministerio) la igualdad de oportunidades en dicho acceso. Al no hacerlo, nos enfrentamos a un futuro de dos grandes clases sociales muy diferentes y polarizadas, los cualificados-tecnológicos y los no cualificados-no tecnológicos.