Uno de cada tres españoles de entre 16 y 29 años busca empleo y no lo tiene. Casi la mitad se encuentra en esta situación desde hace al menos dos años. La proporción de jóvenes que no tiene oportunidad de trabajar ni estudiar (los llamados “ninis”) superó el 20% en 2014, con tasas de abandono escolar que doblan las de la Unión Europea. La ausencia de expectativas, estabilidad y seguridad supone para muchos retrasar la emancipación familiar o emigrar. Para casi uno de cada diez supone la pobreza y la posibilidad de quedar atrapado de por vida en un círculo vicioso de precariedad y bajas expectativas laborales.

Aunque los indicadores de vulnerabilidad y desempleo de los jóvenes españoles han estado tradicionalmente muy por encima de la media europea, la crisis ha abierto una brecha sin precedentes en nuestro país entre jóvenes y mayores. En la España de la recuperación macroeconómica, tener menos de 30 años constituye un obstáculo difícil de sortear. La magnitud de este problema establece el rasero de la respuesta pública, que tiene en el Sistema de Garantía Juvenil una de las principales herramientas para evitar la pobreza y la precariedad de los jóvenes. Después de más un año de experiencia, sin embargo, los expertos y los destinatarios del programa se muestran poco optimistas.

El plan de de choque contra el desempleo juvenil

El plan de de choque contra el desempleo juvenilEn febrero de 2013 el Consejo Europeo puso en marcha la Iniciativa de Empleo Juvenil, un programa para luchar contra la lacra que suponía tener un 30,1% de menores de 25 años en paro de larga duración y 7,5 millones de “ninis” de entre 15 y 24 años. Con una dotación de 6.000 millones de euros para el periodo entre 2014 y 2020, esta medida nacía con el objetivo de apoyar a través del programa de Garantía Juvenil a aquellas regiones en las que el paro de este grupo superase el 25% en 2012.

En diciembre de 2013 se aprobó el Plan de Implantación del Sistema de Garantía Juvenil en España con un objetivo principal: garantizar que todos los jóvenes menores de 25 años reciban una buena oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o periodo de prácticas en un plazo de cuatro meses tras acabar la educación formal o quedar desempleados. A partir de julio de 2014, cualquier persona en edad comprendida entre los 16 y los 25 años que estuviese en situación de desempleo treinta días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, que no hubiese recibido acciones educativas que conllevasen más de cuarenta horas mensuales en los noventa días naturales previos, ni acciones formativas de más de cuarenta horas mensuales en los último treinta días, podía inscribirse.

A pesar de que la Garantía Juvenil en España lleva poco más de un año de rodaje, las cifras de inscripciones resueltas de forma positiva son llamativamente bajas. Los primeros datos oficiales de los que se disponen, con fecha de 31 de diciembre de 2014, indican que había un total de 20.660 inscritos en toda España; mientras que a fecha de 30 de septiembre de 2015 (últimos datos hechos públicos) la suma total de jóvenes inscritos en todas las comunidades autónomas ascendía a 119.114 resoluciones positivas. Incluso considerando las condiciones que exige este sistema, el número de inscritos difícilmente responde a la envergadura del problema. El pasado mes de julio el Gobierno aprobó como medida urgente la ampliación de la edad de los potenciales beneficiarios del Sistema de Garantía Juvenil para mayores de 25 años y menores de 30.

El número total de solicitudes aprobadas supone un 8,5% de los casi 1,4 millones menores de 30 años que se encuentran hoy en situación de desempleo. “Las cifras actuales de inscripción son ridículas, teniendo en cuenta la magnitud del problema al que nos enfrentamos”, opina Borja Suárez, Profesor Titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Madrid. “La Garantía Juvenil, tal y como ha sido diseñada en España, tiene un recorrido limitado e insuficiente”, recalca.

Las grietas del sistema

Los expertos consultados para este reportaje insisten en dos problemas fundamentales del Sistema de Garantía Juvenil. El primero es la instrumentalización del programa por parte de empleadores y centros con el objeto de acceder a las bonificaciones en la contratación de candidatos que hubiesen contratado igualmente. El segundo problema es el desconocimiento del programa entre los jóvenes.

Silvia García, de 23 años, y graduada en Bioquímica por la UCM, ha sido una de las miles de jóvenes que se han inscrito en el Sistema de Garantía Juvenil. Hace varios meses le llegaron varias ofertas de trabajo en las que buscaban a gente que estuviese dada de alta en la Garantía Juvenil. “Una de ellas eran becas para asistentes de investigación, no para doctorado, aunque los laboratorios públicos de investigación en hospitales o centros de investigación lo que querían eran, sobre todo, candidatos de doctorado”, explica Silvia, que en el momento en el que le aceptaron su inscripción en el fichero central de la Garantía Juvenil, acababa de volver de hacer un máster de Biología en París sobre el tema de las células madre. Aunque no cumplía el requisito de no haber recibido formación en los tres meses anteriores a la fecha de inscripción de la solicitud, desde el laboratorio que estaba interesado en su candidatura le “animaron” a que no indicase que había estado estudiando en el extranjero.

Muchos jóvenes como Silvia se inscriben en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil porque se enteran, a través del boca a boca o por Internet, de ofertas de empleo que obligan a estar inscrito. Es el caso de Madi. Este camerunés de 22 años -lleva cuatro en España-, se enteró porque “se lo dijo un amigo”. Madi estudió hasta finalizar la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y posteriormente hizo un curso de Informática. Ahora lleva un tiempo en desempleo y no está recibiendo ningún tipo de formación. Como “está complicado el mercado laboral” busca todo tipo de oportunidades y por ello acaba de solicitar la inscripción en la Garantía Juvenil.

El Centro Regional de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid es una de las oficinas donde ayudan a los jóvenes a inscribirse y a rellenar los formularios online, así como informan sobre aquellos cursos y empleos que están bajo el paraguas de la Garantía Juvenil. Hasta el momento, se han inscrito en esta oficina más de 700 beneficiarios. “Cuando empezamos a colaborar en el proyecto, los jóvenes acudían porque habían recibido ya una oferta de formación o de empleo ligada a estar inscritos en Garantía Juvenil”, recuerda Margarita Martín, una de las trabajadoras de la oficina. “De hecho, tuvimos un pico de entradas en el sistema coincidiendo con una convocatoria de empleo del CSIC y de muchos jóvenes a los que les habían citado para cursos de inglés”, añade. “Desde los Servicios Públicos de Empleo acogen o inscriben a las empresas interesadas en registrarse, lanzan sus ofertas de empleo y nosotros nos encargamos de coordinar los accesos”, explica Maribel Martínez, también empleada de este centro de información.

“Creemos que se está poniendo el foco, y de manera muy preocupante, en las bonificaciones. A corto plazo, es muy fácil crear bonificaciones a la contratación, pero lo cierto es que, al final, un empleador va a contratar a una persona porque lo necesita, por mucho que se lo pongas muy barato. Por lo tanto, es muy fácil que se esté dando una bonificación para un puesto de trabajo que se iba a crear”, opina Víctor Reloba, Vicepresidente del Consejo de la Juventud de España, a propósito de las bonificaciones a la contratación indefinida y mediante contratos formativos que introdujo el Gobierno actual para las empresas registradas en el portal del Sistema de Garantía Juvenil y que contraten a alguno de sus beneficiarios.

Por su parte, Marcel Jansen, Doctor en Economía por el Instituto Universitario Europeo de Florencia, incide en que el éxito de la Garantía Juvenil va unido al de los Servicios Públicos de Empleo (SEPE) y a “una reorganización interna, así como a la obligación de ofrecer itinerarios personalizados a los parados de larga duración”, un objetivo explícito del sistema de rescate a los jóvenes desempleados. El experto en macroeconomía y economía laboral asegura que los servicios que ofrece el SEPE “están anticuados, alejados del mercado, centrados únicamente en dar prestaciones”. Jansen menciona como alternativas interesantes el proyecto 'Actívate', de Google o el 'Generation', de Mackinsey, con los que las compañías promotoras han dado formación desde su inicio a más de 200.000 jóvenes. Las políticas activas de empleo, mientras tanto, han sufrido desde 2011 un recorte presupuestario de 3.000 millones de euros.

En todo caso, muchos no pueden comprobar la eficacia del sistema porque, sencillamente, desconocen su existencia. Desde su implantación, la Garantía Juvenil no ha tenido grandes campañas de comunicación y difusión entre la población joven desempleada. Este ha sido uno de los principales problemas y motivos por los que el Gobierno ha sido criticado por sindicatos y otros sectores de la sociedad ante el escaso impacto que viene teniendo la implantación del plan. Para tratar de dar respuesta a esta deficiencia, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social firmó un acuerdo de colaboración con el Instituto de la Juventud (Injuve) para que, desde el pasado mes de septiembre, cerca de 200 centros de información juvenil de toda España colaboren en su difusión y den soporte para solicitar la inscripción.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social fue consultado para la elaboración de este reportaje y declinó hacer comentarios.

Lo que sí está funcionando

La gestión de la implantación del Sistema de Garantía Juvenil corresponde a la Administración central y a las comunidades autónomas, así como a las entidades colaboradoras, públicas o privadas, del Programa Operativo de Empleo Juvenil.

“Lo que hacemos a nivel municipal y local no es lo mismo que a nivel regional. En las comunidades autónomas se preocupan de que la gente se inscriba en el fichero, ofertas de formación muy pocas. A medida que avanzas en las administraciones, es un monstruo”, comenta Joaquín Miranda, Jefe del Departamento de Orientación Laboral de la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Gijón. En 2014, la agencia que dirige Miranda fue uno de los proyectos piloto financiados por la Unión Europea para testar, sobre el terreno, el enfoque de la Garantía Juvenil. A día de hoy está financiado por las arcas municipales y no es requisito estar inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

El programa gijonés demuestra la importancia de la iniciativa política e institucional. Entre 2014 y lo que llevamos de 2015 han orientado laboralmente y han ayudado a conseguir prácticas no laborales a 150 menores de 30 años, así como han conseguido que 40 de ellos, que apenas habían tenido experiencia profesional hasta la fecha, hayan conseguido un contrato. “Hacemos orientación laboral, ensayamos el voluntariado como forma de entrar en el mercado laboral, introducimos el coaching para romper barreras personales… Contamos con un equipo de orientadores laborales y dos prospectores de empresas. Estos últimos, en función de las capacidades, experiencia y expectativas de cada joven, se encargan de hablar con empresas locales para ofrecerles la posibilidad de que les contraten en prácticas no laborables. Además, en colaboración con la Fundación Mar de Niebla, salimos a la calle a buscar a jóvenes que no están estudiando ni trabajando y les animamos a que vengan a conocernos”, explica Miranda.

Pasando al ámbito privado -en este caso al tercer sector-, muchas organizaciones sociales están ayudando a orientar laboralmente y a formarse a miles de jóvenes desempleados. Con una metodología parecida a la de la Agencia de Activación de Empleo de Gijón, la Fundación Tomillo cuenta con una escuela de segunda oportunidad para aquellos jóvenes que abandonaron los estudios, así como ofrecen orientación laboral –en 2014 ayudaron a 1.106 a orientarse laboralmente- y servicios de intermediación con las empresas. Marta Martínez, Directora del área de Empleo y Emprendimiento de la fundación, ha visto cómo, desde el inicio de la crisis, su trabajo se ha ido adaptando debido a los perfiles de jóvenes que llegan buscando ayuda. “Cuando yo empecé hace trece años, dábamos principalmente oferta formativa muy enfocada al empleo para que la persona saliese ya casi colocada. Ahora nos llegan jóvenes que no tienen ningún tipo de titulación. Tenemos muchos casos de jóvenes que dejaron sus estudios para trabajar en la construcción y ganar un dinero rápido y que ahora, con 30 años, tienen hipoteca, familia y tienen poca formación o están poco cualificados”.

Martínez, explica también cómo han tenido que adaptar su metodología a los nuevos perfiles jóvenes que llegan golpeados por la dificultad para encontrar empleo o porque tienen subempleos precarios: “Hemos pasado de una metodología de hace unos años muy de tú a tú, haciéndoles una carta de presentación y un currículum y enviándoles a la bolsa de empleo, a aplicar un programa educacional basado en competencias. Hacemos un diagnóstico, de sus competencias personales, transversales y técnicas, y luego vemos qué tipo de trabajo quiere y hacia dónde puede ir”.

En un contexto de niveles históricos de desempleo juvenil, la eficacia de herramientas como el sistema de Garantía Juvenil constituye un asunto público de primer orden. En julio de 2015 la Comisión Europea expresó ya su preocupación con respecto a la “efectividad de este programa” y el “limitado número” de jóvenes inscritos y se espera que en pocos meses haga pública una evaluación del sistema. Mientras tanto, sería deseable que la campaña electoral analizase los logros de una política que constituye para miles de jóvenes la última red de seguridad frente a la pobreza y la exclusión social.

[Este artículo ha sido elaborado por la Fundación porCausa gracias al apoyo del Consejo de la Juventud de España y con la colaboración especial de Juan Calleja.]

Trabajar a tiempo parcial y percibir menos salario que los varones: las dos “condenas” que sufren de manera significativa las mujeres en España. Y, sobre todo, las más jóvenes. En 2013, el 15,3% de los varones de entre 25 y 29 años trabajaba a tiempo parcial, un porcentaje que llega casi al 27,7% en el caso de las mujeres. Mientras, en el grupo de edad de 30 a 34 años, las diferencias se agrandan aún más siendo el 7,8% ellos y un 24,3%, ellas, según la Encuesta de Población Activa.

“Esta es, en la actualidad, una de las principales brechas de género en el mercado de trabajo no solo para las mujeres jóvenes, sino prácticamente para cualquier grupo de edad. Además, esta brecha contribuye a explicar otras diferencias, como por ejemplo la salarial, aunque no es el único factor que determina esa diferencia”, explica Esteban Sánchez Moreno, profesor de sociología en la Universidad Complutense de Madrid y experto en políticas de empleo.

A pesar de que en España la principal causa de tener un trabajo a tiempo parcial sigue siendo el no encontrar un trabajo a tiempo completo, tanto en hombres como en mujeres, los siguientes motivos difieren mucho entre sexos. Por ejemplo, entre las mujeres de 25 a 49 años, el porcentaje de un trabajo parcial por el cuidado de los hijos se sitúa en el 18%, mientras que los hombres en esa misma edad se sitúa en el 1,5%, según datos de 2014 de Eurostat.

Y es precisamente en los contratos a jornada parcial donde más se dispara la brecha salarial entre hombres y mujeres. España, con un 33,7 % de diferencia salarial en la jornada parcial, según datos del INE para 2012, encabeza la clasificación de todos los países de la Unión Europea. En Alemania, donde el trabajo a tiempo parcial es desempeñado por mujeres en un 81,5 % -porcentaje superior al ya elevado 75% español-, las trabajadoras perciben un 12% menos de salario que los hombres que trabajan en esta modalidad, según el informe ‘ Trabajar Igual. Cobrar Igual’ de UGT.

Elizabeth tiene un trabajo part time y aunque, según le han prometido su jornada se convertirá en completa en los próximos meses, lamenta no poder dedicarle todo el tiempo que querría a su hijo. Elizabeth vive como si fuera madre soltera -el padre no ha visto a su hijo más de dos veces en toda su vida y nunca le ha pasado ninguna mensualidad-, la Administración no la considera como tal porque el padre firmó en su momento los papeles esperando que por el hecho de firmarlos, su hijo, nacido de madre nacionalizada española, le diera a él también la nacionalidad. Para el Estado, por tanto, no es madre soltera y no puede percibir las ayudas que se derivarían de su condición.

Elizabeth, que sí recibe el apoyo como madre soltera por parte de la Asociación Solidaridad, forma parte del grupo más vulnerable: los hogares monoparentales. Este tipo de familias -que en más del 80% de los casos están encabezados por mujeres- son, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, las que viven en peores condiciones. Más de la mitad de estos hogares están en riesgo de pobreza. Un reciente estudio de Save the Children identifica además que las situaciones de precariedad e inestabilidad laboral predominan en estos hogares monomarentales. Le gustaría, a pesar de todo, aumentar la familia “pero cuando pueda afrontarlo sola, ahora mismo no puedo afrontarlo ni a nivel económico ni de tiempo, aunque no quiero que Daniel sea hijo único”, explica.

Elizabeth y otras de las madres que acuden a la asociación buscan allí la ayuda para salir adelante que no encuentran fuera. En el informe de Save the children se alerta de que el 52% de las mujeres al frente de una familia monoparental se encuentran excluidas del mercado laboral o trabajan en condiciones de precariedad, ya que el cuidado de los hijos y la falta de medidas de conciliación les impide optar a empleos con mayores jornadas e ingresos. De hecho, según el informe, cuatro de cada diez hogares de este tipo no dispone de dinero suficiente para pagar gastos relacionados con la casa. Daniel y su madre comparten piso con más gente. Su sueldo no da para más.

En el sector en el que trabaja actualmente, el sanitario, la desigualdad salarial se dispara. En la sanidad, segundo sector en ocupación de mujeres en nuestro país, las mujeres cobran un 25,4% menos que los hombres según el informe Gender Pay Gap de la Comisión Europea. Las profesiones y ocupaciones feminizadas, como la sanitaria, “están sujetas a desigualdades, por ejemplo, menores salarios, porque están feminizadas, precisamente, y no por el contenido de la tarea. En eso se basa la discriminación y la ruptura de los roles hombre-mujer es un paso necesario para que dicha discriminación comience a dejar de operar”, explica el profesor Sánchez Moreno.

Reivindicaciones por la igualdad de oportunidades laborales

Una igualdad de condiciones y la ruptura de los roles hombre–mujer es lo que reclama desde hace años Laura Baena. Esta publicista de 34 años y fundadora del movimiento Malas Madres, lleva trabajando como autónoma desde hace cuatro años –momento en el tuvo a su primera hija- en pro de la conciliación para todos, tanto para hombres como para mujeres. Cuando dijo que estaba embarazada le advirtieron en su anterior trabajo que aquella no era una empresa para “mamis y bebés” y un tiempo después decidió marcharse.

“Si no le ponemos remedio nos dirigimos hacia una sociedad donde se penaliza laboralmente a la mujer por ser madre, una sociedad con desigualdades de género puesto que son las mujeres las que asumen mayor carga de trabajo total entre remunerado y no remunerado, y, sobre todo, una sociedad en la que las mujeres tienen que renunciar a su desarrollo profesional, al cuidado de sus hijos o incluso renunciar a ser madres”, explica Baena.

Y continua: “Nos han vendido la moto de si quieres, puedes, aquello de que serás lo que quieras llegar a ser y eso produce frustración porque no es real. Se necesitan políticas que ayuden a poder conciliar tener hijos con el trabajo.” La realidad es que, según una encuesta realizada a más de 4.500 madres desde la organización que lidera Baena, más del 80% de las mujeres no concilian, y más del 50% han vivido situaciones negativas debido a su maternidad como que las cambien de puesto de trabajo. Para que esto no ocurra, “la conciliación tiene que afectar a todos y que todos tengan derecho a poder hacer una jornada continua, a tener horarios flexibles o a trabajar desde casa sin premiar el presencialismo porque si solo afecta a unos cuantos nos encontramos ante la reducción de jornada y eso produce un parón en tu profesión, algo que no le ocurre al hombre”, opina Baena.

Desde Malas Madres, reclaman una serie de políticas y ayudas por parte del Estado para que las Pymes también puedan aplicar herramientas de conciliación como la jornada continua, la flexibilidad de horarios o el teletrabajo. Según el informe Radiografía de la Pyme 2015, el 80% de las pymes quiere conciliar. “Si las familias y las empresas quieren conciliar, falta que el Estado ponga de su parte”, explica.

Todas estas políticas a la que hace referencia Baena van enfocadas a que la mujer no tenga que elegir. Es lo que la reconocida socióloga Pamela Stone describe en su libro ‘Opting Out? Why Women Really Quit Careers and Head Home’ (¿Por propia voluntad? Las verdaderas razones por las cuales las mujeres abandonan sus carreras y se van para el hogar) como “elección forzada” y que todas las mujeres entrevistadas para este reportaje han sentido alguna vez.

Los hombres, sin embargo, no lo hacen. O no en la misma medida. Las bajas por maternidad, por ejemplo, suponen un parón en la carrera de muchas mujeres algo que no ocurre en el caso de los hombres, que en España tienen una baja voluntaria de dos semanas frente a las dieciséis de la mujer. Baena pide que para estar en igualdad de condiciones las bajas por paternidad sean iguales a las de las mujeres y que además sean obligatorias como en Suecia, donde ambos progenitores tienen como mínimo una baja de ocho semanas no intercambiable.

En ese sentido, PSOE, Podemos, Ciudadanos e IU llevan en sus programas electorales equiparar ambos permisos, mientras que el PP mantiene el retraso de aumentar el permiso de paternidad. Según los expertos, otra de las medidas dirigidas a una mayor igualdad de oportunidades laborales y de conciliación es la de aumentar la red de escuelas gratuitas de cero a tres años que prometen en sus programas PSOE, Ciudadanos y Podemos. Las madres entrevistadas para este reportaje aplauden el gesto pero no lo ven suficiente. Creen que falta meter el asunto de pleno en la agenda política.

“España es un claro exponente del modelo mediterráneo en lo que concierne a políticas familiares. Carece de un sistema adecuado de ayudas a las familias y a los hijos, los permisos de maternidad y paternidad son demasiado cortos, y la demanda de plazas en escuelas infantiles para menores de tres años sobrepasa con mucho a la oferta”, reza el informe de La Caixa, El déficit de natalidad en Europa. Y comenta el famoso cheque-bebé que introdujo el último gobierno socialista: “estuvo claramente mal planteado y cargado de ideología natalista. El efecto de esta medida fue, sin duda, escaso. Pudo tener un efecto temporal, es decir, algunas mujeres quizá tuvieron un hijo antes de lo previsto gracias al cheque-bebé, pero es evidente que no logró estimular una recuperación de la fecundidad”.

“Ante los agujeros que plantea el sistema de bienestar en la protección de la natalidad, la estabilidad laboral se ha convertido en un requisito previo fundamental para la formación de una familia”, explica el informe, ‘Generación Sueños Rotos’, elaborado por la Fundación porCausa y el Consejo de la Juventud de España. Sin embargo, la elevada tasa de desempleo entre los jóvenes –casi del 40% en 2014 para jóvenes de entre 15 y 29 años– y la precariedad de muchos de los que trabajan –con tres de cada diez jóvenes con un contrato a tiempo parcial en 2014– “son claramente obstáculos de primer orden que inhiben la procreación”.

Gøsta Esping-Andersen, sociólogo especialista en el Estado de Bienestar y coordinador del estudio de La Caixa anteriormente citado, asegura que “la proporción de mujeres (y hombres) que prefieren no tener hijos es marginal en todas las sociedades. A pesar de ello, la diferencia que observamos entre el número de hijos que se desearían tener y los que se tienen realmente es, a menudo, considerable”. Según el estudio, en España el 12% de las mujeres acaba su etapa reproductiva sin tener hijos. Además, el 30% de las mujeres españolas deben conformarse con tener un solo hijo. En países como los escandinavos esta diferencia entre lo que se quiere y lo que se tiene es mucho menor.

Los países más avanzados en conciliación y políticas de igualdad, los del norte de Europa, “pusieron la voz de alarma cuando sus índices de natalidad no estaban tan bajos como los nuestros, empezaron a implantar políticas públicas de conciliación y apoyo a las familias con hijos y ahora han visto crecer otra vez esos índices”, explica la fundadora de Malas Madres. Los datos lo atestiguan: Noruega ha pasado de 1,66 niños por mujer a 1,85; Suecia, de 1,61 a 1,91; y Dinamarca de 1,38, a 1,67 en tres décadas.

Un artículo elaborado por la Fundación porCausa en colaboración con el Consejo de la Juventud de EspañaFundación porCausaConsejo de la Juventud de España

Lee la primera entrega: Jóvenes y maternidadJóvenes y maternidad

Elizabeth Cárdenas, de 24 años, trabaja a tiempo parcial como auxiliar de enfermería en una residencia de ancianos. Con los 450 euros que cobra viven ella y su hijo Daniel de 3 años. Daniel es uno de esos 454.648 bebés que nacieron en 2012. Solo el 9% de los nacimientos correspondieron a madres consideradas como jóvenes de entre 16 y 24 años, casi el mismo porcentaje de los que se dieron en chicas de 34 años. Elizabeth sabe que su caso es una excepción y de hecho ella no planeó que sucediera así: “No me arrepiento de haber tenido a mi hijo entonces, pero si miro atrás, si me hubiera gustado haber tenido otras condiciones”. Condiciones como haber accedido a la universidad, haber estudiado la carrera de enfermería a la que aún aspira a matricularse y estar trabajando como tal.

A que eso ocurra, a tener la formación deseada, el trabajo deseado y un salario decente, es a lo que esperan muchas mujeres y es una de las causas – que no la única- del retraso de la maternidad en España en estos últimos años. En 2014, la edad media para tener el primer hijo se situaba en los 30,4 años, mientras que hace un cuarto de siglo estaba en los 26,5 años, según Eurostat. Además, la media de hijos por mujer se sitúa ahora en 1,32 hijos, la mitad que en el año 1976. ¿A qué se debe este retraso en la edad de maternidad? ¿A dónde nos lleva tener uno de los índices de natalidad más bajos de la Unión Europea? ¿Cómo se puede invertir esta tendencia?

Esta crisis demográfica –se necesita una fecundidad mínima de 2,1 hijos por mujer solo para asegurar el relevo generacional de los que se mueren según los especialistas- produce una tormenta perfecta propiciada en gran medida por la recesión económica que empezó en 2008. “La crisis y el éxodo de jóvenes e inmigrantes, junto con la precariedad en el empleo y los salarios mínimos hace que la emancipación sea más tardía, y, por lo tanto, que la edad de ser madre se atrase. Esto inevitablemente conlleva el envejecimiento de la población porque no hay nacimientos suficientes para el reemplazo poblacional”, explica el profesor de Geografía humana de la Universidad de Santiago y experto en despoblación, Carlos Ferras en declaraciones a la Fundación porCausa. Ferras lleva años estudiando este fenómeno en Galicia, una de las regiones de España donde la tasa de natalidad es más baja y la de mortalidad más alta.

El retraso no elegido de la maternidad

María Jesús Gutiérrez es un ejemplo de este retraso forzado para ser madre. Tiene 31 años, está casada y lleva tiempo queriendo ser más de dos en la familia. La realidad económica que vive y el entorno laboral en el que se “penaliza la maternidad”, le han hecho ir postergando la decisión.

Aunque en su casa entran dos sueldos, asegura que no pueden permitirse el piso con dos habitaciones que precisa el pasar de matrimonio a familia. “Formo parte de esa generación que quiere y no puede”, explica. María Jesús aspira a cobrar más, a ascender a un puesto laboral que considera que merece por su formación como licenciada y por su experiencia aquí y en el extranjero. Tiene prisa por conseguir ese nuevo estatus porque considera que una vez decida ser madre es muy probable que su carrera profesional se detenga. El miedo a que ese parón se produzca en el momento en que dé a luz, o incluso antes, hace que siga esperando.

Para el profesor Ferras, este aplazamiento hasta encontrar el momento adecuado provoca que cada vez seamos más viejos y ello comporta una sociedad más conservadora y menos dada a la innovación: “El problema más grave se relaciona con la sobrecarga de sistema de pensiones y los servicios públicos de salud y los servicios sociales en general. Debemos preguntarnos quién pagará la factura social en un país de viejos, escasamente atractiva para atraer inmigrantes, con muy alto desempleo y con escasa fecundidad”. “Los pocos niños que nacen hoy no podrán pagar las pensiones y el estado de Bienestar del mañana”, resume.

Mientras que la tasa de fecundidad en España se ha mantenido por debajo de 1,5 hijos por mujer durante más de dos décadas, el número deseado de hijos que afirman querer tener los españoles se sitúa de media en torno a dos. Ese desajuste ente realidad y deseo se debe, según el estudio El déficit de natalidad en Europa de la fundación La Caixa, a tres razones. La primera tiene que ver con que la estabilidad laboral “se ha convertido en un requisito previo para la formación de una familia”. Eso hace que la elevada tasa de desempleo entre los jóvenes y la precariedad de los empleos con los que se inician en el mundo laboral sean “claramente obstáculos de primer orden que inhiben la procreación”, explica el informe. En segundo lugar, se encuentra la ausencia de apoyo público a mujeres y hombres para que puedan conciliar la vida laboral y las responsabilidades familiares. Y por último, se sitúa la desigualdad de género. Ante esta realidad ¿cómo se prevé que evolucione la tasa de fecundidad en España? Si no se abordan estos problemas, explica el estudio, el pronóstico es simple: “la tasa de fecundidad muy baja [en 2013 alcanzó su punto más bajo: 9,10] se mantendrá indefinidamente. Solo si los costes y el cuidado de los hijos son compartidos entre la familia y el Estado, y también equitativamente entre ambos progenitores, es probable que la diferencia entre el número de hijos deseados y reales vaya reduciéndose”.

Las previsiones que hay por el momento en este sentido no son muy halagüeñas: el hecho de que ahora y en los próximos años haya menos nacimientos hará que en 2049 haya un 32% menos de jóvenes con edades comprendidas entre los 25 y los 35 años que en 2009 según el informe Estimaciones de la Población Actual 2049 del INE, siendo los grupos de edad que más caerán en términos de crecimiento relativo. Esto a su vez supondrá menos gente en edad fértil que pueda tener hijos. Es la pescadilla que se muerde la cola.

Las brechas que afectan a las mujeres

En España tener hijos penaliza a la mujer en términos de empleo. Lo dicen los datos. En el año 2013, la tasa de empleo de los hombres entre 25 a 49 años sin hijos menores de 12 años era del 74,4%, según el informe Mujeres y Hombres en España del Instituto de la Mujer. En el caso de tener hijos de esa edad la tasa de empleo era más alta (78,9%). El valor más alto en hombres se alcanza con dos hijos menores de 12 años (80,6%). Por el contrario, en las mujeres, a medida que se incrementa el número de hijos menores de 12 años, disminuye la tasa de empleo. Para las mujeres de 25 a 49 años sin hijos de esa edad la tasa de empleo era de 66,9%, pero se reduce a 59,5% en el caso de tener hijos menores de 12 años. Con tres hijos o más la tasa desciende hasta el 47,0%.

Miedo es la palabra que más repite Maria Jesús durante toda la entrevista. Miedo a que la echen, miedo a no conseguir crecer profesionalmente en su empresa, miedo a no poder cobrar más. “Me daba miedo hasta casarme por temor a que me encasillaran en el grupo de las que pronto van a ser madres”, recuerda. Los actuales datos de empleo, así como la brecha salarial entre hombres y mujeres y de conciliación real en las empresas, sustentan esos miedos.

“Para las mujeres jóvenes de hoy en día, que se educan tanto y que han apostado por el mercado laboral, la maternidad les supone un enorme reto: por una parte quieren ser madres, pero retrasan mucho esta decisión hasta tener un contrato estable. Se retrasa mucho la entrada en la maternidad, y luego es tan difícil conciliar que o bien se quedan con un hijo o abandonan el mercado laboral. En principio, este abandono piensan que es temporal pero al querer volver se enfrentan con una enorme barrera porque existen muchas reticencias a contratar a una mujer que es madre”, explica Sara de la Rica, catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco.

Los datos muestran que las mujeres se enfrentan al mercado laboral con más formación: como el INE refleja en sus estadísticas que el porcentaje de mujeres entre 25 y 34 años con estudios superiores en 2014 fue del 47,5% frente al 35,4% de los hombres. Incluso, no existe discriminación en el momento de entrar al trabajo: de los 25 a los 29 años la tasa de paro en ambos sexos se sitúa indistintamente alrededor del 30% y en algunos países como Estados Unidos o Reino Unido el salario femenino en estos primeros años supera ya al masculino.

El problema viene después. Maria Jesús recuerda que cuando comenzaba a trabajar como ejecutiva de cuentas en su anterior empresa la gran mayoría de los trabajadores que entraban eran mujeres. “Lo que ocurre es que conforme crece el puesto de responsabilidad, las mujeres empiezan a escasear. Y, las madres, en mayor medida.”

Así lo constata la periodista Andrea Cárdenas, puesto que en su sector no hay muchas madres en puestos directivos. “Al final, eligen entre tener familia y disfrutar del cuidado de sus hijos o crecer en el empleo”. Embarazada de su primera hija con 29 años, Andrea, que prefiere no dar su nombre real, fue “invitada” a dejar su trabajo en el que llevaba diez años. “Hubo un Expediente de Regulación de Empleo y mis jefes me dijeron ‘Piénsate que quieres hacer, tú ya sabes que trabajar aquí es muy exigente y es muy complicado llevar el ritmo para una madre’.” Aun así, dijo que quería seguir en el trabajo. Entonces llegó una época que ella recuerda como mobbing: trabajos imposibles de cumplir, falta de reconocimiento, charlas fuera del trabajo aconsejándole que se fuera. Al final, decidió dejarlo: eligió. Tres años después, Andrea tiene un sueldo muy inferior al del trabajo anterior: apenas gana 1.000 euros trabajando cinco horas al día. Todo ello, a pesar de contar con una licenciatura, un máster y trece años de experiencia laboral en el sector de la comunicación.

“Este abandono por parte de las mujeres nos hace perder una valiosísima fuerza de trabajo que vamos a necesitar sí o sí ante el inminente envejecimiento al que nos enfrentamos. No se puede entender cómo la sociedad no considera este problema como de absoluta prioridad. Cuanto más se tarde en recomponer, más fuerte será el shock que este envejecimiento va a provocar en el mercado laboral”, comenta de la Rica, que también es investigadora de FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada). Otra pieza más en la tormenta perfecta.

A finales de 2014 las mujeres jóvenes eran las que más tenían sobrecualificación en sus puestos de trabajo, afectando al 61,2% de las mujeres menores de 30 años. Esta realidad les frustra. “Somos una generación en la que se ha puesto muchas esperanzas, que nos han dicho desde pequeñas que nos estábamos preparando para triunfar en la vida, que así lo hemos hecho y ahora somos muchas las que nos sentimos con las manos atadas porque no podemos conseguir nada de eso, porque queremos ser madres y al final tenemos que elegir”, reivindica Andrea.

Un dato que lo ejemplifica: según el módulo sobre conciliación entre la vida laboral y la familiar del 2010 de la EPA, un 2,0% de hombres y un 20,9% de mujeres redujeron el número de horas trabajadas en un tiempo superior o igual a un mes, debido al cuidado de al menos un hijo menor de 8 años. Eso se traduce en menos horas presenciales de trabajo para la empresa. Ceferí Soler, profesor de Dirección de Personas y Organización en ESADE, cree que la clave del escaso número de mujeres que ocupan puestos de responsabilidad en la empresa está en esa disponibilidad. “El directivo de empresa tiene una visión a corto plazo en el que premia la disponibilidad que tienen los hombres en lugar de tener una visión más estratégica a largo plazo en la que se prime el talento de cada persona”, explica Soler. Según el profesor esta visión más estratégica que garantice la igualdad de oportunidades debería incluir desde la propia empresa planes de carrera para la mujer y así asegurarle que se cuenta con ella en el futuro -sea cual sea su decisión respecto a la maternidad-, una flexibilidad en los horarios o jornadas continuas y la potenciación del teletrabajo.

Un artículo elaborado por la Fundación porCausa en colaboración con el Consejo de la Juventud de España.Fundación porCausaConsejo de la Juventud de España

Lee la segunda parte de ‘Una elección forzada’segunda parte de ‘Una elección forzada’

“No es que no lleguemos a fin de mes, es que no llegamos a mediados de mes. Luego vives de la caridad. Tienes que empezar a tirar de amigos, de familiares, o agachar las orejas e irte a la Cruz Roja a pedir comida”. V.M., guipuzcoana y a quien pertenecen estas palabras, es una de las beneficiarias de la Renta de Garantía de Ingresos (Renta Mínima de Inserción) en el País Vasco, la Comunidad Autónoma con la mayor cuantía media de esta prestación en todo el país. 662,51 euros al mes es el mínimo establecido por esta Comunidad, una cantidad que puede ascender hasta los 945,20 euros según complementos.

Con los 870 euros que le han asignado al mes, V.M. subsiste junto a su marido y sus dos hijas, de 7 y 10 años de edad. Los dos están en paro y la RGI es su única fuente de ingresos. “Cobro el día 30, intento pagar las facturas, pago la ikastola, pago el coche, hago una compra de comida muy grande, y el día 10 ya no tenemos un duro. 870 euros para una familia de cuatro personas... Me ha llegado una carta de la luz diciéndome que me llevan a juicio porque no he podido pagar una de las facturas. Si la pago no doy de comer a mis hijas. ¿Comemos o pagamos? ¿Qué hacemos? (…) Si llamo a mi madre y le pido 7 euros que me faltan para pagar la factura de la luz y ella me lo ingresa, me lo cuentan como ingreso y se descuenta de la ayuda”, señala la afectada. “En nuestra casa no entra carne ni pescado todas las semanas. Entra una vez al mes. Decimos: ‘¡Hemos cobrado! ¡Hoy vamos a comprar carne!”.

Cuantía mínima y máxima de RMI por titular al mes

Murcia es la ccaa en la que menor cuantía mínima se percibe por RMI de toda España. País Vaso, en la que mayor cuantía.

Fuente: INE, M. de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, porCausa
gráfico: Belén Picazo

A. vive en San Sebastián con su hija de 11 años y desde finales de 2012 recibe 850 euros al mes de la RGI, una ayuda que se le acabará en octubre. Procedente de Ecuador y asentado en España desde hace dieciséis años, A. ha trabajado cuidando ancianos y de vigilante en varias empresas, y lleva los últimos tres años en paro. Actualmente está realizando un curso de formación sanitaria ofrecido por una asociación de trabajo social. Al preguntarle acerca de cómo se las arreglan para llegar a fin de mes, responde: “Mal, ya te imaginas… Una cosa se paga, la otra no, y así va uno tirando”.

El perfil de las personas solicitantes de la prestación ha cambiado a raíz de la crisis, según explica Coro Amunarriz, presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Guipúzcoa. A los beneficiarios habituales, como los pensionistas, las personas con discapacidad, individuos con escasa cualificación, o familias monoparentales, se están sumando ahora personas a las que se le está acabando la prestación por desempleo y que sólo tienen el subsidio o contratos con salarios muy bajos con los que no pueden hacer frente a los gastos mensuales ordinarios.

En este momento, J.G. tiene trabajo pero su salario no llega a los 1000 euros, por lo que necesita recurrir a las ONG. Con él viven sus dos hijos menores de edad y una hija que empezará la universidad el próximo curso. Este guipuzcoano fue beneficiario de la RGI, pero al tener una hipoteca consideraron que su patrimonio era muy alto y le asignaron 300 euros mensuales.

“No estoy conforme [con la cuantía], pero soy una persona muy agradecida”, señala A., “y pienso que todo el mundo necesita como yo. Me da cosa molestar más y más”. Por su parte, V.M. apunta: “Gracias que tenemos esto, si no tuviéramos esta ayuda todavía sería mucho peor. Si fueran los 420€ que dan en el resto de España, nos morimos del asco”.

Murcia, donde los pobres lo son aún más

En Murcia se ha establecido una Renta Básica de Inserción (como se denomina allí esta prestación) de 300 euros mensuales, con complementos que pueden llegar a incrementar la ayuda hasta los 682 euros. Es la Comunidad Autónoma con la Renta Mínima más baja de España.

Tasa de riesgo de pobreza y renta PIB per cápita

El País Vasco tenía uno de los PIB per cápita más altos de toda España en 2013 y una de las tasas de riesgo de pobreza y exclusión social más bajas. En la región de Murcia, sucedía todo lo contrario

Fuente: INE, M. de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, porCausa
gráfico: Belén Picazo

A la diferencia de cuantía se suma el lento procedimiento que supone solicitar esta ayuda allí. La ley establece un plazo de dos meses para que se conceda, un plazo que llega a alargarse hasta un año y medio. “La RBI en la Región de Murcia llega tarde, y muchas veces antes de que llegue la persona se ha tenido que buscar alternativas, como ir a un centro de acogida u otras formas de solventar las necesidades básicas, porque al esperar para recibir la ayuda sin tener ningún tipo de ingresos durante un año y medio se acaba perdiendo la vivienda y cualquier manera de mantenerse con una mínima calidad de vida”, explica Eva León, Vocal de Inclusión de EAPN Región de Murcia. “Hay un período de carencia entre cada RBI de al menos seis meses [se exige ese período sin haber recibido ningún tipo de prestación]. Si luego le sumas el año o año y medio que suelen tardar en tramitarla, estamos hablando de que al final a las personas que están en exclusión social les das doce meses de una ayuda que está muy por debajo de lo que dice la ley y luego pasan en torno a dos años hasta que vuelven a tener esa ayuda. Es una barbaridad, básicamente”, denuncia León.

C.V., residente en Totana, Murcia, comparte su situación. Recibió la RBI durante tres años alternos con una cuantía de 426 euros, una cifra por encima de la media debido a que percibía un complemento por haber sido víctima de violencia de género. En este momento podría volver a solicitar la ayuda, pero el papeleo y su situación familiar se lo impiden: necesita presentar el DNI de su hijo, de 24 años y en paro, pero éste se niega a dárselo por diferencias entre ellos. Actualmente está separada y vive con sus dos hijos menores de edad en un piso de alquiler social. Tiene también una hija de 20 años, madre de una niña de tres años. Trabaja limpiando casas y sobrevive de la ayuda que le da Cáritas. “Mis hijos, como los otros niños, me piden que les compre unos zapatos, que les compre no sé qué cosa, que quieren ir al polideportivo, a la playa. No paran de pedir y yo no tengo nada”, expresa. “No tienes ni para lo básico. Si tienes que pagar agua, la luz, comida, el butano, detergente… Es que no, no te da”, cuenta sobre la RBI que recibió en su día. “Si te están dando la ayuda y ven que sigues en la misma situación, no tendrían por qué cortarla”.

S.C., murciano de 41 años residente también en Totana, recibió la ayuda hace dos años pero se le ha denegado la renovación: “Sin trabajo, sin casa, buscándome la vida como puedo… No tengo palabras para describirte cómo vivo”. Vendió el coche y con lo que obtuvo ha aguantado los últimos cinco meses. No tiene ningún tipo de ingresos, y este mes no podrá pagar la habitación que comparte con una mujer ecuatoriana: “Ya tengo que empezar a pedir favores”.

Las consecuencias

“Si no llega a ser porque nuestra familia nos ayuda, mis hijas irían descalzas. La ropa sí va ‘rulando’ entre la gente, pero el calzado no”. Sus hijas van a clase “no al 100% en todas las condiciones”, señala V.M., “¿Cómo pretenden que mande a mis hijas así al colegio? ¿No saben lo que es el bullying? Algunos niños son muy malos cuando son pequeños. Mis hijas no tienen necesidad de pasar por esto (…) Mis hijas están aprendiendo un valor demasiado grande, porque está bien que aprendan a valorar las cosas, pero hasta cierto punto. Otra cosa es que cuando me digan qué hay de cenar no sepa qué decirles. Un colacao, o...”.

La desigualdad social y económica puede tener efectos crueles e inesperados sobre los niños, como señala Gonzalo Fanjul, investigador y co-fundador de porCausa. “Uno de estos efectos es precisamente el del acoso escolar”, apunta el investigador. Un estudio realizado con más de 590.000 niños en 37 países ha llegado a la conclusión de que la intensidad del acoso escolar en las escuelas está directamente relacionado con los niveles de desigualdad. El nivel de acoso escolar es el doble en los países más desiguales frente a los que no lo son, como podrían ser los países nórdicos.

“Estos casos [refiriéndose al de V.M.] ilustran perfectamente el tipo de hilos conductores que circulan la pobreza y la desigualdad con un asunto tan básico para la felicidad de los niños. La pobreza es mucho más que simplemente la carencia de objetos materiales, es frustración, vergüenza, ansiedad, miedo, y el acoso escolar es un ejemplo de ello”.

El clima social es cada vez más negativo, acuciado por una xenofobia que va en aumento. “Se está generando una guerra entre pobres y no tan pobres, que también viven con lo justo”, subraya V.M., denunciando que en una ocasión un desconocido llegó a llamarla parásito por la calle, con sus hijas delante.

“Se está divulgando una idea peligrosa de racismo, diciendo que ‘ellos cobran la ayuda y nosotros no’, que se está asignando de forma incorrecta…” denuncia Coro Amunarriz desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Guipúzcoa, y continúa: “Creo que si realmente se viera lo que está pasando, esos comentarios no los harían. Las personas tienen una dignidad y hay que garantizar unos mínimos”.

Salir del círculo de la pobreza

Uno de los objetivos de estas prestaciones es evitar que el beneficiario caiga en la pobreza o la exclusión social, pero su efecto es muy a corto plazo. “Lógicamente, de no tener nada a tener 300 euros mensuales algo mejora la situación”, explica la Vocal de EAPN Murcia. “Necesitan que esa prestación económica que sirve para cubrir necesidades básicas vaya aparejada de un programa de acompañamiento social e integral de incentivo, pero esto todavía no existe. La ley de Rentas Mínimas reconoce un doble derecho, el de la prestación económica y el de los apoyos personalizados, pero no está desarrollado reglamentariamente [en Murcia], no hay un programa puesto en marcha, no hay nada”, añade. “Esas personas mejoran su situación económica, pero la mejoran durante doce meses. Cuando son personas que vienen de largos periodos de exclusión, que llevan años y años en la misma situación… Los procesos de intervención social no pueden ser a corto plazo, no podemos ver cambios reales en un año”.

Sucede también que las personas en mayor riesgo de exclusión o incluso ya en una situación de pobreza se ven privadas de solicitar la prestación económica por la burocracia que la acompaña. La ausencia de certificados de empadronamiento u otros documentos suponen la imposibilidad de acceder a la ayuda. “En esos casos hemos pedido que se levantaran algunos requisitos, o que hubiera alguna documentación que pudiera sustituirse por certificados de personal de las administraciones públicas o de las entidades sociales, pero sin resultados. Vemos que la gente que está en peores condiciones o que más dificultades tienen se queda fuera”, relata León acerca de la situación en Murcia.

Los beneficiarios de la prestación ven lejos la solución a su realidad: “¿Expectativas? No veo. Y lo poco que veo, es que vas a trabajar por cuatro duros y seguir dependiente de la RGI. Mucho tiene que cambiar, no sólo en el País Vasco sino en todo el resto, para que podamos mantenernos. Por el sueldo de uno ahora trabajan dos, y por lo tanto, siempre vas a estar vendido, siempre vas a necesitar la ayuda social”, declara V.M., y añade: “Pero seguimos llevándolo con alegría. La sonrisa es lo único que nos queda”.

Casi un tercio de los españoles se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Cuando el pasado mayo el Instituto Nacional de Estadística hizo pública la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de 2014, de nuevo saltaron todas las alarmas sobre el incremento de la desigualdad y de los índices de riesgo de pobreza en nuestro país. Cinco días antes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), publicaba el informe, ‘Por qué menos desigualdad beneficia a todos’, en el que mostraba cómo la brecha entre los ricos y los pobres, residentes en los treinta y cuatro países miembros, había alcanzado su máximo histórico desde que inició su medición hace tres décadas: el 50% de la riqueza está en manos de los más pudientes, mientras que los más pobres tan sólo tienen el 3% de la misma.

En el caso de España, las consecuencias de la crisis y del largo periodo de recesión, sumadas a las políticas de recortes presupuestarias y de austeridad de los últimos años, se han ido traduciendo en cifras récord de desempleo, grandes ajustes salariales y una precariedad laboral expandida a todos los sectores que han contribuido a agrandar la brecha entre los que más tienen y los que tienen menos, y a aumentar exponencialmente y de manera preocupante el número de personas que se encuentran bajo el umbral de la pobreza o que se precipitan hacia ella. En concreto, y en base a los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE, el 29,2 % de los españoles se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, según la tasa AROPE (At risk of poverty or social exclusion), de la que hace uso la oficina estadística Europa (EUROSTAT) para calcular el porcentaje de personas más desfavorecidas en un estado y que combina tres factores: el riesgo de pobreza, la carencia material severa y hogares sin empleo o con baja intensidad laboral.

Cobertura de pobreza y exclusión social por Comunidades Autónomas

Fuente: INE, M. de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, porCausa
gráfico: Belén Picazo

Este porcentaje representa la mayor subida interanual de los últimos cinco años, casi dos puntos con respecto a la tasa de 2013 (27, 3%), y supone que aproximadamente 13,6 millones de casi de 46,5 millones de ciudadanos españoles censados durante la elaboración de la encuesta –se realiza entre los meses de marzo y julio de cada año, y en julio de 2014, según los datos del INE, residían en España 46.452.800 personas-, percibían unos ingresos inferiores al 60% de la renta mediana por unidad de consumo –7.961 euros en hogares unipersonales y 16.719 euros en hogares compuestos de una pareja y dos niños -, no tenían trabajo o trabajaban menos del 20% del potencial laboral, no podían hacer frente al alquiler o a una letra, les era imposible afrontar gastos imprevistos o no podían permitirse una comida con carne, pollo o pescado al menos tres veces por semana, entre otras circunstancias.

A pesar de estos datos, que han magnificado la alarma social por el aumento de la pobreza en España y que no han dejado de aparecer casi a diario en multitud de medios españoles, hay personas solteras, con o sin apoyo familiar o de los amigos, y familias que lo están pasando aún peor. Según la última Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2015, hay2,4 millones de parados de larga duración, 1,8 millones hogares en el que todos sus miembros están en paro y 770.700 las familias en las que no entra ningún tipo de ingreso laboral, pensión o prestación por desempleo. Son especialmente estos dos últimos grupos los que están en un mayor riesgo de exclusión, marginalidad o vulnerabilidad y que para sobrevivir hasta que logren conseguir algún tipo de trabajo que les asegure un ingreso, sólo pueden optar a una ayuda pública de carácter subjetivo: las Rentas Mínimas de Inserción (RMI).

El último clavo al que aferrarse

Esta ayuda, gestionada exclusivamente a nivel autonómico, que ofrece una prestación económica y que plantea una inclusión activa, tanto social como laboral, es para cientos de miles de españoles que carecen de ingresos, que no han trabajado nunca o que han agotado las prestaciones por desempleo, tanto contributivas como no contributivas, una especie de salida de emergencia de la pobreza o la última posibilidad para no precipitarse hacia la pobreza más severa.

Cuantía mínima y máxima de las rentas por Comunidades Autónomas

Fuente: INE, M. de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, porCausa
gráfico: Belén Picazo

Por citar algunas de sus características económicas principales, la cuantía mínima media aproximada por titular al mes no suele sobrepasar los 450 €, salvo en los casos de Canarias (472,16 €), Navarra (548,51 €) y el País Vasco (662,51 €), y, la cuantía máxima media por unidad familiar, está en torno a los 600 €, menos en las comunidades de Navarra (962,10 €) y País Vasco (941,06 €), que de nuevo están a la cabeza de las que mayor cuantía conceden, y en Asturias (730,88 €), Baleares (776,57 €) y Castilla la Mancha (741,78 €).

En lo referente a las condiciones para poder acceder a la ayuda, son muy dispares entre unas comunidades autónomas y otras, pero, por lo general, comparten ciertos requisitos como la edad mínima para solicitarla, que son veinticinco años, la obligación de estar empadronado, tener una residencia media de unos doce meses y, en el caso de que se perciban ingresos de algún tipo, la mayoría de las CC AA suelen requerir que sean inferiores a la cuantía de la propia renta mínima.

“Las Rentas Mínimas de Inserción son la última malla de seguridad de nuestro sistema de protección social, aunque realmente no es un sistema articulado y ese es uno de los problemas”, señala Guillermo Fernández, Técnico del Equipo de Estudios en Cáritas Española y autor de ‘El aumento de la fragilidad de las rentas mínimas de inserción durante la crisis’, un artículo en el que analiza cómo el aumento de la inversión en las Rentas Mínimas de Inserción es asimismo una reducción de la extensión y la intensidad de las mismas en relación al contexto de crisis en el que nos encontramos. “En el año 2013, sólo una de cada veinte personas en riesgo de pobreza o exclusión social, según el indicador AROPE, percibían esta renta. Incluso, si tuviésemos en cuenta a las personas en pobreza severa, que es a quienes va dirigida realmente esta prestación, sólo cubriría a uno de cada cinco”, subraya Fernández en declaraciones a la fundación porCausa.

Y es que no todo el mundo cumple con los requisitos o condiciones de acceso a la prestación y, a pesar de que el gasto público en este tipo de ayudas viene incrementándose en los últimos años -1.040.623.809 € en 2013, un 21,74 % más que en 2012, que fue de 854.748.514 €-, el número de concesiones de ayudas de rentas mínimas no llega a satisfacer una demanda cada vez mayor de ciudadanos necesitados. En 2013 fueron 258.408 los titulares que recibieron la prestación y 379.165 el número de miembros dependientes de dicha ayuda; en total, 637.573 perceptores directos e indirectos, más del doble que en el inicio de la crisis en 2007, cuando fueron 299.756 los perceptores de la prestación. Si pusiésemos en relación el número total de perceptores de las RMI en 2013 con la suma del número de hogares en los que todos sus miembros activos estaban en paro (1.807.700, según datos de la EPA del último trimestre de 2013) y el número de familias en las que no entraba ningún tipo de ingreso (686.600, EPA de 2013), el resultado sería que la tasa de cobertura de las RMI para estos grupos alcanzaríatan sólo a poco más del 25% de dicha población.

Esta disparidad de criterios y cuantías es la que ha llevado al equipo económico del PSOE a plantear una homogeneización de la prestación a través de un “ingreso mínimo vital”. Podemos también opta por un programa de rentas mínimas y Ciudadanos aboga por un salario complementario. En otros países el debate está también enfocado a la subida de los salarios mínimos.

La inequidad de un sistema autonómico

La inequidad de un sistema autonómico“Analizando la información territorial, uno de los aspectos más destacables es la heterogeneidad de enfoques y criterios que se aplican a nivel autonómico y la fuerte concentración de dicho subsistema en el País Vasco”, explica Graciela Malgesini Rey, Responsable de Incidencia Política de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en España (EAPN ES) y autora del ‘Informe sobre los Sistemas de Rentas Mínimas en España’. En el mapa que encabeza el artículo se puede comprobar cómo, por ejemplo, la cuantía mínima de RMI para un titular al mes en el País Vasco es más de dos veces superior (662,51€) a dicha cuantía en la región de Murcia (300 €). Por otro lado, en la tabla de condiciones de acceso a las Rentas Mínimas de Insercion, se puede observar cómo en Murcia para poder recibir la prestación hay que tener una residencia de cinco años como mínimo, mientras que en el País Vasco es de 1, 3 o 5 años dependiendo de la situación.

El caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco no ha dejado de llamar la atención de medios, activistas de la lucha contra la pobreza u ONG, al ser un referente en la gestión del sistema de RMI -en País Vasco se denomina Renta de Garantía de Ingresos (RGI)-. Por dar un par de datos: el 43% del total del dinero público invertido en esta prestación en todo el territorio nacional en 2013 salió del presupuesto de País Vasco -concretamente, 435.370.000 €, por delante de Cataluña, que es la segunda comunidad que más gasto realizó, 132.799.750 €- y fue la segunda autonomía en número de perceptores de RMI, 136.058, por detrás de Andalucía, que tenía 158.146. Todo ello y a pesar de que es de las regiones con mayor renta per cápita de toda España. “La mejor posición financiera de las Administraciones Públicas del País Vasco en la actualidad no explica en absoluto el desarrollo de esta política. El principal punto fuerte del sistema vasco es que se establece muy pronto desde una perspectiva de derecho a una garantía de recursos, con cuantías comparativamente cercanas a las existentes en programas de esta naturaleza en Europa”, explica Luis Sanzo, Responsable del área de estadística del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco y uno de los impulsores del sistema de RGI en su diseño y consolidación en sus inicios y en la reforma a finales de los 90. “Además, pretendía evitar un proceso de pérdida total de ahorros de los colectivos más afectados por la pobreza, así que de esta forma se estableció que no era necesario carecer por completo de ahorros para acceder al sistema de protección”, añade Sanzo.

La problemática de la desigualdad territorial de la aplicación de la política del sistema de Rentas Mínimas de Inserción, que hace que haya más pobres en unas regiones u otras de España, no es nada nuevo y desde hace tiempo muchas organizaciones vienen demandando un marco común regulador a nivel estatal de estas políticas sociales; sobre todo ahora, que las cifras del aumento de pobreza relativa y desigualdad sobrevuelan mítines y congresos políticos, tertulias periodísticas, ocupan espacios mediáticos como nunca antes y están presentes en demás debates en los que participan organizaciones civiles de ámbito social. “Probablemente, si queremos mejorar la cobertura y adecuación del sistema de protección para los colectivos vulnerables, el paso más decisivo sea, como sugieren los sindicatos, integrar a más personas en ese sistema que actualmente deja a tantas personas fuera, sin renunciar al andamiaje ya existente”, afirma Pau Marí-Klose, profesor de Sociología de la Universidad de Zaragoza . “Un segundo paso, complementario, es mejorar la protección de las familias con hijos a cargo, y posiblemente, desarrollar, en línea con lo que sucede en otros países con sistemas más comprehensivos, ayudas suplementarias para que estos colectivos puedan afrontar gastos específicos que, sin estas ayudas, pueden comprometer seriamente su bienestar”, concluye Klose, experto y estudioso del estado de bienestar español.

El debate sobre cómo abordar la política del sistema de Rentas Mínimas de Inserción no ha hecho más que empezar y se augura intenso en los próximos meses previos a unas elecciones generales donde parece que la problemática del incremento de la pobreza y la desigualdad en España estará en el centro de la arena política. Por ahora PSOE y Ciudadanos ya han hecho sus propuestas y en breve se conocera de forma más concreta la idea de Podemos.

País Vasco, Castilla y León y Asturias, lideran la inversión por niño; en el furgón de cola se sitúan Murcia, Madrid y Baleares

Las regiones con cifras más bajas tienen un crecimiento de la pobreza infantil en sus territorios de entre un 14% y un 16%

Los recortes han tocado la médula espinal del sistema de bienestar infantil, cerrando ambulatorios, recortando becas de comedor y eliminando programas de asistencia a los menores más vulnerables

Durante los años de la crisis la inversión en infancia del País Vasco, Valencia y Castilla y León fue el doble que la de Cantabria y entre un 30% y un 50% más alta que la de Cataluña, La Rioja o Madrid. Esta comunidad lidera junto con Murcia y Canarias la caída del esfuerzo presupuestario, multiplicando los recortes en servicios educativos y sanitarios esenciales para los niños. La crisis se ha traducido en diferencias graves en materia de bienestar y protección de la infancia en las diferentes comunidades autónomas, vulnerando derechos que condicionarán a los menores de por vida.

Estos argumentos son el resultado del segundo análisis realizado por la Fundación porCausa a partir los datos del Centro de Estudios Económicos Tomillo (CEET) y el Comité Español de UNICEF. El detalle de las inversiones muestra un panorama en el que las comunidades más pobladas (Andalucía, Cataluña y Madrid) concentran las partidas más voluminosas.

Pero un análisis de la inversión realizada por cada niño permite medir el esfuerzo relativo real de las diferentes administraciones autonómicas. En este indicador el País Vasco, Castilla y León y Asturias aparecen de manera repetida en los tres primeros puestos de las mediciones realizadas en 2007, 2010 y 2013. En el furgón de cola se sitúan Murcia, Madrid y Baleares (los datos para el caso de Navarra son anómalos, como reconocen los autores del estudio), con niveles de inversión por niño hasta cuatro veces más bajos con respecto a las CCAA más generosas.

En todos los casos –salvo los de Canarias y Madrid, donde el descenso de la inversión es constante desde 2007– la trayectoria de los últimos años sigue la misma pauta: una expansión de la inversión en infancia durante la primera fase la crisis (2007-2010) y una caída sustancial en el período marcado por las políticas de austeridad y la presión de otros factores como el servicio de la deuda (2010-2013). Las variaciones son particularmente intensas en las partidas de “Bienestar”, que incluyen los programas de protección a la infancia y la familia.

El color político no es decisivo

Aunque el panorama ideológico de los gobiernos autonómicos se transformó durante estos años –el Partido Popular pasó a controlar 12 comunidades, por dos del PSOE y tres en manos de otros partidos–, el color político no parece haber determinado las decisiones de los gobiernos. Es cierto que las dos comunidades socialistas (Asturias y Andalucía) han frenado la intensidad de los recortes, pero en la cola y la cabecera del pelotón se encuentran gobiernos muy diversos. El PP ha gobernado durante todo el período de análisis en Castilla y León, La Rioja y Madrid, con comportamientos muy diferentes en cada uno de los tres casos.

¿Por qué se producen entonces estas variaciones? La respuesta es, en parte, una combinación de margen de maniobra y voluntad política. Como han recordado expertos en financiación autonómica consultados por porCausa, el “cupo” financiero que disfrutan las comunidades vasca y navarra les permite dedicar más recursos que otras a las políticas sociales, algo que han hecho de manera sistemática durante tres décadas. Pero nadie les ha obligado a ello.

La extensión y la profundidad de las medidas destinadas a la infancia dependen de la voluntad de los gobiernos que deben introducirlas y mantenerlas. La mayor parte de las regiones destinan alrededor de un cuarto de sus presupuestos a la inversión en infancia, pero con diferencias notables: en alguno de los años el peso de la infancia en el presupuesto total del País Vasco, Valencia o Castilla y León casi llegaba a doblar el de Cantabria y superaba con mucho los de Murcia, Cataluña o Madrid.

Tampoco la gravedad del problema parece haber sido un determinante del gasto. Como cabría esperar, la intensidad de la pobreza infantil es inversamente proporcional a los recursos empleados para combatirla. En algunas comunidades autónomas, la alta vulnerabilidad de la población infantil a la pobreza coincide con niveles de inversión más bajos. Pero también es posible observar situaciones en las que esfuerzos similares de gasto reflejan niveles de pobreza muy diferentes: Andalucía y Cataluña, por ejemplo, gastaban en 2013 entre 950 y 1.000 euros por niño, pero en el primer caso la magnitud de la pobreza infantil prácticamente doblaba la del segundo. La explicación hay que buscarla en factores indirectamente ligados al bienestar de los niños, como la empleabilidad de los padres: no es lo mismo carecer de beca de libros de texto cuando tus padres pueden permitirse comprarlos.

Finalmente, está el factor individual. Pau Marí-Klose –profesor de Sociología en la Universidad de Zaragoza y una referencia nacional en este campo– concede una gran importancia a “inercias institucionales y factores personales” difíciles de explicar. En su opinión, la experiencia de Cataluña durante el gobierno del “tripartito” demuestra que la determinación de un puñado de cargos públicos puede introducir medidas que apuntalan el bienestar de los niños. Con suerte, estas medidas quedan establecidas en la práctica habitual de esa comunidad autónoma, aunque ese no fue el caso de Cataluña.

Para la elaboración de este reportaje porCausa se ha puesto en contacto con siete comunidades autónomas tratando de buscar una explicación a las decisiones de gasto en infancia. Ninguna de ellas ha sido capaz de ofrecerla. Tampoco han podido dar más detalles sobre una información presupuestaria incompleta y confusa, como reconocen los autores del informe de UNICEF.

Sin embargo, el hecho de que no podamos contestar a esta pregunta no la hace menos relevante. Las diferencias en la inversión pública tienen consecuencias tangibles para la vida diaria de millones de niños y niñas en nuestro país. Un repaso a la situación de los servicios públicos en los territorios con niveles más bajos de inversión en infancia ofrece resultados inquietantes. Murcia, Canarias y Madrid, las comunidades en las que el gasto en infancia se redujo con más intensidad desde 2007, han recortado partidas esenciales en sanidad, educación y bienestar de los niños. Durante ese período la pobreza infantil ha crecido entre un 14 y un 16% en los tres territorios, donde uno de cada tres menores vive en la pobreza o en riesgo de exclusión.

De las becas de comedor a la sanidad

Los recortes han tocado la médula espinal del sistema de bienestar infantil, cerrando ambulatorios, recortando becas de comedor y eliminando programas de asistencia a los menores más vulnerables. De acuerdo con Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Murcia, la atención vespertina se cerró en varios centros de salud como el de San Javier, el tiempo de espera para operarse aumentó y el Hospital de Rosell se está desmantelando desde el pasado año. En una entrevista que realizamos a Jesús Rodríguez Caamaño, presidente de la Sociedad de Pediatría del Sudeste de España, este declaraba que la crisis ha disminuido el bienestar de los niños “de forma taxativa”. En su opinión, los recortes se han traducido en la reducción del personal especializado, la congelación del desarrollo de infraestructuras o la restricción de acceso a tratamientos esenciales como las vacunas contra la varicela y el meningococo B.

Canarias ha limitado los servicios que presta a la población infantil en riesgo de exclusión. Las evidencias puntuales se acumulan, como el cierre en 2012 del programa “Aula de Atención temprana”, que atendía desde 2005 a niños de 0 a 6 años con problemas de discapacidad, y que luego fue reabierta por la orden de San Juan de Dios. Pero existen razones para pensar que el daño es generalizado. La reducción en 2013 del 20% en jornada y salario de los profesionales educativos de niños de 0 a 3 años fue denunciada por el comité de empresa de la Consejería de Educación por sus “riesgos para la exclusión social” y el “desamparo de los menores”.

En el caso de Madrid, uno de los recortes más significativos ha sido el de las becas de comedor, que en el curso 2012-2013 fueron sustituidas por reducciones en la cuota del menú escolar. José Luis Pazos, presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado en la región nos aseguraba sobre el alcance de esta medida: “La consecuencia fue la desprotección alimentaria de miles de niños. Si en 2010 más 120.000 niños recibieron becas de comedor, en este curso desaparecieron estas ayudas y se ofreció a 62.000 niños una reducción en el pago del menú”. Para Pazos se trata de un “sistema ineficaz que perjudica a la población infantil que tiene menos recursos económicos”. Con este modelo, incluso las familias que perciben la Renta Mínima de Inserción deben pagar 1 euro diario del menú escolar.

Cada uno de estos casos ofrece información anecdótica que apunta en la misma dirección: la caída de la inversión en infancia vulnera derechos esenciales que determinan las oportunidades de por vida. En la medida en que las diferencias de gasto público entre las diferentes comunidades autónomas es tan marcada como describen los datos, España se enfrenta a un serio problema de desigualdad territorial. Pocos asuntos merecen mejor información de las instituciones y mayor atención por parte de unos partidos que ya están inmersos en plena campaña electoral.

Este reportaje ha sido posible gracias al impulso de los pioneros de porCausa

En su obra Teoría de la Justicia John Rawls, el filósofo político estadounidense más influyente del siglo XX, nos propone un experimento mental que él llamó “el velo de la ignorancia”. Rawls nos pide que nos imaginemos antes de nacer y pensemos en qué tipo de sociedad nos gustaría hacer nuestra entrada a la tierra. Si no supiéramos nada de cómo va a ser nuestra familia, ni del colegio al que iremos, ni de cómo será la atención en nuestro hospital local si es que lo hay, o de cómo nos tratará la policía ¿En qué tipo de sociedad nos sentiríamos seguros? ¿Cómo garantizarnos la suficiente igualdad de oportunidades aunque nos haya tocado el peor escenario?

En España, hoy, el niño de Rawls se encontraría un panorama aterrador. La crisis ha golpeado tan duramente los presupuestos para la infancia que ninguna comunidad autónoma se salva de la debacle. Justo cuando las cosas se han puesto peor, la red de seguridad, que ya era débil, ha sido retirada. Esta es la primera conclusión a la que se llega tras la lectura del trabajo del Centro de Estudios Económicos Tomillo (CEET) para Unicef Comité Español sobre la Estimación de la inversión en políticas relacionadas con la infancia en España y evolución 2007-2013.

El informe, al que ha tenido acceso porCausa, es muy relevante por ser la primera vez que se analiza con tanto detalle el impacto de la crisis económica en la inversión pública de España en políticas de infancia y su evolución en los últimos años. Tras el estudio de los datos sobresalen tres aspectos que merecen una reflexión más profunda. El primero y más dramático es la caída del gasto durante lo peor de la crisis. El segundo, las diferencias, a veces enormes, que puede haber entre unas comunidades autónomas y otras. El tercero, la falta de calidad y de claridad de la información publicada por las administraciones sobre el asunto.

Poca información

Si definimos como inversión en infancia “todo aquel gasto realizado por las distintas administraciones públicas con un impacto en mayor o menor medida sobre la población infantil”, nos encontramos con que ni en los Presupuestos Generales del Estado ni en los de ninguna de las 17 Comunidades Autónomas aparece desglosado el gasto en políticas de infancia. Para suplir esa falta de información, lo que el CEET ha tratado de hacer es identificar los conceptos de gasto que tengan un impacto claro sobre la población infantil. Para ello ha seleccionado una serie de partidas agrupadas en cuatro ámbitos: la educación, la salud, el bienestar (incluyendo los programas de protección de la infancia y la familia) y la seguridad social o las prestaciones y han imputado la proporción que tenga clara relación con la población infantil.

Con esos datos, el estudio compara la evolución de la inversión pública en infancia, tanto de forma agregada como desagregada, en tres momentos distintos. El primero es el ejercicio de 2007, un año antes del estallido de la crisis, el segundo es dos años después de ese estallido, en 2010 y el tercero es en 2013.

Resulta preocupante la dificultad que la Fundación Tomillo ha tenido a la hora de recopilar la información, ya que esta no siempre aparece lo suficientemente desglosada por conceptos de gasto o no hay una adecuada denominación de los programas presupuestarios, que, además, en cada Comunidad Autónoma pueden llevar nombres distintos. El caso más extremo es el de la Comunidad Foral de Navarra, en la que el análisis es casi imposible.

Esa falta de transparencia hace que pueda haber algunos peros a la metodología utilizada en el informe, ya que puede ser que no estén todos los gastos. Ahora bien, haciendo ciertas salvaguardas, el informe es un ejercicio de aproximación válido para saber cómo han ido las cosas desde 2007 y para conocer mejor la magnitud de los recortes. Y en cualquier caso, debería servir de estímulo para que la información sobre la inversión pública en infancia mejore y sentar las bases de un debate público de mayor calidad y con más argumentos.

Las diferencias territoriales

La inversión total es el resultado de sumar las partidas de gasto de la Administración General del Estado más las de las comunidades autónomas. Dada la distribución de competencias del sistema español, son las CCAA quienes mayor porcentaje de sus recursos dedican a las políticas de infancia sobre sus recursos totales, ya que de los cuatro ámbitos considerados en el estudio, educación, salud y bienestar social son de competencia autonómica, mientras que las prestaciones (por hijos a cargo, maternidad/ paternidad, orfandad) pertenecen mayoritariamente al ámbito estatal.

En el reparto total, la Administración General del Estado representa, en promedio de los tres ejercicios analizados, un 12% de la inversión total en infancia, mientras que el conjunto de las CCAA representa el 88% restante.

Atención niño de Rawls que quieres dejar de estar en órbita y a lo mejor te estás planteando dejar de ser inocente e ignorante. Si estás pasando por España, debes saber que a la cabeza de las 17 CCAA, en términos de inversión en infancia por niño, en los tres años analizados, se sitúan País Vasco, Castilla y León y Asturias. Los farolillos rojos son la Región de Murcia, la Comunidad Foral de Navarra (un caso especial por la poca calidad de sus información) y la Comunidad de Madrid, todas ellas en niveles muy parecidos. Y las diferencias no son baladíes. Con los datos disponibles, en el País Vasco el gasto por niño en 2013 ascendió a 7.767 euros, mientras que la inversión destinada al niño madrileño fue de 2.791 euros, aproximadamente una tercera parte, o un 64% menos.

Si bien en todas las comunidades el gasto por niño/a descendió entre 2007 y 2013 hay grandes diferencias en las magnitudes. La palma del recorte se la llevan La Rioja (-35%), Murcia (-29%) y Castilla-La Mancha (-22%), mientras que en el País Vasco (-1,3%), Andalucía (-7,5%) y Extremadura (-8%), ha habido más moderación.

Si se combina el punto de partida y la evolución en el período, se obtiene una visión más completa. Así, las CCAA que más invertían en infancia en 2007 y que menos han reducido su inversión entre 2007 y 2013 son País Vasco, Castilla y León, Asturias, Extremadura y Aragón, mientras que las que menos invertían en infancia en 2007 y que más han reducido su inversión en el período analizado son la Región de Murcia, la Comunidad de Madrid y Canarias.

Evolución total

En los tres años a los que se refiere el estudio, el patrón de la evolución de la inversión total sigue la forma de una V invertida, subiendo entre 2007 y 2010 y bajando entre 2010 y 2013. Si el análisis se realiza en euros constantes, teniendo en cuenta el efecto de la inflación, lo que sería un cálculo más real, el patrón se repite, hay aumento entre 2007 y 2010 y caída en 2013, pero en este caso la cifra final está por debajo de la de 2007, ya que es casi un 6% inferior. Es decir, la inversión total en infancia aumenta entre el año anterior a la crisis y el segundo año después de su estallido pero luego cae conforme esta se agrava y sigue por debajo del nivel inicial. La primera conclusión tras este momento farragoso de análisis de datos, es que sí, ha habido recortes, no son un bulo ni un falso rumor.

Hay que aclarar que esta caída no obedece a un descenso del número de niños y niñas, ya que si se divide la inversión total entre la población infantil en cada uno de los años de referencia, el gasto per cápita infantil en 2013 sigue por debajo del de 2007. Y si se considera el gasto en infancia como porcentaje del PIB, ocurre los mismo; si en 2007 representaba un 4%, subió cuatro décimas en 2010 para bajar seis en 2013, año en el que el porcentaje (3,8%) queda todavía dos décimas por debajo del de antes de la crisis.

Atendiendo a los conceptos que componen la inversión en infancia, hay que cuestionarse qué partidas son más importantes que la sanidad, la educación o el bienestar para que hayan ganado terreno proporcional en el peso del PIB en lo más crudo de la crisis. Ahí nos encontramos gastos que hoy resultan un tanto estrafalarios: aeropuertos reconvertidos en mausoleos, tranvías cuyo coste final se duplicó y otras muchas infraestructuras prácticamente abandonadas. Por eso no sorprende que mientras el esfuerzo presupuestario en infancia respecto del PIB descendía entre 2007 y 2013, la tasa AROPE estatal de menores de 18 años que mide el porcentaje de la población en riesgo de exclusión y pobreza, haya aumentado en ese mismo período en cuatro puntos, del 28,6% al 32,6%. Cuatro puntos que nos acercan aún más a los casi tres millones de niños que viven en la pobreza en nuestro país.

Esta caída neta de la inversión en infancia pone de manifiesto el fracaso del estado de bienestar como red de protección global. En el caso de otros colectivos, como los pensionistas, el nivel de protección ha seguido estando garantizado y ha dado resultados. En el caso de los niños, esas garantías se han reducido en lo peor de la crisis y los ha dejado más desprotegidos, a merced del empleo de sus padres. Resulta inevitable plantearse si este fracaso no es en parte consecuencia de la menor relevancia política de los menores.

En resumen, tras tanto dato y tanto porcentaje, la realidad es que parece mejor que te toque ser Gorka que Isidro. El punto de partida ya era mejor, pero además la crisis se hecho más llevadera. Madrid y País Vasco tenían la misma tasa AROPE en 2007: un 16%. Seis años después la tasa de Madrid aumenta cuatro puntos hasta un 20% y la del País Vasco lo hace tan solo en un punto hasta el 17%.

Lo que Rawls defendía con el experimento del “velo de la ignorancia” no era que nos volviéramos ignorantes, sino que todos, en el fondo, sabemos lo que es justo y lo que no, y tenemos una idea bastante aproximada de lo que hace que una sociedad sea más justa y más equitativa. Esperamos que iniciativas como el informe del CEET para Unicef España contribuyan precisamente a luchar contra la ignorancia social sobre la pobreza infantil. En esto, no hay velo que valga.

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Nota: Los datos de los gráficos corresponden a euros constantes de 2007 para considerar el efecto de la inflación.