El Parlamento Europeo y el Consejo de Europa están trabajando en la elaboración de un reglamento europeo para establecer un sistema en la UE que certifique que la cadena de suministro de los minerales necesarios para la fabricación de aparatos tecnológicos se haga de forma responsable. El objetivo: evitar el rastro de sangre de conflictos financiados por y para su explotación.

El objetivo que motiva esta ley es contribuir a que se reduzca “la financiación de grupos armados y fuerzas de seguridad con ingresos generados por los minerales en las zonas de conflicto y de alto riesgo”, explica la resolución del proyecto.

Una realidad característica de la República Democrática del Congo (RDC), considerado por algunas organizaciones humanitarias como uno de los peores lugares del mundo en los que ser niña o mujer, según un estudio publicado en 2011 del American Journal of Public Health. El informe estima que 400.000 mujeres de 15 a 49 años fueron violadas entre 2006 y 2007, equivalente a 1.152 violadas al día. 48 cada hora.

Desde el inicio de la conocida como 'Guerra del coltán' (1998), se han documentado más de cinco millones de muertes y dos millones y medio de desplazados. Pese a que el conflicto armado terminó formalmente en el Congo con los acuerdos de paz entre 2002 y 2003, retirándose las tropas extranjeras, éste no ha cesado desde hace más de 50 años. Actualmente se concentra en el este del país, la zona más rica en recursos naturales.

El Congo es conocido por tener la mitad de la reserva de diamantes del mundo y ser rico en muchos otros minerales, como el cobre, el oro y el coltán (compuesto de columbita y tantalita). De este último, según diferentes estudios, podemos encontrar el 80% de sus reservas mundiales en la RDC.

El coltán es uno de los minerales necesarios para la fabricación de materiales electrónicos. Y esencial para la tecnología móvil. Los avances en esta industria, presentados hace unas semanas en el MWC 2015, no podrían darse sin estos minerales.

El contrabando de minerales

El negocio del coltán, a su vez, contribuye a la economía de la guerra olvidada en el Congo y a beneficiar a los actores armados, incluido el ejército nacional. Así lo han corroborado diversos estudios sobre el terreno. El más reciente, el informe del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de enero de 2015, realizado por un grupo de expertos sobre la República Democrática del Congo.

En éste, por una parte, se documenta cómo el contrabando de minerales en zonas de conflicto persiste, aunque se haya avanzado en la rastreabilidad. Por otra, que el ejército congoleño y algunos grupos armados “siguen participando en el comercio de minerales que, probablemente, introducen material de zonas de conflicto en la cadena internacional de suministro”.

El grupo de investigadores confirmó que contrabandistas (entre ellos muchos coroneles) dirigen minerales como el coltán blanco —principal mineral objeto de contrabando y producido exclusivamente en el Congo— de Goma (RDC) a Rwanda. Allí el mineral es oscurecido y mezclado con el coltán negro producido en este país vecino. Posteriormente, explica el informe, se introduce en la cadena de suministro con etiquetas de validación de la cadena de distribución de estaño.

Por su parte, el International Tin Research Institute (ITRI) del Reino Unido, única empresa que ejecuta un sistema de rastreabilidad para el coltán, la casiterita y la wolframita en la RDC, cuestionó esta práctica ilegal de etiquetaje. El director general del ITRI, David Bishop, además, señaló que no consideraban que el contrabando fuera “tan significativo” y que los investigadores de ITRI no habían detectado ningún incremento de las exportaciones.

Sin embargo, el control de las minas en el Congo sigue siendo una lucha incesable y diversos estudios documentan cómo los grupos armados obtienen beneficio del comercio de los minerales.

Según el cuaderno “La guerra de la RD Congo, más allá de sus recursos” de la Escola de Cultura de Pau, los actores armados protagonizan conflictos bélicos para conseguir el control de las minas de coltán y otros minerales y se benefician de tres formas. Por una parte, lo consiguen mediante “el control físico”, por el cual los grupos armados “pueden llevar a cabo directamente la expoliación de los recursos mediante grupos de trabajadores en régimen de esclavitud”, sea porque gestionan el comercio y la exportación de los recursos naturales o bien porque controlan y explotan las minas directamente.

Por otro lado, utilizan “mecanismos de explotación indirecta” como el establecimiento de tasas “en las propias minas y en el tránsito por carretera, estableciendo controles y barreras físicas en las vías de comunicación” o bien por aire, con “ tasas a las compañías aéreas que realizan el transporte hasta las oficinas de compra y exportación” en ciudades como Butembo, Goma y Bukavu. Finalmente, el comercio de los minerales es el tercer elemento por el cual se benefician y compran armas para la guerra. Además, que los grupos armados cometen saqueos y abusos sobre la población civil y otros grupos armados rivales.

Proyecto de ley “voluntaria” en la UE

La rendición de cuentas de las empresas distribuidoras de minerales se ha convertido en un objetivo clave de todos aquellos que trabajan para detener el conflicto en el Congo.

El acceso a la información que corrobora estas afirmaciones en las empresas tecnológicas es muy limitado. Por el momento, Enough Project elaboró un ránking en 2012 sobre el progreso de 24 empresas en su responsabilidad respecto a los minerales de conflicto, sin contar a Fairphone, compañía creadora del primer smartphone totalmente justo, que no aparece en la lista. Sólo dos de las empresas del ránking superan el 50% en este progreso (Intel, con el 60, y HP con el 54).

Ante la falta de información y aprovechando la celebración del congreso mundial de móviles en Barcelona, distintas ONG han intentado durante los últimos dos años que se realizara un espacio de debate en el MWC sobre la problemática del coltán.

Miquel Àngel Prieto, miembro de la Xarxa d’Entitats per la RDC, explica que se sigue trabajando en este tema pero que el Ajuntament de Barcelona y la Generalitat de Catalunya no pueden asegurar un espacio dentro del MWC porque la organización de éste es privada. Cuando se planteó veces anteriores de forma directa a la organización del congreso, el GSMA, “tubo una mala recepción, como que no interesa que el tema se tratase públicamente” en el MWC, explica Prieto.

La ley trabajada actualmente en la UE podría dar respuesta a este contexto, pero el nivel de transparencia alcanzado es aún incierto ya que la Comisión no obliga a las empresas tecnológicas a facilitar su información. Ante críticas de ONG y algunos sectores del Parlamento Europeo, Fischer, responsable de comunicación de la ONG Justice et Paix Belgique, expone que esta propuesta inicial es justificada por la Comisión Europea con el argumento de que “el mercado se encargará de sancionar a una empresa cuando los consumidores vean que ésta no está en la 'White List' de importadores responsables”.

Por otro lado, el pasado lunes hubo un voto en la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo (PE), comenta el portavoz de la ONG, “en la dirección de que la cadena de suministro de estos cuatro minerales sea un mecanismo obligatorio para todas las empresas Europeas”. Aun así, explica, este voto es sólo opinativo: será la Comisión de Comercio Internacional (INTA) del PE la que va a decidir el informe que va a ser aprobado el 13 de abril y posteriormente, “va ser el informe votado en el Parlamento entre el 18 y 20 de mayo”.

Sin embargo, señala Fischer, cuando empiece el trílogo (negociación entre la Comisión-Consejo-Parlamento) “veremos si van a cambiar las líneas o se va a mantener la propuesta de la Comisión Europea”. Eso dependerá de la posición del Parlamento.

Frédéric Viale es abogado, economista y miembro del consejo científico de ATTAC Francia, una organización que desde 1998 lucha contra la globalización económica. Especialista en política comercial de la Unión Europea y en tratados de libre comercio, Viale fue una de las primeras personas en conocer que la UE estaba negociando en secreto un tratado de libre comercio con Estados Unidos.

Las negociaciones de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) empezaron en julio del 2013 y ya van por la octava ronda de encuentros entre la delegación negociadora de la Comisión Europea y el equipo de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

En una gira de conferencias por Cataluña sobre el TTIP la pasada semana, Viale explicó que este tratado permitirá una liberalización generalizada y facilitará que las multinacionales puedan perseguir a aquellos estados que se opongan a sus “intereses legítimos”.

¿De qué modo unas normas que regulen el comercio entre Europa y EEUU, como las que establecería el TTIP, pueden afectarnos?

Este tratado cuenta con dos mecanismos. Por un lado, el de resolución de disputas inversionista-Estado, por el cual una empresa puede dirigirse a un tribunal de arbitraje internacional para pedir compensaciones económicas en caso de que una decisión pública de un Estado, municipio o autonomía afecte negativamente a los beneficios que espera tener. Estas compensaciones, como vemos en otros tratados comerciales como el NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), son de millones de dólares.

Por otro lado, está el mecanismo de convergencia reglamentaria, basado en la creación de un comité de expertos privado. Cualquier reglamentación, como podría ser sobre el fracking, la protección del medio ambiente o los derechos sociales, que tenga un efecto sobre el comercio tendrá que presentarse ante este comité y sus miembros preguntarán a las empresas si están de acuerdo con estas reglamentaciones. En caso negativo, no habrá reglamentación. Las leyes se verán afectadas directamente por los deseos de las empresas.

¿El tratado estaría por encima de las decisiones tomadas en los Parlamentos?

De hecho, sí. Porque en caso de que exista un problema de intereses, la empresa puede acudir al arbitraje internacional, que costaría mucho dinero al Estado. Si los estados se niegan a pagar este proceso o las compensaciones que pida la empresa y si la gente quiere o no que se apliquen estas reglas, no va a importar más.

¿Cuál es el procedimiento para que el TTIP sea aprobado o suspendido?

Una vez firmados, los tratados de libre comercio deben aprobarse por mayoría cualificada del Consejo de la Unión Europea. Esto quiere decir, normalmente, que si hay dos países importantes y dos o tres países pequeños que dicen “no”, pueden bloquear la aprobación del tratado en este nivel. Si, por ejemplo, España, Italia y Francia dijeran “no”, el TTIP se bloquearía. También, al margen de la normativa de los tratados y atendiendo a la realidad política del momento de quien domina la UE, si Alemania dijera “no”, el tratado no avanzaría. En caso de que el TTIP fuera aceptado en primera fase, debería pasar al Parlamento Europeo y podría ratificarse con una mayoría normal, con el voto de al menos el 50% de los diputados europeos.

¿En qué estado se encuentran las negociaciones?

Actualmente existen dos tratados de libre comercio. El tratado entre la UE y EEUU, cuyas negociaciones probablemente no terminarán en al menos dos años, y el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA), que tiene los mismos dos mecanismos que el TTIP y ya ha sido firmado, de modo que va a ser presentado a los líderes europeos en junio y, probablemente, al Parlamento Europeo para su ratificación a final de año o principios de 2016. Tras su aprobación en el Consejo europeo, el Parlamento Europeo deberá decir “sí” o “no” al tratado y después se verá si la Comisión Europea da lugar a que se puedan hacer ratificaciones nacionales. Al fin y al cabo, la decisión de ratificación a nivel nacional es una decisión política y los estados miembros de la UE deben luchar para obtenerla. Pero por el momento la Comisión Europea es reacia a estas ratificaciones nacionales.

Las negociaciones del TTIP son secretas, pero la Comisión Europea ha publicado informes sobre su estado. ¿Hasta qué punto son relevantes en cuanto a la transparencia del tratado?

Por el momento, no son relevantes. Todas las informaciones que la Comisión ha publicado hasta ahora ya fueron filtradas anteriormente. Es positivo que se publiquen oficialmente, pero hemos tenido que esperar para verlas un año y medio. Todo lo que necesitamos para entender lo que pasa proviene de filtraciones. Y por el momento el esfuerzo de la Comisión para ser transparente no es suficiente. Tengo mucha más información en mi ordenador, por ejemplo, que la que ha publicado la Comisión.

En el último de estos informes, del 5 de febrero, la Comisión dice, al referirse a la convergencia reguladora, que primero se tiene que velar por cuestiones como los trabajadores o el medio ambiente antes que por los beneficios de las empresas.

Eso son declaraciones de la Comisión. Existen declaraciones políticas y podemos creerlas o no. Pero no son jurídicamente vinculantes. Sólo el tratado lo es. Y en el corazón del tratado, en su texto, no hay ningún aspecto que dé garantías de que va velar por el medio ambiente, los derechos sociales y los derechos humanos.

Lo que sí recoge el texto es el mecanismo del “reconocimiento general de las normas”, por el cual, por ejemplo, si una empresa fabrica un producto transgénico atendiendo a las normas de EEUU, éste va a poder comercializarse en Europa aunque existan leyes que los prohíban. No podemos creer a la Comisión cuando dice que va proteger los derechos si el tratado tiene estos mecanismos.

También dice que los tribunales de arbitraje no son necesarios.

Tendemos a focalizar la atención en estos tribunales. Pero el objetivo general del tratado es la liberalización generalizada; significa el final de los servicios públicos, el final de las protecciones sociales. Así que si no hay el mecanismo ISDS, el tratado será menos escandaloso pero no aceptable. Tampoco lo será con el mecanismo de convergencia reglamentaria, que es una negación de la democracia; éste estará antes de cualquier debate público y esto es un ataque masivo contra la democracia. Estas afirmaciones son solamente lo que dice la Comisión. Palabras. Los juristas leemos los textos. Y en los textos, por el momento, no tienen ningún cambio sobre el ISDS ni ningún cambio sobre la liberalización generalizada y la convergencia reglamentaria. Y en francés hay un dicho: “Las promesas son vinculantes para quienes se las creen”.

¿Cuál es el papel de las grandes corporaciones y los lobbies en la negociación de este tratado?

Es el tema crucial del TTIP. En la UE hay un lobby muy importante de las grandes empresas y bancos de los dos lados del Atlántico, el TransAtlantic Business Council (TABC), y también participa el European Services Forum, por ejemplo. Antes de empezar las negociaciones para el TTIP, la UE hizo 120 consultas. De éstas, solamente 19 fueron a organizaciones sociales o ecologistas. El resto, con empresas y bancos. El tratado proviene del deseo de los lobbies. El TTIP realmente no es un deseo de los pueblos.