“Primero el Gobierno nos ofreció 5.000 liras (1.260 euros) por los muebles. Era muy poco y dijimos que no. Pasado un tiempo nos volvieron a repetir la oferta, 5.000 liras, y otra vez contestamos que no. Pero después, como un hijo se casaba y necesitábamos dinero, fuimos nosotros a ellos. Entonces solo nos ofrecieron 3.500 (886 euros)”.

Selam Kusçu recuerda desde el corazón de Sur, la ciudad vieja de Diyarbakir, la cantidad de dinero que ha recibido hasta el momento por la casa en la que su familia vivió durante 15 años. “No. 18 años, papá. Porque yo ya nací allí”, le corrige su hijo Baris. De aquella vivienda ya no queda nada. “Al menos pudimos sacar algunas cosas antes”.

Selam, Baris y el resto de los siete miembros de su familia tuvieron que abandonar su casa en Sur debido a los combates entre el Ejército turco y las milicias urbanas vinculadas al PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán). “Nos fuimos en el décimo día de los enfrentamientos”, es decir, hace más de un año. Nunca más pudieron volver a su hogar. No son los únicos.

A pesar de que hace ya un año terminaron las operaciones militares y los combates callejeros en Diyarbakir, Nusaybin, Cizre y otras grandes ciudades turcas de mayoría kurda, decenas de miles de personas todavía no han podido volver a sus hogares. Hasta la primavera de 2016 se sucedieron en diversos núcleos urbanos toques de queda militares, la principal estrategia diseñada por Ankara para combatir la insurgencia kurda.

Los bloqueos y toques de queda continúan

La vuelta a la normalidad, doce meses después, no es completa. Diversas zonas de Sur, a pesar de la ausencia de enfrentamientos, continúan bloqueadas por las autoridades por “motivos de seguridad”. En Nusaybin, el toque de queda se sigue imponiendo a partir de las 00:00 horas.

Además, en la actualidad, estas situaciones de excepción también continúan en pequeñas aldeas de la región. “En Sur, 15.000 personas tuvieron que abandonar sus casas y aún no han podido volver”, explica desde su despacho un muhtar (líder de la comunidad) de los 15 que hay en la ciudad histórica. Debido a la tensa situación política, señala, prefiere mantenerse en el anonimato.

La cifra exacta se desconoce. La ONU calcula que “hasta 500.000 personas”, la mayoría kurdas, se vieron obligadas a huir de sus hogares en el sudeste de Turquía. El reciente informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos eleva la cifra de Sur y estima que 45.000 personas siguen sin poder retornar a sus casas. No obstante, el informe no aporta una cifra del número de afectados que sí han podido volver. Desde la capital Ankara tampoco se ofrecen datos concretos.

“El Gobierno quiere esconder estas estadísticas para después poder afirmar que está ayudando a la gente”. En la oficina de Sibel Yigitalp, diputada del prokurdo HDP (Partido Democrático de los Pueblos) por Diyarbakir, se percibe el trasiego habitual de una campaña electoral. Por la ventana se cuela la música de los altavoces y por los pasillos no dejan de apresurarse personas de un lado para otro.

“Hacer una campaña electoral ya es difícil, imagina cómo tiene que ser con 12 diputados en la cárcel”. El próximo 16 de abril Turquía celebra un referéndum en el que se decidirá si el país implanta un sistema presidencialista. De ganar el sí, el actual jefe de Estado, Recep Tayyip Erdogan, aumentaría sus poderes ejecutivos y su influencia sobre la judicatura.

“El Gobierno dice que va a prestar ayuda a la gente. Pero no lo está haciendo”, añade Yigitalp sobre la población desplazada en las provincias kurdas. “En nuestro partido estamos recogiendo información sobre lo que ha pasado. Aún no lo podemos saber todo, pero lo sabremos”. 

Sin éxito, eldiario.es ha contactado con el Ministerio de Urbanización y Medio Ambiente y con un alto funcionario cercano a Presidencia para tratar de recabar información detallada. No obstante, la posición del Ejecutivo turco es clara: nadie ha hecho más por la población kurda de Turquía que Erdogan, defiende.

“Él ha reconocido a los kurdos como un componente de la misma importancia para la nación turca”, señalaba Ibrahim Kalin, portavoz del presidente Erdogan, en una reciente columna del diario progubernamental Daily Sabah. “Él ha implementado reformas para eliminar la prohibición del lenguaje kurdo en los medios de comunicación, en las campañas políticas y en otros ámbitos de la vida”. Y añadía: “Como primer ministro, él invirtió millones de dólares para mejorar las condiciones de vida de los pueblos y ciudades mayoritariamente kurdos”.

“Ahora no hay nada”

Tras la destrucción de Sur, las autoridades turcas han prometido destinar hasta 626 millones de euros para la reconstrucción del casco viejo de Diyarbakir, de un incalculable valor histórico. Un dinero que, no obstante, no está llegando a los bolsillos de muchos residentes.

“Durante tres meses recibí 1.000 liras (252 euros) del Gobierno”, señala un anciano aferrado al tesbih, el rosario musulmán, en la oficina del muhtar de Sur. “Después nada. También el trabajo se terminó. Y ahora no hay nada”, añade.

“Aquí puedes encontrar a muchísima gente que se ha quedado sin casa”, explica el muhtar. Durante una hora de conversación, por su despacho pasan hasta tres hombres que aseguran haber sufrido la misma desgracia.

“El Gobierno derriba casas con solo un agujero de bala”

“En Sur entre 2.000 y 3.000 viviendas se han destruido. Y en muchos casos ha sido el Gobierno el que las ha demolido después de los enfrentamientos. Si una casa tiene únicamente un agujero de bala, el Gobierno la echa abajo”, señala el muhtar. Es lo que pasó con el hogar de Selam Kusçu, aunque la misma situación se vive en otras ciudades.

Nusaybin, por ejemplo, fue otro escenario de violentos enfrentamientos entre milicias kurdas y Ejército. Miles de personas, como Ilyas, se quedaron sin casa. O sin casas.

“Yo tenía tres viviendas. Una para mi familia, otra para los invitados y una tercera en la que había acogido a una familia de refugiados sirios”, explica ante un vaso de té, a escasos metros del paso fronterizo, ahora cerrado, con la ciudad kurdo-siria de Qamishli. “Ahora no queda nada de esas tres casas”.

“Yo solo quiero mi tierra y mis árboles”

Este vecino de Nusaybin, de 47 años, prefiere no ofrecer más datos personales por miedo a perder su empleo en una empresa estatal. “Ahora el Gobierno me ofrece una casa nueva, pero es muy cara. Muy lujosa. Si aceptara yo tendría que pagar la diferencia y estaría endeudado para el resto de mi vida”, se queja. “Yo solo quiero mi tierra y mis árboles”.

El mismo deseo comparten Baris y Selam Kusçu. “A mi padre le llamaron y él dijo que solo queremos nuestra casa de vuelta”, explica Baris antes de que llegue su padre a la tienda. La familia se ha visto obligada a abrir un pequeño comercio de ropa para poder hacer frente al alquiler de la nueva vivienda de 400 liras (100 euros). “Pero nadie viene a la tienda, nadie entra hasta aquí en Sur, así que cogemos la ropa y la vendemos en la calle”.

Así pasan los días mientras esperan a que las autoridades les pongan sobre la mesa una oferta por su vieja casa, ya desaparecida. “Éramos pobres y ahora lo somos más”, dice Selam.

Elvira no sabía dónde estaba. Era enero y hacía frío mientras caminaba por algún lugar de Londres, sola, perdida y asustada. Al haber escapado de aquel lugar también había quebrantado la ley. Pero ya había sufrido suficiente, abusos e insultos, días de comer sobras y de encierro. Mientras hablaba por teléfono, al otro lado de la línea una voz de mujer le pedía que describiera qué veía a su alrededor –“¿qué tiendas?, ¿qué edificios?”– para poder averiguar dónde se encontraba exactamente. “Al final la rescatamos”, cuenta Regina de los Reyes con una gran sonrisa; ella también tuvo que escapar de un hogar en Reino Unido antes de unirse a la Asociación Filipina de Trabajadoras Domésticas (FDWA).

Esta experiencia, por la que la filipina Elvira Santos tuvo que pasar hace un año, no es un caso aislado. Ella es una de las “muchas trabajadoras domésticas inmigrantes” que llegan al Reino Unido con una familia extranjera que se instala temporalmente en el país y que se encuentran en “situación de esclavitud”, en palabras de la presidenta de Justicia para las Trabajadoras Domésticas (J4DW, en inglés), Marissa Begonia, por una modalidad de visado ligado a un solo empleador.

Los 'visados atados' han vuelto a recuperar protagonismo debido a que la Cámara Alta del Parlamento Británico, la de los Lores, debate si contemplarlos como parte del Proyecto de Ley contra la Esclavitud Moderna. Esta es una iniciativa gubernamental, “la primera de este tipo en Europa”, según el Ministerio del Interior, que endurece las penas contra delitos de tráfico de personas, explotación laboral y abusos sexuales. Entre otras medidas, propone aumentar el castigo de prisión de 14 años a cadena perpetua para los casos más graves.

El proyecto de ley ya recibió el visto bueno de la Cámara de los Comunes, que no consideró oportuno abordar el asunto de las trabajadoras domésticas extranjeras que llegan con ciudadanos que no pasan más de seis meses en el país. Hay muchos diplomáticos y personas adineradas que están de paso el Reino Unido. “Ha sido una oportunidad perdida”, lamentaba Catherine Kenny, de la asociación Kalayaan. No obstante, todavía queda el pronunciamiento de la Cámara de los Lores, que se espera para antes de las elecciones de mayo.

Además, hace apenas unos días la ministra del Interior Theresa May anunció que iba a encargar a un jurista independiente la revisión de los visados atados debido a “la preocupación que ha levantado la explotación de las trabajadoras domésticas extranjeras”. La campaña en contra de los permisos, que existe desde hace tiempo, se ha reforzado en los últimos meses debido a la tramitación del proyecto de ley contra la esclavitud.

Todo tipo de abusos

El número de visados de este tipo no es menor. El Gobierno británico emite cada año entre 15.000 y 16.000 visados para estas trabajadoras domésticas extranjeras con permiso laboral en familias privadas, según los datos oficiales. Además, alrededor de 200 visados se expiden anualmente a aquellas que trabajan en residencias diplomáticas. No quiere decir que todas estas mujeres sufran abusos y vejaciones, pero Phoebe Dimacali, representante de FDWA, advierte de que en muchos casos estas prefieren no denunciar ni tampoco huir de la familia por miedo a las posibles consecuencias.

Un estudio de Kalayaan, una organización británica centrada en la defensa de las empleadas domésticas, sostiene que las condiciones de trabajo son mucho más duras bajo la nueva legislación. En concreto, señala que el porcentaje de mujeres que sufren abusos se duplica: 16% comparado con el 8% de las mujeres con un visado no atado a su empleador. La sensación de los activistas es que la ley no ha reducido el número de inmigrantes –uno de los objetivos de los visados, en su opinión– pero sí ha dejado a las mujeres más vulnerables a abusos y maltratos.

“Se están dando más violaciones de las que nos podemos imaginar. Los abusos físicos y verbales son muy comunes, pero lo que más vemos son jefes que no pagan a sus trabajadoras después de largas jornadas de trabajo de hasta 16 horas, sin ningún día libre”, explica Marissa Begonia. Izza Leghtas, investigadora de Human Rights Watch en Europa Occidental insiste en que no han percibido ningún cambio en el número de trabajadoras extranjeras tras la introducción de los visados atados: “El gobierno percibe a estas trabajadoras como empleo de baja cualificación, que es precisamente lo que están intentando reducir. Quieren disminuir el número de inmigrantes y para ello cambiaron la ley”.

En abril de 2012, el Gobierno británico cambió las normas de las solicitudes de visado y eliminó el derecho de las trabajadoras domésticas extranjeras a cambiar de empleo. Desde entonces, la legislación establece que el empleador no resida más de seis meses en el Reino Unido. En la práctica la medida supone que durante ese tiempo, si las trabajadoras abandonan el hogar, se convierten en inmigrantes irregulares y pueden acabar detenidas en un centro de internamiento y ser deportadas.

Elvira debatía si huir o no de la familia qatarí que la había traído a la isla británica. Contar con la ayuda de FDWA hizo que se decantara por la huida. Llegó a Londres en enero de 2014 tras vivir y trabajar durante más de un año en Qatar, donde limpiaba y cuidaba un hogar de siete miembros. Elvira no tuvo más opción que marchar a la Península Arábiga para poder sostener económicamente a su familia. Su marido tiene “una grave enfermedad y no puede trabajar”.

“Pero cuando empecé a trabajar me pagaron mucho menos. En mi contrato ponía 1.400 riales, pero solo me daban 900. Mi jefe decía que el resto era para la agencia que me había contratado”, cuenta Elvira. Y sigue: “La hermana de mi empleador me insultaba a todas horas. Ella era la que peor me trataba. Me pasaba trabajando 24 horas al día, siete días a la semana, sin ningún descanso. Nada. Ni siquiera podía ir a la iglesia los domingos”.

La situación no cambió cuando se mudaron a Londres. La hermana de su jefe sufrió un ataque al corazón y se trasladaron en busca de tratamiento médico. “La mujer no me dejaba comer. Ni siquiera cuando mi jefe traía comida para las dos; se ponía a chillar y solo me dejaba las sobras”.

A los pocos días de llegar, el empleador de Elvira tenía planeado volver a Qatar y ella pensó que sería imposible sobrevivir sin él presente. En sus pocos momentos de tiempo libre contactó a través de Facebook con un compatriota, que le habló de la Asociación Filipina de Trabajadoras Domésticas. Así es como consiguió reunir las fuerzas suficientes para poder escapar apenas 13 días después de haber llegado a su nuevo hogar británico.

Víctimas de tráfico de personas

Elvira puede hoy contar su historia sin miedo a represalias porque se encuentra inmersa en proceso para ser reconocida como víctima de tráfico de personas. El procedimiento requiere en muchos casos de asistencia legal para poder completar debidamente los formularios y superar las entrevistas de las autoridades.

Al igual que Elvira, Izza Leghtas (HRW) afirma que muchas de estas mujeres llegan procedentes del Golfo Pérsico, de Qatar en concreto, donde impera el denominado sistema 'kafala', por el cual el empleador puede retener el pasaporte de sus trabajadores y, por tanto, limitar su libertad de movimiento. Pocas organizaciones internacionales dudan de que se trate de una forma encubierta de explotación laboral. Para Human Rights Watch, no hay duda de que los visados atados del Reino Unido son una extensión del 'kafala' qatarí.

Trabajar en un hogar sin otra supervisión que la del propio jefe puede ser peligroso. No importa que la vivienda se encuentre en uno de los barrios más exclusivos del centro de Londres. “Este tipo de trabajo coloca a las mujeres en situación de gran vulnerabilidad, pues todo se queda dentro de las cuatro paredes y no hay ningún lugar al que poder acudir y pedir ayuda –explica Leghtas–. Al menos antes, con el antiguo visado, las mujeres podían dejar el trabajo y buscarse otro. Ahora las que se atreven a hacerlo acaban trabajando en negro, asustadas e indocumentadas”.

Asimismo, desde Human Rights Watch recuerdan que el gobierno de David Cameron rechazó en 2011 ratificar la Convención Internacional de la Organización de Trabajadores Domésticos, que tenía como objetivo equiparar el derecho laboral de este sector al del resto.

“Solo una mínima proporción”

“La esclavitud moderna es un crimen terrible. Estoy decidida a detenerla en todas sus formas. Mantener a las trabajadoras domésticas en esclavitud o servidumbre es completamente injusto”, aseguró Karen Bradley, responsable de la secretaría contra la esclavitud moderna y el crimen organizado, en noviembre al calor de las críticas recibidas. Desde la oficina de Bradley se declinó la posibilidad de realizar una entrevista en persona para este reportaje.

La responsable rechazó entonces la acusación de que el número de abusos haya aumentado tras la introducción de los visados atados: “Las evidencias muestran que solo una mínima proporción de aquellas que trabajan aquí como empleadas domésticas sufre abusos y explotación”. También acusó a Human Rights Watch y Kalayaan de utilizar deliberadamente “muestras pequeñas” en sus estudios.

Más allá de números, declaraciones, estudios y cifras, Elvira vive ahora con relativa estabilidad. Gracias al apoyo de la Asociación Filipina de Trabajadoras Domésticas, consiguió comenzar a trabajar para una nueva familia, judía esta vez. Cambió la forma de rezar en el hogar, pero no tanto el trato hacia la empleada de la casa. “Aquello no era para nada estable. Se aprovechaban de que no tenía los papeles en regla y no tuve otra opción que volver a escapar”.

Los planes para poder volver a casa y ver a los suyos no están todavía encima de la mesa. Ahora, que está en proceso de ser reconocida como víctima de tráfico de personas, Elvira puede vivir y trabajar sin preocupaciones en el Reino Unido durante un tiempo y debe aprovecharlo para ayudar a su familia. En la actualidad, combina tres trabajos a tiempo parcial, con tres familias diferentes. “Así es mejor, sin problemas. Voy, limpio durante tres o cuatro horas y me voy”.

La mujer debe volver al trabajo. “Muchas gracias. Aprovecha cuando vuelvas a tu país y disfruta con los que más quieres, tú que puedes”, dice como despedida, agarra una bolsa de plástico con un paquete dentro y desaparece escaleras arriba. “El regalo es para la familia de mi jefe”, había confesado antes.