El ansia depredadora disfrazada de burocracia también es capaz de especular con la salud más básica y la infancia más desprotegida, haciendo añicos el supuesto de bondad básica que se presupone ha de tener quien nos gobierna

“El avance de la maldad es el síntoma de vacío.

Siempre que la maldad gana, es solo por ausencia de oposición:

Por el fracaso moral de aquellos que evaden el hecho de que no puede haber

compromiso en principios básicos“

(Ayn Rand)

Desde hace años se viene empleando el término ‘Burorepresión’ a la represión burocrática que se ejerce mediante mecanismos administrativos. Nos referimos a ese conjunto de incomodidades burocráticas y sanciones económicas que pueden desalentar el ejercicio de nuestros derechos fundamentales.

Tenemos ejemplos recientes del uso indiscriminado que se está haciendo de este tipo de represión cuando coartaron nuestra Libertad de Expresión y Manifestación, así como cuando se aplica el marco normativo municipal a través de sus ordenanzas.

Si alguien pensaba que su indignación había alcanzado su techo y ahí, de momento, se quedada todo, va a descubrir, una vez más, que el ansia depredadora disfrazada de burocracia también es capaz de especular con la salud más básica y la infancia más desprotegida, haciendo añicos el supuesto de bondad básica que se presupone ha de tener quien nos gobierna. Y esto es posible a través de esa extensión  de la ‘Burorepresión’ que es la ‘Buroexclusión’.

Desde hace unos días se está distribuyendo en el ámbito de la administración de la Atención Primaria de Salud de la Comunidad de Madrid un documento oficial titulado “Modificación de los tipos de ciudadano ”Transeúnte recién nacido“ y ”Alta recién nacido hospital“.

En principio, “la caducidad de este tipo de ciudadano” (no se sorprenda usted, es el término que han utilizado) estaba fijada en 1 año, “tiempo suficiente” para que los padres pudieran regularizar la situación administrativa. Pero la Gerencia de Atención Primaria de nuestra Comunidad ha decidido que el tiempo de permanencia de este “título provisional” debe reducirse a 90 días desde la fecha de nacimiento, todo ello con la coartada de regularizar el caso en “el cupo de sus pediatras”.

Lo primero que nos llama la atención cada vez que recibimos un documento administrativo como éste, es la distancia percibida entre el contenido, la forma y la ejecución de este tipo de medidas y las personas a las que afecta indirecta o directamente. Los términos elegidos (transeúnte recién nacido, caducidad de este tipo de ciudadano) parecen haberse elegido por su marcada impersonalidad.

La burocracia tiene como propósito fundamental ejercer su dominio sobre la población sin que se pueda localizar con facilidad quién es el responsable; en palabras de Hannah Arendt “la burocracia podría ser adecuadamente definida como el dominio de Nadie”.

Parece, pues, natural que si el gobierno tiene que informar de un cambio administrativo, en este caso de tipo sanitario, y quien tenga que hacerlo sea Nadie, esa persona que lo escribe procure que esa huella humana desaparezca burocratizándola. De ahí las reacciones tan habituales de perplejidad en los compañeros de “no sé exactamente a lo que se refiere” o “más de lo mismo,… otra más”, comentarios que denotan esa costumbre a ser gobernados por Circulares incomprensibles, incompletas o contradictorias que ejecutan lo que parece ser, muchas veces, una lógica inhumana, suprema e incuestionable.

Estamos acostumbrados a imaginar que nos gobierna una maquinaria sin conductor, algo que está incluso por encima de cualquier partido o color político. Ellos, los humanos, los políticos que nos pintan un mundo gobernado por una maquinaria sin rostro, los aspirantes a levantar la voz cuando ésta se atasca, sólo ofrecen evasivas que eluden siempre cualquier tipo de responsabilidad. La culpa la tiene Nadie de nuevo. La impotencia que se siente, la de no poder quejarte, ni pedir explicaciones, es la de no estar dirigiéndote a Nadie.

En este caso, la insensibilidad de la maquinaria se pone de manifiesto cuando los profesionales de primera línea de nuestro servicio público tienen que atender a una población bajo directrices de desatención. O siguiendo la contradicción, tratar a las personas y sus necesidades bajo amenazas y dificultades administrativas. Todo ello muestra esa ausencia de empatía, cuando no, psicopatía del equipo que nos gobierna.

Los pediatras vienen reinvindicando de forma repetida la necesidad de regularidad este tipo de población a efectos de prestar una atención mínima y de calidad, dado que, al no disponer de Tarjeta sanitaria , no tienen acceso a su historial clínico y evolutivo.

Sin embargo, la maquinaria sigue, la burocracia avanza y ejecuta sus directrices, en este caso,  bajo el nombre de Subdirección de Coordinación de Atención primaria y Aseguramiento de la Comunidad de Madrid. Y, a pesar de que estamos acostumbrados, el impacto sobre la población en determinados momentos es tan preocupante que no podemos dejar de explicar las consecuencias que tiene que nos gobierne la “Buro-represión” y, en este caso, si lo prefiere, la “Buro-exclusión”: ¿A qué nos referimos en este momento? Al contenido de esta circular ratificada por la Subdirección de Coordinación de Atención primaria y Aseguramiento de la Comunidad de Madrid.

1. Al no poder dar aun de alta al recién nacido por la ley del menor (lo que sería un “menor sin permiso de residencia”) porque les falta alguno de los requisitos, no se les puede gestionar su atención por esa vía. Resultado: Los bebés quedan en situación de baja, esto es, quedan fuera del sistema de atención “hasta que lo necesiten”.

2. Aunque parezca un asunto solo administrativo, la propuesta implica a partir de aquí dar de alta al recién nacido como “transeúnte general” (otro nombrecito ajeno) cada vez que acuda al servicio, lo que dura un día. Imagínese la problemática de manejo administrativo en relación a las pruebas a solicitar (analíticas, imagen,…) cuando no, su deriva a Atención Especializada, con sus consecuencias. Más trabas y dificultades, más posibilidades de error y por ende, a nadie se le escapa, la multiplicación de las posibilidades de quedarse definitivamente fuera del sistema. Además del trabajo multiplicado de los profesionales (administrativos, personal de enfermería, médicos, etc) que tienen que realizar múltiples gestiones para poder hacer un atención coherente y consistente.

3. Si la interpretación es la que planteamos, aunque solo fueran estas dificultades y trabas administrativas añadidas, estaremos, posiblemente, vulnerando de alguna manera, el artículo 24 de la Convención sobre los derechos del Niño y la Niña adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20/11/89, ratificado por España y publicado en el BOE de fecha 31/12/1990: “1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. 2. Los estados Partes aseguraran la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptaran las medidas apropiadas para (…). b) Asegurar la prestación de  la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de la Salud”.

4. ¿Acaso la Fiscalía del Menor de Madrid, el Defensor del menor y del Pueblo no tienen “oficialmente” nada que decir? Muchos de nosotros nos lo preguntamos.

5. Porque llueve sobre mojado. Y en este momento, la problemática alcanza no solo  a la población inmigrante (población excluida sin residencia), sino también a la población que presenta residencia en nuestro territorio pero que tienen dificultades o han postpuesto los trámites administrativos.

6. La forma en que la Comunidad de Madrid ha aplicado el RDL 16/2012 ha incrementado la vulnerabilidad de las personas en situación irregular, según ya han denunciado organismos múltiples, como Médicos del Mundo que confirman que “se ha hecho de manera arbitraria, desordenada y en muchos casos discrecional, en la medida en que respondía a interpretaciones interesadas según el caso o las circunstancias” o según el Informe Redes (Registro Estatal para la Denuncia de la Exclusión Sanitaria) de Yo Sí Sanidad Universal y la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria (SoMaMFYC) de Septiembre 2014: “La facturación, los mensajes hostiles y la arbitrariedad han contribuido al miedo y al alejamiento del sistema sanitario, con el consiguiente riesgo tanto para la salud individual como para la salud pública.

7. Esta discrecionalidad y cruce de intereses espurios en su aplicación del RDL ha sido uno de los ejes de la desincentivación de la población en el uso de la atención sanitaria pública de nuestro país, incluso, según se está documentando, en situaciones permitidas por el propio RDL o sus reglamentaciones autonómicas con el consiguiente compromiso de la salud, el deterioro de la integridad física de las personas y la hipertrofia de la atención urgente, con la pertinente elevación de los costes de atención sanitaria. Todo un despropósito.

8. En el día a día de la atención sanitaria vemos como la desinformación, xenofobia y políticas de austeridad han caído sobre la población más frágil y vulnerable del sistema.

9. Y el grupo poblacional que alcanza este ámbito de decisiones no es precisamente desdeñable, a pesar de la ausencia de datos oficiales que impresiona de claramente intencionada. Se estima que, de entrada, 6.000 niñas y niños se vean afectados, si tenemos en cuenta el decretazo ha dejado sin tarjeta, al menos, a 870.000 personas, en su mayor parte emigrantes.

10. Pero no se confíen, no quedaran ahí las cosas. De momento el RDL también ha impactado en la población con menores rentas y con enfermedades crónicas a través del incremento del copago sanitario.

11. Veamos algunos de estos datos de la Comunidad de Madrid. Según el Informe de 2014 sobre Evolución e impacto del riesgo de la pobreza y la exclusión en la Comunidad de Madrid, elaborado por la Red de la lucha contra la pobreza y la exclusión social (EAPN), al menos, 1,300.662 personas se encontraban en situación de riesgo de pobreza y exclusión social moderado en Madrid en el año 2013, (lo que supone el 20% de la población de la comunidad). Si empleamos la mediana de ingresos anuales, la tasa de pobreza y exclusión social moderada ascendería al 26%, lo que supone que 1.678.149 personas  vivían ya en el año 2013 con una renta mensual menor a 727€. De todas ellas 1.078.354 personas vivían con menos de 484€, lo que supone pobreza severa debajo del 40% de la mediana de ingresos. Estamos hablando del 17% de la población madrileña. Y si consideramos la categoría de pobreza extrema (menos del 20% de la mediana de ingresos) estaríamos hablando de 759.314 personas que viven con menos de 242€, un 12% de la población.

12. Si nos centramos en este tramo final, extremo donde lo haya, mirémoslo como lo miremos, estaremos hablando de personas que viven en hogares con baja intensidad del empleo y con privación material severa, cuyo grupo poblacional central se concentra entre los 25 y 49 años. Estas son personas en edad económicamente  activa probablemente con trabajos precarios o en paro, y con una situación económica muy  vulnerable que tienen en muchos casos menores a cargo.  Un reflejo muy próximo al colectivo poblacional que se ‘buroexcluye’ en la circular. ¿Cuánto tardará la praxis de biopoder en ampliar su ámbito de represión?

No sé usted, pero yo no quiero vivir en un mundo así. No es mi mundo.

Si la mente, dice Hannah Arendt, “tiene una verdadera actividad política es la capacidad de juicio”. El juicio de la realidad ya es forma de compromiso, si no de acción en política. No renuncie a ello,… Yo no pienso hacerlo.

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P.D: Este artículo ha sido posible gracias al apoyo y colaboración de Manuel Espinel Vallejo y Ana Castaño Romero. Muchas gracias a ambos