Las prisiones son espacios donde se visibiliza el fracaso de las políticas antidroga y sus graves consecuencias para las mujeres, tanto para las que han traficado con drogas en los eslabones más bajos de la cadena, como para las consumidoras de estratos sociales más desfavorecidos.

Las “mulas” son los chivos expiatorios de una "guerra contra las drogas" diseñada desde Estados Unidos y Europa que resulta etnocéntrica e hipócrita, ya que criminaliza a los países productores mientras demandan droga para su propio consumo.

El pasado mes de septiembre la Comisión Global de Política de Drogas de Naciones Unidas publicó un informe donde se propone abrir el debate acerca de la política internacional de control de drogas, en vista de que las políticas punitivas se han confirmado fracasadas. Así de claro y rotundo. En el documento “Asumiendo el Control: Caminos hacia Políticas Eficaces contra las Drogas”, personalidades tan relevantes del mundo de la política y la cultura internacional como Kofi Annan, Henrique Cardoso o Mario Vargas Llosa hacen un llamamiento para finalizar con la criminalización y el encarcelamiento de personas usuarias de drogas, en vista de que los esfuerzos llevados a cabo hasta el momento, además de ser ineficaces han provocado males mayores (“más violencia, el aumento de la población carcelaria y la erosión de los gobiernos alrededor del mundo”).

Este informe constituye la antesala de la reunión especial de Naciones Unidas sobre drogas (UNGASS) que tendrá lugar en 2016 y que pretende configurar la hoja de ruta en el debate alrededor de varios ejes temáticos, entre los que se encuentran la necesaria reorientación de las políticas y recursos desde un marco punitivo hacia la priorización de la salud de las personas y comunidades. Sugiere también acometer experiencias de regulación de drogas actualmente ilícitas como el cannabis, la hoja de coca y ciertas sustancias psicoactivas nuevas. El debate es necesario y estamos ante una oportunidad histórica para que, tanto Estados como sociedad civil, debatan sobre esta cuestión.

Para ello, no se debe olvidar que las principales damnificadas de estas fracasadas y perjudiciales políticas de “guerra contra las drogas” han sido las mujeres. En los países productores de droga como Colombia, Perú o Bolivia, así como en Centroamérica, principal territorio de tránsito de cocaína, heroína y marihuana hacia Estados Unidos, se ha producido un considerable aumento de la violencia. Los cuerpos asesinados, violados y descuartizados de las mujeres son el principal vehículo en la pugna por el control de los territorios y los medios de tráfico por parte de las redes organizadas, mientras que los gobiernos actúan con impunidad y complicidad ante ello. Buen ejemplo y ampliamente conocidos son los feminicidios acaecidos en Ciudad Juárez.

Las consecuencias de la lucha contra las drogas para las mujeres se palpan también a este lado del Atlántico, concretamente en las prisiones, espacios donde el fracaso de las políticas antidroga tiene importantes consecuencias para las mujeres, tanto para las que han traficado con drogas en sus eslabones más bajos de la cadena, como para las consumidoras de sustancias estupefacientes inmersas en circuitos de pequeña criminalidad. La droga explica la criminalidad de las mujeres en mucha mayor medida que en el caso de los hombres, quienes cuentan con perfiles más diversos. No en vano la mitad de las mujeres en prisión lo están por delitos “contra la salud pública”; la mayoría de ellas extranjeras latinoamericanas que han ejercido de mulas desde sus países de origen en la ingenua búsqueda de una vida mejor a través unos ingresos supuestamente fáciles.

A la hora de tomar esa decisión pueden ser víctimas directas de un cartel de droga altamente masculinizado que las engaña o usa como chivo expiatorio. Pero también padecen de manera indirecta, pero no por ello menos clara, una política de criminalización de las drogas que no llega a acabar con los grandes circuitos del tráfico y que, sin embargo, encarcela y penaliza en exceso a los eslabones más bajos, altamente feminizados. Basta recordar que la pena máxima para los delitos de tráfico es de 6 años de cárcel, que pueden elevarse hasta 12 años si se le añade el agravante de pertenencia a organización delictiva. Ésta es una de las razones principales de que Estado español tenga la tasa de encarcelamiento femenino más alta de la Unión Europea, sólo superada por Reino Unido y países del Este.

La figura de la “mula” como mujer extranjera transportista de droga se ha hecho presente en el imaginario colectivo gracias al papel de los medios de comunicación. Esta imagen de la mujer víctima del cartel se ha usado de manera paradójica para criminalizar a estas mujeres, para identificarlas selectivamente en los aeropuertos y perseguirlas con contundencia. A menudo se obvia el hecho de que el cartel sólo existe en la medida en que la producción, el tráfico y el consumo de drogas están prohibidos. Las políticas antidroga crean las condiciones de posibilidad del cartel y aumentan su poder en la medida en que recrudecen la persecución. En este panorama, las “mulas” son los chivos expiatorios de unas políticas antidroga diseñadas desde Estados Unidos y Europa que resultan etnocéntricas e hipócritas al criminalizar a los países productores mientras demandan droga para su propio consumo, tal y como pusieron de manifiesto las autoras del pionero trabajo de investigación “Rastreando lo invisible: Mujeres inmigrantes en las cárceles” (Ribas, Almeda y Bodelón, Ed. Anthropos, 2005).

Por otra parte, en las prisiones abundan las personas consumidoras de drogas. Pero no cualquier tipo de consumo, sino aquel que ha sido estigmatizado y criminalizado. Los estratos socioeconómicos más bajos son más a menudo visibilizados e identificados bajo la etiqueta de “consumo problemático” o “drogodependencia”. A pesar de que los consumos están menos extendidos en el caso de las mujeres encarceladas que en el de los hombres, así como su frecuencia y el uso de vía inyectada, las prevalencias siguen siendo muy elevadas. La proporción de mujeres presas que ha consumido heroína alguna vez en su vida llega a ser 163 veces mayor que entre la población general de mujeres residentes en el Estado.

En lo que respecta a los tratamientos de abandono de drogas, se constata que el estigma que se asigna a las mujeres consumidoras es un gran impedimento para que pidan asistencia. El uso de sustancias estupefacientes permanece oculto y, para cuando sale a la luz, el deterioro es mucho mayor que en el caso de los hombres. Al mismo tiempo, los programas terapéuticos aún tienen importantes carencias de un enfoque de género, ya que obvian el peso de esta “identidad deteriorada”, así como el hecho de que muchas mujeres que se acercan a los servicios de tratamiento son madres y/o han padecido episodios de violencia de género, un factor que puede haber funcionado como precipitante o como agravante del consumo de drogas. Si no se tienen en cuenta la maternidad y la experiencia de violencia, el proceso de deshabituación tiene muchas posibilidades de fracasar.

Estamos, por tanto, ante una oportunidad de lujo para plantear la reorientación de las políticas contra las drogas, para denunciar que hasta el momento las medidas punitivas han creado más problemas que soluciones y para reivindicar la introducción de la perspectiva de género que no deje a la mitad de la población fuera del foco del debate.

Analizar las implicaciones de los casos de abusos sexuales a mujeres encarceladas nos permite conocer mejor el funcionamiento de instituciones tan herméticas como las cárceles y cómo se despliegan los resortes de poder tras los barrotes, especialmente en lo referente a las relaciones de género.

El pasado mes de enero el diario El Mundo publicó una noticia informando de posibles abusos a mujeres encarceladas: siete presas han denunciado a cuatro funcionarios de prisiones de la cárcel de Brieva (Ávila) acusándoles de forzarlas a tener sexo a través de diversas amenazas y coacciones. Si bien es cierto que no son hechos probados y hasta el momento sólo se han abierto diligencias, conocemos casos anteriores en los que los hechos sí han sido confirmados. En el año 2009 el exsubdirector del ya clausurado penal de Nanclares de Oca (Álava) fue condenado a un año de prisión y seis de inhabilitación por abuso sexual a una presa. Por primera vez en la era democrática del Estado español se producían denuncias de este tipo en el contexto carcelario y se lograba condenar a un funcionario de prisiones por delitos sexuales. Ello probablemente funcionó de acicate para que otras presas denunciaran prácticas delictivas de tipo sexista tras los muros. Así, en junio de 2013 un funcionario de Soto del Real fue condenado a 25 años por varios delitos de agresiones sexuales continuadas y abuso de su función de trabajador público a cuatro presas. También fueron sonados los casos de abusos sexuales en Alcalá I-Mujeres en Madrid. Sería interesante saber en qué situación se encuentran actualmente los funcionarios condenados, si han pasado por prisión y de qué manera se han visto afectadas sus carreras profesionales.

No se puede afirmar que las prácticas delictivas a las que aquí hago referencia sean sistemáticas, pero sí que las características y el funcionamiento del sistema carcelario favorecen este tipo de abusos de poder de claro corte sexista. Analizar con detenimiento las implicaciones de este presunto caso y otros probados como los mencionados nos permite conocer mejor cómo funcionan instituciones tan herméticas como las cárceles y cómo se despliegan los resortes de poder, especialmente en lo referente a las relaciones de género. Las mujeres suponen el 7,6% de la población penitenciaria española, una proporción realmente pequeña en comparación con la de los hombres, pero que a la vez constituye uno de los porcentajes más elevados de Europa. Las cárceles están diseñadas para hombres, concebidas para ellos y dirigidas desde una perspectiva androcéntrica. Las mujeres se encuentran habitualmente en centros penitenciarios masculinos ocupando un espacio anexo, con grandes restricciones de acceso a servicios como el gimnasio, las actividades culturales y formativas o los talleres productivos, y generalmente situados geográficamente lejos de su lugar de origen. El estigma que portan estas mujeres, la mala imagen que la sociedad tiene de ellas, por delincuentes, sospechosas de ser viciosas por consumir drogas o acusadas de ser malas madres, es un elemento que juega en su contra a la hora de denunciar prácticas abusivas contra ellas en el interior de las cárceles, ya que o se les otorga suficiente credibilidad a sus testimonios o se resta importancia a lo sucedido.

La dificultad de demostrar hechos a los que hago referencia aquí (unos aún presuntos y otros de demostrada culpabilidad) siempre es grande y las razones que tienen las víctimas para echarse atrás son muchas, si tenemos en cuenta que no pueden escapar del lugar donde están sufriendo las agresiones y que los funcionarios pueden usar su poder para perjudicarlas en su situación penitenciaria. Las amenazas de represalias y coacciones son frecuentes en las denuncias de mujeres presas, lo cual es indicativo de esta sobrecarga de poder. Al desequilibrio entre hombres y  mujeres, se le suma el rol funcionario-presa.

Otro eje de vulnerabilidad proviene de la evidencia de que una proporción muy elevada de mujeres encarceladas ha padecido violencia de género por parte de sus parejas u otros hombres en algún momento de su vida, tal y como demuestran diversos estudios en este campo. De esta manera, a esta violencia sexual se sumarían experiencias previas de violencia que provocan una revictimización. A este respecto, la coyuntura actual de recortes y de vuelta atrás en políticas públicas de género está perjudicando a las mujeres en las cárceles. El Programa de Acciones por la Igualdad entre Hombres y Mujeres en el medio penitenciario puesto en marcha en 2008, que contemplaba entre otras medidas la atención a mujeres víctimas de violencia de género, quedó prácticamente paralizado en 2011 con la llegada al gobierno del Partido Popular. Estos casos de violencia sexual en las cárceles son una señal de alarma y una llamada de atención para desarrollar un abordaje de género en la política penitenciaria y para establecer mecanismos de control específicos en las relaciones entre funcionarios y mujeres presas.

El Ministerio del Interior (a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias) es el principal encargado de controlar el comportamiento del funcionariado. No olvidemos que la Administración del Estado es la principal garante de la integridad física y psicológica de las personas que se encuentran bajo su custodia. Los y las funcionarias son quienes personifican esa responsabilidad y quienes la encarnan en el día a día. Cuando quienes ostentan esta responsabilidad se dedican a abusar de su posición de poder la situación se vuelve obscena: el zorro se encuentra al cuidado de las gallinas.

Pero el reto no es sólo para las instituciones. La ciudadanía debe igualmente prestar atención a lo que ocurre en las cárceles, ya que estas son un baremo de la calidad democrática de una sociedad. Uno de los principales mecanismos de supervisión son los movimientos sociales que acceden a la prisión a prestar servicio y apoyo a las personas privadas de libertad. El principal escollo estriba en que la institución penitenciaria se reserva el “derecho de admisión” sólo para aquellas entidades que no tienen una vocación de denuncia de violaciones de derechos humanos o irregularidades en prisión. De esta manera, la intervención en las cárceles queda seriamente obstaculizada en su objetivo de ser altavoz y puente entre la sociedad y la cárcel. Por este motivo, debemos exigir una mayor apertura de la institución penitenciaria a la sociedad civil como forma de “rendición de cuentas”, institución que, queramos admitirlo o no, es responsabilidad de todos y todas. Al mismo tiempo, las entidades sociales están también llamadas a introducir una perspectiva de género en su acción, de forma que pueda adecuarse a las necesidades y demandas de las mujeres presas.

Debo terminar reconociendo el valor de las mujeres que se han atrevido a denunciar a pesar de todas las trabas. Justo es reconocer los actos de heroicidad cotidiana que muchas personas realizan en condiciones muy adversas y que se orientan a salvaguardar la dignidad a pesar de todas las consecuencias. Ellas son un ejemplo para muchos y muchas de nosotras.