Dos estudiantes del instituto de Aínsa comienzan esta semana el curso sin transporte escolar. Viven en los núcleos de Sarratiás y en Castejón de Sobrarbe, ambos pertenecientes al municipio altoaragonés de Aínsa-Sobrarbe. Es, denuncian desde el Ayuntamiento, la primera vez en 34 años que esta zona se queda sin un servicio esencial que hasta la fecha financiaba el Gobierno de Aragón.

“Estamos indignados y preocupados”, asegura Judith Kiss, la madre de una de las jóvenes afectadas por el recorte. “Nos enteramos hace tres días, cuando al ver que en la relación de rutas de transporte escolar la nuestra no aparecía. Nadie nos ha llamado ni nos ha dado una alternativa, es lamentable”, continúa. Su hija estudia en el IES Sobrarbe, el único instituto de la comarca. “Nos vinimos aquí porque este servicio estaba garantizado. Mi marido y yo tenemos la posibilidad de teletrabajar, pero ahora nos toca reorganizar nuestros horarios y confiar en que el coche no nos falle. Eso sin contar con el gasto extra que supondrán los 20 kilómetros diarios de gasolina”.

La alumna de 4º de la ESO recorre habitualmente casi dos kilómetros en bici por la pista forestal hasta la carretera asfaltada donde la recoge un taxi, pero como explica su madre, “no es factible hacer casi una hora desde Sarratiás a través del monte para llegar a clase”. Según Judith Kiss, “nosotros podemos llevar a nuestra hija, pero dependemos de un solo coche en casa que se utiliza para todo y por todos”. En este sentido, recuerda que hay gente que no tiene tanta disponibilidad, por lo que expresa la queja de quienes mantienen el medio rural y cada día encuentran más obstáculos para seguir.

Además, cree este es un recorte más en el proceso de desarticulación de los servicios públicos que, en el caso del instituto, acabó el pasado curso sin cubrir plazas de profesores entre las quejas de la comunidad educativa, que también reclama la mejora de unas instalaciones ya obsoletas. “Es necesario levantar la voz y exigir a lo que tenemos derecho ante el silencio y la falta de respuesta”, opina Kiss.

“No sabemos cómo lo vamos a hacer”

José Andrés Escapa es el padre del otro joven afectado. Ellos viven en Castejón de Sobrarbe, a media hora de Aínsa. Al igual que Judith, se queja de la falta de información, ya que no han recibido ningún comunicado oficial que les pusiera al tanto. “Estamos a pocos días de que nuestro hijo retome las clases y aún no sabemos cómo lo vamos a hacer porque nosotros entramos a trabajar antes. Existe la posibilidad de hacer uso de otra ruta de autobús, pero tenemos que acercarle a Mediano, a 7 kilómetros de distancia. Esta decisión es un gran trastorno para todos”.

El Ayuntamiento ha mostrado su apoyo a las dos familias afectadas y se suma a la denuncia por la supresión de una ruta que supera los treinta años de antigüedad. “Llevamos más de veinte años haciendo importantes esfuerzos por asentar población no solo en Aínsa, sino también en el resto de pequeños núcleos, un total de 26, que pertenecen al municipio. En muchos de ellos viven familias y jóvenes en edad escolar”, explica el alcalde Enrique Pueyo. “Pero de nada sirven los logros que vamos consiguiendo por un lado, si luego por otro las administraciones superiores no responden”.

El alcalde añade que este grave hecho, “que deja a dos familias sin un servicio básico a pesar de tener el mismo derecho que todas las demás”, se suma a las deficiencias con las que tanto el colegio Asunción Pañart como el IES Sobrarbe cerraban el curso anterior. Falta de profesorado, bajas en secretaría y de personal de limpieza sin cubrir, equipos informáticos y laboratorios anticuados, goteras, problemas en el sistema de calefacción o calor extremo en verano, son algunas de las carencias que los equipos directivos llevan tiempo trasladando sin que de momento hayan recibido respuesta favorable por parte del Gobierno de Aragón, la administración competente.

“Estamos hablando de la educación de las personas que sostendrán nuestros pueblos el día de mañana. ¿Este es, de verdad, el apoyo al mundo rural con el que algunos dirigentes se llenan la boca? ¿Este es el cariño al territorio que estamos inculcando?, -concluye el alcalde-. ”Necesitamos soluciones ya, sin excusas y sin demoras“.

El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón atiende estos días numerosas quejas con motivo de la apertura del curso escolar y busca la información relativa a este caso concreto, según han informado fuentes internas.

Críticas políticas

Tanto el PSOE como Chunta Aragonesista han lanzado duras críticas a la supresión de líneas de transporte escolar.

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Jesús Morales, ha criticado el deficiente comienzo de curso en Aragón en Aragón y ha asegurado que “la consejera de Educación es la consejera de los recortes”.

“Hoy, primer día de curso, hay alumnos que todavía no saben qué centro les corresponde, alrededor de 2.000 niños empiezan las clases en barracones y vuelve a haber problemas de transporte escolar que afectan especialmente al medio rural”, ha asegurado.

En concreto, se ha referido a los problemas que hay en transporte escolar en localidades de todo Aragón como La Cuba, Tronchón, Bordón, Castejón de Sobrarbe, Saravillo y distintos municipios de la comarca del Somontano. “En algunos casos, las familias tienen que llevar personalmente a sus hijos al centro; en otros, los alumnos afrontan recorridos que pueden superar las dos horas diarias de autobús”, ha lamentado.

El portavoz adjunto del PSOE ha reprochado a Jorge Azcón que siempre busque excusas en el Gobierno de España para no ejercer sus competencias. Morales ha recordado que Azcón lleva más de tres años gobernando y ahora, para argumentar por qué no ha implantado la gratuidad de 0-3 años que el propio Azcón prometió, responsabiliza al Gobierno de España por la regulación de las ratios cuando “las competencias educativas son del Gobierno de Aragón”.

Por su parte, el grupo parlamentario de CHA registrará una batería de preguntas en las Cortes de Aragón para pedir explicaciones ante la decisión del Gobierno PP-Vox de “dejar sin transporte escolar” al alumnado de Sarratiás y Castejón de Sobrarbe.

Para el portavoz municipal en el municipio de Aínsa-Sobrarbe y consejero comarcal, Agustín Muñoz, “por primera vez en 34 años se suprime esta ruta escolar, una supresión que ni siquiera desde la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón se han dignado a notificar a las familias”.

“Desde el mundo rural resulta indignante que tengamos que soportar a un Gobierno cuya prioridad es concertar con dinero público el bachillerato privado, cuando por otro lado se dedican a recortar recursos educativos en nuestros pueblos, negando derechos básicos como el transporte escolar”, ha denunciado el portavoz de CHA.

“¿De qué libertad de elección de centro nos habla el PP y VOX, cuando en nuestra comarca solo hay un centro de secundaria público en Aínsa, al que el alumnado de otros pueblos tiene que desplazarse diariamente como es el caso de alumnado de Sarratiás y Castejón de Sobrarbe?, ha preguntado Muñoz.

El Ayuntamiento de Teruel ha presentado una nueva edición de Jazz Teruel, un festival ya consolidado en la programación cultural de la ciudad que vuelve a situar la plaza de la Marquesa como escenario de referencia para disfrutar de la música en directo. La cita mantiene su apuesta por un jazz cercano, abierto y accesible para todos los públicos, con una programación que incorpora diferentes estilos y sonoridades.

El concejal de Cultura, Carlos Méndez, ha presentado esta nueva edición y ha destacado la evolución del festival en los últimos años. Según ha explicado, Jazz Teruel busca conservar la esencia del género, pero también sorprender al público con propuestas diferentes y con artistas que permitan acercar esta música a personas que no son habituales del jazz.

Méndez ha señalado que el festival se ha abierto a estilos como el swing, el soul, el blues, el rockabilly o el jazz contemporáneo, una fórmula que permite que cada edición aporte nuevas experiencias. En esta ocasión, la programación incorpora también una propuesta vinculada al universo del circo con El Gran Ra y su espectáculo, El Violín Infinito.

Precisamente, la programación comenzará el jueves 10 de septiembre, a las 22.30 horas, con El Gran Ra, El Violín Infinito, un espectáculo del violinista y compositor Raúl Márquez que combina música, creación y circo. La propuesta incluye composiciones originales inspiradas en personajes y ambientes circenses y cuenta con la participación del pianista David Sancho y el batería Fran Gayo.

Raúl Márquez, además, mantiene un vínculo especial con la provincia de Teruel, ya que desciende de Utrillas. Su trayectoria incluye colaboraciones con artistas y compañías como Sara Baras, Manuel Liñán, Antonio Canales, Joaquín Cortés, Jorge Pardo, El Cigala o Pasión Vega, entre otros.

El viernes 11 de septiembre llegará el turno de Dómisol Sisters, una formación valenciana nacida en 2011 que centra su repertorio en la música estadounidense de las décadas de los años 20, 30 y 40, con especial protagonismo para el swing. Su propuesta destaca por la vitalidad y el carácter visual de sus conciertos y permitirá al público viajar hasta la época dorada de este estilo musical.

Grauitos

El sábado 12 de septiembre, también a las 22.30 horas, Sara Zamora presentará Butterfly, una propuesta de jazz contemporáneo que combina soul, funk y jazz pop. La vocalista y compositora murciana cuenta con una sólida trayectoria y ha actuado en festivales y escenarios de referencia del panorama jazzístico nacional. Además, ofrecerá un repertorio que incluye composiciones propias.

El programa se cerrará el domingo 13 de septiembre con Laura Blossom y The Jazz Experience, un concierto íntimo y elegante con voz y piano que propone un recorrido por algunas de las grandes canciones de la historia del jazz. La actuación contará con Laura Blossom y el pianista zaragozano Noel Redolar y recorrerá diferentes épocas y sonoridades, desde clásicos del Great American Songbook hasta la bossa nova y el bolero.

Esta última actuación se enmarca además en las actividades con motivo del 150 aniversario de Fundación Ibercaja, entidad a la que Carlos Méndez ha agradecido especialmente su colaboración con el festival.

La plaza de la Marquesa volverá a ser uno de los elementos fundamentales de Jazz Teruel. El concejal de Cultura ha destacado que este espacio se ha convertido en parte de la identidad del festival y ha considerado que se trata de un escenario “especial” y “único” para acoger las actuaciones. El Ayuntamiento prevé instalar entre 300 y 400 sillas para facilitar al público el seguimiento de los conciertos.

Méndez también ha elogiado la colaboración del Hotel Plaza La Marquesa, que facilita espacios para los artistas durante el festival y permite que la programación mantenga su vinculación con este entorno del centro histórico. En esta edición no se incorporará el habitual pasacalles de algunas jornadas, ya que las formaciones contratadas son de “escenario”, ha precisado el concejal.

Todos los espectáculos de Jazz Teruel son gratuitos. Con esta nueva edición, Teruel volverá a convertir la Plaza de la Marquesa en un punto de encuentro con la música y la cultura, con una programación que apuesta por la diversidad de estilos y por un festival próximo a todos los públicos.

Los alumnos aragoneses se sitúan ligeramente por encima de la media europea en Lectura y Ciencias, pero por debajo en Matemáticas, según el último Informe Pisa de la OCDE, en el que España ha obtenido su peor resultado de la historia. Destacan el descenso de diez puntos en Lectura desde 2022, de 16 puntos en Matemáticas y de ocho en Ciencias. En los tres casos ya venían de sacar su mínimo histórico en 2022.

En el caso de Aragón –se evalúa a estudiantes de 15 y 16 años–, ha obtenido 461 puntos en Lectura, diez puntos por encima de la media española y dos por encima de la europea. Se coloca como la séptima comunidad con mejores resultados, tras Asturias, Madrid, Castilla y León, Cantabria, Castilla-La Mancha y La Rioja.

En Matemáticas, Aragón se sitúa cinco puntos por encima de la media nacional –462 puntos frente a 457–, pero un punto por debajo de la media de la UE. Lideran el ranking en esta materia Madrid, seguida de Castilla y León, Cantabria, Asturias y Galicia.

Por último, en Ciencias, los estudiantes aragoneses se colocan en octavo lugar en la clasificación nacional –después de Madrid, Castilla y León, Asturias, Cantabria, Galicia, Castilla-La Mancha y La Rioja– con 482 puntos, uno por encima del promedio europeo y cinco por encima del estatal.

En cuanto al rendimiento de resolución computacional de problemas, Aragón se coloca en cuarto lugar con 506 puntos, por encima tanto de la media española como de la UE

En esta edición, la novena en la que se evalúa a los alumnos españoles, han participado en el estudio principal 956 centros educativos y casi 30.000 estudiantes, en una muestra representativa de la población total del alumnado de 15-16 años en todas las comunidades y ciudades autónomas.

A los datos publicados este martes ha reaccionado la consejera autonómica de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, que ha cargado con dureza contra el Gobierno central por el impulso de la LOMLOE. “Los demoledores resultados del Informe PISA 2025 en Aragón confirman el fracaso sin paliativos de una ley ideológica que destruye la excelencia académica”, ha señalado Susín. Se ha referido al que ha sido el “primer examen real” al que se ha sometido la mencionada normativa –la Ley Orgánica de Modificación de la LOE–, en vigor desde 2021, y que acabó de implementarse en el curso 2023/24.

“Esto es lo que sucede cuando las izquierdas, que creen que la educación es un juguete ideológico, se ponen a legislar”, ha aseverado la responsable de Educación, y ha remarcado en varias ocasiones que “el centro del sistema educativo debe de ser el aprendizaje”.

De acuerdo con los datos que se han dado a conocer este 8 de septiembre, la Comunidad Autónoma de Aragón ha experimentado un desplome generalizado e histórico en las competencias de los alumnos de 15 años. “No se evalúa al alumno, sino al sistema que le educa y sabíamos que los resultados iban a ser pésimos; ya apuntaron un empeoramiento en la pasada edición”, ha recordado la consejera.

“El sistema educativo aragonés sufre las catastróficas consecuencias de la reforma impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez, sectaria y aprobada sin consenso, de espaldas a la comunidad educativa”, ha aseverado Susín. “Hablamos de una caída libre provocada por un modelo pedagógico fallido”, un “desplome” que apunta –ha valorado– a “una pérdida de la excelencia” y una “preocupante transferencia de alumnos hacia las franjas de bajo rendimiento”.

La renta agraria aragonesa alcanzó en 2025 los 2.855,36 millones de euros, frente a los 2.574,94 millones de euros registrados en 2024, lo que supone un incremento del 10,89%. Así lo recoge el avance de Macromagnitudes del Sector Agrario Aragonés 2025, presentado este martes por la consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Arancha Simón.

La producción final agraria se situó en 6.786,76 millones de euros, frente a los 6.248,45 millones de euros del ejercicio anterior, lo que supone un incremento del 8,62%. La evolución positiva de esta magnitud se apoya tanto en el buen comportamiento del subsector agrícola, que aumentó un 10,37%, como en el crecimiento de la producción ganadera, que lo hizo un 7,78%.

La consejera ha destacado que estos datos reflejan “la fortaleza, la capacidad productiva y el peso económico del sector agrario aragonés”, aunque ha advertido de que el balance debe leerse también con prudencia, porque “no todos los sectores han evolucionado igual y la rentabilidad sigue siendo uno de los grandes retos del campo”. “Aragón cierra 2025 con más producción, más valor añadido y más renta agraria. Son datos positivos, pero debemos analizarlos con rigor para que esa mejora se traduzca en estabilidad, rentabilidad y futuro para agricultores y ganaderos”, ha señalado Simón.

Por provincias, Huesca continúa liderando la economía agraria aragonesa, con 3.359,1 millones de euros de Producción Final Agraria, lo que representa el 49,5% del total regional. Zaragoza aporta 2.440,5 millones de euros, el 36%, mientras que Teruel alcanza los 987,1 millones de euros, el 14,6%.

En renta agraria, Huesca aporta el 48,13% del total regional, Zaragoza el 30,30% y Teruel el 21,57%.

El informe recoge además que Teruel presenta el mayor crecimiento relativo durante 2025, impulsado por sectores como el olivar, la trufa y la ganadería.

Fuerte peso ganadero

Además, el informe confirma la especialización ganadera de Aragón. En 2025, el subsector ganadero generó alrededor del 68% de la Producción Final Agraria, mientras que el subsector agrícola representó en torno al 29%. Los servicios agrarios y las actividades secundarias completan el resto de la estructura productiva.

El porcino se mantiene como la principal actividad económica agraria de la Comunidad, con más de 2.569 millones de euros y alrededor del 38% de toda la Producción Final Agraria aragonesa.

La Producción Final Ganadera se situó en 4.620,56 millones de euros en 2025, con un incremento del 7,78% respecto al año anterior.

También destaca la evolución del bovino de carne, cuyo valor de producción alcanzó los 1.012 millones de euros, con un incremento del 66,7%.

“Aragón tiene un modelo agrario muy vinculado a la ganadería, con una gran capacidad productiva y un peso muy relevante dentro del conjunto nacional. Esa fortaleza exige seguir trabajando en sanidad animal, bioseguridad, competitividad y equilibrio territorial”, ha afirmado la consejera.

Recuperación de las producciones

La Producción Final Agrícola pasó de 1.799,36 millones de euros en 2024 a 1.985,89 millones de euros en 2025, con un incremento del 10,37%.

Esta evolución se explica principalmente por la recuperación de las producciones, especialmente en cereales, forrajes, olivar, almendra y otros cultivos leñosos.

Los cereales fueron uno de los principales motores del crecimiento agrícola. Su producción alcanzó 3,98 millones de toneladas, un 31,8% más que en 2024, y el valor de la producción aumentó un 23,3%, pese al descenso medio de precios del 6,4%.

El informe recoge también una evolución desigual entre sectores, condicionada por la climatología, los mercados y el comportamiento de los precios, por lo que el Departamento ha considerado necesario seguir trabajando para reforzar la rentabilidad y la estabilidad de las explotaciones agrarias.

Mejor que la media nacional

Los consumos intermedios del sector agrario aragonés ascendieron a 4.032,2 millones de euros, un 6,16% más que en 2024. Este incremento fue inferior al crecimiento de la Producción Final Agraria, lo que contribuyó a la mejora del Valor Añadido Bruto y de la renta agraria regional.

El Valor Añadido Bruto aumentó un 12,41% en Aragón, frente al 9,73% registrado en el conjunto de España, mientras que la renta agraria regional creció un 10,89%, por encima del incremento nacional, situado en el 8,86%.

También la Producción Final Agraria aragonesa registró una evolución más favorable que la media española, con un aumento del 8,62%, frente al 7,51% nacional.

“Aragón vuelve a demostrar que tiene un sector agrario fuerte, profesionalizado y con capacidad para generar riqueza. Nuestro peso agrario es muy superior al que nos correspondería por población y eso obliga a seguir defendiendo la importancia estratégica de agricultores, ganaderos, cooperativas e industrias agroalimentarias”, ha defendido Arancha Simón.

Fenómenos adversos

El avance incorpora también un análisis climatológico del año agrario 2024-2025, marcado por una elevada irregularidad, episodios tormentosos, pedrisco, lluvias torrenciales y fenómenos asociados a danas, con daños heterogéneos y dispersos por el territorio.

La consejera ha vinculado este contexto con la necesidad de reforzar herramientas de estabilidad para el sector, como el seguro agrario, la modernización de explotaciones, la eficiencia en el uso del agua, la sanidad animal y vegetal y el apoyo a la competitividad.

“Los datos económicos son positivos, pero el sector agrario trabaja cada día en un contexto muy exigente, condicionado por los precios, los costes, la climatología y los riesgos sanitarios”, ha reconocido la consejera, quien ha apuntado que su prioridad es “estar cerca del territorio y seguir impulsando políticas que ayuden a dar estabilidad, rentabilidad y futuro al campo aragonés”.

Agentes de la Policía Nacional han localizado en cuestión de horas a una mujer de 75 años, residente desde hacía décadas en Zaragoza, cuya familia llevaba desde el año 2022 sin tener noticias de ella, ha informado la Jefatura Superior de Aragón en una nota de prensa.

La mujer residía en Zaragoza desde la década de los ochenta y, con el paso de los años, el contacto con sus familiares fue haciéndose cada vez más esporádico hasta que, en 2022, dejaron de tener noticias suyas.

Su familia, formada por 16 sobrinos repartidos por diferentes lugares del mundo, trató de averiguar dónde se encontraba, si continuaba residiendo en Zaragoza o, sencillamente, si estaba bien o había fallecido. Sin embargo, todas las gestiones realizadas resultaron infructuosas.

La familia conservaba antiguas fotografías, postales y correspondencia, por lo que uno de sus sobrinos, después de no conseguir averiguar su paradero desde la distancia, decidió viajar el pasado mes de julio desde San Francisco (Estados Unidos) hasta Zaragoza para continuar personalmente la búsqueda.

Ya en la capital aragonesa acudió durante varios días a diferentes organismos e instituciones tratando de obtener alguna información que le permitiera seguir el rastro de su tía. Sus gestiones volvieron a resultar infructuosas hasta que finalmente le recomendaron interponer una denuncia ante la Policía Nacional.

Durante la noche del 23 de junio, acudió a la Comisaría de Delicias e interpuso una denuncia por desaparición, aportando la poca información de la que disponía.

A primera hora de la mañana siguiente, la denuncia fue trasladada al Grupo de Desaparecidos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, especializado en este tipo de investigaciones. Sus agentes comenzaron inmediatamente las pesquisas para reconstruir el rastro de la mujer y averiguar cuál podía ser su paradero.

En cuestión de horas, las gestiones dieron resultado. Las agentes consiguieron localizar a la mujer en una residencia de mayores de Zaragoza, donde se encontraba atendida, poniendo así fin a casi cuatro años de incertidumbre para una familia que había tratado de encontrarla desde diferentes puntos del mundo.

La rapidez de la actuación policial sorprendió especialmente a su sobrino. Después de años sin noticias, numerosas gestiones y un viaje de miles de kilómetros hasta España, una denuncia presentada por la noche permitió que, a la mañana siguiente, su familia supiera finalmente dónde se encontraba.

La consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Eva Valle, ha vuelto a atacar al Ejecutivo de Pedro Sánchez a cuenta de su política energética, que pone en riesgo “importantes inversiones” autonómicas por el “cuello generado” debido a su mala “planificación”. Valle ha recordado que Aragón genera más de 22.00 gigavatios hora, lo que representa el 8,2% de la capacidad de generación eléctrica de España, muy por encima del peso en el PIB y la población, que está en el 3%.

La Comunidad “genera mucha más electricidad de la que consume, aproximadamente el doble”, con lo que es capaz de “vender” energía a otras comunidades o al sistema nacional en más de un 50%, y la gran mayoría, más de un 83%, procede de fuentes renovables. Por tanto, Aragón “no tiene un problema de energía”, sino de falta de acceso a la red, que ha achacado a “la falta de planificación, de ejecución y de gestión adecuada de la red de transporte por parte del Gobierno de España”.

Ello ha creado un problema “colosal” de acceso al sistema eléctrico para cualquier tipo de actividad industrial y económica, pero también para la vivienda, ha asegurado Eva Valle.

En palabras de la consejera, la planificación actualmente en vigor lleva un retraso “sin precedentes” en su ejecución: “Llevamos meses, por no decir más de un año, esperando que se publique la nueva planificación para el periodo 2026-2030”.

Valle ha hablado también de nudos de conexión, sobre lo que también llevan “años” esperando a que se resuelvan los concursos de acceso a la red solicitados por diferentes tipos de actividades económicas en la Comunidad.

“Esto obviamente afecta a las actividades que han solicitado esos accesos, pero con carácter general afecta a la inversión, a la creación de riqueza, de empleo y daña la imagen no solo de Aragón, sino también del conjunto del país”, ha alertado.

Ello hace que una de las principales ventajas competitivas que tiene Aragón, que es la capacidad de generación de energía, acabe convirtiéndose en un “cuello de botella” al no poder acceder a ella, lo que puede terminar “impidiendo la llegada de importantes inversiones”, grandes y pequeñas, y afectar a la capacidad de crecimiento y de generación de empleo, además de a la capacidad de posicionamiento frente a otros competidores.

Decreto de centros de datosEn relación con ell decreto que regula la implantación de los centros de datos, la consejera ha avanzado que la intención es presentar el documento de alegaciones el mismo jueves, último día del plazo.

El punto de partida de este documento comparte la necesidad de asegurar la sostenibilidad energética y medioambiental, así como de asegurar la protección adecuada de los datos con los que se trabaje en estas instalaciones, pero apostando por hacerlo “de manera equilibrada y proporcional”, de manera que sea compatible con el desarrollo de una infraestructura “estratégica para la economía del futuro” y para la capacidad de competir de la región y de las empresas aragonesas.

“Esto no es lo que hace el proyecto de Real Decreto que ha presentado el Gobierno, que de aprobarse como está constituye un verdadero riesgo para la implantación de centros de datos en todo el país, en particular en Aragón, que tiene un porcentaje más elevado de compromisos ya realizados y de tramitaciones ya en marcha de centros de datos”, ha recalcado.

Requisitos “casi imposibles”

Ha achacado este peligro a que el proyecto de real decreto incorpora unos requisitos que son “casi de imposible cumplimiento” tanto para los centros de datos en tramitación como para los nuevos proyectos, algo en lo que coinciden también en las asociaciones del sector, que hablan incluso de “la práctica imposibilidad de cumplir no sólo individualmente cada uno de los requisitos, sino también todos ellos en su conjunto”. Ello, ha reiterado, hace especial “daño” a Aragón, por el interés generado por el territorio para la instalación de estos centros.

A ello ha sumado que la propuesta del real decreto se ha hecho “sin ningún tipo de diálogo previo” ni con los centros de datos ni con las administraciones donde se prevén estas inversiones, y que “cambia radicalmente las reglas del juego”, lo que deja dos efectos inmediatos: “una enorme inseguridad jurídica” que puede afectar a los proyectos en tramitación y generar arbitrajes internacionales y hasta asunciones patrimoniales por parte del Estado, y también a la imagen y al deseo de los inversores de instalarse en Aragón; y coloca al país y a la Comunidad “en clara desventaja” con otros que tienen una regulaciones “mucho más acordes” con el desarrollo de esta actividad y que están “deseando que un competidor fuerte, como es Aragón y como es España, decida salirse del tablero de juego”.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha confirmado la condena a tres años, seis meses y un día de prisión y una multa de nueve meses y un día —a razón de seis euros diarios, un total de 1.626 euros— impuesta a un hombre por un delito continuado de estafa cometido mediante el alquiler falso de un piso en Zaragoza.

Según los hechos probados, el condenado abrió el 27 de enero de 2025 una cuenta en la entidad N26 Bank AG y, a finales de ese mes, publicó en internet, bajo una identidad supuesta, el anuncio de arrendamiento de una vivienda de la que no era propietario ni tenía capacidad alguna para alquilar, con el que consiguió que seis personas interesadas le transfirieran un total de 3.600 euros en concepto de fianza o reserva.

La sentencia, dictada en primera instancia por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza el 20 de abril de 2026, ya había fijado esas penas y obligado al condenado a indemnizar a los perjudicados, con cantidades de entre 300 y 1.200 euros más los intereses legales. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ratifica ahora íntegramente ese fallo, tras desestimar el 17 de julio de 2026 el recurso de apelación presentado por la defensa, que había cuestionado la validez de las capturas de WhatsApp y los justificantes de Bizum aportados como prueba, la falta de traducción de un documento bancario redactado en inglés, la existencia de indicios suficientes para acreditar su participación y su concierto con la persona que gestionó el anuncio, y la aplicación de la agravante de vivienda habitual y de la continuidad delictiva.

El tribunal rechaza todos esos argumentos. Sobre la prueba digital, recuerda que la posibilidad abstracta de manipulación de una captura de pantalla no obliga a practicar pericial informática en todo caso, y que los siete testigos que declararon en el juicio ratificaron el contenido de esas comunicaciones sin que la defensa cuestionara su autenticidad en el interrogatorio.

Sobre la falta de traducción, señala que el recurso no alega no haber comprendido el documento, y que buena parte de su contenido son fotografías y datos personales que no requieren traducción. Sobre la presunción de inocencia, considera correcta la inferencia de que existió concierto con la persona que publicó el anuncio, puesto que la cuenta bancaria se abrió solo tres días antes de empezar a recibir los ingresos, el teléfono del acusado era el único autorizado en sus claves y aparecía tanto en los correos y mensajes remitidos a los perjudicados como en los justificantes de las transferencias.

Y sobre la continuidad delictiva, subraya que su aplicación jugó a favor del condenado, ya que penar los hechos por separado habría resultado en una pena superior a la finalmente impuesta.

La sentencia no es firme: cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que debe prepararse con abogado y procurador en el plazo de cinco días desde su notificación.

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha justificado la decisión de dejar de participar en el Programa de Enseñanza de la Lengua Árabe y Cultura Marroquí en este próximo curso escolarpor una cuestión de “seguridad en las aulas”, ante la imposibilidad de verificar la condición de funcionarios de sus docentes o sus posibles antecedentes penales, además de por tratarse de un compromiso del PP con Vox para la investidura de Jorge Azcón como presidente de la Comunidad.

En una rueda de prensa para explicar las novedades del inicio del curso 2026-2027, Susín ha recordado que los profesores que impartían este programa son del Gobierno de Marruecos y, según el convenio con España, el Ministerio de Educación tienen que presentar a las Comunidades Autónomas todos los documentos que acrediten tanto que esos docentes son funcionarios de Educación del Ministerio de Educación de Marruecos, como que no tienen antecedentes por delitos sexuales, una cuestiones reclamadas al Ejecutivo central el pasado 3 de agosto sin que hayan recibido respuesta hasta el día de hoy.

“La administración educativa no puede permitir tener personal docente de otro gobierno en nuestras instalaciones sin cumplir todos los requisitos que exigimos a nuestros profesores”, ha recalcado la consejera, quien ha añadido que, “con más motivo”, es algo que hay que requerir a los maestros que vienen de otro país.

Este programa, de carácter estatal, se rige bajo el Convenio de Cooperación Cultural entre España y Marruecos, suscrito el 14 de octubre de 1980. Implica a las Comunidades Autónomas a raíz de la transferencia de competencias, si bien la interlocución con el Gobierno del Reino de Marruecos y la supervisión del cumplimiento corresponden al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, han informado desde el Departamento.

Asimismo, la consejera ha indicado que solicitaron también acceso a las programaciones, contenidos y competencias para poder comprobar, de forma fehaciente, su “respeto a los valores democráticos, la tolerancia, la educación intercultural y la inclusión sociocultural del alumnado en el sistema y la sociedad aragonesa y española”.

Dado que no se ha recibido respuesta ante ninguno de estos requerimientos, Aragón se ha retirado del programa al entender que “se carece de las garantías mínimas para su correcto funcionamiento”, ha concluido Susín.

El desarrollo de este programa en Aragón se ha circunscrito a 10 centros en la provincia de Zaragoza, bajo la modalidad A --clases impartidas fuera del horario lectivo general--, con un acumulado de casi 500 alumnos en los últimos tres cursos.

Amazon da comienzo hoy a la actividad de ZAZ8, su primer Distribution Center (DC) en España, ubicado en el polígono industrial Centrovía, en La Muela (Zaragoza). Con una inversión de más de 100 millones de euros y una superficie de más de 30.000 metros cuadrados, el centro arranca su primera semana con más de 100 personas empleadas y tiene como objetivo alcanzar los 600 trabajadores en un plazo de tres años. ZAZ8 se une al resto de centros de Amazon en la comunidad, donde la compañía ya opera un Inbound Cross Dock (IXD), un centro Amazon Fresh, una estación logística y, desde 2022, tres zonas de disponibilidad de Amazon Web Services (AWS).

La instalación de La Muela cuenta con un logotipo propio inspirado en la silueta de la Basílica del Pilar y el Puente de Piedra sobre el Ebro. “Hoy es un día muy especial para todo el equipo. El inicio de las operaciones de ZAZ8 es fruto de un trabajo intenso y refleja la confianza de Amazon en Aragón como hub logístico estratégico. Este centro nos permite estar más cerca de nuestros clientes, mejorar la velocidad de las entregas y generar empleo de calidad en la región. Estamos orgullosos de contribuir al desarrollo económico y social de la comunidad”, ha señalado Jaime González del Palacio, director del centro logístico ZAZ8.

“Que una de las diez empresas más grandes del mundo se instale en tu pueblo es muy importante y una gran alegría, más si cabe creando 600 puestos de trabajo en los próximos 3 años, cuando no llegamos ni a 250 personas desempleadas. Va a ser un antes y un después para La Muela. Hoy es un día muy importante porque finalmente estamos haciendo realidad este proyecto”, señala Adrián Tello, alcalde de La Muela.

El nuevo centro de distribución ZAZ8 actúa como hub logístico especializado en productos esenciales de alta demanda y uso diario, como toallitas y pañales de bebé, leche en polvo, complementos alimenticios, carretes de fotos instantáneas, cremas y serums faciales, cápsulas de café o snacks y comida para gatos, entre otros. Su función es optimizar la cadena de suministro mediante el almacenamiento estratégico de los productos que más se piden, garantizando un flujo constante de inventario hacia el resto de los centros logísticos que la compañía tiene repartidos por toda España. Con este centro se crea una capa intermedia de almacenamiento regional que permite posicionar el inventario más cerca del destino final, mejorando la velocidad de entrega.

En 2025, Amazon registró el año con las entregas más rápidas de su historia en España. La compañía entregó más de 190 millones de artículos el mismo día o al día siguiente en España, cifra que se eleva hasta los 13.000 millones de artículos en todo el mundo. Los clientes Prime en España ahorraron una media de 120 euros en entregas rápidas y gratuitas en 2025, más del doble del precio de la suscripción anual. Millones de clientes Prime utilizaron el servicio 'Entrega hoy', disponible en 16 ciudades españolas, que permite recibir pedidos el mismo día en casa, en puntos de recogida o en Amazon Lockers.Con una capacidad de almacenamiento de hasta 8,9 millones de productos y más de 30.000 metros cuadrados, ZAZ8 incorpora tecnología de última generación que lo convierte en uno de los centros más avanzados de su tipo.

Sistema de prevención de colisiones

Entre sus principales tecnologías destaca PID ('parcel identifier'), un sistema de imagen de alta resolución que captura imágenes de los seis lados de cada caja, lee los códigos de barras, mide las dimensiones y el peso, y permite recibir la mercancía de forma automática sin necesidad de abrir el paquete. También el UIS (Universal Item Sorter), clasificador automatizado que utiliza lanzaderas inalámbricas (iBOT) para transportar cada artículo hasta su destino final. Mientras, todas las máquinas del centro están equipadas con sistemas LiDAR de detección y prevención de colisiones, lo que garantiza la seguridad de las personas empleadas en todo momento.

El uso de tecnología avanzada en Amazon contribuye a eliminar la necesidad de transportar cargas pesadas y reduciendo las tareas repetitivas. Esto permite que las personas empleadas se centren en tareas de mayor valor añadido.La ubicación de ZAZ8 en el polígono Centrovía, a las afueras de Zaragoza, es estratégica para dar servicio a toda España por la cercanía que tiene con diversas ciudades y las principales rutas de transporte, reforzando la posición de Aragón como hub logístico central.

El tren turístico 'El Carrizal', que desde 1996 trasladaba a zaragozanos y visitantes desde el Actur hasta el Centro de Visitantes del Galacho de Juslibol, quedó el sábado completamente calcinado tras un incendio por la tarde que, según la Plataforma Amigos del Galacho de Juslibol, no fue un episodio fortuito sino el desenlace de una situación que llevaban tiempo advirtiendo.

El aviso se recibió a las 17.53 horas en el camino de Juslibol, en el término del barrio rural de Alfocea. Hasta el lugar se desplazaron una unidad de mando y comunicaciones, una bomba urbana ligera y una bomba nodriza pesada de los Bomberos de Zaragoza, que necesitaron más de hora y media para sofocar un fuego que se inició en la cabina tractora y que se extendió rápidamente a los vagones. El convoy no llevaba pasajeros y no hubo que lamentar heridos, pero la locomotora y los dos vagones quedaron reducidos prácticamente a sus estructuras metálicas, entre una columna de humo negro visible desde varios puntos de la ciudad. Las causas del incendio siguen sin determinarse.

Una sustitución que se fue posponiendo

El siniestro llega siete meses después de que la consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, anunciara en comisión institucional, el 20 de febrero, una partida de 35.000 euros para sustituir el vehículo, ya entonces obsoleto, asegurando que el proceso estaba “casi” listo para ejecutarse. Los meses siguientes no acompañaron esa previsión: el tren encadenó reiteradas averías durante la primavera hasta quedar inservible antes incluso de que se produjera el fuego.

La plataforma llevaba meses trasladando esta situación en prensa y radio, y el pasado 5 de mayo presentó formalmente ante el Ayuntamiento el informe 'El Galacho, la Savia de Zaragoza', respaldado por más de 1.500 firmas y por entidades como la Universidad de Zaragoza, Ansar, Fapar, SEO/BirdLife o las juntas vecinales de Juslibol, Monzalbarba y Alfocea. El documento reclamaba la convocatoria de la Comisión de Protección y Gestión del Galacho —un órgano que la normativa prevé reunir una o dos veces al año y que no se convoca desde 2013— y señalaba recortes cercanos al 28% en educación ambiental, además de una reducción del 15% en la partida municipal de medio ambiente aprobada a principios de año. Según la plataforma, esas peticiones no obtuvieron respuesta por parte del Consistorio.

El servicio ya había atravesado antes momentos delicados: en 2004 el tren estuvo a punto de volcar con 45 niños y madres a bordo al no trazar correctamente una rotonda de acceso a Juslibol, un accidente en el que un menor salió despedido del convoy y resultó herido de gravedad y otras tres personas sufrieron lesiones.

Escolares sin aula al aire libre

La pérdida total de 'El Carrizal' deja sin acceso al espacio natural a las personas con movilidad reducida y a las familias que dependían exclusivamente de este transporte, y pone en riesgo las visitas escolares previstas para finales de septiembre, la principal actividad de educación ambiental del parque. La plataforma ha tenido además que exigir el precintado de la zona, ya que los restos calcinados —con aceites, combustibles, plásticos quemados y fluidos técnicos— permanecieron abandonados a la intemperie en un espacio incluido en la Red Natura y reconocido por la Unesco, con riesgo de filtración al suelo.

La organización reclama ahora a la Consejería un plan de descontaminación público y detallado, medidas urgentes que garanticen las visitas escolares de este mes y un plazo concreto para reponer el transporte, al tiempo que agradece la intervención de los servicios de emergencia y traslada su apoyo a la conductora del tren.

La portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, ya había señalado en el debate sobre el estado del galacho cierta falta de coherencia entre el discurso municipal sobre sostenibilidad y las decisiones presupuestarias, y había advertido del riesgo de que el espacio derive hacia un modelo recreativo masificado incompatible con su conservación. El incendio de este sábado da, para la plataforma, la razón a esa advertencia.

El Gobierno de Aragón ha suprimido el programa de lengua árabe y cultura marroquí a partir de este curso 2026/27 en la decena de centros educativos aragoneses en los que se venía impartiendo. La medida, incluida el acuerdo de gobierno firmado por PP y Vox tras las pasadas elecciones del 8F, supone otra cesión de los populares a la extrema derecha en la comunidad.

Así lo ha confirmado este domingo el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, que atribuido la decisión a la misma presencia de su formación en el Ejecutivo aragonés: “Comprobamos que Vox cumple sus promesas electorales”, ha remarcado.

El programa, coordinado por personal de la Embajada de Marruecos en España y por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, gestionado a su vez por las comunidades autónomas, se impartía hasta ahora en los centros CEIP Aljafería, CEIP Antonio Beltrán Martínez, CEIP José Camón Aznar, CEIP Luis Vives, CEIP Marcos Frechín, CEIP Puerta de Sancho, CEIP Ramón Sainz de Varanda, CEIP Tío Jorge, Colegio Cantín y Gamboa y Colegio El Carmen y San José.

Está dirigido a alumnado marroquí escolarizado en centros de Educación Primaria y Secundaria, así como al alumnado no marroquí que lo desee. Se desarrollaba fuera del horario lectivo.

El vicepresidente del Gobierno aragonés y líder de Vox en la región ha aprovechado la ocasión para lanzar consignas contrarias a la presencia e influencia del Islam: “No a la islamización de Europa. Y no a la islamización de España”, ha enfatizado.

En esa línea, ha recordado que su formación ya pidió la supresión de este programa el 14 de noviembre de 2025 en las Cortes de Aragón, durante la anterior legislatura.

Del mismo modo, el grupo municipal en el Ayuntamiento de Zaragoza defendió una moción el 26 de junio de 2025 para “solicitar la suspensión inmediata del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM) en todos los centros educativos de España y en especial en Zaragoza y otros extremos”, que no logró el apoyo del resto de grupos municipales.

El comité de huelga de los bomberos forestales de Aragón lamenta que el documento que el Gobierno de Aragón se comprometió a presentar ante el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) para avanzar en la negociación se limite a un mero “índice” de asuntos a tratar y no contenga compromisos concretos de mejora de las condiciones labores de un colectivo que se mantiene en huelga indefinida desde el pasado 18 de agosto.

Los representantes de los trabajadores recuerdan que el pasado jueves 27 de agosto se celebró una reunión de varias horas en el SAMA con representantes de la Dirección General de Presupuestos, la Secretaría General Técnica de Medio Ambiente y Turismo, y los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón.

En ese encuentro el comité de huelga expuso las deficiencias estructurales y laborales del operativo de prevención y extinción de incendios forestales y, según remarcan los representantes sindicales, la parte del Gobierno autonómico se comprometió a elaborar un documento con medidas y costes para poder analizarlo antes de la próxima reunión prevista para este próximo lunes 7 de septiembre en el SAMA.

Un planteamiento que no cumple lo presentado por el Ejecutivo, puesto que se circunscribe a “un índice, un listado de epígrafes sobre los que hablar en futuras reuniones, pero sin desarrollar propuestas concretas. Eso no era lo acordado”, señalan desde el comité de huelga.

Así, desde la parte sindical defienden que “un índice no permite negociar de forma eficaz ni resuelve ninguna de las carencias denunciadas”. Entre ellas, recuerdan, la falta de personal de más de 200 efectivos para evitar jornadas que superan las 20 horas y descansos incompletos, la mejora de medios materiales y del avituallamiento, y bases y centros de trabajo en condiciones dignas.

Reclaman “seriedad”

La decepción en el colectivo, advierten, “es profunda, ya que se esperaba poder avanzar de forma significativa en la reunión del lunes”. “Los bomberos y bomberas forestales necesitamos soluciones a las reivindicaciones ahora, no dentro de seis ni de diez meses”, reclaman, por lo que exigen “seriedad” porque aseguran que no están dispuestos a que las reuniones “no sirvan para nada y salvo para dejar pasar el tiempo sin llegar a acuerdos concretos”.

Además, critican que a las condiciones laborales “ya precarias” ahora se añade “la negativa de pagarles todas las horas extras realizadas en los incendios de este verano”. Una decisión no comunicada de manera previa a la plantilla ni negociada con la representación sindical.

Un exceso de horas extras que, señalan, “refleja la falta de personal en el operativo de emergencias. ”Llama especialmente la atención que lo que ahora pretenden no abonar económicamente son trabajos que hemos realizado dirigidos a reforzar los servicios de emergencia en el medio rural aragonés“, apuntan.

Por todo ello, el Comité reafirma la huelga indefinida y valora nuevas acciones en los próximos días: “La confianza en mejorar el operativo de incendios pende de un hilo fino que no debería romperse. El objetivo debería ser el mismo para todas las partes: un operativo ”a la altura“ de una importante Comunidad autónoma como es Aragón y unos Bomberos y Bomberas Forestales que tengan unas condiciones laborales dignas”, reivindican.

Mientras tanto, recuerdan, el operativo sigue cubriendo el 100% de los servicios mínimos, “al pie del cañón” como ha estado siempre. “Queremos interlocución real, un documento desarrollado con medidas y costes tal y como se acordó por ambas partes y un calendario de cumplimiento. Un índice no es una propuesta. Sin eso, no hay negociación”, recalcan.

El comité de huelga tiene previsto concentrarse este lunes 7 de septiembre –9.30 horas– a las puertas del SAMA antes de la reunión de mediación con el Gobierno de Aragón y Sarga.

La Mojiganga de Graus, una de las tradiciones más antiguas, populares y singulares de las fiestas patronales de la localidad oscense, corre el riesgo de no celebrarse este año después de que el Ayuntamiento, gobernado por el PP, haya programado un tardeo con conocidos pinchadiscos prácticamente en el mismo horario. La comisión encargada de mantener viva esta representación satírica, protegida y reconocida cultural y turísticamete, se plantea ahora suspender la edición del próximo 13 de septiembre.

El programa municipal fija para ese domingo una Fiesta Tardeo Remember, con los DJ Isma Nordic y DJ Skudero, a partir de las 20.00 horas en el aparcamiento de Espacio Pirineos. Apenas hora y media después, a las 21.30, está previsto que salga desde la Glorieta de Joaquín Costa la cabalgata de la Mojiganga camino de la Plaza Mayor, donde tendrá lugar posteriormente la representación.

La coincidencia ha provocado la indignación de la Comisión de la Mojiganga, integrada por alrededor de sesenta personas que trabajan de manera altruista durante semanas para preparar el espectáculo. “El Ayuntamiento se contraprograma a sí mismo”, denuncia el colectivo, que asegura haber recibido la novedad “primero con asombro y luego con indignación”.

La comisión subraya que no se está haciendo coincidir el tardeo con un acto cualquiera, sino con una de las principales manifestaciones del patrimonio festivo de Graus. Las fiestas patronales del Santo Cristo y San Vicente Ferrer fueron declaradas Fiesta de Interés Turístico Nacional mediante una resolución de la Secretaría General de Turismo de 16 de mayo de 1989, publicada en el BOE el 7 de junio de aquel año.

A esa distinción se sumó en 2014 la protección patrimonial otorgada por el Gobierno de Aragón. Una orden de 29 de agosto de ese año, publicada en el BOA el 23 de septiembre, declaró las Fiestas patronales del Santo Cristo y San Vicente Ferrer y la Mojiganga de Graus como Bien Catalogado Inmaterial del Patrimonio Cultural Aragonés.

La propia declaración oficial destaca la singularidad de unas fiestas que forman parte de la tradición y del patrimonio cultural inmaterial aragonés y concede especial relevancia a la Mojiganga, una representación satírica de la vida social de la población cuyos orígenes se remontan al siglo XVII.

“Un menosprecio absoluto”

La Comisión de la Mojiganga considera que la decisión del Ayuntamiento supone “un menosprecio absoluto” hacia las personas que hacen posible cada año el espectáculo y cuestiona que se destine dinero público a contratar otra actividad que compite directamente con una tradición protegida.

“A golpe de talonario, con el dinero de todos, contrata otro espectáculo (bastante más caro) basándose en que no a todos les gusta la Mojiganga”, critica el colectivo en su comunicado. A su juicio, la decisión municipal constituye “todo un despropósito” y parece dirigida a “terminar con el espíritu tradicional de estas fiestas”.

La organización de la Mojiganga recae en unas sesenta personas que, sin remuneración, elaboran el guion, adaptan los textos que les hacen llegar los vecinos, construyen los decorados y finalmente representan la obra en la Plaza Mayor.

La decisión, este domingo

La comisión comunicará este domingo, 6 de septiembre, al alcalde su decisión definitiva. La celebración dependerá, según ha explicado, de una eventual rectificación municipal, de la posibilidad de que un juez adopte medidas cautelares y de la respuesta de los propios integrantes del colectivo ante la coincidencia de los dos actos.

“El día 6 de septiembre comunicaremos nuestra decisión al alcalde, para que le dé tiempo a organizar lo que quiera”, advierte la comisión.

Una eventual suspensión supondría romper una continuidad mantenida desde la recuperación de la Mojiganga en 1979. La tradición solo ha desaparecido de las fiestas grausinas durante algunos de los episodios más convulsos de su historia.

La representación sufrió interrupciones durante la invasión francesa y los periodos de hambre del siglo XIX y dejó de celebrarse durante las dictaduras de Primo de Rivera y Franco. Su contenido crítico y transgresor explica en buena medida algunas de esas prohibiciones. Finalmente fue recuperada en plena Transición, en 1979, y desde entonces ha vuelto a celebrarse cada 13 de septiembre.

Anabel Bonsón, miembro de la coordinadora, lamenta que dos mil personas estén esperando el trabajo intensivo de un grupo de personas que se encargan de todo el montaje que incluye vestuario, decorados, luces, sonido, a partir de los textos que se entregan y que, como es tradición, son de corte satírico. “No les gusta porque es crítico con los políticos” pero recuerda que se tocan todos los temas: “hemos tenido reyes gays, emperador egipcio cuando había obras faraónicas, talibanes, se ha tratado con humor el independentismo… tienen contexto nacional e internacional”.

Sin embargo, con respecto a las sátiras, la portavoz socialista que en su día también fue alcaldesa de Graus, Gemma Betorz, recuerda que hace dos décadas “hubo años duros de críticas a los responsables municipales, incluso con referencias personales, pero hace tiempo que se rebajó el tono”.

Cuando miembros de la comisión hablaron con el alcalde, José Antonio Laguens Martín, y el concejal de Cultura, restaron importancia a la coincidencia de actos y tan solo han cambiado posteriormente la ubicación del tardeo con los Dj, previsto inicialmente junto a la residencia de ancianos.

La portavoz socialista critica la decisión “consciente e incorrecta” del equipo de gobierno Popular porque considera que no ha habido intención de rectificar no cumpliendo con su obligación de velar por la protección e impulso de una tradición que cuenta con declaración de interés cultural y turístico.

La decisión no fue planteada en la Comisión de Cultura y ha sido conocida a través del el Llibre o programa de Fiestas escrito en grausino.

Además, Betorz recuerda que no es la primera vez que ocurre, pues ya el año pasado se programó el tardeo coincidiendo, pero en menor tiempo, con la Mojiganga “y sigue pasando con otras actividades de este verano. No somos tantos ni se hacen tantas cosas como para solapar iniciativas”, ha argumentado. Por ello, los socialistas han formulado un ruego en el pleno para que se haga una programación que respete los horarios y todo el público pueda disfrutar de las actividades.

La portavoz socialista lamenta que, aunque se mantengan los dos actos el día 13, se haya sentado un mal precedente “porque esto no es una gran ciudad y se está generando una polémica innecesaria”.

Este periódico ha intentado ponerse en contacto con el alcalde de Graus, José Antonio Laguens, para conocer su versión, pero no ha sido posible.

Un juicio satírico sobre la vida de Graus

La Mojiganga hunde sus raíces documentadas en el siglo XVII, aunque su cortejo conserva elementos profanos de ascendencia medieval, entre ellos el estafermo y la tarasca, figuras móviles que tradicionalmente abrían paso a la comitiva.

Su esencia ha permanecido ligada durante siglos a la sátira. A través del humor, la crítica y la irreverencia, los vecinos realizan cada año un repaso a lo sucedido en Graus durante los doce meses anteriores. La política municipal, las polémicas, los comportamientos de los propios vecinos, los acontecimientos sociales y las anécdotas de la localidad se convierten en materia prima de una representación en la que prácticamente nadie queda a salvo.

La Mojiganga consta de dos grandes partes. Primero tiene lugar el desfile de los Reyes y su cortejo por las calles de Graus hasta la Plaza Mayor, acompañados por los danzantes y las gaitas. Después llega la representación teatral propiamente dicha, concebida como una suerte de juicio popular y burlesco sobre la vida de la localidad.

El espectáculo mantiene además un estrecho vínculo con el patrimonio lingüístico de la zona por la utilización del grausino, variedad ribagorzana del aragonés.

La protección concedida por el Gobierno de Aragón en 2014 reconoce precisamente estos valores históricos, etnológicos y culturales. Las fiestas de Graus combinan desde hace siglos las manifestaciones religiosas vinculadas al Santo Cristo y San Vicente Ferrer con otras de carácter popular y transgresor, entre las que la Mojiganga ocupa un lugar central.

Una tradición satírica varias veces centenaria, recuperada hace 47 años después de décadas de prohibición, que afronta ahora una situación insólita: decidir si sale a escena mientras el propio Ayuntamiento programa, a escasa distancia y en el mismo horario, un tardeo con DJ.

El Gobierno de Aragón ha rechazado este viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica aprobada en la reunión y ha lamentado que una reforma de esta trascendencia haya salido adelante sin el consenso político y territorial necesario y sin atender ninguna de las propuestas planteadas por la Comunidad autónoma.

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha defendido el voto contrario de Aragón y ha destacado que la propia votación evidencia la falta de acuerdo territorial. El modelo solo ha contado con el respaldo de Cataluña y Canarias, mientras que el resto de regiones se ha pronunciado en contra, incluidas Asturias y Castilla-La Mancha, ambas gobernadas por el PSOE.

Bermúdez de Castro ha señalado, además, que buena parte de las comunidades han coincidido en sus objeciones al modelo. Aragón, Asturias, Extremadura, Castilla y León o Castilla-La Mancha comparten problemas de despoblación, envejecimiento y dispersión que, a juicio del Ejecutivo aragonés, no quedan adecuadamente reflejados en el nuevo sistema.

El consejero ha reiterado que Aragón comparte la necesidad de reformar el actual modelo, pero considera que ello exige un gran acuerdo político y territorial. “Ahora no se dan en España las condiciones políticas para hacer una reforma de esta importancia”, ha señalado Bermúdez de Castro, quien ha insistido en que la financiación autonómica debe ser fruto de un acuerdo amplio entre las comunidades y no de acuerdos particulares dirigidos a conseguir los apoyos necesarios.

En este sentido, ha criticado que el nuevo modelo tenga su origen en el acuerdo alcanzado con Cataluña y ha señalado que responde al sistema pactado previamente con Oriol Junqueras. Aragón considera que una reforma que debe aplicarse al conjunto de las comunidades de régimen común no puede llegar prácticamente cerrada después de una negociación bilateral con uno de los territorios. Y Bermúdez de Castro ha lamentado que el Ministerio no haya aceptado ninguna de las propuestas aragonesas.

El Ejecutivo autonómico había reclamado, entre otras cuestiones, un mayor reconocimiento de la despoblación, el envejecimiento, la dispersión, la superficie y la orografía.

La propuesta aprobada mantiene, sin embargo, un peso del 97% para las variables estrictamente poblacionales y deja en el 3% los factores correctores territoriales. Además, reduce del 1,8% al 1,6% el peso de la superficie, pese a que Aragón había defendido que esta variable alcanzase al menos el 2%.

Más recursos para Aragón

Bermúdez de Castro ha rechazado que el incremento de recursos que recibirá Aragón pueda utilizarse como prueba de que el nuevo sistema beneficia a la Comunidad. La reforma incorpora alrededor de 21.000 millones de euros adicionales al conjunto del sistema y Aragón recibiría unos 600 millones más, pero su posición relativa empeora respecto al resto.

“No es una cuestión de pedir más o menos dinero, sino de hacer un reparto justo”, ha señalado el consejero. Aragón reclama que el sistema tenga en cuenta las variables que determinan realmente cuánto cuesta prestar los servicios públicos en cada territorio.

Con los datos de 2023, Aragón pasaría de un índice de financiación por población ajustada a competencias homogéneas de 105,56 a una estimación de 99,3, por lo que dejaría de situarse por encima de la media para quedar por debajo de ella.

El consejero ha advertido de que el nuevo sistema beneficia especialmente a Cataluña y que el reparto de los 21.000 millones de euros adicionales no corrige adecuadamente las dificultades específicas de comunidades como Aragón.

Bermúdez de Castro ha señalado que el resultado puede ser que los ciudadanos dispongan de distintos niveles de servicios públicos en función del territorio en el que residan: “Vivir en Cataluña no puede significar tener mejores servicios públicos que al otro lado de la frontera aragonesa, donde además tenemos más dificultades para prestarlos”, ha afirmado.

El consejero ha insistido en que la baja densidad de población, la existencia de numerosos municipios pequeños y la dispersión territorial obligan a mantener centros educativos, consultorios, transporte, infraestructuras y plantillas aunque haya pocos usuarios, por lo que el coste por habitante es necesariamente mayor.

“En lugares donde la densidad de población es muy pequeña, donde hay dificultades para vivir y muchos municipios muy pequeños, con el paso del tiempo puede llegar a ser prácticamente imposible prestar los servicios si el sistema no tiene en cuenta esa realidad”, ha advertido.

Bermúdez de Castro ha recordado que garantizar la igualdad exige que una persona que vive en Madrid, Alcorcón o Fuenlabrada pueda disponer de los mismos servicios públicos que otra que reside en Fago, Fanlo o Las Peñas de Riglos.

Desequilibrios

Aragón ha cuestionado asimismo la creación de fondos y mecanismos posteriores para compensar situaciones que, a juicio del Ejecutivo autonómico, deberían resolverse dentro del propio sistema de financiación.

Aragón considera que las necesidades de cada territorio deben incorporarse desde el principio a unas reglas comunes, objetivas y transparentes, y rechaza que las deficiencias del modelo se corrijan posteriormente mediante instrumentos adicionales o negociaciones particulares.

Entre esos mecanismos se encuentra el fondo climático, dotado con alrededor de 1.000 millones de euros y que reserva dos tercios de sus recursos a las comunidades del litoral mediterráneo.

Aragón considera injustificado ese reparto y defiende que se tengan en cuenta fundamentalmente la superficie y los riesgos reales a los que está expuesto cada territorio.

El Ejecutivo autonómico ha recordado que Aragón ha sufrido este verano 26 incendios forestales que han quemado más de 40.000 hectáreas, además de estar expuesto a inundaciones, sequías, desertificación y otros fenómenos extremos.

Aragón considera que los problemas de financiación deben solucionarse dentro del propio modelo y no mediante fondos posteriores destinados a determinadas comunidades, porque ese sistema puede generar nuevas diferencias y romper la necesaria solidaridad entre territorios.

Al Congreso

Bermúdez de Castro ha mostrado también su preocupación por el recorrido parlamentario de la reforma y por la posibilidad de que el Gobierno introduzca nuevas concesiones para conseguir en el Congreso de los Diputados los votos de los grupos que necesita para aprobar definitivamente el nuevo sistema.

El consejero ha advertido de que, si los apoyos parlamentarios se consiguen mediante nuevos acuerdos particulares, el resultado puede ser un modelo todavía “más insolidario y más injusto”.

“Lo que más preocupa es que, para intentar sacar esto adelante en el Congreso, haya que ir entregando partes del pastel a unos grupos u otros. Si para conseguir cada voto hay que dar más recursos a un territorio determinado, Aragón acabará todavía más perjudicado”, ha señalado.

El titular de Hacienda ha insistido en que esta no es una discusión abstracta entre gobiernos, sino una cuestión que afecta directamente a los ciudadanos. “Estamos hablando del dinero que recibe cada comunidad autónoma para poder prestar una mejor sanidad, una mejor educación y unos mejores servicios sociales”, ha recordado.

El consejero ha reconocido que el ambiente ha mejorado respecto a etapas anteriores, pero ha lamentado que esa mayor disposición formal de Arcadi España no se haya traducido en cambios en el contenido del modelo.

“El talante del ministro y del Ministerio es mucho mejor, pero aparte del talante hacen falta ganas de acordar. Hay buenas palabras, pero el Gobierno sigue en la misma baldosa y no se ha movido de ella”, ha afirmado.

El vicepresidente de Vox del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha minimizado la crisis interna en su departamento tras la dimisión, hace unos días, de la gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), que llevaba en el cargo poco más de tres meses. Además de asegurar que la decisión ha obedecido a motivos personales, Nolasco ha arremetido contra los sindicatos y partidos de izquierda, a los que acusa de estar interesados en “erosionar al Ejecutivo”.

La dimisión se ha producido tras un periodo convulso en el que Vox ha centrado buena parte de sus políticas públicas en los menores migrantes y los centros de acogida. Entre otras medidas, planteó incrementar la vigilancia policial en el interior de las instalaciones, una iniciativa que frenó el PP. También ha impulsado propuestas como la realización de pruebas para comprobar la edad de los niños y niñas o la retirada de la paga semanal únicamente a los menores extranjeros.

Alejandro Nolasco ha explicado este viernes que “lo que nos dijo Marta Tejero es que se iba por motivos personales. Ella vuelve a ser jefa de servicio de menores y lo que tenemos que hacer es agradecer la labor de lo que ha hecho hasta ahora y desearle muchísima suerte en su jefatura de servicio que ya conoce porque ya viene de ella”.

No obstante, ha reprochado a partidos y sindicatos de izquierda que aprovechen la situación para erosionar al Ejecutivo y tratar de generar una imagen de caos. Sus declaraciones se producen después de que Comisiones Obreras se hiciera eco del malestar de numerosos funcionarios a la hora de ejecutar determinadas órdenes del departamento.

“Me llama mucho la atención que los sindicatos que no se manifiestan cuando sube la luz más que nunca, que no se manifiestan cuando estamos ante una crisis de seguridad como nunca, cuando Ceuta ha sido invadida, cuando los españoles hoy son más pobres que ayer y cada día más, que esos sindicatos solo se manifiestan o hagan declaraciones en base a cosas que ellos mismos se inventan o dicen con el único objetivo de desgastar el gobierno”, ha respondido Nolasco.

El vicepresidente ha considerado además “un chiste” que los sindicatos formulen estas críticas “cuando lo que tienen que hacer es manifestarse contra este gobierno”, en referencia al Gobierno de España.

Lejos de admitir que exista descontento entre los funcionarios, el vicepresidente de Vox y consejero de Bienestar Social ha insistido en que todo responde a “una campaña de este sindicato para intentar hacer daño al departamento porque sabe que lo estamos haciendo bien”.

Nolasco se ha pronunciado así por primera vez sobre la salida de la gerente del IASS. Antes que él lo hizo la portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, quien trató de desvincular la dimisión de una posible crisis interna en el departamento.

“No vamos a alimentar ninguna de las demás cuestiones que se planteen alrededor. Yo creo que la Señora Tejero ha dado sus razones, ha actuado, el consejero también ha actuado con la correspondiente responsabilidad y a partir de ahora les anunciaremos cuando corresponda quién será la persona que va a asumir ahora ese cargo”, afirmó Vaquero.

La elección del próximo responsable del IASS corresponderá al consejero Nolasco, según explicó la portavoz del Ejecutivo, quien expresó su confianza en el criterio del vicepresidente para realizar el nombramiento.

Sin embargo, el vicepresidente tampoco ha despejado la duda de quién sucederá a Tejero, psicóloga de formación y que, hasta su nombramiento como directora gerente, era precisamente jefa del Servicio de Menores del propio IASS, un puesto de carácter funcionarial.

El IASS es uno de los principales organismos del sistema aragonés de servicios sociales y tiene entre sus competencias las residencias de mayores, la dependencia, la gestión de la estancia temporal de menores extranjeros, los centros de menores, el acogimiento familiar, las adopciones y la prestación aragonesa complementaria del ingreso mínimo vital (IMV).

La decisión de Marta Tejero fue comunicada mediante una nota de prensa del Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia, en la que se agradecían a la hasta ahora directora gerente del IASS “los servicios prestados” durante estos meses. Según el Ejecutivo, Tejero ha desarrollado “una labor en aras a la mejora constante de los servicios sociales de la comunidad autónoma de Aragón”.

El departamento destacó también que “su gestión fue fundamental para permitir el traslado de las personas mayores que tuvieron que ser desalojadas a consecuencia del incendio forestal en las Cinco Villas a la residencia Mimara en Zaragoza durante el pasado mes de julio”.

La jueza que instruye el incendio de Las Peñas de Riglos, que arrasó 14.500 hectáreas, ha abierto una pieza separada de responsabilidad civil y ha requerido a las distintas administraciones que cuantifiquen los gastos y daños ocasionados por el peor incendio de la historia de Aragón, que obligó a desalojar 19 localidades y desplazó a más de un millar de vecinos.

Según consta en el sumario, al que ha accedido EFE, la instructora ha solicitado al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón una valoración de los gastos derivados de la extinción y de los daños causados al medio ambiente, incluidos los sufridos por la flora, la fauna, la biodiversidad, los ecosistemas, los suelos, las aguas, el paisaje y el patrimonio natural, además de una relación de los propietarios y municipios afectados. El mismo requerimiento ha sido trasladado a la Diputación Provincial de Huesca y a la Administración General del Estado, a las que reclama que cuantifiquen los gastos asumidos en las labores de extinción, mientras que a Protección Civil le ha pedido una relación de las personas evacuadas, realojadas o desplazadas.

Pero la instructora ha ido más allá al situar el origen del fuego en la campa de acopio de materiales de las obras de modernización de la A-132, junto a Santa María de la Peña: ha reclamado a la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras del Gobierno de Aragón una relación de los trabajos adjudicados al contratista, al subcontratista y a la UTE encargada de esas obras; a la empresa subcontratada, la documentación de sus pólizas de responsabilidad civil; y a la Inspección de Trabajo de Huesca, los protocolos de seguridad y prevención de incendios aplicables a los trabajos.

La Guardia Civil no descarta el uso de acelerantes

El requerimiento de la jueza llega mientras el sumario de la causa recoge posiciones divergentes entre los investigadores sobre la naturaleza del origen del fuego. La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil considera que el incendio es “plenamente compatible” con la aplicación directa de una llama sobre combustible natural, sin descartar el uso de acelerantes.

El sumario sitúa al trabajador investigado –identificado en las diligencias como P. A. M. U., un joven colombiano de 28 años– como la única persona documentada por las cámaras de seguridad en el foco primario en los instantes inmediatamente anteriores a la aparición del fuego. Según la secuencia analizada por el Seprona, y que cita 'Heraldo de Aragón', a las 11.50.45 horas del 10 de agosto una cámara activada por movimiento grabó al investigado dirigiéndose al borde del talud y agachándose sobre la vegetación; dejó de grabar a las 11.50.56, sin que entonces se observara humo, y cuando volvió a activarse, a las 11.51.48, ya se apreciaba humo procedente de esa zona.

Los primeros compañeros llegaron en camión sobre las 11.52 y el investigado empezó a usar un extintor unos dos minutos después. La primera llamada al 112 se registró a las 11.56.46 desde otro teléfono, y desde el suyo se llamó a las 12.03.44, aunque según el atestado fue un compañero, el topógrafo, quien la realizó.

La Guardia Civil ha destacado además contradicciones entre las primeras manifestaciones del investigado y lo que muestran las cámaras: negó inicialmente haberse acercado al talud y haber accedido a uno de los contenedores donde se almacenaban combustibles, pese a que ambos hechos quedaron registrados. Explicó que recogía restos de obra para meterlos en sacos, pero la inspección ocular no localizó ni los sacos ni los residuos junto al lugar donde se sitúa el origen del incendio, y en sede judicial tampoco pudo precisar qué hizo entre las 11.50 y las 11.52 horas.

La Fiscalía excluye la imprudencia

Por su parte, la Fiscalía de Huesca sostiene, en un escrito del 21 de agosto incorporado al sumario, que de las diligencias practicadas resulta presuntamente que el investigado se encontraba en el foco primario y fue quien aplicó fuego directamente sobre la vegetación, aunque reconoce que todavía no ha podido determinarse “si existió alguna finalidad específica”. Los investigadores han descartado provisionalmente un origen natural y causas accidentales vinculadas a actividades agrícolas o laborales, así como descargas atmosféricas o incidencias en las infraestructuras eléctricas próximas.

Para el Ministerio Público, esa aplicación directa de fuego sobre combustible vegetal confirma el dolo respecto al inicio del incendio, aunque podría apreciarse dolo eventual respecto a su propagación, por lo que considera “excluida la imprudencia”.

La investigación permanece abierta: el juzgado ha abierto una pieza separada y secreta de investigación tecnológica en la que la Fiscalía ha solicitado autorización para analizar los dos teléfonos móviles intervenidos al investigado, incluidos registros de llamadas, mensajería, navegación, geolocalización, fotografías y vídeos. Un informe del Seprona incorporado al sumario recoge además una fotografía de los primeros instantes del incendio que circuló por grupos de WhatsApp y que, según los investigadores, pudo haber sido tomada por el propio investigado durante los 56 segundos sin grabación de las cámaras.

La defensa sostiene, por su parte, que ninguna imagen recoge el momento de la ignición ni muestra al investigado utilizando un mechero, líquido inflamable u otro objeto relacionado con el origen del fuego, y considera que su presencia junto al foco constituye un indicio que necesita corroboración

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha anunciado que presentará dos recursos contenciosos administrativos contra los procedimientos impulsados por el Gobierno de Natalia Chueca para adjudicar las unidades de producción y formación de Distrito 7, la futura Ciudad del Cine ubicada en la antigua fábrica de ascensores Giesa, en el distrito de Las Fuentes.

Ranera ha justificado esta decisión al considerar que el proyecto está “repleto de irregularidades” y tendrá que ser la justicia quien dirima su existen tales irregularidades. “Este Gobierno tiene que dar ejemplo y cumplir la legalidad. Ya vale de tanto amiguismo, de tantas adjudicaciones a dedo, de una irregularidad tras otra y de tanto oscurantismo”, ha opinado Ranera.

En rueda de prensa, ha recordado que en el proyecto de Distrito 7 se han invertido más de 20 millones de euros públicos, tres de ellos procedentes de fondos europeos, y, además, la alcaldesa, Natalia Chueca, ha ignorado las propuestas de uso realizadas por los vecinos y por la Junta Municipal de Distrito, que preside el PSOE.

“Es una oportunidad perdida para Zaragoza y se ha convertido en una nueva ocurrencia de la alcaldesa”, ha señalado para recordar que ante las “irregularidades” detectadas en el proceso, el PSOE ya presentó dos recursos de reposición, que fueron rechazados, para que el Gobierno municipal del PP pudiera rectificar su forma de actuar.

“Han seguido adelante con sus ocurrencias y chapuza tras chapuza; sin resolver los procedimientos, continúa existiendo una enorme incertidumbre sobre el futuro de este proyecto”, les ha afeado.

Los recursos

Por eso, el PSOE ha tomado la decisión de presentar dos recursos contencioso-administrativos. El primero afecta a la unidad de producción, cuya licitación ha contado con una única empresa participante –la mexicana EFD– que ha entregado la documentación “fuera de plazo y que ahora ha vuelto a incumplir” los tiempos para la formalización de los avales.

“Se presentó la documentación fuera de plazo, se adjudicó a la misma empresa y tardó cuatro meses en depositar el aval. Es el ejemplo de una gestión marcada por las irregularidades”, ha argumentado Ranera.

El segundo recurso atañe a la unidad de formación, donde Ranera ha cuestionado que se adjudicara de manera directa a la Fundación San Valero “sin cumplir” con lo que establece la Ley de Contratos del Sector Público.

Para Ranera, lo ocurrido en Giesa responde al 'modus operandi' del Gobierno de Chueca que “cada vez tiene más adjudicaciones directas y más oscurantismo”, ha sintetizado.

Por ello, el grupo municipal socialista “se ve obligado” a acudir a los tribunales para devolver la “seriedad” a una administración local que “tiene que responder, trabajar para todos y garantizar la concurrencia”, ha apremiado.

Interés general

La portavoz del PSOE ha recordado que el Ayuntamiento “debe ser especialmente riguroso” en el cumplimiento de los plazos y de las normas, del mismo modo que exige a cualquier ciudadano que pague sus tasas, atienda una multa o presente una documentación dentro del plazo establecido, ha comparado.

“Lo que no puede ocurrir es que a los ciudadanos se les exija cumplir escrupulosamente los plazos y que determinadas empresas reciban un trato diferente. El Ayuntamiento debe cumplir la normativa y dar ejemplo”, ha subrayado.

Ranera ha insistido en que el objetivo del PSOE es defender el interés general y garantizar que los recursos públicos se gestionen con transparencia. “Tenemos que saber dónde va hasta el último euro de los más de 20 millones de dinero público que se han invertido en este proyecto”, ha concluido.

Sigue “escrupulosamente” el procedimiento, según el PP

El consejero municipal de Presidencia del Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén, ha replicado que “la única irregularidad” que existe “es la que el PSOE pretende inventarse, porque todo lo realizado por el Ayuntamiento se ha hecho conforme a la ley, con los informes técnicos y jurídicos correspondientes y siguiendo escrupulosamente el procedimiento administrativo”. Asimismo, ha explicado que “no se trata de un contrato de servicios públicos, sino ante una concesión demanial sometida al régimen patrimonial y, por tanto, a la legislación de patrimonio”.

Lorén ha recordado que inicialmente se convocó una licitación pública a la que podía concurrir cualquier interesado y que quedó desierta, y precisamente la legislación patrimonial contempla que ante tal situación se pueda realizar posteriormente una adjudicación directa siempre que se mantengan las condiciones exigidas legalmente respecto al procedimiento anterior. “Eso es exactamente lo que se ha hecho”, ha zanjado.

Respecto a la concesión demanial vinculada al proyecto de Formación Profesional, Lorén ha señalado que “el segundo recurso anunciado tampoco tiene recorrido” porque la Fundación San Valero comunicó que, al no haber obtenido el concierto necesario para desarrollar la Formación Profesional prevista, esperaría al siguiente curso para continuar con el proyecto.

“Conviene recordarle también al PSOE que la propia legislación patrimonial contempla expresamente supuestos de adjudicación directa a entidades sin ánimo de lucro declaradas de utilidad pública, siempre que concurran los requisitos legalmente establecidos”, ha agregado.

Los bomberos de Zaragoza han intervenido este viernes en la extinción de un incendio declarado en una décima planta del bloque B4 de la urbanización Parque Roma de la capital aragonesa que ha quedado extinguido horas después. El aviso ha entrado sobre las 9.50 horas con numerosas llamadas de vecinos alertando del incendio, ya que ha producido una gran humareda visible desde la calle. Hasta el lugar, se han desplazado dos tanques, una autoescala, un coche de mando y una ambulancia.

Cuando han llegado los bomberos la propietaria de la vivienda siniestrada había salido por su propio pie, aunque ha tenido que ser atendida en la ambulancia del 080 por inhalación de humo. Al mismo tiempo, los bomberos han rescatado del interior del piso a un perro que se encontraba en parada cardiorespiratoria y al que finalmente han podido reanimar con éxito.

Aunque los bomberos se han retirado tras extinguir las llamas, algunos efectivos han continuado trabajando en labores de ventilación tanto en la vivienda como en la escalera del inmueble, debido a la elevada contaminación de humo.

La vivienda en la que se ha declarado el fuego está situada en una décima planta y ha quedado completamente calcinada. El humo ha afectado a los pisos del mismo rellano, sin que se hayan producido daños ocasionados por el fuego.

El grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado 25 alegaciones a la modificación del Plan de Interés General de Aragón (PIGA) de Microsoft, que afecta a los términos municipales de Zaragoza, La Muela y Villamayor de Gállego, y que incorpora nueva documentación ambiental sobre el proyecto. Además, solicita la paralización de la licencia de los trabajos previos ligados a uno de los dos centros de datos proyectados en la capital aragonesa, en concreto, el de Puerto Venecia, por posible contaminación de los terrenos.

La formación ha alertado también de la forma en la que el Gobierno de Aragón ha tramitado esta modificación publicada el pasado 30 de julio en el BOA, en pleno periodo estival, con el anuncio de información y participación pública, concediendo únicamente 23 días para presentar alegaciones.

Para la portavoz de ZeC, Elena Tomás, esta forma de actuar supone “un nuevo intento de hurtar a la ciudadanía el conocimiento del verdadero alcance de unos proyectos que van a tener consecuencias directas sobre la ciudad y sobre recursos tan esenciales como el agua y la energía”.

A su juicio, el Gobierno de Aragón vuelve a actuar “con agosticidad, poniendo las condiciones más difíciles posibles para que la ciudadanía pueda informarse y participar”, pero ha comentado que esta vez “no les ha salido bien” porque “pese a las fechas, los vecinos se han organizado y han presentado cerca de medio millar de alegaciones”. Pero Tomás considera que esta respuesta ciudadana demuestra que, cuando la población conoce las afecciones reales de los llamados megacentros de datos, “cuestiona la alfombra roja que el PP, el Gobierno de Azcón y el Ayuntamiento de Zaragoza están poniendo a estos proyectos”.

Más de mil árboles afectados

Las 25 alegaciones presentadas por ZeC se centran especialmente en las afecciones ambientales que tendría el centro de datos previsto en Puerto Venecia, en el entorno del distrito de Torrero.

En concreto, ZeC ha alertado de las afecciones sobre la biodiversidad y el arbolado de lo Pinares Venecia -con más de un millar de árboles potencialmente afectado-, del incremento del riesgo de inundaciones en la zona y de los problemas asociados al consumo energético, el agua necesaria para la refrigeración de las instalaciones y los posibles vertidos.

“Estamos hablando de proyectos que no pueden analizarse como si fueran una nave industrial más. Su consumo de agua y energía es enorme y sus impactos no terminan en la parcela donde se construyen”, ha advertido Elena Tomás.

Además, ha puesto el foco en el impacto climático de estas infraestructuras, “especialmente preocupante” en una ciudad como Zaragoza. “Llevamos años advirtiendo de que la ciudad tiene que prepararse para un escenario de temperaturas cada vez más extremas. Este verano hemos vuelto a sufrir temperaturas extraordinariamente altas, con episodios de 40 grados durante el día y noches que apenas dan tregua. Y mientras tanto, el Gobierno de Chueca pretende instalar un megacentro de datos en mitad de un barrio”, ha criticado.

La portavoz de ZeC ha recordado que el propio Plan de Adaptación al Cambio Climático 2030 del Ayuntamiento de Zaragoza identifica el incremento de las temperaturas y las olas de calor como una de las principales amenazas para la vida y la salud de la ciudadanía y establece la necesidad de alinear el desarrollo industrial con los riesgos climáticos.

“Resulta difícil entender cómo puede encajar la instalación de estos centros de datos con esa estrategia de adaptación al cambio climático. Es como encender un radiador en verano”, ha resumido.

Afección térmica

El grupo municipal de ZeC se ha remitido a estudios recientes, entre ellos investigaciones lideradas por científicos de la Universidad de Cambridge, que apuntan a incrementos de la temperatura superficial del suelo alrededor de 10 kilómetros de los centros de datos y el casco urbano de Zaragoza tiene menos de esa distancia y en su alrededor se proyectan más de una decena de megacentros de datos.

“¿Alguien está estudiando qué ocurre cuando se acumulan todos estos impactos? ¿Qué pasa con la temperatura, con el agua, con la energía y con el territorio cuando dejamos de mirar cada proyecto de manera aislada?”, ha preguntado la portavoz de ZeC.

En la ciudad de Zaragoza se prevé instalar dos grandes centros de datos, uno en mitad del barrio de Torrero, en Puerto Venecia, y otro en el barrio rural de la Cartuja Baja cerca al polígono Empresarium, utilizando terrenos rústicos.

El perímetro del casco urbano de la ciudad es de menos de 10 kilómetros, y además en el entorno cercano a la ciudad lo que podrá ser el área metropolitana --Villanueva de Gállego, La Puebla de Alfindén, La Muela, Villamayor-- el Gobierno de Aragón tiene la intención de autorizar la construcción de más de una decena de mega centros de datos. Según apuntan los expertos este aumento de temperaturas no sólo podría extenderse a toda la ciudad si no superponerse agravando aún más el problema, ha avisado.

ZeC ha considerado “especialmente grave” que el debate sobre los centros de datos se aborde proyecto a proyecto, sin analizar el impacto acumulado de todos ellos. Estas instalaciones requieren grandes cantidades de electricidad y agua para mantener refrigerados sus sistemas y el incremento de la demanda puede terminar afectando a otros usos estratégicos.

“En un contexto de cambio climático, sequía y escasez de agua, no podemos permitir que se comprometan recursos que también necesitan nuestros vecinos, la agricultura o el resto de actividades industriales”, ha señalado Tomás.

La formación también cuestiona el argumento de que estos proyectos son una gran oportunidad de empleo. “Nos hablan de grandes inversiones de miles de millones, pero cuando se miran los puestos de trabajo reales son menos de 200 empleos. Mientras tanto, se pone en riesgo recursos que pueden ser fundamentales para el desarrollo de nuestro tejido industrial”, ha comparado.

Contaminación de los terrenos

Por su parte, el concejal de ZeC, Suso Domínguez, ha centrado sus críticas en la tramitación municipal de la licencia de limpieza y desescombro de los terrenos del centro de datos de Puerto Venecia y ha pedido que se paralice hasta aclarar las dudas sobre la contaminación de los terrenos y el destino de los residuos que se pretenden retirar.

“Los que los propios vecinos han advertido reiteradamente de la posible existencia de residuos contaminantes. Tenemos además información sobre la presencia de amianto y sulfatos y estamos hablando de más de 800 toneladas de materiales que tendrían que ser gestionados correctamente”, ha explicado.

El concejal de ZeC y presidente de la Junta de Torrero ha tildado de “especialmente preocupante” las discrepancias entre la documentación presentada ante el Ayuntamiento y la documentación inicial del PIGA sobre las características y el tratamiento de estos materiales.

“No podemos permitir que se conceda una licencia para limpiar unos terrenos sin saber exactamente qué contienen, qué nivel de contaminación presentan y, sobre todo, dónde van a terminar. La ciudadanía tiene derecho a saberlo antes de que entren y salgan camiones de la zona todos los días”, ha afirmado Domínguez.

Así, ha exigido conocer el destino final de las 800 toneladas de residuos después de que se haya planteado trasladarlos al antiguo vertedero de Las Canteras.

Domínguez ha apremiado a que el Ayuntamiento garantice que todas las actuaciones relacionadas con la retirada de tierras y residuos se someten a los controles ambientales correspondientes. “Si el proyecto es tan bueno, que vengan a explicarlo a Torrero”, ha instado.

La Guardia Civil ha detenido a siete personas por un supuesto delito de tráfico de drogas, así como otro de pertenencia a grupo criminal a seis de ellas, tras localizar un cultivo de marihuana en una finca situada en el término municipal de Aguarón (Zaragoza).

La investigación se inició a finales de agosto cuando se tuvo conocimiento, gracias a la colaboración ciudadana, de la posible existencia de una finca que podría estar dedicada al cultivo “outdoor” de cannabis.

Tras las gestiones realizadas por los agentes y la obtención de indicios que evidenciaban la existencia de la citada plantación en una finca rústica de la localidad de Aguarón, durante la mañana del 1 de septiembre, la Guardia Civil desplegó un operativo compuesto por 25 agentes en dicho terreno, donde se localizó una plantación “outdoor” de marihuana que albergaba unas 2000 plantas de distintos tamaños, alteradas genéticamente para acelerar el cultivo.

Además de la plantación, fueron localizados numerosos efectos relacionados con el cultivo, secado y preparación de la sustancia, entre ellos, casi 16 kilos de cogollos de marihuana ya secos y distribuidos en bolsas, 17 secaderos colgantes repletos de cogollos, 6 cajas llenas de esta sustancia con un peso aproximado de 100 kilos preparados para proceder a su venta esa misma mañana, básculas de pesaje, ventiladores, dispositivos de medición de temperatura y humedad, fertilizantes y productos destinados al cultivo y ocultación de la plantación.

Durante la actuación fueron detenidas 6 personas cuando intentaban huir a pie del lugar al percatarse de la presencia policial, de edades comprendidas entre los 51 y 30 años de edad, cinco de nacionalidad albanesa y uno de nacionalidad española, por un supuesto delito contra la salud pública por tráfico de drogas y otro de pertenencia a grupo criminal.

Por estos hechos también fue detenido el propietario de la finca, un varón, de 61 años de edad, de nacionalidad rumana como presunto autor de un supuesto delito contra la salud pública por tráfico de drogas.