El tiempo de trabajo constituye uno de los elementos fundamentales del objeto del contrato de trabajo. Dicho elemento no solo determina, en buena medida, la retribución a recibir por el trabajo realizado, sino que se relaciona con aspectos tan importantes como la salud de la persona trabajadora, su derecho al descanso y a conciliar su trabajo con su vida personal y familiar. La persona trabajadora, cuando firma su contrato de trabajo, se compromete a poner parte de su tiempo a disposición de la empresa, tiempo que le es descontado del resto de sus facetas vitales.

El movimiento obrero, en cuanto se hubo organizado mínimamente, planteó como una de sus primeras reivindicaciones, junto al incremento de sus salarios, una reducción de sus extenuantes jornadas de trabajo. Por ello, las primeras normas de contenido laboral vinieron, precisamente, a reducir dicha jornada, espoleadas por unas reivindicaciones obreras que fijaron como horizonte la consecución de la jornada de ocho horas de trabajo diario. Por recordar lo acaecido en nuestro ordenamiento jurídico, hace dos años se conmemoró el primer centenario de la huelga de La Canadiense que culminó con la aprobación del Real Decreto de 3 de abril de 1919 que generalizaba la jornada de 8 horas ya aplicada en ciertos sectores productivos. Culminaba así una larga lucha, fuertemente feminizada, por conquistar una mayor soberanía sobre nuestras propias vidas.

Desde ese momento, esta referencia temporal se comienza a generalizar como mínimo infranqueable por estar relacionada con aspectos irrenunciables para tener vidas dignas. Además, las reivindicaciones obreras iban dirigidas a que dicha regulación tuviera una consideración imperativa y general, no dejándose al arbitrio de la negociación en las empresas. Ese carácter imperativo se verá reforzado por la aprobación del Convenio nº 1 de la OIT (1919) en el que se consagraba esa misma duración máxima de la jornada diaria.

El paso de estos más cien años convierte la referencia de las ocho horas diarias de trabajo en un patrimonio de las personas trabajadoras que difícilmente podrá revertirse. Sin embargo, no todo son luces en esta descripción de la historia de la regulación del tiempo de trabajo. En primer lugar, hemos de resaltar que, tras más de cien años y con una modificación significativa de las tecnologías aplicadas a los procesos productivos, con el consiguiente incremento exponencial de las plusvalías obtenidas por la empresa, no se ha conseguido reducir dicho añejo límite temporal. Salvo supuestos muy concretos en el derecho comparado que no han fructificado, esas ocho horas de trabajo como regla general de la jornada máxima siguen inamovibles. En cambio, la gestión del tiempo de trabajo ha sido objeto, en las últimas décadas, de una ofensiva flexibilizadora que, sin alterar sus límites cuantitativos, ha supuesto una alteración significativa de los caracteres tradicionales de las jornadas de trabajo y de la capacidad de las y los trabajadores para disponer de su propio tiempo con cierta antelación. Asimismo, el incremento de la flexibilidad en favor del empresariado no se ha traducido en un incremento de una flexibilidad en favor de las y los trabajadores, calificándose ambas, incluso, como incompatibles entre sí. 

Las enormes facultades de gestión empresarial del tiempo de trabajo en la empresa han llevado, a su vez, a un incremento constante de la jornada de trabajo de manera ilegal. La distribución irregular de la jornada ordinaria hace muy difícil controlar los abusos empresariales en este contexto, resultando insuficientes medidas como el registro obligatorio de las horas de trabajo implementado en el último lustro.

Solo por estas razones (necesidad de dedicar menos tiempo al empleo para tener vidas dignas, aumento de la productividad del trabajo, incremento encubierto de las jornadas laborales gracias a las nuevas tecnologías) es necesaria una reducción de la jornada laboral sin merma salarial. Pero hay, al menos, una razón más.

En el estudio Escenarios de trabajo en la transición ecosocial 2020-2030, Ecologistas en Acción identificaba qué políticas hacía falta llevar a cabo en España para afrontar la emergencia climática y qué impacto tendrían en el mundo del trabajo (tanto el asalariado como el no asalariado). Una de las principales conclusiones del estudio es que las únicas políticas que permiten que España realice las reducciones de emisiones necesarias se basan en la triada reprimarización de la economía (más agroecología y menos industria y servicios), localización (más autonomía y diversidad productiva) y decrecimiento (reducción de la actividad económica). La consecuencia de estas políticas sería una pérdida importante de puestos de trabajo. Según el estudio de unos dos millones, si mantenemos la actual distribución del mercado laboral. El estudio es un modelo y, como tal, los datos deben tomarse como algo cualititativo más que cuantitativo. En todo caso, parece bastante intuitivo que avanzar por una vía de decrecimiento de la economía va a llevar aparejada una destrucción de empleos.

Indudablemente, esta pérdida de empleos sería un drama. Nuestro territorio está atravesado de fuertes desigualdades, un paro estructural, los servicios públicos han perdido calidad y universalidad, las redes de apoyo mutuo social están debilitadas, amplias capas sociales están en situaciones de pobreza o cercanas y, por si esto fuese poco, no tenemos independencia económica, es decir, que solo podemos satisfacer nuestras necesidades comprando bienes y servicios en el mercado, para lo que necesitamos tener un empleo.

¿No llevamos adelante entonces estas transformaciones? El problema es que no hacerlo sería aún peor. La distorsión que está produciendo ya la emergencia climática a la economía española está siendo mayúscula (recuérdese simplemente el paso de Gloria o de Filomena por la Península ibérica, que el verano dura ya 5 semanas más o que el caudal disponible por los ríos peninsulares ha descendido alrededor de un 20%, con todo lo que ello conlleva, por ejemplo para sostener el turismo, pero para continuar en nuestra seguridad alimentaria). Pero en realidad todavía tenemos un cambio climático “suave”. Si se activan los bucles de realimentación positiva, la distorsión climática sería mayúscula y, en esos escenarios, el sostenimiento de una economía como la española, con sus empleos, sería literalmente imposible.

Además, el decrecimiento en realidad no es una opción que podemos tomar o no tomar. El capitalismo necesita crecer constantemente para no entrar en crisis y, para que esto sea posible, debe consumir cantidades crecientes de materia y energía. Esto es imposible de sostener en el tiempo en un planeta finito como el nuestro. Es más, todo parece apuntar a que este momento de choque telúrico está empezando a producirse ya. La disyuntiva no es si decrecer o no, sino cómo decrecer.

¿Tenemos que elegir entonces entre perder empleos o un decrecimiento más o menos ordenado? En realidad, nunca tenemos solo dos opciones. En este caso, tampoco. En el mismo informe se modela qué sucedería si, en lugar de una jornada laboral de 8 horas, la tuviésemos de 6. Si esto sucediese, en lugar de destruirse empleo, se crearía y, además, de manera importante (alrededor de 1,3 millones de nuevos puestos de trabajo). Este escenario no solo se plantea como una medida de reparto del empleo, sino también como un paso hacia la desalarización de nuestras vidas. Es decir, ganar tiempo para poder dedicarlo a satisfacer nuestras necesidades sin tener que vender nuestra fuerza de trabajo, algo que es imprescindible para superar el capitalismo ecocida.

De esta manera, luchar por la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial es una reivindicación que tiene sentido vital, sindical y ecologista. Aunemos fuerzas hacia esta meta. No es un objetivo fácil, como tampoco lo fueron las 8 horas, pero es uno de los claves en este tiempo de desafíos sistémicos que vivimos.

Los sindicatos han comenzado a aceptar, como parámetro de referencia para las subidas salariales, el PIB, en lugar del IPC.

Relacionar el aumento salarial con el PIB vincula el poder adquisitivo de los trabajadores con el resultado de dinámicas en buena medida ciegas del mercado.

Las organizaciones sindicales de concertación han aceptado, en sus negociaciones con la patronal, abandonar el tradicional parámetro de referencia empleado para cuantificar las subidas salariales de los trabajadores, esto es, el índice de precios al consumo (IPC). En cambio, inauguran una nueva etapa al aceptar la utilización de los datos estadísticos del Producto Interior Bruto (PIB) como referencia para los posibles incrementos de los salarios.

Evidentemente, tanto uno como otro de dichos instrumentos de determinación salarial poseen inconvenientes. El empleo del parámetro de la inflación, por ejemplo, puede implicar que en períodos deflacionistas como los actuales no se produzcan subidas salariales a pesar de que los productos básicos, alimentación y energía especialmente, incrementen sus precios, al verse compensados estos con la bajada del precio de productos menos accesibles en momentos de crisis.

Como sabemos, esta circunstancia es la que se está produciendo actualmente. Así, con una bajada general de los precios del 1,1% en el mes de febrero y un encadenamiento de ocho meses a la baja, se viven situaciones cada vez más frecuentes de desnutrición infantil o pobreza energética. Por el contrario, en periodos inflacionistas, al no incrementarse el conjunto de precios y el de rentas de manera proporcional, la inflación puede afectar a la distribución de la renta, desajuste que se ha pretendido, hasta ahora, compensar con la vinculación de tal subida de precios con la de los salarios.

Por otro lado, la utilización del PIB nos lleva a situaciones igualmente conflictivas. Así, son posibles situaciones de escaso crecimiento económico que resulten acompañadas por un aumento del índice de precios al consumo, lo que conllevaría una pérdida del poder adquisitivo de las clases trabajadoras. Esta circunstancia se produjo históricamente en la década de los 70 como consecuencia de la abrupta subida de los precios del petróleo y sus derivados. Una coyuntura semejante se podría producir fácilmente de nuevo si, como cada vez más voces vaticinan, no resultara posible mantener el precio del crudo en los artificialmente bajos niveles actuales, siendo muy probable que en un plazo relativamente corto vuelva a cotizar por encima de los 150 dólares el barril. En una economía como la nuestra, fuertemente petróleo-dependiente, un aumento de tales precios generaría una reducción de la actividad productiva.

La utilización del PIB a estos efectos nos plantea, además, cuestiones de más hondo calado. Relacionar el aumento salarial con el PIB vincula el poder adquisitivo de los trabajadores con el resultado de dinámicas en buena medida ciegas del mercado. Así, por ejemplo, un incremento en la productividad de una empresa o sector no es garantía de generación de nuevas inversiones en la misma. Por el contrario, son cada vez más frecuentes fenómenos de deslocalización en empresas rentables con altos niveles de productividad.

Asimismo, esta relación implica asumir que solo el crecimiento del PIB puede llevar aparejado un crecimiento en el bienestar material de la mayor parte de las personas. Sin embargo, en el marco actual de relaciones sociales, en el que unos pocos poseen los bienes que son esenciales para el conjunto, el incremento del índice del PIB implica, a nivel global, la continuación del ahondamiento de la brecha entre ricos y pobres, puesto que un crecimiento económico en el marco de un reparto desigual e injusto de la riqueza implica acentuar dichas desigualdades. A este respecto, basta recordar que durante las tres últimas décadas, salvo períodos muy concretos, se han producido en nuestro país incrementos anuales del PIB que han venido acompañados de un incremento de dicha brecha. Recuérdese que a partir del año 2011, las rentas empresariales superaron, por primera vez, a las salariales en España. Otro dato que ratifica nuestro planteamiento estaría relacionado con el hecho de que, en la actualidad, el 1% de la población española tiene el 27% de la riqueza y el 10% acapara más del 55%. Todo ello, como decimos, con períodos crecimiento negativo que en dichas décadas fueron excepcionales.

Es más, en última instancia, también implica asumir que el crecimiento es posible que sea ilimitado en el contexto de un planeta de recursos limitados. Es decir, que los sindicatos de concertación relacionan salarios con algo que, a corto plazo, no será posible, esto es, un crecimiento económico constante en un planeta finito.

El único instrumento válido para la fijación de unos niveles salariales justos es aproximarnos progresivamente a una equivalencia entre el valor del trabajo y la retribución directa o indirecta del mismo, eliminando en la determinación de esta retribución todos los elementos externos al trabajo en sí mismo, como es, actualmente, el mercado. Lógicamente, esta valorización del trabajo ha de implicar una progresiva reducción y eliminación del ilegítimo beneficio empresarial, todo ello desde la concepción de un nuevo modelo de economía en el que el ser humano y sus legítimas exigencias constituyan el patrón central de la misma.