Desde que en 2011 la troika sometiera la población griega a la disciplina de la austeridad del primer rescate, las economías europeas han ido elevando las políticas de austeridad a rango de ley. Recordemos que estas políticas  son un viejo proyecto de las élites globales que viajaron desde África y América Latina en los años ochenta y noventa hasta el corazón de la Europa capitalista: primero a través del Tratado de Maastricht de 1992 y luego, de forma mucho más palpable para las mayorías sociales europeas, tras la crisis financiera de 2007. A lo largo de la larguísima crisis europea, los poderes financieros globales utilizaron la extorsión a través de altísimos tipos de interés para poner de rodillas a estados, gobiernos y administraciones públicas; dejando una estela de pagos pendientes a futuro que apuntaban a la sumisión permanente del poder político al poder financiero. Los rescates no fueron sino la fase más agónica de esta lógica de sumisión de las economías y las sociedades europeas al poder de las finanzas mediante la prioridad absoluta del pago de la deuda.

Las políticas de austeridad no son sino la aserción en términos políticos y legales del poder de las finanzas sobre el de las poblaciones sobre las que, en principio, descansa el poder democrático. Son un golpe de estado permanente del capital sobre la democracia. La deuda, propiedad de los grandes grupos financieros, es el instrumento utilizado para este dominio. El blindaje legal del pago prioritario de la deuda obliga a los estados y a las administraciones públicas en general a poner en segundo plano el gasto productivo o social que beneficia a las mayorías sociales. El blindaje del pago de la deuda obliga a las administraciones públicas a, primero, recortar en cualquier tipo de gasto que no sea el servicio de la deuda y sus desorbitados intereses y, luego, a privatizar o externalizar los mismos servicios públicos que el pago de la deuda ha convertido en inviables.

En el caso español, a pesar de que el Partido Popular no se cansa de cacarear que en España no ha habido  rescate, nuestro blindaje del pago de la deuda fue la modificación del artículo 135 de la Constitución en agosto de 2011, votado por un parlamento mayoritariamente compuesto por PP y PSOE y que a duras penas se podía calificar de mínimamente representativo del “país real” en ese momento posterior al 15M. Este artículo, un auténtico atentado contra la democracia, quedó redactado al dictado de Alemania, de tal manera que no sólo elevaba el pago de la deuda a rango constitucional, sino que establecía una suerte de intervención permanente de comunidades autónomas y ayuntamientos por parte del Ministerio de Hacienda, para que este precepto de pago de la deuda, con sus recortes y privatizaciones asociados, fuera inamovible. Todo esto en un país que acababa de decir: “No somos mercancía en manos de políticos y banqueros”.

La regla de gasto tal y como la interpretó el ministro Montoro es posiblemente una de las regulaciones económicas más brutales y contraproducentes de cuantas se inscriben en el de por sí irracional e injusto universo económico de la austeridad. Se trata de una norma anticíclica. Es decir, que funciona en sentido contrario a la tendencia económica general, pero que sólo produce efectos depresores del crecimiento a escala local cuando este es positivo. Cuanto más crecen los ingresos de una administración local y cuanto más alto es el superávit en las cuentas, más dinero de reserva para pago de la deuda retiene el Ministerio de Hacienda. Todo ello se calcula en relación a un modelo económico, ideológico como son todos los modelos econométricos, que calcula algo llamado el “PIB potencial”. Modelo este impuesto unilateralmente por la Comisión Europea. Aunque, y esto es importante, a diferencia de la lectura que Montoro hace de la regla de gasto, en el resto de países europeos no hay un procedimiento sancionador para los ayuntamientos y regiones que incumplan la regla de gasto, esta no deja de ser un indicador y una recomendación.

Este giro ultradisciplinario de Montoro no era baladí: lo exigia Alemania para que el entonces tambaleante gobierno del PP se pudiera beneficiar de las políticas expansivas del Banco Central Europeo, que en última instancia son las responsables de las victorias electorales del Partido Popular en el último año. En la práctica, esto significa que ningún ayuntamiento o comunidad autónoma, en una situación de estancamiento económico y de efectos todavía muy dolorosos de la crisis para una mayoría de la población, puede realizar políticas económicas expansivas. El bienestar de las mayorías sociales, una vez más, sacrificado en el altar de las finanzas y de los intereses partidistas del Partido Popular.

En este marco, la gestión de Carlos Sánchez Mato al frente del Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid ha sido difícilmente mejorable. Se encontró con una herencia de despilfarro y deuda difícilmente equiparable a la de ninguna otra ciudad europea, cuyo último capítulo ha sido la aparición de contratos SWAP en las colocaciones de deuda del ayuntamiento de Gallardón, algo parecido a las cláusulas suelo de las hipotecas, productos financieros en los que la banca siempre gana. Pues bien, en una de las ciudades más endeudadas de Europa, Sánchez Mato siempre ha sido fiel al espíritu del programa de Ahora Madrid, pidiendo y promoviendo auditorías de la deuda municipal y rechazando las cadenas inasumibles de la regla de gasto de Montoro, en un ayuntamiento que es casi una ciudad-estado y que simplemente no puede poner las demandas democráticas de su ciudadanía y sus clases populares bajo el yugo de los caprichos políticos de Montoro.

Pero la posición del área de Economía y Hacienda no sólo ha sido fuerte en lo político, sino que en los aspectos técnicos de la ejecución del presupuesto municipal, ha sido irreprochable. En dos ejercicios, el área de Economía y Hacienda ha cuadrado unas cuentas con superávit de 1.020 millones de Euros en 2016, más inversión social y productiva, y sí, también, amortización de deuda, algo más de 1.700 millones desde que Ahora Madrid llegó al Ayuntamiento. Algo con lo que la gran mayoría de las ciudades gobernadas por el Partido Socialista y el Partido Popular que apoyaron la ley de gasto apenas pueden soñar. Pero Madrid no es una ciudad gobernada por el Partido Popular, ni por el Partido Socialista. El programa de Ahora Madrid que ganó las elecciones y que tan bien ha sabido interpretar el Área de Economía y Hacienda mantiene un rechazo claro a las políticas de austeridad y su especificación en las administraciones locales: la regla de gasto. Y no está sólo en este rechazo: son miles ya los ayuntamientos que se han sumado al rechazo a esta intervención disciplinaria de sus cuentas, y hasta la Junta de Castilla y León, controlado por el PP, ha pedido que se retire esta nefasta regla.

En este contexto, llega el ataque político del 6 de abril al Ayuntamiento de Madrid. Cristóbal Montoro reclama la retirada de más de doscientos millones del presupuesto de gasto del Ayuntamiento de Madrid apelando a la regla de gasto. Desde luego, este ataque es parte de una norma depresiva, económica y anímicamente, como es la regla de gasto que castiga, precisamente, a aquellas entidades locales que más crecen. Pero también es parte de una operación política punitiva para golpear a quienes demuestran con hechos que es posible una racionalidad económica y presupuestaria diferente, más eficiente y más justa.

La defensa del rechazo de la regla de gasto en el Ayuntamiento de Madrid apela al centro de los valores y las posiciones políticas de un ciclo político que se inició el 15M y que se ha traducido en los llamados “ayuntamientos del cambio”. Y en esa misma medida debe producir una fuerte contestación federada y en bloque al ataque de Montoro. Esta contestación sólo puede encontrarse con  obstáculos “internos” en el seno del ayuntamiento de aquellos que creen que la legalidad tramposa del PP debe ser acatada sin mayores estridencias. Esperemos que en esta decisiva ocasión, en la que nos jugamos ese combate entre finanzas y democracia por el que llevamos tanto peleando, tanto la alcaldesa Manuela Carmena como su entorno más inmediato,  entiendan cuales son las demandas democráticas que les han puesto ahí y apoyen sin fisuras la postura de Carlos Sánchez Mato.

La irrupción de la nueva derecha de Ciudananos ha animado innumerables interpretaciones acerca del who's who en ese partido, así como de sus posibilidades de ascenso electoral. Algunas son tan sobresalientes como la de Jaime Palomera sobre los contextos sociales de su crecimiento en el área metropolitana de Barcelona. A pocos se le escapa que Ciudadanos es un partido establishment, formado por caras nuevas y sonrientes y que apenas intenta marcar diferencias cosméticas con el conservadurismo clásico del Partido Popular. Sus repetidos brindis a la regeneración democrática —ese velo fino que recubre un recambio de élites— a la transparencia y a la “buena gestión” común intentan distanciarse de un PP acosado por los casos de corrupción y la decadencia del orden institucional heredado.

Ciudadanos comparte, no obstante, con los conservadores el acercamiento estratégico al campo de la materialidad de la economía política, algo así como el nuevo proyecto social de las élites. Un proyecto quizás de escaso recorrido —¿qué restauración del orden del capitalismo financiero podría aplicarse hoy?— pero que puede marcar la coyuntura política de los próximos meses. Nos queda el PSOE, pero cómo es ya clásico en el orden bipartidista el PSOE sólo pone las cartas boca arriba cuando está en el gobierno. Si llega ese momento, los de Sánchez asumirán (que nadie lo dude) el mismo vademecum estratégico.

Las recetas de PP-Ciudadanos no son originales. En primer lugar, apoyados en ese lugar común neoliberal de rechazo a los impuestos —o en otras palabras, a la redistribución de la riqueza— y de canto ideólogico a la iniciativa individual —“quién sabe mejor que uno mismo en qué gastar el dinero”—, ambos partidos pretenden hacer todo tipo de guiños fiscales, con muy poco componente redistributivo, a las rentas bajas y medias: un pequeño empujón al consumo privado, al tiempo que descapitalizan en el medio plazo las posibilidades de consumo colectivo. Se mantiene, por supuesto, el régimen de privilegio fiscal de las rentas altas y muy altas.

Pero en general, el único punto del sistema fiscal sobre el que ambos van a actuar políticamente es el IRPF, un impuesto que, hoy por hoy, deja sin tasar a la inmensa mayoría de la riqueza en España que proviene, mayoritariamente, de las rentas de capital y de los beneficios patrimoniales, y cada vez menos de los salarios. Valga decir que esta semana tuvimos noticia de que en los años que median entre 2011 y 2013, en plena crisis, la Comunidad de Madrid dejó de ingresar 1.500 millones de euros por la supresión del impuesto de patrimonio. Toda una amnistía fiscal a las grandes y medianas fortunas de la región. La consecuencia es clara: las enormes desigualdades que se ha han heredado de los treinta años de ciclo neoliberal seguirán creciendo. Y con ellas, el poder político de unas élites dispuestas a rapiñar una parte cada vez mayor del producto social.

Por otro lado, PP-Ciudanos apuesta por la contención del proceso de privatizaciones y de recortes en los servicios públicos. No deja de sorprender que los dos partidos mantengan una especie de pugna a ver cuál va a mantener más los servicios públicos en los próximos años. Naturalmente, ambos tienen muy claro que aquí se concentra el grueso del malestar social y de las luchas de este ciclo.

La última vez que el PP aplicó un programa de recortes de 20.000 millones descendió automáticamente diez puntos en las encuestas y vio como en educación y sanidad se formaban las mareas verde y blanca, que aún hoy resuenan en las demandas ciudadanas. En términos materiales, este sorprendente compromiso con lo público no se va a materializar más que en unas partidas presupuestarias que crecen nominalmente, aunque consideradas en el ciclo económico largo se vayan descapitalizando por la paulatina caída del ingreso fiscal, sobre unos niveles financiación de la sanidad y la educación ya de por sí muy por debajo de las necesidades.

Sea como sea, estas políticas de contención siguen subordinadas a la lectura de la coyuntura que se haga desde Berlín. Mientras Alemania perciba que España es un terreno de inestabilidad política para sus intereses mantendrá la contención. Pero basta una circular de la UE para dinamitar la estrategia. También esta semana la Unión Europea recordaba que el gobierno entrante tendrá que aplicar las medidas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento a los presupuestos de 2016 para controlar el déficit público. Y conviene recordar que queda pendiente un programa de recortes y privatizaciones de 25.000 millones de euros, pospuesto por miedo a que España tienda un puente con Grecia y de un golpe serio a las políticas de austeridad. Por supuesto, la aplicación de un programa de recortes y privatizaciones de esta magnitud haría que los presupuestos, no sólo estatales, sino de Comunidades Autónomas y Municipios fueran poco más que papel mojado. Esto a menos que se plantee un desafío conjunto a las políticas de austeridad que ni PP, ni Ciudadanos, ni PSOE van siquiera a atreverse a nombrar. De poco servirá luego apelar a la “recuperación” económica: los protocolos europeos de control del déficit están pensados para volverse más estrictos cuanto más crezca la economía, y no al revés.

No obstante, el grueso del ataque a la población va a venir por la vía del mercado de trabajo. Ambos partidos manejan esquemas de intervención a partir del contrato único, abaratamiento del despido y, sobre todo, ayudas a la contratación, que en última instancia sirven para cubrir las perdidas del contratador y nunca para aumentar el poder de negociación de los contratados. En línea con la reforma laboral, se trata de inflar el perfil procíclico del mercado de trabajo para que se produzca una mayor contratación en la parte ascendente del ciclo, seguida de expulsiones rápidas en la parte descendente. De acompañamiento, y como simulacro de algo parecido a un “nuevo orden social”, ambos partidos van a lanzarse a un refuerzo de la figura social, tanto en términos ideológicos como materiales, del “empresario/emprendedor”.

El remate del esquema es la supresión paulatina de los subsidios de desempleo, bajo ese gran mantra de los think tanks neocon de “la mejor política social es el empleo”. Así este año, los presupuestos generales del Estado van a reducirse en la salvaje de cifra de 5.000 millones (un 21%) en la rúbrica de subsidio de desempleo. Detrás de estas medidas se persigue, lanzar el beneficio por aumento de la explotación, destruyendo aún más la capacidad de negociación de los trabajadores, sin necesidad de una mayor inversión, que se ha puesto muy cara en aquellos sectores que no están relacionados con el inmobiliario. En términos políticos, ambos partidos saben perfectamente que este ha sido el flanco mas descubierto en nuestro ciclo de luchas y, muy posiblemente, pese más esta facilidad para intervenir políticamente que la magnitud de unos beneficios que se puedan obtener por la explotación creciente de una fuerza de trabajo ya muy atomizada y depauperada.

No obstante, en la más vieja tradición de nuestro capitalismo local, la apuesta de PP-Ciudadanos pasa por un nuevo ciclo inmobiliario que nos vuelva a traer la expansión del crédito familiar y los efectos riqueza de origen patrimonial. Estamos dentro ya de un mini ciclo inmobiliario, sobre todo en Madrid y en puntos del litoral, que requiere del relanzamiento de las políticas públicas. En el caso de Madrid, por ejemplo, el 30 % de la inversión extranjera, de la que el gobierno de Cifuentes se pavonea, llega directamente al sector de la construcción, la partida que más crece. A este respecto, las posiciones de los partidos conservadores tienen matices, sobre todo porque uno de ellos gobierna y otro no. En el caso del PP se reanima y amplia paulatinamente las viejas politices de expansión de infraestructuras, las mas “consensuales” de las medidas de burbuja. Basta considerar la panoplia de inauguraciones de lineas de AVE y autovías en la que anda el gobierno. Por su parte, Ciudadanos ofrece reservas, pero siempre sin cuestionar el armazón político y jurídico que tiende a favorecer de forma semi automática las burbujas en el Estado español. Algo que, por cierto, puede pasarle al Ayuntamiento de Madrid si no plantea una posición de fuerza sobre las operaciones Calderón y Chamartín.

Desde luego, ni PP, ni Ciudadanos, ni tampoco el PSOE tienen visos de reconstruir unas bases materiales mínimamente estables para que se encabalgue un nuevo régimen político con proyección de futuro. El relanzamiento inmobiliario es efecto de las políticas expansivas de los bancos centrales y, aunque estas políticas se estén alargando por falta de alternativas, no van a durar indefinidamente. De hecho, esta estrategia nos devuelve la imagen de un orden neoliberal alejado de sus mejores momentos ideólogicos, calculador y envuelto en el aparato de Estado para justificar sus líneas políticas que se rearma encontrando los flancos débiles de lo que queda del movimiento democrático de 2011. Queda por saber como vamos a articular políticamente una nueva ofensiva social que cierre los flancos débiles y abra nuevas líneas de ataque al gobierno de las finanzas y sus aliados en las escalas locales, autonómicas, estatales y europeas.

Aprendimos a quererte, desde la histórica hartura

donde el sol de tu bravura, le puso cerco a la Merkel

Canción para Varufakis

Tras alertar durante meses del peligro que suponía Syriza y anunciar corralitos inminentes acompañados de imperiosas salidas del euro, la prensa promercados ha cambiado de estrategia. Ahora nos repite machaconamente que Varufakis se ha rendido. El mensaje de los voceros de Merkel es: las políticas neoliberales son inalterables, no lo intentéis.

No han faltado voces desde la izquierda que han secundado con entusiasmo tal discurso y han acusado al gobierno heleno de traición a la clase obrera; no sabemos si por las dificultades de entender el griego o por la incapacidad de apreciar las decisiones tácticas de un gobierno, el de Tsipras, que prima la radicalidad de los hechos frente a la espectacularidad de los discursos.

Concluir que ha renunciado a sus ambiciosas propuestas por firmar un acuerdo con el Eurogrupo para cuatro meses que evita la asfixia económica es, sencillamente, absurdo. Por un lado porque queda toda la legislatura por delante. Por otro, porque se trata de un préstamo puente no subordinado a medidas de austeridad y ha significado la primera brecha seria en la compacta estructura neoliberal de la UE.

No es la primera vez que la UE relaja las medidas de austeridad –al gobierno de Mariano Rajoy le han admitido varias veces el retraso de un recorte de 25.000 millones de euros para no “desestabilizar” el país– pero sí la primera vez que esta relajación se consigue fruto de un conflicto político. Esto implica un cierto control democrático sobre puntos centrales del entramado deudocrático.

El equipo negociador de Varufakis ha conseguido eliminar del acuerdo citado el núcleo político de las medidas de austeridad: los recortes y las privatizaciones. No lo olvidemos: el problema no es tanto la deuda sino que ésta se ha convertido en un instrumento disciplinario para imponer medidas de las que se benefician los propios acreedores. Un rescate, recordemos, consiste en ofrecer a los deudores los activos de una economía nacional bajo amenaza de la bancarrota del Estado.

El ministro de Reconstrucción Productiva Panagiotis Lafazanis ha confirmado que en el sector energético no va a haber ninguna privatización. El gobierno ha decidido anular la subasta para privatizar la gestora estatal de energía ADME; las empresas PPC (eléctrica), DEPA (gas) y HEP (hidrocarburos) seguirán siendo públicas. De hecho, la posibilidad de que el gobierno griego “revise” las privatizaciones en marcha –facultad expresamente reconocida en el acuerdo– es un avance significativo, pues hasta ahora era la troika quien decidía qué empresas se privatizaban en Grecia, en virtud del memorándum.

En ausencia de más privatizaciones y recortes, las medidas de contención de gasto aceptadas por Varufakis no suponen ninguna cesión. Constaban expresamente en su programa electoral: no aumentar el gasto público –mediante la reestructuración de la Administración que no incluye despidos de funcionarios–; mayor eficiencia fiscal bajando impuestos a las rentas bajas y subiéndolos a las rentas altas; implementación de medidas contra la corrupción. Además, el superávit primario exigido por la troika hasta ahora era del 4,5% –imposible de alcanzar sin recortes–. Tras el Acuerdo se fija un superávit “razonable”.

El gran triunfo del equipo negociador de Syriza consiste en sustituir las draconianas contrapartidas de austeridad por una reforma fiscal progresiva; actuar por el lado de los ingresos públicos en lugar de eliminar partidas de gasto público, en un país en el que tradicionalmente los ricos han pagado muy pocos impuestos.

El pacto alcanzado permite financiar el programa de emergencia social anunciado en la investidura: este plan de choque urgente es decisivo política y socialmente. La primera ley que Syriza ha presentado en el parlamento garantizará ayudas para alimentos, electricidad y pagos del alquiler a más de 300.000 personas. La siguiente ley anunciada prohibirá los desahucios de la vivienda que sea residencia habitual y posibilitará reestructurar las deudas privadas con hacienda, fraccionando los importes para facilitar el pago. Además de ayudar a las personas con deudas, significará una subida de impuestos para las rentas altas. La tercera ley consistirá en la reapertura de la televisión pública ERT –y readmisión de los trabajadores– que fue cerrada durante el último gobierno de la coalición ND-Pasok.

Así mismo, y este es el punto clave, el crédito del Eurogrupo permite garantizar la financiación mientras se aborda el proceso para preparar el impago/quita. La deuda sigue siendo el nudo gordiano. A diferencia de la leyenda de la Grecia antigua, hoy no hay un carro atado con dicho lazo al tempo de Zeus sino una soga en el cuello de los ciudadanos con la que los mercados nos ahogan. Syriza siempre ha enfocado estratégicamente la cuestión del impago: primero, liberar recursos de la tutela de la Troika y las finanzas para poder financiar otro tipo de políticas públicas. Después, con una situación menos dramática, abordar el impago de la deuda. Este acuerdo confirma tal opción táctica.

Grecia sola no puede, sólo desde el gobierno menos

A pesar de lo anterior, es obvio que el acuerdo del Eurogrupo no es la victoria final. Seamos francos, una victoria aplastante es imposible sin aliados europeos. Teniendo en cuenta la desastrosa situación de las cuentas griegas, su escaso tamaño dentro de la UE y que se trataba de una negociación de uno contra veintiséis lo logrado es extraordinario, pero sólo es el inicio de una batalla que será larga y difícil. Para plantar cara a Merkel, el BCE y las bolsas son necesarias alianzas con otros países mediterráneos.

Además, es necesaria una correlación de fuerzas interna muy favorable. El programa de emergencia económica anunciado facilitará el consenso, pero también es muy importante que haya movilizaciones ciudadanas como las que se han producido en Syntagma contra la troika estas semanas.

Hemos visto decenas de veces que partidos de izquierdas utilizaban la protesta social como trampolín para las elecciones pero trataban de extinguirla en cuanto las ganan. El de Syriza es el primer gobierno europeo en décadas que no trata de contenerla sino que ampara movilizaciones que no controla o, incluso, que son críticas con su gestión. Tres ejemplos de cesiones importantes: acometer el cierre de los CIE una semana después de que varias manifestaciones se lo exigieran, posibilitar manifestaciones antifascistas sin represión policial y potenciar el carácter autónomo de las movilizaciones en Syntagma.

En este sentido, creemos que, hoy por hoy, son más interesantes las movilizaciones que presionan a Syriza para obligarle a cumplir su programa que las que tratan de situarlo como el nuevo enemigo.

La cuestión a la que nos enfrentamos no es elegir entre revolución o reformismo. El significado de estos términos ha mutado irremediablemente en el actual contexto de economía financiera, por lo que analizar la actual coyuntura con ese prisma nos parece francamente inútil. Mientras la revolución es, gracias al ciclo de luchas iniciado en 2011, una opción de nuevo posible, el reformismo keynesiano es una quimera inasumible para el actual orden europeo, como demuestra la histérica reacción de Draghi o Schäuble ante la mera sugerencia de emprender ese camino. Propuestas otrora tibias como las que plantea el ministro de economía griego son hoy medidas potencialmente más que reformistas. La expansión del gasto público a escala continental conllevaría la monetización de la deuda por parte del BCE y supondría una transformación total del sistema financiero europeo así como de la estructura de poder que lo sustenta a costa de la mayoría de la población.

No hay espacio para el triunfalismo. En Grecia y en toda Europa seguimos sufriendo una catástrofe social que no permite celebraciones. Pero si nos dejamos llevar por el pesimismo impuesto, si les permitimos convencernos de que no hay alternativa, no estaremos comprometiendo el éxito del gobierno griego, sino la posibilidad de que nazca la Europa democrática que se abre paso desde el Egeo.