Aparcó su autobús en la puerta de un bar de carretera. Entró y se sentó en la barra con su uniforme de conductora y el cansancio acumulado después de una larga jornada. “¿Eres consciente del trabajo que estás haciendo?”, le increpó un hombre mirándola de arriba abajo. Ella le devolvió la mirada. Pensó que estaba bromeando. Pero no. “Le estás quitando el trabajo a un padre de familia”, volvió a cargar él. “¿Tiene algún problema conmigo?”, preguntó ella desafiante. “Sí, que eres una mujer”.

Ocurrió hace unos años. No muchos. Ella era Inma Ochando, una de las cuatro conductoras de autobuses urbanos que había en Murcia cuando empezó a trabajar hace 11 años. Ochando se separó y tuvo que buscar trabajo. “Tenía muchas facturas que pagar y dos hijos a los que mantener”, cuenta ahora por teléfono. Empezó trabajando en la fábrica de Matutano, “repartiendo patatas”, entre semana. Y sábados y domingos servía mesas en un bar.

Pero ella quería algo más. Un trabajo que le gustara de verdad. Se enteró de que Alsa buscaba empleados y decidió sacarse el carné. Siempre había querido hacerlo, pero su exmarido “no estaba por la labor”. Incluso su madre le decía que se dejara “de tonterías” y se ocupara de sus hijos. No le hizo caso a nadie. Continuó con sus dos trabajos y las clases en la autoescuela. “Había días que dormía menos de cuatro horas”. Estaba exhausta, pero no lo dejó.

La empresa de autobuses le prometió un contrato si se iba a Madrid durante tres meses para prepararse. Ella no quería. No podía dejar a sus hijos tanto tiempo. Pero ocurrió algo que le hizo cambiar de opinión. Un comentario de su jefe. “Estando tú aquí seguro que vienen más hombres solo por verte”, le dijo. Y le sentó fatal. “Me vi aguantando a borrachos y soportando que a alguno se le ocurriera darme un cachete en el culo”. Ese mismo día se presentó en Alsa y les dijo “¿dónde hay que firmar?”. Desde entonces conduce con orgullo su autobús. “Todavía queda mucho por hacer”, opina. “Este sigue siendo un trabajo muy masculinizado”. De 140 trabajadores, solo 20 son mujeres.

“La gente sigue sorprendiéndose al verme al volante. Parece que solo los hombres son capaces de llevar vehículos grandes”, ironiza. A sus 47 años ha oído “toda clase de comentarios”. “Más de una vez alguna señora mayor me ha preguntado si iban seguros conmigo”. ¿Y qué respondes? Ochando ríe. “Les digo: 'No señora, agárrese bien, que me acabo de sacar el carné”.

“A veces son más machistas las mujeres que los hombres”, asegura. “Estamos llenos de prejuicios. Y solo vamos a superarlos normalizando estas situaciones. Si cada vez es más frecuente ver conductoras, la gente dejará de sorprenderse”.

Abrir camino

Este es solo un ejemplo de las decenas de trabajos que todavía hoy se consideran casi un coto privado para hombres. Cada vez son más, sin embargo, las mujeres que se interesan por estas ocupaciones. Y son ellas las que poco a poco van abriendo camino a las nuevas generaciones. “Al principio me costó mucho integrarme y demostrar que valía”, cuenta Cristina del Álamo. Lleva ocho años ocupándose del mantenimiento de las carreteras madrileñas. Desde quitar animales muertos a pintar las señales de tráfico o conducir los quitanieves. Es la única mujer entre 18 hombres.

Sus compañeros no creían que fuera capaz de realizar el mismo trabajo que ellos. No admitían que diera su opinión sobre la mejor manera de llevar a cabo un cometido. “A ti no te pagan por pensar” o “tú no me vas a enseñar a hacer mi trabajo” eran algunos de los comentarios más frecuentes. Pero ahora las cosas han cambiado. Ella es uno más. Ya nadie la cuestiona. Al menos no en serio, porque las bromas de género continúan.

Como Ochando o del Álamo, muchas mujeres han tenido que soportar que cuestionaran su capacidad o incluso su derecho a trabajar. María José Rodríguez empezó en la construcción con 25 años, recién diplomada en arquitectura técnica. Ahora, con 42, relata una conversación con un subcontratista que se le ha quedado grabada. “¿Tú eres el jefe de obra?”, preguntó él alucinado. “Sí”, respondió ella sin más. “Ah, no, yo con mujeres no trabajo. Dais mal rollo”, sentenció él. Pero al final tuvo que pasar por el aro. “Le propuse que probásemos unos días. Y luego no quería trabajar con nadie que no fuera yo”.

El boom inmobiliario atrajo a muchas mujeres a la construcción. “Durante aquellos años, era fácil encontrar trabajo”, explica Elena Blasco, secretaria de Salud Laboral de CCOO. La cifra de trabajadoras se duplicó entre 1990 y 2000, de 40.480 a 83.200. Y el máximo se alcanzó en 2008, con 177.650 trabajadoras en España. Aún así solo representaban el 10,7% de los empleados. A partir de entonces, los despidos empezaron a llover. “Ahora es muy raro encontrarse con mujeres albañiles, electricistas o gruistas. Antes de la crisis había pocas, pero había”, señala Blasco. Rodríguez solo ha coincidido con una mujer “a pie de obra” en sus 17 años de profesión.

A comienzos de este año había 93.300 mujeres trabajando en el sector. La mayoría, técnicas, ingenieras y administrativas, con una alta cualificación, explica Blasco. Representan el 7,38% del total de trabajadores y ocupan mayoritariamente puestos intermedios. Ni en la grúa, ni en los grandes despachos. A sus 34 años, y con una década de experiencia a sus espaldas, Blasco considera que, a pesar de los obstáculos con los que todavía luchan, el trato hacia ellas ha mejorado.

Cuando empezó le resultaba difícil hacer valer su criterio. “Fuera de la obra caía bien, pero en cuanto les decía que no quitasen la barandilla o que se pusieran los guantes me contestaban cosas como 'una mujer no me va a decir cómo hacer mi trabajo' o 'seguro que no sabes ni ponerte el casco”. A pesar de la mejora de la situación, todas las trabajadoras consultadas aseguran que continúan sintiéndose a prueba todos los días. “A un hombre se le perdona que tenga un mal día. Una mujer no se puede permitir ese lujo”, reflexiona Rodríguez.

Diferencias salariales

La diferencia salarial y el acceso a los puestos directivos son dos de los frentes que siguen abiertos. Las mujeres que trabajan en construcción en Madrid, por ejemplo, cobran 621 euros menos de media que sus compañeros hombres, según CCOO. Pero este no es el único sector en el que sucede. Las mujeres españolas percibieron un 19,3% menos de sueldo por hora trabajada que los hombres, asegura la agencia estadística Eurostat, superando así la brecha salarial media de los países de la zona euro, que fue del 16,6%. Estos datos sitúan a España a niveles de 2002, según el informe Trabajar igual, Conciliar igual, presentado el pasado jueves por UGT.

España se sitúa entre los países de la zona euro en los que la brecha salarial ha crecido más durante la crisis económica. Pero la desigualdad no acaba ahí. Además de soportar la diferencia de sueldo respecto a sus compañeros, un informe de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) revela que las mujeres que tienen hijos ganan de media un 5% menos que las que no tienen. Sufren una doble brecha salarial. El documento explica que si se eliminasen lo que llama factores no explicables, atribuibles a la discriminación, y se tuviera en cuenta solo la experiencia laboral, el nivel educativo o el sector industrial, entre otros factores medibles, las mujeres tendrían que cobrar un 2% más.

Lucía García lleva 10 años trabajando en la limpieza de las calles de Madrid. Hace más de ocho sus jefes la ascendieron de peón a capataz porque los hombres, dice, “no sabían tratar con las mujeres y se quejaban siempre de su comportamiento”. A García, sin embargo, fueron ellos los que se lo pusieron difícil. “No acataban mis órdenes porque además de ser mujer, era muy joven”. Tenía 24 años. Y desde entonces, las cosas no han mejorado. “Han ido a peor”. Hace un año se fue a vivir con su novio. Y un encargado le dijo que se preparase si se iba a dedicar a su familia. “Me dio a entender que si pensaba tener hijos, iban a cambiar las cosas”. Desde entonces, le han modificado los turnos y quitado el puesto de encargada, por el que no cobraba el extra mensual que sí recibía el compañero que hacía el mismo trabajo que ella.

Las mujeres representan el 18% de los trabajadores de limpieza viaria en siete de los principales distritos de la capital, según UGT. De ellas, solo dos son capataces, una encargada y otra conductora. El resto son peones. “Es verdad que la incorporación de las mujeres a este trabajo fue tardía, pero llevamos ya 15 años en el sector y aún estamos así”, lamenta Sherezade Talavera, de UGT.

En 1989 se incorporó al cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid la primera mujer. Ahora son 33 en una plantilla de 1.200. En el ayuntamiento de la capital el porcentaje es aún más anecdótico. De 1.561 trabajadores, solo hay dos bomberas. Las pruebas físicas son el factor limitante. “Se adaptan más a las capacidades de los hombres”, explica Pedro Campos, portavoz de bomberos de CCOO. En la Comunidad llevan 26 años bonificando un 20% la nota de las mujeres que consiguen superar los requisitos mínimos. El Ayuntamiento no ha introducido esta medida hasta hace un par de años para adaptarse a la Ley de Igualdad.

De las 33 bomberas que trabajan en la comunidad, 24 son operadoras. No han tenido que pasar las pruebas físicas. Su función no es apagar fuegos sino coordinar los operativos. “Es un cargo invisibilizado”, se queja Elena Sevillano, de 40 años. “Si imaginas el puesto de mando de un submarino, no te preguntarías si los que están allí son marineros o no. En nuestro caso, como la mayoría somos mujeres, la gente piensa que no somos bomberos. Nos han buscado una ocupación dentro de un trabajo considerado para hombres”.

Sevillano quiso seguir los pasos de su tío y dos de sus hermanos, pero no recibió el aliento que esperaba. “Cuando mi hermano pequeño le dijo al mayor que quería ser bombero, se volcó con él y le ayudó a prepararse las pruebas. A mí no me apoyó. Pero cuando salieron las oposiciones para operador me puso el temario encima de la mesa. Apagar fuegos no era un puesto para mujeres. Esto sí. Y, sin embargo, él nunca diría que es machista”.

A José Rubio, el nombre con el que se presenta para ocultar su verdadera identidad, le contagiaron la Hepatitis C en una cama de un hospital público hace más de 30 años. Desde entonces, el virus ha ido atacando su hígado hasta casi consumirlo. Sus fuerzas han menguado y, sin tratamiento, está abocado a padecer cirrosis, cáncer o incluso a necesitar un trasplante.

Lleva 13 años esperando unas indemnizaciones que estableció el gobierno central y que cada comunidad debía repartir. Muchas lo han hecho. Pero Andalucía, Baleares, Asturias, Extremadura, Navarra y la ciudad autónoma de Ceuta siguen sin pagar su deuda con los hemofílicos que, como Rubio, se contagiaron por las constantes transfusiones de sangre con las que se trataba esta rara enfermedad genética que afecta a una de cada 6.000 personas.

Madrid se acaba de desmarcar de esa lista. Ha anunciado una partida presupuestaria de 2,5 millones de euros repartidos en tres años que corresponderían a 11.848 euros para cada enfermo. Pero, ¿por qué ahora? La Consejería de Sanidad contesta que “se ha  hecho cuando económicamente se ha podido”. A los pacientes, sin embargo, no se les escapa la proximidad de las elecciones de mayo y la coyuntura social de movilizaciones y debates sobre quién debería beneficiarse del tratamiento con los nuevos y costosos fármacos que curan más del 90% de los casos de hepatitis C.

Algunos de los pacientes se felicitan porque sus reclamaciones hayan surtido efecto. Otros, como Rubio, consideran que el gobierno madrileño “se está riendo” de ellos y que solo les da “una limosna” para que dejen de quejarse por la falta de acceso al sofosbuvir. Hasta ahora su elevado coste ha limitado su uso a los casos más graves. E incluso en estos, los tratamientos se han retrasado meses desde la prescripción. Para Rubio, la única forma posible de resarcir la responsabilidad por haberles trasfundido sangre infectada con el virus es darles el fármaco. Y también la solución más económica a largo plazo. “¿No será más barato curarnos que seguir tratándonos hasta que nos muramos?”.

“Tratar a un paciente con hepatitis C es una inversión”

Para el secretario de la Asociación Española para el Estudio del Hígado y miembro del Servicio de Hepatología del Hospital Universitario Puerta del Hierro de Majadahonda, José Luis Calleja, la respuesta es evidente: “Tratar a un paciente con hepatitis C es una inversión. Si lo curas, te ahorras complicaciones que resultan más caras y más difíciles de tratar”.

En esa línea, una decena de expertos designados por el Gobierno ha elaborado el Plan Estratégico para el Abordaje de la hepatitis C que amplía el criterio de administración. Hasta ahora solo estaba permitido el tratamiento con antivirales de última generación a pacientes con cirrosis en riesgo de descompensación, en lista de espera de trasplante y trasplantados. La nueva estrategia incluye además a los casos moderados. En total, 51.964 pacientes, según las estimaciones de las comunidades autónomas, que representan aproximadamente la mitad de los diagnosticados en España: 95.524.

Cuantificar con exactitud a los afectados que se contagiaron en el sistema de salud público resulta complicado porque ni siquiera se sabe con seguridad cuánta gente está infectada. La Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH) estima que la hepatitis C afecta a más de 900.000 personas en España y unas 500.000 no lo saben debido a la lenta progresión de la enfermedad.

“Cualquiera que se haya expuesto a una transfusión sanguínea antes de los noventa –cuando se estableció la obligatoriedad  de testar los productos hemoderivados para prevenir la transmisión de este virus– podría estar contagiado”, explica el secretario general de la Federación Española de Hemofilia, Daniel García. En en caso de los hemofílicos, “casi todos los que nacieron antes de que se descubriera el virus –en 1989– han desarrollado la enfermedad y ahora se encuentran en fases avanzadas”.

La siguiente batalla

890 de los 3.050 hemofílicos que hay en España están infectados con el virus de la hepatitis C. Y 450 de ellos tienen además VIH, según los datos de la Federación Española de Hemofilia. Rubio pertenece a este grupo. Aún así, se siente afortunado. Él ha conseguido sobrevivir. Un millar de sus compañeros no.

Rubio descubrió que tenía hemofilia cuando todavía no era capaz de pronunciarlo. Entonces no sabía lo que se le venía encima. Pero, ahora, 48 años después de que el médico le pronosticara poco tiempo de vida, este hombre de pelo cano y prominentes arrugas en el rostro podría dar una charla magistral en cualquier universidad sobre las repercusiones de esta enfermedad que afecta a la coagulación de la sangre.

A los intensos dolores musculares y las hemorragias espontáneas propias de su patología se han sumado la irritabilidad, el insomnio, la depresión, la pérdida de fuerza e incluso una trombosis ocular provocada por el tratamiento de la hepatitis C con Interferón. A pesar de todo, reconoce que tuvo suerte de nacer en Madrid. “La mayoría de hemofílicos que vivían en zonas rurales hace años morían desangrados sin saber lo que les pasaba. Y si conseguían un diagnóstico, tenían que trasladarse varias veces por semana para que les trataran”, explica.

A diferencia de muchos de los pacientes que fueron diagnosticados en la misma época que él, a finales de los sesenta, Rubio ha sobrevivido a las “tres etapas” en las que clasifica su vida: “cuando no había ninguna terapia, cuando llegaron los fármacos experimentales –que probó como uno de los primeros conejillos de indias– y cuando finalmente aparecieron los tratamientos seguros”. La siguiente batalla, dice, es que todos los afectados por “el maldito virus de la hepatitis C” obtengan sus tratamientos.

Los más graves no pueden perder más tiempo

El Ministerio de Hacienda ha anunciado el pasado lunes que financiará el coste de los nuevos fármacos a las comunidades autónomas. Por lo que, en principio, el último obstáculo estaría salvado. Pero casos publicados en los medios como el de Naiara Fernández, de 21 años, que tardó casi un año en conseguir el tratamiento desde que su médico lo indicó, hacen que los pacientes desconfíen de las promesas que llevan meses escuchando. “Lo que más nos preocupa –señala Damián Caballero, vicepresidente de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C– es que se empiece a tratar ya a los enfermos graves, en F4, con una cirrosis muy avanzada. No pueden perder más tiempo”.

La plataforma que ha liderado las protestas para conseguir los fármacos de nueva generación presentó una querella el pasado 13 de febrero en el Tribunal Supremo contra el ministro de Sanidad y su antecesora, Ana Mato, por limitar el acceso a los tratamientos. La querella apunta a delitos de lesiones y homicidio por la muerte de dos de los 39 casos de pacientes graves recogidos en el escrito a los que sus médicos les habían prescrito los fármacos meses antes de que se los administraran. “Cuando por fin tuvieron acceso al tratamiento ya era demasiado tarde”, explica el vicepresidente de la plataforma. “No queremos que vuelva a pasar”.

Mientras tanto, Rubio espera su turno en el Hospital La Paz, en Madrid, donde transcurre la mayor parte de su vida. Sus transaminasas han vuelto a subir. La fibrosis del hígado sigue aumentando. Y cada día que pasa, “los dolores son más fuertes”. “Esto es como una montaña rusa. Hay momentos en los que te encuentras bien y otros en los que no puedes con tu vida”. No tiene ninguna duda de que los fármacos llegaran a los pacientes en algún momento, pero el tiempo juega en su contra. “Me gustaría decir que estaré aquí cuando los políticos dejen de hablar y pasen a la acción. Pero no lo sé. Hace un año estuve al borde de un coma hepático, y cualquier día podría sufrir una descompensación. Es absurdo que nos dejen morir después de haber invertido tanto dinero en nuestra curación”.