El pasado 11 de marzo se cumplía el 6º aniversario del accidente de Fukushima-Daiichi, tan grave como el de Chernóbil, aunque de características diferentes. Las consecuencias del accidente persisten y la situación todavía no están controladas.

Por un lado, no se conoce a ciencia cierta el estado de los reactores números 1, 2 y 3, aunque se sabe que están fundidos. Se han introducido tres robots en el reactor número 2 para averiguar el estado y posición del núcleo del reactor, pero no han podido soportar las altísimas dosis de radiactividad y han dejado de funcionar a las pocas horas. La dosis registrada en ese reactor oscila entre los 500 y 650 Sv/h (Sievert por hora), suficiente para matar un a persona en pocos segundos.

Antes de estropearse, los robots pudieron tomar fotos y películas que confirmaban que el núcleo está fundido y forma lo que se llama corium (un amasijo de combustible nuclear y metal) de muy difícil manipulación, y que será necesario que pase mucho tiempo antes de plantearse el desmantelamiento. De hecho, ya se baraja la alternativa que se ha puesto en marcha en Chernóbil: construir sarcófagos que confinen los reactores hasta que el nivel de radiación baje sensiblemente, lo que puede ocurrir en décadas.

Por otro lado, aún no se ha controlado totalmente el flujo de agua radiactiva que se vierte en el mar, compuesto por aguas subterráneas que fluyen desde las montañas vecinas y se contaminan al pasar por el subsuelo de los reactores, para acabar en el mar. Estos vertidos siguen siendo un problema grave, puesto que no se han detenido totalmente a pesar de que se bombea agua constantemente. De hecho se calcula que habrá que gestionar más de 900.000 Tm de agua. Se está en proceso de construir un muro de hielo de 30 metros de profundidad en torno a los reactores para evitar que el agua se contamine, pero no estará operativo hasta 2021.

Las autoridades japonesas han renunciado a una descontaminación total y por eso los niveles de radiación de las zonas descontaminadas son 20 mSv/año, 20 veces los permitidos para el público en general. Esto hace que unas 50.000 personas se nieguen a regresar a sus hogares, a pesar de las gratificaciones económicas ofrecidas por el gobierno a quienes lo hagan, que superan los 6000 euros. Además, una zona próxima a la central es inhabitable y seguirá siéndolo indefinidamente.

El accidente de Fukushima ya ha provocado la emisión al medio de aproximadamente el 40% de la radiactividad que se emitió el de Chernobil, pero con la particularidad de la grave contaminación marina, que es un desastre sin precedentes. Las características de este accidente son especialmente graves: ocurre en una potencia tecnológica de primer orden como es Japón y se produce por un incidente externo a la central, lo que introduce serios problemas a la hora de evaluar la seguridad de los reactores nucleares: ¿se pueden tener en cuenta todos los sucesos externos que potencialmente pueden dañar el reactor?

No podemos permitir que estos desastres vuelvan a ocurrir y debemos abandonar paulatinamente el uso de la energía nuclear que, además del riesgo que conlleva, genera miles toneladas de residuos de altas actividad, que son radiactivos durante decenas de miles de años.

Sin embargo, los oligopolios de la electricidad siguen promoviendo y utilizando la energía nuclear. En España apuestan por prorrogar el funcionamiento de las nucleares hasta los 60 años, con el consiguiente aumento de la inseguridad y de la cantidad de residuos a gestionar. Con la extensión del funcionamiento más allá de los 40 años entramos en un terreno donde no se sabe cómo se comportarán los diferentes sistemas.

Y eso sin haber tenido lugar un estudio global de la seguridad por parte del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que muestra muy poca firmeza con las compañías eléctricas.

Estas valoran más sus beneficios que el medio ambiente o la seguridad de las personas. En el mercado eléctrico español, las centrales ya amortizadas suponen un enorme negocio, verdadero motivo para la extensión del funcionamiento del parque nuclear.

La central nuclear de Garoña (Burgos), parada desde 2012 por la empresa propietaria, Nuclenor (propiedad de ENDESA e IBERDROLA al 50% cada una) no se debe reabrir, pues se encuentra en condiciones lamentables y supone un riesgo inaceptable para toda la cuenca del Ebro y para el País Vasco. Las reparaciones exigidas por el CSN, valoradas en más de 200 millones de euros, no podrán llevar a la central a un nivel de seguridad aceptable, lo que podría desembocar en nuevas averías e, incluso, accidentes con escapes radiactivos. De ahí que Iberdrola haya manifestado ya que no le interesa reabrir Garoña y Endesa haya dicho que lo tiene que estudiar.

El resto de centrales deberían cerrarse según expiren sus actuales permisos de explotación. La primera de ellas es Almaraz con dos rectores en funcionamiento, cuyo permiso expira en junio de 2020. En este caso nos enfrentamos a una baja cultura de seguridad por parte de sus explotadores y a una cadena de sucesos. De los producidos recientemente, el más grave aconteció entre septiembre de 2015 y enero de 2016 con la avería de las bombas del agua de servicios esenciales, vitales para el normal funcionamiento de la central.

Aquí, el Parlamento portugués ha jugado un papel importante al reclamar el cierre de la central, al igual que los ayuntamientos de Lisboa y Oporto, así como de un gran número de organizaciones sociales y políticas integradas en el Movimiento Ibérico Antinuclear. Éste está constituido por más de 50 grupos de ambos lados de la frontera. La continuidad de la central pasa por la construcción de un cementerio nuclear individual (Almacén Temporal Individualizado, ATI), para el que el Gobierno español ya ha otorgado permiso, lo que cuenta con la oposición del MIA, de la Junta de Extremadura y del Gobierno portugués.

Tras Almaraz deberían venir los ceses de explotación del resto de las centrales, siguiendo con Vandellós II, con tiempo suficiente para administrar mediadas de gestión de la demanda, de ahorro y eficiencia y de desarrollo de las renovables, que permitan prescindir de la energía nuclear sin aumento de emisiones de CO2.

Solo en ese caso podrá encontrarse una forma de gestión de los residuos radiactivos aceptada socialmente dimensionada a la cantidad de residuos a gestionar, por lo que el proyecto de cementerio nuclear en Villar de Cañas (Cuenca) debe paralizarse definitivamente.

Asimismo, la locura delirante de abrir en Salamanca la que sería la única mina de uranio a cielo abierto en Europa debe olvidarse. Este proyecto es insensato por la mala calidad del mineral y por el gran impacto ambiental y social que supone.

El Gobierno del PP apoya las pretensiones de ampliar el funcionamiento de las nucleares, a pesar de una opinión pública española que una y otra vez se muestra sensatamente contra el uso de la energía nuclear. El mantenimiento de las nucleares es un serio obstáculo para transitar a un nuevo modelo energético sostenible basado en renovables.

La nuclear es una fuente de energía insegura que genera problemas técnicos y sociales.

Se cumplen estos meses los aniversarios de los tres accidentes más graves acontecidos en centrales nucleares: 11 de marzo de 2011 en Fukushima (Japón), 29 de marzo de 1979 en Harrisburg (EEUU) y 26 de abril de 1986 en Chernobil (Ucrania).

A lo largo de la historia de las sociedades industriales ha habido múltiples desarrollos tecnológicos que no han triunfado, que intentaron introducirse en la sociedad pero que fueron orillados. Cuando un nuevo desarrollo tecnológico incumple sus promesas, es decir, no proporciona todo el bienestar social que de él se espera, lo normal es que paulatinamente vaya apartándose hasta acabar desterrado. Tal ocurrió, por ejemplo, con el avión supersónico Concorde, que vio su final debido a su elevado precio y al accidente que sufrió el 25 de julio de 2000, el único en 27 años de servicio.

Sin embargo, con la energía nuclear esto no parece ser así. Se trata de una tecnología cara que ha sufrido varios accidentes graves y a pesar de los cuales sigue contando con apoyos y algunos agentes políticos y económicos se resisten manifiestamente a abandonarla. Se cumplen estos meses los aniversarios de los tres accidentes más graves acontecidos en centrales nucleares: 11 de marzo de 2011 en Fukushima (Japón), 29 de marzo de 1979 en Harrisburg (EEUU) y 26 de abril de 1986 en Chernobil (Ucrania). Además de estos se han producido algunos más con víctimas mortales y un sinnúmero de incidentes de gravedad diversa. Los tres grandes accidentes citados serían suficientes por sí mismos para calificar una actividad industrial de inaceptablemente peligrosa, sobre todo teniendo en cuenta que existen alternativas menos lesivas que la nuclear para producir electricidad. Además, el riesgo nuclear es inherentemente antidemocrático, porque unos pocos deciden sobre el riesgo que debe asumir el grueso de la población y se benefician de las actividades que genera ese riesgo.

Por si esto fuera poco, la energía nuclear no tiene resueltos algunos de sus problemas técnicos más importantes como la gestión de residuos radiactivos de alta, que serán peligrosos durante cientos de miles de años. Podemos mirar el caso concreto de España para darnos cuenta del calibre del problema técnico, social y económico que esto supone. Fue necesario crear ENRESA, una empresa ad hoc que depende del ministerio de industria, que se financió hasta 2005 con cargo al recibo de la luz y que hoy se financia con un canon que cobra a las centrales nucleares que el Tribunal de cuentas ha denunciado ya como insuficiente para garantizar la gestión hasta 2070 (fecha marcada por el último Plan General de Residuos). Por supuesto, cabe también preguntarse qué pasará después de ese año, pero el Tribunal no dice nada al respecto. Lo cierto es que desde 1985 hasta nuestros días, ENRESA ha buscado un emplazamiento para ubicar los residuos radiactivos, sin conseguir hasta ahora la construcción de una instalación centralizada, siquiera sea temporal.

En la actualidad esta empresa ha apostado por instalar el Almacén Transitorio Centralizado (ATC), un cementerio nuclear donde depositar temporalmente los residuos de alta de todas las centrales nucleares españolas en Villar de Cañas (Cuenca). Se trata de una zona no nuclear, que acabó en cuarto lugar en el ranking de candidatos para albergar tal instalación. Además, las pruebas geológicas realizadas mostraron que el terreno era “inadecuado”, y así lo calificó la consultora independiente URS. El terreno tiene tres graves inconvenientes: el acuífero es muy superficial, por lo que aflora inundando el emplazamiento cuando llueve y aumenta el riesgo de contaminación; pueden formarse dolinas o grandes oquedades que darían problemas a los cimientos; posee arcillas expansivas que se mueven y podrían incluso agrietar la instalación. A pesar de todo esto el Gobierno ha insistido e insiste en construir el ATC en Villar de Cañas. Y únicamente por motivos políticos. Es el empeño de Cospedal en construir este proyecto en su comunidad, bajo su rígido control político, lo que verdaderamente hace que sea Villar de Cañas el emplazamiento elegido.

Por si los inconvenientes reseñados fueran pocos, se acaba de producir el terremoto de Ossa de Montiel (Albacete) que se sintió en Villar de Cañas, hasta el extremo de dejar sin luz a esta localidad. Este terremoto junto a otros que se han producido anteriormente arrojan serias dudas sobre la consideración de baja sismicidad de la zona centro de la península. Y es que aunque siempre se ha considerado que La Mancha es una zona no sísmica, se han registrado varios terremotos en estos años que cuestionan esta afirmación y que muestran hasta qué punto es difícil hacer predicciones sobre los seísmos, que pueden empezar en zonas lejanas y afectar a una determinada instalación. Además de éste de Ossa de Montiel en Albacete, el 7 de junio de 2006 se produjo un seísmo de grado 4,1 en Escopete (Guadalajara), a 85 km de Villar de Cañas; en agosto de 2007 se produjo en Pedro Muñoz (Ciudad Real) un terremoto de grado 5,1, a 53 km de Villar de Cañas; y tenemos también el triste recuerdo del terremoto de Lorca (Murcia), en mayo de 2011, que produjo la muerte de 9 personas. No en vano todos los intentos de construir un cementerio nuclear para los residuos de alta, y también el de Villar de Cañas, han contado con una activa contestación social y política.

En fin, si la nuclear es una fuente de energía insegura que genera problemas técnicos y sociales, ¿por qué empeñarse en mantener las centrales en funcionamiento? Este es un ejemplo de que las discusiones técnicas no bastan para entender lo que pasa. Existe una poderosa industria con grandes intereses, que ha realizado grandes inversiones, y que presiona sobre el poder político. El inicio de la energía nuclear y su sostenimiento en algunos países está imbricado con la industria militar y el desarrollo de armas atómicas, puesto que la tecnología civil alimenta a la militar y viceversa, si bien este no es el caso de España. Es verdad que también existen grupos de personas que bienintencionadamente defienden esta tecnología, pero en estos casos estoy seguro que un buen debate racional podría bastar.

Al final, aunque la energía nuclear muestra una y otra vez sus problemas, no conseguimos eliminar las centrales nucleares. A pesar de que la mayoría de la población española muestra en las encuestas una y otra vez una opinión mayoritaria antinuclear, ningún gobierno se ha atrevido a dar los pasos para librarnos de este riesgo. No hay duda de que este es un ejemplo más del déficit democrático que padecemos.