La ocupación de tierras, los indígenas nasa del norte del Cauca, Colombia, en siete haciendas de caña de azúcar de Corinto, ha desencadenado un fuerte represión del gobierno Santos, con un despliegue desorbitado de unidades del brutal cuerpo antidisturbios ESMAD (Escuadrón Móvil antidisturbios), que no han dudado en utilizar todos los medios de última generación con que el gobierno ha dotado estas unidades de élite dela altamente militarizada policía colombiana, haciendo gala de una respuesta absolutamente desproporcionada con lo que es una protesta firme pero pacífica. A pesar de esta brutalidad los 20 cabildos indígenas del norte del Cauca resisten el desalojo de las tierras ocupadas.

Las organizaciones indígenas del Cauca estiman que tienen necesidad como mínimo de 140.000 ha para sus familias. Según datos de 2010, en el Cauca 51.000 familias indígenas comparten 201.987 ha, que con una media de 6 personas por familia da un ratio de 0,66 ha por persona. El mismo INCODER, el oficial Instituto Colombiana de Desarrollo Rural, estimaba en 2007 un déficit para las comunidades indígenas agrupadas en el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) de 170.932 ha. Las comunidades indígenas están reivindicando que el estado les otorgue 20.000 ha en el municipio de Corinto, a un ritmo de 5.000 ha por año. Exigen, con medidas de hecho, que el Estado cumpla de manera real con los diferentes acuerdos de restitución de tierras que, producto de las movilizaciones, se ha comprometido desde 2009 y que cumpla la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH ) emitió en “reparación” por la masacre de El Nilo ocurrida hace 23 años cuando 20 indígenas fueron asesinados a sangre fría para desposeerlos de 500 has que ocupaban desde hacía cuatro años.

Pero los compromisos del gobierno de Santos no van en esta línea. Ni las políticas de restitución de tierras a los pueblos indígenas, ni la restitución de tierras a las víctimas del desplazamiento forzado establecida en la Ley de víctimas, ni el reconocimiento de las solicitudes de creación de Zonas de Reserva Campesina son las prioridades de este gobierno.

El gobierno Santos está del lado de la agroindustria y del latifundio y, a pesar de las negociaciones de paz en la Habana o la negociación del pliego de peticiones de la Cumbre agraria, Étnica y Popular surgido de las movilizaciones agrarias del 2014, está legislando en un sentido totalmente contrario que compromete seriamente las posibilidades de llegar a una paz con justicia. En Colombia el 1,5 de los propietarios, latifundistas y empresas agroindustriales acaparan el 52% de la tierra, mientras que el 93% de pequeños propietarios y minifundistas -comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas- sólo tiene el 29,6%. Todos los proyectos gubernamentales están orientados en la dirección de seguir aumentando aún más la concentración de la tierra en favor de los terratenientes y de la agroindustria, los cultivos para la exportación y para los agrocombustibles. Los proyectos del nuevo “Plan Nacional de Desarrollo” y de la Ley de Baldíos profundizan la intención del gobierno de entregar tierras a los grandes empresarios, contraviniendo la propia Constitución y sentencias de la Corte Constitucional. El gobierno prioriza de forma descarada los agronegocios, los megaproyectos viales e hidroeléctricos y el extractivismo (como el petróleo, la minería, los cultivos de caña y palma africana) por delante de la restitución de tierras a las víctimas y la agricultura campesina dedicada a la producción de alimentos. Insiste en proseguir una contrarreforma agraria que concentra en pocas manos, de terratenientes e inversionistas especulativos nacionales y extranjeros, el uso y la posesión de la tierra y en hacer avanzar, a costa de quien sea, su modelo de desarrollo y los objetivos que imponen los Tratados de Libre Comercio.

Lo que hoy están reclamando las comunidades indígenas del norte del Cauca es la recuperación de tierras planas, la restitución de los territorios ancestrales arrebatados hace más de 100 años en un proceso de violencia persistente que, al igual que a las comunidades campesinas y las afrodescendientes, las han ido desplazando de las tierras planas para arrinconarlas en las tierras menos fértiles, en las faldas de las montañas. En tierras que ahora, con la promoción de la minería que impulsa el gobierno, son codiciadas por las multinacionales amenazando con ello el territorio y la pervivencia misma de las comunidades.

Lo que están haciendo las comunidades indígenas es liberar la madre tierra de los monocultivos que la empobrecen e intoxican para beneficio de unos pocos. Mujeres y hombres de las Comunidades indígenas cansadas de promesas y de acuerdos incumplidos, hartas de pasar hambre y con un futuro que les amenaza con el desplazamiento forzado, desde hace tres meses ocupan siete fincas plantadas con caña de azúcar, “propiedad” del multimillonarioCarlos Ardila Lule, uno de los grandes empresarios del país.

Y el gobierno, mientras simula negociar con los ocupantes, para doblegar la resistencia indígenaha dado respuesta militar a un conflicto pacífico. Más de 100 indígenas han sido heridos, el ESMAD está actuando con tanquetas y helicópteros con una gran violencia, utilizando armas reglamentarias como armas letales (hay heridos con graves lesiones por impactos directos de los cartuchos de gases). Pero también utilizando armas no legales que, aunque lo nieguen, tienen su demostración en las personas heridas por metralla y bolas de cristal con que la policía ha recargado los cartuchos de gases; han disparado fusiles, bastantes heridos son por balas, y también hay fotografías que muestran a la policía atacándolos con machetes y otros con piedras lanzadas con enormes hondas. Asimismo están filmando y fotografiando las personas para judicializar a su gusto a las mujeres y hombres de las comunidades, criminalizando así la lucha indígena, de hecho en este momento ya han retenido a cinco miembros de la guardia indígena. Esta represión salvaje del estado ataca una población indígena que tiene en la palabra, la firmeza y los bastones de las autoridades y de la guardia indígena su fuerza.

Y toda esta violencia del estado es para defender los intereses de los grandes latifundistas. Este gobierno a través de su fuerza pública, actúa rápidamente a petición de los “grandes propietarios” para desalojar a los indígenas de los grandes latifundios. Esta “diligencia” contrasta con la inacción o ineficacia de la policía para encontrar a los asesinos de dos indígenas nasa del resguardo Toéz de Caloto (Cauca) en febrero, del comunero del resguardo Pitayo y de tantas otras muertes que sin tregua vienen sufriendo los indígenas o a los autores de las últimas amenazas de muerte contra líderes nasa del norte del Cauca el pasado 5 de febrero.

Aunque pueda parecer de un grupo o de un territorio concreto, la lucha de los indígenas del Cauca va más allá. Pone de manifiesto la vigencia de las causas de fondo de la violencia estructural en Colombia, la voluntad de las clases dominantes de seguir con un modelo económico de expolio y despilfarro de la naturaleza, que margina y excluye las comunidades, y es, a la vez una gran demostración de las reivindicaciones, esperanzas y deseos que en toda Colombia confrontan con el gobierno las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. La lucha de los hombres y mujeres indígenas del norte del Cauca es nuestra lucha, de todas las personas que creemos que hay que liberar la Madre Tierra y entregarla a quien cuidará de ella y al que, a la vez, la “UmaKiwe” alimentará los hijos y las hijas ahora y en el futuro.

L’ocupació de terres, pels indígenes ‘nasa’ del nord del Cauca, Colòmbia, a set hisendes de canya de sucre de Corinto, ha desencadenat un forta repressió del govern Santos, amb un desplegament desorbitat d’unitats del brutal cos antidisturbis ESMAD (Escuadrón Movil Antidisturbios), que no han dubtat a utilitzar tots els mitjans d’última generació amb què el govern ha dotat aquestes unitats d’elit de l’altament militaritzada policia colombiana, tot fent gala d’una resposta absolutament desproporcionada amb el que és una protesta ferma però pacífica. Malgrat aquesta brutalitat els 20 cabildos indígenes del nord del Cauca resisteixen el desallotjament de les terres ocupades.

Les organitzacions indígenes del Cauca estimen que tenen necessitat com a mínim de 140.000 hectàrees per a les seves famílies. Segons dades de 2010, al Cauca 51.000 famílies indígenes comparteixen 201.987 hectàrees, que amb una mitjana de 6 persones per família dona un rati de 0,66 hectàrees per persona. El mateix INCODER, l’oficial Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, estimava el 2007 un dèficit per a les comunitats indígenes agrupades en el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) de 170.932 hectàrees. Les comunitats indígenes estan reivindicant que l’estat els hi atorgui 20.000 hectàrees al municipi de Corinto, a un ritme de 5.000 hectàrees per any. Exigeixen, amb mesures de fet, que l’Estat compleixi de manera real amb els diferents acords de restitució de terres que, producte de les mobilitzacions, s’ha compromès des del 2009 i que compleixi la sentència que la Cort Interamericana de Drets Humans (CIDH)va emetre en “reparació” per la massacre de El Nilo, que va tenir lloc ja fa 23 anys quan 20 indígenes van ser assassinats a sang freda per desposseir-los de 500 hectàrees que ocupaven des de feia quatre anys.

Però els compromisos del govern de Santos no van en aquesta línia. Ni les polítiques de restitució de terres als pobles indígenes, ni la restitució de terres a les víctimes del desplaçament forçat establerta en la Llei de víctimes, ni el reconeixement de les sol·licituds de creació de Zones de Reserva Camperola són les prioritats d’aquest govern.

El govern Santos està del costat de l’agroindustria i del latifundi i, malgrat les negociacions de pau a la Habana o la negociació del plec de peticions de la Cumbre Agrária, Étnica y Popular sorgit de les mobilitzacions agràries del 2014,està legislant en un sentit totalment contrari que compromet seriosament les possibilitats d’arribar a una pau amb justícia. A Colòmbia l’1,5 dels propietaris, latifundistes i empreses agroindustrials acaparen el 52% de la terra, mentre que el 93% de petits propietaris i minifundistes –comunitats indígenes, afro-descendents i camperoles- només en té el 29,6%. Tots els projectes governamentals van en la línia de continuar augmentant encara més la concentració de la terra en favor dels grans terratinents i de l’agroindustria, els cultius per a l’exportació i per als agrocombustibles. Els projectes del nou “Plan Nacional de Desarrollo”i de la LLei de “Baldíos” aprofundeixen la intenció del govern de entregar terres als grans empresaris, tot contravenint la mateixa Constitució i sentències de la Cort Constitucional. El governprioritza de manera descarada els agronegocis, els mega-projectes viaris i hidroelèctrics i l’extractivisme (com el petroli, la mineria, els cultius de canya i palma africana) per davant de la restitució de terres a les víctimes i l’agricultura camperola dedicada a la producció d’aliments. Persisteix en una contrareforma agrària que concentra en poques mans, de terratinents i inversionistes especulatius nacionals i estrangers,l’ús i la possessió de la terra i en fer avançar, a costa de qui sigui, el seu model de desenvolupament i els objectius que imposen els Tractats de Lliure Comerç.

El que avui estan reclamant les comunitats indígenes del nord del Cauca és la recuperació de terres planes,la restitució dels territoris ancestrals arrabassats fa més de 100 anys en un procés de violència persistent que, a l’igual que a les comunitats camperoles i les afrodescendentes, les han anat desplaçant de les terres planes per arraconar-los a les terres menys fèrtils, a les faldes de les muntanyes. A terres que ara, amb la promoció de la mineria que impulsa el govern, són cobejades per les multinacionals mineres tot amenaçant així el territori i la pervivència mateixa de les comunitats.

El que estan fent les comunitats indígenes és alliberar la mare terra dels monocultius que l’empobreixen i intoxiquen per al benefici d’uns pocs. Dones i homes de les Comunitats indígenes cansades de promeses i d’acords incomplerts, fartes de passar fam i amb un futur que els amenaça amb desplaçament forçat, des de fa tres mesos ocupen set finques plantades amb canya de sucre, “propietat” del multimilionari Carlos Ardila Lule,un dels grans empresaris del país.

I el govern, mentre simula negociar amb els ocupants,per doblegar la resistència indígena ha donat resposta militar a un conflicte pacífic. Més de 100 indígenes han estat ferits, l’Esmad està actuant amb tanquetes i helicòpters amb una gran violència, utilitzant armes reglamentàries com a armes letals (hi ha ferits amb greus lesions pels impactes directes dels cartutxos de gasos). Però també fent servir armes no legals que, encara que ho neguin, tenen la seva demostració en les persones ferides per metralla i boles de vidre amb que la policia ha recarregat els cartutxos de gasos; han disparat fusells, bastants ferits són per bales, i també hi ha fotografies que mostren a la policia atacant-los amb matxets i d’altres amb pedres llançades amb enormes fones.Així mateix estan filmant i fotografiant les persones per judicialitzar al seu gust a les dones i homes de les comunitats, tot criminalitzant la lluita indígena, de fet en aquest moments ja han retingut a cinc membres de la guàrdia indígena. Aquesta repressió salvatge de l’estat ataca una població indígena que té en la paraula, la fermesa i els bastons de les autoritats i de la guàrdia indígena la seva força.

I tota aquesta violència de l’estat és per defensar els interessos dels grans latifundistes. Aquest govern a través de la seva força pública, actua ràpidament a petició dels “grans propietaris”per desallotjar els indígenes dels grans latifundis. Aquesta “diligència” contrasta amb la inacció o ineficàcia de la policia per a trobar els assassins de dos indígenes ‘nasa’ del resguard Toéz de Caloto (Cauca) al febrer, del comuner del resguard Pitayo i de tantes altres morts que venen patint els indígenes sense treva, o els autors de les darreres amenaces de mort contra líders ‘nasa’ del nord del Cauca del passat 5 de febrer.

Encara que pugui semblar d’un grup o d’un territori concret, la lluita dels indígenes del Cauca va més enllà. Posa de manifest la vigència de les causes de fons de la violència estructural a Colòmbia, la voluntat de les classes dominants de seguir amb un model econòmic d’espoli i malbaratament de la naturalesa, que margina i exclou les comunitats, i és, alhora una gran demostració de les reivindicacions, esperances i desitjos que arreu de Colòmbia confronten amb el govern les comunitats camperoles, indígenes i afro-descendents. La lluita dels homes i dones indígenes del nord del Cauca és la nostra lluita, de totes les persones que creiem que cal alliberar la Mare Terra i lliurar-la a qui tindrà cura d’ella i a qui, alhora, la “Uma Kiwe” alimentarà els fills i les filles ara i en el futur.