La comparecencia de la ministra Teresa Ribera de la pasada semana en el Congreso ha dejado claras dos cosas. La primera: que antes de fin de año va a meterle mano a dos de las políticas más nefastas del legado Soria-Nadal, reformando el autoconsumo y el bono social. Y la segunda: que las prometidas reformas en el sector de la energía, de momento, no plantean un ataque frontal a la línea de flotación del oligopolio.

Hay que agradecerle a la nueva ministra, ya desde sus primeras intervenciones públicas, que, a diferencia de sus predecesores, no insulte la inteligencia de quien escucha y a quien representa. Así, mientras el Gobierno de Rajoy fiaba el precio de la luz al mercado y a las circunstancias meteorológicas, minimizaba la responsabilidad del Gobierno y daba como solución a los problemas del sector la construcción de nuevas infraestructuras energéticas, Ribera aparece en la escena política sin grandes artificios, poniendo sobre la mesa un tema tan clave, como poco debatido, como el sistema de fijación de los precios de la electricidad.

La ministra pone en tela de juicio la retribución justa o posible de las diferentes tecnologías de generación y su influencia en lo que pagamos. Ya no es un mercado abstracto el responsable de nuestros males, es un mecanismo concreto, una regulación, y son tecnologías y empresas con nombres y apellidos. En el actual modelo marginalista, el precio de la tecnología más cara fija el de toda la generación eléctrica. Este mecanismo, diseñado 20 años atrás, en un sistema falsamente liberalizado, legaliza y legitima la especulación permanente, con un bien tan esencial como es la energía. Y sin tocar esto, es imposible detener la escalada de precios. Estamos en manos de las eléctricas.

Ribera lo sabe y las eléctricas, también. En su intervención del otro día, la ministra anunció sin concretar. Pero, ¿es posible reformar este sistema con un marco legal tan finamente atado a los intereses del oligopolio? ¿Cómo hacerlo con la actual correlación de fuerzas del Congreso y con el tremendo poder que ejercen estas empresas sobre algunos partidos imprescindibles para que una reforma así salga adelante?

Todavía no podemos saber si el alto nivel de abstracción de las medidas que plantea Ribera, a medio plazo, responde a una prudencia estratégica o a la ausencia de valentía política. Pero, donde vamos a comprobar en el corto el carácter de la ministra es en la reforma del bono social.

Recordemos que, el bono social eléctrico es la única ayuda estatal que tenemos para paliar la pobreza energética. Creado en 2009 por Zapatero, el bono primigenio suponía un 25% de descuento del coste de la energía consumida y la potencia contratada de la factura eléctrica. Durante los 5 años de José Manuel Soria al frente del Ministerio de Industria se mantuvo el bono social intacto, a pesar de los sucesivos informes que alertaban del aumento de la pobreza energética. Tras la renuncia de Soria, por mentir sobre su aparición en los Papeles de Panamá, Álvaro Nadal impuso una reforma del bono social en 2017, contestada por todos los colectivos afectados, que, aunque incluye algunas mejoras, supuso un desbarajuste tal, que, de no aprobarse la moratoria anunciada por Ribera, estaría dejando fuera del bono al 75% de las familias que se beneficiaban de esta ayuda.

Según datos del Ministerio de Transición Ecológica, a mediados de este verano sólo 715.000 usuarios habían podido acogerse al nuevo bono, frente a los 2,4 millones de clientes que eran beneficiarios del antiguo. Estos datos son la brutal evidencia de la penosa política del Gobierno del Partido Popular en materia de pobreza energética. Su acción política ha pasado de la nada al desastre.

Ribera ha anunciado que mantendrá el actual bono y aprobará mejoras de urgencia. En lo que se refiere a los criterios de acceso, incluirá a las familias monoparentales y a las personas que viven solas. Ha prometido ampliar la cobertura, y para ello, los niveles de renta; Respecto al procedimiento de concesión, promete simplificarlo. Finalmente, Ribera ha anunciado un bono para otros suministros energéticos. Y hasta aquí bien, estos serían grandes avances. Pero, es oportuno preguntarse si dichas reformas van al corazón del problema.

¿Dónde estamos? Los últimos datos hablan de que 4,6 millones de personas residentes en España no fueron capaces de mantener su casa caliente durante los meses de frío y que 6,8 millones, el 15% de la población, sufrieron temperaturas inadecuadas en la vivienda, retrasos en el pago de recibos o ambas situaciones. El nuevo bono ha llegado a 715.000 hogares, un porcentaje ridículo ante la magnitud del problema. Ahora bien, de lo que no se habla, es de que sólo pueden solicitarlo las personas que contraten la luz con una comercializadora de referencia, es decir, en una de las ocho empresas que operan en España en esta categoría, entre las que están las cinco del oligopolio, en su versión regulada: Naturgy, Endesa, Iberdrola, Viesgo, EDP; CHC y las comercializadoras de Ceuta o Melilla. No hay más.

 Entonces, ¿qué pasa con los 15 millones de clientes/as del mercado libre? ¿Qué pasa con las personas que tienen la luz con alguna de las 728 comercializadoras que no son de referencia? Pues que están excluidas del bono social y de toda protección contra el corte de suministro. Nadal vinculó la definición del consumidor vulnerable en riesgo de exclusión a la renta, pero también a la compañía eléctrica. Con ello, sólo son sujetos de derecho frente a cortes de los clientes de las comercializadoras de referencia, que se beneficien del bono social y sean ayudados en el pago del recibo en un 50% o más por los ayuntamientos o comunidades autónomas. Es decir, que uno no es vulnerable por su situación económica y familiar, sino por la compañía con la que tiene contratada la luz. En la ciudad de Cádiz, este criterio supone dejar fuera del bono social a más del  80% de la población por tener la luz con la empresa local (Eléctrica de Cádiz).

La ministra Teresa Ribera anunció que su reforma incluirá el principio de precaución, sin definirlo. Tomando como obligada referencia la Ley Catalana 24/2015, la más avanzada en la protección del consumidor/a vulnerable, el principio de precaución implica que la empresa no pueda cortar suministro sin antes comprobar si  el titular está en situación de vulnerabilidad. ¿Aplicará Ribera el principio de precaución a todas las familias o dejará fuera a 15 millones de clientes de las comercializadoras del mercado libre?

Con ánimo de enriquecer el debate, a continuación se proponen cinco propuestas encaminadas a hacer del bono social una ayuda no discriminatoria, más justa y accesible, que suponga un avance en el tortuoso, pero imprescindible, camino del derecho a la energía.

1: Que todas las comercializadoras puedan facilitar el bono social.

Es de cajón. Con ello, además de llegar a la mitad de la población excluida, se evitaría el trasvase de clientes a las empresas del oligopolio y se fomentaría la competencia en el sector. De esta manera, podrían ofrecer el bono todas las empresas que lo desearan, entre otras, las cooperativas energéticas de no lucro, que comercializan sólo energía renovable y apuestan por la democratización de la energía. Dejaría así de ser incompatible para un cliente el acceso al bono social, con tener la luz contratada con una empresa ética, que no practique el perverso juego de las puertas giratorias.

2: Mejora obligatoria de los contratos a las familias vulnerables.

El descuento del bono social se aplica hoy por hoy sobre una potencia contratada y una tarifa que nada tienen que ver con las necesidades de la familia. No sólo se trata de flexibilizar la contratación de la potencia sino, de optimizar el contrato antes de aplicar el bono, para dejar de regalarle dinero público a las eléctricas. La empresa debería indicar a cada cliente qué potencia necesita, en base a su demanda real, y la tarifa más económica  (Tarifa con Discriminación Horaria 2.0DHA) y facilitar estos cambios cuanto antes.

3: Aplicación automática de la ayuda, como en Portugal.

El procedimiento de concesión del actual bono tarda meses, ha dejado a la mitad de los solicitantes fuera y colapsado de trabajo los Asuntos Sociales de los municipios. Se propone aplicar el descuento de manera automática, como se hace en Portugal desde julio de 2016 con la tarifa social. ¿Cómo? La Dirección de Energía cruza datos con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. Verifican qué clientes reúnen los requisitos y lo aplican directamente. Así, en Portugal los beneficiarios han pasado de 140.000 a 820.000.

Propuesta 4: No bonificar la luz a familias numerosas de alta renta.

No tiene justificación alguna que se aplique el descuento del bono social del 25% a familias numerosas de alta renta, mientras la gente que realmente lo necesita no tiene acceso al mismo. Es una cuestión ética, dejar de privilegiar con ayudas públicas a sectores no necesitados a cambio de votos. Sería oportuno incluir un tope de renta.

5: Que las eléctricas financien el bono en base a su volumen negocio.

El actual sistema de financiación pone el peso del bono social en las espaldas de las comercializadoras, que son las que gestionan la parte más pequeña del pastel eléctrico. Pagan las que menos ganan y lo hacen en proporción al número de clientes. Esto penaliza fuertemente a aquellas centradas en el sector doméstico. Empresas como Som Energía o Eléctrica de Cádiz, tienen que entregar más del 30% de sus beneficios para financiar un bono que, no pueden ofrecer a sus clientes. ¿Imaginan a Iberdrola o a Endesa dando el 30% de sus beneficios al Estado para costear una ayuda social?

En este sentido, la ministra pretende incluir el coste del bono social en los Presupuestos Generales del Estado. Esto supone claudicar ante las eléctricas. Si el oligopolio está sacando miles de millones cada año del negocio eléctrico, debe contribuir con sus propios recursos a paliar una pobreza energética de la que son corresponsables. El bono social debe ser financiado por las energéticas, contribuyendo en base al volumen de su negocio y beneficios. La normativa europea lo permite. Se trata de diseñar un mecanismo no discriminatorio y el Estado tiene recursos para hacerlo. Es una cuestión de justicia y de voluntad política. ¿Lo recurrirán? Seguro. Pero, la obligación de una representante pública es, defender los intereses de las mayorías sociales y de los más vulnerables. O al menos, intentarlo.

Este domingo estuve desde las 7.50 hasta las 00.30 como apoderada de Unidas Podemos en Cádiz, en un colegio electoral de una zona tradicionalmente de derechas. Terminado el recuento, las personas de la mesa que habíamos compartido el día nos estrechamos las manos, nos sonreímos y nos dimos un afectuoso y sincero “¡hasta luego, ojalá nos encontremos en otro contexto!” Fue el broche de 16 horas de convivencia tranquila, simpática y absolutamente eficaz. 

“Así da gusto trabajar” o “yo no me cambiaría por los que hoy están en la playa” fueron algunas de las frases dichas durante la jornada. Cinco personas al azar, todo el mundo realizó su cometido, facilitó, ofreció, agradeció,... En un momento de escasa afluencia de votantes, incluso hicimos una porra (que nadie ganó, pues todos creíamos que la derecha vencería en la mesa). En nuestro colegio salió: PSOE 184 votos, Unidas Podemos y Ciudadanos empatados con 176, PP 166, Vox 74 y Pacma 12. “Si en el resto de España la cosa está así, ahora tendrán que hablar”, dijo una, con el asentimiento de las demás. “A ver si es verdad”. El deseo generalizado era el diálogo y el sentimiento, el cansancio. 

Todas confesamos haber ido ese día esperando lo peor. Se nos hacían cuesta arriba pasar 16 horas en una mesa electoral “con lo que es este barrio”... Sin embargo, ni un mal gesto, ni una tensión, nada. Una participación en la mesa fue de casi el 80%. La gente que vino a votar, muy amable y en la mesa, a medida que iban pasando las horas, cada vez más complicidad y no pocos chascarrillos. Invitaciones a café, caramelos, frutos secos,... “¿alguien quiere algo?”. 

Hoy me le levantado pensando en el terrible papel que hacen los medios de comunicación. En el drama que es que, salvo en elecciones, en España, en muchas familias todavía no se habla de política. Se generan tremendas controversias que polarizan la opinión, y en general o no se tocan “estos temas” o se discute y se repiten las barbaridades vertidas por unos grupos de comunicación completamente hipotecados al poder corporativo. El cultivo del pensamiento abismal enferma el ejercicio de la democracia. 

Este domingo se impidió un gobierno de derechas nacional liberal católico y hay que celebrarlo. Es verdad, el miedo a retroceder socialmente ha llevado a la gente a votar. Pero a mi entender, no sólo eso. Me parece importante no perder de vista que en estas elecciones hemos interpelado a nuestras personas allegadas. Mucha gente ha pedido a otra que se moje. Y creo que a estas elecciones les hemos dedicado más tiempo y más oreja. Para mí esto es motivo de celebración, tanto o más que el resultado. 

Las izquierdas necesitamos cambiar el foco y empezar a construir de verdad partidos abiertos, otros liderazgos menos cainitas, una agenda con sentido social y ecológico que no esté al pairo de las encuestas, sino que ofrezca un plan para encarar los tremendos retos que tenemos ante nosotras. Ganar no es contar más votos, es incluir, es proponer con raíz, es escuchar, facilitar la organización social y no cooptar, purgar o capitalizar. Para mí, estas elecciones nos dan un poquito de oxígeno y abren de nuevo la puerta a tener voluntad (en sentido de dedicar tiempo y recursos) de cambiar las cosas desde abajo. Sin embargo, queda claro que las izquierdas, que por fin asumen el discurso ecologista y feminista tienen que reinventarse y empezar a serlo realmente. 

Creo que hoy es un día para celebrar y agradecer. Nuestros cuerpos necesitan sentir que el esfuerzo ha mecido la pena. Reconocerse en esta pequeña victoria, a pesar de que haya ganado un partido neoliberal “que siempre defrauda”. Celebremos pensando en las oportunidades que se abren, en esas bases del PSOE que ayer gritaban en Ferraz “con Rivera NO”, en la gente que pide diálogo, y en la que no quiere perder el espíritu del 15M. No se nos olvide en el gran logro de haber sumado fuerzas, aparcando diferencias, en la confluencia de Unidas Podemos. La colaboración de las izquierdas en toda su diversidad es condición necesaria, aunque no suficiente, para una transformación social. Pero, es necesaria. 

Y hoy celebremos. Caminar por la izquierda no puede ser un permanente calvario de inagotable crítica. ¡Hay que celebrar! Y descansar, y sentir lo que hemos vivido, compartirlo, reflexionar en silencio, dejar de querer llevar la razón, aunque sólo sea un día. Y hacer cuerpo y comunidad más allá de nuestros ombligos partidistas. Salir a la calle y vernos hoy las caras nos da sentido. La ilusión, como todo, ¡hay que cuidarla! Hablemos de lo sucedido, no sólo de los resultados o los pactos. El domingo mucha gente se mojó por los derechos y libertades de las estamos y las que vendrán. ¡Gracias de corazón a tod@s!

Aumenta la pobreza energética en nuestro país, independientemente del indicador o la definición que se escoja. Hay más familias que no pueden climatizar su hogar a una temperatura adecuada, más familias que tienen que elegir entre comprar comida o pagar un recibo de la luz, y más familias que viven con la angustia de la amenaza del corte. Y tras él, las velas, el frío y el aislamiento social. La pobreza energética no está resuelta ni de lejos. 

Dice el 4º informe de la Asociación de Ciencias Ambientales “Pobreza Energética en España 2018”, presentado el lunes, que si tenemos en cuenta el indicador de gastos desproporcionados (más del 9% de su renta) y/o si se tiene en cuenta el indicador de pobreza energética escondida, en 2016 un 29% de la población del país estaría en dificultades relacionadas con el abastecimiento energético. Señala también que 6,8 millones de personas (15% de la población), estarían sufriendo temperaturas inadecuadas en la vivienda, retraso en el pago de recibos, o ambas cosas. De estas personas, 2,8 millones declararon tener dos o más retrasos en el pago de recibos en los últimos 12 meses (el 6% de la población). 

Tenemos un problema social de primer orden, y el Gobierno hace como si esto no fuera con él, a pesar de tener principal competencia en materia de energía. Ha pasado de la negación de su existencia en la legislatura pasada, a la regulación fallida. Y mientras, los ayuntamientos, que  parecen máquinas expendedoras de pagar recibos, son los que dialogan y buscan soluciones. Esta semana han tenido lugar tres jornadas relacionadas con la pobreza energética en Barcelona, Madrid y Valencia que han abordado el análisis de la situación, experiencias y soluciones. Tres jornadas bien diferentes, tanto por la manera de organizarse, como por los participantes, patrocinadores y el foco de las soluciones. Sin embargo, hay que destacar, que en todas ellas, se ha calificado la reforma del bono social del Gobierno como un desastre. 

Y es que, aunque el “nuevo” bono social podría beneficiar potencialmente a 9 millones de personas, frente a los 6 millones (2,3 millones de hogares), que disfrutaban del él antes, resulta que solamente 170.000 solicitantes han logrado acceder al mismo. Es decir, que nos enfrentamos a la caída en picado de los beneficiarios y beneficiarias de la única ayuda contra la pobreza energética existente a nivel estatal y única medida desarrollada por el Gobierno de Mariano Rajoy en esta legislatura. 

El bono de Rajoy deja fuera a la mayor parte de las familias que lo necesitan, bien porque han rechazado su solicitud, debido a lo complicado del procedimiento; bien porque no entran en los muy cuestionables requisitos de acceso; bien porque no se han enterado de su existencia o  porque, sencillamente, tienen la luz contratada con una de las 662 comercializadoras de este país que NO pueden ofrecerlo, porque el Gobierno sólo ha querido que lo den las 8 comercializadoras de referencia (entre las que están las 5 del oligopolio en su versión regulada y 3 más). Eso sí, el bono social lo tienen que pagar todas las comercializadoras solidariamente en base al número de clientes, llegando algunas a tener que aportar el 40% de sus beneficios anuales, para costear un bono social que no pueden ofrecer a sus clientes. Muy bien pensado esto. ¿Imaginan a Endesa o Iberdrola aportando el 40% de sus beneficios para pagar una ayuda? Pues esto es lo que le exige el Gobierno a las pequeñas, convirtiendo el bono en un arma de destrucción masiva de la competencia, en manos del oligopolio. 

Más allá de hablar de la calamidad del bono social, en estas jornadas se han compartido perspectivas, preocupaciones y propuestas. ¿De qué tipo? En algunos casos, la pobreza energética se ha planteado como un problema técnico o de procedimiento. “Las familias quieren pagar, pero a veces no pueden” dijo en Valencia la representante de Gas Natural, que habló de las medidas del plan que tiene en marcha dicha empresa (Plan de Vulnerabilidad con 4,5 millones de presupuesto, según dijo), que son: Las facilidades en el pago mediante su flexibilización o fraccionamiento, un teléfono de atención a personas vulnerables en el que se les “ayuda” y la formación de los trabajadores de dicha empresa, para que “se sensibilicen con lo que es la pobreza energética”, entre otras. 

También se ha destacado en dichas jornadas el enorme desconocimiento de la población respecto a las cuestiones más simples relacionadas con la energía y la necesidad imperiosa de formación, acompañamiento e información veraz. Para ayudar, hay que empoderar a las familias, esto parece claro. 

Sin embargo, por parte de organizaciones como la Alianza contra la Pobreza Energética, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, representantes de los ayuntamientos y multitud de organizaciones del tercer sector, se tiene claro que no hablamos de un problema técnico, sino de un enorme problema político y social que hunde sus raíces en el modelo de democracia. Hablamos de pobreza energética como consecuencia de un sistema que prioriza el lucro, sobre las necesidades de las personas. Y por tanto, las soluciones pasan por darle la vuelta al modelo y construir los pasos que permitan avanzar en el derecho a la energía. Hablamos de cambiar las prioridades y para ello, es imprescindible generar alianzas. Se habla, por tanto, de unión para hacer frente juntas al tremendo poder del oligopolio y su perversa influencia sobre los reguladores. 

Porque, no podemos obviar que las empresas del oligopolio podrían ser corresponsables de la pobreza energética y de sus consecuencias, entre ellas, de las 7.000 muertes prematuras, que tienen lugar en España cada año por esta causa. ¿Acaso no son conscientes de la angustia que causan en millones de hogares? Si no lo conocen, no será porque no tienen medios. Los señores de sus flamantes consejos de administración pueden aprender mucho del tema, pasando una mañana en las oficinas de atención al cliente de sus empresas o en cualquier delegación municipal de Asuntos Sociales. Hay millones de familias desesperadas con la energía. 

El diálogo con estas empresas es necesario, esto es cierto. Si el oligopolio facilitara mínimamente la gestión de los cambios en los contratos, la gente se ahorraría mucho sufrimiento y tiempo. De ahí a resolver la pobreza energética va un trecho. El presupuesto en publicidad y patrocinios de las empresas del oligopolio es ilimitado, por lo que es seguro que cuanto más preocupe la pobreza energética, más escuchemos sus “alternativas”. 

Si realmente quisieran combatir la pobreza energética, cualquiera de estas cinco medidas sería buena para empezar. Todas ellas tendrían un impacto inmediato en la reducción de la misma: 

No dimite José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, por sus empresas opacas en paraísos fiscales, ni por mentir, sino por haber sido pillado, y una vez expuestas sus vergüenzas a la luz pública, haber seguido mintiendo, poniendo así en ridículo a sus compañeros del Partido Popular.

Gracias a los ‘Papeles de Panamá’ Soria ha perdido el recurso más valioso y más escaso que hay en política: la confianza. No deja de ser sorprendente, que sean estas mentiras y no otras, las que hayan logrado la caída del ministro, porque ha habido muchas en la pasada legislatura, pero han sido mentiras relacionadas con un tema tan poco atractivo para la mayor parte de la población, como es la energía.

No logró la dimisión del ministro ese primer Real Decreto de 2012 que supuso la paralización del sector de las energías renovables y los primeros recortes retroactivos de esta larga legislatura. Tampoco logró su dimisión una reforma del sector eléctrico, que fue rechazada por el resto de partidos de la Cámara, y solo pudo ser aprobada gracias al rodillo de la mayoría absoluta del PP.

No se logró la dimisión de Soria cuando defendió los intereses de Repsol en Canarias, permitiendo las prospecciones petrolíferas, a pesar del rechazo de la población. Ni se ha pedido recientemente al enterarnos de que su hermano, por esos años, montaba una empresa comercializadora de petróleo en Londres.

No supuso su dimisión saber que no había datos objetivos para los recortes a las renovables y que los informes que encargó el ministro para justificar sus medidas, no llegaron hasta meses después de la aprobación del Real Decreto. Tampoco, cuando salieron a la calle más de 60.000 familias estafadas, por las políticas de Soria.

Tampoco se cesó al ministro ante la aprobación de su genuino impuesto al sol, la legislación más restrictiva a escala mundial de autoconsumo, de desincentiva el uso de renovables y que impone enormes trabas a las familias, pymes y ayuntamientos el usode estas energías limpias, baratas, accesibles,….

No lo consiguió el escándalo por la ágil indemnización de 1.350 millones de euros (más intereses), a Florentino Pérez por el proyecto Castor, el almacén de gas que construyó frente a las costas de Castellón y que, tras provocar cientos de seísmos, fue paralizado.

Y tampoco lo ha conseguido la bochornosa práctica de las puertas giratorias en empresas como Red Eléctrica de España, la empresa que tiene el monopolio de la mayor parte del transporte de electricidad en alta tensión, y a Enagás, que tiene gran parte del transporte de gas. Tampoco le ha afectado que Aznar continúe cobrando por sus labores en el consejo de administración de Endesa, la eléctrica de privatizó.

Pero, si ha habido un motivo por el que Soria debería haber dimitido hace tiempo y que ha pasado desapercibido, es su absoluto desprecio a las familias castigadas por la crisis y su inacción ante el problema de la pobreza energética.

Disponiendo de rigurosos estudios que llevan alertando desde 2012 sobre el avance de la pobreza energética en nuestro país, sabiendo que millones de familias son incapaces de afrontar los gastos de los suministros energéticos, sabiendo que la vida se detiene cuando te cortan la luz o el gas, y que miles de personas mueren al año por la pobreza energética, Soria no ha aprobado en los 4 años de legislatura ninguna medida para ayudar a estas familias.

Y claro, la pobreza energética ha seguido creciendo: según el estudio publicado la pasada semana por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), el 11,1% de hogares españoles (5,1 millones de ciudadanos) se declara “incapaz” de mantener su vivienda a una temperatura adecuada y un 22% de la población (2´6 millones de ciudadanos) dedican más del 15% de sus ingresos familiares al pago de las facturas energéticas.

El ministro ha manteniendo un mal llamado bono social de electricidad injusto que hace que las familias numerosas independientemente de su renta tengan un 25% de descuento en la factura de la luz y que las familias sin ingresos o con bajos ingresos estén excluidas de esta ayuda.

No sólo no ha hecho nada bueno en este sentido, sino que votó en contra de la Propuesta de Ley contra la Pobreza Energética que presentó en el Congreso la Izquierda Plural. Y en contra de que se auditaran los costes del sector eléctrico que ponen en cuestión la legitimidad del déficit de tarifa.

Y para que quedara claro de quién es la competencia de energía, y por tanto la responsabilidad de tomar medidas contra la pobreza energética, el Gobierno impugnó al Tribunal Constitucional la ‘Ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia habitacional y la pobreza energética’ aprobada por unanimidad en el Parlamento Catalán, que venía de una Iniciativa Legislativa Popular.

Soria deja una herencia política que en el mejor de los casos va a costar décadas enmendar. Deja ruina, desconfianza y mucho dolor en millones de familias vulnerables por las que no se ha preocupado en absoluto. Y también deja mucha frustración y rabia en las personas y organizaciones que hemos estado estos años luchando para visibilizar la pobreza energética y lograr que entrara la agenda política.

Es responsabilidad de Soria la ruina de las familias que invirtieron en renovables, el cierre de cientos de pequeñas y medianas empresas de energía y la marcha de cientos de jóvenes y no tan jóvenes que decidieron orientar sus carreras profesionales hacia algo tan hermoso como es el cambio de modelo energético. Es más, debido a la incertidumbre que ha generado Soria, emprender la necesaria transición energética nos va a costar mucho más.

Por otro lado, es mérito del ministro Soria haber logrado asegurar los beneficios de las empresas del oligopolio eléctrico y que, a pesar del descenso de la demanda de consumo, hayan podido capear el temporal de la crisis con gran parte de sus centrales paradas.

El hecho de que el ministro Soria haya priorizado el pago del déficit de tarifa, por encima del acceso a los suministros básicos por parte de la población, debe hacernos reflexionar no sólo sobre las prioridades políticas del Partido Popular, sino sobre los mecanismos que le han permitido hacer estas políticas.

Siendo el suelo de votantes del Partido Popular de hormigón armado, impermeable a la corrupción o la falta de ética, el resto de la sociedad española debemos exigir un cambio en la manera de hacer política energética.

Necesitamos un Pacto de Estado que asegure el derecho a la energía a toda la población, y que, tal y como hacen países como Alemania, Francia o Dinamarca afronte con seriedad la transición energética a un modelo eficiente, sostenible y renovable. Un pacto que implique el diálogo con todas las fuerzas sociales, políticas y económicas (no sólo con el oligopolio) para construir un modelo energético que priorice las necesidades de las personas y la generación de empleo.

Es evidente que para ello necesitamos políticos y políticas, en lugar de pasarse a sus filas, sean capaces de enfrentarse a los poderosos intereses del oligopolio energético, que se encuentran íntimamente ligados a los grandes poderes económicos de este país.

La prioridad es clara: construir mecanismos de transparencia, participación y control real de la política energética por parte de la ciudadanía. Ha caído el ministro Soria, y es una buena noticia, pero seguimos sin tener el control sobre nuestro recibo de la luz. Y haya o no elecciones, haya o no cambio de gobierno, nadie nos va a regalar el derecho a la energía.

Hablemos del presente. Madrid, 40ºC a la sombra por tercera semana consecutiva. Tercera ola de calor en un mes. A nuestra espalda los meses de mayo y junio más cálidos desde que existen registros. ¿Cambio climático? Los científicos internacionales dicen que con él las olas de calor van a ser cada vez más frecuentes. Mejor irse acostumbrando.

Seguimos en presente. Esta semana la Comisión Europea, presentaba las primeras baldosas amarillas de la Unión Energética Europea, a través de un paquete de verano repleto de buenas intenciones. En teoría, este paquete ha de aproximarnos a un horizonte donde las grandes infraestructuras del gas y la electricidad nos llevarán a un continente descarbonizado y renovable. Y todo esto antes, de que la temperatura del planeta supere los 2ºC que el panel de científicos de la ONU dice que no debemos rebasar, si no queremos vernos en un escenario climático totalmente incontrolable.

Este paquete de verano de la Comisión abarca la comercialización y los mercados de electricidad, el etiquetado energético y el comercio de emisiones. Se trata de una serie de recomendaciones que defienden, a priori, un modelo energético basado en la eficiencia y las renovables, y ponen al consumidor en el centro del sistema. Sin embargo, en él se establece ningún mecanismo concreto para que esto suceda: la Comisión se limita a recomendar a los países en qué dirección deben legislar.

Estamos en España, multitud de ciudades y pueblos superan los 40º a la sombra y subiendo. Nos conviene recordar que vivimos en uno de los países de Europa, que por su geografía, más va a sufrir el cambio climático, en especial, las sequías y la desertificación, lo que tendrá un impacto impredecible en el sector agrícola, en la biodiversidad y en nuestra calidad de vida.

Pasado y presente. A estas alturas de la película, con el boicot a las renovables que estamos sufriendo y el retraso histórico y premeditado de los sucesivos gobiernos en la aplicación de las directivas de ahorro y eficiencia, ¿de verdad alguien cree que los partidos políticos cuya actividad legislativa nos mantiene maniatados en materia energética van a trasladar a la legislación nacional estas recomendaciones con la urgencia que nos impone el actual escenario climático?

No nos conviene olvidar que tenemos los consejos de administración de las empresas del oligopolio energético fósil plagados de ex altos cargos del PP y del PSOE ¿podemos confiar en que vayan a legislar a toda prisa en contra de los intereses de las multinacionales que les aseguran su retiro?

Seamos serias. El paquete de verano de la Comisión es precioso, pero hoy por hoy es del todo insuficiente, si no establece objetivos y compromisos a corto plazo. Al igual que cuando hay un incendio no esperamos que nos digan cómo apagarlo, sino se mande a los bomberos, hoy esperamos de la Comisión que utilice todas las herramientas disponibles para frenar el cambio climático. Esperamos directivas, no discursos.

Si bien la Comisión ha dado un salto interesante, al tomar la recomendación del Parlamento Europeo y declarar su intención de lograr en 2030 un descenso del 40% en las emisiones de carbono respecto a los niveles de 1990, no es en absoluto suficiente. Para lograr mantenernos por debajo de los 2ºC a final del siglo, necesitamos reducir las emisiones por lo menos en un 90% en 2050 en los países industrializados, lo cual significa por lo menos un 60% en 2030.

Por otro lado, la Comisión también ha revisado el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, con el objetivo de garantizar que siga siendo rentable durante la próxima década. Hay que señalar que, el comercio de emisiones ha demostrado ser una herramienta fallida para reducir dichas emisiones y se ha convertido en un mecanismo perverso, en el que las industrias más contaminantes cobran por contaminar.

Para ganar al cambio climático y salir de este sucio modelo energético en manos de unos pocos, debemos tomarnos en serio la transición energética hacia un modelo limpio, justo y sostenible. Y para ello, no nos vale el doble juego de la Comisión que dice poner al consumidor, la eficiencia energética y las energías renovables en el centro, al tiempo que invierte en grandes infraestructuras del gas, que afianzan la hegemonía energética de esta industria.

Como tampoco debemos aceptar que la Comisión negocie, a espaldas de la ciudadanía, un Tratado de libre comercio con Estados Unidos (el TTIP) que, al fomentar el transporte de mercancías transoceánico, va a a suponer un aumento sustancial de las emisiones de CO2. A pocos meses de la Cumbre del Clima de París (COP21) que tendrá lugar en diciembre de este año, defender el TTIP como la panacea económica para Europa, es una incoherencia política, estratégica y ambiental de alto vuelo.

Para construir el nuevo modelo energético, del que tanto y tan bien se habla en el paquete de verano de la Comisión, debemos reducir el consumo energético, eliminar los consumos innecesarios y relocalizar, tanto lo que consumimos, como lo que producimos.

Le pedimos a la Comisión que deje de engañarnos. Que ponga luz sobre el sector energético. Que la ciudadanía conozca todos los costes de cada energía y que decida qué quiere. Hay que premiar a quienes producen y consumen energía renovable, y no a las industrias sucias; favorecer la autoproducción, con medidas concretas, protegiendo a los autoproductores. Y cuando, como en el caso de España, el gobierno viola las directivas de eficiencia y renovables, la respuesta de la Comisión debe ser coherente y ágil. La justicia que no llega a tiempo de enmendar un error no es justicia. Y si no, que se lo pregunten a las 60.000 familias que invirtieron en fotovoltaica.

Y sobre todo, hay que poner los mimbres de la transición ecológica de la economía, y luchar contra el consumismo y el crecimiento ilimitado. Es necesario poner en marcha cuanto antes un cambio radical de modelo productivo hacia sectores sostenibles.

Y, finalmente, para favorecer la penetración de las renovables en el mercado de la electricidad, es imperativo eliminar YA las subvenciones y ayudas a las centrales fósiles y a la nuclear, y los subsidios a la industria petrolera.

¿Qué futuro nos espera? Depende de nosotros. Con un poco de suerte, un verano y un otoño lo suficientemente calurosos como para que nos acordemos del cambio climático cuando se acerquen las negociaciones de la Cumbre de París.

La movilización ciudadana es imprescindible antes y durante las negociaciones. En frente: los grandes poderes, el oligopolio energético fósil y su cohorte de políticos afines, que como Cañete, nos embelesan con dulces cantos de sirena, para que parezca que hay avances, mientras se protegen los intereses fósiles. Desde Copenhague, las Cumbres del clima han fracasado. Aprendamos. Nuestras demandas tienen que ser claras y firmes. Compromisos vinculantes ahora, sí o sí.

Sepa la Comisión que en muchas ciudades españolas nos estamos gratinando bajo el sol y somos los primeros interesados en frenar el cambio climático. No es tiempo de palabras, sino de acciones. Aquí el paquete de verano se llama 40°C a la sombra, 45°C al sol.

"Un Gobierno verde reduce nuestro impacto negativo sobre el planeta al tiempo que convierte nuestras ciudades y pueblos en lugares más saludables, lugares donde querer vivir", afirman los autores

La política municipal determina de forma directa nuestro futuro en común. Y frente a una manera de hacer política en las ciudades marcada por el derroche, la corrupción, el despotismo y el endeudamiento, existe una política local distinta y concreta, en la que las necesidades de las personas y del planeta están primero. Se trata, a nuestro entender, del municipalismo verde.

En las últimas décadas Los Verdes han ido ganando terreno en las administraciones locales de pueblos y ciudades europeas y allí donde se cuela la ecología política, la ciudad se transforma. Hemos tomado tres ejemplos, entre los muchos que hay, en los que los municipios y las regiones están, bien gobernados por Los Verdes, bien por coaliciones donde esta opción política ocupa un papel determinante.

De cara a estas elecciones municipales y autonómicas en España, son estas experiencias de cambio las que motivan a mucha de la gente que va en Equo, bien en listas propias, bien en candidaturas ciudadanas a luchar por la transición verde a un modelo basado en una economía social y solidaria, sostenible ambiental y socialmente, donde la equidad no sean un eslogan, sino sino una práctica cotidiana.

Loos-en-Gohelle: la transición ecológica y participativa de la economía local

Loos-en-Gohelle se encuentra en el norte de Francia. En los años 90, el cierre de las minas de carbón dejó 220.000 personas desempleadas y una seria crisis identitaria en la región. En 2001 Jean-François Caron fue elegido primer alcalde verde de la zona y ha seguido gobernando el municipio hasta hoy, siendo en 2014 el alcalde más votado de Francia en una reelección, con más del 82% de los votos.

Este pueblo de 7.000 habitantes se ha convertido en un verdadero laboratorio pionero de la transición ecológica, social y participativa de la economía gracias a:

— La edificación y rehabilitación sostenible con criterios de ahorro y eficiencia energética. Pues la totalidad de los edificios municipales y parte de las viviendas sociales han reducido el gasto en calefacción en un 90%, es decir hasta 1500 euros/año!

— La producción renovable: con menos horas de sol que Asturias, los habitantes de Loos-en-Gohelle son líderes en la producción de energía solar gracias a una central fotovoltaica que han financiado y que proporciona electricidad a cientos de familias.

— El I+D+I con la puesta en marcha un Centro de Recursos para el Desarrollo Sostenible y un vivero de eco-empresas, ambos referentes en Francia en bioconstrucción, energías renovables, urbanismo ecológico y economía social y solidaria.

— La creación de una nueva identidad. Loos-en-Gohelle ha convertido los vestigios de la actividad mineraPatrimonio de la Humanidad (UNESCO). A través de esta revalorización del pasado minero, este pueblo ve con orgullo su historia y está construyendo con confianza su futuro.

La participación ciudadana en la toma de decisiones y en la gestión diaria juega un papel fundamental. Entre otros proyectos, el ayuntamiento ha puesto en marcha el “Compromiso 50 - 50” que consiste en que éste aporta el 50% del capital económico y técnico a las iniciativas del vecindario, si los promotores de dichas iniciativas se comprometen a participar en su mantenimiento y cuidado. Por ejemplo, el ayuntamiento financia la mitad de un huerto escolar que la AMPA y los escolares se comprometen a gestionar.

Además, el pueblo está en inmerso en el proceso de elaboración ciudadana del “Índice Participativo de Bienestar” que permite a los vecinos medir su riqueza social y ecológica.

Bruselas: hacia una agricultura y una alimentación sostenibles

En la región de Bruselas, el área de medio ambiente gobernada por Los Verdes belgas (Ecolo) hasta 2014, decidió desarrollar los sistemas alimentarios sostenibles como una prioridad estratégica. En primer lugar, el gobierno regional puso en marcha una campaña de sensibilización que daba a conocer al público en general la importancia y los impactos positivos de los alimentos sostenibles (ecológicos, de proximidad y de comercio justo) en la salud, el medio ambiente y la economía local. Una campaña que ha tenido una acogida extraordinaria, pues conectaba con la preocupación cada vez más extendida, de los impactos en nuestra salud producidos la agricultura industrial.

De forma simultánea, se promocionó el consumo de alimentos sostenibles en comedores y cantinas públicas. En concreto el proyecto “Cantinas Sostenibles” que empezó en 2009 con 40 comedores que representaban 60.000 comidas al día, llegó en 2014 a incluir 94 comedores de la capital belga, que representaban 80.000 comidas diarias. Su objetivo final, que todos los comedores públicos ofrezcan comidas sostenibles.

Por otro lado, esta campaña promovía el cambio en los patrones de consumo en hogares y restaurantes, empezando por la introducción progresiva de más frutas y verduras locales, preferiblemente de cultivo ecológico, así como la reducción de los residuos de alimentos y la reducción de residuos. Más allá del ámbito doméstico y comercial, uno de los principales logros de este gobierno ha sido el de introducir estos criterios de sostenibilidad en las compras públicas relacionadas con el sector agroalimentario.

Finalmente, la apuesta verde por una alimentación sostenible incluía la creación de huertos urbanos comunitarios,cuyos objetivos trascienden el plano alimentarios, pues además de favorecer la producción propia de alimentos y la concienciación ambiental, estos lugares suponen espacios extraordinarios para la creación de vínculos sociales entre vecinos/as.

Friburgo: otra planificación urbana es posible

En la región de Baden-Württemberg, hoy gobernada por Los Verdes, se encuentra Friburgo, la ciudad verde más famosa del mundo. Con una alcaldía ecologista desde 2002, esta ciudad de 220.000 habitantes ha hecho de la sostenibilidad su bandera gracias a la promoción por parte del ayuntamiento de una democracia participativa muy activa, no sólo de forma consultiva, sino involucrando a la población (ciudadanía, empresas, sector educativo,..) en su radical estrategia de planificación urbana.

El conocido “ecobarrio de Vauban” es un emblema de este urbanismo participativo. Este barrio se rehabilitó a través de proceso ciudadano, que convirtió una antigua zona militar en una zona residencia con criterios ecológicos y de buen vivir. En Vauban todos los hogares son de bajo consumo energético, producen un balance energético positivo y revierten electricidad al resto de la ciudad, gracias a las energías renovables y la eficiencia energética.

En este barrio se ha priorizado la cohesión social y para ello se han creado más de cuarenta cooperativa de vivienda con servicios comunes gestionados por los propios habitantes. Existen numerosas iniciativas de participación a través de grupos de consumo de alimentos o grupos de mujeres y se integra personas con renta baja en las redes del barrio.

Por otro lado, además de ser la ciudad del mundo que más energía solar produce por persona, tienen un sistema de transporte público donde el tren eléctrico ocupa un lugar central. Se facilita la movilidad con bicicleta, la intermodalidad y se desincentiva el uso de vehículo privado. Para facilitar la utilización de la bicicleta como medio de transporte diario, se ha habilitado un circuito de ciclovías de más de 500km.

Un Gobierno verde transforma lo que comemos, cómo nos movemos, lo que producimos, la energía que nos calienta, en definitiva, reduce nuestro impacto negativo sobre el planeta al tiempo que convierte nuestras ciudades y pueblos en lugares más saludables, lugares donde querer vivir.

"Ganemos la batalla de las alternativas donde sea la ciudadanía quienes pongamos en marcha la economía solidaria y ecológica así como el consumo responsable que queremos ver en este mundo", afirman los autores

¿Te imaginas Andalucía sin olivos? ¿Valencia sin naranjas? ¿o La Rioja sin viñedos? ¿Te imaginas el sur de Europa con un clima parecido al norte de África y el norte de Europa con un clima similar al que ahora tiene el sur de Europa? No es ciencia ficción: es el próximo capítulo de la historia del cambio climático, el fenómeno que, como señala Naomi Klein en su último libro, lo cambia todo.

Como presentábamos hace poco en el informe Cambio climático en Europa: Percepción e impactos 1950-2050, el cambio climático ya nos ha afectado, nos afecta aquí y ahora y nos afectará aún más mañana: a nuestra tierra, a los paisajes y ciudades que habitamos, a nuestras playas y montes, a nuestras economías, a nuestros seres queridos, en definitiva, a nuestro bienestar y al de nuestros hijos e hijas.

El cambio climático no solo es el oso polar y el iceberg que desaparece en el polo norte, son también nuestros empleos amenazados en sectores claves de la economía (como la agricultura o el turismo), es la salud de nuestras personas mayores (como los miles de muertos en Francia y Sur de Europa durante la ola de calor en 2003) o la desaparición de ecosistemas claves para nuestro imaginario colectivo y patrimonio cultural. Y, mientras el Mediterráneo se convierte en un inmenso y trágico cementerio azul, recordemos de nuevo que el cambio climático, según Naciones Unidas, es también la mayor causa de migraciones hacia los países del norte: solo en 2011 más de 40 millones de personas migraron por razones climáticas.

Así, el cambio climático no es una cosa etérea o una maldición de los tiempos modernos. Es consecuencia directa de un modelo de producción y consumo incompatible con la vida en la Tierra tal y como la conocemos. No es sostenible la producción y consumo de cantidades ingentes de bienes innecesarios y energívoros, que son trasportados día y noche de un rincón a otro del globo generando unas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por encima de la capacidad de absorción del planeta. Y es consecuencia directa de la ceguera y avaricia de un sistema económico, promocionado por sus élites, totalmente desconectado de la realidad física de la Tierra.

¿Están a la altura las respuestas al cambio climático?

Desde luego, no. La Unión Europea, en otro tiempo líder en la lucha contra el cambio climático, acumula las malas señales. Su propuesta de reducción de emisiones de 40% de GEI en 2030 respecto a 1990 está muy lejos de los 60% que serían necesarios para cumplir con los objetivos científicos de que la temperatura de la tierra no pase de los 2ºC, línea roja entre el mundo que conocemos y la imprevisibilidad climática. Al mismo tiempo, tampoco nos puede satisfacer una propuesta de Unión Energética incapaz de plantear una salida ordenada de la adicción a los combustibles fósiles.

Pero sobre todo, ¿qué decir de la apuesta decidida por parte de la Comisión Europea y de la Gran Coalición (en la que se encuentran el PSOE, el PP, Ciudadanos, UPyD, PNV y CiU), del TTIP, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea? El TTIP es una huida hacia adelante que ahonda en un modelo económico suicida para las generaciones presentes y futuras con más crecimiento ilimitado y más globalización fósil. En concreto, el TTIP:

Al igual que lo reconoce la propia Comisión Europea, supondrá –al fomentar el transporte transatlántico– un aumento de las emisiones de CO2.

Aumentará el poder de las multinacionales energéticas para intentar imponer la continuidad de las energías más sucias y contaminantes, implantar en contra de la voluntad ciudadana técnicas climáticamente peligrosas como el fracking o vetar la implantación local de las energías renovables.

No hay mayor aberración que promover por un lado una reducción de emisiones de C02 y poner en marcha por otros tratados económicos en contra de sus propios objetivos climáticos. Esta incoherencia de políticas no es seria, y aún menos responsable y oscila entre incongruencia y cinismo más absoluto.

Por si fuera poco, la falta de ambición no es propia de la Unión Europea. El escaso compromiso climático mostrado por la mayoría de los países, empezando por Estados Unidos y China, de cara a la cumbre climática de París en Diciembre del 2015 (COP21) nos lleva a los peores escenarios planteados por los científicos internacionales. Allí los primeros afectados por este darwinismo climático serán los países, colectivos y personas marginados o con menos recursos para protegerse o adaptarse.

¿Qué podemos hacer?

En este Día de la Tierra, vamos a dejar de lamentarnos. Si bien es verdad que somos en parte responsables de esta situación, lo más importante es que somos también parte de la solución. Además de tomar conciencia de la magnitud del problema sin esconder la cruda realidad, debemos ser conscientes del poder que tenemos en nuestras manos para cambiar de rumbo.

Para ello, además de seguir presionando y trabajando para un acuerdo post-Kioto a la altura del reto climático en COP21, no esperemos milagros de las grandes cumbres, ni que los mal-líderes vean de repente la luz. Desde hoy, desde nuestros barrios y nuestros pueblos, apoyemos y pongamos en valor las alternativas ciudadanas e institucionales ya en marcha hacia una transición energética justa, sostenible y democrática.

Ganemos la batalla cultural de que “el cambio climático lo cambia todo”. Ganemos la batalla de las alternativas donde sea la ciudadanía quienes pongamos en marcha la economía solidaria y ecológica así como el consumo responsable que queremos ver en este mundo. Ganemos la batalla institucional para que a nivel local, autonómico, estatal y europeo gobiernen los que pensamos que las personas y el planeta no somos una mercancía. Ganemos, también, la partida al cambio climático.

"Pongamos todo nuestro empeño para que el cambio político en marcha en España tenga el cierre de las nucleares y el nuevo modelo energético como prioridades", afirman los autores

Hace pocos días, el actual Comisario de Energía y Acción Climática de la Unión Europea, Miguel Arias Cañete, defendió la energía nuclear afirmando que “la Unión Europea tiene tecnología puntera. Después de Fukushima han mejorado los estándares de seguridad. La energía nuclear contribuye a diversificar las fuentes”. Por su parte, la Comisión Europea apostaba en su propuesta de Unión energética por la “producción de la energía nuclear más segura del mundo” como uno de los pilares para el “crecimiento, empleo y competitividad”.

El lado oscuro de la energía nuclear cuatro años después de Fukushima

Han pasado 4 años del accidente de la central nuclear de Fukushima, el segundo peor de la historia hasta el momento, precisamente en Japón, uno de los países tecnológicamente más avanzados del mundo. Fukushima demostró que mientras haya riesgos que no se puedan prever, la energía nuclear será eminentemente insegura.

Que un terremoto en el Océano Pacífico a 130 km de Japón provocara un tsunami capaz de provocar un accidente nuclear de estas dimensiones era poco probable, pero pasó. Fueron evacuadas más de 210.000 personas en un radio de 30 km alrededor de la central. Decenas de miles las que todavía no han vuelto a sus casas ni quieren, o se atreven, a volver. El accidente provocó la mayor contaminación radioactiva marina observada de la historia, y las fugas de toneladas de agua radioactiva continúan.

En estos 4 años se han multiplicado los casos de cánceres de tiroides en una región deprimida y contaminada que no se recupera del accidente, donde gran parte de la población vive de compensaciones económicas de TEPCO y donde la radiación no entiende de fronteras, familias, comida, suelo o agua. Por si fuera poco, el cierre de la central no se podrá completar antes de 30 años.

Ante estos hechos reales y dramáticos, Merkel no lo dudó: recuperó el acuerdo del partido Social Demócrata con Los Verdes para cerrar todas las centrales nucleares de Alemania antes de 2022. Y en ello está. Mientras tanto, en España, el gobierno del PP hizo y sigue haciendo oídos sordos, empeñado en reabrir Garoña, la gemela de Fukushima, pese a que fuera construida en 1971 con una vida útil de 40 años, a las grietas en su vasija y al rechazo social.

En nombre del progreso, sigue haciendo también oídos sordos al resto de problemas que genera la nuclear: la gestión de los residuos radiactivos, su dependencia del uranio importado de países en conflicto, su producción de CO2, así como su poca capacidad de generar empleo por unidad energética.

Pero entonces, ¿a quién benefician las nucleares?

Cañete no duda en afirmar que “el medio ambiente es compatible con el progreso económico, siempre que se garantice la seguridad, sin interferencias políticas”. ¿Es el interés declarado del PP en que se reabra la central de Garoña una interferencia política? ¿No lo son acaso también las puertas giratorias que han visto pasar a más de 40 altos cargos del PP y PSOE a las empresas del oligopolio energético español?

Bajo las afirmaciones de Cañete subyace una idea con las que los apologetas nucleares machacan el imaginario colectivo cada vez que tienen oportunidad: que la energía nuclear es rentable. Pero, ¿rentable para quién?

En España, gracias al sistema de formación de precios de la electricidad, el kWh nuclear -hinchado históricamente de subvenciones públicas- le cuesta lo mismo al consumidor que el kWh producido con la energía más cara al precio de la más cara (el gas). Amortizados los costes, las empresas dueñas de las centrales pueden cobrar 8 ó 9 veces más de los que les cuesta producir la electricidad con esta tecnología. Para Endesa e Iberdrola, que tienen el 90% de la potencia nuclear del país, desde luego sí que es un negocio muy rentable.

Mirando sólo la peseta, ¿y si hubiera un accidente en una de las centrales españolas? Gracias a la responsabilidad civil limitada, en España estas empresas sólo cubrirían 150 millones de euros de daños, el resto pasaría a ser responsabilidad del Estado. Sin embargo, los costes de un accidente superarían con mucho esta cifra, hasta 169.000 millones de euros para Fukushima!

En cuanto a los residuos, las grandes eléctricas sólo pagan una parte de su cuidado (35%) hasta 2070, luego lo haremos nosotras, nuestras hijas y nuestros nietos, biznietos,... La mochila nuclear será nuevamente rentable, claro, pero para las empresas que de ella hagan negocio.

Mal que les pese a algunos, la energía nuclear sólo beneficia a las empresas energéticas del oligopolio español, y plantea serios perjuicios para los trabajadores, empresas y cooperativas de energía renovables, a las generaciones futuras, al planeta y a la ciudadanía en general.

¿Ahora qué hacemos?

Cada 11 marzo miles de japoneses salen a la calle a pedir el final de la energía atómica que tanto daño ha hecho en ese país ¿qué más hace falta? ¿qué puede ser peor? ¿otro Fukushima? Hoy decimos con ellos #RecuerdaFukushima. Nadie quiere, ni se merece una central nuclear cerca, y menos tras Fukushima, y tampoco un cementerio nuclear como el de Villar de Cañas.

Por nuestra parte, tenemos claro que no podemos seguir dejando la energía en manos de supuestos expertos ¿al servicio de quién?. Hemos de recuperar urgentemente la política energética y poner por delante las necesidades de las personas y del planeta, y no los intereses de un puñado de empresas del IBEX 35. Estamos cansados de tanta corrupción y puertas giratorias, de escuchar cómo se cortan la luz y la calefacción a la gente, mientras los directivos de estas empresas cobran una millonada.

Es hora de un nuevo modelo energético democrático, solidario y sostenible. Un modelo en el que la ciudadanía pueda decidir qué fuentes de energéticas quiere y cuáles no. Un modelo descentralizado, en manos de miles de empresas y cooperativas y no de cinco empresas; un modelo distribuido, donde la energía se produzca allí donde se vaya a consumir; un modelo basado en el ahorro, la eficiencia y las renovables, donde lo mejor para los consumidores es también lo mejor para el planeta. 

Este nuevo modelo energético exige un calendario de cierre de todas las centrales nucleares que hay en España con fecha 2020, lo cual no sería traumático, ni problemático puesto que tenemos una potencia de generación de electricidad muy superior a la que necesitamos. Como señalan expertos del sector como Jorge Morales de Labra “hoy podríamos cerrar todas las nucleares del país y no pasaría nada. Técnicamente es perfectamente posible, y si no se hace es porque no hay voluntad política de hacerlo”.

La pregunta es ¿podemos esperar de la misma clase política que ha escrito las actuales reglas del juego energético que lo haga? Obviamente, no lo creemos. Así que pongamos todo nuestro empeño para que el cambio político en marcha en España tenga el cierre de las nucleares y el nuevo modelo energético como prioridades.