Julian Assange ha llegado a Australia, su país natal, después de un proceso judicial de casi 14 años. Una batalla legal que ya es histórica, y que ha discurrido por múltiples jurisdicciones, organismos internacionales e interacciones diplomáticas al máximo nivel. Un caso judicial que ataca nuclearmente a la libertad de prensa en el mundo, y, por lo tanto, que amenaza peligrosamente el derecho a estar informados que tenemos todos los ciudadanos del mundo.

Los que suscribimos este artículo hemos dedicado más de una década a trabajar para que finalmente Julian Assange recupere la libertad. Para que termine una causa que jamás debió haber tenido lugar. Suscribimos este artículo con la satisfacción de ver por fin a Julian Assange reunirse con su esposa, Stella Assange, y sus dos hijos, en su Australia natal.

La agencia de noticias WikiLeaks revolucionó el mundo de la comunicación. Estableció un cortafuegos informático que garantizaba el anonimato de los whistleblowers o informantes. Nadie, ni siquiera la propia organización WikiLeaks, podría conocer la identidad de la persona que filtraba la información. Como consecuencia de esta innovación la agencia comenzó a publicar información muy relevante sobre corrupción en Islandia, escándalos bancarios en Suiza, ejecuciones extrajudiciales en Kenia o delitos medioambientales en Costa de Marfil. Sin embargo, sólo una jurisdicción reaccionó contra esta agencia periodística, Estados Unidos, desatando una causa penal sin precedentes en la que se trataba de establecer que el legítimo ejercicio del periodismo podía ser considerado como espionaje.

En 2010 se constituyó un Grand Jury en EEUU. Todo secreto, todo reservado, todo armado y debidamente engrasado para que se cumpliera el objetivo final. La captura de Julian Assange, catalogado como enemigo número uno de la administración norteamericana.

Asilo en la embajada

Julian Assange se refugió el 19 de junio de 2012 en la Embajada de Ecuador en Londres al ser inminente su entrega a Suecia como consecuencia de una Orden Europea de Detención y Entrega. No existía ninguna causa judicial en Suecia, sino una mera investigación preliminar de la Fiscalía del mismo. De hecho, ya había declarado en 2010 y esa pesquisa fiscal se había cerrado. Su entrega a Suecia se iba a producir sin garantías de no reextradición a Estados Unidos, donde ya se sabía, como consecuencia de órdenes de incautación de material de WikiLeaks cursadas a Google, que existía una causa sealed o secreta en territorio norteamericano.

El presidente de Ecuador de la época, Rafael Correa, en un ejercicio de valentía y cumplimiento de las obligaciones internacionales, concedió asilo a Julian Assange el 16 de agosto de 2012, tras acreditar que el periodista enfrentaba una persecución política. De hecho, quien se alega era su fuente, Chelsea Maning, había sido detenida y sometida a trato cruel, inhumano y degradante, como había denunciado el Relator de la ONU contra la Tortura, Juan Mendez.

Desde que se confirió el asilo a Julian Assange se estableció un equipo de trabajo con juristas de la más alta cualificación. Baltasar Garzón coordinó la defensa desde el comienzo y poco después, Aitor Martínez, abogado de su despacho, se sumó a la misma y en union de otros abogados de diferentes países, formamos un equipo de trabajo proporcionado al minucioso trabajo de defensa que se exigía. La abogada australiana Jennifer Robinson mantenía activa la interlocución con los organismos de Naciones Unidas. Gareth Peirce, la reconocida abogada británica, célebre por ser caracterizada por Emma Thompson en la película “En el nombre del padre”, comandaba la representación ante las autoridades británicas. Los suecos Per Samuelson y Thomas Olsson se encargaban de la jurisdicción sueca. Barry Pollack hacía lo propio en Estados Unidos. Stella Moris (hoy Stella Assange), que manejaba la lengua sueca, inglesa y española, era la abogada perfecta para pivotar entre jurisdicciones. Otras figuras relevantes como Melinda Taylor, Renata Ávila, Juan Branco, Candela Estevez, Christophe Merchand, entre otros, participaron igualmente en el equipo a lo largo de estos años.

Durante casi siete años trabajamos en forma incansable dentro de ese minúsculo piso en el centro de Londres, en condiciones muy duras, sin acceso a la luz solar y al aire fresco, rodeados por policías británicos, y con la certeza de que éramos objetivo de la inteligencia norteamericana. Sin duda, trabajábamos dentro de la embajada más monitoreada y controlada del mundo.

Los viajes eran constantes. Días y días, sábados y domingos, reuniones interminables. El trabajo era multijurisdiccional, litigábamos en Ecuador, Estados Unidos, Suecia, Reino Unido, entre otros países, y elevamos causas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana, Organismos de Derechos Humanos de la ONU.

 La situación en la embajada se hizo muy dura. El deterioro de salud de Julian Assange era evidente y palpable. Las condiciones de vida que enfrentaba eran durísimas, sin acceso a la luz solar o al aire fresco. Suecia, en clara coordinación con Reino Unido, no permitía que Assange declarara por videoconferencia, ni aceptaba desplazarse a la embajada, ni permitía que Assange fuera al país escandinavo con un compromiso de no reextradición a Estados Unidos. Evidentemente, su entrega a Suecia era el paso previo para su reenvío a Estados Unidos.

Instancias internacionales

Pero acudimos al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y ganamos, con una contundente resolución de 4 de diciembre de 2015, tras un proceso contradictorio con Suecia y Reino Unido que determinó que Assange se encontraba “detenido arbitrariamente”, por lo que debía ser puesto en libertad e indemnizado. Sin embargo, como era previsible, Reino Unido y Suecia (pivotando tras ellos Estados Unidos) no cumplieron la resolución.

Sin embargo, esa resolución forzó a las autoridades de Suecia a desplazarse a la Embajada de Ecuador en Londres para tomar declaración a Assange y desbloquear la situación. La declaración la preparamos minuciosamente y Aitor Martínez, junto al abogado ecuatoriano, Carlos Poveda, defendieron a Julian Assange en ese interrogatorio. Tras aquella declaración, la Fiscalía sueca, como era previsible, cerró aquella investigación preliminar, por no existir evidencias de cargo. Una investigación que jamás fue causa judicial penal formal.

 Pero el impasse en la embajada continuó. Si bien la causa sueca estaba cerrada, era evidente que en Estados Unidos existía una causa sealed (secreta) que se activaría en cuanto dejara la embajada. Muchos creían que esto no era más que una paranoia de Assange y su defensa, pero las evidencias de la existencia de esta causa subrepticia eran múltiples, incluyendo una filtración de la Fiscalía norteamericana en la que se aseveraba que había que mantener la causa secreta para no justificar el asilo, y de esa forma, cuando dejara la embajada, detenerle.

 Diseñamos todo tipo de alternativas para una salida garantista de Assange de la embajada. Incluso desde este despacho profesional se acordó con la diplomacia ecuatoriana que Assange, que había vivido bajo la jurisdicción ecuatoriana más de cinco años, accediera a la nacionalidad ecuatoriana. De esa forma, podría ser nombrado agente diplomático en un tercer Estado. Y de acuerdo a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 196, el agente diplomático en tránsito disfruta de las inmunidades y la inviolabilidad por los países por los que transita, lo que permitía su salida en condiciones de seguridad. Sin embargo, sorpresivamente, el mismo día que en forma muy reservada y confidencial, los dos abogados firmantes de este artículo, viajamos a Londres para cerrar esta salida, incluso con un pasaporte diplomático expedido que se entregó a Julian Assange, personas enmascaradas asaltaron el despacho profesional en Madrid el día que entregábamos esa documentación a Julian Assange en la embajada. Buscaban el servidor y documentación, pero no encontraron lo que querían. A día de hoy, jamás se ha investigado debidamente ese asalto a nuestro despacho.

 La situación continuó en el aire, pero ya con la nueva administración ecuatoriana de Lenin Moreno, la cual coqueteaba abiertamente con las autoridades norteamericanas. El presidente ecuatoriano incluso recibía a Mike Pence. De hecho, era público y notorio que el país necesitaba un crédito del FMI por su delicada situación económica. Ante la inminencia de la expulsión de Assange, presentamos una medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 28 de diciembre de 2018 que frenó la entrega a Reino Unido. Esta medida obligó a Ecuador a informar a la CIDH que no tenía intención de entregar al asilado, por lo que la medida se cerró el 12 de marzo de 2019. Sin embargo, menos de un mes después, Lenin Moreno permitió el arresto de Assange dentro de la misión diplomática, en lo que será siempre recordado como una de las mayores agresiones a la figura del asilo que después hemos visto reproducida y agravada en el propio Ecuador, bajo la actual presidencia de Daniel Noboa, con el exvicepresidente Jorge Glas sacado a la fuerza de la sede diplomática de México donde había recibido asilo político. Ante aquel atropello interpusimos una denuncia en la CIDH que sigue su curso.

Detención y extradición

A partir de ese momento Estados Unidos mostró sus cartas. Una solicitud de extradición por un cargo que posteriormente se amplió a 17 cargos más bajo la temida Ley de Espionaje de 1917. Una norma anacrónica que se dispuso en la Primera Guerra Mundial para perseguir espías, no periodistas que simplemente habían revelado la comisión de crímenes de guerra y de corrupción.

Durante la extradición estalló un nuevo escándalo, se abrió una causa penal en la Audiencia Nacional, impulsada por este despacho, contra la empresa española de seguridad al cargo de la Embajada de Ecuador en Londres. Se practicaron entradas y registros en la sede de la empresa y el domicilio de su dueño, que fue detenido. Actualmente la investigación continúa, centrada en que, presuntamente, esta empresa habría estado facilitando información de Assange sobre sus visitas, diplomáticos ecuatorianos, así como su defensa, incluyendo a los que suscriben, supuesta y presuntamente a la inteligencia norteamericana. Es más, investigaciones periodísticas en Estados Unidos llegaron a afirmar que la CIA proyectó, bajo la dirección de Mike Pompeo, asesinar a Julian Assange dentro de la misión diplomática.

El proceso de extradición ha sido largo, duro y complejo. La labor de la defensa británica, alimentada con el trabajo que todos los demás facilitábamos, fue encomiable. Ed Fitzgerald y Mark Summers, con el trabajo de la inagotable solicitor, Gareth Peirce, pelearon con uñas y dientes. El proceso de extradición británico es largo y complejo, y pasamos por múltiples instancias.

Nos encontrábamos por último ante la High Court, encarando la que sería una de las últimas vistas, centrada en si Assange estaría asistido o no por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que reconoce la libertad de prensa. Una vista determinante.

Free Assange

Sin embargo, llegó este acuerdo. Sin duda fruto de la presión internacional. No hay una esquina del mundo en que no se haya creado un movimiento “Free Assange”. A lo que se une que la práctica totalidad de los organismos de protección de derechos humanos de la ONU se venían pronunciando contra la extradición. Organizaciones como Amnistía Internacional o Reporteros sin Fronteras igualmente se habían posicionado en forma contundente. Mandatarios de la comunidad internacional reclamaban la libertad de Assange en forma reiterada, como Andrés Manuel López Obrador o Lula da Silva. La presión para Estados Unidos era ya insostenible.

Hoy vemos con satisfacción a Julian Assange llegar a su país natal, Australia, y abrazar por primera vez como un hombre libre a su mujer e hijos. Pero seguiremos avanzando en los diferentes frentes. La verdad debe resplandecer y, aparte del acuerdo firmado, si algo queda claro es que Julian Assange ha luchado hasta el final y la libertad de prensa, amenazada por razones de seguridad nacional, es un poco más fuerte y ha conseguido demostrar que todo tiene sus límites y que aquella debe estar al servicio de los ciudadanos y no de intereses ocultos y espurios de unos pocos.

El Senado de España está a punto de dar luz verde al proyecto de Ley de Memoria Democrática, con lo que se culminará el largo camino plagado de obstáculos para las víctimas y las familias de quienes fueron represaliados, asesinados, exiliados y desaparecidos por el franquismo a raíz del golpe de Estado de 1936, que acabó con el orden democrático en nuestro país. Parece mentira que tantas décadas después todavía haya hijos, sobrinos, nietos… reclamando la búsqueda de los suyos enterrados en fosas anónimas y en cunetas al día de hoy. Pidiendo su derecho a recuperar sus restos y dejar claro que fueron ejecutados por su defensa de la legalidad o por no secundar a los golpistas. O que no hayamos reconocido aún a quienes tuvieron que sufrir el exilio.

La aprobación de esta norma, que está tardando demasiado, llega con la oposición de las fuerzas de la derecha, la ultraderecha y de entidades como la Fundación Transición Política Española. Esta entidad, de la que forman parte unas 200 personalidades entre las que figuran antiguos ministros de la UCD y del PP o quien fue presidente de la Comunidad madrileña por el PSOE, Joaquín Leguina, enfrentan el Proyecto de Ley. Se muestran de acuerdo con una carta dirigida en septiembre a Presidencia de Gobierno por el director de esta fundación, Rafael Arias Salgado. Consideran que el pacto constitucional es incompatible con la nueva norma, que piensan “dinamita la trayectoria de consenso respetada durante nuestro largo periodo democrático”. Y que “siembra una infame sospecha sobre la Transición, hasta el 31 de diciembre de 1983”. Probablemente, no sea de su gusto tampoco el que diversos grupos parlamentarios a la izquierda, apoyen el proyecto.

El 16 de octubre de 2008, desde mi juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, me declaré competente para investigar las desapariciones acontecidas durante la Guerra Civil española y el franquismo. Las consideré un delito en el contexto de crímenes contra la humanidad. Admití a trámite las denuncias de 22 asociaciones de familiares de desaparecidos durante la guerra y la dictadura y autoricé exhumaciones en 19 fosas, incluyendo la del poeta Federico García Lorca. Sufrí varapalos desde determinados sectores y, como es sabido, me senté en el banquillo de la sala II del Tribunal Supremo, a causa de la querella que presentaron las fuerzas vivas de lo más próximo al fascismo que teníamos en ese momento. El Supremo me absolvió en este caso, pero sentenció que nunca más se pudieran investigar penalmente las causas de represaliados por el franquismo. Fue una condena a las víctimas que no podrían obtener justicia ni reparación y también a toda la ciudadanía, a la que se negaba para siempre la posibilidad de conocer la verdad de lo ocurrido. Curiosamente, los mismos sectores que plantearon su rechazo a la investigación, se habían opuesto también a la Ley de Memoria Histórica que aprobó el gobierno del PSOE en 2007. Más aún, el nuevo presidente del PP, Mariano Rajoy, hizo gala de su decisión de no aportar un solo euro en su dotación. Promesa que cumplió con creces.

Durante este tiempo he sido testigo, como toda la sociedad, del calvario de las familias para intentar que algún juez cumpliera su obligación de exhumar los restos de sus seres queridos, y de ayuntamientos del Partido Popular, como el de Valencia, regido por Rita Barberá, para impedir tal posibilidad. Cuando los ciudadanos decidieron en las urnas que deseaban un gobierno progresista del PSOE en coalición con Podemos y el apoyo de otras fuerzas de izquierda, se abrió una puerta que dejó pasar aire fresco. Frente al oscurantismo y el mantenimiento del espíritu del régimen del dictador impuesto por la derecha, comenzó a desatarse lo que tan bien atado pretendían algunos. Queda para la historia la imagen de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en el Valle de los Caídos levantando acta como notaria mayor del Reino de la exhumación de Francisco Franco. Un nudo menos en la soga que nos ahogaba. 

El trabajo de estos años, para conseguir una Ley de Memoria Democrática, ha supuesto mucho esfuerzo y no pocos debates. Los argumentos contrarios de la ultraderecha y la derecha no son sino ecos de esa época rancia que nadie en España desea que regrese, salvo los herederos del franquismo. El alegato de entidades como la mencionada Fundación y otras entidades de similares ideas, que reivindican la transición como propia, viene a considerar la Ley de Amnistía como una Ley de punto final, obviando años posteriores en que la ultraderecha mató a sus anchas y continuaron las secuelas de un sistema que se resistía desaparecer, incluido el intento fallido de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Los políticos de la derecha mantienen el empeño en deslegitimar la acción del Gobierno por sus acuerdos con los grupos de diferente signo presentes en el Congreso de los Diputados, pero no es sino una pataleta debida a que un gobierno progresista avance en libertades y se resista a la eliminación de derechos que desean las ideologías más añejas. Olvidan lo fundamental: a las víctimas.

Son aquellos que no recuerdan que el servicio a un país se realiza día a día; los que pretenden robar el futuro a la memoria y a las víctimas; los que viven anclados en un pasado ya inexistente. Las victimas siguen presentes y defenderlas es la obligación del Estado y de todos nosotros.

Se trata también de que nuestro país, flamante miembro de la Unión Europea, de la ONU e inserto en los foros internacionales más importantes atienda de una vez por todas las recomendaciones de Relatores Especiales, Grupos de Trabajo y Comités de derechos humanos de buscar a los desaparecidos, permitir que sus familias les den digna sepultura, y sean reparadas como corresponde en un Estado Social y Democrático de Derecho. España está internacionalmente señalada por no haber hecho sus deberes en esta materia.

Como antes se acusó a la ley de memoria histórica aprobada en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, hoy se acusa nuevamente a las fuerzas progresistas de un deseo de venganza, de querer reabrir viejas heridas ya cerradas, de romper los acuerdos fundacionales de nuestra democracia. Nada más lejos de la realidad. Se trata de cerrar heridas abiertas por no haber podido en todos estos años concluir un duelo eterno que ha llevado a un sufrimiento permanente de madres, esposas, hijos e hijas por no haber podido dignificar y dar descanso a los restos de los seres queridos; por reivindicar la democracia previa al golpe de Estado; por querer arrojar luz sobre el período más oscuro de nuestra historia. Si ellos vociferan aquel ¡cómo se atreven!, yo mismo les digo que sí, que nos atrevemos, que es necesario, que ya está bien, que nos avalan decenas de recomendaciones de Naciones Unidas. Más bien al contrario, yo les pregunto de vuelta frente a tanta crueldad con las víctimas sostenida innecesariamente por décadas y décadas de democracia ¡cómo se atreven! Aunque les pese, enterraremos a los nuestros, ya basta de tanto odio. ¡Cómo se atreven!

Hace ahora diez años, el19 de junio de 2012, que Julian Assange se refugió en la embajada de Ecuador en Londres, donde permanecería hasta el 11 de abril de 2019. Recuerdo que cuando me hice cargo de la coordinación de su defensa, un mes después, pensé que todos estábamos afectados por la lucha que Assange había emprendido desde que en 2010 se publicaran, en los principales periódicos del mundo, tremendas y terribles informaciones que desvelaban la crueldad del ejército norteamericano y de las autoridades que dirigían la guerra en Afganistán e Irak. 

Hace unos días, la decisión de la ministra del Interior británica, Priti Patel, acordando la entrega de Julian Assange a Estados Unidos, quedará para la historia de la ignominia. Se trata de una decisión que criminaliza la actividad del periodismo en su esencia. Con ella se entiende que lo que hicieron Julian Assange y WikiLeaks, recibir información veraz, que acreditaba crímenes de guerra en Irak y Afganistán, difundirla y publicarla al ser de interés público, puede ser sancionado como delito y sus autores juzgados y condenados. Por lo tanto, la decisión de Patel es un precedente que pone en riesgo a todos los periodistas de investigación del mundo.

Como en otros países, entre ellos España, el proceso extradicional británico cuenta con la intervención del poder ejecutivo. Además de discurrir en sede judicial, con múltiples instancias y apelaciones, las extradiciones en Reino Unido son igualmente competencia del Gobierno. Algo que fue muy visible en el caso Pinochet, donde la extradición a España del general chileno había sido acordada en sede judicial, pero, al llegar al ministro del Interior Jack Straw, éste acordó su entrega a su país de nacionalidad, Chile, debido supuestamente a su delicado estado de salud. Aunque posteriormente el ex dictador chileno llegara a su país, se levantara de su silla de ruedas y escenificara en forma burlona ante el mundo que ese estado de salud no era el pretendido. La gran diferencia entre este caso y el actual de Julian Assange es que con aquella decisión se pretendía la impunidad del dictador y con esta consumar la persecución y condena del periodista.

Ahora, la ministra del Interior, Patel, sí que tenía argumentos humanitarios y de salud para haber bloqueado la extradición. Ya en la primera instancia, ante la jueza de distrito, Vanessa Baraitser, se vertieron informes médicos que acreditaban, y así lo afirmaban, que la situación de salud psíquica y mental de Julian Assange era tan débil que podría morir en prisión. Es más, el Relator de la ONU contra la Tortura le visitó en su lugar de reclusión, la prisión de alta seguridad de Belmarch, y también concluyó que la situación de salud tan deteriorada hacia muy creíble la posibilidad de que en una prisión norteamericana pudiera morir. Sin embargo, el gobierno de Boris Johnson, a través de Patel no ha mostrado ninguna condescendencia por el estado de salud del periodista, como en su día hiciera Straw a favor del ex dictador chileno.

Empieza la batalla judicial

No obstante, la decisión adoptada ayer no supone el fin del proceso extradicional en Reino Unido, al contrario, ahora empieza la parte nuclear de la batalla judicial.

La decisión de la ministra Patel ahora será recurrida ante la High Court británica y, eventualmente, después podría ser recurrida igualmente ante la Supreme Court de Reino Unido.

Todos los argumentos contra la extradición que fueron invocados por la defensa y denegados por la jueza de distrito, Vanessa Baraitser, en la primera instancia, pueden ser sometidos igualmente ahora a “cross appeal”. En aquel momento la jueza Baraitser denegó la entrega bajo el argumento de que Julian Assange podría morir en una prisión norteamericana, ya que sería sometido a un sistema penitenciario durísimo (Special Administrative Measures) e ingresaría en una cárcel de máxima seguridad, una situación de maltrato que no se encontraría amparada por los estándares europeos. Ese elemento humanitario fue recurrido por Estados Unidos ante la High Court aportando un conjunto de garantías diplomáticas vagas e imprecisas sobre el trato que se daría al periodista de ser extraditado. Sorpresivamente la High Court, en un escueto fallo, acordó revertir la decisión anterior de no entrega. Finalmente, la apelación ante la Supreme Court, en relación a ese elemento, no se vio en su fondo porque, en forma llamativa, el máximo órgano judicial británico entendió que no existía ningún elemento jurídico a analizar en las garantías diplomáticas dadas por Estados Unidos, aun cuando la defensa había entregado múltiples precedentes de violaciones a esas mismas garantías judiciales por parte de Estados Unidos con otros países europeos.

 Pero ahora, todos los elementos jurídicos que fueron denegados en primera instancia por la jueza Baraitser, y que no fueron apelados, serán sometidos, a una revisión y estudio en el recurso de apelación (“cross appeal”) por parte de la defensa ante la High Court. Y ahí están los elementos jurídicos más controvertidos de esta extradición, como el hecho de que nos encontramos ante una persecución política por no poder ser delito la actividad periodística, la falta de doble incriminación con la Ley de Espionaje de 1917 de Estados Unidos aplicándose a la prensa, la violación del principio de proporcionalidad con penas que potencialmente ascenderían a 175 años de cárcel, o el uso abusivo de la jurisdicción norteamericana en forma extraterritorial para perseguir a un periodista extranjero que publicó en el extranjero. (En España, por ejemplo, esta posibilidad sería inviable, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Todo ello se va a dilucidar ahora, por lo que la batalla jurídica no ha terminado, es más, se adentra por una senda en la que se tendrán que determinar la verdadera esencia de la violación del derecho a la libertad de expresión y la defensa nuclear de la libertad de acceso a la información y su difusión.

Junto a lo anterior, en el caso de que se agotaran las instancias judiciales internas, igualmente quedaría el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), si es que el premier británico entre fiesta y fiesta, no decide que Gran Bretaña abandone no solo la Unión Europea, sino también el Consejo de Europa y por ende el TEDH.

La satisfacción de Pompeo

 Uno de los elementos más llamativos de la decisión de la ministra Patel ha sido los escasos apoyos obtenidos. La práctica totalidad de la comunidad internacional de los derechos humanos, incluyendo los organismos de Naciones Unidas, el Consejo de Europa o las más relevantes organizaciones de la sociedad civil se posicionaron en contra. Eso sí, obtuvo un llamativo apoyo: el de Mike Pompeo, ex director de la CIA y ex secretario de Estado durante la administración de Donald Trump.

Es delirante que Mike Pompeo salude en Twitter la decisión de Priti Patel pocos días después de que se conociera que la Audiencia Nacional española ha acordado llamarle a declarar como investigado en relación a la causa que instruye el magistrado Juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción 5. La citación se debe a que una empresa española de seguridad que se encontraba al cargo de la seguridad de la Embajada de Ecuador en Londres, cuando Julian Assange se encontraba asilado, presuntamente habría trabajado para la CIA desplegando medidas extremas de espionaje a través de cámaras de vídeo con micrófonos, micrófonos ocultos escondidos en la embajada, y accediendo a los teléfonos y documentos de identidad de los visitantes y abogados cuando los dejábamos en la entrada.

Junto a Pompeo, también deberá de declarar en la misma condición, quien fuera jefe de contrainteligencia en aquel momento, William Evanina, que ha confesado recientemente que la comunidad de inteligencia norteamericana efectivamente diseñó un plan de penetración en la Embajada de Ecuador en Londres, teniendo acceso a todo lo que ocurría dentro. Pero no sólo eso, sino que Evanina incluso relató cómo planearon el secuestro, e incluso el asesinato, de Julian Assange dentro de la misión diplomática. En la confesión de Evanina y otros agentes de la CIA a la prensa norteamericana se dejaba bien claro que Mike Pompeo fue la persona al mando de esa operación y esas propuestas. Y con estos antecedentes se otorga la autorización de entrega a EEUU de Julian Assange. 

Es verdaderamente peligroso que esta decisión pueda llegar a hacerse efectiva. Los apoyos internacionales son bienvenidos y los necesitamos para concienciar a la justicia británica sobre la trascendencia de este caso y la necesidad de que se revoque la decisión si queremos seguir creyendo en la bondad de un sistema verdadero de protección de derechos. Efectivamente, “todos somos Julian Assange”.

La libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información, todos juntos, derechos esenciales para la democracia, libran estos días una batalla determinante. Una batalla en la que las sociedades civilizadas se juegan en gran medida la esencia misma de la democracia, es decir, la rendición de cuentas de los gobernantes ante sus ciudadanos. Me refiero al juicio de extradición que comienza en Londres contra el periodista Julian Assange, a instancias de los Estados Unidos de Norteamérica.

Si el fundador de la agencia de noticias WikiLeaks fuera entregado a este país, se habría sacrificado la transparencia de nuestros gobiernos ante la daga de la seguridad nacional. La prensa mundial quedaría en una situación alarmante, pudiendo ser procesada por la justicia estadounidense, sin defensa factible, a su entera voluntad, siempre que considere que una concreta publicación ha afectado a sus poderosas instituciones. En ese momento, el ejercicio del poder ejecutivo, por demás omnímodo en la actual administración, avanzaría por una senda totalitaria peligrosísima, sin una prensa combativa que fiscalice su actuación y garantice que los soberanos ciudadanos disponen de información suficiente sobre sus gobernantes para controlar su actuación.

Al señor Assange le acusan las autoridades norteamericanas de cometer 18 delitos, 17 de los cuales se registran bajo la Ley de Espionaje de 1917, una anacrónica norma para perseguir espías en el marco de la Primera Guerra Mundial; y uno relacionado con la supuesta ayuda a la militar Chelsea Manning para manejar las computadoras desde donde, dicen, salió la información. La petición de pena es de nada menos que 175 años de cárcel, lo que implica de facto una cadena perpetua, en unas condiciones de aislamiento casi absoluto, por aplicación de las denominadas ‘Medidas Administrativas Especiales’ (SAMS, en inglés) no se le permitirá ningún contacto con la familia, solo con sus abogados que no podrán transmitir mensaje alguno sin enfrentar cargos criminales. Su crimen, la publicación de los diarios de guerra de Irak y Afganistán en 2010, los cables del Departamento de Estado y los archivos de Guantánamo sobre los allí encarcelados. Unas publicaciones que evidenciaron la comisión de crímenes de guerra, torturas sistemáticas y demás crímenes internacionales.

Es necesario recordar que WikiLeaks es una agencia de noticias cuyo valor añadido fue crear un sistema de cortafuegos en las IPs para garantizar que cualquier persona, cualquier ‘whistleblower’ del mundo, pudiera enviar información sobre corrupción o comisión de delitos a la plataforma, para que se pudieran conocer garantizando el anonimato de la fuente. Por ello, nadie, ni siquiera el propio Julian Assange, pueden conocer el origen de la información que publica la plataforma. Paradójicamente, la Directiva europea sobre los alertadores contra la corrupción, va en ese sentido.

Sobre la base de esa innovadora idea que sometía a los poderosos a que sus miserias pudieran ser conocidas, la agencia de noticias ha publicado información de diversa índole, como el vertido de residuos tóxicos en Costa de Marfil por la multinacional Trafigura, los manuales de instrucción de la base militar de Guantánamo, evidencias de corrupción y ejecuciones extrajudiciales en Kenya o la censura de Internet en China, entre otros. La innovación introducida en el mundo de la prensa por WikiLeaks a través de su fundador, Julian Assange, ha sido galardonada por múltiples premios internacionales como el The Economist New Media Award en 2008, el Premio de Nuevos Medios de Amnistía en 2009, la Medalla de Oro de la Fundación de la Paz de Sydney en 2011, el Premio Global Exchange Human Rights People's Choice en 2013, el Premio a la Defensa de los Derechos Civiles Yoko Ono Lennon en 2013, además de las nominaciones para el Premio Mandela de las Naciones Unidas en 2015 o las nominaciones durante varios años consecutivos para el Premio Nobel de la Paz.

Sin embargo, Estados Unidos jamás perdonó que WikiLeaks sometiera su política exterior al escrutinio de la opinión pública mundial. Nunca aceptó que WikiLeaks evidenciara la comisión de crímenes internacionales por parte de su Ejército. De hecho, la mayor paradoja norteamericana es que la persona que reveló esos crímenes se encuentra sometida a procesamiento ante un Grand Jury en Virginia, mientras que los militares que cometieron esos crímenes están absolutamente impunes en la misma jurisdicción norteamericana. Todos recordamos aquel video en el que un helicóptero Apache que sobrevolaba un barrio de Bagdad disparaba indiscriminadamente contra civiles, incluso contra un vehículo con una familia y niños que iban a la escuela. Esos militares viven tranquilamente en Estados Unidos, mientras que Julian Assange afronta 175 años de cárcel.

Tampoco perdonó Estados Unidos a quien, según la justicia de ese país, habría sido la fuente de WikiLeaks, Chelsea Manning. En febrero de 2012 el Relator de la ONU contra la Tortura informó que Manning había sido sometida a trato cruel, inhumano o degradante. Posteriormente condenada y su pena conmutada por la Administración Obama al terminar su mandato, en la actualidad se encuentra nuevamente en prisión por negarse a declarar contra Assange.

El calvario de Assange desde la publicación de los diarios de la guerra de Irak y Afganistán no puede ser denominado más que de tortura, como ha sido confirmado también por el Relator de la ONU contra la Tortura, Nils Melzer. En 2012 tuvo que refugiarse en la minúscula Embajada de Ecuador en Londres para evitar una entrega a Suecia, donde se negaban garantías de no reextradición a Estados Unidos, por una caótica causa sin sentido alguno que jamás formuló cargos y que se cerró tres veces sin evidencia alguna. Durante casi siete años Julian Assange vivió sin acceso a la luz solar ni al aire fresco, con un padecimiento físico y psicológico indescriptible. Actualmente, ya detenido después de que las presiones económicas de Estados Unidos al actual Gobierno de Ecuador fructificaran, su situación es insostenible. En una cárcel de máxima seguridad, conocida como la “Guantánamo Británica”, con un limitado acceso a abogados y en una situación de práctico aislamiento.

La extradición que comienza el 24 de febrero y que culminará el 5 de junio debe inapelablemente concluir con la denegación de la entrega del periodista. El peligroso precedente que esta extradición puede suponer ha sido advertido por la práctica totalidad de los organismos internacionales del mundo. Ya a comienzos de 2016 el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU indicó que la situación de Assange era de detención arbitraria, requiriendo a Reino Unido y Suecia su inmediata liberación e incluso una indemnización por el daño causado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos el 30 de mayo de 2018 libró una opinión consultiva vinculada a su caso donde indicaba la obligación de garantizar el asilo. Múltiples relatores de la ONU de mandatos como la tortura, la privacidad, las ejecuciones extrajudiciales, y demás organismos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, igualmente se han pronunciado contra esta arbitrariedad desplegada por Estados Unidos. Además, desde la sociedad civil, la práctica totalidad de las organizaciones de derechos humanos han cerrado filas indicando que la prensa libre del mundo está en peligro con este caso. De hecho, también los medios de comunicación del mundo han señalado que sus periodistas se encontrarían en peligro con la entrega de Assange a Estados Unidos.

La justicia británica debe denegar esta peligrosa entrega y poner fin a la persecución política. En primer lugar, porque Julian Assange, como periodista, está protegido por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, donde se recoge el derecho a la libertad de prensa y a la publicación de información veraz obtenida de fuentes anónimas. En segundo lugar, por la desproporción que implica la aplicación de la Ley de Espionaje y una pena de 175 años de cárcel contra un periodista en ejercicio. Pero sobre todo, en tercer lugar, por gravísimos hechos que afectan además a nuestro país, como es el hecho de que la Audiencia Nacional esté investigando a la empresa de seguridad española que prestaba servicios en la embajada por, presuntamente, haber instalado micrófonos ocultos, haber extraído información de los teléfonos, fotocopiado documentos personales, e instalado cámaras de vídeos ocultando micrófonos en las mismas, con la presunta finalidad de entregar esa información a Estados Unidos.

Un abusivo y totalitario esquema de espionaje contra Assange y sus abogados que evidenciaría una absoluta falta de garantías del periodista ante la jurisdicción norteamericana.

En 1981 Óscar López Rivera fue condenado a un total de 70 años de presidio acusado de conspiración para la sedición, sin que se le imputara ningún hecho violento, por reclamar la independencia de Puerto Rico. Después de pasar 35 años recluido en cárceles norteamericanas, el presidente norteamericano Barak Obama, le concedió el indulto en enero de 2017. Pocos meses después comenzarían los avatares para los independentistas catalanes por promover la secesión y proclamación de la República de Cataluña.

Es este un ejemplo de lo que puede suponer una sentencia judicial cuando se mezcla con un conflicto político. El caso del procés desde su inicio se vio afectado por el tinte político que impregnó todo. Sería en septiembre de 2017 cuando el fallecido fiscal general Maza daría instrucciones para que se desencadenara el tsunami judicial que este lunes cumplió una de sus principales etapas, aunque no la última. A Pujol y sus colegas les vino de perlas la “aparición” de esta crisis de reclamación de la soberanía para camuflar sus chanchullos económicos. Puigdemont y los suyos fueron autores de una ilegalidad manifiesta cuando optaron por desafiar la Constitución y el Estatut, en vez de resolver los problemas por la vía de la negociación, el debate y el acuerdo político. Los sectores más radicales se frotaban las manos de satisfacción ante la oportunidad de ejercer su vocación antisistema. Por su parte, el Partido Popular, que tanto había trabajado en crear el caldo de cultivo previo, entró al trapo con dedicación. Cataluña le venía bien a Rajoy por desviar la vista de la corrupción que se dirimía en los tribunales y culminaría en el caso Gürtel con una sentencia clara de condena al PP y su salida del Gobierno, tras una moción de censura.  En este punto, unos y otros se asemejan: los del 3%, los de Banca Catalana, los del Palau, los de la Púnica, los de la Gürtel…

El PP añadía a esta huida hacia delante de sus propios problemas con la Justicia su intención de hacer ver la mano dura de sus postulados de derecha frente a un Ciudadanos que le comía –entonces– terreno electoral.  ¿Qué mejor que el espectáculo judicial para distraer el foco de atención, y resolver un asunto enojoso que, sin interés por solucionarlo de forma operativa, se iba de las manos? De ahí que no se hiciera mayor esfuerzo para abordar el tema desde la política. Los del Govern fueron radicalizando sus llamamientos y el Gobierno del PP dejó todo en manos de la Fiscalía, que abordó con entusiasmo una respuesta  jurídica a un problema de otro calibre con la acusación de sedición primero y rebelión después, como caballo de batalla.

Ni rebelión ni sedición

Metidos en materia, desde el principio, en septiembre de 2017, dije que no veía sedición ni rebelión como tipos delictivos de los hechos que se juzgaban. Y sigo sin verlo. Sin duda los ahora sentenciados obraron de forma ilegal, inventaron sus reglas y lanzaron su desafío. Sabían de sobra que estaban quebrando las normas legales y constitucionales, que les vinculaban y que su actitud tendría, probablemente, consecuencias penales. Y a pesar de ello, actuaron, aunque no como se ha interpretado por las acusaciones y por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Si algo ha existido en este procedimiento, y en los que le seguirán, para los cuales ya está marcado el camino, es que no habría absolución. El mantenimiento de la prisión provisional era claramente demostrativo de la solución condenatoria.

Dice la sentencia que ha puesto fin al caso, de fecha 14 de octubre de 2019, que “...La exclusión del delito de rebelión como propuesta final para el juicio de subsunción se produce, como venimos razonando, por la ausencia de una violencia instrumental, ejecutiva, preordenada y con una idoneidad potencial para el logro de la secesión. Pero también, de modo especial, por la falta de una voluntad efectiva de hacer realidad alguno de los fines establecidos en el art. 472del CP...”.

Si esto es así, ahora, para el tribunal y lo expone con tanta contundencia, la pregunta sería: ¿por qué no lo fue igualmente para el instructor y para la Sala que resolvió los recursos, que defendieron la existencia de la presunta rebelión? Si se hubiera hecho esta sencilla exclusión, entonces las prisiones preventivas acordadas no se hubieran mantenido vigentes hasta el mismo momento de la condena. Es claro que la fase de instrucción es una simple preparación y un aporte de indicios para el juicio oral, pero, en este caso, las evidencias, las alarmas eran tantas que es muy difícil asumir que se mantuviera hasta el final, con calificaciones tan “contundentes” como vacías de contenido del fiscal y la acusación popular. A la luz de la decisión, el tribunal ha seguido la estela de la Abogacía del Estado que, a la hora de la calificación, rectificó y a la postre ha visto puestos en valor sus argumentos, bajo la batuta de la Ministra de Justicia, Dolores Delgado, enormemente atacada en ese momento y obligada a comparecer en forma contumaz por la oposición para que rindiera explicaciones en el Parlamento.

Pero tampoco estimo que exista sedición.

Sobre el referéndum

El relato de los hechos probados de la sentencia parte de la intención que supuestamente tuvieron los alzados en concertarse para engañar al pueblo catalán con las leyes de desconexión, referéndum y normativa posterior. Es decir, todo el armazón fáctico sobre el que se basa la sentencia es declarar probado que eso aconteció así; de donde se desprende que si realmente no hicieran esa afirmación voluntarista, no habría base alguna para sustentar una sentencia condenatoria: estrategia concertada por los principales acusados... “De lo que se trataba era de crear una aparente cobertura jurídica que permitiera hacer creer a la ciudadanía que cuando depositara su voto estaría contribuyendo al acto fundacional de la República independiente de Cataluña”.

Todos los que fueron a votar el día 1 de octubre de 2017 sabían que el referéndum no era legal, que carecía de efectos legales y constitucionales; que era una mera consulta popular por más que se quisiera dar apariencia de legalidad, resulta un hecho notorio que no lo era.

Siguen diciendo la resolución en los hechos probados: “...era indispensable conseguir la movilización de miles y miles de ciudadanos que, en un momento determinado, pudieran neutralizar cualquier manifestación de poder emanada de las autoridades judiciales y gubernativas del Estado”.

Es difícil declarar probado como hecho que los votantes que concurrieron a aquella consulta lo hicieron engañados. Mas bien fueron conscientes de lo contrario, sabían que no habría efecto jurídico, pero quisieron demostrar su voluntad de independencia. En todo caso, creo que es aventurado afirmar que el poder de los acusados fue tal que indujeron al alzamiento tumultuoso a más de dos millones de personas.

De las sesiones del juicio oral resulta clara la participación de esos líderes, pero también es obvio que no hubo una incitación ni al alzamiento tumultuoso ni a la violencia, más bien fue exactamente lo contrario y, en todo caso, posterior al inicio de la actuación judicial, en el caso de lo sucedido con ocasión del registro de la Consejería de la Generalitat, el 20 de septiembre.

Lo que la sentencia describe en los hechos probados sobre el desarrollo del referéndum y las carencias del mismo que le restaban toda credibilidad son elementos más que suficientes para que tal acto quedara nulo de pleno derecho y así se derivaba del quebranto constitucional expresado por el Tribunal Constitucional. Consecuentemente, si el acto era nulo, ¿qué relevancia puede dársele para considerarlo parte de una estrategia de alzamiento tumultuario? Que era parte de la estrategia independentista resulta evidente, pero esto en sí mismo no es delictivo en el ordenamiento jurídico español, como tampoco la declaración unilateral de independencia, como lo reconoce la propia sentencia: sí la desobediencia en la que se incurra si el acto está prohibido por el TC, como en este caso.

¿Hubo no violencia?

Esto lo dice el TS para después resaltar exponencialmente los hechos acontecidos el 20 de septiembre y otros en los que se describen actos de desórdenes públicos graves y que podrían haber llevado a unas penas de hasta 6 años de cárcel (art.557 bis, 3ª y 5ª del Código Penal) pero para incardinarlos en la “estrategia concertada” a la que se apunta el Tribunal, y así, inevitablemente, utilizarlos para ir conformando la sedición. La sedición en ningún momento estuvo en el ánimo de esos acusados cuando se sumaron e incluso dirigieron los hechos acontecidos en aquella fecha. No puedo evitar recordar cuando en las investigaciones contra ETA se rodeaban los domicilios, empresas, instituciones, etc. ante acciones judiciales que se consideraban contrarias a los intereses de las personas afectadas por las investigaciones. La diferencia es que nunca se las consideró delito de sedición.

Son llamativas y preocupantes las referencias que la sentencia hace respecto de la actuación o falta de la misma por parte de los Mossos, fuerza de seguridad catalana. Se hacen juicios de valor, a unos les imputan desidia y para los otros asumen que recibir órdenes de retirada es intrascendente, al contrario que para las referidas a los primeros, que tildan de sediciosas. Y en los razonamientos jurídicos, la acusación que se vierte contra ellos, que no están siendo juzgados, cuando menos puede preconstituir el caso que se sigue en la Audiencia Nacional contra el mayor Trapero y es contradictorio porque por un lado se los presenta como víctimas y en otro como perpetradores o cuando menos coadyuvantes a la acción delictiva de sedición.

Demasiados juicios de valor

“Bajo el imaginario derecho de autodeterminación se agazapaba el deseo de los líderes políticos y asociativos de presionar al Gobierno de la Nación para la negociación de una consulta popular”, continúa la sentencia. Este juicio de valor es impropio de un relato de hechos probados. Debería estar en la valoración jurídica de los hechos, predetermina el fallo y eso es procesalmente incorrecto, además de que adelanta la intención condenatoria que posteriormente se plasma en el fallo.

¿Cómo se puede afirmar esto como probado sin introducirse en las mentes de los más de dos millones de personas que votaron a favor la propuesta? ¿Por qué no pensar también que todos sabían que era lo que se votaba y por eso fueron a depositar su papeleta? Tratar de incautos a los ciudadanos desvela una actitud soberbia y de menosprecio hacia ese número de personas que estaban ejerciendo un derecho de libre expresión de sus ideas.

Esta es una afirmación estrictamente voluntarista y juicio de valor, gravísimo error al recogerse en unos hechos probados lo que simplemente es un juicio de intenciones. ¿Qué elementos tienen el ponente y los demás magistrados sentenciadores para arrogarse la decisión sobre la intención de los votantes, en el sí o en el no? ¿Acaso, ellos son los llamados a definir que los que optaron por el sí, estaban equivocados y los que dijeron no, eran los que sí comprendían el alcance de la trampa? Si esto fuera así, ese solo hecho destruiría la sentencia.

Asevera el ponente: “En el presente caso, de lo que se trataba era de hacer posible un referéndum que condujera, con la ayuda de la movilización ciudadana, a destruir las bases fijadas por el poder constituyente.”  Por más que se esfuerza la sentencia en potenciar por encima de la despenalización del delito de convocatoria ilegal de referéndum de 2005 lo consigue escasamente a ojos críticos e imparciales, ajenos a la predisposición que el Tribunal hace con el concilio entre autoridades, organizaciones de la sociedad civil, soberanistas y pueblo catalán participante en las manifestaciones y referéndum, para construir la tesis condenatoria. Pero es lo cierto, que ese vacío incriminatorio no existe, ya que lo cubre la desobediencia, no la sedición ni la rebelión. Lo que sucede en el caso de autos es que el TS opta por una especie de solución salomónica por la vía de la sedición, previo preordenar todos los esfuerzos al fin de los alzados, cuando lo que se acumulan son conductas de coparticipación, pero no un plan sedicioso para lo que ineludiblemente tendrían que contar con los ciudadanos y que se demostrara sin lugar a duda que el levantamiento fue tumultuario (art. 544 CP).

Incongruencia

La sentencia es expresiva cuando afirma que los “procesados que, al mismo tiempo que presentaban el referéndum del día 1 de octubre como expresión del genuino e irrenunciable ejercicio del derecho de autodeterminación, explicaban que, en realidad, lo que querían era una negociación directa con el Gobierno del Estado. Es insalvable la contradicción en que incurre quien se dirige a la ciudadanía proclamando que ha accedido a su propio espacio de soberanía e inmediatamente deja sin efecto la declaración de independencia para volver al punto de partida y reclamar, no la independencia, sino la negociación con un ente soberano del que afirma haberse desgajado, aunque solo temporalmente durante unos pocos segundos”.

Sin embargo, lo que de aquí se desprende es una clara incongruencia con el relato de hechos probados en los que se va describiendo todo un plan detallado y concatenado, con todos los elementos coadyuvantes que definen la urdimbre criminal que ahora se rechaza. En ese plan criminal previo no puede contarse con los hechos nuevos que no dependen del plan sino de la coyuntura judicial, por ejemplo en la que las entradas, registros y detenciones del día 20 y otros actos judiciales eran desconocidos para los acusados.

No es admisible en derecho despachar este esencial elemento con la afirmación de que había instrucciones generales de actuar en la calle y frente a las instituciones o lugares afectados.  No es válido acudir al elemento contextual para armar un delito de sedición inexistente que, al final, se concreta en dos hechos puntuales. Como tampoco, es defendible la afirmación que la discrepancia respecto del delito de sedición aplicable a estos hechos enjuiciados responde al principio de insignificancia puesto que debe reconocérsele la relevancia penal correspondiente, pero  no la extendida a los tipos de rebelión que se rechaza ni al subsidiario de sedición que se acoge oportunamente para que no quede “descapitalizado” el proceso.

En la causa, existen conductas penales relevantes como los desórdenes públicos del artículo 557 bis 3ª y5ª del CP, además de las de malversación de caudales públicos y otras posibles figuras delictivas.

Los contornos del delito

“En definitiva, el principio de proporcionalidad propio del derecho penal democrático exige valorar si el tumulto imputado a los autores pone efectivamente en cuestión el funcionamiento del Estado democrático de derecho”. Desde la perspectiva de la actividad delictiva, la sedición, como la rebelión, se caracteriza por no ser cometida mediante un solo acto sino por la sucesión o acumulación de varios. Son delitos plurisubjetivos de convergencia, en la medida en que su comisión exige una unión o concierto de voluntades para el logro de un fin compartido.

La mera reunión de una colectividad de sujetos no es, sin más, delictiva. El delito surge cuando, además de ser tumultuaria y pública, acude como medios comisivos a actos de fuerza o fuera de las vías legales, para dirigirse con potencial funcionalidad a lograr que las leyes no se cumplan o que se obstruya la efectividad de las órdenes o resoluciones jurisdiccionales o administrativas.

El alzamiento, por tanto, se caracteriza por esas finalidades que connotan una insurrección o una actitud de abierta oposición al normal funcionamiento del sistema jurídico, constituido por la aplicación efectiva de las leyes y la no obstrucción a la efectividad de las decisiones de las instituciones.

En este apartado, la sentencia habla de insurrección o abierta oposición al normal funcionamiento del sistema jurídico..., lo cierto es que en el caso del día 20, existió dificultad no tanto en el desarrollo sino en la conclusión del acto, con dificultades surgidas del conjunto de ciudadanos que en un muy importante número se congregaron en el lugar. Las consignas de obstaculización o impedimento finalmente no impidieron la ejecución de la medida judicial, que, desde luego se podía calificar de alto riesgo y por ende debería de haberse previsto la necesidad de medios de disuasión necesarios y proporcionales. Lo que no se puede es imputar a los acusados como alzamiento tumultuario y además con ciertas dosis de violencia, como se hace en la sentencia, con una clara finalidad de integrar el tipo del 544 que solo con fórceps acogería los hechos acontecidos, lo que fue una presencia tumultuaria si se quiere pero no violenta ni activamente beligerante contra la autoridad judicial. De haberse empleado la fuerza de disuasión correspondiente no hubiera acontecido lo que ahora se considera la base de la sedición.

La afirmación de la suspensión de la orden judicial por un día no se ajusta a la realidad de los hechos porque la diligencia comenzó a determinada hora de la mañana, sin incidencia, sencillamente porque no era conocida, y siguió sin dificultad interna hasta su finalización, la “resistencia pasiva” que le parece exótica al ponente no es más que el ejercicio de la discrepancia democrática que tiene que ser contenida con los medios proporcionales de contención. Lo contrario sería reconocer la insuficiencia del estado, en cualquiera de sus instituciones, para hacer frente a una coyuntura sobrevenida y que no puede considerarse parte de ningún levantamiento tumultuoso.

Feroces críticas

Hasta que los magistrados han optado por la sedición, este concepto ha sido la bestia negra para la derecha orquestada en torno a los acontecimientos. No hay más que recordar la que se organizó cuando la Abogacía del Estado planteó así su petición en noviembre de 2018.  Las críticas fueron feroces contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y contra Dolores Delgado, la titular de Justicia, ministerio del que depende Abogacía del Estado. Pablo Casado lo dejó bien claro: “Es indecente que el Gobierno humille a España forzando a la Abogacía del Estado a desmarcarse de la Fiscalía y a no acusar por rebelión a los golpistas”. Albert Rivera, por su parte, afirmó que “Sánchez  está utilizando el poder ejecutivo para beneficiar a los que dieron un golpe contra nuestra democracia y lo hará para indultarles si les condenan los tribunales”.

Curiosamente Ciudadanos acababa de acoger en sus filas como candidato para las elecciones del 28 de abril a Edmundo Bal, que había sido director del departamento penal de la Abogacía del Estado desde 2002 y que fue relevado de su cargo cuando se negó a firmar el escrito de acusación por no mantenerse la acusación de rebelión, como bien recordaba ayer el periódico El País.  Hoy, en cambio, los personajes mencionados abrazan la decisión del Supremo sobre la sedición con buen talante: Casado manifestó su satisfacción al demostrarse que “el que la hace la paga”.  “Hoy hemos ganado los buenos, los demócratas”, afirmó por su parte Rivera. La sentencia, sin embargo, acoge al completo los postulados de la Abogacía con una ligera elevación de las penas solicitadas. Y sin rebelión.

Supremo enfado

La injerencia del poder político en los temas del poder judicial ha sido por tanto una constante en todo el proceso, con virulencia y a riesgo de perturbar la tranquilidad debida a la Sala.  Lo más escandaloso en este sentido ha sido la insistencia de nuevo de los líderes del PP y Ciudadanos en exigir que el Gobierno no debía indultar a los políticos ahora condenados. Esa tenacidad en un tema inexistente aun cuando el juicio estaba aún en su apogeo tuvo su máxima expresión en el debate que los candidatos a la presidencia celebraron en televisión en el mes de abril.  Me pareció, y así lo manifesté en público, “una interferencia gravísima en la independencia e imparcialidad de los jueces del procés que todavía no se han pronunciado”. El propio tribunal introduce en la sentencia unas líneas en las que se intuye el enfado, a estas tenaces exigencias de los políticos: “El debate sobre la procedencia de un indulto, cuando todavía ninguno de los acusados ha sido declarado culpable, es un elocuente ejemplo de falta de rigor y responsabilidad institucional”. Lo que los magistrados señalan es evidente pero, como todo lo que ha rodeado a este caso del procés, parece no afectar a los políticos, que son quienes más deberían velar por los deberes fundamentales y no lo hacen.

Pero hay que mirar hacia el futuro. Es el momento, ahora sí, de asumir responsabilidades políticas, y de poner sobre la mesa medidas razonables. Entre esas medidas hay que hablar de indulto, de progresión en grado y obviar todo lo que suponga venganza. Pero para ello deben cesar los desmanes que se están cometiendo por una sentencia que aun cuando no se considere justa, es legal y por tanto la oposición debe mostrarse por vías civilizadas. La reacción de la ciudadanía se alimenta momentáneamente de ira y frustración. Es fruto del desacuerdo con una decisión discutible, pero arrasa con toda posibilidad de acción por parte del Gobierno, que tendría muy difícil conceder medida de gracia alguna en este estado de cosas contando además con la oposición férrea de la Fiscalía.

Sobre todo, para nada deben traerse a colación ni los argumentos, ni las causas o razones para mediatizar la ejecución de la sentencia. Las sentencias hay que cumplirlas y una forma de cumplimiento siempre que se respeten las leyes que regulan las normas de perdón e indulto y progresión de grado es precisamente el cumplimiento en libertad. Hay que pensar que mientras los condenados estén en prisión, el conflicto continuará; ahora los políticos tienen que dialogar. El tiempo de los jueces ya ha pasado.

“Ustedes tienen Dios, nosotros tenemos Omama. Ella creó la vida, creó a los yanomamis, permite todo lo que sucede. Nosotros nos comunicamos con ella permanentemente”. ¿Quién en el mundo secularizado hablaría de corazón de esta forma? (Palabras de un indígena yanomami Miguel Xapuri Lanomâmi, citado por Leonardo Boff)

Como siempre, regreso de América con el corazón alimentado de la generosidad de sus gentes, pero con el ánimo entristecido al comprobar cómo la violencia agrede cada día al espíritu libre de pueblos que no merecen padecer una realidad de tal calibre. Las mujeres, las niñas y los indígenas, los más vulnerables, siguen siendo las víctimas eternas de una situación que clama a la conciencia y que parece eternizarse en un bucle de asesinatos, desapariciones forzadas y demasiada impunidad. Lo he comprobado sobre el terreno, desde mi posición privilegiada de visitante que luego vuelve a sus asuntos, a muchos kilómetros del miedo. Pero esta vez he podido palpar la inquietud por una nueva violencia que se asienta en Latinoamérica, que tiene su máxima expresión en la Amazonia, contra la que se está perpetrando sin sigilo y a la luz del día un auténtico crimen, Ecocidio.

Hablamos de casi siete millones de kilómetros de territorio que equilibra la atmósfera del planeta y nutre el sistema hidrológico andino, en el que sus pobladores originarios están sufriendo una extinción silenciosa. Los incendios han afectado a casi 150 zonas habitadas por indígenas. Estos fuegos son un medio obligado para deforestar y nutrir el lucrativo negocio de empresas que actúan con total impunidad. Brasil es el epicentro de un desastre de insospechadas consecuencias que debería alarmarnos a todos y ser un toque de atención para Europa y el mundo entero. No sé si la destrucción de la Amazonia puede zarandear las conciencias y revertir esta situación, pero soy consciente de que, por el momento, a la espera de esa convulsión urgente e imprescindible, están matando a la Madre Tierra. La devastación se expande por otros lugares y pongo por caso a Bolivia donde en apenas una quincena han ardido 400 mil hectáreas de forma intencionada.

Vivimos tiempos duros para el ser humano, en los que los malos tratos, las torturas, las ejecuciones, las desapariciones forzadas y los crímenes de género están a la orden del día, y el hecho de haber nacido “indio” es motivo de rechazo. Ante esto, resulta difícil pensar que los líderes políticos y empresariales vayan a respetar a la naturaleza, aunque en ello nos vaya la vida, la nuestra y la de las demás especies del planeta, en una actitud completamente suicida, homicida y ecocida.

El mal ejemplo de Bolsonaro

Desde mi experiencia acumulada sé que las cosas no suceden por casualidad. Hay aquí un trasfondo muy grave de complicidades. Siempre subyace un componente económico y político en toda catástrofe provocada por el hombre. Los grandes intereses económicos requieren de la colaboración imprescindible de los políticos que hacen suya la misión de esquilmar los recursos naturales y destruirlos, generalmente de la mano de un dictador o de un ultraderechista surgido de las urnas. Ya los golpes de Estado no son necesarios, pues los políticos de turno ceden frente al dinero de las multinacionales y sus potentes campañas de marketing, incluso cuando pretenden la masacre de la tierra.

Brasil se ha convertido en un ejemplo paradigmático. Jair Bolsonaro deviene, de facto, la voz ejecutiva de intereses ligados a la explotación abusiva de la madera, la ganadería, la agricultura, las hidroeléctricas y las mineras que se esforzaron por lograr su llegada al poder. Desde la Presidencia del país el mandatario avala y fomenta la explotación ilimitada de la Amazonia, permitiéndose lanzar perlas tan sofisticadas como: “vamos a destrozar la reserva indígena de Raposa Serra do Sol. Vamos a darles armas a todos los terratenientes”. Eso por no hablar de su decisión de remover a los miembros de la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos (Cemdp) durante la dictadura militar (1964 - 1985), con la explicación de que su gobierno “es de derechas” o de su animadversión enfermiza contra los organismos de derechos humanos o las ONG defensoras del medioambiente. Ello da una pista de quién encabeza la posible lista de responsables de lo que sucede en Brasil, donde en lo que va de año, veinte defensores ambientalistas han sido asesinados.

Federico Finchelstein aseguró en una reciente entrevista sobre Bolsonaro: “es uno de los populistas más cercanos al fascismo que he visto” añadiendo: “combina el neoliberalismo con resabios fascistas”. Potente afirmación de un historiador experto en populismo y fascismo. Las trágicas consecuencias de las políticas del actual presidente de Brasil son una demostración del peligro que supone un gobierno de derecha extrema.

Corrupción

Pero no sólo ocurre en Latinoamérica. También la necesidad de expandir la agricultura y la extracción abusiva de recursos naturales es la antorcha que prende otra de las zonas de bosque tropical más importantes de la tierra, el Congo, corazón de una África olvidada, explotada y masacrada por mil conflictos postcoloniales nunca resueltos y unos intereses corporativos y políticos que prenden día a día una especie de desastre sostenido. Así mismo, Siberia arde con el peligro añadido de su cercanía al Ártico facilitando su derretimiento y el vertido de CO2 a los océanos, con lo que las aguas se vuelven más ácidas. Y como consecuencia fatal, llevando a la extinción a especies como los corales, hábitat del 25% de la vida marina, tal y como señala Rosa Castizo en un interesante artículo.

Auspiciada por la ONU, en diciembre tendrá lugar en Santiago de Chile la mayor cumbre mundial sobre la crisis climática, la COP 25, en la que 30 mil personas representando a 200 países debatirán sobre nuestros mares, las energías renovables, los ecosistemas, la biodiversidad… Los acuerdos que se alcancen podrían significar un respiro para la Tierra, ahogada por la mala gestión de nuestros dirigentes. Pero de poco servirá el mejor concierto si luego ceden a intereses espurios, condicionados por las cuentas de resultados de las empresas y las exigencias de los accionistas que les llevaron al sillón de mando. Como manifestó hace unos días el Papa Francisco, hay una mala palabra para toda esta catástrofe medioambiental: corrupción.

La respuesta ciudadana

Debemos ir más allá, aportando una sólida formación a niños y jóvenes, que ya demuestran tener mayor claridad de ideas sobre este tema que los adultos, quienes debemos ser reeducados para cuidar mejor nuestro planeta y dar valor al legado que transmitiremos las siguientes generaciones. Esta educación deberá verse reflejada en una mayor acción política y ciudadana inspirada en los valores democráticos que hacen de la política una vocación de servicio en favor del bien común y del bien mayor y no en el ejercicio burdo del poder en favor de las élites y sus provechos económicos. La participación ciudadana es una fuerza capaz de frenar los apetitos voraces de los poderosos. Pero también en el ámbito legislativo, local e internacional, y en el de la justicia es necesario dar pasos definitivos, sin complejos, por encima de coyunturales intereses económicos o políticos que nos anulan por su perentoriedad ficticia.

Debemos diseñar esos nuevos espacios, por ejemplo a través de la jurisdicción universal, ampliando su esfera de protección a la naturaleza. Como dice el teólogo Leonardo Boff: “El tiempo de las naciones está pasando; ahora es el tiempo de la Tierra y tenemos que organizarnos para garantizar los medios que sustentarán nuestra vida y la de la naturaleza”.

Se trata de prioridades reales y no entenderlo así se traduce en una pérdida del escaso tiempo concedido en disquisiciones estériles y diálogos de sordos que nos convierten, cuando menos, en cómplices de los desastres que se avecinan. Es la acción responsable y coordinada de todos y la concienciación ante la emergencia en la que nos hallamos, las que nos deben activar dejando de lado, de una vez por todas, la indolencia y la parálisis que nos atenazan.

Y esto, me conduce a una última reflexión: necesitamos analizar quiénes son los que nos gobiernan, para quién trabajan y a dónde nos conducen. Hay que tenerlo presente cada día, contestar con firmeza cuando detectemos la desviación, pensar muy bien qué voto depositamos cuando acudimos a las urnas e instar a nuestros dirigentes a que defiendan el medio ambiente, si queremos seguir disfrutando del presente y conseguir un futuro sostenible en el planeta Tierra. Es nuestra respuesta ciudadana más inmediata a la violencia contra la naturaleza.

Suele ocurrir que cuando de un juez dicen que “instruye mal” lo que de verdad ocurre es que no instruye al gusto del que lanza la acusación. Y cuando lo repiten hasta la saciedad, a pesar de que se demuestre reiteradamente que no es así, lo que buscan es retirar a ese juez de la investigación en curso para ganar tiempo, cambiar el curso de los acontecimientos o conseguir otro titular al frente del juzgado que, influido por la acción contra su predecesor, esté más en línea con lo que se le marque. A veces hay incluso un posible candidato para el que es preciso dejar el puesto libre. Y también, en ocasiones, de lo que se trata es de curarse en salud por lo que pueda pasar cuando finalmente se dicte sentencia obviando la propia responsabilidad y apuntando al instructor como causante de todos los males. Se bien lo que digo porque lo he sufrido en mis propias carnes. 

Eso es lo que veo está pasando en Sevilla con la jueza María Ángeles Núñez Bolaños, sucesora de la venerada, por la derecha mediática y política, jueza Mercedes Alaya desde julio de 2015 y heredera por tanto de casos tan complejos como el de los ERE y sus derivaciones que afectan directamente a la junta de Andalucía, gobernada en aquel tiempo por el PSOE, cuya eliminación política sería el objetivo último de muchos.  Pues bien, en una acción muy poco habitual, el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, caracterizado por su prudencia y contención, ha presentado ante el Consejo General del Poder Judicial una denuncia disciplinaria contra la magistrada. La denuncia del fiscal Luzón tiene como objeto que el CGPJ dictamine si Núñez ha incurrido en falta grave o muy grave de retraso y falta de atención a sus casos. A lo largo de más de un centenar de folios, el Fiscal Anticorrupción se explaya en opiniones que culminan con la de que la denunciada está efectuando un vaciamiento de las piezas que conforman el procedimiento tras acordar la exclusión de los cargos de la Junta de Andalucía, (acuerdo que sin embargo fue adoptado por la Audiencia Provincial). La denuncia disciplinaria de  la Fiscalía anticorrupción se encuentra ahora en manos de Ricardo Conde, promotor disciplinario del CGPJ, ante quien la magistrada Núñez debe contestar por escrito las acusaciones recibidas que apuntan hacia archivos de piezas, prescripciones y enmiendas llevadas a cabo por la Audiencia Provincial.

Los casos de los que hablamos datan de esa época que mencionaba en que el PSOE dirigía Andalucía. Se trata, en síntesis, del caso ERE en el que están pendientes de sentencia inminente los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán; el caso Avales relacionado con el de los ERE y el caso IDEA, entidad de la junta que se ocupaba del pago de subvenciones.  

Las quejas del Ministerio Público

Esta denuncia ante el CGPJ se basa en quejas de los seis fiscales anticorrupción sevillanos que presentaron un escrito oficial a su jefe. Se conoció el 19 de junio pasado coincidiendo con una baja solicitada por la jueza. Ignoro qué ha motivado esta situación personal de María Ángeles Núñez pero desde luego, los términos que emplea el escrito son para hacer perder la paciencia o la salud a cualquier profesional: “dejación de funciones, arbitrariedad, retrasos injustificados…”  O “perjuicio de los fines del proceso penal y de la Administración de Justicia”, nada más y nada menos. Estamos hablando de una macro causa iniciada en marzo de 2011 por la jueza Alaya que era partidaria de instruir en inmensas proporciones, investigando la política de ayudas al empleo de una Administración Autonómica durante una década, con el consenso del Ministerio Público en cuanto a los fines, pero con graves discordancias de éste (y desde muy pronto) en cuanto a los medios. De este modo fue acumulando piezas de compleja investigación y largos trámites en el juzgado de instrucción seis de la capital hispalense del que era titular a la sazón, en una causa procesalmente ingobernable, objetiva y subjetivamente. 

Debo decir que me desconcierta esta decisión de los fiscales contra la juez con el acuerdo de su superior, Luzón, y hay que entender que con el plácet de la Fiscal General del Estado, señora Segarra, que durante el tiempo en el que se desarrollaron las investigaciones estaba al frente de la fiscalía sevillana.  Me resulta extraño y he de decir que inquietante, porque mejor que nadie los fiscales conocen y saben de dilaciones cuando de causas complejas se trata. Quienes hemos sido instructores sabemos que los “retrasos” en los dictámenes y escritos del Ministerio Publico han sido y son múltiples y variados, pero muy pocas veces han sido cuestionados, a pesar de los largos periodos que algunos se toman para evacuarlos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué con tanta saña? Añado la tenaz persistencia de los medios más ligados a la derecha, con la punta de lanza del ABC de Sevilla que es un ejemplo sorprendente de exhaustiva producción de artículos sobre el tema, en especial en este último semestre.  Con tanta dedicación como la que empleaba en su día el mismo periódico en alabar no solo el trabajo, sino también incluso la elegancia y la belleza de la anterior instructora, Mercedes Alaya, aspectos estos últimos que no sé si hubieran referido de haberse tratado de un hombre juez.

La Malvada Magistrada Núñez

¿Tan mala ha sido la instructora Núñez? Voy a intentar resumir esta historia en busca de la claridad.

La jueza Alaya armó tres macro causas: ERE, Formación y Avales. La primera en 2011, las otras dos en el periodo ya próximo a su salida (2015) y por tal razón  sin que le diera tiempo a conseguir el objetivo de enjuiciar las políticas de empleo, de formación y fomento de la Junta durante una década. Los mimbres quedaron establecidos y la dinámica, con la UCO y la IGAE requeridas, dio comienzo.

La llegada de la jueza Núñez en 2015 tras la marcha de Alaya a la Audiencia Provincial, supuso un cambio en el método de instrucción. Núñez actuó en dos líneas, de un lado dividiendo la causa ERE a solicitud de los fiscales (que se habían encontrado con la reiterada oposición de Alaya a tal pretensión) a fin de posibilitar su desbloqueo y enjuiciamiento progresivo, y por otro, reconduciendo los casos Formación y Avales, alejándose de la investigación prospectiva en curso, sistematizando y racionalizando las líneas de trabajo. Es decir, tratando de poner coherencia en una investigación elefantiásica que parece que, hasta ese momento, y por lo que se ve aún ahora, con esta denuncia, busca que los responsables de la Junta durante las últimas tres décadas respondan penalmente de todas sus acciones de gobierno. 

En el caso Formación, la juez Núñez, trabajó mano a mano con la Fiscalía para dividir la causa en Piezas, archivando la pieza política en 2017. Archivo que ha sido revocado recientemente por la sección Primera de la Audiencia Provincial a instancias del Partido Popular y contra el criterio de juzgado, del fiscal, de la acusación de la Junta y de las defensas. Prosiguió la investigación en las piezas restantes. No veo que la denuncia ante el CGPJ realice comentario alguno sobre esta macro causa, con lo que parece deducirse que Núñez actuaría “maliciosamente” en las otras macro causas pero no en esta. Es en todo caso una lógica difícil de entender.

En Avales en cambio por lo que he podido comprobar, la situación no fue pacífica. Fiscales y Partido Popular, coincidieron en oponerse de manera firme y combativa a los intentos de reconducción, e intentando además que a toda costa intervinieran la UCO y la IGAE, es decir, la punta de lanza de Alaya en la causa de los ERE. Núñez ha dictado recientemente el archivo, con el que ha estado conforme la Junta de Andalucía, pero que ha sido recurrido en apelación por el Ministerio Fiscal y el Partido Popular y ahora queda pendiente de resolución.

La tercera macro causa que nos ocupa fue abierta hace un par de años a instancias del Ministerio Fiscal y el Partido Popular. Se denomina IDEA y tiene como objeto todas las transferencias de financiación de todos los departamentos de la Junta que las utilizaron durante años y que vienen a ser casi todas las Consejerías.

Así las cosas, el escenario en que se mueve la jueza María Núñez, con el legado recibido y ampliado, no es fácil; y tanto para ella como para los fiscales, la tarea es gigantesca, por lo que no se entiende, objetivamente considerada, la decisión de los fiscales de acusar a la jueza de todos los males de un procedimiento ya de por si complejo y difícil. 

¿Qué les pasa a los Fiscales?

¿Cuál ha sido el papel de la Fiscalía en todos estos procesos? El Ministerio Público sevillano ha tenido como fiscal jefe a María José Segarra, hasta hace un año, en que pasó a ocupar el cargo de Fiscal General del Estado. Segarra ha trabajado pues en estos temas desde su origen y lo ha hecho, probablemente, codo a codo con los fiscales que están ocupándose actualmente de la instrucción de estas piezas.  

Una instrucción que ha dado mucho trabajo y algunas frustraciones al Ministerio Publico como así ocurrió también con otras piezas iniciales como la de Mercasevilla o la denominado Betis, instruidas por Mercedes Alaya. Ambos asuntos quedaron en nada y en el primer caso con una sentencia absolutoria que ponía además en cuestión el papel de los fiscales que habían intervenido.

Llovió sobre mojado con la causa estrella, la denominada Formación cuando se archivó la parte política, de hecho a instancias y con el pleno acuerdo de la Fiscalía, que no apoyó el recurso de apelación del PP presentado hace dos años y medio. Curiosamente ha sido ahora también cuando la Audiencia Provincial ha decidido reabrir el caso transcurrido tanto tiempo desde que se presentó el recurso... Indica ello la dramática situación, no solo del juzgado de instrucción número 6, a pesar del refuerzo para la tramitación de los demás procedimientos, sino de la propia Audiencia Provincial que contempla un atasco evidente de trabajo. 

Así las cosas, cabe decir que con el caso Avales, Núñez habría tendido a evitar la investigación prospectiva en forma de causa general que se atisbaba, procediendo por otro lado a dividir el procedimiento en dos piezas. Una de ellas fue archivada por la jueza, archivo que está ahora recurrido por los fiscales y el PP ante la Audiencia Provincial.

Pero el caso más conflictivo es el de los ERE cuya sentencia está al caer en la Audiencia Provincial y a decir de los entendidos con posibilidades de que el resultado no abunde en los criterios de los fiscales. Sería en ese caso una nueva y evidente frustración para el Ministerio Público.

Criterios contrarios

¿Qué ha pasado entre tanto entre la juez y los fiscales?  El problema por lo que he podido saber, empezó por criterios de fondo.  María Ángeles Núñez tiene fama de juez garantista, liberal, enemiga de la investigación general prospectiva.  Cuentan que está intentando organizar y ordenar la macro causa ERE que quiso construir con tanto denuedo como poco éxito Alaya desde 2011; que ha puesto coto y ha archivado piezas que en su opinión profesional considera no reúnen méritos para otra cosa. Eso es lo que parece no ha gustado a los fiscales partidarios de la investigación del caso en su conjunto. Pero ¡ojo! se esté o no de acuerdo con ella, el fiscal denunciante no puede pretender que el CGPJ se adentre en valorar criterios jurisdiccionales de la juez, lo cual prohíbe la Ley orgánica.

La gran discordia se ve en el tema de los ERE en que la discusión se centra en el concepto de origen de Mercedes Alaya de considerar prevaricación la utilización de una determinada herramienta presupuestaria para cubrir las ayudas a trabajadores y empresas, la transferencia de financiación, en lugar de la subvención excepcional, un criterio que comparten los fiscales. Núñez en este asunto no puede sino seguir el criterio marcado por la Sala de apelaciones (Sección Séptima), que mantiene la tesis inicial de Alaya, sustentan también la UCO y la IGAE y que viene a decir que las transferencias se han utilizado prevaricadoramente para eludir el procedimiento de subvenciones. Esta es la base sobre la que nació el proceso ERE y ha sido objeto de profundo y enconado debate en el juicio. Peritos muy cualificados de la defensa han sostenido que la transferencia es una herramienta presupuestaria en sí misma neutra y cuyo uso no imposibilitaba el debido control de las ayudas por parte de la intervención. La jueza Núñez, es consciente de ese debate y entiendo que por eso ha sido prudente en la Causa IDEA, a la espera de que la sentencia se pronuncie y aclare el panorama. Y, desde luego, esa actitud mesurada no puede dar lugar a una acusación de dilación o retraso malicioso, como la que le achacan los fiscales.

Como es sabido, en este mundo de jueces y fiscales a partir del choque conceptual, todo es choque. Y ello ligado a la enormidad de estos procesos, lleva a un estado de permanente tensión que, ahora sí, actúa en contra de la adecuada acción de la justicia. 

Sin olvidar que en el caso ERE el revés primero para la fiscalía fue importante.  La fiscalía tenía la intención de no solo llevar a los altos cargos de la Junta a la pieza política, sino llevarlos a las incoadas para cada ayuda concreta y acusarlos en todas ellas de malversación. Pero, tal como a partir de entonces hubo de asumir la magistrada, la sección séptima de la Audiencia ha considerado —ya en 2017— que no se puede investigar ni eventualmente juzgar de nuevo a las personas ya juzgadas en la pieza política, sino que han de quedar excluidas en las piezas que se incoan por cada ayuda. Para los fiscales se tradujo en un evidente revés por la que, obviando que ha sido decisión de la Audiencia, en el escrito de queja señalan directamente a la jueza como responsable de tal exclusión.

El factor humano

Decía al principio de este artículo que entre las razones por las que se acusa a un juez de instruir mal y ese es un globo que se hace cada vez mayor, figura la de eludir la propia responsabilidad y echarle la culpa al otro, a la otra en este caso. Ante los diferentes varapalos propinados al Ministerio Fiscal no me extrañaría que fuera esta una causa importante de tan desmesurada reacción plasmada en 112 folios. No cabe duda de que la responsabilidad del cumplimiento de la ley es igual para el fiscal que para el juez y que aquél tiene prerrogativas parejas a las de este. No se da una situación de indefensión para la fiscalía frente a una magistrada todopoderosa. Veo más bien un encono profesional que probablemente haya hecho incluso peligrar la relación personal.

Nuevamente el factor humano se torna elemento determinante, María José Segarra, la Fiscal General del Estado por su papel al frente de la fiscalía de Sevilla durante años, conoce bien el tema y los actores, y, como es lógico por tal implicación profesional en la causa, vivirá como propios las críticas o reproches que pudiera recibir o ya haya recibido, el Ministerio Publico. 

La jueza Núñez también ha recibido apoyos. Tras la denuncia de la Fiscalía, la Junta de Jueces de Instrucción de Sevilla, dejó   escrito en Acta su apoyo y afecto a la compañera, pidiendo respeto hacia ella tanto en el ámbito personal como profesional. Por otra parte, un grupo de abogados ha firmado un escrito a favor de la magistrada ante lo que consideran una “insidiosa campaña de desprestigio a través de determinados medios de comunicación” que dicen afecta de forma injusta a su honorabilidad personal y profesional. Para estos juristas el objetivo de la crítica es crear un estado de opinión sobre cómo trabaja la magistrada. Y señalan algo que me parece importante y es que puede afectar de manera grave a su independencia.

Esta es para mí la parte más vulnerable de todo este asunto que, insisto, me resulta penoso y peculiar. Por no hablar del despropósito de cómo se encuentran los juzgados de Sevilla en cuanto a tiempos y carga de trabajo. Ante todo, pienso que la sensatez debería cundir y que el Consejo debe hilar muy fino este asunto, para no afectar a las cuestiones jurisdiccionales que rezuman de la denuncia . Sin duda sería un duro golpe para el Ministerio Público, pero a mí, lo que me preocupa es que de seguir adelante dando pábulo a la queja, otros magistrados lo podrían interpretar como aviso a navegantes, sobre todo en un caso en el que con tanto entusiasmo la derecha mediática ha hecho correr ríos de tinta en su afán por condenar al socialismo. El mensaje emitido iría en la línea de ¡alerta! con lo que instruyes y en qué dirección, que puedes tener problemas.  No creo que nos lo podamos permitir.

El 26 de mayo pasado las urnas de toda Europa hablaron. A algunos no les gustó lo que dijeron. Muchos se sorprendieron y otros lamentamos la victoria del Frente Nacional de Le Pen en Francia, o la más acuciante posición euroescéptica de un Reino Unido sumido en la locura del Brexit. A quienes se muestran en contra del proceso independentista en Cataluña les herviría la sangre conociendo que Carles Puigdemont recibía el respaldo popular necesario para ser llamado a recoger su acta de europarlamentario. Todas esas impresiones y opiniones son absolutamente legítimas, en democracia. Todas, salvo que provengan de un operador jurídico en la noble misión de impartir recta e imparcial justicia o del Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción penal. Ellos no pueden tener opinión, ni motivación política en la confección de sus decisiones o presentación de informe o dictámenes. Cada cual, al igual que la Abogacía del Estado, ha de seguir lo dictado por la ley y sólo la ley. Torcer el Derecho por razones políticas o evitar situaciones complejas, que supongan verdaderos quebraderos de cabeza para los altos funcionarios encargados de acusar y juzgar, no tiene cabida en un Estado democrático que se rige por el imperio de la Ley.

El político Oriol Junqueras, acusado en el denominado procés, ha cosechado su segunda victoria democrática. En la primera fue llamado a ser diputado del Congreso de España. En la segunda, a convertirse en europarlamentario. La ley dictamina que, para formalizar lo que aclamaron las urnas, es imprescindible recoger el acta que le acredita como tal, y ese acto es indeleble a la condición adquirida en aquellas. Ese documento, que metafóricamente podría corresponderse al altavoz físico que los ciudadanos dan a sus representantes, despliega efectos jurídicos tan importantes como la inmunidad parlamentaria.

Esta inmunidad fue diseñada por el parlamentarismo histórico para garantizar el libre ejercicio de las responsabilidades y derechos políticos de los miembros de la asamblea legislativa en representación del pueblo. Es decir, para preservar y desarrollar la propia esencia de la democracia. Con ella se disipan los intentos de injerencia de otros intereses o poderes, incluso el judicial. Lo que sucede es que sus efectos son manifiestamente distintos cuando se trata de las Cortes españolas o del Parlamento Europeo. La condición de acusado en pleno juicio oral supone que el suplicatorio, que normalmente debería tramitar y, en su caso, aceptar nuestra Cámara Baja nacional, no sea necesario y que conforme con los reglamentos del Senado y del Congreso, la suspensión del flamante parlamentario, y otros en similar situación, iba de suyo. El Parlamento Europeo es diferente: aquí la condición de eurodiputado y su correspondiente inmunidad son automáticas y, en efecto, se habría de requerir la luz verde a un suplicatorio en Bruselas, ante la presencia del portador del acta mientras tanto, inmune, lejos del calabozo, con el proceso interrumpido, su causa internacionalizada y, quizás, de ser concedido el suplicatorio estando en Bruselas, enfrentarse al cansino proceso de entrega que ya todos conocemos.

Todo ello sin asumir interpretaciones más expansivas de la inmunidad parlamentaria que nos vienen de más allá de los Pirineos. Y es que el llamado informe Zimeray (A5-0248 / 2003, Musotto) señalaba que la protección derivada de la inmunidad comienza desde el momento en que se hacen públicos los resultados de las elecciones. Una inmunidad que viene recogida en el artículo 9 del Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades de la UE y que será efectiva “mientras el Parlamento Europeo esté en período de sesiones”. Ahí puede estar la clave: en cuándo se entiende que comienzan esas sesiones. Este concepto ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en dos sentencias dictadas en 1964 [1] y 1986 [2] (Wagner v Fohrmann and Krier y Wybot v Faure respectivamente). Conforme a las mismas, se podría concluir que la inmunidad es efectiva durante el mandato de cinco años de un miembro. No obstante, en sus informes, las sucesivas comisiones del Parlamento responsables han opinado reiteradamente que la inmunidad es efectiva desde el momento en que se declara a un miembro electo y hasta el momento en que finaliza su mandato, tal y como entiende parte de la doctrina[3].

Pues bien, si España está en la Unión Europea, lo está para lo bueno y para lo menos bueno, y, especialmente, para cumplir con las normas legales que nos gobiernan en esta estructura internacional. Por ello, tiene que someterse a los protocolos, cauces y exigencias que esa normativa comporta. Y en este sentido, si nos conformamos con la opción de que la inmunidad despliega efectos con la recogida del acta, ni el Tribunal Supremo, por muy incómodo que resulte este quebradero de cabeza, ni mucho menos las partes acusadoras, pueden prescindir de esas normas y precedentes y decidir arbitrariamente en su contra. En este contexto, la petición de D. Oriol Junqueras para obtener el permiso necesario para salir de prisión y recoger su acta ha sido trasladada al Ministerio Público y a la Abogacía del Estado.

De esos escritos, el primero suscita serias dudas jurídicas a la vez que adolece de graves deficiencias de contenido jurídico parlamentario y de derecho comunitario. En efecto, la Fiscalía, en el documento de fecha 10 de junio, que suscriben dos de los fiscales de Sala que han ejercido la acusación en el juicio recién terminado, vislumbra lo que acabo de anticipar y considerando dicho escenario como algo indeseable afirma que “supondría abrir un escenario en el que podrían producirse interferencias absolutamente irrazonables en el ejercicio de la función jurisdiccional, pues permitiría (…) una ”revisión“ o ”control“ del poder legislativo (…) sobre el ejercicio de la función jurisdiccional”. Se remite de este modo a lo expresado por el Tribunal Supremo en su auto de 14 de mayo. Así, el Ministerio Fiscal reconoce el derecho del europarlamentario señor Junqueras, pero previendo el complicado escenario, rechaza la mayor. Pero con ello, olvida que la inmunidad parlamentaria protege al representante y a los ciudadanos que este representa de la injerencia del Poder Judicial y no al revés. El Alto Tribunal no se somete al control del Parlamento. No. El Tribunal Supremo debe obedecer la ley y punto. Sin injerencias de unos sobre otros.

También indican los fiscales que el artículo 384bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (que prescribe la suspensión de la condición de parlamentario del procesado por delitos relacionados con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, mientras dure la situación de prisión) es de aplicación automática… pero termina admitiendo que en el caso del Parlamento Europeo no podría serlo. Aquí parece discrepar con la Abogacía del Estado que sí aconseja la concesión del permiso para obtener el acta, aunque luego hace conjeturas sobre el comienzo y la extensión de la inmunidad parlamentaria en remisión al derecho interno español que habría sido ampliamente nutrido por el propio auto de la Sala de 14 de mayo. Es como si la Abogacía del Estado mantuviese la esperanza de que una vez recogida el acta, el Derecho español tendrá algún resorte con impacto en la inmunidad parlamentaria europea más allá de lo dispuesto por el Derecho comunitario, lo cual, cuanto menos, es bastante improbable que se admita en las instancias europeas.

La cuestión es que se da una confrontación entre la normativa europea y la nacional en cuanto a los efectos de la inmunidad parlamentaria. La Fiscalía yerra al reducir todo al ejercicio de la jurisdicción nacional olvidando que estamos ante un supuesto extraterritorial del alcance de las inmunidades de quienes son representantes parlamentarios europeos.

Es en esta encrucijada en la que se halla el Tribunal Supremo: seguir lo aconsejado por la Fiscalía y contradecir sus propios actos, cuando hace apenas un mes accedió a la petición de los acusados elegidos, permitiéndoles salir de prisión para tomar posesión como diputados y senadores, o apostar por los postulados de la Abogacía del Estado siendo conocedor de que la recepción del acta y la consecuente inmunidad, dificultará ostensiblemente el proceso judicial en curso. La resolución previa la dictó en aplicación de la ley. Si ahora optara por la propuesta del Ministerio Fiscal para evitar, de forma preventiva, las adversidades potenciales que esta nueva situación puede generar, estaría yendo contra la ley. No debe hacerlo y mucho menos por una evidente motivación política. Es cierto que los efectos de los resultados en las urnas que reflejan la voluntad popular de los electores son a veces auténticos callejones sin salida aparente, pero, en el campo del derecho y la justicia, el caso sometido a debate debe tener una respuesta ajustada a la norma que sea comprensible para la sociedad y que no responda a otros intereses que puedan encubrir el retorcimiento del Derecho.

“…Una y otra vez se descubre que, cuando un individuo, sin más autoridad tras de sí que la del derecho moral, se defiende frente a una organización cerrada, la lucha no tiene salida…” (Stefan Zweig, Castellio contra Calvino. Conciencia contra Violencia)

La historia se repite en forma recurrente, con diferentes personajes, pero de una u otra forma, acontecimientos pasados vuelven al presente con renovadas energías. Pareciera que el siglo XVI ya está muy lejos, como lejana debería haber quedado la doctrina fanática e intransigente de Juan Calvino frente a la defensa de la libertad y la tolerancia de Sebastián Castellio. La primera supuso la hoguera para Miguel Servet; la segunda, la superación de los viejos dogmas de la iglesia inquisitorial a favor de la libertad de pensamiento que un siglo después daría origen a la Ilustración europea. Sería siglo y poco después que el fascismo y las corrientes autócratas y, por ende, fuera de toda regla ética, tendrían su momento cumbre y, dentro del mismo, el desarrollo de los mitos y mentiras como fórmula habitual de control y destrucción de la convivencia. La verdad y la racionalidad, de nuevo quedaron masacradas y desaparecidas.

Entonces valía todo, como después en la época tenebrosa del macartismo y su caza de brujas, y ahora, de nuevo, en la era de la explosión de las nuevas tecnologías, de la cuarta revolución, la digital. Se limpian currículos, se falsifican historias, se construyen realidades a base de bots algorítmicos, se manipula, se pixela la verdad, en fin, se acomoda la mentira para que aparezca como verdad. Todo vale. Cualquier medio es bueno para obtener un fin espurio, alcanzar el poder, eliminar a un rival, perpetrar una venganza o humillar a alguien que provoca antipatía. Un sector de esta sociedad está enfermo de ambición, de rabia, de desvergüenza, de envidia y de cinismo. Hay demasiada agresividad latente contra el que obstaculiza el paso, el propio lucro, sea este de naturaleza crematística, política o de posición social, que se traduce en un empeño de mala fe por descalificar al rival o por eliminarlo para situar a otro en su puesto. En esta dinámica se han perdido hasta las formas. Las fauces del depredador ya son asumidas como algo normal y ordinario. La penetración de estas doctrinas se disfraza de libertad cuando en realidad están acabando con ella.

La falta de empatía y las ganas de ofender llevan muchas veces a destrozar la vida de las personas. En nada difieren las conductas de los escolares que acosan al compañero vulnerable martirizándole y poniéndole en la picota hasta arruinarle emocionalmente, de la de quién filtra una información falsa o degradante para perjudicar a un tercero. ¿Qué perseguía el que decidió difundir un video personal e íntimo de una mujer joven entre sus compañeros de trabajo hasta el punto de que llegara a quitarse la vida? ¿Ganaba algo con ello? ¿La satisfacción de comprobar el control extremo sobre otro ser humano? ¿La dudosa alegría de culminar el rencor? Pero, ¿qué obtenían todos aquellos que se hicieron eco de esa canallada y no defendieron a la víctima que vio violada su intimidad? En esta ecuación perversa, ambos grupos y premisas son necesarias para llegar a la conclusión de que estamos al borde del abismo, a punto de despeñarnos y no nos damos cuenta. Incluso nos divierte porque creemos que a nosotros nunca nos va a suceder.

El regreso de la Inquisición

La Inquisición ha vuelto, y los inquisidores pasean por las redes sociales señalando de modo arbitrario a sus víctimas, se disfrazan con la ética escandalizada en las tertulias y en los medios informativos adoptando la pose de denuncia, en un espectáculo de falsa moral que se está haciendo demasiado cotidiano, excesivamente habitual. Utilizan métodos de tortura refinados, apretando en zonas delicadas como puede ser la familia o la propia vida privada con instrumentos como la mentira y la difamación, dolorosos artilugios difíciles de neutralizar. Frente a la verdad oponen la reiteración del bulo hasta que en el imaginario se sobrepone a los hechos ciertos. La insistencia hace olvidar la realidad, después surge la duda y finalmente la “certeza” de que aquello aconteció y que, en todo caso, algo de culpa o toda la culpa recaía  en el agraviado. Poco importa que la cuestión fuera banal, íntima, reservada o intrascendente. Se magnifica intencionadamente hasta acabar con la resistencia de la víctima propiciatoria, es decir, elegida cuidadosamente para obtener el resultado. De esta forma, se consigue que una persona honesta quede marcada para siempre, ungida con el estigma de la calumnia marcando su historial, su familia, su futuro y acabe hundiéndose o eliminándose a sí misma. No existe frontera alguna entre la vida privada y pública sino que, más aún, la ofensa debe contemplar los dos ámbitos si se pretende que tenga consecuencias eficaces.

Tanto más grave son estas acciones cuanto más implicados están en el control de decisiones sus perpetradores. En política estos infundios se manejan con soltura achacando al otro partido tales o cuales afirmaciones cada cuál más lesiva. Los líderes sueltan ante las cámaras auténticas invenciones sobre los demás con éxito efímero pero efectivo. Una patraña dicha a tiempo y en el lugar apropiado puede tener como resultado que las acciones de una empresa bajen en beneficio de otras. El comentario malo es un aceite espeso que se sobrepone a la inocencia en todos los caldos.

Destrozar al enemigo 

En estos tiempos postelectorales, de decisiones de alto nivel, de nombramientos y reparto de puestos se recrudece la acción de los Torquemada que utilizarán todo tipo de tretas para hacer valer a sus peones, descalificar a los demás, quemar nombres y destrozar al “enemigo” con el que -una vez fuera de juego- se podrá tomar café con total impunidad y muestras incluso de simpatía por la desgracia o el cese que le ha caído encima.

No hay barreras para ellos. Según se incrementa el valor del trofeo más se agudizan las malas artes, hasta rozar en ocasiones el delito y sin reparar en el daño inferido. De manera ruin, parapetados en el anonimato, en los límites de lo legal y en ocasiones sobrepasándolo, falsearán documentos, filtrarán secretos sumariales, los adornarán o interpretarán de acuerdo con sus necesidades y dispararán el chisme apuntando al corazón de su víctima.

Otro tanto ocurre en el ámbito judicial. Se prescinde de la provisionalidad que comporta la instrucción penal, de la lógica que aconseja ser prudentes en los calificativos, de la verdad en el relato y se opta por transportar sin analizar las conclusiones o meras hipótesis de trabajo o incluso los juicios de valor de los investigadores, sean consistentes o inconsistentes, a través de filtraciones interesadas para patentar y consolidar investigaciones prospectivas o claramente malintencionadas y así acabar con unos u otros, en función del interés del momento. Lo grave es que esto se sabe y se aprovecha. Es el morbo y la suciedad lo que se prefiere frente al respeto a las normas del juego.

En estas maquiavélicas acciones hay aliados indispensables. La comunicación 2.0 es una herramienta que se ha demostrado imprescindible para acosadores, estafadores, criminales en potencia y en general cualquier embustero que busque hacer daño. Es un buen sistema de difusión con características excelentes: gratuito, rápido, de alcance universal y eterna permanencia. El rumor y el fraude se multiplican a extremos inconcebibles y llegan a todos los rincones del planeta gracias a los “me gusta” y a los “comparte”. Saben y se aprovechan de que mientras mayor sea el escándalo en la noticia falsa mayor será su difusión.

Para cirugías de envergadura existen los medios de comunicación que en excesivos casos se prestan a hacer oído, demasiadas veces y ¡cómo no! sin contrastar con el rigor que la situación amerita, dando por buena la información inicial que ha facilitado o propiciado el propio interesado, o quienes están detrás de él, o, tal vez, un policía o un operador judicial que se encuentran nerviosos por conseguir que la investigación culmine según sus deseos y no según evidencia real de criminalidad.

Teledirigir una investigación penal en colaboración con filtraciones interesadas, destruye a personas, empresas, la propia instrucción, la credibilidad de las instituciones y, finalmente, al Estado de derecho. Y todo para obtener el éxito efímero, celebrado en los propios medios que coadyuvaron a ese desenlace. Si para ello además es posible consultar el sumario, un sumario que aún no ha sido enjuiciado y reúne sólo las piezas parciales de la investigación y no el todo que sólo se verá en el juicio, se extraerán de aquí y de allá frases cuidadosamente seleccionadas, las más jugosas, las más escandalosas referencias, las que más hagan daño, ¡qué importa si son sacadas de contexto!

La verdad no interesa

Vale, pero ¿son ciertas? Esa no es la cuestión, eso no interesa, lo importante es el titular, una o dos líneas que resuman el griterío, lo amplifiquen y extiendan. La verdad en estos casos es un inconveniente, un estorbo que hay que orillar para que no destroce un buen reportaje. Los desmentidos y las rectificaciones se incluirán como una nota al margen o, como mucho, ocuparán unas líneas que no empañarán la tesis “oficial”. Erigidos en jueces de la sociedad, el tribunal de esos medios informativos alivia los procesos obviando las pruebas y asesinando sin piedad a la presunción de inocencia.

Hubo un tiempo en el que me dediqué a analizar las noticias que se publicaban sobre resoluciones judiciales en medios de comunicación y las veces que en aquellas se eliminaba el término “presunto”, los verbos potenciales para definir la acción y las “condenas” mediáticas a la primera de cambio, las mentiras, manipulaciones, el lenguaje intencionadamente equívoco, las falsedades, las inconsistentes historias y el olvido sistemático de las rectificaciones, y, todo ello para hacer más “contundente” la información; más impactante porque, si no, “no vende”. Fueron miles y miles de noticias las que encontré que no habrían superado los mínimos controles de calidad informativa del periodismo serio, auténticamente profesional y no mercenario ni de queroseno. Pero todo este cúmulo de verdades arrinconadas y en letra pequeña queda eliminado de la conciencia colectiva, del acervo general, pero no de quienes sufrieron las consecuencias que permanecen, a veces, por generaciones.

En este contexto, cada vez es más difícil digerir el papel de los propagadores de noticias sesgadas, sin verificar, en una carrera cuyo único objetivo es esparcir la suciedad en dirección al acoso y derribo de alguien en concreto. En esta siembra de porquería mediática que algunos hacen, especialmente en redes sociales, brota señaladamente el uso político de supuestos paradigmas morales de incidencia brutal, cuando quienes los proponen son en la mayoría de los casos quienes más tendrían que callar.

Los que mueven los hilos permanecen en la sombra. A veces es uno, pero por lo general son varios los que se suman para hacer sangre al afectado o afectada, cada uno en base a sus propios e inconfesables intereses. Hacen oscilar la opinión pública jugando a un ajedrez canalla en el que van derribando piezas para obtener más espacio hasta hacerse con el tablero. Conseguir o no su objetivo va a depender de que cambien las recompensas en juego o de si quienes deben tomar las decisiones son capaces de enfrentarse a ellos y contradecirlos, aunque sea alto el coste que ello comporte.

Pero si esto no acontece, y el tema es personal o político, aquellos difícilmente harán el más mínimo examen de conciencia tras el esfuerzo empeñado y la pieza cobrada. Como mucho tendrán tal vez, o tal vez no, algún pensamiento fugaz para la misma. Si, pongamos por caso, el asunto es judicial y una vez concluido se demuestra que no existía delito alguno y que se resumía en un burdo montaje, mirarán a otro lado sin mayor remordimiento y compondrán la figura con un pensamiento que da la medida real de la falta de escrúpulos de todos estos individuos: “A ver, en el fondo… lo tenía bien merecido”.

Toda campaña electoral es una etapa dura y por lo general aquejada de diferentes grados de crispación, que la ciudadanía soporta de la mejor manera posible. Lo positivo es que cada partido expresa públicamente sus planteamientos y propuestas, aunque, por supuesto, entre bastidores se urdan pactos de no agresión, a la vez que juramentos de odio infinito. El día después, con los resultados en la mano, comienza lo que tal vez sea la parte más fea de la política: el cambalache.

El primer escenario se produce al interior de cada partido. Llegado el momento de decidir sobre los futuros nombramientos, comienza una encarnizada batalla, plagada de puñaladas entre correligionarios para acabar con posibles competidores a tal o cual cargo. Aquí se debe tener especial cuidado con los autopostulados, aquellos que se promocionan a sí mismos sin ningún escrúpulo ni pudor, dispuestos a lo que haga falta para hacerse notar, denostando a quienes quieren suprimir, que suelen ser los más serios. Lanzan globos sonda dirigidos a causar la más burda intoxicación de quienes aún están en funciones para que sean reemplazados y señalan sin mayor fundamento a quienes quieren eliminar de la ecuación, sirviendo a su propio interés o bien a intereses ocultos, ya sean corporativos o económicos.

Un nivel superior lo constituye el transfuguismo, el cambio de partido efectuado para conservar el puesto, o bajo promesa de un cargo mejor. Como quien se quita un disfraz para luego vestir otro, no tienen empacho en soltar todo tipo de improperios en contra de quienes hasta ayer eran sus compañeros de viaje político, con los que compartían “profundas” convicciones ideológicas. Ejemplos en la historia de España hay muchos y de todos los colores. En 1991 por ejemplo, la socialista Maruja Sánchez, mediante una oportuna ausencia en el transcurso de una moción de censura propició que Eduardo Zaplana accediera a la alcaldía de Benidorm. Fue el inicio de una interesante carrera para este político popular que desde ese trampolín accedería a la presidencia de la Generalitat, luego al Congreso de los Diputados, al Consejo de ministros, y con una estancia en la cúpula de Telefónica antes de acabar en la cárcel de Picasent, donde estuvo en prisión preventiva encausado por presunto blanqueo de capitales y cohecho. Como tantos otros, Zaplana había llegado a la Alianza Popular de Fraga Iribarne desde la UCD de Adolfo Suárez que tras el oropel conoció el fracaso. Fue aquel un primer trasvase de políticos que huían de la debacle para integrarse en otras posibilidades de futuro. Quienes conocimos aquella época, recordamos el intenso y sutil tráfico de sugerencias, acusaciones veladas, difamaciones incluso, dirigidas a que los denominados “tapados” fueran tomando posiciones en los sitios de interés eliminando a un rival molesto. Y ello, en gran medida, con la colaboración de algunos medios de comunicación.

Desde Zaplana y la UCD han pasado más de 25 años, pero las pautas siguen siendo similares. De la enciclopedia del transfuguismo rescato nombres como los que indicaba la periodista Karmentxu Marín en un artículo de El País de agosto de 1999. Contaba la historia de Susana Bermúdez, una concejala socialista que dio el gobierno de Ceuta al Grupo Independiente Liberal (GIL) y señalaba como otro tránsfuga pionero a Nicolás Piñeiro del PP, que no quiso votar contra Joaquín Leguina una moción de censura y evitó que Alberto Ruiz Gallardón llegara a presidir la Comunidad de Madrid. O la de José Luis Barreiro que, siendo vicepresidente de la Xunta gallega y secretario general del PP de Galicia, dejó en bandeja la institución al PSOE, vía pacto. El término “felón” que tan inopinadamente propinó Pablo Casado recientemente a Pedro Sánchez, fue el apelativo que dedicó a Barreiro el propio don Manuel Fraga.

…Hasta estos lodos

Desde aquellos polvos hasta estos lodos ha llovido mucho y con brío, dejándonos nombres célebres como Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, parlamentarios del PSOE madrileño, cuyo cambio de voto fue clave para que Esperanza Aguirre y el Partido Popular accedieran a la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid durante largos años, amén de las funestas consecuencias penales que son tema cotidiano en los tribunales al día de hoy.

No hay espacio suficiente aquí para mencionar uno a uno el largo etcétera de tránsfugas que ha existido en España, algunos instigados por los eternos partidos rivales. Con todo, hay un caso que es especialmente intenso y que no me resisto a dejar al menos apuntado. Me refiero a Jorge Verstynge, cuya trayectoria ideológica es cuanto menos desconcertante. Tras ser secretario general del PP en 1979, pasó en 1993 al PSOE, y luego de un periodo de luna de miel con el PCE, llegó finalmente a Podemos para desempeñarse en la formación morada con absoluto fervor.

Los movimientos en estos meses preelectorales escenifican verdaderos cambalaches entre una y otra formación, aunque sin duda Ciudadanos ha sido el destino más frecuente. Desde el PSOE, Soraya Rodríguez, portavoz socialista en el Congreso, pasó a engrosar las listas al Parlamento europeo de los de Albert Rivera. Lo propio hizo, pero para las generales, su compañero Joan Mesquida, exdirector general de la Guardia Civil, mientras que el exministro del PSC, Celestino Corbacho, se presenta ahora al Ayuntamiento de Barcelona con Manuel Valls.

Claro que de donde más fichajes llegan a los naranjas es desde la cantera del PP. Así tenemos nombres importantes como el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, quien justifica su acción “por decisión personal”. Bien está, pero también habría que pensar en la frustrada decisión personal de los votantes del PP que le llevaron a la Puerta del Sol. Otros sonados populares que han seguido la misma senda son el expresidente de Baleares, José Ramón Bauzá, para las europeas, o la expresidenta de las Cortes de Castilla y León, también del PP, Silvia Clemente, quien además entró con calzador y polémica en las controvertidas primarias que celebró Ciudadanos y que acabaron con impugnación por presuntas irregularidades en el proceso de votación.

Sin complejos

El PP desde luego resulta ser el partido que cuenta con menos leales, o más desencantados, o militantes más temerosos al ver cómo la formación de la gaviota cae en picado y amenaza con hundirse, o simplemente han encontrado una ubicación más acorde con su pensamiento que ahora se atreven a expresar “sin complejos” apuntándose entonces a Vox. Como ejemplos de esto último basta con mencionar a Ignacio Gil Lázaro o Iñigo Henríquez de Luna, entre otros. En este somero repaso falta todavía por incorporar a los que en los próximos días se ofrecerán tras las elecciones municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo.

¿Qué lleva a estos políticos a protagonizar cambios ideológicos en ocasiones tan radicales? Seguramente habrá unos pocos casos que son fruto de un proceso interno de reflexión, maduración y propio conocimiento. Pero no nos engañemos, en la inmensa mayoría de los casos este cambalache suele ocurrir cuando las cosas vienen mal dadas para el partido de origen o cuando el partido de destino tiene mejores perspectivas, lo que hace sospechoso el proceder. Una vez que la verdadera intención altruista y reflexiva aflora suele venir acompañada de una autocrítica profunda, pero en estos casos ocurre lo contrario: los que se quedan son los malvados, en tanto que el tránsfuga aduce razones tan peregrinas como inconsistentes.

Nacho Alonso, periodista económico de larga trayectoria, me comentaba hace poco que, en su opinión, hay dos motivos básicos para el cambio de trayectoria. Por un lado, las expectativas de poder. Ahí se puede ir tan lejos como se quiera pensando en todas las posibilidades de influencia – positiva o no – que el poder permite. Y, de otra parte, el desasosiego por mantener “el puesto de trabajo”, considerando el cargo político como propio, una visión ésta demasiado extendida entre un sector de los políticos habituados a no desempeñar otra actividad, que desvirtúa la propia naturaleza de servicio público que aquella tiene.

Todo vale

Ambas razones podrían explicar el día después de unas elecciones, esa lucha cainita por conseguir el sillón, que adopta toda serie de artimañas, alentadas por las quinielas que ya en estas fechas empiezan a correr por los medios informativos. El problema es que no termina ahí. Se da al candidato oficial por muerto o se le mata ofreciendo alternativas. Si a la vez se deja caer alguna información lesiva para el rival a batir, aunque sea descabellada, mejor que mejor. Todo vale, difamar o arruinar la carrera de un profesional.  Horadando la credibilidad de una parte y planteando que es vulnerable dado que hay otras personas impecables para realizar el relevo, se pretende menoscabar la confianza de quien debe realizar el nombramiento, aportando alternativas entre las que se encuentra la que se desea conseguir.

En paralelo se “filtran” nombres de posibles buenos cargos para con tenacidad, quemarlos y eliminarlos del juego y, mientras, el tapado, el político que de verdad interesa que se encumbre por lo que arrastra alrededor o por las posibles influencias prometidas, aguarda en silencio hasta que llegue el momento de aparecer.

Con brillante claridad lo dejó escrito el compositor, músico, dramaturgo y cineasta argentino Enrique Santos Discépolo, en la letra de su tango Cambalache:

Hoy resulta que es lo mismo

Ser derecho que traidor

Ignorante, sabio, chorro

Generoso o estafador

¡Todo es igual!

¡Nada es mejor!

Esto está ocurriendo y ocurrirá en todos los niveles, con más intensidad según se acerque la investidura del presidente del Gobierno, sus homólogos autonómicos y alcaldes. Aquí, la transparencia debería ser la norma. Pero al no ser así, cada vez confiaremos menos en unas instituciones que no dan cobertura a la verdadera finalidad que cualquier designación comporta, la de desempeñar cabalmente la función de que se trate. Todo lo demás, es un mero cambalache.

Alfredo Pérez Rubalcaba me demostró que existían responsables políticos con verdadera vocación de servicio público, coherencia y capacidad para ejercer la buena política en nuestro país. Esto es lo primero que me viene a la mente cuando tengo que ordenar los pensamientos y volcarlos en este texto que redacto con auténtico dolor. Hemos vivido muchos y malos momentos en la peor historia de España, la del odio, las bombas y la muerte. Cada uno en su papel, él de responsable político, yo de juez instructor en el número 5 de la Audiencia Nacional y, después, en otras tesituras. No pude encontrar un compañero de viaje mejor, con más criterio e inteligencia y capacidad para comprender el delicado, complejo y urgente trabajo que desarrollábamos magistrados, fiscales y funcionarios judiciales mano a mano con las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado con la amenaza del terrorismo siempre pendiendo sobre la sociedad.

Siendo amigos, él como ministro del Interior y yo como magistrado, con la simpatía labrada palmo a palmo y milímetro a milímetro, con respeto, sin interferencias entre poderes; con la fuerza de superar día a día situaciones sumamente difíciles, supimos trabajar en pro de la justicia y la paz, una paz libre de la insensata violencia y con una apertura de miras para conseguirla, inclusiva, respetuosa con los derechos humanos, más allá de cualquier otro planteamiento, anterior o posterior, sostenido por otros líderes políticos.

Creo que, sin Alfredo, la historia del final de ETA hubiera sido diferente y probablemente mucho más cruenta. A su fina intuición política, se unía una capacidad para ver más allá de los árboles, para entender un bosque intrincado y peligroso en el que era fácil perderse. No se atenía al camino fácil ni se quedaba en la superficie de las cosas. De su prudencia y saber hacer dice mucho la forma de comprender temas complicados o su papel de mediador con el Partido Popular en el año 2000 para acordar el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo que intentaba conciliar posturas. Hablo de un tema tan primordial como intentar la unanimidad de criterio sobre cómo abordar la acción terrorista en la que, pese a las disensiones entre las dos principales formaciones, se pretendía eliminar este tema de las polémicas partidistas e incluir el yihadismo como una amenaza real, ya en el año 2004.

Si había alguien capaz de poner las bases para tal intento de acuerdo, desde la política, era Alfredo. Le recuerdo en momentos clave como en el proceso de paz frustrado con ETA; en el atentado de la T4; cuando se tomaron decisiones importantes contra el complejo terrorista liderado por ETA; con el sumo respeto en la investigación de Gürtel... Jamás interfirió y, sin embargo, siempre estuvo atento a las necesidades para que el Estado de Derecho funcionara; en la implementación, sin dudarlo, del protocolo que diseñé desde la Audiencia Nacional para prevenir malos tratos y tortura en detenciones por casos de terrorismo; en los largos debates sobre el terrorismo yihadista, de cuyo conocimiento puedo dar fe y en los que también

participaba la hoy ministra de justicia, Dolores Delgado, gran experta en esta materia; en las decisiones que tuvo que tomar sobre la unificación de las direcciones de la guardia civil y la policía; en su compromiso firme contra la corrupción; entre otras muchas vivencias.

Nos ha dejado un estadista, un socialista empeñado en conseguir lo mejor para España y para los españoles, un patriota preocupado por el bienestar de sus conciudadanos, por la educación, tema que le obsesionaba, por la seguridad y por la imagen de su país fuera de nuestras fronteras. No hubo trabajo ingrato que no abordara, ni se acobardó ante el peligro.

Le recuerdo como un hombre cercano, familiar, divertido, amigo de sus amigos, duro como el diamante, cuando la situación lo requería, y cercano, muy próximo ante el sufrimiento y el dolor de las víctimas. A Alfredo Pérez Rubalcaba le he conocido en las situaciones más críticas y nos ha unido la impotencia en momentos extremos y el sentido del humor cuando hemos podido compartir una música, una copa, un relato.

Adiós, Alfredo, amigo mío.

Entre los pecados capitales, la avaricia es uno de los más desagradables y de mayor riesgo. La RAE lo define como el afán o deseo desordenado y excesivo de poseer riquezas para atesorarlas. Y ratifica que desde un punto de vista religioso trasciende lo lícito y lo moralmente aceptable.

Esa capacidad sin fondo de acaparar más allá de lo que la razón aconseja, hace que el avaricioso busque su ruina y la de quienes le acompañan pues sus decisiones y opciones están empañadas por ese obsesivo interés en acumular que en ocasiones puede pasar por encima de lo ético e incluso de lo que marca la ley. Como juez he comprobado que la avaricia lleva a muchos ciudadanos al banquillo. Como abogado, me he visto en la tesitura de hurgar entre las razones de una conducta delictiva y casi siempre, aparece la avaricia como base habitual, sola o en compañía de otras faltas contra lo que recomienda el decoro, que  conducen a quien las practica a situaciones muy complicadas e incluso irreversibles. Pienso en la trama Gürtel, tal y como la investigué y de qué manera, aun encontrándose en prisión sus protagonistas, les interesaba más poner a buen recaudo el dinero tan poco legalmente conseguido, que ver de salir del tremendo apuro judicial a que su mala cabeza y su codicia les había llevado. Las penas que han recaído sobre ellos tras dos sentencias de la Audiencia Nacional y otra de Valencia son buena muestra de lo que digo.

En política es probablemente donde más campa por sus respetos esta impiedad cuyas secuelas tanto daño hacen.  Cuando el objetivo del político es económico, la avaricia conduce al soborno y por ende a la corrupción. Pero hay otro tipo de avidez que puede parecer más leve pero que, por el contrario, arrastra a mayores y peores efectos. Me refiero al ansia o avaricia por el poder, un tipo de ambición que ciega al político y le condiciona hasta el punto de no medir las implicaciones y ofuscarle a la hora de decidir.

Algo de eso trasciende en la aventura que emprendió el  presidente del PP, Pablo Casado cuando de la mano de Aznar fundió a todo aquel militante, cargo o dirigente de su partido anterior a su llegada al liderazgo, en un doble intento: uno loable, si es que fue realmente así, alejarse de la corrupción protagonizada por múltiples responsables del PP sentenciada y todavía por sentenciar; otro, menos presentable, consistente en la eliminación política de sus rivales reales o supuestos  y empezar ¿de cero? con un equipo que le debiera todo y que no llevara la mochila cargada de pasadas lealtades.  El objetivo era alcanzar la Moncloa y en ese camino, Casado, cual caballo de Atila, pasó por encima de quien hiciera falta sin contemplaciones ni atención a las consecuencias dentro de su propia formación. A tal punto esto ha sido así, que su voracidad le ha hecho olvidar la necesidad de plantear un programa político coherente al que sujetarse, al menos ante una posible debacle y antes de atacar a los votantes que no le “entendieron”. Con cuatro argumentos de oposición era suficiente. Sin embargo se trataba de descabalgar, a cualquier precio, al presidente socialista y ese fue el argumento básico en la campaña. La avaricia de poder ha sido tal que no dudó en aliarse con sus rivales potenciales, Ciudadanos y Vox para presentar una fachada común. En ese viaje, Casado se mimetizó con la ultraderecha lanzando proclamas aún más atrevidas cuando empezó a temer que pudieran sobrepasar sus resultados y ofreciéndole una quimérica posición en un hipotético gobierno. Y ninguneó a los de Rivera en la convicción de que, finalmente, seguirían el  camino que él indicase ¿o acaso Ciudadanos iba a poder sobrevivir por sí mismo? Incluso la firmeza de Rivera afirmando que no iba a pactar bajo ningún concepto con el PSOE, sonaba a exigencia, a requisito impuesto por los de Génova para que esa derecha trina fuera al unísono aportando –eso es lo que se esperaba- posibilidades variadas para el votante: más tibieza de los naranjas; la exigencia firme del PP y la exagerada y tenebrosa involución que Vox propone. Un tres en uno que jugando la baza de Cataluña como paradigma a azotar, componía una multioferta extrema, más allá de los sueños de una ideología conservadora.

Como sucede en muchas ocasiones, la avaricia fue en contra de las expectativas. Ocurrió que a Casado se le olvidaron algunos aspectos propios de la biblia del ciudadano que se resume en no soportar las mentiras –y hubo muchas desde que tuvo lugar la moción de censura que hizo caer al gobierno de Mariano Rajoy, la principal reiterada hasta la saciedad referida al supuesto e inexistente pacto con los independentistas para que la moción prosperara -; rechazar la perturbación que implica la violencia verbal y la crispación y votar a aquella formación que trabaje por obtener una sociedad en la que se pueda vivir con tranquilidad, cuidando de la familia, disfrutando del tiempo libre, sin altercados  ni sobresaltos continuos.

La ciudadanía en ese sentido es mucho más inteligente que Casado. Sabe que Cataluña no se arregla por la fuerza y que habrá que propiciar encuentros entre los propios catalanes para ver de recuperar la convivencia. Del mismo modo que será preciso intentar hacer entrar en razón a sus gobernantes para que se ocupen de toda la población de Cataluña, y no solo de una parte. Aquí la irritación y el desprecio no son instrumentos apropiados. El triunfo del PSC y de Ezquerra, el estancamiento de Cs y la práctica desaparición del PP en esa comunidad definen perfectamente que quieren el pueblo catalán y el español, en general.

Pero, sobre todo, nadie quiere volver a esa España oscura y casposa que en su voracidad y ceguera, Casado ha hecho asomar al dar rienda suelta a su socio de ultraderecha para fustigar a sus “enemigos”. Es ese otro concepto que equivoca el líder popular. Somos todos compatriotas, unidos, pero diversos, bajo símbolos diferentes, pero juntos, por el afecto a nuestra tierra, a nuestra cultura y costumbres. Nadie es propietario de la patria, ni tiene patente de corso para erigirse como el único partido depositario de sus valores. Esa apropiación ha sido declarada “ilícita” por las y los votantes el 28 de abril pasado.

Ahora, desde la celda de su miopía política, Casado quiere dar marcha atrás, presionado por sus propios correligionarios, reclamando un centro del que ha abjurado, calificando de “socialdemócratas” al partido de Rivera quien no debe salir de su sorpresa y tachando de “extrema derecha” a Vox, que se revuelve ante “el insulto” acostumbrado a que el popular les dorase la píldora.

Casado debería reflexionar sobre lo que escribió en el siglo I antes de Cristo el historiador romano Salustio, “la avaricia es corruptora de la fidelidad, de la honradez y de todas las demás virtudes”. Abocado a un precipicio con escaso parapeto, el presidente del PP, sin demasiadas manos que traten de sujetarlo y vigilante con las que quieren arrojarle al olvido, debe valorar sus errores, analizar el daño que ha podido causar y obrar en consecuencia ante el vacío y el caos en que se ve ahora sumido su partido.  La redención pasa aquí por un acto de generosidad y madurez política. Falta ver si Casado está a la altura.

No hay justicia social sin justicia de género. Eso lo sabemos todos  y en especial lo saben bien las mujeres de todas las épocas y de  todos los países. Del mismo modo que la democracia no es real cuando se cuestiona, ningunea y maltrata en todos los sentidos a las mujeres.

Lo cierto es que esta reivindicación sobre el papel relevante e igualitario de la mujer, en especial en sociedades que se jactan de democráticas y avanzadas, debería ser obsoleta a estas alturas. ¿En qué cabeza cabe que la vida, el trabajo, la seguridad o el esfuerzo sean distintos por el hecho biológico de haber nacido con uno u otro sexo? Pues ya ven, continuamos inmersos en una sociedad patriarcal, con dejes machistas que se reflejan en casi la totalidad de los ámbitos de la convivencia ordinaria, en la que siguen existiendo diferencias notables en sueldos y promoción laboral y profesional; en la asunción de trabajo familiar; en el cuidado de niños, ancianos y dependientes…, gracias a esa discriminación ancestral y actualmente vigente. Ella será quien cobre menos, deberá poner techo a su carrera o  dejar el trabajo para atender a los vulnerables a su cargo. Así es y la falta de voluntad para poner remedio a tales situaciones, resulta muy evidente.

Pero es que además, a la mujer la pegan, la torturan, la violan y la matan.  En lo que va de año y en el momento de escribir estas líneas, 20 mujeres han perdido la vida en España a manos de sus parejas en un goteo criminal que no cesa y se aproxima a pasos vertiginosos a las mil víctimas desde que en 2003 se puso en marcha el contador de una de las más vergonzantes lacras que vivimos.  Un contador que, no olvidemos, deja fuera a muchas mujeres, como Laura Luelmo y Lily, por no ajustarse a la definición que otorga la ley de mujeres víctimas de violencia de género.

Nuestros medios informativos, y los partidos reducen el debate a lo anecdótico, obvian el análisis de fondo sobre la mercantilización del cuerpo de la mujer a través de la prostitución o los vientres de alquiler y banalizan sobre lo que se considera o no consentimiento, mientras continúa la revictimización de las mujeres agredidas. Ocurre que las políticas que afectan a las profesiones más feminizadas son las que siempre se olvidan a la hora de implementarlas.

Si algo nos han dejado las grandes manifestaciones feministas de los dos últimos años, es la comprobación de la poliédrica configuración del patriarcado y cómo los frentes de lucha por la igualdad son múltiples, diversos y complejos. Es de ese modo porque las violencias machistas así lo son, y afectan particularmente a las mujeres, pero sus efectos se reproducen no sólo en ellas  sino en el conjunto de una sociedad que no podrá ser libre al cien por cien si las mujeres carecen de esa libertad.

Aunar esfuerzos

El PSOE y Unidas Podemos no se detienen apenas en estas políticas más que para afirmar que deben hacerse cosas que pudieron hacer y no realizaron; las derechas caminan de espaldas a las feministas; PP, Ciudadanos y Vox cuestionan, manipulan o directamente niegan, respectivamente, los derechos de las mujeres y en los casos más extremos incluso la violencia de género, representando el fantasma de una involución y un negacionismo que no tienen reparo en exhibir.

Porque el futuro es feminista, y así debe ser, pues el feminismo no es otra cosa que la lucha por la igualdad de derechos de las mujeres y los hombres, las fuerzas progresistas como Actúa tienen que hacer todo lo posible por aunar esfuerzos con aquellos dos primeros partidos. Y también con cualesquiera otros que se alejen de esa ideología rancia y patriarcal que sigue considerando a las mujeres como personas de categoría inferior, para lograr el cambio revolucionario por los derechos de las mujeres que ya no puede esperar más. Ese esfuerzo común pasa por asumir que la cuestión de género se aborda de manera trasversal, impregnando todas las acciones y políticas públicas desde una  igualdad real, mirando de frente al patriarcado, tomando como punto de partida el diagnóstico que las organizaciones feministas han realizado desde hace años en nuestro país y definiendo soluciones diversas y complementarias.

Con este enfoque integral, deben afrontarse cuestiones como la educación de las niñas y los niños desde las escuelas infantiles, con criterios de rechazo hacia la desigualdad; incluyendo sin miedo la educación sexual en todas las etapas educativas y visibilizando a las mujeres que marcaron avances en la historia y en los campos científicos. Más aún: ilegalizar la prostitución y prohibir la práctica de los vientres de alquiler, descubriendo la inconsistencia de los argumentos para afirmar un derecho que puede ser satisfecho de otras formas sin comerciar con la maternidad, y ello sin perjuicio de los derechos de los hijos, puestos de manifiesto por el TEDH, recientemente. Como también fijar por ley la igualdad retributiva y prohibir la publicidad sexista.

Política feminista

Para llevar adelante estas políticas hay que asumir con valentía que nos enfrentamos a intereses muy poderosos. Cualquier otra opción, sería renunciar a conquistas logradas. Por ello, resulta esencial potenciar el Pacto de Estado contra la violencia de género y el convenio de Estambul del Consejo de Europa para prevenir y para apoyar a las víctimas. Y por supuesto, dotar al funcionariado no sólo de formación en perspectiva de género, sino de los recursos necesarios para establecer y favorecer la prevención y agilizar las medidas de protección.

Estas son algunas de las políticas feministas en las que Actúa cree, y que se ven complementadas en políticas en Sanidad, derechos laborales, Ley de dependencia, y un largo etcétera de políticas progresistas. Por ellas Actúa se presenta a las elecciones, confrontando a los partidos de esta derecha que nos ha tocado sufrir en pleno siglo XXI, anclada  en el mar del tardofranquismo, rememorando el ideal de la mujer como descanso del guerrero; madre, esposa cumplidora con los asuntos domésticos y sumiso objeto de deseo; mujeres florero y objeto para ser agredidas o domesticadas. Sólo un Gobierno de izquierdas puede trabajar para alcanzar ese futuro feminista, ese futuro para mujeres y hombres con un nuevo contrato social que nos haga crecer en democracia.

Hemos perdido mucho tiempo sin actuar a causa de un Gobierno del PP que durante demasiados años supeditó los problemas reales de nuestro país a la consecución del propio beneficio sin mirar el horror de lo que su dejación estaba provocando.  Ahora, cuando ese escenario nefasto habita entre nosotros, hay que evitar que crezca y se apodere de la situación. En estas próximas elecciones votar por una opción progresista supone cortar el camino a la intolerancia y las connotaciones fascistas.  Hay que evitar el retorno al pasado. Nos jugamos mucho: el futuro de las mujeres de este país.

Debemos rebajar la crispación y acomodar los ánimos para que se pueda escuchar el balsámico silencio que permite atender las noticias importantes

El voto útil, en este caso, probablemente este a favor de Actúa porque con esta opción quienes dudan no tienen por qué abstenerse en unas elecciones que serán claves para el futuro de España

Si hay algo urgente en este preciso momento y en esta campaña electoral, es acabar con la crispación. El tono de las intervenciones de la derecha está llegando a un nivel que sobrepasa la línea roja del respeto transformándola en intolerancia. La falta de moderación tiene nefastos efectos sobre la sociedad afectando a la convivencia ciudadana y hastiándola cuando más tendría que estar en calma y sosegada. Estos ruidos, que llegan a ser ensordecedores, sirven para ocultar la falta de contenido de muchos programas o para propagar las disparatadas propuestas desarrolladas por otras formaciones. También son de utilidad para ningunear a partidos más pequeños.

La vocación de Actúa ha sido desde su fundación colaborar en serenar esas voces y conducirlas al debate tranquilo y productivo. Ocurre que para ello tiene que haber voluntad y visibilidad. Y no parece que esas formaciones como el Partido Popular, Ciudadanos, Vox e incluso otros a la izquierda, tengan demasiado interés en moderar su discurso. Ni que a los partidos que no forman el quinteto de salida, como Actúa se les brinde esa posibilidad de incidir en el electorado a través de los medios.  

Se ha visto desde el primer momento con el caso de Cataluña, en que el PP inició un difícil camino tirando los trastos e introduciendo la variante judicial antes de intentar agotar el diálogo. Reconociendo la terquedad y falta de sensatez de un sector importante del Govern de la Generalitat, lo cierto es que el ejecutivo que presidía Mariano Rajoy, hizo gala de una ostentosa dejación de funciones políticas, poniendo a Cataluña –y a todos– a los pies de los caballos. Eso sí, entre grandes ruidos de indignación y arropados por los no menos vociferantes ecos de partidos como Ciudadanos o el estrambótico Vox. 

Con Cataluña, el actual presidente popular, Pablo Casado, ha ido más lejos dejando ver su irritación y proyectándola sobre la población catalana de forma contundente y, de paso, arremetiendo con aquellos partidos que hayan intentado o hayan planteado reconducir la situación. Se diría que El PP lleva en campaña electoral prácticamente desde el día en que se aprobó la moción de censura que condujo al PSOE a  la Moncloa.

En ese largo camino, Pablo Casado, desde su ascenso a la presidencia de la gaviota, mientras desmantelaba su formación y sustituía a los marianistas en la línea de lo que más podía satisfacer a su padrino, José María Aznar, ha ido subiendo el tono de sus intervenciones hasta alcanzar una especie de orgia del disparate y, lo que es más grave, desenterrando temas tan serios como el terrorismo.

El objeto de tales acciones no es otro sino el de descalificar a su oponente, el que más teme en función de las encuestas preelectorales, es decir Pedro Sánchez,  a costa de desestabilizar la tranquilidad social de todos los que, habiendo sido actores y victimas en su caso, en los tiempos oscuros de la violencia terrorista, saludamos la buena nueva de la desaparición de la misma. 

Sin debate en el caso Villarejo 

 Los gritos sirven también para enmascarar voces que no interesa que se escuchen. Cuando se revela un asunto tan grave como el de la utilización de instituciones como la policial para fines de dudoso encaje legal y en todo caso absoluto repudio moral y ético, conviene ocultar a los responsables intelectuales o inductores al más alto nivel, sobre todo si apuntan a la cúpula del anterior gobierno del PP.

Pero la historia se repite y es una especie de déjà vu de los años 90 cuando, siendo juez de instrucción central número cinco de la Audiencia Nacional uno de los dos firmantes de este artículo, Baltasar Garzón, fue espiado, perseguido, penetrado su domicilio y elaborados dosieres falsos como el Veritas, con ingredientes muy parecido a los de ahora, solo  que aún más graves; con atestados y pruebas falsas presentadas ante la justicia para acabar con el juez y la investigación sobre los GAL.  

Este asunto y el de PISA, como todos los que se están filtrando en dosis adecuadas, según la víctima o el beneficiario en el denominado caso Villarejo, son de una gravedad capital y se está secuestrando un debate serio,  para conocimiento de la ciudadanía.

Cierto sector mediático, que también se ve salpicado como partícipe intencionado o no de este asunto, (nuevamente la misma historia 24 años después), echa más leña al fuego haciendo hincapié en los temas más frívolos o morbosos por lo general inventados o manipulados, con el fin de producir daño, desgaste y denostación por quienes incautamente se acercan a opiniones disfrazadas de informaciones o fake news que se unirán a la hoguera del descrédito y la calumnia. De paso sirve para camuflar su papel, en ocasiones relevante, en el curso de los acontecimientos.

En medio de tanta refriega se pierde lo importante que es reflexionar  sobre lo que hay que decidir, nada menos que quién  o quienes administrarán España durante los próximos cuatro años. Este es un aspecto capital y las alternativas son complejas. De una parte, las fuerzas de la derecha  tienen claro que se compenetran, completan y acuerdan finalmente dentro de un paripé artificioso de pendencias y discusiones. Ahí está el ejemplo andaluz. Su máxima discusión sería, a la hora de formar gobierno, el reparto de los cromos, los nombramientos y el número de leales de cada cual que hay que colocar. 

Resulta penoso que se juegue así con la ilusión y esperanza de la gente. La instrumentación electoral es vergonzosa y los bramidos a través de los que se construye apenas soportable. La restricción de libertades, la imposición de criterios autoritarios y un desprecio considerable hacia los derechos humanos, ligan a estas formaciones con mayor o menor nivel de intensidad en cuanto a sus opiniones pero con una raíz común que les permite llegar a pactos.

Con la izquierda es diferente. Siempre, la división de puntos de vista ha servido para llevar al descalabro a los diferentes y muy enconados miembros del mismo tronco común. El “yo, me, mí, conmigo”, resume la razón que se agazapa tras estas diferencias irreconciliables. La propia soberbia  coarta la posibilidad de llegar a un lugar común ante la feria de vanidades que se despliega en cada casa. 

Pacto social por la libertad

Cuando decidimos fundar Actúa, intentábamos paliar esta situación. Conscientes de que la conversación es difícil entre pares  cuando prima la ambición personal, nos ofrecimos como un lugar de encuentro y de mediación entre planteamientos hermanos en suma. Nuestros argumentos nunca han variado: la defensa de la democracia frente a los populismos, huyendo de las tesis del nacionalismo secesionista, y muy lejos de una socialdemocracia estancada en su versión neoliberal que defiende la formación socialista.

Desde el principio hemos trabajado por un proyecto feminista y ecologista, defensor de la jurisdicción universal, la memoria histórica, la persecución de los crímenes franquistas, sin ocultamiento oportunista, la formación de una comisión de la verdad como mecanismo de reparación y de no repetición, la laicidad y la defensa y promoción de los derechos humanos y su exigencia en los ámbitos de las empresas con exigencia de trabajo decente, sujeto a estándares internacionales y que determine la desaparición de la brecha salarial entre mujeres y hombres.

Pero a la vista de los gritos que desenfocan la percepción que la sociedad tiene sobre lo que se les oferta y llevan al desinterés, en Actúa, decidimos dar un paso al frente y en la misma línea de ofrecimiento de aglutinar voluntades, presentarnos en la arena política, entre críticas y acusaciones de fragmentar la izquierda. ¿Más fragmentación?, habría que preguntarse.

El objetivo es por el contrario reparar el vacío que para los electores deja esta falta de cohesión que hace dudar a quien desea una opción progresista pero no sabe a quién dirigirse y acaba por la frustración, absteniéndose. El voto útil, en este caso, probablemente este a favor de Actúa porque con esta opción quienes dudan no tienen por qué abstenerse en unas elecciones que serán claves para el futuro de España. Precisamente para este sector de población al que hay que dar alternativas, hemos desarrollado nuestra convicción de que es necesario un  pacto social que atienda a todas las necesidades básicas de la población y avance consolidando la libertad y los derechos humanos en base a un programa sencillo y efectivo.

Debemos rebajar la crispación y acomodar los ánimos para que se pueda escuchar el balsámico silencio que permite atender las noticias importantes. El barullo solo se utiliza para evitar las decisiones que atentan contra intereses particulares de unos cuantos. Habrá que darle la razón al dramaturgo y escritor Enrique Jardiel Poncela cuando afirmó: “Todos los hombres que no tienen nada importante que decir hablan a gritos”.

La concesión del asilo lo fue por riesgo fundado, de acuerdo con las convenciones aplicables al caso. Su retirada solo se puede producir si aquel riesgo desaparece

En este caso, lejos de que el peligro haya desaparecido, se ha incrementado exponencialmente

¿Qué ocurre con los Derechos Humanos? Estados Unidos discurre por un camino que nos llevará a todos al desastre

La amenaza que veíamos venir desde hace tempo se ha hecho realidad. Reino Unido, tras violentar durante estos años todas las normas del derecho internacional, ha cumplido su función de brazo ejecutor después de que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, supeditado a los intereses de los EEUU de Donald Trump, haya retirado el asilo político a Julian Assange. En unas imágenes que deberían ruborizar a cualquier demócrata, el Gobierno de Ecuador ha abierto la puerta de su embajada para permitir que la policía británica sacara de forma violenta al fundador de WikiLeaks.

Es muy grave lo ocurrido, y plantea un futuro incierto a Julian Assange quien después de casi ocho años de reclusión inhumana en el recinto de la embajada ecuatoriana, se encuentra ahora a expensas de lo que la Corte de magistrados de Westminster determine, una vez se ponga en marcha la extradición al país norteamericano. De inicio, el periodista buscó refugio ante la orden de aprehensión de Suecia por denuncia de violación, una causa que ya fue archivada en mayo del pasado año. Ahora enfrenta la condena por haber incumplido las medidas cautelares de su libertad, cuestión que siempre hemos aceptado y nunca hemos eludido responder tanto en Suecia como en Gran Bretaña, pero denunciando, a la vez, la instrumentación que de estos países hacía EEUU. Al final se ha desvelado la trama. Incluso desde diciembre de 2017 existía una orden de detención de la justicia estadounidense en Londres, a pesar de que tanto los británicos como el gobierno del presidente Moreno, específicamente el canciller Valencia, lo negaron.

Tras ese argumento se escondía la verdadera razón de la persecución contra el activista: Estados Unidos no puede consentir que Assange, mediante WikiLeaks, haya hecho públicos miles y  miles de documentos militares y diplomáticos de carácter confidencial, denunciando torturas y crímenes de guerra por parte de responsables militares de ese país en lugares  como Irak o Afganistán y  filtraciones de las comunicaciones entre embajadas USA con Gobiernos y servicios de información en todo el mundo.

Las acusaciones de Suecia  siempre fueron para su defensa una argucia para extraditarle a Estados Unidos, donde podría ser juzgado por tal causa. Sabemos ahora que, en efecto, lo que latía bajo este asunto era la acusación por conspiración por parte de una Corte estadounidense. Y es probable que este delito, el de conspiración para hackear ordenadores, sea solo el principio, porque buscan con ello eliminar la verdadera base política de la persecución.

La acción británica viene precedida de una serie de incumplimientos de los convenios internacionales. Gran Bretaña ha estado prescindiendo, obviando, incumpliendo y violentando todas las normas del derecho internacional y de los derechos humanos. No han  atendido al salvoconducto que pedía Ecuador desde hace años porque había otorgado un asilo, y una vez otorgado el asilo los demás países tienen que cumplirlo.

Sobre el papel de Ecuador, poco puedo añadir a lo que ha manifestado el ex presidente Rafael Correa, quien en su día en nombre de los Derechos Humanos asiló a Assange, que  ha criticado la detención y ha calificado de “traidor” al actual presidente por permitir su arresto. “Esto jamás será olvidado por la humanidad entera. Uno de los actos más atroces fruto del servilismo, la vileza y la venganza. La historia será implacable con los culpables de algo tan atroz”, ha dicho Correa, añadiendo: “De ahora en adelante, a nivel mundial la canallada y la traición podrán ser resumidas en dos palabras: Lenín Moreno”.

Pocas veces he asistido a tan sorprendente actuación contra lo que marca el derecho de asilo como la que este jueves hemos vivido. Las confusas afirmaciones del actual mandatario ecuatoriano, lo dicen todo: “Ecuador da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en el año 2012. Por seis años y diez meses el pueblo ecuatoriano ha garantizado los derechos humanos del señor Assange y ha cubierto sus necesidades cotidianas en nuestras instalaciones de la embajada en Londres”. “El señor Assange violó reiteradamente disposiciones expresas de las convenciones sobre asilo diplomático. Violó particularmente la norma de no intervenir en los asuntos internos de otros estados”, ha añadido. Extremo este que es incierto, porque la acusación en este sentido siempre fue una argucia, como queda demostrado por los SMS que obran en la causa.

La concesión del asilo lo fue por riesgo fundado, de acuerdo con las convenciones aplicables al caso. Su retirada solo se puede producir si aquel riesgo desaparece. En este caso, lejos de que el peligro haya desaparecido, se ha incrementado exponencialmente con las declaraciones recurrentes de autoridades norteamericanas, que han llegado a calificar a Wikileaks de organización terrorista. Tampoco se ha realizado ningún procedimiento de revisión con alegaciones para el asilado, como requería imperativamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al cerrar la demanda de medidas cautelares formulada meses atrás.

La mezcla de argumentos es difícil de comprender. De una parte, Moreno parece reprochar el gasto que la delegación ha cubierto. De otra, culpa a Assange de expresar sus opiniones sin concretar qué normas de derecho internacional ha afectado, de tal modo que se ha hecho merecedor de una sanción tan peligrosa. También de que es editor de WLO, cuando esto ya no es así; como tampoco tiene que ver con la filtración de los INApapers. O porque, y aquí viene el punto álgido, según Moreno, ha solicitado a Reino Unido que no entregue a Assange a un país en que se ejerza la tortura o exista la pena capital. Y asegura que los británicos han dado su asentimiento por escrito pero ¿acaso está exento Estados Unidos de estas dos condiciones? Es incontestable que la pena de muerte existe y uno de los elementos básicos por los que el país de Trump ha saltado a la palestra en WikiLeaks es por los supuestos  malos tratos sistemáticos cuando así lo han considerado los poderes militares en casos de conflicto. Y además, un país en el que no se garantiza la ausencia de la tortura como puso de manifiesto el Relator contra la tortura Juan Méndez en el caso de Chelsea Manning, que fue sometida a un trato cruel, inhumano y degradante y que nuevamente ha sido encarcelada, el riesgo que corre Julian Assange si la extradición se materializa, es inmenso.

Aún queda lo más importante. ¿Qué ocurre con los Derechos Humanos? Estados Unidos discurre por un camino que nos llevará a todos al desastre. Recientemente amenazó con la prohibición de visados a los miembros del Tribunal Penal Internacional que investiguen casos como la supuesta responsabilidad de miembros de esa alta instancia de militares norteamericanos en Afganistán. Hace apenas unos días hizo efectiva esta sanción retirando el visado a la fiscal del TPI  Fatou Bensouda que junto a sus colaboradores indaga desde 2016 la posible responsabilidad de soldados estadounidenses entre 2003 y 2004, en los presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán. Ante tal sinrazón, Bensouda ha manifestado que seguirá cumpliendo su deber.

¿Muerto el perro se acabó la rabia? Esa parece ser la política del país más poderoso del mundo. Si la CPI puede afectar a los propios intereses, se anula y prohíbe, por más que Afganistán forme parte de los 124 países que han ratificado el Estatuto de Roma y que este tribunal sea una instancia superior, internacional, que garantiza la protección de las víctimas. Si un periodista activista denuncia ante el mundo las irregularidades, trapacerías, asesinatos, corrupción y manejos de la potencia mundial, se le persigue, aísla y aprovechando un giro a la derecha en el Gobierno de Ecuador, que hasta entonces entorpecía el objetivo marcado, se logra que esta nación levante el asilo acordado y dé vía libre para acabar con el estorbo Assange.  ¡Menuda suerte que el presidente Correa, de talante progresista, fuera sustituido por Moreno, de talante marcadamente de derechas. ¡Vaya casualidad!

El caso Assange no termina aquí. Su equipo legal y yo, como coordinador de la defensa del periodista, no  estamos dispuestos a permitir tal atropello. Pelearemos como David contra Goliat, como venimos haciendo desde hace años. Este asunto va más allá de una filtración o de un entramado de conflictos legales. Estamos hablando del derecho de los ciudadanos del mundo a conocer en manos de quién estamos, de lo que nos ocultan y de a dónde pretenden conducirnos. Y una vez que sabemos, no es tan fácil callar al mensajero. Lo que pretende Estados Unidos, apoyado en quienes le están favoreciendo, no es otra cosa que impunidad. No podemos ni debemos tolerarlo, y no lo haremos.

Cuando algo nos duele damos rienda suelta a nuestro mal carácter. Eso es la ira que, si aparece con demasiada frecuencia, procede de lo que sentimos cuando nuestros objetivos se frustran. Hay una ira que proviene de la incapacidad de autocontrol. Es especialmente peligrosa porque sus consecuencias suelen ser devastadoras para quien la recibe y para quien la ejerce. Las emociones desbordadas y sueltas a su aire resultan lesivas. Esa es la ira insana, que no procede de la indignación ante el descalabro de la virtud, sino de la obsesión por el propio lucro.

A algunos políticos les pasa eso con cierta frecuencia. Son aquellos a los que duele no detentar el poder y se reconcomen cuando ven que conseguirlo es difícil o se aleja. En tal situación pueden arremeter contra otros colegas próximos en ideología o, en sus arranques de enfado máximo, establecer tal tensión entre sus allegados, que estos acabarán desbarrando en sus afirmaciones por temor a incurrir en el furor de su líder si no están a su altura.

La ira, el fuego interno desazonador por no estar donde se piensa que deberían encontrarse, es lo que está llevando sin duda a que un político como Pablo Casado se encuentre en conflicto permanente y manteniendo un discurso extremo en que, para epatar al rival, suelta todo tipo de incongruencias con un fondo agresivo. De este modo vimos a Pablo Casado arreciando contra el presidente socialista Pedro Sánchez, en un ejercicio que solo se entiende desde la desesperación, llamándole felón, traidor, incompetente, incapaz, mediocre, mentiroso compulsivo, okupa e ilegítimo. Todo ello porque en el intento de llevar al ámbito de la cordura al Govern de la Generalitat catalana, Sánchez planteó su aceptación en las conversaciones de la figura de un relator, un escriba ni más ni menos. La ira que llevó a tal incontinencia verbal al líder de la derecha, tendría que ver en este caso con el miedo a la desventaja que podría conllevar el inicio de solución de un conflicto que Casado, al parecer, quiere conducir a su máxima expresión.

También las mentiras del líder rebosan un enfado contenido en plena ebullición. Leí en este periódico un interesante artículo que repasaba las Fake News del presidente del PP. En suma, su hipotético máster de la URJC no ha sido sino un montaje del “enemigo” alegando una inexistente sentencia del Tribunal Supremo a su favor. El alto tribunal se limitó a decir en un auto que no veía motivos suficientes para iniciar una investigación penal aun apostillando que pudiera haber otras consideraciones ajenas al Derecho.  Del mismo modo que Casado alegó un desconocido respaldo, nada menos que de la Universidad de Harvard, a su expediente académico. Es este asunto de los estudios algo que claramente enfada al político popular, quien revolotea sobre ello como cuestión no zanjada que le tiene a la que salta.

La escalada de furia de este político llegó a un punto importante con lo que a todas luces se consideró como una metedura de pata notable que intentó matizar con escaso éxito. Me refiero a aquello que dijo de que se practicaría una mayor benevolencia con las mujeres inmigrantes en situación irregular que dieran a sus hijos en adopción.  Y es que el invierno demográfico que augura el PP no hace más que traer disgustos y, por ende, aumentar los niveles de ira. Es un tema que, en todas sus derivaciones,  suele conllevar consecuencias negativas para la formación de la gaviota. No olvidemos a su presidente afirmando la existencia en España de “una barra libre para abortar” hasta la semana 12 de gestación o aquello de que “es bueno que las mujeres embarazadas sepan lo que llevan dentro…”  Sin embargo, para Casado todas las referencias anteriores son ni más ni menos que Fake News, falsedades que se lanzan contra él para anular su mérito.

Como decía al principio, la ira tiene además efectos contraproducentes en quienes rodean a quien la práctica. El temor a no dar la talla, a no alcanzar el nivel del superior lleva al desbarajuste mental y a decir tonterías que en una persona no afecta al juego político pueden carecer de importancia, pero que en el caso de quienes pretenden administrar el país, resultan graves.  Un ejemplo de ello es lo que le ocurrió al flamante número dos in pectore de Casado, Adolfo Suarez Yllana quien, sin duda preocupado por seguir la línea marcada por el presidente del partido, soltó en declaraciones radiofónicas algunas afirmaciones propias de la antología del disparate produciendo rubor ajeno. Ya saben: que los neandertales utilizaban el aborto si bien esperaban a que el niño naciera y le cortaban la cabeza. Tras expeler tal afirmación, el candidato se vino arriba y narró “una nueva ley en Nueva York” que permitiría el aborto tras el nacimiento. Aparte del llamémosle (caritativamente) absurdo de tal apreciación, tanto en uno como en otro caso no hablaríamos de interrupción del embarazo sino que se trataría de un asesinato, como es obvio. A qué punto llegaría la ira de su líder Casado que Suarez Yllana lo desmintió todo de inmediato tras, según dijo, documentarse. Lástima que no se hubiera instruido de inicio.  

El iracundo solo se entiende bien con otros de su mismo carácter. Para Casado, sin duda, debe ser un alivio compartir escenario y discursos con Cayetana Álvarez de Toledo, la número uno popular en la lista por Barcelona.  El nivel de tolerancia de la candidata alcanza la línea roja con suma rapidez. No creo que tenga esta señora problemas por llegar al nivel de arrebato preciso para actuar con el líder inter pares. Sus opiniones van de la vehemencia a la cólera en gradación creciente: “O Sánchez o la Constitución” clama , calificando al presidente como “el vanidoso útil del soberanismo” o afirmando en una peculiar visión de la historia en la que su partido no ha debido existir, que el PSC es el responsable de que el nacionalismo de Pujol cuajara y que el soberanismo de Puigdemont y Torra haya cuajado“.

Los nervios suelen llevar a estos estados de ánimo tan agresivos. Yo pienso que igual que sus candidatos deben sufrir a Casado, Casado probablemente tenga que padecer los prontos de José María Aznar, el espejo en el que parece, desea reflejarse. Quizás a ello se deba el estado de pronto enojo del político. Aznar en la intimidad debe hacer gala de irritación sobre todo en estos tiempos que corren, con tales adversarios salidos de la propia casa. La pelea de gallos que protagonizó el sucesor de don Manuel Fraga con el cuasi hijo pródigo Santiago Abascal, está en esa línea de testosterona mezclada con el a mí no me quitas tú el sillón. Lo de “la derechita cobarde”, que dijo el presidente de VOX, le sentó a cuerno quemado a José María Aznar quien parece proclive a dirimir el asunto a bofetones con Abascal, auténtico maestro de la provocación y experto en salvar la ropa: “cuando quiera le miro a los ojos a la derechita cobarde”, se regodeó, esquivando citar a Aznar.  

Entra aquí en juego otro factor que alimenta la ira y es la inseguridad. El Partido Popular y todos sus efectivos están inquietos porque los datos que se revelan marcan una inestabilidad considerable sobre a dónde irán a parar los votos que huyen de Ciudadanos y que previamente provenían del PP. Que VOX pueda ser un destinatario importante de lo que se calcula en casi un millón de papeletas, desquicia a los de Casado. He ahí otro factor para la ofuscación. “Cuanto más VOX, más Sánchez en la Moncloa”, proclaman ahora amenazando al votante indeciso entre la opción del PP o la de VOX, con la izquierda triunfando. El PSOE, como formación que puede obtener más votos, es el enemigo a batir que se encarna en Pedro Sánchez contra quien esa capacidad de furia se desborda. No le quieren dar respiro, bien criticando los decretos leyes del Gobierno que tienen como fin aprobar temas sociales que antes el PP ha cortocircuitado en el Parlamento indiscriminadamente, o lanzado fuertes diatribas como dardos por los “socios” del presidente del Gobierno que alcanzan ya la categoría de “terroristas, separatistas, comunistas” y… para mayor espanto “de Podemos”. A eso lleva el descontrol de las emociones.

Cuánto bien les haría a todos la templanza que aboga por el equilibrio y la armonía. Qué importante sería para la ciudadanía que sus políticos llevaran a la práctica tal virtud. Porque aparte de otras consideraciones, los que muestran actitudes tan ofensivas deberían saber que pueden tener respuesta, y además, una respuesta contundente.

Entre aquí en juego el último concepto de la ira que en este caso se trata de una ira activa y producente frente a los pendencieros. Me refiero a la imprescindible ira de los mansos, una vehemencia indignada que, cuando rebosa, se dirige hacia quienes les oprimen masacrándoles para librarse de ellos y de todo cuanto de su lado les pueda venir.

La describiré con las palabras que el escritor y premio Nobel de Literatura José Saramago empleó en El hombre duplicado, que se publicó en el 2002.

Decía así: “… he aquí que el pacífico, el dócil, el sumiso, de pronto desaparece de escena y en su lugar, desconcertante e incomprensible para los que del alma humana suponen saberlo todo, surge el ímpetu ciego y arrasador de la ira de los mansos. Lo más normal es que dure poco, pero da miedo cuando se manifiesta. Por eso, para mucha gente, el rezo más fervoroso, a la hora de irse a la cama, no es el consabido padrenuestro o la sempiterna avemaría, más sí este: Líbranos, Señor, de todo mal y en particular de la ira de los mansos”.

Amen.

Cada día que pasa los anglicismos nos invaden más. Las nuevas tecnologías mandan y siempre en inglés. Este es el caso de las llamadas fake news. Como suele ser habitual en España, desde el comienzo presumimos de saber qué significa, pero en realidad se trata de algo más complejo que una simple noticia falsa. La expresión alude tanto a una noticia completamente inventada, como aquellos otros supuestos, que constituyen la mayoría, en los que se mezclan datos ciertos con otros que no lo son, o bien se contiene información inexacta. Incluso puede ser real pero presentada de forma tendenciosa o con insinuaciones, con la clara intención de conducir al receptor a sacar conclusiones erradas o a formarse una idea totalmente diferente de la verdad , y de esa forma incorporarlo al acervo de los adeptos de quien generó la falsa noticia.

Lejos de ser una broma de mal gusto, aunque algunas pocas lo son, generalmente estas fake news se difunden en las redes sociales con finalidades bastante concretas, unas veces escandalosamente crematísticas o de extorsión, otras de desprestigio personal, profesional o empresarial; para cumplir complejos planes políticos que defenestren a oponentes de otro signo ideológico, o para captar incautos, crédulos o personas acríticas auténticas esponjas para esas estrategias. Para complicar aún más las cosas, suelen existir también acusaciones cruzadas del uso de las fake news, en especial provenientes de algunos políticos, para descalificar aquellas noticias que no les favorecen o directamente les perjudican, siendo probablemente Donald Trump el máximo exponente de esto último.

Aunque en un principio las fake news no pasaban de ser algo anecdótico, hoy se han convertido en un problema de primera magnitud. En un libro recientemente publicado por Marc Amorós García, con prólogo de Jordi Évole, se advierte que 7 de cada 10 personas recibimos a diario noticias falsas y que apenas el 15% de la población las detecta. Según un estudio publicado en la revista Science, las fake news se difunden en Internet mucho más rápido que las noticias verdaderas, lo que podría obedecer a que son más novedosas y a que habitualmente estos bulos apelan a emociones primarias como la ira, el miedo o la euforia, provocando la necesidad de compartirlas en nuestro entorno a través de las redes sociales.

Meteórica difusión

Aun sabiendo que son falsas, el morbo, la maledicencia o simplemente la maldad llevan a difundirlas. Cuando esto se hace de forma privada el daño producido tiene una relativa importancia, pero cuando los medios de comunicación se hacen eco, sus efectos nocivos aumentan exponencialmente. Lo grave es que todos estamos, de una u otra forma, contribuyendo a que esto sea así.

La emisión de las fake news hoy está al alcance de cualquiera. Basta realizar una búsqueda rápida en Internet para que nos aparezcan cinco o seis sitios webs que ofrecen la posibilidad de crearlas, algunas con un formato simple, pero otras ofrecen herramientas bastante sofisticadas que hacen que su detección sea cada vez más difícil. Siguiendo a Amorós García, ya existen softwares que permiten poner en boca de alguien declaraciones que no ha realizado, de manera que es cada vez más difícil detectar qué es verdadero y qué es falso, por lo que hemos comenzado a creer solo en aquello que confirma nuestra opinión previa y, a partir de ello, construir una realidad inexistente.

A todo lo anterior, se suman mecanismos especializados en su difusión, que incluyen la utilización de perfiles de usuarios falsos (robots o simplemente bots) para amplificarlas, generar tendencias (trending topics) y convertirlas en fenómenos virales que ponen en riesgo aspectos tan importantes como la seguridad de una ciudad, la reputación de una persona o empresa o, incluso, el resultado de unas elecciones. Un estudio recientemente publicado por las Universidades de Indiana y Carolina del Sur, Estados Unidos, demuestra que entre el 9% y el 15% de las cuentas de Twitter son bots.

Han llegado para quedarse

De acuerdo con un informe de Llorente y Cuenca publicado en 2018, las fake news no son un fenómeno transitorio sino que han llegado para quedarse, por lo que debemos tomar medidas al respecto. Facebook, Google y Twitter, ya han anunciado su compromiso de usar indicadores de confianza (trust indicators), para ayudar a los usuarios a revisar la veracidad de las publicaciones y de los responsables de los artículos periodísticos.

Asimismo, tanto los cuerpos de policía como los ejércitos están tomando medidas, inclusive la propia Comisión Europea, que en enero de 2018 creó el Grupo de Expertos de Alto Nivel (HLEG, por sus siglas en inglés) para desarrollar iniciativas políticas a fin de contrarrestar las noticias falsas y su diseminación en línea. El primer informe de este grupo de expertos recomienda abordar este fenómeno como “desinformación” a través de Internet, puesto que va mucho más allá del mero término 'noticias falsas' o fake news.

El informe destaca el riesgo que estas campañas de desinformación supone para la democracia y contiene recomendaciones para hacerles frente, dirigidas tanto a la Comisión Europea, como a los Estados, la sociedad civil, las plataformas informáticas y las organizaciones de medios de comunicación y noticias.

Y es que el daño que se ha provocado es enorme. Ya lo hemos visto. La llegada de la ultraderecha a las instituciones en España obedece a ello, con la entrada de Vox en el Parlamento Andaluz, pero también la elección de Trump en Estados Unidos, el Brexit en el Reino Unido, y el auge del neofascismo en Europa, en países como Francia, Holanda, Suecia, Noruega, Hungría, Polonia o Italia.

La ultraderecha no solo miente y desinforma, sino que efectúa propuestas irrealizables, como que todos vayamos armados, extender la legítima defensa sin requisitos ni condiciones facultando a cualquier “español de bien” a matar a un delincuente; cerrar las fronteras o elevar muros para que no entren los “perversos” inmigrantes y expulsar a los que estén dentro, vinculando falsamente delincuencia e inmigración o asimilándolos a terroristas. Todo ello además de negar la brecha salarial entre ambos sexos, minimizar la realidad de la violencia machista y despreciar la reivindicación de los derechos de la mujer.

Contra los derechos humanos

Se trata de propuestas que atentan a los derechos humanos en su propia esencia y a las normas constitucionales, como baluartes de la democracia y del Estado de derecho. Con estas propuestas y noticias falsas, que apelan a nuestras emociones, la extrema derecha logra indignarnos, que critiquemos a los partidos que la representan, que hablemos de ellos y así conseguir su objetivo principal que es obtener a toda costa una gran visibilidad.

Después, en forma perfectamente calculada, pasan a la siguiente barbaridad, si puede ser de mayor calibre, para que los oponentes políticos, con la colaboración de los medios de comunicación “serios”, contesten desde las tripas y no desde la racionalidad. Es así como los gurús de la extrema derecha como Steve Bannon consiguen banalizar el discurso y que las y los electores se queden en la mera epidermis sin profundizar en los temas esenciales. O como dice Jason Stanley en su obra Facha, “con el tiempo y el uso de estas técnicas, el fascismo crea un estado de irrealidad en el que las teorías conspiratorias y las noticias falsas acaban reemplazando el debate bien argumentado”.

Tras conseguir esta visibilidad y ocupar progresivamente las instituciones, una vez más instalan su discurso negacionista respecto de las violaciones de los derechos humanos del pasado, contra la memoria, así como el negacionismo de lo que ocurre en el presente, como por ejemplo respecto de los serios perjuicios que se están causando al medio ambiente, provocando una falta de voluntad de la mayoría de los Estados para asumir compromisos efectivos que hagan sostenible la vida en el planeta.

La defensa

Pero ¿cómo se defiende una víctima de las fake news de estos ataques estratégicamente planificados con base en meras insinuaciones, falsedades o campañas de acoso y derribo, de los embates continuos de “comunicadores” interesados y de los que hacen negocio con tales ataques y descréditos?. Por supuesto que siempre es posible interponer querellas por injurias y calumnias, exigir el derecho de rectificación, o salir públicamente a desmentir y a ofrecer las pruebas del engaño.

Sin embargo, en la mayoría de los casos el daño ya está hecho, la duda ya ha sido sembrada, la reputación y el prestigio ya ha sido puesto en cuestionamiento. La justicia siempre va más lenta, el desmentido no se difunde con la misma rapidez ni llega con el mismo alcance a todos. La mentira sí, porque siempre es más fácil arrojarla irresponsablemente que descubrirla. En derecho, probar un hecho negativo constituye una prueba diabólica, es decir, una prueba prácticamente imposible. Realmente, la partida está perdida si no le damos vuelta a la situación desde la raíz.

Por ello ha sido necesario crear en los ejércitos, en la policía, en empresas y también en partidos políticos, departamentos encargados de detectar las noticias falsas y efectuar en tiempo real los desmentidos, en lo que se ha convertido en una verdadera guerra digital entre quienes siembran la mentira y la esparcen a los cuatro vientos y quienes intentan defenderse de ella como mejor pueden. Se trata de una batalla que se intensifica en el terreno político, sobre todo en período electoral y preelectoral. Algunos partidos progresistas están creando sus propios “fake check”, para que los ciudadanos puedan corroborar con datos las falsedades que periódicamente lanza la derecha y la ultraderecha.

Nos controlan

“El algoritmo mata la democracia”, titulaba un reciente artículo de Elisa Beni. Tiene razón, pero hay más. Afirma Byung-Chul Han, filósofo surcoreano que enseña en la Universidad de las Artes de Berlín que las redes se han transformado en verdaderos panópticos digitales que vigilan y explotan lo social de forma despiadada y extremadamente eficiente, siendo nosotros mismos los que desnudamos nuestra propia voluntad y preferencias, lo que a menudo produce verdaderos “linchamientos digitales”.

El Big Data y los algoritmos permiten predecir con mucha precisión y eficiencia el comportamiento humano, de modo tal que nuestras acciones futuras se convierten en previsibles, y peor aún, en controlables. De seguir por este camino, Byung-Chul Han, pronostica “el fin de la persona y de la voluntad libre”. En la misma línea, el filósofo y teórico político francés y camerunés, Achille Mbembe, nos dice que “la era del Humanismo está terminando”.

Esto ya está pasando en España. En diciembre pasado se incorporó, con alevosía y nocturnidad, como en otras ocasiones, una Disposición final tercera para modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), añadiendo el artículo 58 bis 1 que faculta a los partidos para recopilar datos personales sobre las opiniones políticas de las personas, y hacer un tratamiento de estos datos.

Aunque se han dado justificaciones varias, el resultado es que ya tienen acceso a nuestra huella digital, para saber quiénes somos, cómo pensamos y ofrecernos los mensajes adecuados, fake news mediante, con lo que pueden manipular y condicionar nuestro voto. Pues bien, a solicitud de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, el Defensor del Pueblo ha interpuesto un Recurso de Inconstitucionalidad. Mientras tanto no sea resuelto, estamos día a día perdiendo el control sobre nuestros datos y expuestos a la manipulación.

Esta es una muestra de que debemos estar vigilantes y actuar contra las bajezas de muchos políticos, de las grandes corporaciones y de algunos pseudomedios de comunicación, a veces creados al efecto, que usan y abusan de las redes sociales, que sin escrúpulos entregan nuestros datos personales para luego bombardearnos con sus sartas de mentiras, provocando un daño irreparable en muchas personas y en el funcionamiento democrático mismo. El voto siempre debe ser libre e informado, y por informado quiero decir información verdadera, para que todas y todos podamos elegir la opción política que creamos más conveniente.

La lucha

Al igual que en los años 50, vivimos en Tiempo de Canallas, como titulaba Lillian Hellman su libro, que destacaba la cobardía colectiva y las mentiras del poder que representó la época MacCarthy en EEUU. Si no hacemos nada y dejamos que todo siga su curso tal vez nos espera el futuro lúgubre que auguran los filósofos contemporáneos que se están ocupando de este tema. Pero somos muchedumbre los que día a día luchamos para que aquello no ocurra. Las redes sociales también sirven para encontrarnos con quienes están distantes, para mandarnos mensajes de aliento y esperanza, incluso para difundir mensajes clarificadores como el de este artículo que probablemente estés leyendo en tu teléfono móvil.

Tal vez seamos menos visibles o ruidosos, pero estamos aquí. Aunque los desmentidos, los hechos, los datos reales y las querellas avancen más lento y se difundan menos, están ahí para el que quiera verlas y encontrar la verdad.

El daño que este nuevo fascismo hace a la democracia es enorme. Y para conseguir sus objetivos, no dudarán en destruir al adversario, humillarlo y aniquilarlo con falsedades, fake news o lo que se tercie. Todo ello a cambio del éxito inmediato, de la aparición del titular en los medios amigos, del dudoso beneficio personal y la segura destrucción de los valores democráticos que momento a momento hemos ido construyendo. Sabemos que detrás subyace la misma ausencia de ética de siempre, que siglos atrás llevó a quemar gente en la hoguera; luego a fusilamientos y ahora a estos linchamientos digitales.

La política, la sana política, es un instrumento para cambiar las cosas, para mejorar la vida de las personas. Estos esfuerzos en favor de la igualdad social afectan a sus privilegios, prebendas y granjerías, que defienden sin escatimar recursos, incluyendo ahora los recursos digitales, desarrollando una verdadera guerra de desinformación. Es posible que defender el humanismo y las conquistas sociales se torne cada vez más difícil, pero que no les quepa duda a estos pirómanos de la democracia, que más temprano que tarde, conseguiremos, de nuevo, que no pasen por encima de esos logros y derechos que son patrimonio indeleble del pueblo.

A cada instante que pasa, se hace más perentoria la defensa de la Madre Naturaleza. Ha pasado el tiempo de los discursos. Estamos hartos de esos acuerdos de conveniencia, en los que priman, una y otra vez, los intereses económicos, corporativos o geopolíticos que tanto daño han producido y producen a la humanidad. ¿Cómo es posible que los más jóvenes, que son los herederos de la tierra, lo vean y quienes dejamos una herencia de destrucción y miseria y que hemos sufrido los embates de la barbarie no somos capaces de reaccionar de una vez en defensa de la naturaleza que está pidiendo ayuda?

Los jóvenes, aquellos a quienes se descalifica desde la atalaya de la apatía, de la madurez y la senectud, desde la “sabiduría” de quienes ostentan los puestos de gobierno o los consejos de administración de las corporaciones, nos sacan los colores y los que nos golpean en la cara con una verdad no ya inconveniente de la que hablara hace más de una década Al Gore, sino con toda la contundencia de la verdad por completo clara y hasta diría que groseramente evidente. “Ustedes, responsables políticos, diplomáticos, representantes de los gobiernos y foros internacionales dejen de mirarse el ombligo y de analizar el sexo de los ángeles y salven al planeta que se desangra por ríos de contaminación, nubes tóxicas, explotación de recursos naturales, deforestación, energías sucias... Dejen ya de asesinar a la Madre Tierra”.

Así, los líderes políticos, si realmente sirven para defender los intereses del pueblo, finalidad para la que se les elige, deben priorizar la lucha común para salvar el planeta frente a cualquier otro interés en sus programas electorales. Este programa conjunto sería un elemento de credibilidad para quienes estamos hartos de engaños y componendas.

Ya no convencen a nadie con sus proclamas. Hace unos días hablando de la defensa del medio ambiente con un grupo de corresponsales europeos me preguntaban cómo podríamos hacer desde Actúa, un partido político nuevo, para llevar a cabo en Europa el New Deal en materia de ecologismo y medioambiente. Las propuestas son amplias y variadas, todas ellas en línea de las demandas y reivindicaciones, por otra parte evidentes, del movimiento Fridays For Future, y todas ellas precisan eso que parece inalcanzable para los responsables políticos mundiales. Es decir, adquirir conciencia de lo que hemos hecho, cual es la situación y lo que está en juego; implementar un programa conjunto -porque nos la jugamos todos- que verdaderamente proteja en expresión de los pueblos originarios a la Pachamama, la Madre Tierra y no la explote extrayendo sus recursos y destruyéndola y, finalmente, cumpliendo lo que se ha prometido. En definitiva, atendiendo al clamor de los más jóvenes que están diciéndonos por donde tenemos que ir.

Nos lo dicen desde todos los rincones del mundo. En más de un millar de ciudades de multitud de países, la generación más joven, adolescentes de 13 años en adelante, han protagonizado una huelga escolar unánime para llamar la atención de los Gobiernos ante la crisis medioambiental que es patente. En España, escuelas e institutos, se sumaron a la acción. Me llama poderosamente la atención que, pese a la corta edad de estos activistas, sean plenamente conscientes de que las generaciones que les precedemos no hemos sabido o querido gestionar el mayor problema que enfrenta la humanidad, pues, deliberadamente o no, hemos omitido encararlo, resolverlo, o al menos mitigarlo. Estamos matando el planeta día tras día ante la mirada indiferente de nuestros dirigentes y de la sociedad en general.

Si no somos capaces de hacer que las cosas cambien, en no muchos años más estos chicos y chicas serán las víctimas inevitables de una continua serie de agresiones medioambientales que no tienen vuelta atrás. La acción inicial de una joven sueca, Greta Thunberg, pionera en esta protesta, está funcionando de manera viral en la concienciación y el interés, principalmente porque se basa en lo más simple y evidente. Ella decidió parar en su escuela todos los viernes para dar un toque de atención a su gobierno por el desinterés sobre el calentamiento global.

Era ya necesaria una llamada al orden de este calibre. No dudo que estos jóvenes van a ser capaces de mantener encendida la llama de la reivindicación y que a este movimiento se irán sumando más y más personas cada año, para poner de manifiesto la desidia y el abandono al que sometemos al planeta.

Ellos señalan el camino, se preocupan ante los efectos corrosivos de lo que están viendo y piden que alguien frene la situación. Ante tal llamada tenemos la obligación de responder de inmediato y con contundencia. Y con ello me refiero no sólo a la imperiosa necesidad de adoptar medidas paliativas o de mitigación del daño que ya hemos provocado, sino a nuestro deber de ir al fondo del asunto. Es verdad que en términos generales, debido a nuestro estilo de vida, en alguna medida todos somos responsables de la destrucción del medio ambiente y del cambio climático, pero es todavía más cierto que algunos tienen mucha mayor responsabilidad por haberlo sabido antes que nadie y haber desinformado, por resistirse a adoptar nuevas tecnologías y fuentes de energía limpia cuando estaban disponibles desde hace años. Otros, desde su posición de autoridad, también son especialmente responsables por no haber adoptado medidas legislativas y políticas, o incluso en algunos casos por haber retirado restricciones medioambientales que ya estaban en vigor para favorecer los intereses de las grandes corporaciones transnacionales.

La protección del medioambiente es multidisciplinar y todos estamos llamados a convertirnos en verdaderos activistas. Desde la esfera jurídica, somos ya muchos los juristas, a nivel internacional, preocupados por el medioambiente y que reclamamos una acción contra la impunidad de la que gozan Gobiernos sin escrúpulos y grandes empresas guiadas únicamente por su insaciable ánimo de lucro y carencia absoluta de moralidad. Compañías que depredan sin control recursos naturales causando la destrucción irreversible de ecosistemas y que contaminan de manera ingente el aire que respiramos, el agua, cada vez más escasa, que bebemos, los océanos donde pescamos. Se trata de auténticos ataques que perpetran contra la naturaleza, que desprecian la vida de miles de especies hoy en vías de extinción, y también la vida de los demás seres humanos que habitamos el planeta.

Ecocidio, un delito no reconocido (aún)

Partimos de la base de que un verdadero planteamiento ecológico se convierte siempre en una exigencia social y, como tal, tiene que incluir la aplicación de la justicia como herramienta de defensa del medioambiente. Por esa razón, en los diferentes foros organizados por la Fundación que presido -FIBGAR-, he planteado la necesidad ineludible de contemplar el delito de ecocidio como nuevo crimen internacional y de lesa humanidad.  El ecocidio, y aquí sigo la definición propuesta por la abogada experta en la materia Polly Higgins, supone “el daño extenso, la destrucción o la pérdida de ecosistemas de un territorio dado, ya sea por acción humana o por otras causas, hasta tal punto que el disfrute pacífico de los habitantes de ese territorio haya quedado o quede severamente disminuido”. Es éste el diseño de un novedoso tipo penal internacional que describe una práctica ya antigua: la destrucción del medioambiente y su necesaria persecución y castigo global. Aun cuando el término ecocidio puede parecer nuevo, como expreso en mi último libro, No a la impunidad, de la editorial Debate, en realidad viene siendo utilizado por la comunidad internacional desde 1970.

Fue Arthur Galston quien utilizó por primera vez la palabra ecocidio para calificar el daño y destrucción masiva de la selva vietnamita, en una Conferencia que tuvo lugar en el Congreso de Estados Unidos sobre Guerra y Responsabilidad. Poco después, en 1973, el jurista Richard A. Falk propuso a la Organización de Naciones Unidas un proyecto de convención sobre ecocidio. A partir de entonces se inició un largo debate sobre su inclusión o no como delito internacional en el seno de la Comisión de Derecho Internacional y del Comité de Derechos Humanos. Tras un largo recorrido, finalmente, y debido a varios factores que sería largo de relatar, fue incluido en el Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI) de 1998 como crimen de guerra, sancionando únicamente la destrucción intencional del medio ambiente perpetrado en conflictos armados, y además con una redacción bastante restrictiva. Fueron muchos los que lamentaron que el ecocidio no fuese tipificado de manera más amplia, abarcando también el daño medioambiental deliberado en tiempos de paz. Tal vez en ese momento aún estábamos a tiempo de frenar el cambio climático. Hoy los expertos son menos optimistas en cuanto a las posibilidades de revertirlo y nos hablan más bien de cómo limitarlo y mitigarlo.

Protección legal para el planeta

De acuerdo al último informe del organismo de las Naciones Unidas para evaluar el cambio climático, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), todavía es posible limitar el calentamiento global a 1,5ºC, pero ello requeriría de una acción urgente y sin precedentes. ¿Seremos capaces? De momento los grandes líderes mundiales no se han logrado poner de acuerdo más que en un marco general, y ya contamos con ausencias importantes como Estados Unidos bajo la administración Trump, por no mencionar a la reacia República Popular China, entre otros.

En el II Congreso Internacional de Jurisdicción Universal de Buenos Aires organizado por FIBGAR en que se aprobaron los nuevos Principios de Madrid-Buenos Aires de 2015, se dispuso expresamente que esta herramienta jurídica debía ser aplicable a los crímenes contra el medio ambiente que por su extensión y escala afecten a los derechos humanos de grupos o colectividades o supongan la destrucción irreversible de ecosistemas“.  Éste es uno de los primero intentos de extender la jurisdicción universal que antaño había servido para perseguir a Pinochet, Scilingo o Hissène Habré, a los crímenes medioambientales.

Los esfuerzos por dar una respuesta legal a este triste fenómeno se han ido sucediendo en diferentes contextos. Un importante avance jurídico fue el documento emitido por la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) el 15 de septiembre de 2016, sobre la priorización y selección de casos a ser investigados que en sus párrafos 40 y 41 permitían centrar la investigación y perseguir los crímenes medioambientales en el ámbito del Estatuto de Roma. Y es que la destrucción del medioambiente, además de ser un crimen de guerra cuando se comete en contexto de conflictos armados, en ciertos casos también puede ser instrumentalizada para la perpetración de crímenes de lesa humanidad.

En aquel documento, la Fiscalía incluye en el concepto la posibilidad de exterminar, trasladar forzosamente a la población, perseguir un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional. O perpetrar otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente con la integridad física o la salud mental o física, mediante la destrucción de su medio ambiente.

Terribles realidades

Los ejemplos que me vienen a la mente sobran por desgracia. Señalaré dos casos que se circunscriben a tierras no demasiado mencionadas en los medios de comunicación de nuestro país: Indonesia y Papúa Occidental

Indonesia viene siendo arrasada desde hace décadas por los incendios masivos provocados por el cultivo y la explotación intensiva del aceite de palma que han llegado a producir un verdadero ecocidio especialmente al provocar en 2015 una nube tóxica que cubrió casi la totalidad de los países del Sudeste Asiático representando para sus habitantes verdaderas condiciones de vida insalubres. En este sentido, FIBGAR trabaja con la reputada organización Forensic Architecture para analizar qué foros nacionales e internacionales podrían dar respuesta judicial a este ataque general y sistemático contra el medioambiente que tiene un impacto directo sobre los derechos humanos.

Otro caso paradigmático es el de la Mina Grasberg, en funcionamiento desde 1984: una de las explotaciones más rentables del mundo ubicada en la sierra de Mimika, en la provincia indonesia de Papúa Occidental, tierra ancestral de las etnias Amungme y Komoro. Su accionista principal es la multinacional Freeport McMoran Inc., aunque al parecer la mina está operada por PT Freeport Indonesia, subsidiaria de Freeport Inc. Esta mina de Grasberg ha estado vinculada a las fuerzas armadas de Indonesia, en cuyo salario se incluye proteger los intereses de la empresa. Los residuos tóxicos de esta mina se arrojan a los ríos Ajkwa-Otomina y llegan hasta el mar. El impacto medioambiental es severo. Amparada en las leyes locales Freeport actúa sin reservas.

Hay muchos más casos candidatos a ser calificados de ecocidio, algunos de muy reciente data, como el vertido de 720.000 litros de petróleo en Cullen, Región de Magallanes, Chile; la tala de árboles centenarios en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia; el depósito de lodo tóxico en los socavones de la comunidad de San Nicolás Tlaminca, México; el derrame masivo barriles de petróleo en Trinidad y Tobago; la contaminación del Río Santo Antônio do Grama, Minas Gerais, Brasil; la explotación masiva de recursos naturales, como el coltán , en la región de los grandes lagos en África; o la contaminación de los grandes ríos que parten de la meseta tibetana; o el incendio en la reserva ecológica Indio Maíz, Nicaragua, entre otros.

El interés económico envenena la tierra

Como ya adelantaba, estos hechos no son testimoniales. Continuamente nos enfrentamos a situaciones en que la búsqueda de beneficios por parte de las compañías, el interés económico de los gobiernos (o los gobernantes) no vienen restringidas por ninguna jurisdicción que pueda poner freno a la situación. Mientras tanto, tal interés económico envenena la tierra, aniquila la vegetación, a los animales. Los pueblos originarios y otros habitantes locales ven impotentes cómo se degrada su territorio y se les expulsa. Los activistas medioambientales, por su parte, pierden la vida por atreverse a obstaculizar las perspectivas de beneficios del Consejo de Administración de turno.

Estoy convencido de que la sociedad civil está llamada a exigir el desarrollo del derecho, a perseguir las infracciones administrativas y penales que ya existen en nuestros códigos y vigilar los algunos casos más atroces de flagrantes de agresiones medioambientales. En este contexto, la jurisdicción universal también ha de convertirse en un instrumento eficaz en la lucha contra la impunidad, no sólo derivada de las vulneraciones clásicas contra los derechos humanos, sino también contra los peores atentados contra la naturaleza.

El concepto de ecocidio se va abriendo camino y esto supone un indudable avance, pero resulta insuficiente, pues aún falta mucho antes de que sea reconocido como crimen internacional. Este futuro crimen internacional representa ya una amenaza para los derechos humanos fundamentales, para la paz internacional y para la seguridad y tendrá que ser tratado con la misma severidad que el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los de guerra y el crimen de agresión.

Todo esto, sin saberlo es lo que ya intuyen los más jóvenes que salen a la calle y lanzan su grito de advertencia. Nuestra obligación es respaldar su inquietud y dar respuesta, sumándonos de forma efectiva a su causa que es la de todos. La indiferencia es en este caso inaceptable y, definitivamente, un delito… Aunque sea por omisión.

La exhumación del dictador Francisco Franco se está demorando en exceso y eso lleva a que sus familiares, afines y devotos seguidores vayan ideando nuevos obstáculos y trabas a fin de intentar evitar que se lleve a cabo. Lo que indica una mala voluntad evidente que se traduce en una pérdida de tiempo – muy escaso por otra parte- ocupado en trámites burocráticos que finalmente soslayan los derechos, la dignidad de las víctimas y la ley de la Memoria Histórica.

En este país se han hecho grandes y sonadas afirmaciones sobre la calidad de nuestra democracia, en igualdad y equiparación con otras naciones desarrolladas, pero no es verdad. España sigue llevando atada al cuello la carga de una dictadura que no se acaba de marchar. Sucede porque existe todavía un poso de individuos que se resiste a avanzar y continúa trabajando en la propagación de un pasado que pone los pelos de punta y que escenifica verdaderas aspiraciones fascistas disfrazadas de grandes mitos patriarcales, guerreros y nacionales tan huecos como falsos. A tal punto que partidos que podríamos haber considerado de la derecha europea hace unos años, como es el caso del PP, ha sacado a flote a la primera oportunidad el tarro de las esencias más rancias y ahí tenemos a Pablo Casado que quiere seguir dejando la historia en las cunetas. Tanto es así que va del bracete con alegría de la ultraderecha de VOX, con el acompañamiento y anuencia, cada vez menos disfrazados, de Ciudadanos, dándoles la llave de la comisión que lleva estos temas en Andalucía para que “ponga orden” en esta materia. Nada mejor que introducir al zorro en el gallinero para acabar con las gallinas. Y si la suerte les sonríe pasará del experimento del sur al campo de pruebas del territorio nacional, que es lo que ambos pretenden.

La vestal principal encargada de mantener el fuego del recuerdo es la Fundación Francisco Franco, una organización impensable en país democrático alguno. Lo que propugnan se llama fascismo, sin paliativos. ¿Quién puede imaginar en Alemania una Fundación Adolf Hitler? Pues señores, aquí tenemos una entidad que hace apología de un golpista causante de millares de muertes y desapariciones y que para más desazón ha recibido subvenciones públicas para continuar sus actividades.

La última treta de esta Fundación, empeñada no ya en conmemorar sino en recuperar el pasado e imponerlo, ha sido generar una veintena -hasta donde se sabe- de demandas calcadas unas de otras contra la disposición técnica del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial necesaria para acometer la tarea de extracción de los restos del dictador. Tales demandas recalaron en diferentes juzgados de lo Contencioso de la comunidad madrileña, alertando en base a un informe técnico de arquitectos de esta entidad franquista, sobre un posible peligro en relación con la ejecución material de los trabajos.

Las demandas parecían descabelladas y planteadas para dilatar los plazos. Sin duda en el imaginario de la Fundación debía estar la idea de que unas nuevas elecciones podrían traer un Gobierno de otro signo más adecuado a sus intereses, que deje las cosas como están. En la línea del concepto de españoles de bien que propugnaban en su manifiesto de la Plaza de Colón las formaciones de derecha, que, en este punto, piensan de consuno.

Estas peticiones de medidas cautelosísimas, fueron inadmitidas o archivadas por diferentes magistrados de otros tantos juzgados madrileños de lo Contencioso. Por ejemplo, el juez número 13, Daniel Sancho Jaráiz, ha desestimado varias por considerar que la actuación urbanística precisa “no implica por sí misma una lesión al derecho fundamental del fallecido o sus familiares”. Y no ve este juez la justificación al alegato de que sería irreparable en el terreno del urbanismo los efectos de retirar la lápida.

Esta ha sido la tónica por el momento en diferentes juzgados hasta que una de las demandas llegó al número 3 de lo contencioso administrativo de Madrid cuyo titular, magistrado José Yusty Bastarreche, hijo de almirante franquista, que, según cuentan sus colegas, gusta de colgarse una condecoración castrense en su toga judicial y que no es muy amigo de la ley de Memoria Histórica. José Yusti ha decidido, en vez de abstenerse por tener claros prejuicios en el caso, suspender cautelarmente la obra de exhumación mediante una resolución que es un ejemplo de como un juez puede buscar fórmulas para retorcer el derecho y adaptarlo a sus convicciones.

Siguiendo el texto emitido por su señoría, lo que piden los demandantes es impugnar “el informe preceptivo del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, de fecha 26 de noviembre de 2018, con de registro de entrada nº 2018/5044, por el que se declaran admisibles las actuaciones urbanísticas consistentes en levantado del pavimento de mármol, retirada de la losa de piedra que cubre la sepultura de Francisco Franco, su traslado a otro lugar, la exhumación de los restos mortales del citado, formalización de muretes para el apoyo del forjado del hueco excavado mediante la colocación de rasillones y capa de compresión, y la reposición de la obra mediante losas de mármol negro”.

Entre otras cosas llamativas, a José Yusty le preocupa y cito textualmente: “es decisivo recordar que se trata de remover unas losas de mármol, que a su vez tapan una losa de granito de, al parecer, 2.000 Kgs. de peso, y no hace falta ser arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero ni maestro de obras para percatarse de que ello es de por sí es algo complicado, difícil de manejar, y por tanto peligroso por el riesgo evidente, que no hace falta explicar, de caída, rotura o cualquier otro accidente que pueda ocurrir, y que a su vez pueda causar daños a las personas, sin duda un grupo no escaso de ellas, que tienen que realizar la citada maniobra…”.

¿Qué diría este magistrado si tuviera que considerar el riesgo de construir un viaducto? ¿O de levantar un rascacielos? Apoyado en el informe técnico de los dos arquitectos de la Fundación Francisco Franco, plantea sus opiniones contrarias a la obra aduciendo además que “no hay que olvidar que la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos contiene una cripta, que necesariamente ha de ser grande, es decir, debajo de la basílica hay partes huecas, se supone que ejecutadas correctamente, pero el movimiento de la losa de piedra, que hay que recordar que es de 2.000 kg. de peso aproximadamente, puede desestabilizar el conjunto, al menos en la autorizada opinión de dos profesionales en la materia”. Dando por buena la opinión de los peritos de parte que consideran como recoge el magistrado que no se ha hecho un estudio serio y riguroso de la seguridad de toda la operación. Hay que suponer que aquel día, el juez Yusti se levantó con el pie derecho. O puede que ese pie sea su favorito, todos los días.

Pero, sea cual sea la tendencia ideológica de este magistrado en cuestión, desde luego, el razonamiento que utiliza en su resolución para paralizar la apertura de la cripta conduce al absurdo e impediría cualquier obra de reparación en cualquier circunstancia. Sin embargo, no atiende, y eso es lo llamativo, a una interpretación mucho más lógica y elemental, a la vez que más conforme con los intereses en juego: disponer que se garanticen las pertinentes medidas de seguridad que tanto le preocupan y autorizar la continuación de las obras que, por lo demás, deberán ser supervisadas por el personal técnico correspondiente, y así permitir que la exhumación no se paralice. Claramente el magistrado ha hecho una extralimitación ideológica al resolver la cuestión, vertiendo opiniones que exceden de lo que es una interpretación racional, razonada y protectora de los derechos de las víctimas. A no ser que, el juez Yusti, considere que la víctima es Franco y no los decenas de miles de desaparecidos, torturados, asesinados o esclavizados por orden de aquel.

Realmente es de suma gravedad que algunos jueces revictimicen a quienes sufren la injusticia con este tipo de resoluciones desde el punto de vista de una auténtica justicia anamnética, o dicho de otro modo, desde el reconocimiento de la vigencia de los derechos negados en su momento por los padecimientos inferidos voluntariamente a los inocentes y que siguen vigentes desde la memoria. Estas víctimas, siguen sufriendo el olvido y desconocimiento a causa de quienes tendrían que protegerlos. Tales decisiones nos humillan como pueblo, nos ponen fuera de la defensa y respeto a los derechos humanos y deberían ser erradicadas de nuestra convivencia.

Un pueblo que sufrió casi 40 años de dictadura lapidaria y que aún padece los efectos de la misma no se merece decisiones que, revestidas de ropajes jurídicos, realmente lo que hacen es desnaturalizar la verdadera justicia y ocultar su intención real de ir contra la reparación simbólica que supone la exhumación del dictador allí enterrado.

A veces y con todo el dolor de corazón reconozco que la desconfianza de muchos ciudadanos se justifica y ocurre que sí, que en ocasiones la justicia dispone de una vara de medir diferente, según quien sea el demandante que la solicita y el juez que la perpetra.

El bloqueo de los presupuestos y el consiguiente anuncio de adelanto electoral ha llenado de desolación a los españoles de bien que son la mayoría y que muchas veces no se manifiestan ni despliegan alharacas ni protagonismos. Hablo de la generalidad de conciudadanos preocupados por las pensiones; por el puesto de trabajo; por llegar a fin de mes; por dar de comer a sus hijos y proporcionarles estudios; de las mujeres que tienen que pelear para demostrar su valía a estas alturas de la película, siempre con el hándicap de que, por razones de género, se encuentran en situación inferior.

Hablo de la violencia contra ellas; de la falta de educación en valores; de los dependientes y discapacitados que buscan desesperadamente visibilidad; de la necesidad de impulsar la sanidad; la cultura y la ciencia. Pienso en todos aquellos puntos de la geografía que necesitan infraestructuras con urgencia tras un bloqueo de años; de las injusticias del día a día por razón de origen o procedencia. Pienso en la Justicia Universal que queda de nuevo aparcada acabando con las esperanzas de victimas de todo el mundo que no saben ahora hacia donde mirar. O en la desesperanza, otra vez de quienes buscan a sus familiares desaparecidos en una guerra cada vez más antigua y más impune.

Promesas y sueños rotos por un degenerado concepto sobre la política centrado en obtener el mando obviando su obligación de buscar el bienestar social. No se trata aquí del fracaso del Gobierno, sino de la impudicia de la oposición. PP y Ciudadanos han dedicado su esfuerzo en estos nueve meses de administración socialista a golpear al Ejecutivo mediante todos los medios posibles, incluyendo el insulto y la superchería. Sin escrúpulos, utilizando la crispación como herramienta.

De otro lado los independentistas catalanes que, en su mundo paralelo, han contribuido a la inquietud social obviando los deseos de la mayor parte de la población catalana, negando la negociación política. Evidencian una postura que lleva a pensar de una parte en que ponen por delante su pelea interna por el predominio político y de otra, que necesitan enfrentarse a un Gobierno que utilice la represión como forma de justificar su fantástico relato. Planteamiento este último que el PP en particular, su fiel acompañante Ciudadanos y sin duda VOX, su referente de cabecera, acogen con entusiasmo.

Tal proximidad de intenciones entre la derecha y los soberanistas se muestra en dos escenarios. El primero en la votación de los Presupuestos Generales del Estado donde coincidieron en su decisión en contra. El segundo en relación al juicio sobre el procés en el que los exabruptos de Pablo Casado y Albert Rivera, líderes del PP y Cs, hacia el alegato en sala del exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras llevan a pensar que, siguiendo sus palabras, lo consideran no como un político preso sino que lo ascienden a la categoría de un preso político, justo lo que el soberanista y sus compañeros venían reivindicando

¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Cómo hemos podido alcanzar una situación en que las malas palabras y los discursos difamatorios y vacíos de contenido hayan tomado la voz en el Parlamento? Partimos de una situación de años de corrupción por parte de un Gobierno del Partido Popular, que aún seguirá en los tribunales durante largo tiempo y sobre el que vamos averiguando nuevos y escandalosos asuntos de continuo. Sus herederos han intentado disfrazarse de aire fresco, pero no lo consiguen. Les acompaña el hedor de la podredumbre, la falta de valores y los modos atávicos basados en la represión y la sumisión a los señores de la economía. Frente a esta alarmante triada que componen PP, Ciudadanos y Vox, hace falta un espacio común progresista para hacer más Europa, más España y más sociedad y por tanto, más democracia. Eso impulsamos desde Actúa.

Nos esperan tiempos insufribles. Se abren las compuertas de una campaña que estará plena de mentiras interesadas y gratuitas, de injurias y malos modos. Apenas una hora después del anuncio de Sánchez, ya Pablo Casado volvía a remachar las mismas falsedades que ha estado utilizando como argumento en los últimos días para agredir al enemigo. Ya saben, en resumen que la intención del Gobierno socialista era lograr una España arrodillada ante los interesados en destruirla. Casado y sus socios, Rivera y Abascal, se ofrecen como redentores pasando por encima de la ética. Sin pudor alguno. Salvadores terribles con piel de cordero, victimarios en suma de una sociedad que no se merece esto.