Tras un curso marcado por la “normalidad” en nuestras universidades, atípico si tenemos en cuenta los procesos de conflicto y movilización estudiantiles que veníamos viviendo desde hace 4 años, la lucha contra el 3+2 supone una ocasión para reactivar políticamente a los estudiantes como uno de los motores del cambio y la unidad popular. 

La reforma que ha suscitado el interés mediático y el descontento masivo estudiantil estos últimos meses ha sido el Decreto 43/2015, conocido como “3+2”, que permite a las Universidades reducir los grados a 3 años y aumentar los másters a 2. Somos de la opinión, al igual que otros, de que centrar el debate en torno a la cuestión de la duración de los planes de estudios es un error estratégico porque, aunque resulte paradójico, no es esto lo que interesa a quienes nos lo imponen. Para la mafia que nos gobierna lo fundamental es atacar el carácter social de la Universidad en tiempos de crisis, impugnar el elemento democratizador que esta venía teniendo en la incorporación de sectores de las capas populares a la formación técnica y superior, y en su lugar consolidar un modelo de Universidad para un país donde la investigación y la ciencia están relegadas a un modelo productivo de casino. La reforma de los planes de estudios no tiene pues como fin adaptar nuestro sistema universitario a Europa –por cierto, en la mayoría de países europeos el 3+2 no es la norma– ni mejorar la eficiencia del mismo, sino plantear que la democracia y los de abajo no tienen cabida en éste. Cuestionar el 3+2 quedándonos en el problema de la duración de las carreras es un terreno de juego cómodo para el Ministerio. Plantear que es necesaria una reforma que garantice que la Universidad se ponga a trabajar para la mayoría es más interesante políticamente.

La iniciativa “Referéndum 3+2” surge como una cuña que rompe con la señalada monotonía de desmovilización, y abre una grieta que ofrece oportunidades de futuro. Realizado esta semana en las Universidades públicas madrileñas, ha tenido unos índices de participación claramente exitosos, con más de 30.000 estudiantes votando y evidenciando que hay una manifiesta mayoría estudiantil que se siente silenciada por las reformas de Wert, que rechaza un modelo de grados de 3 años y que exige que se garantice el derecho al acceso a la enseñanza superior. 

Una de las claves que explican este éxito del referéndum es su voluntad por superar el carácter reactivo de las movilizaciones por la educación pública. Si venimos acostumbrados a una lucha estudiantil subalterna, que se limita a reaccionar a una decisión o medida del Ministerio para despertar una respuesta por parte del movimiento estudiantil, de lo que se trata es de articular una demanda estudiantil en torno a una agenda propia que pase por la apuesta de construir Universidad para la mayoría. Decimos que el 3+2 abre una ventana de oportunidad para constituir una demanda estudiantil que aspire a ganar una voluntad social mayoritaria porque pone en el centro del debate la cuestión universitaria, porque saca a relucir las deficiencias de nuestro sistema de enseñanza superior en comparativa con los otros países europeos, y porque permite evidenciar cómo un derecho básico que se reconoce formalmente y se asume socialmente es sistemáticamente negado y expropiado por las élites.

Hay un hecho destacable: no sólo se ha preguntado a los estudiantes si están a favor de la modificación de los planes de estudios –cuestión que es obvia que no si se tiene en cuenta el rechazo social y mediático casi instantáneo que generó–, sino que se ha planteado la necesidad de reivindicar la Universidad como un bien social imprescindible en nuestro tiempo no sólo para los estudiantes sino para el conjunto de capas afectadas por la salida antisocial a la crisis. En buena medida el referéndum ha conseguido problematizar la cuestión universitaria como una cuestión social: reclamar retomar la voz a quienes han sido silenciados y con ello sentar las bases para plantear, como decíamos, que la Universidad pública es esencial para una salida a la crisis en favor de la mayoría, esencial, en definitiva, para un país con dignidad y democracia.