Tras un curso marcado por la “normalidad” en nuestras universidades, atípico si tenemos en cuenta los procesos de conflicto y movilización estudiantiles que veníamos viviendo desde hace 4 años, la lucha contra el 3+2 supone una ocasión para reactivar políticamente a los estudiantes como uno de los motores del cambio y la unidad popular. 

La reforma que ha suscitado el interés mediático y el descontento masivo estudiantil estos últimos meses ha sido el Decreto 43/2015, conocido como “3+2”, que permite a las Universidades reducir los grados a 3 años y aumentar los másters a 2. Somos de la opinión, al igual que otros, de que centrar el debate en torno a la cuestión de la duración de los planes de estudios es un error estratégico porque, aunque resulte paradójico, no es esto lo que interesa a quienes nos lo imponen. Para la mafia que nos gobierna lo fundamental es atacar el carácter social de la Universidad en tiempos de crisis, impugnar el elemento democratizador que esta venía teniendo en la incorporación de sectores de las capas populares a la formación técnica y superior, y en su lugar consolidar un modelo de Universidad para un país donde la investigación y la ciencia están relegadas a un modelo productivo de casino. La reforma de los planes de estudios no tiene pues como fin adaptar nuestro sistema universitario a Europa –por cierto, en la mayoría de países europeos el 3+2 no es la norma– ni mejorar la eficiencia del mismo, sino plantear que la democracia y los de abajo no tienen cabida en éste. Cuestionar el 3+2 quedándonos en el problema de la duración de las carreras es un terreno de juego cómodo para el Ministerio. Plantear que es necesaria una reforma que garantice que la Universidad se ponga a trabajar para la mayoría es más interesante políticamente.

La iniciativa “Referéndum 3+2” surge como una cuña que rompe con la señalada monotonía de desmovilización, y abre una grieta que ofrece oportunidades de futuro. Realizado esta semana en las Universidades públicas madrileñas, ha tenido unos índices de participación claramente exitosos, con más de 30.000 estudiantes votando y evidenciando que hay una manifiesta mayoría estudiantil que se siente silenciada por las reformas de Wert, que rechaza un modelo de grados de 3 años y que exige que se garantice el derecho al acceso a la enseñanza superior. 

Una de las claves que explican este éxito del referéndum es su voluntad por superar el carácter reactivo de las movilizaciones por la educación pública. Si venimos acostumbrados a una lucha estudiantil subalterna, que se limita a reaccionar a una decisión o medida del Ministerio para despertar una respuesta por parte del movimiento estudiantil, de lo que se trata es de articular una demanda estudiantil en torno a una agenda propia que pase por la apuesta de construir Universidad para la mayoría. Decimos que el 3+2 abre una ventana de oportunidad para constituir una demanda estudiantil que aspire a ganar una voluntad social mayoritaria porque pone en el centro del debate la cuestión universitaria, porque saca a relucir las deficiencias de nuestro sistema de enseñanza superior en comparativa con los otros países europeos, y porque permite evidenciar cómo un derecho básico que se reconoce formalmente y se asume socialmente es sistemáticamente negado y expropiado por las élites.

Hay un hecho destacable: no sólo se ha preguntado a los estudiantes si están a favor de la modificación de los planes de estudios –cuestión que es obvia que no si se tiene en cuenta el rechazo social y mediático casi instantáneo que generó–, sino que se ha planteado la necesidad de reivindicar la Universidad como un bien social imprescindible en nuestro tiempo no sólo para los estudiantes sino para el conjunto de capas afectadas por la salida antisocial a la crisis. En buena medida el referéndum ha conseguido problematizar la cuestión universitaria como una cuestión social: reclamar retomar la voz a quienes han sido silenciados y con ello sentar las bases para plantear, como decíamos, que la Universidad pública es esencial para una salida a la crisis en favor de la mayoría, esencial, en definitiva, para un país con dignidad y democracia.

Sin grandes competencias municipales ni financiación resultan desconocidas para la mayoría de la población, cuyo contacto con las mismas se limita a los trámites burocráticos

Su denominación varía dependiendo de la ciudad en la que nos encontremos. Pueden ser consellers de districte, en Barcelona, vocalías vecinales en Madrid, o, más sencillamente vocales de las Juntas Municipales de Distrito, Parroquia o Barrio en gran mayoría de los municipios del Estado. Su función, sin embargo, suele ser similar según los reglamentos municipales: articular la participación ciudadana en los Ayuntamientos y gestionar la prestación de servicios descentralizados a sus habitantes. Esto en teoría, porque en la práctica política de las últimas décadas, y salvo honrosas excepciones, las entidades locales menores de carácter territorial, como se las conoce en Derecho Administrativo, han sido efectivamente “menores de edad”, políticamente hablando. Sin grandes competencias municipales ni financiación resultan desconocidas para la mayoría de la población, cuyo contacto con las mismas se limita a los trámites burocráticos.

El panorama es gris, pero en el horizonte se pueden vislumbrar claros entre las nubes. Mucho tienen que decir al respecto la red de “Ciudades por el bien común”, rótulo bajo el que se reunieron a principio de septiembre en Barcelona los equipos de gobierno de los principales Ayuntamientos en los que las candidaturas unitarias y municipalistas triunfaron el pasado 24 de Mayo. Ciudades que ya repetimos de carrerilla, quien para ensalzarlas quien para demonizarlas. 

Pues bien, en muchas de ellas, en estas semanas, se van a constituir las Juntas de Distrito con sus consellers o vocales, como corresponde al inicio de los nuevos mandatos municipales. Las Candidaturas unitarias que auparon a los alcaldes y alcaldesas “del cambio” no han dejado pasar la oportunidad para innovar y democratizar la elección de las vocalías vecinales. Por ejemplo, ya se han realizado elecciones abiertas a toda la ciudadanía por parte de Barcelona en Comú y, mientras escribo estas líneas, está abierto el plazo para votar en las de Zaragoza en Común. En Madrid, la elección ciudadana de las vocalías vecinales de Ahora Madrid culminará este domingo 27 y lunes 28 de Septiembre con las votaciones presenciales en los 21 distritos que componen la capital.

Pero ¿qué sentido tiene hacer una elección participativa de unas figuras institucionales que no importan a nadie ni tienen competencia alguna? En primer lugar, precisamente, dar a conocer la existencia de las vocalías vecinales a nuestros vecinos y vecinas. En segundo, evidenciar la contradicción entre la irrelevancia del papel actual de juntas y vocalías y la potencialidad política que encierran. 

Una potencialidad sobre la que no cabe engañar a nadie a inicios de este curso político. En el mensaje de año nuevo de 1973 Salvador Allende lo expresó así: “En vísperas de un nuevo año sería muy grato decirles que todo será fácil; desgraciadamente no es así”. En efecto, no va a resultar fácil transformar esta realidad en sus dos vertientes, institucional y de movilización popular.

En el ámbito institucional, en Madrid, se acaba de iniciar el largo y tortuoso camino hacia la reforma de los Reglamentos Municipales de Distrito y Participación en aras de conceder mayores competencias a las Juntas de Distrito, con financiación y recursos humanos aparejados, y establecer canales vinculantes de participación en los distritos. Deberes a medio plazo que en ningún caso van a poder llevarse a cabo si hasta que llegue esa reforma nos quedamos de brazos cruzados. En el “interregno” hay que ir dotando de protagonismo a los vecinos y vecinas en las Juntas de Distrito, articulando los espacios de participación ciudadana en los que las vocalías rindan cuentas y reciban propuestas, aportando a la elaboración participativa de los presupuestos del año que viene.

Han corrido ríos de tinta sobre la relación entre instituciones y movimientos sociales, sobre poder institucional y contrapoderes ciudadanos, sobre la tensión entre democracia representativa y participativa. En el marco político municipal surgido tras el 24 de Mayo, nos enfrentamos a una oportunidad única que a la vez es una prueba de fuego: llega la hora de mancharse las manos y bajar al barro. El proceso de descentralización municipal y el papel político que se asigne a las vocalías vecinales nos enfrentan al reto de pasar de una consigna tan bella como “la democracia empieza en lo cercano” a su disputa en la realidad política y social, distrito a distrito, barrio a barrio.