Ciertamente me siento avergonzado por la posición y política seguida por los Ministros y Jefes de Estado de la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea cuando abordan, con un sentido mercantilista, el drama humano cotidiano de miles de desplazados y refugiados transportados por las mafias  en lo que va de año. De nuevo el Consejo de Ministros de los 28  ha fracasado en la reunión del 20 de julio 2015 celebrada para repartir y reubicar  los más de 40.000 refugiados llegados a “la tierra prometida” por tierra mar y aire.

Una gran mayoría de estos solicitantes de asilo o refugio, arribaron a las costas de Grecia, Italia y España. Evidentemente no pueden entrar dentro de este cómputo los muertos y ahogados, durante los seis primeros meses de este año, en el eufemísticamente llamado “Mare Nostrum”, al que pronto deberemos de denominar “Cementerium Nostrum”.

El papa Francisco I exclamó con lágrimas en los ojos, al visitar Lampedusa hace ya más de un año y ante  los ataúdes allí depositados en un polígono deportivo, “mi fa vergogna”. Me atrevo a insinuar que el concepto “vergüenza”,  no debe ser el mismo cuando los jefes de Estado y primeros ministros europeos intentan rechazar las cuotas acordadas de las personas perseguidas o que huyen de las guerras.

La Unión Europea no tiene presentes los pilares que han dado lugar a su fundación en defensa de los derechos humanos , al gestionar los derechos de los asilados y refugiados, provenientes de guerras, dictaduras, regímenes corruptos, de Siria o Irak, y de los “no-Estados”  como Libia. Nos sorprende que los Estados debatan meses y meses el reparto de cuotas de aquellos refugiados que nadie quiere, entre otras cosas porque no dan votos. Al contrario, fomentan actitudes xenófobas o racistas en su electorado i ciudadanía.

Algunos Estados de la Unión, entre ellos España, regatean y pretenden esperar a “las rebajas de refugiados” para no asumir sus obligaciones, mientras otros, como Hungría o Austria,  ni tan solo aceptan una pequeñísima cuota de acogida en la nueva reubicación.

España acogerá a solo 1.300 refugiados de los 4.288 que tenía asignados inicialmente. Los más generosos son, por ahora, Alemania y Francia con 10.500 y 6.752, respectivamente. Reino Unido, Austria, Hungría o Dinamarca en este reasentamiento no han aceptado ningún refugiado más. Incluso Hungría está levantando muros (no vallas como en Ceuta y Melilla) para evitar la entrada de emigrantes y refugiados por su frontera sur y este.

Lo cierto es que el problema es muy grave afectando a toda la ciudadanía europea y a los Estados de acogida pero a la vez, pone en entredicho los valores que presiden la Unión Europea contenidos en el Tratado de la Unión, en la Carta de Derechos Fundamentales y en los tratados de Derechos Humanos firmados por todos ellos como son, entre otros: el Convenio de Ginebra sobre Refugiados; el Convenio Europeo de Derechos Humanos; el Convenio de Dublín, y todo el derecho derivado emanado de las instituciones de la Unión y que los Estados miembros están obligados a cumplir acorde con el  Derecho Internacional.

Lo que realmente sorprende es que la falta de acuerdo se produzca al tratar de las personas refugiadas, asilados o desplazados por situaciones bélicas, mientras que – por comparar-  al tratar de temas económicos, acuerdos monetarios y financieros, los acuerdos cuestan pero finalmente se firman y casi por unanimidad.

Sin querer justificar ninguna política interna de un Estado deudor, Grecia es un vivo ejemplo de esta disparidad de raseros europeos. El tira y afloja sobre su deuda, la reestructuración de la misma, el rescate, y las garantías ofrecidas a los acreedores y bancos, son una prueba de esta vertiente economicista de la Europa de los mercaderes. Han tardado en encontrar una vía de solución y evitar la hecatombe del Euro y quizás de la economía griega (no de los griegos) pero, al final, se ha conseguido.

Los noticiarios nos mostraban día tras día estos encuentros que acababan a altas horas de la madrugada y que se sucedían con los mismos actores y primeros ministros. Todos les conocemos como si fueran de nuestra familia. Siempre estaban de “cumbre” y generalmente  en Bruselas.

Pero cuando los mismos actores tratan de personas,  de los refugiados y de las cuotas que están pendientes de repartirse, las reuniones ni son urgentes, ni parecen necesarias, ni son de primera página de los periódicos o noticiarios. Hay tiempos muertos, vacaciones y fines de semana.

Los 28 Miembros de la U.E no se pusieron de acuerdo en el reparto y reasentamiento de quienes están en los centros de internamiento o en hangares insalubres en muchas fronteras, y muy a pesar de esta dramática situación humana. Los Ministros, sin ninguna prisa ni urgencia y con una saludable sonrisa , volvieron a sus casas y  acordaron volverse a reunir para tratar este tema humanitario el próximo otoño, después de las vacaciones estivales.

Cabe pensar fríamente a tenor de lo que vemos, que la Europa de los mercaderes está volviendo a sus orígenes mercantilistas y se están tratando a los refugiados, asilados y desplazados, no como seres humanos titulares de  derechos y libertades mínimas, sino como “mercancías” no queridas en el mercado interior y desechable.

Hemos descubierto - no sin sorpresa y estupor- que en España y concretamente en el Registro Civil de Barcelona, para obtener la nacionalidad española por residencia, a la que tiene derecho los residentes extranjeros, el solicitante o aspirante debe demostrar unos conocimientos de cultura política, constitucional y legal semejantes a las de un Doctor en Derecho o en Ciencias políticas. El examen de cultura general e integración que el Registro Civil somete al extranjero-inmigrante consisten en preguntas que la mayoría de los españoles “de origen” y con estudios superiores, a buen seguro, suspendería.

Los extranjeros residentes en España tienen un “derecho expectante” a la nacionalidad española, ciudadanía de la Unión Europea y, en según qué supuestos, a la doble nacionalidad, derecho tipificado y garantizado en los artículos 21 y 22 del Código Civil. Debe acreditarse  la  residencia  en España y probar un intangible como es su suficiente integración en la sociedad española y en la España de las Autonomías.

Así pues, los requisitos legales exigidos a cualquier no nacional español para obtener tan preciado status son de dos clases: 1) Objetivo: haber residido en España de forma continuada, legal y anterior a la solicitud durante diez, cinco, dos años o un año según sea la nacionalidad de origen o su status personal; 2) Otros conceptos jurídicos indeterminados como son el de tener una buena conducta cívica y un suficiente grado de integración en la sociedad española o en su caso la catalana, vasca o andaluza etc.

Los jueces encargados del Registro Civil son la autoridad competente para tramitar el expediente de obtención de la nacionalidad española por residencia y, quienes, a su vez, apreciaran, a su juicio subjetivo y discrecional, el grado de integración del extranjero peticionario, sea cual sea su formación, en la sociedad. No es difícil de entender que su nivel de conocimientos o integración no será el mismo si se trata de un extranjero jubilado, un  inmigrante llegado en patera, un trabajador agrícola, un ciudadano de la Unión, Doctor en Derecho, o un directivo de una empresa multinacional con sucursales en España.

Como acostumbra a pasar en este país no hay unos criterios uniformes para valorar el grado de integración objetivos, y así, cada Registro Civil tiene sus propias normas subjetivas, formularios y criterios, por lo que puede concluirse  que  “cada maestrillo tiene su librillo”. En la práctica se establece un curioso “ranquing de Registros ”: unos más tolerantes con el aprobado que otros, y  variará  según las autonomías y ciudades de la piel de toro, a la par que la idiosincrasia de los funcionarios (no de los Jueces) que frecuentemente llevan a cabo el trámite y hacen las preguntas. Es decir, un prodigio o modelo de igualdad ante la Ley al que también tienen derecho los extranjeros (art 14 CE) por expresa disposición de los arts. 11.1 y 13.1 de la Constitución y una  abundante jurisprudencia constitucional referida al  alcance de la igualdad de los extranjeros en el ejercicio de los derechos.

A nuestro modesto entender son precisamente en aquellas preguntas relativas a la cultura o integración del extranjero en España donde se produce el “dislate” absurdo que puede conducir, de hecho, a la negación de aquel “derecho expectante” a la nacionalidad española que para muchos es vital. A modo de ejemplo destacamos algunas preguntas formuladas en el Registro Civil de Barcelona:

¿Funciones de los delegados del gobierno?

¿Cuál es la institución como Alto Comisionado de las Cortes Generales?

¿Artículo 22.5 de la Constitución?

¿Un árbol con frutos es un bien inmueble?

¿Explique los límites territoriales?

¿Nombre tres Ministros o que nombre recibe la Cámara territorial?

Como puede apreciarse a simple vista, un 90% de los españoles con estudios secundarios e incluso licenciados suspenderían este examen sin derecho a repesca. Tengamos presentes que la nacionalidad a quienes la solicitan puede suponer un cambio existencial para ellos y sus familias. Dejan de ser no nacionales, y aunque inmigrantes, no podrán ser expulsados.

Las normas tienen una razón de ser y por ello esta práctica que aquí denuncio, si se extiende, es contraria a la “ratio legis” de la norma. Por ello, si lo que se pretende es impedir que un extranjero sin cultura universitaria pueda devenir español lo más fácil resultaría derogar los artículos 21 y 22 del Código Civil y así nos evitaríamos agravios comparativos e injusticias. Hay una figura más fácil que es la de la concesión de la nacionalidad por “carta de naturaleza”, que es discrecional del Gobierno y no requiere saber nada de España, de su cultura ni residir en ella.

De mantenerse el derecho a obtener la nacionalidad debe de unificarse y actualizarse periódicamente un cuestionario generalizado válido para todos los Registros Civiles, con especialidades para cada autonomía y, especialmente, dar publicidad a las preguntas más complejas o eruditas para garantía de los optantes.

No puede exigirse un nivel de conocimientos tan altos que pueda poner en ridículo a los propios españoles “de origen” y, cuestionar a estos últimos (los españoles) si están o no suficientemente “integrados”. Los españoles de origen no pueden perder la nacionalidad de origen en virtud del art 11.2 de la Constitución, ni como sanción ni  por carecer de cultura o grado de integración en la Autonomía o localidad en la que residan.

Quizás, ahora que se legisla tanto, podría tipificarse una nueva forma de pérdida de nacionalidad española “por ignorancia cultural”. ¡A buen seguro la población española quedaría diezmada drásticamente!