Desde que comenzó a forjarse el actual Gobierno andaluz con el apoyo explícito e imprescindible de Vox, esta formación de extrema derecha reclamó que se hicieran auditorías para demostrar que el llamado sector instrumental de la Junta de Andalucía era un conjunto de “chiringuitos” al servicio del PSOE. Sus dirigentes exigen desmantelarlo porque “cuesta una fortuna a los andaluces, no aporta beneficio alguno a la gestión de lo público” y solo sirve para que los socialistas controlen el presupuesto. De hecho, la realización de tales auditorías fue una de las condiciones que impuso Vox al Partido Popular y a Ciudadanos para que pudiera constituirse el Gobierno presidido por Juan Manuel Moreno.

Ahora, dos años y medio después, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha presentado sus resultados resumidos en un informe titulado ‘Auditorías del sector público instrumental’. Sorprendentemente, el Gobierno tan solo ha publicado hasta ahora 33 de las 54 auditorías realizadas.

Por lo que indica el informe, las auditorías no han cuantificado el supuesto derroche millonario de todos esos organismos sino que se limitan a presentar sus resultados haciendo referencia a cuatro grandes problemas. Y, con independencia del análisis pormenorizado de estas auditorías que se podrá hacer una vez que se publiquen todas ellas, lo que muestra ese documento dista mucho de los juicios que ha venido haciendo la derecha andaluza sobre la gestión del PSOE cuando, solo o en coalición, ha gobernado Andalucía.

Las auditorías no han cuantificado el supuesto derroche millonario de todos esos organismos sino que se limitan a presentar sus resultados haciendo referencia a cuatro grandes problemas

El primer problema analizado es la duplicidad de su funciones y competencias respecto a la administración general.

Según el informe del Gobierno andaluz, tan solo habría cinco entes en donde se produce esa duplicidad, lo que significa que el supuesto “gran problema” únicamente se da en el 9,2% de los 54 casos analizados. Aunque en las conclusiones, como veremos enseguida, se cambia de criterio y se dice que son 20. No sabemos si en las auditorías hay más entes con este problema pero es fácil deducir que, si realmente los hubiera, habrían aparecido igualmente mencionados en este informe.

El segundo problema que, según el informe, ha sido detectado por las auditoras es la mala gestión, pero también en este caso sorprenden los resultados. Tan solo se mencionan seis casos en donde se haya detectado, lo que significa que solamente habría mala gestión en el 11,1% de los entes estudiados, en el 6,5% del total de 92 existentes, o en el 1,8% si a estos últimos se les añaden los organismos en los que la Junta de Andalucía solo tiene una pequeña representación.

El tercer problema que, según dice el informe, han puesto sobre la mesa las auditorías es el relativo a los recursos humanos. Al respecto afirma que en el sector hay un “caos organizativo”, una expresión muy contundente y muy poco propia del lenguaje de la auditoría, por lo que sería interesante saber si realmente ha sido utilizada por las empresas que las han realizado o si es producto exagerado del Gobierno andaluz, tan deseoso como está de poner en solfa la herencia socialista.

Lo curioso es, sin embargo, que el informe presentado por el Gobierno prácticamente se limita a señalar como fuente o expresión de este “caos” a la existencia de 66 convenios colectivos. Algo sorprendente porque su existencia nunca puede ser el resultado de un capricho sino de un imperativo legal y porque, lejos de expresar desorden, más bien indica que las relaciones laborales están claramente normativizadas.

En el terreno laboral señala el informe otros problemas como los sueldos por encima de los de la administración o del mercado en algunos organismos, la alta litigación contra la administración o la contratación innecesaria. Pero también en este caso lo cierto es que solo se vuelven a citar seis casos de organismos con irregularidades de este tipo (de nuevo el 11,1% de los organismos estudiados). Insistimos, es posible que las auditorías hayan encontrado más pero vuelve a ser sorprendente que, si fuese así, los redactores del informe no hayan utilizado los números “de infarto” que anticipaban los líderes de la derecha andaluza para demostrar, sin ningún género de dudas, su tesis sobre la maldad de los gobiernos de izquierda anteriores.

Finalmente, el informe indica que las auditorías han evaluado la utilidad pública de los entes del sector instrumental. Este sería el apartado, por tanto, en el que debería corroborarse la tesis original de Vox que luego hicieron suya el Partido Popular y Ciudadanos. Pero el informe vuelve a dar aquí una sorpresa pues señala que las auditorías tan solo consideran que carezcan de utilidad pública tres entes, a saber, el Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, la Fundación Doñana 21 y la Red de Villas Turísticas de Andalucía.

¿Tanto bochinche como el orquestado por Vox, tantos insultos y acusaciones, tanta amenaza con las auditorías para que ahora las empresas auditoras tan solo reconozcan a tres entes de más bien poca monta como carentes de utilidad o beneficio público?

El informe hace referencia, por último, a las conclusiones y “recomendaciones más relevantes” de las auditorías y aquí es donde se comprueba finalmente que toda la campaña contra la administración “paralela” de los gobiernos socialistas que los partidos de la derecha andaluza han orquestado durante años es un auténtico bluf.

Se comprueba finalmente que toda la campaña contra la administración "paralela" de los gobiernos socialistas que los partidos de la derecha andaluza han orquestado durante años es un auténtico bluf

Según el informe de la Junta de Andalucía, las auditorías encuentran que hay duplicidades, como hemos dicho anteriormente, en 20 de los 54 organismos analizados, es decir, en poco más de la tercera parte, no en la totalidad, como se dice. Y, en todo caso, las auditorías no señalan, o al menos no lo advierte el informe, que eso sea un problema que deba obligar a extinguirlos. Otras seis entidades “podrían mantenerse con cambios leves”, 14 deberían o extinguirse (1) o fusionarse o integrarse (13) y “habría que reconfigurar” otras 13, aunque –como prueba del desorden con que se presenta el informe– en este grupo se incluyen alguna cuya extinción se propone.

Y a todo lo anterior hay que añadir una última consideración. Según el informe, las auditorías se han realizado, como hemos dicho, sobre 54 de los 92 organismos o agencias que forman parte del sector instrumental, es decir, más o menos la mitad de todos ellos. ¿Alguien puede creer que las empresas auditoras contratadas por el Gobierno han dejado sin analizar precisamente a los que peor funcionan? Nosotros más bien tenemos la sospecha de que ha sido al revés, se ha auditado justo la parte del sector instrumental con mayores problemas de gestión. Pero ni siquiera así se puede decir, como hace la derecha, que TODO él sea ineficiente y que esté justificado o tenga fundamento el completo desmantelamiento que propone Vox.

A la vista de lo expuesto en el informe que estamos comentando, lo que se ha producido es un auténtico fiasco. El Gobierno andaluz, llevado de un prejuicio y de la presión de la extrema derecha, contrata a empresas privadas para que hagan una auditoría que tiene como objetivo realizar “una disminución generalizada de las entidades existentes” en el sector instrumental de la Junta de Andalucía, según dice literalmente el informe. Sin embargo, una vez realizadas las auditorías no se deduce claramente que esa sea la solución necesaria para la generalidad de los entes que lo conforman

Quienes firmamos este artículo hemos defendido siempre que el dinero público se gaste con estricto rigor, con plena pulcritud y transparencia absoluta hasta el último euro. Aunque solo hubiera un ente con mala gestión o despilfarro, ya sería mucho en nuestra opinión, vaya eso por delante. En muchas ocasiones hemos reclamado reformas que impidan no ya la corrupción, sino el uso ineficiente del dinero público. Por tanto, no vamos a quitar importancia a la mala gestión, a las duplicidades funcionales, al descontrol o a la falta de justificación que pueda haber o haya habido en el sector instrumental de la Junta de Andalucía cuando ha gobernado el PSOE. Pero eso es una cosa y otra hacer creer, como ha pretendido hacer la derecha andaluza, que todo este sector es ineficiente, derrochador, carente de utilidad pública y que, por tanto, deba desaparecer por ser una creación demencial o corrupta del Partido Socialista.

Es el propio informe de la Junta de Andalucía que acabamos de glosar el que pone de relieve que ese tipo de problemas solo se produce en algunos casos y no con generalidad. Y, además, estaría por demostrar que ese mal funcionamiento o el sobrecoste que lleve consigo (una vez cuantificado) sea algo inherente a la naturaleza instrumental de esos organismos o si se debe a defectos que igualmente pueden darse en la administración general. Y que, por supuesto, hay que solucionar.

Es el propio Gobierno de la Junta de Andalucía quien demuestra que lo que vienen diciendo los partidos de la derecha andaluza sobre los anteriores ejecutivos del PSOE es una exageración, una verdadera infamia

Con este informe, es el propio Gobierno de la Junta de Andalucía quien demuestra que lo que vienen diciendo los partidos de la derecha andaluza sobre los anteriores ejecutivos del PSOE es una exageración, una verdadera infamia. Prueba de ello es, por un lado, que el propio Gobierno de la derecha no solo siga utilizando los organismos del sector instrumental de la Junta de Andalucía sino que haya creado otros nuevos. O, por otro lado, que en los últimos dos años y medio apenas haya reducido el personal laboral contratado por los 92 entes, pues tan solo ha disminuido de 28.981 a 28.443, es decir, 553 personas en toda Andalucía.

El ruido que durante estos últimos años ha levantado la derecha andaluza sobre este problema es una clara manifestación más de la mala fe y de la impresionante falta de ética que domina la política española.

Hay que reformar la administración pública andaluza, por supuesto que sí. Hay que acabar con las duplicidades, ineficiencias y sobrecostes innecesarios. Esa es también nuestra opinión. Y pensamos que criticar la gestión de los adversarios políticos no solo está bien sino que es obligado. Pero el diseño de esas reformas y esa crítica han de hacerse con honestidad y rigor y no a base de engaños y presunciones carentes de fundamento, como en el caso que hemos comentado. La derecha andaluza que se proclama tan patriota hace un flaco servicio a sus compatriotas cuando actúa de esta forma. Los andaluces y todos los españoles necesitamos un planteamiento más honesto de los problemas que efectivamente tenemos, más concordia y respeto a la verdad y al honor. Todo lo que contrario de lo que, en este caso, está haciendo la derecha que gobierna la Junta de Andalucía con el apoyo y la inspiración del extremismo de Vox.

Durante y como consecuencia de esta crisis, se ha producido un incremento significativo de las enfermedades mentales, directamente relacionadas a su vez con el número de suicidios.

Las “políticas de individualización” deben ser remplazadas por políticas sociales que no inculpen a los sujetos de las adversidades que sufren, garantizándoles derechos irrenunciables como la salud, la vivienda o el empleo.

Los suicidios representan un problema social que aunque ha sido históricamente invisibilizado a la opinión pública, es de gran importancia para la salud mundial. Su prevención es un tema prioritario para la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los sistemas de salud nacionales.

Los datos oficiales de España, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), indican que el número de suicidios ha experimentado una tasa creciente en los tres últimos años y que en 2013 se alcanzó el mayor número de los últimos catorce años. Una evolución preocupante, sobre todo si se tiene presente que estos datos están subestimados debido a las limitaciones de las estadísticas nacionales e internacionales para registrar casos de suicidios consumados. Así, mientras que según el INE en 2010 se produjeron 2.485 suicidios, el Instituto de Medicina Legal eleva la cifra a 2.930.

En el año 2013 fallecieron 3.870 personas por suicidio (2.911 hombres y 959 mujeres), situándose de nuevo como la principal causa externa de muerte, por delante de los accidentes de tráfico. Eso representa una tasa de suicidio de 8,3 por cada 100.000 personas (12,7 en los hombres y 4,1 en las mujeres).

Es necesario visibilizar las cifras de suicidios y el aumento de enfermedades mentales y ponerlas en relación con la crisis económica y el cambio de modelo social.

Hasta que se agravó la crisis en 2008 creíamos que nuestro modelo social era el adecuado, con un nivel suficiente de protección. Sin embargo, los datos y análisis realizados indican todo lo contrario. Durante el pasado siglo se construyó un modelo de protección basado en dos pilares fundamentales: i) los seguros sociales y ii) la limitación legal del capitalismo a través del derecho del trabajo.

Este modelo se asentaba sobre la dualidad control-protección ejercida por el estado. Determinados sectores de la ciudadanía entraron en conflicto con ella, denunciando exceso de control estatal, lo que se tradujo irremediablemente en un perjuicio para la protección. Las políticas sociales se reorientaron entonces hacia una nueva sociedad fundada en la autonomía individual del ciudadano. Desde esta perspectiva, los individuos se convirtieron en responsables de su situación en la sociedad, por desgraciada que ésta sea (desempleo, empleo esclavo, exclusión, marginación…). Este proceso de responsabilización absoluta de los individuos, que en algunos casos llega a su criminalización, agrava la exclusión social que ya sufren, aumenta su frustración, desestabiliza su salud mental e incluso aumenta el número de suicidios.

España, como ha mostrado el Informe FOESSA, estaba muy marcada por la precariedad antes de la crisis, debido en buena parte a ese modelo social individualista. Y como indica el índice sintético de exclusión social (ISES) las medidas de austeridad llevadas a cabo durante la crisis que nos azota, han intensificado la exclusión social (11,7 millones de personas en 2013), provocando la imposibilidad de cubrir las necesidades más básicas.

Que el modelo social español es un fracaso lo indican, por tanto, los niveles de desigualdad, pobreza y exclusión que ya existían antes de la crisis. Ésta no ha hecho más que agravarlos, haciendo de España uno de los países de la UE con mayor desigualdad en el reparto de la renta.

En efecto, la crisis económica nos ha golpeado con fuerza, siendo el aumento de la pobreza y su severidad una de sus manifestaciones más crueles, no solo por el decrecimiento de la actividad económica (-1,2% para el año 2013) y del empleo, sino también por la insuficiencia de la protección social de las políticas públicas para los hogares más vulnerables. El crecimiento de las tasas de pobreza alcanza incluso a los colectivos que están trabajando como consecuencia de los contratos precarios o las situaciones de cuasi-esclavitud.

Es tan preocupante la insuficiencia del compromiso público a este respecto que en 2013 la tasa de cobertura del desempleo apenas alcanzaba el 60%. Los últimos datos publicados recientemente por el Ministerio de Empleo muestran que existen 2.095.367 desempleados sin prestación alguna. Y no debe olvidarse que en 2013 el paro se mantuvo en torno al 26%, tasa que pasa a ser del 55% para los menores de 25 años.

Una consecuencia directa de la pérdida de empleo, o de mantener un empleo precario, es la imposibilidad de atender los pagos de la hipoteca. Según el informe de la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, en 2013 hubo 67.189 desahucios. Y el pasado año, según los datos del INE, las ejecuciones hipotecarias ascendieron a 70.078, 34.680 sobre vivienda habitual, un 7,4% más que en 2013.

Este es el contexto en el que se ha agravado el problema de los suicidios y las enfermedades mentales. Como afirma el informe SESPA de 2014, los riesgos más importantes sobre la salud dependen de la evolución negativa de los determinantes sociales, entre los que destaca el paro y la pobreza. El estudio IMPACT, realizado en consultas de Atención Primaria en España, muestra un incremento significativo de los trastornos mentales más frecuentes entre los años 2006 y 2010. Por tanto, podemos afirmar que durante y como consecuencia de esta crisis, se ha producido un incremento significativo de las enfermedades mentales, directamente relacionadas a su vez con el número de suicidios, aunque en ellos también intervengan otros condicionantes psicosociales, ambientales y culturales, pues suele darse la siguiente concatenación: vulnerabilidad, trastornos mentales, acontecimientos vitales estresantes y suicidio.

Ya existen estudios que confirman este nexo. En España, Lopez Bernal y otros lo han hecho en su estudio publicado en la European Journal of Public Health, donde concluyen que la crisis financiera se asocia con un aumento relativo de los suicidios debido a un incremento del 8,0% en la tasa de suicidios. En concreto, los hombres en edad de trabajar, presentan mayor riesgo de suicidio asociado a la crisis. Investigadores del Hospital Psiquiátrico de la Universidad de Zurich, analizaron los datos sobre suicidio y economía de 63 países para el período 2000-2011, utilizando los datos de mortalidad de la OMS, así como los del Fondo Monetario Internacional (FMI) para averiguar el número de suicidios que están vinculados con el desempleo. Su conclusión es que los suicidios relacionados con el desempleo aumentaron nueve veces por encima del crecimiento normal de la tasa de suicidios, dato que achacan a la más reciente crisis económica.

La ausencia de un modelo apropiado de protección social ha provocado que la crisis más virulenta de los últimos tiempos tenga efectos muy severos y de carácter crónico en la sociedad española, incluso incrementando la tasa de suicidios. Para enfrentar esta dramática situación hay que superar las que Robert Castel llamaba “políticas de individualización”, caracterizadas por sus exigencias de menos regulación y control de la economía y de responsabilización absoluta de los individuos de sus adversidades, y sustituirlas por verdaderas políticas sociales que institucionalicen derechos irrenunciables como la salud, la vivienda, la renta básica o el empleo.