La XII legislatura en Andalucía, que comienza en estos días entre debates de investidura, tomas de posesión en calle y nombramientos de Consejo de Gobierno, ofrece una nueva oportunidad de poder legislar y gobernar para todas las personas que residen en nuestra comunidad autónoma.

Una de las frases –entre varias de ellas– con la que el presidente Juanma Moreno lleva jugueteando estos días es la de que va a gobernar para todos los andaluces, tanto para los que le votaron, como para los que no. En ese caso, le recordamos al Sr. Presidente que hay 1.6 millones de personas que no le votaron, no porque su opción política no fuese la que más les encajara, ni por desmovilización, sino simplemente porque la ley electoral no se lo permite. Son las personas menores de 18 años, los niños y niñas que viven en Andalucía.

Creo haber escrito sobre esto alguna vez, sobre la posibilidad –remota- de que la sociedad avance de tal modo que al menos permita votar a los mayores de 16 años, o quizás a los mayores de 14. No es ninguna locura, viendo el grado de madurez de algunos de estos adolescentes, que tienen absoluta capacidad intelectual de elegir a quién creen que les representaría mejor en el Parlamento o en la propia acción de gobierno. Serían miles de personas participando en elecciones, opinando, decidiendo y construyendo ciudadanía y democracia. Pero todavía nuestra sociedad no está lo suficientemente madura o no es lo suficientemente valiente para dar ese salto tan fácil como necesario.

Conformémonos pues, por ahora, con la frase del Presidente, la de que gobernará para toda la ciudadanía andaluza.

En otras ocasiones, los asuntos de infancia y adolescencia en Andalucia no aparecían en los debates de investidura, y resultaba descorazonador que los temas que afectan directamente al 20% de la población no fueran siquiera tenidos en cuenta en espacios de tanto peso histórico y político como son los diferentes momentos que se producen en un cambio de legislatura.

En esta ocasión celebramos que, dentro del amplio elenco de temas a tratar por el candidato a la presidencia del gobierno andaluz en el debate de investidura, junto con las réplicas y dúplicas de sus opositores parlamentarios, hayan salido en el atril de la Iglesia del Hospital de la Sangre temas como la erradicación de la pobreza infantil severa, la educación de 0 a 3 años, la Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía, el apoyo a las familias más vulnerables o las dificultades de salud mental en los jóvenes, sobre todo tras el impacto profundo de la todavía omnipresente pandemia.

De alguna manera, esto escenifica lo que ha estado pasando en estos últimos tres años y medio de legislatura, y es que se ha estado hablando de infancia en el Parlamento de Andalucía, así como en el seno del gobierno andaluz. Probablemente, no tanto como a nosotros nos hubiera gustado, y lo hemos dicho cuando así ha sido, pero creemos que los representantes políticos son claramente conscientes de las necesidades de nuestra infancia, de los problemas que les acucian y de que es urgente buscar soluciones inmediatas y duraderas.

Andalucía debe dejar de liderar los rankings de pobreza infantil y, para ello, debe impulsar en esta legislatura el Ingreso por la Infancia y la Inclusión, una renta de inserción complementaria al Ingreso Mínimo Vital (IMV) que puede acabar con la pobreza infantil severa. Es urgente salir también del grupo de comunidades autónomas que tiene las tasas más altas de abandono escolar prematuro, priorizando las becas y ayudas a los niños y las niñas más desfavorecidos.

Es necesario adaptar la Ley Orgánica de Protección de la Infancia frente a la Violencia (LOPIVI), y, precisamente, nuestra Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía (LIAA) es una gran oportunidad para desarrollar medidas de prevención, atención y reparación para niños y niñas. Andalucía podría contar con un sistema excelente en la lucha contra la violencia sexual hacia la infancia si impulsara el Modelo Casa de los Niños, un modelo del que Andalucía ya está muy cerca y que sólo requiere una coordinación interinstitucional sólida y una apuesta política firme por aquellos que sufren la peor de las violencias en silencio.

En Save the Children no pensamos que ninguna de estas medidas sea imposible, entre otros motivos, porque el propio presidente está convencido de ellas. Además, la gran mayoría las lleva en su programa electoral –y esperamos también que en su programa de gobierno–. Como bien dijo el señor Moreno, en el debate de investidura no podía hablar de todos los temas, pero de algunos de infancia sí que habló y, tanto de eso como del resto de temas que se quedaron atrás, nos encargaremos de recordárselos desde nuestra organización.

La sensibilidad del anterior gobierno andaluz con la infancia estaba fuera de toda duda, la sensibilidad del presidente con la infancia está fuera de toda duda. Pero quedaron cosas en el camino, intenciones no plasmadas en medidas definitivas.

Así pues, este nuevo gobierno tiene que estar más, si cabe, a la altura que el anterior, orientarse y enfocarse desde el primer momento en los temas que afectan a los niños, niñas y adolescentes, para poder decir al término de esta XII legislatura que esta vez sí se ha aprovechado la oportunidad para la infancia.

Al igual que el título de la canción del grupo granadino Niños Mutantes -aunque ellos afirman con rotundidad que sí, que todo va cambiar-, esta pregunta revolotea sobre los pensamientos de casi toda la sociedad en las últimas semanas, desde que el virus COVID-19 desencadenó la crisis sanitaria y social a escala planetaria más impactante del mundo moderno.

La urgencia de enfrentar la pandemia y superarla no puede llevarnos a olvidar los “daños colaterales” que ésta está provocando en las economías mundiales, impactando como en cualquier crisis de hondo calado de manera diferente en los diferentes grupos sociales y de edad.

Entre estos grupos, la infancia. Uno de los colectivos tradicionalmente invisibles en los diferentes procesos de transformación que vive nuestra sociedad –políticos, sociales, culturales…- vuelve a quedarse fuera, no de los debates, en los que entra de refilón, sino de lo importante, las decisiones políticas traducidas en medidas que la tengan en cuenta.

Durante los primeros días de la emergencia, la infancia no apareció en ningún momento en las constantes comparecencias oficiales y fue sólo tras la difusión en nuestro país de la rueda de prensa de la primera ministra noruega, Erna Solberg, dedicada exclusivamente a los niños, cuando el presidente Sánchez se acordó de la infancia de su país haciendo una breve alusión a ellos en una de sus apariciones públicas. Noruega tuvo en cuenta a su infancia y lo hizo pronto, tal es la consideración que los niños y niñas tienen para la sociedad y las políticas públicas de aquel país. Tampoco ha sido diferente en Andalucía, donde en ninguna comparecencia se ha hecho alusión directa a la infancia.

Esta crisis no es más que un espejo de lo que venía sucediendo en nuestro país alrededor de los niños y niñas. Un enfoque habitualmente compasivo-caritativo, una visión de la infancia como “personitas de las que hay que ocuparse”, vistas a veces como una carga y que hay que poner en la buena senda para convertirlas en adultos productivos que aporten a la sociedad. Un apéndice a veces incómodo, pero útil para el futuro. Ateniéndonos a dicho enfoque, sería iluso pretender que ahora se los tenga en cuenta, más aún si no son un grupo de riesgo al que la pandemia afecte de modo especial, como ocurre con nuestros mayores.

Más allá de sus derechos, anhelos, necesidades y demandas, los temas que han saltado al debate público -si deben salir o no a pasear a la calle, de manera organizada y previniendo cualquier riesgo de contagio- no se terminan de tratar con la profundidad y la visión política requerida.

Uno de los más significativos está siendo la parada del sistema educativo español y el reto de pasar de un sistema presencial a uno a distancia, con el futuro del curso escolar –¿Se reanudará? ¿Cómo se evaluará? - pendiente de reuniones entre el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas.

Pero, sobre todo, estos debates y decisiones se deberían realizar priorizando la variable de vulnerabilidad social y económica que tiene a miles de familias con hijos a cargo en una situación límite.

Las necesidades de alimentación, educativas y de protección en el marco del confinamiento de algunos niños, niñas y sus familias son extremadamente urgentes.

La administración debe identificar a todas las familias que sufren carencias básicas de alimentación, hogares dónde están comiendo muy poco y muy mal y donde el impacto sobre los más pequeños es devastador e irreversible. Se debe asegurar la dotación de 3 comidas diarias para todos los niños y niñas beneficiarias de ayudas al comedor escolar. En Andalucía son más de 145.000, mientras la Junta de Andalucía sólo ha podido asegurar hasta la fecha dicha ayuda para 20.000 escolares.

El sistema educativo debe dotar de recursos a aquellos que más dificultades tienen para seguir el curso desde casa y no dejar solo a la capacidad y buena voluntad de los docentes la continuidad de los contenidos educativos.

Si cerca de un 10% del alumnado sufre la brecha digital,brecha digital -sin acceso a dispositivos adecuados y a conectividad en casa- y uno de los factores más claros para sufrir una situación de pobreza infantil es que tus padres no hayan acabado los estudios de secundaria, ¿qué perspectivas tiene un niño confinado en casa si no tiene ningún dispositivo electrónico, sin conexión a Internet y el nivel cultural de sus padres no les permite apoyarlo en el seguimiento educativo?

De nuevo, las iniciativas desplegadas desde las autoridades educativas son insuficientes. Otras comunidades autónomas han puesto en marcha planes para proporcionar dispositivos y conectividad a familias que no disponen de dichos recursos. Estas acciones son críticas para asegurar la equidad educativa en un momento tan frágil como este, y Andalucía debe hacer un mayor esfuerzo en este sentido. Save the Children, en su intervención de emergencia A tu Lado, adaptación de los Programas de atención directa a la infancia en riesgo de exclusión, está dotando de dichos dispositivos a las familias que no disponen de ellos y acompañando con clases on-line a los niños con más dificultades. 

Contra los discursos que asumen que una crisis golpea a todos por igual, hay que matizar que en esta situación esto es verdad en el ámbito de la salud, no en el social. Las crisis discriminan y se ceban con los más vulnerables. Por tanto, una visión política comprometida con la infancia más vulnerable exige medidas desde lo público que nos permitan pensar, aunque pueda parecer también irreal, que todo va cambiar.

Parafraseando al personaje que ya todos conocemos -máximo exponente de una forma de ver la vida dónde prima la consecución y el mantenimiento de la riqueza más irrespetuosa y excesiva en manos de unos pocos- la desigualdad es uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos las sociedades occidentales. Con cierto beneplácito, nos amodorramos al estado del Bienestar, con el pensamiento crítico tan anestesiado que nos hemos envainado su progresivo desmonte. Visión de la vida la del personaje de aquella famosa frase que, para convertirse en realidad, necesita a cambio el sacrificio en los altares de la desregulación y la precariedad de una parte importante de la población, junto a los designios marcados por las teorías económicas de pensadores cuya religión es la del crecimiento económico sin cortapisas, por encima de la filosofía que defiende el situar los derechos de las personas en primer lugar.

La desigualdad no es más que una consecuencia. La de un sistema que, definitivamente, con sus ajustes lógicos fruto del paso del tiempo y su capacidad de evolucionar y adaptarse a lo que manden unos pocos, se ha organizado así y que todos, sin excepción, nos hemos visto obligados a aceptar. O eso, o la exclusión absoluta del sistema, de esta forma de vida que nos obliga a ser parte activa de dichos patrones de comportamiento social, consumo e interacción.

Por tanto, parece unánimemente aceptado que el colapso vital en el que se encuentran algunas personas, sin empleo desde hace mucho tiempo, o con empleos que no sólo precarizan su vida, sino que atentan contra su dignidad más básica, sin acceso a viviendas dignas o a una educación de calidad, es un peaje que la sociedad tiene que pagar en aras de sostener este sistema que, si bien tiene algún área de mejora, nos intentan convencer de que es el mejor que hay y que nunca pudo haber.

Y lo es sobre todo para aquellos que, desde púlpitos económicos y políticos, preconizan la cultura del esfuerzo, la emprendiduría, el individualismo como fórmula de éxito y, de manera directa o indirecta, subrepticiamente, propagan la culpabilización del individuo que se mantiene inexorablemente al otro lado de la raya roja de la exclusión social. Es una gran excusa utilizada por personas que a veces hasta nos sorprenderían por su posición, política, ideológica y social.

Hasta ellas son capaces de justificar que un amplio grupo de personas en esta sociedad esté fuera del sistema y cada vez más lejos de poder acceder de nuevo a la deseada rueda del llegar desahogadamente a fin de mes, basando sus críticas en el acomodamiento de dichas personas a un modo de vida determinado, a su falta de esfuerzo, vidas disipadas y otras lindezas, sin cuestionarse en profundidad qué razones pueden haberlos llevado hasta ahí, sin ni siquiera ocuparse de hablar con ellas y escuchar lo que tienen que decir.

Y esto, además, unido al señalamiento público a la hora de diseñar políticas que apoyen de manera real a estas personas, a estas familias. Lo que llega normalmente son las migajas de una visión que, de nuevo, deja atrás a los más vulnerables. Precisamente, se deja atrás a aquellos que más debemos ayudar: a las familias con hijos e hijas que no han elegido esa situación y que cada mes deben privarse de infinidad de cosas. Se deja atrás a los que tienen que elegir si pagar la luz a fin de mes o comprar yogures para sus niños; a los que ni en sus mejores sueños podrían pasar unos días en la playa en verano o celebrar el cumpleaños con las amistades de su hijo o hija en cualquier cadena de hamburgueserías de dudoso valor nutricional, pero con el suficiente colorido y fuerza marquetiniana para hacer de esa comida un disfrute, al que todos tendrían que tener derecho a decidir si acceder o no.

La libertad de elegir. La tan manida y deseada libertad de elección, punto de partida de un pensamiento que intenta construir un sistema basado en la igualdad de oportunidades, la equidad, la justicia social y que prioriza los derechos fundamentales de las personas en todas las políticas. Pero, en realidad, se trata de una expresión casi utópica desde el momento en que es absolutamente imposible que una familia que no cuenta con los recursos adecuados, que es señalada por la situación de pobreza en la que vive y que ha sido abandonada por el Estado en cuanto a ayudas de cualquier tipo se refiere, por mucho que se esfuerce, no tendrá siquiera libertad de decidir y elegir qué quiere hacer, qué quiere consumir, dónde quiere vivir, o dónde quiere pasar sus vacaciones. Todo ello de entre un muestrario de posibilidades adaptadas a su franja de renta, claro está. Que así está organizado el sistema.

Los cuestionamientos de las prestaciones sociales no contributivas y las rentas mínimas son respetables, pero no pueden ser aceptados cuándo no se está ofreciendo a las familias que están en el furgón de cola oportunidades de elegir, ni siquiera en un elenco reducido de opciones, que les permita por sí mismas poder salir de la situación en la que se encuentran. Lo verdaderamente cuestionable es la eficacia de esos instrumentos, que deben ser analizados y cambiados para que tengan un efecto real en la reducción de la pobreza.

Una de las frases que con más ahínco nos solían repetir hace años las madres de los niños y niñas a los que Save the Children atiende en los Programas de Lucha contra Pobreza Infantil era “necesito un empleo, para poder salir de esta situación”. Ahora, aunque esa frase se sigue repitiendo, también nos suelen decir “con lo que gano, no llego, no me da”. Si esas son las opciones que dejamos a las familias con niños y niñas, en especial a aquellas encabezadas por madres solas -las más expuestas a la pobreza severa-, si además las culpabilizamos por su supuesta inacción o acomodamiento y si, además, cuestionamos que deban recibir una renta mínima de inserción, cuando no se la concedemos y convertimos la prestación en una trampa burocrática que tarda una eternidad en ser concedida, deberíamos preguntarnos si no estamos siendo cómplices en el sacrificio que señalaba al inicio de este artículo.

No dejar a nadie atrás. Esa es una de las ideas fuerza más contundentes que la Agenda 2030 de Naciones Unidas, vinculada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lleva consigo y disemina por todo el planeta.

Una Agenda 2030 que, no nos equivoquemos, no está dirigida sólo a los países en vías de desarrollo, países del Sur o a aquellos más empobrecidos, sino que afecta de manera también muy decidida a los países industrializados, dónde además la brecha de desigualdad se amplía cada vez más y el reto de no dejar a nadie atrás cada vez es mayor. Una Agenda 2030 de la  que el actual gobierno andaluz, a través de la Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, ha hecho bandera públicamente en varias ocasiones y que exige medidas urgentes de profundo calado, un compromiso claro con los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel global, desde fortalecer las Políticas andaluzas de Cooperación al Desarrollo hasta promover unas prestaciones sociales no contributivas para infancia y sus familias que permitan reducir las insoportables tasas de pobreza que vive Andalucía.

Y por ello, no podemos debatirnos en reflexiones deterministas que descansen únicamente en las limitaciones presupuestarias. Provoca hastío e infunde rabia escuchar a dirigentes de lo social con sus enfoques paternalistas, caritativos e infantilizadores de la pobreza y la desigualdad. Eso, unido a las excusas basadas en los presupuestos, causa desazón por la falta de empuje y liderazgo político que a veces observamos en aquellas personas responsables desde un gobierno de tomar decisiones valientes para acabar con las elevadas tasas de pobreza que, en el caso de la infancia, son las más altas de los tres grupos de edad que se suelen medir -0-17, 18-64, y mayores de 65-.

Quizás, lo más frustrante de todo esto es que, a pesar del sistema en el que nos encontramos -que no ayuda mucho a revertir de manera duradera la situación actual- hay soluciones dentro del mismo que podrían empezar a propiciar ciertos cambios que hagan realidad la idea de no dejar a nadie atrás.

De momento, podríamos cambiar el “es la desigualdad, amigo”, por “es la dignidad, amigo”.

De todos estos temas hablaremos en la próxima jornada `Invertir en infancia para eliminar desigualdades´ que organizamos, junto al Defensor del Pueblo en Andalucía, el próximo 10 de junio en Sevilla. En esta jornada insistiremos en la necesidad de romper la cadena de la pobreza infantil. #Rompelacadena

Inscripciones aquí.

Javier Cuenca, director de Save the Children en Andalucía

Hoy debía escribir un artículo centrado en la última campaña que hemos lanzado desde Save the Children para alertar sobre la necesidad de aprobar una Ley de protección de la infancia contra la violencia. Pero, antes de eso, he decidido acordarme de un libro que me leí hace unos tres años, el cual tiene una profunda relación con todo esto.

¿Has tenido la oportunidad de leer Instrumental, el libro en el que James Rhodes quiere hablar, según expresa él mismo, de música, medicina y locura?

En lo poco que puedas confiar en mi criterio, te recomiendo vivamente que te hagas con él y que lo leas. Se lee rápido, no es prosa profunda.  A veces, en ciertos pasajes, por desgracia, uno lo lee más rápido de la cuenta porque desea con angustia infinita pasar a la página siguiente lo antes posible.

Como digo, lo leí unos años antes de que Save the Children lanzara, el pasado miércoles, la campaña #Rompoelsilencio, con la cual queremos unir fuerzas para romper la locura de la que habla James en su libro. Una locura que nuestra sociedad parece pensar que no está aún preparada para romper. Pero sí lo estamos.

Como padre, trabajador de Save the Children, hijo, niño que fui, amante de la música y muchas cosas más, creo que el mero hecho de intentar entender esta locura, tal como la que sufrió Rhodes en su infancia, es un asunto que me mantiene voluntariamente cautivo durante una parte importante de mi día a día.

No es un trabajo fácil pararse a pensar qué hay dentro de los límites de esa locura, qué implicaciones puede tener para millones de niños y niñas en nuestro país y cómo afecta al presente de nuestra sociedad y al futuro de nuestro mundo. Y no es fácil, sobre todo, si no te ha pasado a ti.

Cuando pienso en el James que habla en su libro desde los abismos, roto por la locura, muerto cien veces y resucitado otras tantas, cuesta trabajo esperar encontrarte, años después, a un James que vive en Madrid y que se ha erigido como la figura pública más relevante en la demanda al Gobierno para que apruebe con urgencia una Ley de protección de la infancia contra la violencia.

Pienso que este James, el que ahora se me presenta como un torbellino de claridad, perseverancia y liderazgo ante los paradójicamente indecisos tomadores de decisiones, está ahí porque rompió el silencio. Porque encontró, desde los infiernos, una exigua luz para seguir alentando sus esperanzas de vivir, de revolverse, de no morir en las cenagosas torturas del silencio, del secreto, del sentimiento de culpabilidad y del más absoluto desencanto de todo lo que te rodea, de la soledad y de la falta de respuestas de aquellos que deberían protegerte, familia, amigos, profesores, vecinos. En su caso, como cuenta en su libro, esa luz fue la música, pero hoy es mucho más que eso.

La valentía que James mostró en su momento al romper su silencio es la misma valentía que han mostrado ahora Gloria, Emiliano, Alex, Nadia y muchas personas más que han decidido, por fin, gritar que ellos sufrieron abusos, que las víctimas necesitan protección, que los abusadores deben ser perseguidos y juzgados, que la ley debe estar orientada, como dice Gloria, a proteger a las víctimas y no a los agresores. Un sistema judicial que sobresee el 70% de los casos de abusos sexuales a niños y niñas que entran en proceso judicial necesita ponerse patas arriba sin dilación.

RompoElSilencio es un paso más a la hora de sacar a la luz una realidad que existe en nuestra sociedad y cuya dimensión es mucho mayor de la que imaginamos. Cuesta creer, como dice James, que todavía deba escribir un artículo gritando basta ya, pidiendo a los partidos políticos altura de miras para aprobar la Ley de protección de infancia y rogando a los medios de comunicación responsabilidad y valentía para hablar con claridad de lo que está pasando, para que hagan frente a instituciones como la Iglesia, que debe rendir cuentas de muchas historias horribles que han marcado la vida de miles de niños y niñas.

Cuesta creer que, en una sociedad tan supuestamente avanzada como la nuestra, no podamos poner medios para solucionar la violencia que sufren a diario miles de niños y niñas y que sigamos estando estancados en no se sabe dónde, mientras siguen muriendo a manos de aquellos que deberían protegerlos.

Por su sentido pedagógico y emotivo, el artículo de James, que tanto le ha costado que le publiquen, debería ser lectura obligada para políticos, legisladores, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, profesionales que trabajan con niños, familias, papás, mamás, vecinos y amigos.

Y, a pesar de que sea significativo para nuestra sociedad que tenga que llegar James, un chico inglés de Londres, para tener los arrestos de liderar una causa tan necesaria y justa, sigo pensando que estamos más que preparados para romper el silencio, romper la locura. Podemos y debemos hacerlo.

Es nuestra obligación que sigan siendo niños. Bajo este título, que nos invoca a todos de manera directa, la Oficina del Defensor del Menor de Andalucía y Save the Children Andalucía celebrarán el próximo 14 de junio en Málaga una Jornada sobre la respuesta que el sistema de acogida, protección e integración de nuestro país está ofreciendo a los menores migrantes no acompañados. Aquellos que viajan solos, huyendo de sus países de origen debido al hambre, la pobreza, la violencia… la necesidad, en suma, de buscar y encontrar una vida mejor.

Ellos, que arriesgan sus vidas en el camino, son en ocasiones la punta de lanza de proyectos migratorios que albergan los sueños y la última esperanza de sus propias familias, que pagan a las mafias lo que no tienen para costear dicho viaje. Mafias que, además, se reservan el derecho a explotar a aquellos a los que cobran por realizar las durísimas travesías hasta llegar, supuestamente a la tierra anhelada. Un negocio redondo.

¿Y qué ocurre cuando estos niños llegan a nuestro país, más concretamente a nuestras costas, las andaluzas, puertas de entrada de la gran mayoría de personas que en 2017 entraron de modo irregular a nuestro país? El informe de Save the Children Los más solos, presentado el pasado 21 de mayo, lo desgrana con absoluta claridad.

Lo que ellos consideran el fin del camino, la salvación, el principio de una nueva y mejor vida, no es sino una continuación a su carrera de obstáculos, limitaciones y vulneración de sus derechos.

Para comenzar, los niños sobre los que recaen dudas respecto a su minoría de edad, son sometidos a pruebas médicas de determinación de la edad cuyo resultado, en muchas ocasiones, los convierte en mayores, siendo en realidad menores, y los condena a ingresar,  mezclados con adultos, en algún CIE, las cárceles para personas migrantes, cuando no los devuelve en caliente, - procedimiento por el cual España ya ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos- , a su país de origen o al último país por dónde pasaron. De esta manera, se vulneran todos sus derechos fundamentales y se desoyen todas las alertas de organismos internacionales acerca de la ilegalidad de muchas de estas prácticas, las que se hacen, y la obligatoriedad y necesidad de las no se hacen y se deberían hacer.

Porque muchas veces no se tiene en cuenta la documentación que aportan de su país de origen y los acredita como menores, no se les ofrece asesoría jurídica individualizada, no se les proporciona un intérprete, no se aborda con un análisis en profundidad los motivos de su trayecto, sus expectativas y necesidades.

Si el menor es declarado menor, bien sea por el resultado de la prueba o porque su minoría de edad es evidente, automáticamente pasa a disposición de la administración autonómica, competente en materia de protección de la infancia. En el caso de la Junta de Andalucia, la obligación es ofrecer al menor, desde el primer momento, una atención integral, anteponiendo el interés superior del niño ante cualquier otro asunto, y priorizando, cuando sea posible, el acogimiento familiar sobre el residencial, estudiando caso por caso y de nuevo atendiendo de modo prioritario a qué es lo mejor para el niño.

Comprobamos que, en ocasiones, esto no se produce, pues los menores no son atendidos como deberían, debido a la escasez de recursos, a que los centros de protección no están preparados para acoger a un número elevado de menores, dado el incremento de llegadas –el número de menores tutelados por la Junta de Andalucía subió un 59% de 2016 a 2017-, a que los profesionales no encuentran soluciones o alternativas a las demandas e idiosincrasia de los niños que están llegando y, en suma, a la respuesta de un sistema de protección que parece que se ha quedado obsoleto, tras tantos años de estar recibiendo a menores migrantes que llegan solos.

Precisamente y, quizás por eso, la débil respuesta que el sistema de protección estatal y autonómico está ofreciendo a estos niños venga dada por la falta de reflexión acerca de que este fenómeno, aunque no es nuevo, es cambiante. Si el sistema no es capaz de adaptarse a esta nueva realidad, promover un compromiso de enfoque conjunto entre Comunidades Autónomas, Gobierno Central y Unión Europea, diseñar y ofrecer una respuesta que atienda los diferentes itinerarios de vida y sueños de estos valientes, dicho sistema va a colapsar de tal modo –de hecho, ya va en camino de ello- que la imprevisión, falta de planificación, coordinación y recursos, provocará daños aún más graves y prácticamente irreversibles en los más vulnerables. Muchos menores se escapan de los centros de protección y permanecen viviendo en la calle expuestos a peligros de diversa índole. En este apartado, las niñas y adolescentes son las más vulnerables, objetivo de las mafias de trata de personas con fines de explotación sexual.

Dicha transformación pasa por primar la defensa de los derechos de la infancia migrante no acompañada por encima de las defensas quasi bélicas de las fronteras; una Europa acogedora e integradora por encima de la Europa fortaleza y agresiva; más y mejores recursos con enfoque de derechos de infancia por encima de afiladas concertinas, hacinados calabozos o falta de atención especializada en las llegadas; oportunidades y respuestas adecuadas e individualizadas para cada niño por encima de sistemas de protección que parchean o se convierten casi en sistemas asistencialistas de emergencia; liderazgo del Gobierno Central para promover mecanismos de solidaridad entre Comunidades Autónomas, reubicando a los menores en diferentes territorios, por encima de hacer oídos sordos y mirar hacia otro lado.

Esto último se debería llevar a cabo cuando se convenga que esta medida es la adecuada, ya que no es aceptable que Andalucía tutele al 34,4% de estos niños mientras 11 comunidades no llegan ni al 2% de menores tutelados.

Los menores de edad van a seguir llegando y muchos de ellos –el 14% el año pasado-, lo harán solos. Save the Children y otras organizaciones e instituciones llevamos tiempo advirtiéndolo. Factores como el cierre de las rutas de Libia y Turquía, el recrudecimiento o alta intensidad de conflictos bélicos –Siria, países de África del Oeste y Central-, tensiones sociales crecientes –Marruecos- y una interminable situación de pobreza extrema y fragilidad política y social en todos los países emisores de población migrante, no auguran un descenso en los flujos migratorios en los próximos años.

Independientemente del trabajo en origen, de la necesidad de fortalecer a los países más empobrecidos con un cambio en los modelos de desarrollo, algo que se aventura complejo y no temprano, la respuesta actual ante un fenómeno actual, que cambia día a día y que va a seguir produciéndose, es un reto para nuestra sociedad en general, así como para los gobiernos y ONG en particular.

Tenemos la obligación de que sigan siendo niños. Estamos a tiempo de revertir esta situación.

Javier Cuenca es director de Save the Children en Andalucía

“Entraron en mi casa, golpearon y mataron a mi marido, apuñalándolo. Cinco de ellos me quitaron la ropa y me violaron. Mi bebé, de ocho meses, estaba llorando de hambre, necesitaba que le diera de mamar y no dejaba de llorar. Para que no siguiera llorando, lo mataron apuñalándolo con el mismo cuchillo con el que habían matado a mi marido. Pensé que también me matarían a mí, pero sobreviví.”

“Me sujetaron y uno de ellos me violó. Mi hija de cinco años intentó protegerme. Yo gritaba, pero uno de ellos cogió un cuchillo largo y la mató, degollándola, delante de mí.”

“Hui junto a mis cuatro hijos. Yo llevaba en brazos a los más pequeños y los otros dos, de 6 y 10 años, iban detrás de mí. Llegaron corriendo los hombres armados y me escondí detrás de unos arbustos. Los hombres atraparon a mis dos hijos, no les dio tiempo a esconderse. Los mataron delante mía. Usaron un cuchillo para degollar corderos. Lo vi todo mientras estaba escondida con mis dos hijos pequeños.”

Son los testimonios de tres mujeres, tres madres, pertenecientes a la etnia Rohingya. Tres personas de entre cerca del millón que han tenido que huir desde Myanmar hasta Bangladesh, en una de las emergencias más cruentas de los últimos años y que, como en todas las ocasiones, tiene a los niños y niñas como los tristes protagonistas. 

Genocidio. Esa puede ser la palabra justa para describir lo que están sufriendo los rohingyas, grupo étnico de mayoría musulmana, que lleva desde 1982 sin ser reconocido por el gobierno de Myanmar, además de que desde 2014 se les prohibió identificarse como tales. En un país, Myanmar, con un 90% de la población budista, la minoría musulmana es perseguida, torturada, y se le niegan todos sus derechos como personas.

En 2016, tras 44 años de dictadura militar, se abrió un espacio democrático en el país. Una esperanza para lograr la igualdad de derechos para todas las minorías étnicas, esperanza que no llegó para los rohingya, que vieron como tenían que huir del país para evitar ser asesinados.

Ahora mismo, más de 700.000 personas se hacinan en los campos de refugiados de Cox Bazar, en Bangladesh, y los problemas y sufrimientos de los niños y niñas no han cesado. Las malas condiciones higiénicas hacen que la propagación de enfermedades como la difteria, el sarampión o el cólera sean una amenaza para los refugiados rohingyas, especialmente para los niños y niñas más pequeños. La amenaza del monzón, que podría destruir las infraviviendas donde habitan, construidas con plásticos y maderas, es otro riesgo muy real y, por último, las situaciones de violencia y desprotección que sufren los más pequeños, expuestos a las mafias, que buscan secuestrarlos para explotarlos sexualmente.

Por todo esto, desde Save the Children hemos lanzado la campaña #TienenNombre, para dar voz a esos cientos de miles de personas olvidadas y defender los derechos de la minoría étnica más perseguida del mundo.

Hemos pedido a las instituciones europeas, coincidiendo el pasado 26 de febrero con la reunión de ministros de Asuntos Exteriores en Bruselas, que prioricen la resolución de esta crisis.

Los rohingyas deben volver a su país, con todas las garantías, ser reconocidos oficialmente por el gobierno de Myanmar como ciudadanos de pleno derecho y vivir en paz.

Javier Cuenca, director de Save the Children en Andalucía

El próximo 22 de marzo, ocho millones y medio de andaluces elegirán a un nuevo gobierno para Andalucía. Vaya, disculpen, he tenido un lapsus, hay que restar a más de un millón y seiscientas mil personas que no tienen derecho a votar. Aquellas que tienen menos de 18 años, las niñas y niños. De entre los cuáles, casi la mitad -un 45,3% - se encuentran en situación de pobreza o riesgo de exclusión social.

Estar en situación de pobreza o exclusión social afecta a derechos fundamentales de los niños, como el derecho a la calidad de vida que se garantiza cuando su familia cuenta con los recursos económicos adecuados para mantener unas mínimas condiciones de vida; o el derecho a la educación que se realiza cuando se accede a una educación que garantice la igualdad de oportunidades y el acceso a la misma, así como a unas actividades culturales y recreativas apropiadas a su desarrollo personal; también su derecho a la salud se ve afectado cuando las circunstancias de pobreza les impiden tener el nivel más alto posible de salud que deben; y por último, pero la lista no se acaba aquí, se ve amenazado su derecho a estar protegido contra cualquier forma de violencia ejercida contra ellos por adultos o iguales.

Pero en esta ocasión es su derecho a ser oídos, a participar en las decisiones que les afecten -que por cierto, son muchas, ¿no creen?- el que tampoco se asegura. En Andalucía, 1.632.962 de menores de 18 años no van a decidir sobre su futuro el próximo 22 de marzo, a pesar de ser el grupo de edad que más sufre la pobreza, no solo en Andalucía sino en todo el Estado. Todas estas carencias que vulneran sus derechos impiden su correcto desarrollo y los lastra de una manera implacable en su edad adulta.

Para todo el territorio español, este es el año electoral más intenso que hemos tenido en esta democracia. Se trata de una oportunidad inmejorable para incidir en el presente, para arrancar el futuro. No sólo de los niños que peor lo están pasando sino de todos los ciudadanos.

Andalucía es la primera comunidad en celebrar elecciones. Posteriormente vendrán las municipales y las autonómicas en mayo y en septiembre. Es probable que el año electoral se cierre con las generales. Diecinueve procesos electorales, diecinueve oportunidades para situar a la infancia en el centro de las decisiones políticas destinadas a reducir la pobreza infantil, en el lugar que les corresponde dentro de las políticas públicas.

Save the Children es una organización independiente, líder en la defensa de los derechos de la infancia en todo el mundo y en España trabaja día a día con más de 5.000 niñas y niños. Es desde el conocimiento, el análisis y la experiencia estamos planteamos a cada uno de los grupos políticos que concurren a los diferentes comicios, las recomendaciones y demandas que valoramos necesarias para garantizar los derechos que viene recogidos en la Convención de los Derechos del Niño. La agenda política de Save the Children en Andalucía y en el resto del Estado gira en torno a dos pilares fundamentales: exigir el compromiso de las fuerzas políticas, gobiernos y oposición, para hacer de la pobreza infantil una causa común a erradicar; y contribuir a hacer eficaces las políticas públicas destinadas a la infancia. Cualquier decisión debe estar dotada de presupuesto desglosado, contar con un sistema de seguimiento y evaluación y contar con los propios niños y niñas en su diseño.

Lo que Save the Children pide a los grupos políticos es:

A pesar del compromiso expresado por parte de los poderes públicos con la lucha contra la pobreza infantil, las iniciativas aprobadas hasta el momento son claramente insuficientes. Aprovechemos las 19 oportunidades electorales para reclamar a los gobiernos municipales, autonómicos y generales que inviertan y sitúen a la infancia en el centro de las decisiones políticas y prioricen la lucha contra la pobreza infantil.

Garantizar la protección de los niños frente a la pobreza es una obligación legal de los Estados, pero también una decisión económica que permite romper el ciclo de transmisión de la pobreza. Invertir en infancia es la base de una sociedad más próspera y cohesionada.