¿Tienen los inmigrantes peores condiciones laborales? ¿Afectan estas condiciones a su salud? Hablamos con dos expertas sobre las condiciones de la salud ocupacional de los inmigrantes. Elena Ronda, experta en Salud Pública, es investigadora del Centro de Investigación en Salud Laboral (CiSAL) y ha estudiado el caso de los migrantes latinoamericanos llegados a España. Alison Reid, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Curtin (Australia), ha estudiado la salud ocupacional de los trabajadores migrantes que viven en Australia. Ambas han participado este septiembre en el 25º Congreso de Epidemiología de Salud Ocupacional (EPICOH), que reunió en Barcelona a más de 650 investigadores de 63 países diferentes.

¿Cuáles son las principales diferencias que se observan en las condiciones de trabajo si comparamos las personas nativas y las migrantes?

Elena Ronda: Las condiciones de trabajo están relacionadas con los trabajos que los inmigrantes normalmente hacen. Si trabajan, por ejemplo, en la construcción, realizan un trabajo más manual, y los riesgos están relacionados con esto.

Alison Reid: En Australia pasa lo mismo. Durante los últimos 20 años este país ha intentado atraer inmigrantes cualificados, pero es difícil para esta gente encontrar trabajo, porque no tienen experiencia profesional en Australia o no tienen calificaciones australianas. Por eso acaban aceptando trabajos que están por debajo de su preparación y esto causa mucho estrés y afecta su salud mental. También, otra cosa que pasa, es que estas personas no tienen experiencia haciendo este tipo de trabajos, por tanto acaban sufriendo más lesiones. Asimismo están desesperados por mantener el trabajo, por lo tanto no dicen nada sobre sus condiciones o sobre las lesiones que sufren.

En un estudio que hizo Elena, junto con otros compañeros, se afirmaba: “Los recién llegados tienen, de promedio, mejor salud que sus semejantes en el país de origen e incluso mejor que sus semejantes en el país receptor, aunque a medida que aumenta el tiempo de residencia esta ventaja va desapareciendo o se invierte. Esto se explica por el hecho de que a menudo los inmigrantes presentan más vulnerabilidad que la población autóctona y sufren condiciones de vida y trabajo deficientes”. ¿Esto ocurre en todos los países?

A.R.: Hice un par de estudios y uno se fijaba en la gente que acababa de llegar a Australia. Eran analizados en 3 períodos: cuando hacía 6 meses de su llegada, a los 18 meses y 3 años y medio después. Encontramos que si no trabajaban en aquello por lo que estaban formados y preparados después de tres años y medio tenían mala salud mental. En otro estudio que hicimos nos fijábamos en la exposición a los condicionantes de cáncer, como el diesel o el humo del tabaco. Encontramos una diferencia entre los australianos y los trabajadores inmigrantes. Estos últimos estaban más expuestos al diesel y al silicato que los australianos y es así porque están empleados en lugares donde están más expuestos. O aunque hagan el mismo tipo de trabajo que los australianos, ellos hacen las tareas más sucias. Por lo tanto, hay muchas maneras por las que el trabajo puede impactar en la salud.

E.R .: Nosotros encontramos resultados similares. Otra cosa que estudiamos fue el presentismo, el hecho de trabajar cuando estás enfermo, y vimos que es más alto entre los inmigrantes. Van más a trabajar aunque por sus circunstancias no podrían.

A.R .: La razón a menudo es que los inmigrantes tienen que enviar dinero a casa para ayudar a su familia, que está en su país, y por lo tanto esto hace incrementar su deseo de coger cualquier trabajo. Sean cuales sean las condiciones.

Estas condiciones a menudo impactan en la salud mental. ¿Cómo? ¿Qué tipo de problemas mentales ha observado?

A.R .: Hemos analizado sólo problemas de salud mental comunes. Pero hemos visto problemas como depresión, insomnio, ataques de pánico. Estas afectaciones son más importantes entre estas personas que no pueden utilizar sus aptitudes en su trabajo y sufren más ansiedad, depresión, etc.

E.R .: Nosotros vimos también que muchos sufren el llamado Síndrome de Ulises: cuando no te encuentras bien porque has dejado a tu familia, tus hijos. Te sientes solo y triste en un país al que no estás acostumbrado. Y a la vez tienes la necesidad de triunfar porque necesitas pagar lo que te costó el viaje para venir a España o para enviarlo a tu familia. Sabes que tienes que triunfar, te tiene que ir bien, esto produce presión. Lo que nosotros hemos visto durante mucho tiempo en España, estudiando el caso de los migrantes latinoamericanos, es lo mismo que vemos ahora en otros países europeos con la llegada de personas de Oriente Medio. El fenómeno es global.

¿La situación que sufren estas personas se vio agravada con la crisis económica?

E.R .: Estudiamos las condiciones de los migrantes cuando comenzaron a llegar a España y después durante la crisis. Y lo que observamos es que en aquellos que tenían buenas condiciones y un buen trabajo la crisis no tuvo efecto, incluso su salud mental mejoró. La migración fue algo positivo para ellos. El problema era para los que no tenían buenas condiciones de trabajo, estabilidad o un trabajo precario. El problema no es la inmigración en sí, sino las condiciones que te hacen migrar y después las condiciones que encuentras cuando llegas al país.

Europa está viviendo una crisis humanitaria sin precedentes. Si tenemos en cuenta sus estudios, ¿de qué manera los gobiernos deberían hacer un esfuerzo para mejorar el proceso de integración de toda esta gente que ahora está llegando? ¿Cómo puede servir el trabajo?

A.R .: Australia no ha sufrido esta crisis humanitaria. A la gente que ha llegado con un programa humanitario se les ofrece apoyo durante cinco años, incluso alojamiento, dinero, información, etc. Pero nunca he visto que se les dé información sobre sus derechos laborales o sobre cuántas horas deberían trabajar o cuántas vacaciones deberían tener o cuál es el salario mínimo. Por tanto, son realmente desconocedores de todo esto. En uno de nuestros estudios hablamos con esta gente en grupos y nos contaron historias horribles. Por ejemplo, una mujer embarazada de siete meses estaba trabajando en un lugar donde matan pollos, cayó al suelo, porque el suelo estaba mojado. Y no fue a casa, no fue enviada al médico. Pero lo peor de todo es que no sabía que tenía derecho a ir al médico. Por tanto, creo que debería haber más educación para esta gente cuando llegan, para que conozcan mejor sus derechos laborales.

E.R .: Cuando llegan no conocen nada y están dispuestos a aceptar cualquier cosa sin conocer nada.

A.R.: En Australia el salario mínimo está por encima de los 19 euros la hora pero hay gente a la que se le paga 10 euros la hora, y piensan que 10 euros está bien porque en sus países les pagarían 5 euros la hora.

¿Podemos decir entonces que los inmigrantes sufren desigualdades en salud debido a sus condiciones de trabajo?

A.R .: Sí. Si trabajas en algo peligroso tienes más posibilidades de lesionarte. Estas cosas hacen crecer las posibilidades de sufrir problemas de salud.

E.R .: El problema es que el empleo de baja cualificación que ellos desarrollan causa estos problemas. Tener que aceptar un empleo de baja cualificación afecta la salud mental de muchos migrantes. Si ves las condiciones laborales de trabajadoras del hogar es igual si son inmigrantes o no, las condiciones laborales son las que son. El factor de ser inmigrante quizás lo que hace es que las aceptes más porque necesitas el dinero. El trabajo en sí es igual si lo hace uno u otro. Es la calidad del trabajo y la presión de enviar dinero a casa lo que causa estos perjuicios para la salud.

A.R.: Exacto. Por ejemplo Australia tiene inmigrantes cualificados, cuando tienen trabajos que responden a su calificación se sienten bien. Si trabajan en una empresa grande que mira por su seguridad y reciben formación y buen salario, etc, entonces están muy bien.

E.R.: Este es el mensaje que queremos dar: las condiciones de trabajo son las mismas para unos y otros, el problema es cuando se trata de trabajos donde las condiciones no son buenas y además se suma el hecho de ser inmigrante, que hace que, por tu situación, aceptes cosas que de otro modo no aceptarías.

Judit hace un año que vive en Oxford. Se marchó de Catalunya para poder dedicarse y ganarse la vida haciendo lo que más le apasiona: la enfermería. Hacía cuatro años que se había graduado y desde entonces tenía trabajo en el Hospital del Mar, donde sufría una situación muy precaria. “Firmaba contratos temporales, de un mes o incluso de semana en semana. Yo hacía cuatro años que estaba así pero tenía compañeros que llevaban 10 y veía imposible que mi situación pudiera mejorar pronto”, explica.

Por las mismas razones se fue hace casi tres años Gemma Bou a Londres. En Catalunya, una vez graduada había realizado una sustitución de tres semanas en el Hospital Vall d'Hebron. Cuando se le acabó el contrato se dio cuenta de que no había trabajo y mucho menos un trabajo estable para una enfermera. “Muchas amigas hacían de auxiliares o iban a trabajar a geriátricos. Yo no quería eso”, relata Bou.

Ninguna de ellas se lo pensó dos veces. No son las únicas que han emigrado a otros lugares para poder ser enfermeras. Aunque no hay cifras exactas, sólo en 2015 el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Barcelona (COIB) realizó más de 600 consultas para ayudar a enfermeras a tramitar la documentación necesaria para irse a trabajar a otro país. De hecho, El Consejo General de Enfermería calcula que desde 2010 han salido de España 5.000 enfermeras para trabajar en el extranjero. Y aunque se trata de un fenómeno que comenzó a darse en los años 90, es desde la crisis económica que ha cogido fuerza: cerca de mil enfermeras marchan cada año de España a trabajar en otro país.

“Una sociedad que quiere estar bien cuidada debe cuidar a sus enfermeras”. Así de contundente responde Núria Cuxart, decana del Consejo de Colegios de Enfermeras y Enfermeros de Catalunya sobre las consecuencias de este problema. Cuxart cree que la falta de contratación estable en este sector es uno de los principales motivos que lleva a los profesionales a irse del país. “La enfermera busca estabilidad laboral y proyección profesional”, apunta. Dos factores que difícilmente encuentran aquí.

Más apoyo en el extranjero

El día en que Gemma se marchó a Inglaterra lo hicieron unas cuantas enfermeras más ayudadas por el Colegio. Una de las cosas que más le impactó al incorporarse a su nuevo puesto de trabajo fue la ayuda y formación que recibió. “Aquí siempre tienes apoyo, siempre hay alguien a tu lado, en Catalunya en cambio te tiran a los leones el primer día”, explica ella. Judit también se aprovechó de los programas de acogida para enfermeros que ofrecen en este país y agradece todo el acompañamiento que tuvo los primeros días. Lo que más valoran, sin embargo, es que desde entonces disfrutan de un contrato fijo y de la posibilidad de mejorar como enfermeras. “Aquí tienes posibilidad de cambiar de área, es muy sencillo. Yo incluso he cambiado de hospital ”, explica Judit.

“En Inglaterra las enfermeras tienen más posibilidades de progresión profesional. Allí tienen proyección clínica y la enfermera tiene un reconocimiento por parte de los responsables del sistema de salud”, explica Cuxart, para diferenciarlo de lo que pasa aquí.

Prueba de que este no es un fenómeno nuevo –aunque haya incrementado debido a la crisis– es el caso de Joan Pons. Se fue en 2000 a Inglaterra. Aunque hace ya 16 años que tomó esta decisión las motivaciones que le llevaron a emigrar son casi las mismas que las de Judit o Gemma. “Cuando empecé a estudiar nunca pensé que terminaría en Inglaterra, siento frustración por no haber sido enfermero en Catalunya, pero al menos doy gracias por haber sido enfermero”, explica en declaraciones a El Diari de la Sanitat.

Trabajar en Inglaterra le ha permitido crecer profesionalmente y explorar distintas áreas de la enfermería. Ha pasado por diferentes departamentos de hospital y ahora trabaja en la primaria.

El Reino Unido, el principal destino

Tanto Joan, como Gemma o Judit escogieron el Reino Unido como destino. De hecho, según los datos del Colegio de Enfermería de Barcelona este es el destino sobre el que se hacen más consultas. De las 635 hechas al respecto el año pasado, 395 hacían referencia al Reino Unido. Por detrás, y con mucha diferencia, se sitúan las 44 consultas realizadas en general para toda la Unión Europea (UE), 24 para Noruega, 19 para Francia y 19 para los Estados Unidos, 14 para Australia o 13 para Irlanda, por poner algunos ejemplos .

Según Cuxart, las enfermeras catalanas y españolas están muy bien valoradas en otros países, sobre todo en Gran Bretaña, porque tienen conocimientos sobre el sistema de salud que son también útiles para el sistema que tienen allí. Lo mismo ocurre con los países nórdicos, por ejemplo, cuenta ella, pero allí la barrera idiomática es muy grande, y por lo tanto, muchas acaban decantándose por viajar al Reino Unido.

Que las enfermeras españolas son buenas candidatas para el sistema nacional de salud público británico, el NHS por sus siglas en inglés, lo afirma incluso Ignacio Santos, un profesional que se dedica a contratar a enfermeros para el servicio de atención primaria inglés. “Las enfermeras españolas son muy demandadas en el NHS, ya que en sus estudios de cuatro años de enfermería dedican muchas horas a prácticas donde aprenden a tratar con pacientes”, afirmaba en una información en 2015 sobre este tema en el diario The Guardian.

Cuando irse es casi una obligación

Pero no todo son ventajas. Cambiar de país, aprender una lengua nueva y aclimatarse son a menudo retos que cuesta superar. “Antes de venir hay que prepararse para el cambio cultural, aquí la cultura es mucho más cerrada. Es un lugar más deprimente, y hay que aprender inglés ”, describe Joan.

En su caso asegura además que cuando llegó hace 16 años en el país anglosajón le costaba entender los valores que imperaban en el sistema sanitario. “En algunos momentos no me dejaban ser el enfermero que quería ser, antes se fijaban más en los números y los resultados, por suerte se hizo un gran cambio en este sentido, y la enfermería me volvió a enamorar”, explica.

Otra de las frustraciones a las que se enfrentan estos profesionales hace referencia a las ganas de volver. Ninguno de ellos se marchó porque tuviera ganas de hacerlo. “Tengo ganas de volver pero cuando sea el momento. Me fui disgustada por no poder ejercer en Catalunya, no quería. Y si me saliera un trabajo fijo en urgencias volvería”, asegura Gemma.

Judit también quisiera volver algún día, pero asegura que antes le gustaría que se solucionara el problema de organización que sufre el sistema. “En Catalnya tenemos un problema muy grande de despilfarro de dinero en los hospitales”, asegura.

“Enfermera que marcha, enfermera que pierde la población catalana. Como sociedad invertimos en su formación y después no lo aprovechamos”, denuncia Cuxart. Esta profesional cree que una forma para desbloquearlo sería confiando en las enfermeras. “Tenemos un sistema de salud que no apuesta de forma contundente por las enfermeras dentro del sistema sanitario”, asegura.

“Si me hubiera quedado en Catalunya, no me habría podido realizar como enfermero, ni formar una vida: casarme o tener hijos. Me hubiera podido quedar en mi casa, continuar haciendo suplencias, pero hubiera tenido que seguir viviendo con mis padres, y yo quería algo más de la vida”, reflexiona Joan, quien lamenta que esta sea la situación de muchos jóvenes que aún hoy viven en Catalunya.

La Sindicatura de Cuentas ha pasado revisión a las cuentas de la Corporación Sanitaria Parc Taulí de Sabadell -consorcio público-. Entre todas las irregularidades que ha encontrado, destaca la que hace referencia a la relación que mantenía el Hospital Parc Taulí de Sabadell con el centro privado Hospital General de Catalunya, propiedad de Quironsalud.

La denuncia tiene que ver con el envío de personal facultativo desde el Taulí al Hospital General para dar salida a la actividad asistencial que el Taulí derivaba al centro privado y que está regulada por contrato, aunque el informe no especifica a cuántas personas afectó este hecho.

Según ha podido saber la Sindicatura, durante el periodo 2012-2014 el Taulí derivó especialistas de angiología y cirugía vascular, neurología pediátrica y cirugía pediátrica al Hospital General sin que ello estuviera amparado legalmente. De acuerdo con la normativa que regula el sector sanitario la Corporación pública no podía legalmente firmar ninguna “alianza estratégica” que permitiera enviar estos especialistas al centro privado ya que en el contrato que el CatSalut (Servicio Catalán de la Salud) mantenía con el Hospital General de Catalunya para atender pacientes del sistema sanitario público no se incluían estas tres especialidades. Esto es así ya que la ley de ordenación de las profesiones sanitarias establece que los profesionales vinculados a un centro pueden prestar servicios a otro siempre que haya una alianza estrategia -acuerdo de colaboración- entre varios establecimientos. Una alianza que en este caso no se podía dar ya que esta condición -referente a estas tres especialidades- no se incluía en el contrato entre el CatSalut y el Hospital General.

Además el órgano fiscalizador asegura también que los trabajadores afectados por esta práctica tampoco habrían cumplido con la jornada laboral ni con el horario que les correspondía hacer dentro del consorcio público. Trabajadores del comité de empresa del Parc Taulí de Sabadell denunciaban hace unos meses en Catalunyaa Plural el trasvase de personal de un centro a otro. Según los profesionales habría sido más útil que el consorcio gastara los recursos públicos en abrir quirófanos y potenciar el centro público y no en derivar actividad al hospital privado. Los trabajadores aseguraban que cuando los cirujanos operaban en el Hospital General lo hacían según las condiciones establecidas en el contrato laboral firmado con el centro público, en horas extraordinarias y sin recibir compensación por desplazamientos.

De hecho la Sindicatura añade además que los contratos del personal que trabajaba también en el hospital privado no prevén esta prestación de servicios a los centros privados, por lo que “la jornada laboral que realizan no figura debidamente documentada en sus contratos de trabajo” .

Más irregularidades

Aparte de eso en el informe se señalan otras irregularidades como el retraso en la ejecución de las obras del Edificio Santa Fe -parte del consorcio- o de la tercera planta del Taulí, pese a que la ejecución de las obras a tiempo era uno de los criterios de adjudicación del servicio.

Este organismo también denuncia la adjudicación directa de la prestación de servicios asistenciales a los pacientes de accidente de tráfico a la sociedad Trafisaba SL. Esta adjudicación, hecha en 2004 y prorrogada durante el período analizado, se debería haber hecho por concurso público dado el volumen de gasto derivado del servicio.

Concentración en el barrio de Gràcia, en Barcelona, de dos movilizaciones contrarias. Más de trescientas personas del grupo Moviment Popular de Gràcia y la CUP Barcelona se han encontrado este sábado por la mañana para dar respuesta a una movilización convocada por el partido ultraderechista Democracia Nacional.

El grupo de extrema derecha había convocado esta mañana la manifestación para protestar en contra del cierre de la librería Europa, precintada a finales de julio por presuntamente producir y distribuir material que fomenta el odio y la discriminación. Democracia Nacional también se manifestaba este sábado en contra de la pena de prisión que podría caerle a su vicepresidente, Pedro Chaparro, por las amenazas al fotoperiodista Jordi Borràs que hizo durante la manifestación del pasado 12 de octubre.

Este viernes pasado la CUP y Moviment Popular de Gràcia ya habían anunciado que llevarían a cabo una serie de acciones en contra de la movilización y en de su autorización. Según la Agencia Catalana de Noticias (ACN), Maria Jose Lecha, portavoz de la CUP Capgirem Barcelona, ha dicho que la responsabilidad de todo es del Departamento de Interior por no prohibirlo. Lecha considera intolerable que “actos que niegan el relato del holocausto, incitan el odio y justifican actos fascistas puedan manifestarse en la ciudad de Barcelona”.

En la concentración también se ha podido ver las diputadas de la CUP Eulàlia Reguant o Mireia Vehí, y también Josep Garganté de Capgirem Barcelona. Los grupos anti-fascistas ha comenzado a llegar entre las 11 y las 12 de la mañana. Alrededor de las 12, cuando los miembros de Democracia Nacional se han plantado arriba del todo del Paseo de Gracia con banderas españolas y de su partido, los dos grupos se han enfrentado verbalmente, momento en el que estaban separados sólo por un cordón policial de los Mossos d'Esquadra.

Ha sido entonces, hacia las 12 del mediodía, cuando se han empezado a intercambiar insultos y cánticos y ha aumentado la tensión. Aún así las concentraciones han terminado un rato después sin ningún tipo de incidente. Finalmente los miembros de Democracia Nacional han decidido retirarse. Durante los enfrentamientos verbales los miembros del partido ultraderechista gritaban: “viva España” o “terroristas” dirigiéndose al grupo de antifascistas. Por su parte, los miembros de Moviment Popular de Gràcia han optado por proclamar: “fuera fascistas de nuestros barrios” o “libertad de expresión, nazis no”.

Concentració als jardinets de Gràcia, al barri barceloní, de dues mobilitzacions contràries. Més de tres-centes persones del grup Moviment Popular de Gràcia i la CUP Barcelona s’han trobat aquest dissabte al matí per donar resposta a una mobilització convocada pel partit ultradretà Democràcia Nacional.

El grup d’extrema dreta havia convocat aquest matí la manifestació per protestar en contra del tancament de la llibreria Europa, precintada a finals de juliol per presumptament produir i distribuir material que fomenta l’odi i la discriminació. Democràcia Nacional també es manifestava aquest dissabte en contra de la pena de presó que podria caure-li al seu vicepresident, Pedro Chaparro, per les amenaces al fotoperiodista Jordi Borràs que va fer durant la manifestació del passat 12 d’octubre.

Aquest divendres passat la CUP i Moviment Popular de Gràcia ja havien anunciat que durien a terme una sèrie d’accions en contra de la mobilització i en contra de la seva autorització. Segons l’Agència Catalana de Notícies (ACN), Maria Jose Lecha, portaveu de la CUP Capgirem Barcelona, ha dit que la responsabilitat de tot plegat és del Departament d’Interior per no prohibir-ho. Lecha considera intolerable que “actes que neguen el relat de l’holocaust, inciten l’odi i justifiquen actes feixistes puguin manifestar-se a la ciutat de Barcelona”.

En la concentració també s’hi ha pogut veure les diputades de la CUP Eulàlia Reguant o Mireia Vehí, i també Josep Garganté de Capgirem Barcelona. La concentració dels grups anti-feixistes ha començat entre les 11 i les 12 del matí. Al voltant de les 12, quan els membres de Democràcia Nacional s’han plantat a dalt de tot del Passeig de Gràcia amb banderes espanyoles i del seu partit, els dos grups s’han enfrontat verbalment, moment en el qual estaven separats només per un cordó policial dels Mossos d’Esquadra.

Ha sigut aleshores, cap a les 12 del migdia, quan s’han començat a intercanviar insults i càntics i ha augmentat la tensió. Tot i així les concentracions han acabat una estona després sense cap tipus d’incident. Finalment els membres de Democràcia Nacional han decidit retirar-se. Durant els enfrontaments verbals els membres del partit ultradretà cridaven “viva Espanya” o “terroristes” dirigint-se al grup d’antifeixistes. Per la seva banda, els membres de Moviment Popular de Gràcia han optat per proclamar: “fora feixistes dels nostres barris”o “llibertat d’expressió, nazis no” .

El líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, ha dicho este viernes por la tarde que está dispuesto a seguir cualquier camino democrático para culminar el proceso independentista catalán. “Estamos abiertos a apoyar todos los caminos democráticos, a todas las opciones que permitan que los ciudadanos se expresen democráticamente a la hora de decidir su futuro”, ha asegurado. De esta forma, pero sin pronunciarse de forma directa, el líder de izquierdas ha dado a entender que estarían dispuestos a aceptar la vía del Referéndum Unilateral de Independencia (RUI).

Junqueras ha abierto con este mensaje el Consejo Nacional del partido, y se ha referido a la manifestación de este próximo 11 de septiembre, asegurando que es muy importante, pero que es el Parlament y el Govern quienes deben sacar adelante lo que los ciudadanos “decidieron el pasado 27 de septiembre”. “El trabajo que queda por hacer es un trabajo que no deben hacer sólo los ciudadanos movilizándose, aunque la movilización es siempre imprescindible. El trabajo corresponde a las instituciones, al Parlament y al Govern ”, ha dicho dirigiéndose de forma indirecta a su socio de Gobierno Junts pel Sí y a la CUP.

Junqueras también ha querido recordar que este es el primer curso político que empieza con una mayoría independentista en el Parlament y el Govern. Además ha señalado la cuestión de confianza, el debate presupuestario y el político como tres elementos futuros inmediatos muy importantes. Y ha añadido que la elaboración de la ley de transitoriedad jurídica ocupará también un lugar importante entre las tareas a realizar durante este curso.

Tras el discurso de Junqueras en la sede del partido en Barcelona se ha llevado a cabo un homenaje a Jordi Carbonell, el ex presidente de ERC que murió a finales del mes pasado.

El líder d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, ha dit aquest divendres a la tarda que està disposat a seguir qualsevol camí democràtic per tal de culminar el procés independentista català. “Estem oberts a donar suport a tots els camins democràtics, a totes les opcions que permetin que els ciutadans s’expressin democràticament a l’hora de decidir el seu futur”, ha assegurat. D’aquesta forma, però sense pronunciar-ho de forma directe, el líder d’esquerra, ha donat a entendre que estarien disposats a tirar endavant la via del Referèndum Unilateral d’Independència (RUI).

Junqueras ha obert amb aquest missatge el Consell Nacional del partit, i s’ha referit a la manifestació d’aquest pròxim 11 de setembre, assegurant que és molt important, però que són el Parlament i el Govern qui han de tirar endavant amb el que els ciutadans “van decidir el 27 de setembre passat”. “La feina que queda per fer és una feina que no han de fer només els ciutadans mobilitzant-se, encara que la mobilització és sempre imprescindible. La feina correspon a les institucions, al Parlament i al Govern”, ha dit dirigint-se de forma indirecta al seu soci de Govern Junts pel Sí i a la CUP.

Junqueras també ha volgut recordar que aquest és el primer curs polític que comença amb una majoria independentista al Parlament i al Govern. A més ha senyalat la qüestió de confiança, el debat pressupostari i el polític com tres elements futurs immediats molt importants. I ha afegit que l’elaboració de la llei de transitorietat jurídica ocuparà, també, un lloc rellevant entre les tasques a realitzar durant aquest curs.

Després del discurs de Junqueras a la seu del partit a Barcelona s’ha dut a terme un homenatge a Jordi Carbonell, l’expresident d’ERC que va morir a finals del mes passat.

¿Quién manda en la administración pública catalana, los hombres o las mujeres? Claramente ellos. A pesar de que hay más mujeres que hombres trabajando en el sector público, sólo un 32% de los órganos superiores, altos cargos o directivos están ocupados por ellas, y casi un 70% los ocupan ellos.

En total, según el Banco de Datos del departamento de Gobernación, Administraciones Públicas i Vivienda de la Generalitat, y tomando como fecha los datos de 1 de enero de 2016, hay 55 mujeres en órganos superiores y altos cargos, frente a 105 hombres que ocupan estos cargos. A la vez, sólo 331 mujeres están al frente de otros puestos directivos, en cambio hay 713 directivos públicos hombres. Los datos hacen referencia al total de personas que trabajan en la administración pública catalana, tanto los que lo hacen directamente para la Generalitat, como los que trabajan para otros sectores públicos, como en las universidades o en la administración local.

La razón de la infrarepresentación de las mujeres en los puestos directivos no es precisamente la falta de personal femenino ya que las mujeres suponen un 60% del total de la plantilla del sector público catalán. En conjunto, trabajan en la administración más de 300.000 personas: 190.000 son mujeres y el resto hombres. En resumen, ellas representan más de un 60% del total de trabajadores pero sólo un 30% de los puestos de dirección.

Con todo, la situación ha mejorado desde 2004 (año para el que se ofrecen los datos más antiguos), cuando sólo el 23% de los directivos y altos cargos los ocupaban mujeres. Aun así la situación está lejos de ser igualitaria, tal y como prevé la ley de Igualdad aprobada el año pasado en el Parlament.

Un ejemplo claro de esta falta de paridad se encuentra entre los miembros del Govern de Carles Puigdemont. Al frente él, un hombre, un cargo que hasta al momento no ha ocupado ninguna mujer. De él dependen los consellers, 13 en total. Sólo 5 son mujeres y el resto, 8, son hombres, lo que supone que un 36% de los miembros del Govern son mujeres.

¿Por qué no llegan a los puestos más altos de poder?

“Las mujeres a pesar de que tengan formación y experiencia siempre tienen que demostrar mucho más que los hombres para acceder a estos órganos de poder”, afirma la diputada del PSC, Marta Moreta.

Para ello, según esta diputada, es imprescindible desplegar la ley 17/2015 para la igualdad de género que aprobó el Parlament catalán el año pasado. Esta ley prevé cosas como la elaboración de una norma sobre la inclusión de cláusulas relacionadas con la igualdad para los contratos y subvenciones públicas o analizar los puestos de trabajo públicos para ver si se cumple el principio de igualdad. No obstante, el Tribunal Constitucional (TC) suspendió en mayo algunos puntos de la ley de forma cautelar, al atender el recurso del Gobierno que consideraba que invadía competencias estatales.

A pesar de esto, Moreta asegura que del total de puntos que incluye la ley más de 50 se podrían llevar a cabo a pesar de la resolución del TC, pero según ella no se está haciendo casi nada por falta de “voluntad política”.

Sin embargo, la vicepresidenta y portavoz del Govern, Neus Munté, aseguró durante una intervención parlamentaria en julio en respuesta a Moreta que el Govern mantiene su compromiso de desplegar toda la ley de Igualdad pese a la suspensión de artículos por parte del TC.

Más mujeres trabajando pero pocas dirigiendo

La poca presencia de mujeres es similar si se analiza tan sólo la administración de la la Generalitat, que no incluye las universidades ni el mundo local. En junio de este año, 247 personas estaban al frente de órganos superiores y altos cargos y otros directivos y sólo 92 eran mujeres, a pesar de que de las 160.000 personas que trabajan directamente para la Generalitat, 106.000 son mujeres y sólo 54.000 son hombres. Es decir, sólo el 37% de mujeres ocupa cargos superiores, aunque ellas representan casi el 70% de la plantilla total.

¿Y qué pasa a nivel comarcal? La situación aún es mucho peor. En Catalunya hay 40 demarcaciones comarcales. En 29 de los consejos comarcales no hay ninguna mujer al frente, cuando además se trata de organismos que suelen tener más de una persona a la dirección. De las 57 personas que ocupan cargos directivos en los consejos comarcales, sólo 14 son mujeres. Es decir, sólo el 24% de los puestos más altos los ocupan ellas. Y una vez más, la falta de mujeres no es precisamente el problema, puesto que ellas representan casi el 70% de la plantilla.

Las diputaciones no son tampoco el mejor ejemplo de paridad. De las cuatro que hay en Catalunya sólo una está presidida por una mujer: Mercè Conesa, que es presidenta de la Diputació de Barcelona. Es de hecho el gobierno provincial con más paridad de los cuatro. En Tarragona el presidente es un hombre, Josep Poblet i Tous, y su vicepresidente también es hombre. En Lleida el presidente es un hombre, aunque cuenta con dos vicepresidentas y dos vicepresidentes. Por último en Girona no hay ninguna mujer que ocupe el cargo de presidenta o vicepresidenta de este órgano.

Aunque la diferencia sea menor, lo mismo pasa con uno de los entes más importantes de la Generalitat, l'Insitut Català de la Salut (ICS), el proveedor sanitario 100% público. Este organismo cuenta con 45 directivos, de los cuales 26 son hombres y 19 mujeres.

Qui mana a l'administració pública catalana, els homes o les dones? Clarament ells. Tot i que hi ha més dones que homes treballant al sector públic, només un 32% dels òrgans superiors, alts càrrecs o directius estan ocupats per elles, i gairebé un 70% els ocupen ells.

En total, segons el Banc de Dades del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat, i prenent com a data les dades d'1 de gener de 2016, hi ha 55 dones en òrgans superiors i alts càrrecs, enfront a 105 homes que ocupen aquests càrrecs. Alhora, només 331 dones estan al capdavant d'altres llocs directius, en canvi hi ha 713 directius públics homes. Les dades fan referència al total de persones que treballen a l'administració pública catalana, tant els que ho fan directament per la Generalitat, com els que treballen per altres sectors públics, com a les universitats o a l'administració local.

La raó per la qual les dones estan infravalorades en els llocs de poder no és precisament la manca de personal femení ja que les dones suposen un 60% del total de la plantilla del sector públic català. En conjunt, treballen a l'administració més de 300.000 persones: 190.000 són dones i la resta homes. En resum, elles representen més d'un 60% del total de treballadors però només un 30% dels llocs de direcció.

Amb tot, la situació ha millorat des del 2004 (l'any a partir del qual s'ofereixen les dades més antigues), quan només el 23% dels directius i alts càrrecs els executaven dones, però tot i així la situació està lluny de ser igualitària, tal i com preveu la llei d'Igualtat aprovada l'any passat al Parlament.

Un exemple clar d'aquesta manca de paritat es troba entre els membres del Govern de Carles Puigdemont. Al capdavant ell, un home, un càrrec que fins al moment no ha ocupat cap dona. D'ell depenen els consellers, 13 en total. Només 5 són dones, la resta, 8, són homes, el que suposa que només un 36% del total dels membres del Govern són dones.

Per què no arriben als llocs més alts de poder?

“Les dones tot i que tinguin formació i experiència sempre han de demostrar molt més que els homes per accedir a aquests òrgans de poder”, afirma la diputada del PSC, Marta Moreta.

Per això, segons aquesta diputada, és imprescindible desplegar la llei 17/2015 per a la igualtat de gènere que va aprovar el Parlament l'any passat. Aquesta llei preveu coses com l'elaboració d'una norma sobre la inclusió de clàusules relacionades amb la igualtat pels contractes i subvencions públics o analitzar els llocs de treball públics per veure si es compleix el principi d'igualtat i si no prendre mesures. No obstant, el Tribunal Constitucional (TC) va suspendre el maig passat alguns punts de la llei de forma cautelar després d'atendre un recurs del Govern central que considerava que la norma invadia competències estatals.

Tot i això, Moreta assegura que del total de punts que inclou la llei més de 50 es podrien dur a terme malgrat la resolució del TC, però segons ella no s'està fent gairebé res per falta de “voluntat política”.

No obstant, la vicepresidenta i portaveu del Govern, Neus Munté, va assegurar durant una intervenció parlamentària al juliol en resposta a Moreta que el Govern manté el seu compromís de desplegar tota la llei d'Igualtat tot i la suspensió d'articles per part del TC.

Més dones treballant però poques dirigint

La poca presència de dones és similar si s'analitza tan sols l'administració de la la Generalitat, que no inclou les universitats ni el món local. Al juny d'aquest any 247 persones estaven al capdavant d'òrgans superiors i alts càrrecs i altres directius i només 92 eren dones, tot i que de les 160.000 persones que treballaven directament per la Generalitat, 106.000 eren dones i només 54.000 homes. És a dir només el 36% de dones ocupa càrrecs superiors, encara que elles representen gairebé el 70% de la plantilla total.

I què passa a nivell comarcal? La situació encara és molt pitjor. A Catalunya hi ha 40 demarcacions comarcals. En 29 dels consells comarcals no hi ha cap dona al capdavant, quan a més es tracta d'organismes que solen tenir més d'una persona a la direcció. De les 57 persones que ocupen càrrecs directius en els consells comarcals, només 14 són dones. És a dir, només el 24% dels llocs més alts els ocupen elles. I un cop més, la manca de dones no és precisament el problema, ja que elles representen gairebé el 70% de la plantilla.

Les diputacions no són tampoc el millor exemple de paritat. De les quatre que hi ha a Catalunya només una està presidida per una dona: Mercè Conesa, que és presidenta de la Diputació de Barcelona. És de fet el govern provincial amb més paritat dels quatre. A Tarragona el president és un home, Josep Poblet i Tous, i el seu vicepresident també és home. A Lleida el president és un home, encara que compta amb dues vicepresidentes i dos vicepresidents. Finalment a Girona no hi ha cap dona que ocupi el càrrec de presidenta o vicepresidenta d'aquest òrgan.

Encara que la diferència sigui menor, el mateix passa amb un dels ens més importants de la Generalitat, l'Insitut Català de la Salut (ICS), el proveïdor sanitari 100% públic. Aquest organisme compta amb 45 directius, dels quals 26 són homes i 19 dones.

Los Mossos d'Esquadra han desarticulado un grupo criminal de siete personas que se dedicaba a la explotación sexual de menores de edad y a la producción y venta de pornografía infantil. La investigación señala 80 víctimas menores de edad, 29 identificadas de forma completa, 28 dominios en Internet desde donde distribuían el material, más de un millón de fotografías y vídeos de pornografía infantil y más de mil DVDs.

Según la investigación de los Mossos, la mayoría de las víctimas provenían de entornos marginales y algunas son difíciles de identificar ya que se encuentran en países del tercer mundo. Lo que sí se conoce es que de estos 29 menores identificados plenamente, siete pasaron por el sistema de protección de la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (DGAIA), es decir, estaban bajo la protección y la responsabilidad de la Generalidad. Ahora falta ver cuántos de los que quedan por investigar también fueron tutelados por la DGAIA.

Un portavoz de la DGAIA ha explicado que fueron ellos los primeros en denunciar, en 2015, una posible situación de riesgo. Una denuncia que permitió la investigación y la detención de estas siete personas. Según aseguró, fue un chico de un centro de menores de Tortosa quien dio el aviso al ser ingresado en el centro, cuando explicó a los educadores que había estado en contacto con el grupo de detenidos. La alerta hizo encender todas alarmas.

Según los Mossos, los organizadores de esta red obligaban a los menores a visionar pornografía infantil heterosexual y les daban alcohol y estupefacientes con el fin de fotografiarlos y grabarlos mientras mantenían prácticas sexuales sin el consentimiento de los menores.

La administración ya ha anunciado que se personará como acusación particular contra los detenidos. El Síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán, por su parte ha anunciado que abrirá una actuación de oficio -una investigación- para aclarar lo ocurrido. La ley de derechos y oportunidades de la infancia establece que “los poderes públicos deben tomar todas las medidas necesarias para proteger a los niños y adolescentes de cualquier forma de violencia”, ha recordado el Síndic.

El sistema de protección a la infancia, a debate

Aunque no se conocen detalles ni cuál era la situación de los menores en el momento en que fueron captados, el Síndic se pregunta cuáles eran las circunstancias en las que se encontraban los menores tutelados por la administración a la hora de ser captados, es decir, quieren averiguar en qué falló la administración a la hora de dar protección a estos menores, si es que hubiera podido evitar esta violencia.

“Lo que debería hacer la administración es revisar el proceso de atención de estos siete menores”, argumenta Jaume Funes, educador social y exadjunto por la defensa de los derechos de los niños del Síndic de Greuges. Para este experto no se trata de buscar las causas sino de preguntarse “qué hemos hecho con este chico que haya hecho que la protección no haya servido. ¿La medida que tomamos fue la adecuada? ¿Qué seguimiento se ha hecho? ¿Ha tenido un buen tutor? ”.

En Catalunya hay 6.792 menores tutelados por la DGAIA. En 2014 del total de niños tutelados sólo un 13% estaban con familias, el resto se encontraban en centros de menores. En 2015 a razón de este hecho el Síndic emitió un informe donde alertaba de la falta de potenciación de la medida de acogida. El defensor del pueblo recordaba que las medidas de acogida familiar deben tener preferencia sobre el resto y alertaba de la falta de familias y los pocos esfuerzos administrativos para potenciar esta medida.

Según Funes, el hecho de que los menores estén en un centro no quiere decir que estén expuestos a sufrir esta violencia, ya que hay centros pequeños con suficientes educadores que funcionan como una familia. Pero, según este experto, hay que reflexionar más sobre el sistema de protección de la infancia vigente en Catalunya. “Lo que falta son tutores que apoyen, no que controlen. El sistema de protección no puede ser un sistema de control”, explica. Según este experto el sistema de protección de menores catalán no garantiza una verdadera protección, ya que cuando los menores están en los centros se les garantizan las necesidades básicas, como la alimentación o la limpieza, pero no las necesidades emotivas.

CSQP pide explicaciones

La diputada de Catalunya Sí que Es Pot (CSQP) también se ha pronunciado al respecto. En un comunicado ha pedido a la consellera de trabajo, asuntos sociales y familia, Dolors Bassa, que comparezca para dar explicaciones sobre lo que ha pasado. “La consellera debe dar explicaciones inmediatas de cómo ha podido ocurrir que niños bajo la tutela de la Generalitat hayan sido víctimas de este abuso”, ha manifestado este jueves.

“El sistema de protección debe ser capaz de garantizar a cada menor un tutor que le haga sentir que no está solo y que está allí para ayudarle, y más si se trata de un adolescente”, apunta Funes, que recuerda que la adolescencia es una etapa difícil para todos los niños. Para este experto sería interesante crear centros más pequeños, con menos niños y con una mayor cantidad de educadores que pudieran trabajar de forma más completa.

De hecho desde 2014 el colectivo DASC, que incluye trabajadores sociales de centros de menores, pide una supervisión rigurosa de los ratios reales de educadores y de la calidad del servicio que los centros ofrecen a los niños. En Catalunya hay 101 CRAES, 78 concertados a otras empresas y de los 28 centros propios 12 son de gestión delegada, es decir en total 90 centros son administrados por organismos externos a la administración. Son las direcciones de estos centros los que tienen el control sobre la contratación del personal y deciden, por ejemplo, si sustituir las bajas o no.

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal de set persones que es dedicava a l'explotació sexual de menors d'edat i a la producció i venda de pornografia infantil. La investigació assenyala 80 víctimes menors d'edat, 29 identificades de forma completa, 28 dominis a Internet des d'on distribuïen el material, més d'un milió de fotografies i vídeos de pornografia infantil i més de mil DVDs.

Segons la investigació dels Mossos, la majoria de les víctimes provenien d'entorns marginals i algunes són difícils d'identificar ja que es troben en països del tercer món. El que sí que es coneix és que d'aquests 29 menors identificats plenament, set van passar pel sistema de protecció de la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència (DGAIA), és a dir, estaven sota la protecció i la responsabilitat de la Generalitat. Ara faltarà veure quants dels que queden per investigar també van ser tutelats per la DGAIA.

Un portaveu de la DGAIA ha explicat que van ser ells els primers a denunciar, el 2015, una possible situació de risc. Una denuncia que va permetre la investigació i la detenció d'aquestes set persones. Segons ha assegurat, va ser un noi d'un centre de menors de Tortosa qui va donar l'avís al ser ingressat al centre, quan va explicar als educadors que havia estat en contacte amb el grup de detinguts. L'alerta va fer encendre totes alarmes.

Segons els Mossos, els organitzadors d'aquesta xarxa obligaven als menors a visionar pornografia infantil heterosexual i els donaven alcohol i estupefaents amb la finalitat de fotografiar-los i gravar-los mentre mantenien pràctiques sexuals sense el consentiment dels menors.

L'administració ja ha anunciat que es personarà com a acusació particular contra els detinguts. El Síndic de Greuges per la seva part ha anunciat que obrirà una actuació d'ofici –una investigació- per aclarir el que ha passat. La llei de drets i oportunitats de la infància estableix que “els poders públics han de prendre totes les mesures necessàries per protegir els nens i els adolescents de qualsevol forma de violència”, ha recordat el Síndic.

El sistema de protecció a la infància, a debat

Tot i que no es coneixen detalls ni quina era la situació dels menors al moment en què van ser captats, el Síndic es pregunta quines eren les circumstàncies en les que es trobaven els menors tutelats per l'administració a l'hora de ser captats, és a dir, volen esbrinar en què va fallar l'administració a l'hora de donar protecció a aquests menors, si és que s'hagués pogut evitar aquesta violència.

“El que hauria de fer l'administració és revisar el procés d'atenció d'aquests set menors”, argumenta Jaume Funes, educador social i exadjunt per la defensa dels drets dels infants del Síndic de Greuges. Per aquest expert no es tracta de buscar les causes sinó de preguntar-se “què hem fet amb aquest noi que hagi fet que la protecció no hagi servit. La mesura que vam prendre va ser l'adequada? Quin seguiment s'ha fet? Ha tingut un bon tutor?”.

A Catalunya hi ha 6.792 menors tutelats per la DGAIA. El 2014 del total de nens tutelats només un 13% estaven amb famílies, la resta es trobaven en centres de menors. El 2015 a raó d'aquest fet el Síndic va emetre un informe on alertava de la falta de potenciació de la mesura d'acolliment. El defensor del poble recordava que les mesures d'acolliment familiar han de tenir preferència sobre la resta i alertava de la falta de famílies i dels pocs esforços administratius per potenciar aquesta mesura.

Segons Funes, el fet que els menors estiguin en un centre no vol dir que estiguin exposats a patir aquesta violència, ja que hi ha centres petits amb prou educadors que funcionen com una família. Però, segons aquest expert, cal reflexionar més sobre el sistema de protecció de la infància vigent a Catalunya. “El que falta són tutors que donin suport, no control. El sistema de protecció no pot ser un sistema de control”, explica. Segons aquest expert el sistema de protecció dels menors català no garanteix una verdadera protecció, ja que quan els menors estan als centres se'ls garanteixen les necessitats bàsiques, com l'alimentació o la neteja, però no les necessitats emotives.

CSQP demana explicacions

La diputada de Catalunya Sí que Es POT (CSQP) també s'ha pronunciat al respecte. En un comunicat ha demanat a la consellera de treball, afers socials i Família, Dolors Bassa, que comparegui per donar explicacions sobre el què ha passat. “La consellera ha de donar explicacions immediates de com ha pogut passar que nens sota la tutela de la Generalitat hagin estat víctimes d'aquest abús”, ha manifestat aquest dijous.

“El sistema de protecció ha de ser capaç de garantir a cada menor un tutor que el faci sentir que no està sol i que està allí per ajudar-lo, i més si es tracta d'un adolescent”, ha apuntat Funes, que recorda que l'adolescència és una etapa difícil per tots els nens. Per aquest expert seria interessant crear centres més petits, amb menys nens i amb una major quantitat d'educadors que poguessin treballar de forma més completa.

De fet des del 2014 el col·lectiu DASC, que inclou treballadors socials de centres de menors, demana una supervisió rigorosa de les ràtios reals d'educadors i de la qualitat del servei que els centres ofereixen als infants. A Catalunya hi ha 101 CRAES, 78 concertats a altres empreses i dels 28 centres propis 12 són de gestió delegada, és a dir en total 90 centres són administrats per organismes externs a l'administració. Són les direccions d'aquests centres els que tenen el control sobre la contractació del personal i decideixen si substituir les baixes o no.

Los Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (EAIA) de Barcelona han alertado a través de una carta que han hecho llegar al Ayuntamiento que se encuentran con una situación de desbordamiento que implica, según los trabajadores, “una desatención grave”. El motivo, dicen, es la sobrecarga de trabajo y la carencia de recursos.

Los EAIA son equipos multidisciplinarios de profesionales que trabajan con los menores en riesgo y son los que se encargan de evaluar los posibles casos de desamparo y decretar las medidas de tutela administrativa cuando es necesario.

En Barcelona hay 13 equipos EAIA con 71 profesionales y 13 administrativos. Es el consistorio el que contrata a los trabajadores, dado que tiene competencias delegadas de la Generalitat, que es quien financia buena parte del servicio a través de contratos programa. Los equipos, no obstante, responden a la DGAIA (Dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia).

Los trabajadores se quejan en esta carta dirigida al consistorio, tal y como avanzaba en un artículo El País este martes, que las ratios de personal están muy por encima de los máximos que marca la cartera de Servicios Sociales. Este es un extremo que confirman fuentes municipales, conscientes que en algunos casos trabajan con más familias de las que los correspondería.

En algunas ocasiones, el incumplimiento de las ratios, aseguran, se debe a la cobertura insuficiente de las bajas. “No se cubren las bajas médicas ni las bajas en comisión de servicios –cuando se desplaza un profesional a otro departamento dentro del mismo servicio-. Hay equipos con bajas sin cubrir desde hace meses”, aseguran.

Esto implica, dicen, trabajar con un nivel de estrés considerable que ha provocado el aumento de bajas por estrés y ansiedad entre los equipos. “No se puede dar un buen servicio a la infancia, no se puede trabajar desde una perspectiva más preventiva y se tiene que intentar priorizar dentro de la misma urgencia aquellas situaciones donde los casos son más vulnerables”, aseguran.

Además de hacer el seguimiento de casos, los EAIA desarrollan el papel de prevención, a través del cual trabajan con las familias para intentar mejorar la situación. La falta de personal y recursos es la que impide hacer esto, aseguran los trabajadores. “El trabajo con las familias se hace, pero se hace con poco tiempo y pocos recursos y no te permite hacer una planificación. A veces los técnicos toman decisiones acertadas pero no son útiles porque no se puede hacer el seguimiento adecuado”, explica una de las portavoces a este diario. Aún así esta trabajadora asegura que las últimas medidas, como separar un niño de su familia, se llevan a cabo de forma cuidadosa y adecuada.

Educadores y trabajadores de los servicios sociales también se han quejado al Ayuntamiento de la falta de personal y de las condiciones de los trabajadores. Por su parte el Ayuntamiento asegura que tiene pensado incorporar 40 personas después del verano, sobre todo educadores. Pero quedarían al margen de esta decisión los EAIA, puesto que su financiación depende de la Generalitat y se tiene que renegociar el contrato programa entre las dos instituciones. Fuentes municipales explican que la renovación del contrato programa culminará este 2016 con una ampliación de la plantilla.

En un artículo en El Diari de l'Educació expertos y familiares denunciaban el modelo de protección a la infancia catalán y aseguraban que se trabaja demasiado poco con las familias.

El perfil profesional

Además de esta queja, los trabajadores de los EAIA también aseguran en esta carta que es necesario que los profesionales que se incorporen a estos equipos cuenten con, o se los ofrezca antes de entrar, una especificidad profesional más acotada por el servicio que tienen que ofrecer. “A veces hay profesionales que llegan a estos equipos sin tener esta formación específica, a veces ni han pasado por servicios sociales”, asegura una de las portavoces.

Si bien es cierto, asegura, que mientras están trabajando reciben formación interna específica, no todos los profesionales llegan al servicio preparados como lo tendrían que hacer. “Para atender la infancia en alto riesgo hace falta más especificidad en este perfil”, asegura.

Els Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) de Barcelona han alertat a través d’una carta que han fet arribar a l’Ajuntament que es troben amb una situació de desbordament que implica, segons els treballadors, “una desatenció greu”. El motiu, diuen, és el sobrcàrrgea de feina i la manca de recursos.

Els EAIA són equips multidisciplinaris de professionals que treballen amb els menors en risc i són els que s’encarreguen d’avaluar els possibles casos de desemparament i decretar les mesures de tutela administrativa quan és necessari.

A Barcelona hi ha 13 equips EAIA amb 71 professionals i 13 administratius. És el consistori el que contracta els treballadors, atès que té competències delegades de la Generalitat, que és qui finança bona part del servei a través de contractes programa. Els equips, però, responen a la DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència).

Els treballadors es queixen en aquesta carta dirigida al consistori, tal i com avançava en un article El País aquest dimarts, que les ràtios de personal estan molt per sobre dels màxims que marca la cartera de Serveis Socials. Aquest és un extrem que confirmen fonts municipals, conscients que en alguns casos treballen amb més famílies de les que els pertocaria.

En algunes ocasions, l'incompliment de les ràtios, asseguren, es deu al cobriment insuficient de les baixes. “No es cobreixen les baixes mèdiques ni les baixes en comissió de serveis –quan es desplaça un professional a un altre departament dins del mateix servei-. Hi ha equips amb baixes sense cobrir des de fa mesos”, asseguren.

Això implica, diuen, treballar amb un nivell d’estrès considerable que ha provocat l’augment de baixes per estrès i ansietat entre els equips. “No es pot donar un bon servei a la infància, no es pot treballar des d’una perspectiva més preventiva i s’ha d’intentar prioritzar dintre de la mateixa urgència aquelles situacions on els casos són més vulnerables”, asseguren.

A banda de fer el seguiment de casos, els EAIA desenvolupen el paper de prevenció, a través del qual treballen amb les famílies per intentar millorar la situació. La falta de personal i recursos és la que impedeix fer això, asseguren els treballadors. “El treball amb les famílies es fa, però es fa amb poc temps i pocs recursos i no et permet fer una planificació. A vegades els tècnics prenen decisions encertades però no són útils perquè no es pot fer el seguiment adient”, explica una de les portaveus a aquest diari. Tot i així aquesta treballadora assegura que les últimes mesures, com separar un nen de la seva família, es duen a terme de forma curosa i adequada.

Educadors i treballadors dels serveis socials també s’han queixat a l’Ajuntament de la falta de personal i de les condicions dels treballadors. Per la seva banda l’Ajuntament assegura que té pensat incorporar 40 persones després de l’estiu, sobretot educadors. Però quedarien al marge d’aquesta decisió els EAIA, ja que el seu finançament depèn de la Generalitat i s’ha de renegociar el contracte programa entre les dues institucions. Fonts municipals expliquen que la renovació del contracte programa culminarà aquest 2016 amb una ampliació de la plantilla.

En un article a El Diari de l’Educació experts i familiars denunciaven el model de protecció a la infància català i asseguraven que es treballa massa poc amb les famílies.

El perfil professional

A banda d’aquesta queixa, els treballadors dels EAIA també asseguren en aquesta carta que és necessari que els professionals que s’incorporin a aquests equips comptin amb, o se’ls hi ofereixi abans d’entrar, una especificitat professional més acotada pel servei que han d’oferir. “A vegades hi ha professionals que arriben a aquests equips sense tenir aquesta formació específica, a vegades ni han passat per serveis socials”, assegura una de les portaveus.

Si és cert, assegura, que mentre estan treballant reben formació interna específica, no tots els professionals arriben al servei preparats com ho haurien de fer. “Per atendre la infància en alt risc fa falta més especificitat en aquest perfil”, assegura.

Este lunes ha dado a luz una mujer que fue afectada por la fiebre vírica de Zika. El menor ha nacido con microcefalia tal y como han informado los médicos del Hospital Vall d’Hebron este lunes, donde ha dado a luz la mujer, y los representantes del departamento de Salut.

Este es el primer caso de microcefalia causada por Zika en toda España, y probablemente el primero de toda Europa, según han informado los portavozes de Salut. La madre contrajo el virus después de un viaje a Latinoamérica.

El niño, según los doctores, no ha necesitado ningún tipo de reanimación y clínicamente se encuentra bien, las constantes están correctas. Lo que han detectado los doctores es un perímetro craneal bajo, inferior a lo normal, y que por tanto confirma la microcefalia que ya se venía sospechando.

Ahora los doctores están revisando el protocolo que ha fijado el hospital para estos casos. De momento, el equipo de trabajo e investigación del Zika del centro ya está trabajando en el caso.

En total en Catalunya ha habido 21 casos de mujeres embarazadas con el virus. Cinco de ellas, según han informado esta tarde, ya han dado a luz, y los niñós han nacido sanos sin ningún tipo de afectación. Este último caso fue detectado en mayo, y los médicos ya avisaron de que podría ser un embarazo problemático.

La llei catalana 24/2015 per fer front a l'emergència habitacional i la pobresa energètica ha permès aturar en nou mesos 4.286 desnonaments en 12 municipis. La llei va ser aprovada el juliol del 2015 però suspesa parcialment pel Tribunal Constitucional (TC) el juny del 2016. Durant els mesos en què la mesura va estar en vigor es van resoldre 2.554 casos d’emergència habitacional i es van aconseguir 914 lloguers socials.

Aquesta informació es desprèn de l’informe sobre emergència habitacional i pobresa energètica elaborat per l’observatori DESC, la PAH i l’Aliança contra la pobresa energètica al qual ha tingut accés aquest diari. L’estudi fa un diagnòstic de la situació del dret a l’habitatge recullin dades de 12 ajuntaments que han participat en l’espai de treball impulsat per grup promotor de la ILP , constituït per aquestes tres entitats. El document aporta les dades actuals i dels últims darrers anys sobre la situació referent a aquests municipis.

Aquests dotze ajuntaments –Badalona, Barcelona, Girona, L’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Mataró, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Reus, Santa Coloma de Gramenet, Tarragona i Terrassa- representen el 43% de la població de Catalunya i l’any 2015 van suportar el 54% del total de desnonaments produïts a tot el territori català.

Però més enllà dels desnonaments que ha permès aturar aquesta mesura, l’informe recull dades referents a pobresa energètica. Durant aquests nou mesos s’han parat 4.399 talls de subministrament bàsics en els 12 municipis estudiats. Durant tot aquest temps a tot Catalunya es van fer 121.224 talls, i segons dades de l’Agència Catalana de Consum, la llei ha permès aturar-ne 32.000 a tota la comunitat autònoma. La llei preveu en l’article 6 la prohibició d’efectuar un tall sense comprovar prèviament la situació de la persona a través dels serveis socials, un punt que no ha estat derrogat pel TC. Això permet als ajuntaments poder seguir sancionant a les empreses que no actuïn d’aquesta forma.

La mesura 24/2015 que entre altres coses obligava als propietaris a oferir una alternativa de lloguer social a les famílies vulnerables abans d’executar un desnonament o l’obligació d’aquests grans propietaris a cedir pisos buits a les administracions per ús social, ha permès als ajuntaments detectar i sancionar als grans propietaris, ja siguin bancs o immobiliàries, que tenen pisos buits. A Barcelona s’han obert 17 expedients sancionadors, 56 a l’Hospitalet i 2 a Badalona, segons l’informe.

Reallotjaments i mobilització d’habitatge

La fotografia més recent que recull l’informe mostra que s’han aconseguit 314 dacions en pagament, 328 refinançaments d’hipoteques i 63 quitances en els 12 municipis enquestats.

El document, que segons els seus promotors s’ha fet per “tenir dades més reals sobre l’estat de la qüestió i sobre la resposta actual i futura de l’administració”, constata que per resoldre el problema de l’habitatge és molt important mobilitzar els habitatges buits que no estan complint la seva funció social. Això és, captar els habitatges buits per oferir-los a famílies en risc d’exclusió residencial a un preu que correspongui al 10, 12 o 18% dels ingressos que tenen aquestes famílies. Segons les dades recollides per l’informe aquests dotze municipis han aconseguit mobilitzar 577 habitatges buits.

En aquests territoris, a més, durant l’últim any s’han realitzat 596 reallotjaments. Aquesta mesura s’aplica com a últim recurs si la mediació o altres eines per resoldre el problema de l’habitatge no han funcionat. En aquests casos l’administració s’ha de fer responsable i reallotjar a la persona desnonada. Aquest és un altre dels punts que no ha quedat derogat pel TC.

Per últim en aquests 12 municipis 300 pisos propietat d’entitats financeres han estat cedits als ajuntaments a través de convenis per poder ampliar l’oferta de lloguer social.