Lucía Figar, consejera de Educación en la Comunidad de Madrid, anunció ayer su abandono de la vida política. Se trata de una noticia que ha despertado el júbilo entre amplios sectores de la comunidad educativa al ser la cara más visible de las agresivas políticas del PP contra el sistema público de educación. 

Como ya es tradición dentro del PP de Madrid, alega motivos personales, aunque la sombra de contratos de su consejería con la trama Púnica puede, quizá, haber tenido algo que ver.

La marcha de Lucía Figar puede ser una señal de los cambios que están por venir; pero tampoco podemos olvidar que las políticas  y grupos de presión que ha encarnado harán todo lo posible por perpetuar este modelo si no los detenemos.

¿Qué nos deja Figar tras sus ocho años al frente de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid? A grandes rasgos, nos deja un sistema educativo más privatizado y más segregado. 

Durante los años de gobierno del PP en la Comunidad de Madrid, el alumnado escolarizado en la escuela pública ha pasado del 60% al 50% en la región, y está por debajo del 40% en el municipio de Madrid. Este proceso de privatización, además, ha coincidido con uno de los periodos de mayor crecimiento demográfico de la región y de su población escolar.  

Entre las distintas vías que la Administración ha utilizado para potenciar los centros de titularidad privada en el sistema, la más destacada ha sido la cesión de suelo para la construcción de colegios en los nuevos desarrollos urbanísticos. En muchos casos, estos centros se han terminado de construir antes que los centros públicos y se las ha dotado de mejores prestaciones, obligando a muchas familias a optar por la educación concertada. 

Las familias de estos nuevos desarrollos, con cierta capacidad económica para poder asumir las cuotas y otros servicios educativos, y en muchos casos sin alternativa pública competitiva, garantizan una clientela segura, amortizando las inversiones realizadas y dando beneficios a los pocos años.

Sólo de esta manera se puede entender el interés que, más allá de la Iglesia Católica, han mostrado empresarios como Arturo Fernández o Florentino Pérez por estos centros. El negocio que se puede hacer con un centro concertado también ha quedado claro con las noticias referentes al pago de comisiones por estas concesiones. Sólo desde las posibilidades de un negocio seguro se puede entender que alguien esté dispuesto a pagar una comisión de un millón de euros por la puesta en marcha de un centro educativo concertado.

No se puede hablar de la privatización de la educación sin denunciar el trasvase de recursos que ha habido de la educación pública a la de titularidad privada mediante la puesta en marcha de desgravaciones fiscales por los gastos en educación privada, a la vez que se disminuía de forma severa el presupuesto de la pública.

El otro gran pilar del modelo del PP ha sido el clasismo educativo, el cual hace referencia a un patrón de comportamiento que acaba relacionando a ciertas clases sociales con determinadas redes educativas. En este sentido, una buena parte de las clases medias y medias altas urbanas se refugia en los centros concertados, donde sus hijos e hijas no tienen que convivir con sectores sociales más humildes o con perfiles sociales más estigmatizados que se escolarizan mayoritariamente en la escuela pública.  

Se trata de una característica educativa heredada del franquismo que, más allá de corregirse, se ha potenciado notablemente durante los años de gobierno del PP en la Comunidad de Madrid. 

Una de las herramientas que la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha al servicio de esta sutil pero eficaz segregación es la supuesta “libertad de elección” de las familias a la hora de acudir al sistema educativo. Esta medida viene precedida o acompañada de otras que le dan contexto, como el distrito escolar único, las pruebas externas con resultados públicos o el desarrollo de una red de centros cada vez más diversos (centros bilingües, Bachillerato de Excelencia…).

Adoptando postulados neoliberales, se ha creado un mercado educativo en el que los centros deben competir y funcionar como empresas mientras las familias se asemejan más a clientes que también compiten por las ofertas educativas más exclusivas para sus hijos e hijas. 

Recientemente, hemos visto una fuerte campaña publicitaria de la Comunidad de Madrid para vender su idea de “libertad de elección” como una especie de nuevo derecho al alcance de todos. En la práctica, se trata de una gran estafa y de una libertad que no existe. Primero, porque son los centros educativos que se encuentran en mejores condiciones los que eligen al alumnado. Segundo, porque no todas las familias parten de la misma posición y, por tanto, no se trata de una competición libre e igualitaria. 

En este modelo neoliberal, el Estado se inhibe como garante de la prestación de un derecho y se deja que las tendencias más perversas de competencia social se impongan en la sociedad a través del sistema educativo. 

Este modelo de “libre elección” se desarrolla en un escenario de asfixia al sistema público. En los últimos años hemos presenciado el ataque injusto por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid al personal docente de la escuela pública, acusándoles de no trabajar suficientes horas, equiparando horas lectivas con horas laborales… Esto ha servido de excusa para aumentar su carga docente, despedir a interinos, precarizar duramente a este colectivo y no garantizar personal de apoyo y sustituciones. Estas políticas han llevado a que la escuela pública esté cada vez más masificada y tenga menos recursos, siendo menos atractiva dentro de esta modelo de “libertad de elección”.

Afortunadamente, el clamor de la marea verde no sólo ha sido un elemento de denuncia, también ha mantenido  la movilización y el orgullo por la escuela pública.

Aparte de estos dos grandes ejes educativos del PP en Madrid, merece especial atención el programa de centros bilingües que se ha puesto en marcha en la región y que el Gobierno regional y el PP utilizan como gran bandera a la hora de defender su política educativa. Si bien somos conscientes de que la enseñanza bilingüe o en lengua no materna es una línea educativa cada vez más difícil de ignorar en el mundo en el que vivimos, tampoco se puede poner en marcha de cualquier manera ni a cualquier precio.  

En Madrid, este programa se ha desarrollado de una manera cuantitativa y con objetivos propagandísticos. El número ha pesado más que la calidad, y cada vez es más urgente poner en marcha medidas de evaluación del mismo y abrir un debate público en el que se analicen todos los pros y los contras del programa. 

La evaluación del programa debe ser pedagógica y analizar los resultados en lengua extranjera, lengua castellana y en el conjunto de asignaturas.  Pero también es muy urgente hacer una evaluación social de este programa. 

Mucho se habla del número de colegios e institutos bilingües y muy poco del porcentaje de estudiantes que no superan el examen de 6º de primaria, que les permite acceder a la sección bilingüe de los institutos que llevan ese título (y que no todo el alumnado cursa) tras haber estado 9 años escolarizados en un colegio bilingüe.

¿Qué grupos sociales se concentran en los colegios bilingües? ¿Qué porcentaje de fracaso hay en el paso de los colegios bilingües a institutos bilingües? ¿A qué grupos sociales afecta más? ¿Cuáles son las diferencias en el nivel de inglés del alumnado según los distritos y municipios? ¿Qué peso tiene el gasto privado de las familias en el refuerzo educativo de sus hijos e hijas que están en este programa?  Se trata de preguntas que deben tener respuesta y ser conocidas por la sociedad a la hora de valorar la forma en la que se está implantado el programa. Tampoco nos podemos olvidar de la evaluación económica del mismo, de su coste, sus recursos, sus necesidades, o de las cantidades destinadas a las empresas que participan en sus pruebas externas. 

Madrid ha estado en manos del PP desde que esta región asumió las competencias en educación. Y tras analizar brevemente sus principales apuestas educativas podemos concluir que, al igual que ha ocurrido con otros servicios sociales, han generado un modelo en el que la educación no se concibe como un derecho que se debe garantizar a todos los ciudadanos y ciudadanas. Sin olvidarse de la satisfacción de los intereses ideológicos, económicos y de poder de la Iglesia española, se ha potenciado su carácter de negocio y se ha dado, gravemente, marcha atrás en los pasos hacia la cohesión social , la igualdad de oportunidades y las posibilidades de movilidad social que se habían puesto en marcha durante el periodo democrático. 

Va siendo urgente un cambio de modelo educativo en el que la escuela pública sea el eje vertebrador de un sistema educativo que se conciba como derecho que se debe garantizar. Un sistema educativo en el que el lema de “Escuela Pública, de todos y para todos” se haga realidad. 

En el artículo se señalan las razones por las que la comunidad universitaria debe sumarse a la huelga general de educación convocada para hoy martes 24 de marzo. Una huelga que se enfrenta a las políticas de recortes en educación, estrangulamiento de los centros públicos de enseñanza, desarrollo de reformas sin el consenso de la comunidad educativa y encarecimiento de los estudios universitarios mediante la implantación del denominado 3+2 que el gobierno del PP pretende imponer a la ciudadanía.

Desde hace más de una década, el sistema público universitario lleva sufriendo ataques frontales mediante la implantación de sucesivas reformas. Comenzó con la Ley Orgánica de Universidades (LOU) aprobada por el PP en 2001; continuó con la denominada RE-LOU llevada a cabo por el PSOE en 2007, que supuso el comienzo de la implantación del “plan Bolonia”; siguió posteriormente con el Real Decreto-ley 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, que estableció una subida brutal de las tasas universitarias; y cuyo último hito ha sido el Real Decreto 43/2015 aprobado por el gobierno del PP el pasado febrero y conocido como el 3+2.

Estas sucesivas reformas están suponiendo que la universidad se aleje de ese “bien común” cuyas funciones fundamentales deben ser: por un lado, formar ciudadanos y ciudadanas con competencias para la vida personal y profesional que les permitan intervenir activa y críticamente en la realidad social y política; y, por otro, ser motor de generación de conocimiento para afrontar la variedad de problemas a los que se enfrentan las sociedades. Más bien al contrario. Estas reformas enlazadas son pasos hacia la mercantilización de la universidad para convertirla en otro nicho de mercado más, que responda única y exclusivamente a las necesidades de las empresas, generando obra de mano cualificada.

Estos ataques no son un elemento aislado. Forman parte de un proceso generalizado de agresión a lo público, a lo común, como el intento de desmantelamiento de la sanidad y la educación públicas, el emergente ataque al sistema de pensiones, etc. Es una estrategia que pretende desprestigiar lo público para poner en alza el sistema privado, con el fin último de generar ciudadanos y ciudadanas de primera y de segunda, y enriquecer así a una minoría en perjuicio de la mayoría social.

Pero, ¿qué supone el 3+2? Si el “plan Bolonia” supuso el 4+1 (240 créditos de grado más 60 de máster), el 3+2 es el nuevo marco legal necesario para grados de tres años (180 créditos) y másteres de dos (120 créditos). La consecuencia directa es el aumento del coste total de la formación universitaria para los estudiantes, ya que las tasas de los másteres son de media un 67% más alta que las de los grados.

Este crecida de facto del precio total de la formación universitaria, junto con el aumento sistemático de las tasas universitarias y la disminución de las becas, supondrá una segregación de las personas en el acceso a una formación superior en función del nivel de renta y no de las capacidades y motivaciones, ya que la especialización y la cualificación vendrán de la mano de los másteres más caros y, en consecuencia, menos accesibles.

Este hecho, además, tiene una doble repercusión en las mujeres. Frente al dilema de no poder asumir el coste de la formación universitaria para todos sus descendientes, muchas familias estarán tentadas a dar esa educación superior a sus hijos en perjuicio de las hijas, expulsando en gran medida a las mujeres del ámbito universitario.

Cuando una sociedad no valora la capacidad, sino únicamente los recursos económicos, deja a muchas personas en el camino. Por tanto, corre el peligro de que a largo plazo los servicios profesionales sean de peor calidad y de que el espíritu social de muchos de los profesionales formados en la universidad pública desaparezca.

La segunda consecuencia perversa de estas normas es la entrada en competencia directa de la universidad pública y la privada, cuando tradicionalmente la universidad pública ha sido altamente valorada y elegida mayoritariamente por el conjunto de la población. El aumento del protagonismo de los másteres en la formación universitaria abre la posibilidad a las universidades privadas a la creación de másteres de alta especialización ligados directamente al mundo empresarial.

Este hecho, sumado a la asfixia de la universidad pública por parte de las administraciones (por ejemplo, el presupuesto designado a las universidades públicas de la Comunidad de Madrid ha disminuido en más de un 50% desde el 2009 al 2014), puede suponer que la universidad privada llegue a superar a la pública en número de estudiantes y prestigio. De esta forma se reforzará a las élites económicas, dejando a la universidad pública la formación de tres años de grado, mucho más generalista y menos rentable.

Por otro parte, todas estas reformas universitarias han ido llevando a la contratación de personal docente e investigador (PDI) sobre la base única y exclusivamente de la carga docente existente, bajo un diseño de nuevas figuras contractuales de dudosa legalidad jurídica. Esto está suponiendo una alta precarización de la universidad, con cada vez más personal laboral con contratos temporales y una altísima rotatividad, lo que supone una mayor facilidad para el control ideológico y una progresiva disminución de la investigación y la creación de conocimiento.

Si estas políticas siguen adelante, el futuro que se vislumbra es una universidad pública convertida meramente en centros educativos de “ciclos formativos de cuarto grado” para generar mano de obra relativamente cualificada y con una plantilla docente altamente precarizada cuya única función sea el “dar clase”. Desaparecerán aquellas disciplinas aparentemente inútiles o poco rentables en términos económicos. Y la investigación será anecdótica. De manera paralela, tendremos universidades privadas cuyo nicho de mercado serán los másteres altamente especializados y con altas tasas, que formarán a los expertos y expertas directamente para el tejido empresarial.

La población con estudios universitarios disminuirá significativamente, con mayor virulencia en las mujeres. Aquellas personas que sí pudieron acceder a estudios superiores se dividirán entre los que sólo accedieron a un grado de tres años y los que pudieron continuar sus estudios costeándose un máster en universidades privadas y en contacto directo con empresas. Ni que decir tiene que, así las cosas, el ideal de la igualdad de oportunidades se aleja cada vez más y la fractura social en función de los recursos económicos y de género se agranda.

En ese momento, la universidad como espacio de creación de conocimiento y pensamiento crítico con una clara función social habrá desaparecido. Cada vez estaremos más lejos de una universidad pública dinámica, propositiva, que construye y desarrolla nueva ideas, y que es un pilar imprescindible para el desarrollo económico y para la necesaria modificación del modelo productivo en el que estamos inmersos.

Por eso, la comunidad universitaria también está convocada a la huelga general de educación del 24 de marzo.

Porque todavía tiene remedio, porque todas estas injusticias se pueden parar y porque este año 2015 es un año de grandes transformaciones. Aprovechémoslo.