Los intentos de criminalización de la huelga solo se entienden como medios para un objetivo final: privar a las y los trabajadores del principal instrumento de que disponen ante la expropiación de los derechos

Con motivo de la huelga general convocada por CCOO y UGT para el 29 de marzo de 2012 Esperanza Aguirre -por entonces presidenta de la Comunidad de Madrid- lanzó por las redes sociales la campaña #FotoAlPiquete. El objetivo era tan evidente como garantizado parecía su éxito: de entre las innumerables situaciones que se dan en una jornada de huelga general, no faltarían ciudadanos, móvil en mano, en disposición de fotografiar en actitud agresiva a algunos de los integrantes de los miles de piquetes sindicales.

Ciertamente que a la campaña no le faltaron voluntarios, pero sí en cambio las tan anheladas imágenes. El hastag de la campaña acabó limitándose a mostrar los habituales memes y fotomontajes antisindicales. En tres huelgas generales producidas entre 2010 y 2012, ningún medio de comunicación pudo exhibir las buscadísimas fotografías de piquetes atemorizando a honrados ciudadanos en el ejercicio de su derecho al trabajo, y no precisamente porque no se intentara. Y sin embargo, en una situación inédita, trescientos sindicalistas están siendo objeto de procedimientos administrativos o penales por actos vinculados a dichas convocatorias. Asimismo, la anterior mayoría absoluta parlamentaria llevó a cabo una modificación del Código Penal para reforzar la cobertura penal contra la acción de los piquetes de huelga a través del art. 315.3. No habiéndose caracterizado las huelgas generales en España -en particular, las de 2010 y 2012- por la existencia de violencia por parte de los piquetes sindicales, ¿qué motivación se encuentra detrás de esta ofensiva penal contra quien promueve la huelga?

La constitucionalización del derecho de huelga es uno de los elementos claves del pacto del Estado del bienestar. Este reconocimiento constitucional y legal no da lugar a las huelgas, sino que las democratiza. La huelga es una práctica sindical que nace desafiando a las leyes. Su tratamiento como patología social por parte de Gobiernos autoritarios, mediante la represión a través de los cuerpos policiales e incluso militares, no impidió su existencia, sino que en todo caso extremó su ejercicio y agravó sus consecuencias. Es esta constatación la que lleva al moderno reconocimiento del conflicto social como inherente a la relación de trabajo, y a la regulación democrática de los mecanismos colectivos para encauzarlo, con un tratamiento específico para el derecho de huelga. Este no se encuentra tan solo amparado en nuestra Constitución como una más de las medidas de conflicto colectivo reconocidas, sino que se regula específicamente como derecho fundamental, recibiendo de esta manera la máxima protección.

Políticamente, los adversarios de la huelga no acostumbran a manifestar abiertamente su oposición al derecho genérico, aunque siempre encuentren inoportuna cualquier expresión concreta del mismo, sino que muestran su más enérgico rechazo a los odiosos piquetes que coaccionan al ciudadano individual. Aquello que obvian con este planteamiento es que, tal y como reconoce el Tribunal Constitucional, la huelga es un derecho de titularidad individual pero su ejercicio solo puede ser colectivo, e incluye las facultades de información, publicidad y extensión de la huelga mediante la persuasión a los demás trabajadores como parte esencial del contenido del derecho. Y es que es precisamente la dimensión colectiva lo que caracteriza el conjunto del Derecho laboral, en tanto que parte de la constatación de que individualmente los trabajadores no podemos aspirar a una negociación con quien nos emplea en términos de mínimo equilibrio. Por cierto, no se conoce ni una sola acción de la Fiscalía contra la principal fuente de coacción presente en toda huelga general: quienes conminan a los trabajadores a no sumarse a la misma so pena de perder el trabajo.

Aquello que subyace en la ofensiva penal contra quienes promueven la huelga es la anulación efectiva de este derecho mediante su individualización. De manera perversa se pretende que aquello que elimina la libertad de los trabajadores es su acción colectiva y no la posición de superioridad de quien los emplea y organiza su trabajo. Es la misma línea de pensamiento que lleva a facilitar que mediante pactos de empresa se incumpla el convenio colectivo sectorial. Y es que solo se entiende este ataque a la huelga como complemento de las últimas reformas laborales y recortes de derechos sociales, y en el marco más amplio de la represión legal contra las diferentes formas de protesta y oposición ciudadana. El objetivo último no es la huelga como derecho aislado, sino privar a los trabajadores y trabajadoras de nuestro principal instrumento de defensa ante la ofensiva por la expropiación de nuestros derechos.

Desde el comienzo de la crisis económica, la política y los medios de comunicación españoles han comenzado también a introducirse en el juego de la manipulación del lenguaje, que está impregnando profundamente nuestra sociedad

Recientemente repasaba el libro de Victor Klemperer LTI. La lengua del Tercer Reich, que fue perseguido y humillado durante el régimen nazi por su ascendencia judía, a pesar de su fuerte identificación con la cultura alemana. Solo su matrimonio con una mujer “aria” le permitió salvar la vida. Se trata de una obra maestra para entender cómo los políticos manipulan y pervierten el lenguaje, y demostró que ninguna sociedad permanece ajena a ese peligro. Dio también las claves del éxito de esa manipulación: un lenguaje de grupo se transforma en el lenguaje del pueblo, de las masas, apoderándose de todos los ámbitos públicos y privados. Las consignas populistas, destinadas a liquidar la personalidad individual, fueron el gran éxito retórico del régimen nazi.

Si analizamos el lenguaje utilizado en la política actual veremos que nada tiene que envidiar a la LTI. Si escuchamos la vida cotidiana, lo corriente, lo normal, ves cómo el lenguaje se va transformando y las palabras se vuelven más ambiguas. La manipulación del lenguaje va calando en el alma de las personas a través de palabras sueltas, expresiones y estructuras que son impuestas mediante millones de repeticiones y que son adoptadas mecánicamente, de manera inconsciente. Para lograr la manipulación, lo mejor no es inventar palabras o conceptos nuevos, sino cambiar el significado, adaptándolas a tus necesidades, y la frecuencia de uso de las mismas.

Desde el comienzo de la crisis económica, la política y los medios de comunicación españoles han comenzado también a introducirse en el juego de esa manipulación del lenguaje, que está impregnando profundamente nuestra sociedad. Conceptos que hasta ahora habían sido de uso habitual se están tergiversando, con nuevas definiciones que intentan suavizar los problemas, hasta que estos desaparezcan: el principal problema de nuestra economía, el paro, se ha convertido en una “tasa natural de desempleo”; los jóvenes forzados a emigrar por el desempleo se han convertido en “movilidad exterior”; la caída de la economía se ha transformado en un “crecimiento negativo”, etc. En el uso de las estadísticas, de las cifras, siempre se busca el engaño y la intoxicación.

Resulta impresionante la tergiversación torticera del lenguaje de nuestros políticos que dan vueltas y más vueltas para evitar decir “rescate bancario”, una palabra que fue considerada tabú en el PP, y que se transformó en la “línea de crédito” o en un “préstamo en condiciones muy favorables”; o ver a un gobierno entero haciendo malabarismos de sinónimos, para evitar decir que una “amnistía fiscal” no es una “amnistía fiscal”, sino “medidas excepcionales para incentivar la tributación de rentas no declaradas”. Podemos ver otros ejemplos: la famosa “indemnización en diferido”, la “desaceleración transitoria”, una subida del IRPF pasó a ser un “recargo temporal de solidaridad”, la acción de bajar el sueldo a los trabajadores es una “devaluación competitiva de los salarios”, la subida del IVA es un “gravamen adicional”, los recortes son “reformas estructurales”, etc.

Otros ejemplos son aún más problemáticos, porque afectan, sobre todo, a nuestras libertades. Tras los atentados del 11S, el Islam dejó de ser un aliado de los Estados Unidos en su batalla contra el comunismo para convertirse en su “enemigo número 1”, pero la lucha contra el terrorismo ha servido como excusa para limitar las libertades de la población, en aras de la seguridad global, y el lenguaje es usado para hacer creer a la ciudadanía que la guerra asegurará su libertad, seguridad y democracia, aunque la realidad sea otra.

Como señalaba Klemperer en 1944, “una característica especial de la LTI es la desvergüenza con que mienten. Continuamente, y sin sombra de escrúpulos, afirman lo contrario de lo que han afirmado la víspera”; unas mentiras que, repetidas miles de veces, se convierten en realidad.

En este proceso el lenguaje se vacía de contenidos intelectuales y se llena de conceptos emocionales. La resistencia ante las ideologías que se nos quiere imponer comienza por el cuestionamiento individual de las expresiones de moda. Se elaboran extrañas construcciones de palabras con el fin de conferirle un aspecto neutral o científico a narrativas que, de otra manera, serían consideradas altamente ideológicas. Debemos replantearnos el pensamiento crítico.

En definitiva, debemos reflexionar sobre la manipulación a la que todos nos vemos sometidos mediante el uso tergiversado del lenguaje. Aunque Klemperer hablara de sus apreciaciones durante el nazismo, las manipulaciones del lenguaje ocurren también en la actualidad. Por eso es necesario que la ciudadanía mantenga su sentido crítico, aunque no siempre sea posible, debido a la falta de medios de comunicación neutrales.

Las denominadas políticas de empleo juvenil han jugado un papel central en el desmantelamiento de los derechos laborales

Resulta imprescindible plantear el conflicto allí donde de se encuentra: no entre los explotados, sino entre éstos y sus explotadores

El fundamentalismo de mercado ha promovido que el crecimiento económico se sustente en una globalización sin reglas ni contrapoderes, y que el poder político esté subordinado al poder económico. En consecuencia, han aumentado las desigualdades y ha crecido el peso de las rentas del capital en detrimento de las del trabajo. La figura de las personas trabajadoras que son pobres es hoy una realidad en aumento.

Ciertamente, en el último tercio del pasado siglo se produjeron profundos cambios que han afectado a las estructuras sociales: cambios tecnológicos y en la organización del trabajo, el paso de un modelo de empresa concentrada a la fragmentación empresarial, la configuración de un mercado de trabajo global con la incorporación de los países del bloque del este, China e India. No obstante, el proceso de desigualdad extrema no es una consecuencia automática de estas transformaciones. Son los cambios políticos llevados a cabo por una minoría privilegiada los que han dinamitado el acuerdo social de postguerra en Europa que dio lugar al período de máxima prosperidad económica y social jamás vivido en el continente.

En este proceso, las denominadas políticas de empleo juvenil han jugado un papel central en el desmantelamiento de los derechos laborales. El fundamentalismo neoliberal parte de la falacia de que el elevado paro entre la juventud halla sus causas en las insuficiencias de propios trabajadores jóvenes. La inadecuación de la formación, la falta de experiencia laboral y la ausencia de valores serían condiciones propias de este colectivo. Condiciones que junto a la rigidez de la regulación laboral justificarían dichas políticas. Sobre estos prejuicios se ha justificado el proceso de dualización del mercado de trabajo. Este proceso se presentó como una estrategia de transición entre estudios y empleo durante el cual estaría justificado reconocer unas condiciones laborales discriminatorias que en principio finalizarían con la incorporación laboral plena y “adulta”.

La experiencia de estos años desmiente esta lógica. La generalización del paro entre la gente joven coincide con una fuerte destrucción del empleo que afecta de manera generalizada a quienes se incorporan por primera vez a la búsqueda de trabajo. Las políticas de empleo juvenil basadas en la incorporación laboral en condiciones precarias no generan nuevo empleo, sino que condenan a la discriminación y la precariedad a aquellas generaciones que se incorporan al mercado laboral.  La precariedad no se limita a una etapa inicial de la vida laboral, sino que resulta permanente para un gran volumen de la población trabajadora. De esta manera se y sitúa a una parte cada vez más mayoritaria de la sociedad en una precariedad social y vital sin horizonte de cambio.

En este contexto hemos asistido a la proliferación por parte del pensamiento dominante de un discurso de atomización de la identidad colectiva mediante etiquetas poco sustentadas: “precariado”, “mileurismo”, “ninis”, “generación perdida”. Categorías que no sólo carecen de rigor, sino que comportan un clasismo latente y una voluntad de trasladar el conflicto social al conflicto generacional. En la fase actual, las mismas instituciones y poderes que exigieron la dualización de las condiciones laborales son las que presentan esta misma dualización como discriminatoria y reclaman una equiparación a la baja. De esta manera estamos inmersos en una ofensiva generalizada de precarización laboral y social.

Resulta, pues, imprescindible que la izquierda social y política, lejos de acomodarse al relato dominante, genere una propuesta propia que parta de la denuncia de la precarización generalizada de las condiciones de trabajo para, a partir de aquí, plantear el conflicto allí donde de se encuentra: no entre los explotados, sino entre estos y sus explotadores.