Las diferentes movilizaciones y conflictos laborales en muchos centros de trabajo y ámbitos de la economía, la buena salud organizativa y afiliativa de los sindicatos y la agenda política del Gobierno de coalición impulsada por el Ministerio de Trabajo, se han traducido en importantes avances legislativos y un protagonismo renovado de la cuestión laboral en el debate público. Este Primero de Mayo es un buen momento para repasar algunos de esos logros y plantear nuevas metas.

Me refiero, entre otros, al aumento del salario mínimo, la ratificación del convenio 189 de la OIT de las trabajadoras del hogar, a la Ley Rider y a la conversación en torno a la necesidad de trabajar menos horas sin reducir el salario. De hecho, desde Más Madrid fuimos pioneros al poner encima de la mesa la reivindicación de reducir la jornada laboral a 32 horas, conscientes de cómo en nuestro entorno se generaliza esa sensación de que “no nos da la vida”. Porque el tiempo es un bien preciado más que escaso. Y porque es un factor esencial para equilibrar de una vez por todas la vida personal y laboral de millones de personas. Menos horas de trabajo suponen más libertad para conciliar y hacer otras cosas. Además, las empresas que han puesto en marcha la reducción de la jornada laboral sin disminución de los salarios han visto cómo aumentaban sus ingresos y se reducían las bajas por enfermedad y renuncias de sus empleados.

En un escenario político tan complejo como el que vivimos, en el que las derechas políticas avanzan y buscan alianzas con la derecha económica, judicial y mediática para el acoso a las políticas progresistas, las organizaciones transformadoras tenemos la obligación y la responsabilidad de lanzar una ofensiva ideológica, política y social sobre la democratización de la economía, la lucha contra la desigualdad y la redistribución de la riqueza. Sobre la necesidad de trabajar menos para tener una mayor calidad de vida y de tener mejores salarios para recuperar poder adquisitivo. Situar el cambio del modelo productivo y la transición ecológica como una oportunidad para que los jóvenes vislumbren un futuro esperanzador. Y tenemos la obligación, también, de avanzar en un camino en el que el acceso a las prestaciones sociales no esté ligado necesariamente al empleo.

En definitiva, debemos debatir y trabajar por lo que más preocupa a la gente en nuestro país y ser capaces de ofrecer un horizonte en el que las condiciones de vida de la mayoría social puedan ser mejores.

Si aterrizamos en la ciudad de Madrid, además, es urgente abordar dos necesidades prioritarias. En primer lugar, regular la economía de plataformas para garantizar los derechos laborales y los derechos de la ciudadanía madrileña. No puede haber en la capital miles de personas que trabajan sin derechos laborales básicos para empresas que no pagan los impuestos y cotizaciones sociales que les corresponden y cuyos beneficios no revierten en el bien común en nuestra ciudad.

Y, en segundo lugar, el Ayuntamiento de Madrid, la empresa de contratación más grande de la capital, no puede ser una fábrica de precariedad laboral. Miles de personas, mayoritariamente mujeres, realizan trabajos esenciales para esta ciudad y cuyas condiciones laborales dependen de empresas que prestan servicios en nombre de la administración municipal. Son las trabajadoras sociales que cuidan a los mayores en las residencias o prestan el servicio de atención domiciliaria; las que educan a nuestros hijos e hijas de 0 a 3 años en las escuelas infantiles; las que limpian los edificios municipales; las que acompañan a las víctimas de violencia de género en su acceso al sistema que debe protegerlas… Y sus salarios indignos y sus precarias condiciones laborales son intolerables en una ciudad y un ayuntamiento como el de Madrid. Por eso, reclamamos desde hace un año un Salario Mínimo Municipal de 1.500 euros para todas estas trabajadoras y trabajadores, y vamos a emprender una campaña codo a codo con ellas en los próximos meses.

Por último, es imposible atajar la precariedad y hablar del trabajo como espacio de derechos y de ciudadanía plena si a la inmensa mayoría de la gente trabajadora madrileña se le va el sueldo en pagar su vivienda. En concreto, un 70% de familias destina más del 30% de sus ingresos (que es el máximo recomendado) a la vivienda, un problema que va en aumento por la negativa del PP a aplicar la Ley de Vivienda y regular el precio del alquiler, consentir la proliferación de pisos turísticos ilegales o malvender suelo público para la especulación en lugar de una apuesta clara por la vivienda pública.

Queda mucho trabajo por hacer, quedan muchos derechos por conquistar. Frente a un PP que quiere que Madrid sea un laboratorio del máximo beneficio para unos pocos a costa del abuso sobre la mayoría -porque ése es su modelo de país-, nuestra apuesta es clara: nos reconocemos en una historia de lucha que mira hacia el futuro. Un Madrid para la gente trabajadora. 

Almeida y Ayuso se han pasado meses y meses sosteniendo una falsa dicotomía ante los vecinos de Arganzuela y Carabanchel: había que elegir entre Metro y árboles. Las talas en Madrid Río y el parque de Comilla eran, nos decían, el precio a pagar para la ampliación de la línea 11. Pero las mentiras no se convierten en realidad por más que se repitan mil veces, y por eso conviene hacer un repaso del camino andado ahora que las retroexcavadoras y motosierras han consumado un arboricidio innecesario e ilegal.

La línea 11 es una deuda histórica de mejora del transporte público para los distritos del sur de Madrid. Aparece en diversos planes de extensión del metro desde los años noventa, y no fue hasta 2019 que se retomó el proyecto y, gracias a que las asociaciones vecinales alegaron, la Comunidad de Madrid contempló una estación para el barrio de Comillas. Pero, junto a ello, se incluyó modificaciones sustanciales e inexplicables en el proyecto, como invertir el sentido de marcha de la tuneladora (lo que implicaba introducirla hasta el corazón del parque de Comillas y casi hasta las viviendas) y colocar la estación de Madrid Río, inicialmente prevista en el paseo de Yeserías, dentro del parque de Arganzuela.

La razón para este último cambio no deja de ser chocante: Almeida y Ayuso han preferido talar cientos de árboles por evitar que las obras obligasen a cortar el tráfico de un tramo de la calle durante unos meses.

Estas decisiones tendrían que haber incluido un nuevo proceso de información pública y un diálogo para adoptar las mejores soluciones para la ciudad y para los vecinos y vecinas. Pero, la falta de transparencia ha sido la norma desde el principio con un plan plagado de errores de gestión, mentiras e, incluso, ilegalidades. Y el resultado, con el proyecto final publicado en 2022, se traducía en el señalamiento de casi 1.500 árboles.

Con las obras ya adjudicadas, las protestas vecinales a las puertas de las elecciones municipales consiguieron paralizar, al menos de momento, las talas. Y es la lucha ciudadana la que logra reducirlas en 400 árboles. Sin embargo, las principales afecciones, a las que la Plataforma No a la Tala y el grupo municipal de Más Madrid habíamos planteado alternativas totalmente viables, persisten.

No a todo. No a cumplir la ley

La arrogancia y la soberbia del PP al negarse a dialogar antes de acometer la obra les impide recular, a sabiendas de que el daño es tan irreversible como evitable. Se lo hemos repetido hasta la saciedad: no es necesario elegir entre árboles y metro, como intentan hacernos ver con explicaciones absurdas, chapuceras y retorciendo la ley. Había y hay alternativas viables para salvar los árboles y los parques sin renunciar a ampliar la línea 11.

En el cúmulo de mentiras y engaños en que han convertido este proceso, la Comunidad de Madrid ha llegado a manipular unos planos para justificar la nueva ubicación de la estación de Madrid Río. Y, lo más grave de todo, es que Almeida y Ayuso nos han ocultado, deliberadamente, que el proyecto es incompatible con la protección ambiental que el planeamiento urbanístico otorga al parque de Arganzuela.

Así lo dice un informe del propio Ayuntamiento, que el alcalde ha ocultado a Ayuso durante meses para no tener que tramitar el Plan Especial al que estaban obligados antes de empezar a cargarse el parque: el suelo esta calificado como zona verde con nivel de protección dos y esto es incompatible con hacer dentro la estación de Madrid Río. Han esperado a que las obras estuvieran empezadas para dar a conocer este informe y así tramitar el plan una vez mutilado el parque amparándose en una artículo de la ley del suelo para situaciones urgentes y sobrevenidas, que no era el caso. Y qué ironía, el mismo día que Ayuso abría una oficina para resolver las dudas de las obras de la Línea 11 de Metro e informar a los vecinos, Almeida metía a traición la motosierra en el parque de Arganzuela.

El mismo artículo de la Ley del Suelo que Almeida esgrime para autorizar las obras dice que se pueden llevar a cabo siempre y cuando no haya una alternativa posible. pero es que en este caso sí que hay alternativa, la que quieren los vecinos y la que queremos nosotros: sacar la estación al paseo de Yeserías.

No tenemos duda: estas obras serán declaradas ilegales en los juzgados por saltarse los procedimientos ambientales y por incumplir el planeamiento, como ya sucedió con el campo de golf de Esperanza Aguirre en los terrenos del Canal de Isabel II. Ya será tarde. A Ayuso y a Almeida no les importa lo más mínimo, con tal de no reconocer su nefasta gestión, llegando incluso a poner en riesgo la financiación a una obra ilegal del Banco Europeo de Inversiones.

Desgraciadamente, las talas masivas en los parques de Arganzuela y Comillas ya se han consumado. Sin embargo, de todos estos meses nos queda el orgullo de las vecinas y vecinos que han salido a defender sus árboles, que han conseguido que se salve un tercio de los amenazados inicialmente. Y también han despertado las conciencias sobre la importancia del arbolado de nuestra ciudad, para que dejen de ser considerados como mobiliario urbano que eliminar o desplazar con tal de no molestar al tráfico. Una ciudadanía que no va a bajar la mirada ante la falta de sensibilidad demostrada por sus gobernantes y que seguirá defendiendo el legado ambiental a las nuevas generaciones.

Rita Maestre (portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento Madrid) y Álvaro Fernández (concejal de Más Madrid)

Imágenes espeluznantes de ratas correteando entre la basura en muchos barrios de nuestra ciudad, en Valdebernardo, Tirso de Molina, Lavapiés…, de contenedores a rebosar, de basura esparcida por vías y plazas, que se suman a las olas de calor extremo que estamos viviendo este verano. Las calles de Madrid están empezando a ser intransitables, porque están llenas de residuos, las pistas polideportivas acumulan plásticos y latas que no se recogen, las papeleras se desbordan…, desgraciadamente, es la imagen habitual del Madrid de Almeida, de un alcalde que no se preocupa por limpiar las calles y tampoco por aliviar las consecuencias que sufren las madrileñas y madrileños debido a las altísimas temperaturas. 

¿Qué podemos esperar de un alcalde que ha desaprovechado completamente la oportunidad que tenía para mejorar la limpieza con los nuevos contratos? Pues que la ciudad no está más limpia. Al contrario, Madrid es el reflejo de Almeida, de su desinterés total por la gestión y por mejorar la vida de las personas, de sus improvisaciones, de su desidia, de su falta de pasión por Madrid y los madrileños. Ojalá hubiéramos tenido nosotros en el mandato anterior esta posibilidad de modificar aquellos contratos leoninos que dejó blindados hace nueve años Ana Botella. 

Pero no, Almeida prefiere dedicarse a hacer comentarios sobre el Gobierno de Sánchez, perdiendo todas las oportunidades para transformar la ciudad y riéndose de las infinitas propuestas que le hacemos desde la oposición. Y así desde hace más de tres años. Ahora, con la ciudad achicharrada y sucia, ha colgado el cartel de ‘Cerrado por vacaciones’. 

Madrid está muy sucia y las ratas campan a sus anchas porque tenemos un alcalde incapaz, que no sabe gestionar. Al vencer esos contratos que venían de la etapa de la popular Ana Botella, Almeida podía haber actuado para solucionar los problemas de suciedad. La ocasión era inmejorable: nuevos contratos, sin regla de gasto y con unas cuentas que dejamos saneadas durante nuestro gobierno. Sin embargo, tan solo ha ‘maquillado’ con algunos gadgets tecnológicos los nuevos contratos, olvidando y dejando fuera 325 zonas interbloques en 14 distritos sin limpieza, que van a estar casi un año sucísimas. Barrios como San Cristóbal de los Ángeles, Entrevías o La Elipa se quedaron sin papeleras y sin barrenderos y vemos cada día calles descuidadas como nunca, que están provocando problemas de salud pública como el de las ratas. 

A pesar de tener todas las posibilidades a su alcance, Almeida, como no tiene entre sus prioridades la limpieza ni la salubridad de Madrid, no ha puesto los suficientes medios materiales, humanos ni económicos. Así, la mayor parte se siguen considerando secundarias, lo que significa que solo se limpian cada dos días y que solo se baldean una vez a la semana. Ocurre en múltiples barrios de Usera, Carabanchel, Latina, Vallecas, Tetuán y en zonas como Montecarmelo, Las Tablas, Sanchinarro y Valdebebas. Es increíble, Madrid no se merece esto. 

También hay desigualdad entre distritos en cuanto al gasto en limpieza. La diferencia entre Carabanchel y Chamberí está en 40 euros por habitante y año, pasando de los 75 euros en Carabanchel a los 115 de Centro o Chamberí. El Ayuntamiento siempre recuerda que se ha mejorado más en los distritos del sur y del este, pero la situación de partida era tan dispar que sigue habiendo diferencias importantes. 

Si a la suciedad de las calles le sumamos las olas de calor extremo que estamos sufriendo este verano, la situación de Madrid es esperpéntica durante estos meses. En lo que va de verano, cerca de 700 personas han fallecido en nuestra comunidad por las altas temperaturas. Cada dos por tres, los parques más importantes de la ciudad se cierran por un protocolo que Almeida no actualiza; no se adoptan medidas para reducir el tráfico; no se ponen en funcionamiento las fuentes averiadas y tampoco se ponen más; hay piscinas municipales cerradas; por no hablar de los 90.000 árboles que el Gobierno municipal presume de haber plantado, de los que unos 60.000 se han puesto en descampados alrededor de la M-30 y M-40 que se están secando por falta de riego. 

A mí no me provoca risa alguna que mueran personas por culpa del calor, ni que mi ciudad esté cada vez más sucia, abandonada y sin rumbo, ni que Almeida niegue el cambio climático. Pero al alcalde sí le dan risa nuestras propuestas para combatir esta emergencia climática y para proteger a las madrileñas y madrileños del calor extremo que estamos sufriendo en estos meses. Almeida es el responsable directo de todo esto, pero es incapaz de gestionar y de gobernar porque Madrid no le importa. Nosotras, desde Más Madrid, sí sabemos cómo hacerlo para mejorar la vida de las personas y transformar la ciudad para afrontar el cambio climático.

A falta de un año para las elecciones, ya podemos decir que el Gobierno de Almeida ha sido un fracaso. Un parón en la modernización de la ciudad en el peor momento. Cuando las demás ciudades han acelerado sus transformaciones, cuando más se necesitaba la acción decidida del Ayuntamiento, en Madrid nadie recordará ningún proyecto suyo de transformación para la ciudad. 

Un alcalde que ha fallado con la nieve y con el calor, en los pequeños problemas que afectan cada día a los vecinos en los barrios y también a la hora de dibujar un proyecto de ciudad, una visión que vaya más allá de la siguiente rueda de prensa, que permita reconocer un futuro para Madrid.

Han sido tres años de sede vacante en la Alcaldía de Madrid, en los que ha importado cualquier cosa menos la gestión de la ciudad, con un alcalde dedicado a confrontar con el Gobierno Central como portavoz de Casado. Tres años en los que han vuelto el despilfarro, el espionaje, los comisionistas y los recomendados al Ayuntamiento.

Tres años de desidia, dejadez, falta de proyecto y de gestión, que han hecho caer del puesto 8 al 16 en el ranking de calidad de vida de la revista Monocle o que han llevado a caer 24 puestos en dos años en el de The Economist. 

Pero solo queda un año. En 2023 la ciudad podrá elegir entre un gobierno que siga arrastrando los pies ante los grandes retos de la ciudad o uno modernizador, que ponga encima de la mesa un gran proyecto de transformación de la ciudad para más de un mandato. Unas elecciones en las que se hable de Madrid, en las que nuestra ciudad no sea una pieza más en el tablero de la gran política nacional.

Madrid necesita un proyecto de futuro. En Más Madrid llevamos construyéndolo desde 2015 de la mano de expertas y expertos, profesionales y académicos, de vecinas y vecinos, de organizaciones de la sociedad civil y el tejido social. Los cuatro primeros años desde el gobierno y luego, desde una oposición constructiva y propositiva. Una oposición con un estilo diferente, capaz de hacer propuestas y volcada en los barrios cada día de cada uno de estos años, no solo en campaña.

En Más Madrid creemos en una ciudad con barrios vivos, sobre todo fuera de la M-30. Barrios con alternativas de ocio y cultura, con servicios públicos de proximidad. Donde puedas encontrar sanidad, educación, centros de mayores o deportivos a quince minutos de distancia.

Barrios en los que los niños puedan ir solos al cole y en los que la mayor parte de las necesidades se puedan cubrir andando o en bici, con pequeño comercio y alternativas culturales a una distancia razonable, con un transporte público que conecte todos los barrios con el centro en un máximo de media hora.

Barrios que estén conectados, en los que no se generen fronteras artificiales que desequilibran la ciudad. Red de carriles bici, fin de las autopistas urbanas, ampliación de metro y cercanías a los nuevos barrios y a los barrios que hoy solo pueden usar el coche. Bus de alta velocidad en los principales ejes y en una M-35 para unir los distritos exteriores a la M-30 sin necesidad de ir al centro, peatonalizaciones en los principales ejes comerciales de los barrios, salones peatonales en la puerta de todos los colegios de la ciudad. Utopías realizables como garantizar que todas las calles de más de 10 metros tengan arbolado.

Transformaciones todas ellas técnicamente viables y realizables. Porque en Más Madrid no vendemos humo. Llevamos años reflexionando con la ciudadanía y diseñando técnicamente nuestras propuestas, para ponerlas en marcha a partir de mayo de 2023.  Reformas reales para mejorar la calidad de vida de todas las personas en toda la ciudad, tengan la renta que tengan, vivan en el barrio que vivan. 

En 2023, un gobierno progresista podrá poner en marcha proyectos de transformación urbana para Santa María de la Cabeza, Bravo Murillo, el scalextric de Vallecas, para la industria en Villaverde o las Quintas de Torre Arias, para la A-5, la ampliación de Madrid Central y la red de carriles bici necesaria para transformar la movilidad de la ciudad. Ideas que el gobierno de Almeida ha sido incapaz de plantear.

Queda un año y estamos muy cerca de poder volver a tener un gobierno progresista en Cibeles. Un año para derrotar al pesimismo y al cinismo con trabajo, alegría y empatía.

Nosotros no somos catastrofistas y no nos van a encontrar en el “cuanto peor, mejor”. Amamos a Madrid y sabemos que la ciudad se ha sobrepuesto a muy malos gobiernos, pero los madrileños merecemos más.

Las ciudades, especialmente las grandes urbes como Madrid, están emplazadas a una transición ecológica que les permita hacer frente a los retos del cambio climático y a la necesidad evidenciada con la pandemia de disfrutar de un espacio público saludable. Estos son los principales asuntos que abordamos hoy en el Foro de Innovación Urbana, una jornada que promovemos desde el grupo municipal de Más Madrid, en el que participan responsables municipales de varias ciudades, expertos y representantes de los movimientos ciudadanos madrileños.

Desde el foro vamos a poner sobre la mesa el doloroso y notable retroceso urbanístico y medioambiental que está experimentando nuestra ciudad, quedando rezagada del esfuerzo emprendido en otras ciudades españolas y europeas. Así, Madrid es la capital europea en la que se producen cada año más muertes por contaminación y el Gobierno municipal no solo no hace nada, sino que ha suprimido Madrid Central y la estrategia de residuos, ha resucitado los macrodesarrollos urbanísticos del sureste, está vendiendo el suelo municipal destinado a vivienda o está desregulando actividades económicas incompatibles con el uso residencial como las cocinas fantasma, los hospedajes turísticos, las plataformas logísticas o las terrazas. En definitiva, una vuelta al modelo urbano neoliberal más rancio, en desuso en otras latitudes. 

En las antípodas se encuentra la ciudad que queremos, un Madrid más verde, una ciudad compacta y sin fisuras urbanas, que mire al sur mediante proyectos como Conecta Vallecas, que supone la demolición del puente de la M30 a su paso por Vallecas; o la vertebración de un corredor verde a lo largo del Abroñigal y la continuación de Madrid Río, que impulse el empleo y la vivienda para jóvenes en los terrenos de ADIF. Proponemos también, como oposición contundente, pero constructiva, seria y responsable, proyectos que generen centralidad en los barrios, como Bravo Murillo Amable en Tetuán, o en Usera, Arganzuela y Carabanchel con Santa María de la Cabeza y del Corazón, otro corredor destinado a unir Orcasitas con el centro mediante itinerarios ciclistas y peatonales.  

La ciudad verde es la ciudad de los barrios, con más autogobierno municipal en los distritos de la periferia. Madrid es la gran capital europea más centralizada, con solo un 15 por ciento del presupuesto ejecutado por los distritos. La centralización genera desigualdad y por este motivo hay que abrir un proceso progresivo de cambios legales que, con un horizonte razonable, desemboque en la constitución de verdaderos ayuntamientos de distrito con capacidad de gestionar sus propios recursos. 

El aprovechamiento de la ciudad existente, estimulando fiscalmente la puesta en alquiler de las viviendas deshabitadas, la rehabilitación energética sostenible del parque de viviendas y la transformación del espacio urbano a partir de la experiencia COVID serán motores de generación de puestos de trabajo. Es necesario un pacto entre las fuerzas políticas madrileñas para garantizar, gobierne quien gobierne, la obtención en 10 años de 60.000 viviendas sociales en alquiler, cifra que nos equipararía a ciudades como Berlín o París, construidas en suelo municipal o con compra en el mercado secundario. 

Está muy bien que, por fin, se inaugure la nueva Plaza de España, pero paralelamente el Ayuntamiento mantiene cerrados multitud de equipamientos en distintos barrios de Madrid, meses después de haber finalizado las obras. Por ejemplo, un polideportivo en el Ensanche de Vallecas, una biblioteca en San Fermín, un centro de mayores en Vallehermoso, un centro juvenil en el Triángulo del Agua de Puente de Vallecas… y así hasta más de 20 instalaciones municipales. Parece una metáfora del distinto interés municipal al centro y a la periferia. 

Trabajamos decididamente por un modelo verde, sostenible, inclusivo, feminista y justo, que se inspire en las mejores experiencias de Europa en sostenibilidad, orientada a cuidar la ciudad, su patrimonio, su medio ambiente y la salud de quienes la habitan. 

La fecha lo dice todo. La nueva Ordenanza de Movilidad se ha aprobado un 20 de agosto contra el criterio del conjunto de las organizaciones sociales, ecologistas y que luchan por una movilidad sostenible. También lo hace contra la oposición progresista e, incluso, contra los informes técnicos de la Comunidad de Madrid y la Universidad Politécnica, que ya dejaban bien claro que con esta estrategia no se cumplirá ni de lejos con los compromisos de Madrid en materia de reducción de la contaminación.

La política de movilidad de Almeida en el gobierno es la continuación de la que ejercía en la oposición por otros medios: propuestas de los años ochenta para los problemas del siglo XXI. Sigue siendo el mismo cochófilo que cuando ejercía de portavoz de Aguirre. Ahora desde la alcaldía se limita a hacer lo mínimo para intentar evitar sanciones e intentar cubrirlo con retórica y marketing (llegando al ridículo lamentable de aquel Madrid Green Capital) que permita diferenciarse del negacionismo duro de Vox y dar a lo que queda de Ciudadanos una cierta salida digna en esta materia. 

Un negacionismo blando, que ya no niega directamente el calentamiento global, pero que no da ningún paso para combatirlo y que se permite retroceder en políticas que ya se quedaban cortas ante una emergencia climática mundial como la que vivimos.

Un breve resumen de la política de movilidad de Almeida tras dos años en el gobierno: ha revertido peatonalizaciones y carriles bici (Galileo y Gran Vía de Hortaleza, por ejemplo), ha puesto en marcha un enloquecido plan de macroaparcamientos (incluyendo uno en el Parque del Retiro) que ha tenido que frenar ante la oposición vecinal, y ha destinado la práctica totalidad de la nueva inversión en movilidad al gasto en infraestructuras para el coche. El servicio de BiciMAD está hundido, su municipalización y ampliación, bloqueada. Más allá de la propuesta de Más Madrid para desmontar el scalextric de Vallecas, no se le conoce a este alcalde ningún proyecto nuevo de mejora en movilidad ni en cuidado de la salud y el medio ambiente. La apuesta de Ayuso y Almeida por un nuevo boom urbanístico solo puede empeorar las cosas.

En políticas de movilidad, todo lo que no es un avance es un retroceso. Y esta ordenanza lo es. No amplía Madrid Central ni crea nuevas zonas de bajas emisiones digna de tal nombre en otros distritos: obligar a los coches a rodear la Plaza Elíptica para apartar el humo de la estación de medición de contaminación que se encuentra en su centro no lo es. Al contrario, va a permitir que entren más coches al centro (50.000 desplazamiento en coche más al día, un 40% más), prohíbe a las bicis aparcar en la acera y deja las restricciones a los vehículos más contaminantes para 2025. Nadie entendería que en 2021 se aprobara una ley más permisiva con el tabaco en espacios públicos o con el alcohol al volante que las que hay. Esto es lo que plantea Almeida, que ha aprobado una Ordenanza crucial en pleno mes de agosto, en plenas vacaciones, sumando así una chapuza más a su política estival, cuyas consecuencias para la salud y el medio ambiente pueden no tener vuelta atrás.

La de Almeida es una legislatura perdida en materia de movilidad, cuando la urgencia para combatir el cambio climático es mayor y cuando las principales capitales del mundo han aprovechado la pandemia para acelerar la transformación de su movilidad. En Europa nadie entiende lo que pasa en Madrid, como demuestra la caída de nada menos que ocho puestos, del 8 al 16, en el ranking de calidad de vida de las ciudades. Mucho menos cuando somos la ciudad que más muertes tiene cada año por la contaminación que producen los coches.

El Plan A de Calidad del Aire, Madrid Central y la Ordenanza de Movilidad, impulsadas por Inés Sabanés, fueron pasos valientes y muy importantes para iniciar un largo camino hacia una ciudad más verde y una movilidad más sostenible. Nunca fueron pensados como un punto de llegada. Ahora no tendríamos que estar hablando sobre si mantener o no Madrid Central, deberíamos estar debatiendo sobre cómo ampliarlo hasta los límites de la M-30 y cómo crear nuevas zonas de bajas emisiones en distritos exteriores a la M-30. Deberíamos estar viendo ya en funcionamiento los primeros tramos de la M-35 para autobuses de alta capacidad que dejamos licitados y deberíamos estar ejecutando una red ciclista segura de carriles bici que cubriera la ciudad.

Ahora que el consenso científico es total y que la gran mayoría de las capitales manejan una agenda de transformación común, Almeida y Ayuso pretenden volver a los 90: ampliación de Barajas, Juegos Olímpicos o vuelta al boom del ladrillo a través de una nueva Ley del Suelo y de la puesta en marcha de la Estrategia del Sureste, un área del tamaño de la ciudad de Barcelona que volverá a construirse de forma desordenada, con falta de equipamientos y con un diseño que va a generar una necesidad masiva de uso del coche.

Como es lógico, Más Madrid no va a avalar la política de movilidad más reaccionaria de Europa. Votaremos que no a la ordenanza, seguiremos desarrollando propuestas solventes de transformación en cada Pleno y construiremos, junto con lo más dinámico de nuestra sociedad civil, una gran propuesta de modernización de la ciudad. Almeida sacará adelante esta pésima ordenanza con lo peor de la vieja política: ha creado un Grupo Mixto ilegal a sabiendas, contra la Ley de Bases de Régimen Local, contra el Reglamento del Pleno, el Pacto Antitransfuguismo, y el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, a quien su gobierno pidió opinión y estableció tajantemente que no había lugar para dicho grupo mixto. Este grupo mixto ilegal se crea porque Almeida necesita cuatro votos para aprobar la ordenanza, ni más ni menos. Se ganará en los tribunales, sin duda. Pero el daño hecho a la salud de los vecinos de Madrid y a la modernización de la movilidad será irreparable. 

Como muchos otros proyectos y obras, Almeida hereda el expediente de la candidatura del Paseo del Prado y Jardín del Buen Retiro a Patrimonio Mundial de la Unesco y debe llevarlo hasta el final. Hereda un trabajo largo que atraviesa mandatos y que, en el de Manuela Carmena, alcanzó el modelo más consensuado de todos con la creación del Comité Cívico Social para sumar conocimiento, cuidados y alianzas entre institución, entidades sociales y administraciones y que tanto ha valorado ICOMOS, la entidad evaluadora de la candidatura de Madrid.

El cometido del alcalde es continuar en esa misma senda para conseguir ser Patrimonio Mundial de la UNESCO (candidatura que ha implicado también un esfuerzo ímprobo del propio personal municipal para trabajar en la dirección indicada). Sin embargo, con el desmantelamiento de buena parte de las políticas culturales y de participación ciudadana del anterior mandato y con un modelo de ciudad basado en el coche, incapaz de luchar seriamente contra la contaminación, Almeida rema sistemáticamente en dirección contraria. 

Con el PP en el Ayuntamiento se ha instalado un modelo cultural y medioambiental ajeno y contrario a la línea que están siguiendo la UNESCO y las ciudades europeas para afrontar los desafíos del cambio climático, la urbanización descontrolada, el turismo de masas y el desarrollo socioeconómico sostenible.

Porque el primer descuido de Almeida, fundamental para el futuro de nuestra ciudad, es desmantelar Madrid Central, la zona de bajas emisiones que pusimos en marcha en 2019 y que se ha convertido en la más eficaz de Europa. A ver qué respuesta va a dar el alcalde al informe de ICOMOS que dice muy claro (y literal) que ''la contaminación atmosférica, provocada principalmente por vehículos privados a motor, es el factor más importante en cuanto a la afección del bien candidato''. Y, sin embargo, ahora el Gobierno municipal va a dejar entrar más vehículos al centro de la ciudad y parece que vamos a seguir siendo la capital europea con más muertes por contaminación. Nuestra propuesta, nuestra respuesta, ha sido siempre tajante: hay que restituir Madrid Central, ampliarlo e implantar zonas de bajas emisiones en los distritos exteriores a la M-30, en línea con la Ley de Cambio Climático recientemente aprobada.  

El segundo descuido del PP también viene de la mano del Área de Movilidad y Medioambiente. Como hemos dicho, ICOMOS subraya que hay elementos que atentan contra la integridad del Bien como los problemas que generan los aparcamientos de autobuses y subterráneo en el barrio de Los Jerónimos. Almeida no tiene bastante con suprimir Madrid Central, sino que, de nuevo, haciendo caso omiso de las indicaciones del informe va a incrementar este problema con el macroaparcamiento de Menéndez Pelayo, que tendrá un efecto llamada para miles de vehículos. Esta irresponsabilidad –que, además, cuenta con la oposición vecinal– no es más que otro paso atrás en el cuidado del medio ambiente, uno más. 

Y, por último, un tercer descuido ha sido no consultar al Consejo Cívico Social, creado en 2018 como uno de los entes más emblemáticos de la candidatura, porque representa a la sociedad madrileña y promueve la participación y el diálogo. En el propio informe, ICOMOS apunta también que se debe acudir más a este Consejo y evitar reducirlo a un ente reactivo. 

Pero cómo no, aquí se procede al revés. Ni se consulta con el Consejo para decidir sobre el traslado de instituciones dentro del área del bien (Medialab), ni se cumple con la palabra dada de no efectuar dicho traslado hasta que se vote la candidatura desde la UNESCO. ¿Tiene solución? Por lo menos, cumplir la promesa dada y abandonar la vía de los hechos consumados, haciendo caso a las propias recomendaciones de ICOMOS sobre las atenciones que debe tener el Consejo Cívico Social.

En fin, gobernanza, participación, calidad del aire, cuidado del medioambiente... todas las medidas que sugiere la evaluación sobre nuestra Candidatura del Prado y Retiro a Patrimonio de la UNESCO tienen que ver con el modelo de ciudad que pusimos en marcha en la legislatura pasada, el modelo que están desarrollando las principales capitales europeas y que vamos a seguir defendiendo en Más Madrid.

En octubre de 2019 nos reunimos en Medialab en el pleno del Comité Cívico y Social, nos escuchamos todos y todas las entidades, instituciones, gobiernos y oposición. Había un incontestable ambiente de consenso. Lo que ha pasado desde entonces hasta ahora solo tiene un nombre, el alcalde Almeida, al que instamos a sumarse a las políticas culturales vinculadas al desarrollo sostenible y la cohesión social y a las políticas medioambientales alineadas con los ODS de la Agenda 2030 y la Ley de Cambio Climático. Por el bien de la Candidatura y por el bien de Madrid.

Desde hace meses, muchas voces científicas vienen alertando de que la principal causa de transmisión del coronavirus son los aerosoles suspendidos en el aire. Ya en julio, 239 científicos de 32 países pidieron a la OMS que reconsiderara sus recomendaciones y tuviera en cuenta esta vía de contagio. Muchas ciudades de todo el mundo han ido adoptando medidas para llevar a la calle todo tipo de actividades evitando, en la medida de lo posible, el uso de los interiores.

Los países que más éxito han tenido en el combate contra la pandemia han sido los que han tenido estas recomendaciones muy en cuenta y, además, han construido potentes sistemas de rastreo y han reforzado sus sistemas sanitarios. Es decir, los gobiernos que han definido sus políticas públicas basándose en la evidencia científica -los que han puesto por delante los criterios de profesionales y científicos, en vez de los intereses partidistas- han tenido éxito.

En Más Madrid llevamos muchos meses peleando día a día por el refuerzo del sistema sanitario, de la educación y del transporte público y, por supuesto, de la contratación de rastreadores. Asimismo hemos planteando acciones y medidas que tengan en cuenta la transmisión por aerosoles y la necesidad de hacer fuertes transformaciones en el espacio público.

Todo este trabajo queda plasmado en nuestra iniciativa Madrid en la Calle, una propuesta para trabajar, junto con el Gobierno y el resto de grupos municipales, en medidas contundentes para trasladar a la calle y a las zonas verdes todo tipo de actividades evitando, en la medida de lo posible, los espacios cerrados. Nueva York, con su programa de Restaurantes Abiertos; Bolonia, con su campaña #todoelmundomontaraenbici; París, con el alquiler de bici gratuito; Cardiff convirtiendo el barrio de Castle en un gran café; San Francisco, con la iniciativa Espacios Compartidos; Glasgow, a través del programa Ruta Arte Contemporáneo… y otras muchas más ciudades son ejemplo de esta remodelación para ir ganando terreno al virus y, lamentablemente, nos llevan meses de ventaja.

Madrid debe ganar espacio al coche masivamente para ampliar el espacio peatonal y crear 160 kilómetros de carriles bici. Además, debemos utilizar una parte de este espacio recuperado para sacar el comercio y la hostelería a la calle, con unos horarios razonables que permitan el descanso de las vecinas y vecinos, limitando al mínimo el uso del interior de los establecimientos y respetando las normas básicas de accesibilidad, así como de salubridad y limpieza.

La OMS y los principales expertos nos dicen también que vamos a seguir conviviendo con la pandemia durante buena parte de 2021. El virus y, por tanto, las medidas para evitar su propagación limitando los contactos sociales seguirán entre nosotros. No podemos estar solo pensando en 'salvar la Navidad' como quedó demostrado que fue un terrible error la idea de 'salvar la temporada de verano'. Esto va para largo.

Es ridículo seguir instalados, como Ayuso y Almeida, en un discurso que contrapone salud y economía. Un argumento que no avalan ni los datos ni los análisis de las instituciones financieras internacionales, como el FMI, que señalan cómo a mayor número de fallecidos por COVID-19 en un territorio, mayor es la caída en sus indicadores de actividad económica o en la confianza de sus consumidores. No tomar medidas para controlar los contagios, con la excusa de no perjudicar a la economía, es la mejor receta para hundir nuestras empresas y la reputación de nuestra ciudad. La realidad es que la mejor manera de apoyar nuestra economía es invertir en sistemas de pruebas y de rastreo eficaces, atención primaria y personal sanitario, así como hacer buenas recomendaciones de salud pública para evitar contagios.

Pasión por la vida al aire libre

Las buenas condiciones climatológicas de Madrid, frente a otras ciudades del norte de Europa o de EEUU como Nueva York, que son mucho más frías, favorecen la habilitación de los espacios públicos municipales: especialmente zonas verdes, instalaciones deportivas y espacios abiertos, para sacar las actividades escolares y extraescolares fuera de las aulas, para facilitar la práctica de actividades deportivas y para impulsar todo tipo de actividades culturales. Hay que promover el arte y la cultura en todas sus extensiones (exposiciones, fotografía, librerías…) en la calle. Y el comercio de barrio y el ocio al aire libre, cumpliendo con las normas de distanciamiento, preparándonos para un tiempo en el que la vida debe seguir mientras el virus está entre nosotros. Y, por supuesto, debemos garantizar la apertura de las zonas infantiles de juego al aire libre siguiendo los protocolos de seguridad necesarios.

Las vecinas y vecinos de Madrid sufrimos en primera persona la mala práctica de las administraciones desde el inicio de la pandemia. Hemos servido de banco de pruebas para la puesta en marcha de un abanico de medidas, que solo han servido para generar un grado de confusión, incertidumbre y desconfianza de la ciudadanía sin precedentes. Desde Más Madrid propusimos en el mes de mayo unos Pactos de Cibeles  que sirvieran para reencontrarnos y sumar esfuerzos todos los grupos municipales en la reactivación económica y social de nuestra ciudad. Hoy, volvemos a proponer una iniciativa que permita adaptar nuestra ciudad a los meses de pandemia que, lamentablemente, todavía tenemos por delante. Estamos a tiempo de acelerar el paso, tomar medidas que sigan los consensos científicos y, ahora sí, replicar las buenas prácticas de las principales ciudades en todo el mundo.

La Comunidad de Madrid es de nuevo el centro de la pandemia de COVID-19 en Europa. La segunda oleada de la pandemia ya está aquí, impulsada por la incompetencia y los planteamientos ideológicos privatizadores del Gobierno de Ayuso que sustenta Ciudadanos. La atención primaria sanitaria está desbordada; no hay prácticamente servicio de salud pública (rastreadores y seguimiento); la ocupación en hospitales y UCIs empieza a aumentar alarmantemente. Y todo ello antes de la reincorporación masiva de septiembre y, sobre todo, de una imprescindible ‘vuelta al cole’, que, como es ya habitual en Madrid, se aborda sin un plan serio, con improvisación, desorden generalizado, privatización de servicios (como las pruebas médicas al profesorado) y contradicciones internas en el Gobierno Ayuso.

En esta situación, los municipios madrileños están sufriendo el nuevo avance del virus de manera muy especial: la semana pasada, 15 de los 30 municipios españoles de más de 50.000 habitantes con más casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días eran madrileños, con Alcobendas, Parla y Fuenlabrada a la cabeza, y hasta Collado-Villalba en el puesto 29. En estas circunstancias el virus se ceba sobre todo en las localidades y distritos más empobrecidos por más de dos décadas de políticas urbanísticas, educativas, económicas, sociales y culturales tendentes a fomentar la desigualdad y la segregación económica y social, demostrando que el virus “sí entiende” de clases y situaciones sociales.

Los municipios madrileños se enfrentan a la pandemia sin el respaldo político ni los medios económicos necesarios para abordar sus importantísimas funciones y competencias para luchar contra ella. Lo primero que hay que denunciar es el clamoroso olvido al que, una vez más, y más allá de los casos excepcionales de alguna gran capital, han sido sometidos los municipios por parte de las administraciones superiores, los responsables políticos y muchos medios de comunicación. En el habitual tira y afloja entre Comunidades y Gobierno central que caracteriza la política de nuestro país, parece como si los municipios y lo municipal no existieran y no tuvieran competencias, incumbencias y responsabilidades en la pandemia, y no fuesen un actor político y social de vital importancia en esta crisis. Por poner un ejemplo, dicho desprecio sistemático a los ayuntamientos produce despropósitos como la gestión del Ingreso Mínimo Vital, que está fracasando, entre otras cosas, por no contar para su implementación con los servicios sociales municipales.

Y, sin embargo, el papel de los ayuntamientos sigue siendo fundamental. Por mencionar solo unas pocas competencias, son los municipios los que se ocupan de las escuelas infantiles, de la limpieza y mantenimiento de los colegios de primaria, de las actividades extraescolares, de los comedores escolares, de los refuerzos escolares, de la gestión de espacios de apoyo a los centros educativos, de la limpieza e higiene pública en las calles, jardines y otros espacios públicos al aire libre o cerrados, del control por medio de la Policía Local del cumplimiento de las normas sanitarias en espacios públicos y privados (las célebres terrazas, por ejemplo, o reuniones familiares), el control de horarios en establecimientos de ocio y de otro tipo, y un largo etcétera. Y todo ello deben hacerlo mientras sufren una alarmante falta de autonomía, de capacidad y de suficiencia financiera.

En efecto, los ayuntamientos tienen que abordar la pandemia cuando sigue vigente la infame ‘Ley Montoro’, que prácticamente “interviene” y limita sus cuentas, y cuando el Gobierno central, tras su criticado acuerdo con la FEMP, sigue impidiéndoles usar sus remanentes, a los que los tienen, y dotar de más medios económicos a los que se encuentran en dificultad,en contraste con las cuantiosas sumas que ha transferido a las CCAAs. De hecho, desde el inicio de la pandemia, sólo se ha hablado de los ayuntamientos en una ocasión: para sustraer sus ahorros, pues la única administración que ha hecho los deberes en cuanto a su deuda: 11.000 millones de superávit desde 2015, con el Madrid de Carmena liderando. A ello se suma, en Madrid, la suspensión del PIR (plan de obras públicas financiado por la Comunidad por medio de convenios con los ayuntamientos), lo que ha impedido, por ejemplo, la rehabilitación y acondicionamiento de centros escolares, que en las localidades del sur tienen en su mayoría ya 30 o 40 años, y, por ahora, la falta de financiación de ningún tipo para los refuerzos y mejoras urgentes que deben emprender los ayuntamientos para abordar la pandemia en lo referente a la vuelta al cole y en materia de seguridad pública e higiene. Recordamos que la Comunidad de Madrid ha recibido 1.600 millones de euros del Gobierno central, pero que nada de esa cantidad ha llegado aún a los municipios.

Esta es una situación que se debe corregir radical y urgentemente. Los municipios deben ser dotados económicamente y valorados por los actores políticos en la medida de sus muchas competencias. Y deben poder responder con eficacia, rapidez y cercanía institucional y humana a las exigencias que les hace, con toda la razón, la ciudadanía. Más Madrid, en su firme convicción municipalista, está y seguirá ejerciendo la mayor presión política y social para ello, pues nos parece un aspecto clave para la vertebración social y territorial de nuestro país. Por ello, hemos presentado mociones en todos los municipios en los que tenemos representación, exigiendo que se apoye a los ayuntamientos en su lucha de primera línea contra la pandemia, mociones que esperamos se conviertan en Declaraciones Institucionales con apoyo del resto de los grupos políticos. La ausencia del municipalismo en la gestión de la pandemia dificulta el control y la eficacia para combatirla, la solución pasa por más municipalismo y no menos, más proximidad y financiación directa, justo lo contrario de lo visto hasta ahora.

Mónica García (Diputada en la Asamblea de Madrid y portavoz de Más Madrid), Rita Maestre (concejala y portavoz de Más Madrid-Madrid), María Pastor (Diputada en la Asamblea de Madrid, EQUO), Gabriel Ortega (concejal de MM en Móstoles), Cati Rodríguez (concejala de MM en San Fernando de Henares), Gumersindo Ruiz (concejal de MM en Villaviciosa de Odón), Gonzalo Díaz (concejal de MM en Collado-Villalba), Fernando Romero (concejal de MM en Coslada), Unai Sanz (concejal de MM en Pozuelo de Alarcón), Jesús Pérez (Concejal de Más Madrid Compromiso con Getafe), Eva Martínez (Concejala de Más Madrid Leganés),  Jose Luis Alfaro (concejal IU-Equo-Más Madrid de Rivas Vaciamadrid) y Álvaro Hernandez (Concejal MM Galapagar).

El pasado mes de abril propusimos en el Pleno de la Corporación madrileña aunar esfuerzos y trabajar en unos Pactos de Cibeles que permitieran reconstruir social y económicamente nuestra ciudad tras el paso de la pandemia del coronavirus y alcanzar así –con participación plena de la sociedad civil –acuerdos de futuro que transformaran Madrid en una ciudad más justa, más verde y más inclusiva. Lejos del clima imperante de crispación, Más Madrid proponía acordar y colaborar para mitigar y revertir, en la medida de lo posible, los impactos de la actual crisis en el tejido social y económico de la ciudad.

El alcalde recogió el guante lanzado por Más Madrid y durante las últimas semanas los grupos municipales hemos debatido propuestas de índole económica, social, medioambiental y de estrategia de ciudad. Desde Más Madrid siempre trabajamos bajo la premisa de sumar, acordar y pensar en clave de ciudad y no en posibles réditos políticos. No obstante, el consenso de PP, Cs y Vox ha dejado importantes retos de futuro sin abordar y que miran a un modelo de ciudad que marca diferencia en políticas verdes de transición energética y ecológica a semejanza de otras ciudades europeas. No nos olvidamos de ellas y las pelearemos en otros ámbitos porque no queremos que Madrid se quede atrás en esta materia.

Entre éstos, el más importante es el de la transición ecológica que, necesariamente, –así lo exigen los protocolos internacionales y la legislación europea– debe acometer nuestro país. Una transición ecológica que empieza por las ciudades.

Las estimaciones recientes de los impactos económicos de la inversión en transición ecológica son, sin duda, impresionantes. Un análisis reciente realizado por Economistas frente a la Crisis destaca el efecto multiplicador que puede tener el gasto público y privado en economía verde en la riqueza del territorio donde se lleve a cabo esa inversión. Por ejemplo, cada euro gastado en mejorar la eficiencia energética de las viviendas puede generar más de dos euros en riqueza para la ciudad. Lo mismo sucede con el gasto destinado a mejorar la eficiencia energética de la industria, o a la instalación de energías renovables o a infraestructuras de movilidad sostenible como carriles bici. En cuanto a empleo, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) estima un aumento del empleo verde entre 253.000-348.000 empleos anuales hasta 2030.

Desde Más Madrid llevamos a estos Pactos de reconstrucción un importante paquete de medidas para avanzar la transición energética y ecológica. Primero, manteniendo el esfuerzo que iniciamos en el mandato anterior para mejorar la eficiencia energética de los edificios municipales. El último balance anual de consumo y generación de energía del Ayuntamiento de Madrid señalaba que en 2019 Madrid produjo el 67,8 % de la energía que consumió. Esperamos que el actual Gobierno municipal mantenga este compromiso con la energía 100% verde en el próximo contrato energético y dé un renovado impulso al programa de instalación de paneles fotovoltaicos para fomentar el autoconsumo de nuestros equipamientos públicos.

En esta línea, desde Más Madrid vemos imprescindible acometer un programa ambicioso de rehabilitación energética de su parque de edificios, aumentando la dotación del Plan MAD-RE y destinando todo tipo de instrumentos financieros y avales para que edificios residenciales y no residenciales puedan reducir su factura energética, mejorar su confort y contribuir a la reducción de emisiones y mejora de la calidad del aire.

No menos urgente es convertir Madrid en un hub industrial verde, fomentar nuevas competencias en la industria de la ciudad en ámbitos como energías renovables, eficiencia energética, rehabilitación sostenible, infraestructuras verdes y movilidad sostenible, para promover el desarrollo de las tecnologías estratégicas para el futuro industrial de la ciudad. Un impulso que arrastre a otras empresas en sectores como el tecnológico o el sector servicios vinculados, generando así mayores oportunidades de empleo.

Si apostamos una reindustrialización verde para Madrid, podremos convertir nuestra ciudad en un polo de atracción de inversión extranjera y empresas pioneras en transición ecológica y sostenibilidad, de forma que se generen nuevas oportunidades de empleo verde, se promueva una transferencia de conocimiento y talento innovador en nuestra ciudad y seamos un referente en tecnologías verdes.

Por último, nuestro paquete de reconstrucción económica verde apostaba por impulsar la inversión en un tejido empresarial innovador capaz de dar respuesta a los retos sociales y medioambientales de ciudad. Impulsar una economía de impacto que permita aterrizar la Agenda 2030 en Madrid. Igualmente, debe haber una apuesta clara del Ayuntamiento por la digitalización del tejido empresarial e industrial y por una modernización de la Administración que permita, a través del uso de las nuevas tecnologías y del big data, aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la agenda verde. Una agenda verde que, por mucho que los socios de la ultraderecha del Gobierno de Almeida se empeñen en eliminar de estos Pactos de Cibeles, ha llegado para quedarse.

Los instrumentos de recuperación de la UE (Next Generation EU) ya centran sus esfuerzos presupuestarios en reforzar el Pacto Verde Europeo y la digitalización como mecanismos de impulso del empleo, el crecimiento sostenible y la resiliencia de nuestras sociedades.

Y en este esfuerzo por impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico y digital, no podemos sino apostar por las industrias creativas y de contenidos digitales, con sectores como el de videojuegos, que pueden contribuir significativamente a la creación de empleo y al aumento del valor añadido de la economía madrileña.

La transición ecológica debe ser justa y verde en nuestra ciudad o no será. Desde Más Madrid apostamos por la primera, la que creará empleo, generará valor añadido, atraerá talento y nos situará a la vanguardia en innovación y desarrollo tecnológico; por la que nos dote de las fortalezas necesarias para mitigar el impacto de futuras crisis. No podemos perder el tren del futuro.

Este lunes 17 de febrero comienza su andadura el Foro de Economía Urbana Sostenible. Un espacio de encuentro y reflexión entre expertos, academia, sociedad civil y ciudadanía para discutir sobre los retos a los que se enfrentará nuestra ciudad en los próximos años. Para crear, conjuntamente con todos los actores relevantes en el entorno urbano, el modelo de ciudad que defendemos desde Más Madrid: una ciudad inclusiva y sostenible para las personas. 

Hablaremos, por tanto, de movilidad urbana sostenible, de vivienda, de diseño del espacio urbano para las personas, de innovación social, de turismo sostenible, de gobierno abierto e inteligente y del rol de la Universidad como instrumento de transformación urbana al servicio de la ciudadanía, entre otros temas. Todos ellos trascendentes, porque afectan directamente al bienestar, a la calidad de vida y a la convivencia de la ciudadanía. Y con un objetivo claro: construir un proyecto compartido de ciudad verde, feminista y progresista. 

Enfoque de economía urbana para transformar

Este espacio de encuentro, con enfoque de economía urbana, complementará a otros en los que desde Más Madrid abordamos los problemas de nuestra ciudad con distintos puntos de vista, por ejemplo con una visión feminista, de cuidados o de reequilibrio territorial. El enfoque económico es igualmente clave porque como Más Madrid, como actor político y alternativa de gobierno que somos, queremos contribuir a transformar el modelo económico actual en uno más justo, más sostenible, más inclusivo y enfocado en las personas. 

La gestión de los residuos urbanos en la capital será el primer asunto que ponemos sobre la mesa en la sesión inaugural del Foro. Un asunto que, lamentablemente, se ha convertido en un grave problema para las vecinas y vecinos de Madrid, sobre todo para los que viven en Vallecas, tras el traslado de residuos de la Mancomunidad del Este al Parque Tecnológico de Valdemingómez. Este asunto forma parte de nuestra agenda, constituye uno de los retos ‘obligados’ y cruciales en el presente y para el futuro de Madrid.

De la mano de expertos europeos, y de compañeras y compañeros con una gran experiencia y trayectoria pública en economía circular y medioambiente, comprenderemos mejor la naturaleza del problema y debatiremos sobre las mejores políticas públicas para abordarlo, tanto a nivel municipal, como regional y estatal.

También queremos dar voz en este Foro a todas aquellas personas que quieran aportar a los debates sus ideas desde una reflexión calmada y abierta. Esto nos permitirá conocer mejor los desafíos y las dificultades que pueden surgir al diseñar las políticas e intervenciones públicas que, necesariamente, tendrán que implementarse en un marco de amplio consenso con las vecinas y vecinos de Madrid. Por ello, invitamos desde aquí a la ciudadanía a sumarse a este proyecto para hablar de nuestra ciudad, para hablar de Madrid. 

La garantía de que las fuerzas del cambio son ya gobiernos municipales de referencia, hará posible que Podemos sea quien lleve ese cambio al gobierno país. Necesitamos una organización que esté a la altura y respalde su tarea

Han pasado ya casi 2 años desde que la gente corriente llegara al gobierno de las principales ciudades del país. Personas conocidas por su compromiso social como Ada o Manuela llegaron encabezando proyectos municipales de cambio honestos e inclusivos. Estos proyectos venían con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de sus vecinos y vecinas, de esa España real que llevaba ya demasiado tiempo cargando con todo el peso de una crisis injusta y de una austeridad de peores consecuencias.

Estos gobiernos valientes han tenido en su corta vida un intenso recorrido con casi todo en contra. En primer lugar, la combinación de la reforma del artículo 135 de la Constitución, y como consecuencia, la aprobación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y la conocida como Ley Montoro, les han arrebatado una importante capacidad de actuación a los ayuntamientos. Juntos diseñan una estructura competencial en la que el Gobierno central tiene un extremado poder discrecional sobre las reglas de gasto, atando de pies y manos especialmente a los ayuntamientos. Esta Ley Montoro hiere de muerte a la autonomía local, principio básico para que los ayuntamientos sean útiles y puedan atender las necesidades de la gente.

A este secuestro de facto de la autonomía local, hay que sumar el intenso período de elecciones del pasado año. Mientras la campaña del miedo de los partidos viejos puso en la agenda polémicas diversas hasta aburrir, poco se podía hablar de los avances reales que se estaban produciendo.

Pero los datos hablan por sí mismos, y frente a cualquier cortina de humo, demuestran que otra forma de gobernar es posible. Que cuando se ponen los intereses de la gente por delante, se puede gestionar mejor y de manera más eficiente. Nunca gracias a, sino a pesar, de un Gobierno central que se ha encargado de limitar sus competencias y asfixiarlos con sus objetivos financieros, los ayuntamientos del cambio han sido ejemplo de responsabilidad mostrándonos que una sociedad más justa se construye desde la base de que nadie puede quedarse atrás.

Estos ayuntamientos son ejemplo de que el proyecto de cambio para este país ya está en marcha. Llegamos a la política rechazando unos recortes injustos y un sistema político que había dado la espalda a su gente, pero en estos años de gestión en Madrid, Barcelona o Valencia podemos ver que existe un horizonte más allá de la denuncia. La garantía de que las fuerzas del cambio son ya gobiernos municipales de referencia, hará posible que Podemos sea quien lleve ese cambio al gobierno país. Necesitamos una organización que esté a la altura y respalde su tarea.

Se están construyendo ciudades en las que el cambio de paradigma va de la mano de una gestión capaz de aumentar el gasto social y reducir la deuda. El Ayuntamiento de Madrid, que venía de aumentar el gasto social un 20% en 2016, este año destina un 21,8% más (798 millones de euros) a esta partida y, a la vez, ha conseguido reducir la deuda un 32% en menos de 2 años. Cuando se gobierna a favor de todos y todas y no de una minoría, se impone el sentido común y pagan sus impuestos quienes antes no lo hacían: en 2016 se recaudaron 215 millones adicionales gracias a iniciativas como la regularización catastral de inmuebles que antes no pagaban el IBI o la creación de nuevas tasas (como la de cajeros).

En Barcelona, Ada Colau y su equipo llevan demostrando desde primera hora –la primera medida del gobierno municipal fue destinar 96 millones a políticas de emergencia social, como la mejora del acceso a la vivienda o la protección a la infancia– que cuando las instituciones se ponen al servicio de la gente y no se piensan como propiedad privada de los que gobiernan, salimos ganando todas y todos. En la lucha contra los desahucios han conseguido no solo duplicar el número de lanzamientos parados, sino que han conseguido más de 500 pisos vacíos de bancos, cuando el anterior gobierno alcanzó 20 en cuatro años.

Pero Madrid y Barcelona no están solas. Cádiz ha conseguido impulsar el uso de la electricidad 100% renovable en la ciudad mientras que reducen la deuda –en un 45% la deuda con proveedores municipales– y aumentan también el gasto social. En Valencia, mientras se incrementa un 47% la partida de bienestar social, se rebaja la deuda 709 millones y el pago a proveedores se reduce de 60 a 14 días.

El ejemplo de estos ayuntamientos de la gente ha sido y es transformador. Con ellos podemos ver cómo anteponiendo los objetivos –las necesidades de la gente– a etiquetas somos capaces de generar una mayoría popular, transversal y democrática que luego gobierna ciudades y ofrece un nuevo horizonte que defiende con alegría el bien común.

Todo esto marca claramente una tarea pendiente para Podemos en esta nueva fase. El nuevo ciclo que ha abierto el débil gobierno de Rajoy, apoyado en un acuerdo con el PSOE que acaba con el bipartidismo, nos ofrece el escenario perfecto para ir dando respuestas a las “polémicas” con hechos y avances, ofreciendo garantías que hagan que ganemos la confianza de la gente. Solo así lograremos que empiecen a imaginarnos gobernando este país. No es cuestión menor saber que en Barcelona, tras un año de Ada Colau como alcaldesa, la gestión del Ayuntamiento tuvo la nota más alta de los últimos 12 años, o que en Madrid, la valoración de Manuela Carmena sea más alta que la de Esperanza Aguirre (PP). Cuando se gobierna en favor de la gente se restablece la confianza y la capacidad de construir juntas y juntos.

Por tanto, Podemos tiene que defender este trabajo municipalista y estar del lado de estos ayuntamientos del cambio y también de las y los miles de ediles que forman parte de Podemos. Todos ellos y ellas están repartidas por el país poniendo lo mejor de sí para mejorar las vidas de sus vecinos y vecinas. Para esto, Podemos tendrá que estar en primera línea de la denuncia de esta odiosa Ley Montoro, buscando su derogación y la apertura del debate sobre una nueva y moderna normativa local que garantice entre otras cuestiones una financiación suficiente –con participación real en tributos estatales o autonómicos–, un suelo competencial y no un techo que limite su actuación, y con la que poner fin a la perversa limitación de la tasa de reposición de efectivos para poder atender de forma efectiva las necesidades de los vecinos y vecinas, desarrollando servicios públicos de calidad con medios propios.

Solo con una apuesta clara por el municipalismo, contribuyendo a resolver dificultades y siendo altavoz del esfuerzo y de los éxitos que se conquistan en este ámbito, Podemos será capaz de avanzar y traer al Gobierno ese país que ya se construye en los municipios del cambio.

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Rita Maestre, portavoz en el Ayuntamiento de Madrid y 'número 2' de la candidatura Recuperar la Ilusión

Auxiliadora Honorato, candidata al Consejo Ciudadano Estatal de Podemos por Recuperar la Ilusión y Responsable de Acción Institucional.

"Para poner el gobierno al servicio de la mayoría -de las estudiantes, los autónomos, los vecinos y las abuelas- hay que diagnosticar bien los problemas, plantear soluciones y ejecutarlas con eficacia. Para eso sólo hace falta voluntad política", afirma la autora

¿Puede un ayuntamiento, por grande y poderoso que sea, cambiarlo todo? No, no puede. Hay leyes estatales que enmarcan, o recortan, como ha sucedido recientemente, las posibilidades de la acción municipal. Hay competencias que están en manos de las Comunidades Autónomas. Y hay mucho que no pueden hacer (solas) las instituciones, ninguna institución: fortalecer las redes vecinales, impulsar iniciativas ciudadanas, tejer comunidad, cuidarse entre vecinos. Pero hay muchas otras que sí pueden hacer.

Imaginemos. Un Ayuntamiento cercano, abierto, transparente y eficaz. Que las vecinas conozcan por su nombre a los concejales de distrito. Iniciativas públicas para favorecer el empleo digno. Que la prioridad del gobierno municipal sea que no se permitan un solo desahucio más sin alternativa habitacional. Plazas con árboles, con bancos, con espacios para que la gente se encuentre. Una cultura viva y rica, como son las gentes de Madrid. Calles cuidadas, aire limpio.

¿Puede un grupo de personas, por muy eficaz que sea y por mucho respaldo electoral y organizado que tenga detrás, cambiar de raíz una institución de la noche a la mañana? No, no puede. Hay poderes que influyen sin presentarse a las elecciones. Hay inercias burocráticas que arrastran. Hay propuestas que parecen buenas sobre el papel y en la práctica no funcionan. Hay colectivos y grupos que se resisten a los cambios. Pero las personas importan, claro que sí.

Imaginemos. Un psicólogo. Una arquitecta urbanista. Un hacker. Una oceanógrafa. Un dirigente vecinal. Una administrativa sindicalista. Un profesor universitario. Una investigadora del CSIC. Un trabajador del Ayuntamiento de Madrid. Un experto en políticas locales. Un equipo de ciudadanos y ciudadanas que en su mayoría da por primera vez el paso de acercarse a la política institucional.

Y una juez. Una juez al frente, honesta, trabajadora y con vocación de servicio público, que durante 30 años de carrera profesional ha demostrado que las instituciones pueden ser eficaces y que pueden trabajar para defender los derechos humanos, cuando hay voluntad política para hacerlo.

Para gestionar de forma eficaz hace falta respeto por lo público; para gobernar escuchando hace falta reunirse con los vecinos; para conocer el estado de las calles de una ciudad hay que pasearla; para gobernar para la gente común hay que ser gente común. Quienes llevan 24 años gobernando llevan mucho tiempo sin serlo y creen que las instituciones les pertenecen, que son un patrimonio particular. Por eso las personas importan.

Para poner el gobierno al servicio de la mayoría -de las estudiantes, los autónomos, los vecinos y las abuelas- hay que diagnosticar bien los problemas, plantear soluciones y ejecutarlas con eficacia. Para eso sólo hace falta voluntad política.

Por primera vez en muchos años hay posibilidades de un cambio político real en las elecciones municipales de mayo en Madrid, un cambio que ha sido impulsado por la gente, que es siempre la protagonista de los grandes momentos históricos.

Nosotros y nosotras queremos aportar nuestro granito de arena en ese cambio del que no somos protagonistas. Queremos ser útiles, queremos gestionar eficazmente y queremos gobernar escuchando. Es el momento de la gente, es la hora de Madrid. Es ahora.