De entrada, perdón por titular este artículo con la expresión vulgar utilizada cuando alguien a sabiendas no hace caso a algo de obligado cumplimiento, pero es lo que hay.

Esto es lo que han hecho indubitadamente tres de los cinco magistrados que han dictado un fallo condenatorio contra el fiscal general del Estado del que desconocemos los hechos declarados probados y su fundamentación hasta el día de la fecha del presente artículo.

Ninguno de los tres, ni el presidente, señor Martínez Arrieta, ni don Antonio del Moral, ni el señor Berdugo, han respetado uno de los contenidos básicos del artículo 24 de la Constitución Española, cual es el derecho a un juez imparcial y por tanto objetivo. La objetividad y la imparcialidad son requisitos básicos de todo el proceso derivado de actuar únicamente sometido al imperio de la ley y es en ese ámbito de la imparcialidad y su apariencia objetiva donde entran de lleno las actuaciones de estos tres citados magistrados.

Me explico. Es indiscutido e indiscutible, como dice el profesor Jorge Cañadas, que la relevancia de la apariencia de imparcialidad está justificada porque lo que está en juego es la confianza que en una sociedad democrática los tribunales deben inspirar en los ciudadanos, de forma que la doctrina del Tribunal Constitucional y los textos internacionales como el Convenio para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de Roma, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, exigen garantizar la confianza de los ciudadanos en su sistema de justicia, a través del principio de imparcialidad objetiva y aparente, pronunciándose en ese sentido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en relación con la existencia de indicios de apariencia de “parcialidad”, cuando dice que la teoría de las apariencias entra en juego “la justicia no solo se debe hacer, sino que debe parecer que se hace”.

Pues bien, trasladada esta doctrina al supuesto que se analiza o que se pretende analizar en el presente artículo, cabría hacerse las siguientes preguntas/reflexiones: ¿Casa con lo que pacíficamente se proclama a nivel nacional e internacional sobre la exigencia de guardar el principio de apariencia objetiva de imparcialidad el hecho de que tres jueces de los que juzgaron al fiscal general del Estado tuvieran una relación jurídico material remunerada concertada antes o durante la celebración del juicio con una de las partes acusadoras, la primera querellante, como lo es el Colegio de Abogados de Madrid? ¿Es conciliable con el meritado principio que, además, uno de esos tres jueces haya sido codirector de la tesis del abogado del señor González Amador, actuante en la vista oral como acusador en representación del públicamente novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, declarada notoria enemiga del ahora condenado y puede ser visto, tanto él como sus compañeros, por tanto, como unos terceros ajenos a los intereses de las partes en conflicto, con la distancia suficiente, necesaria, objetiva y subjetiva para generar confianza en los litigantes y en la sociedad? ¿O al contrario, bajo esas circunstancias, su resolución se interprete o pueda interpretarse como motivada por razones extrañas al derecho? La respuesta no puede ser otra, analizando e interpretando como hacen ellos en su conjunto, lo que podríamos calificar de indicios, la que nos lleve a la conclusión probatoria racional y con un adecuado soporte estructural de tipo argumental de que los citados magistrados se pasaron por el forro un principio de apariencia objetiva de imparcialidad que debían de haber observado absteniéndose de conformar parte de la Sala de enjuiciamiento.

Y no nos confundamos, como algunos intentan hacer, porque lo ocurrido y debidamente probado no solo es una cuestión de estética o de consentida habitualidad de este tipo de prácticas, sino que aniquila de forma grosera y palmaria cualquier atisbo de respetar el tan mencionado principio de objetividad dado que es una cuestión ética, moral y de legalidad, aunque cierto es que cada uno tiene una percepción individual de estos conceptos.

La intención de quienes aprobamos el Código de Conducta de las Cortes Generales el 1 de octubre de 2020, por cierto, desconocido para senadores del PP con altas responsabilidades, viene expresada desde su preámbulo cuando explicitábamos que la ratio decidendi de esa regulación era garantizar que la ejemplaridad y transparencia constituyeran los principios básicos de conducta de los parlamentarios y parlamentarias. Lógico, ya que, como representantes de nuestro pueblo, debíamos responder con nuestro comportamiento a los más exigentes imperativos éticos.

Ya dentro del articulado, en su artículo 1, apartado 1, concretamos la exigencia de una conducta que respondiera a altos estándares de integridad y transparencia, en aras de mantener y reforzar la confianza ciudadana en las Cortes Generales. En su apartado 2, le dimos el carácter de vinculante para los integrantes de las Cortes Generales en el ejercicio de sus funciones y durante todo el periodo de su mandato. Por último, en el artículo 2, dedicado a los principios, establecimos como aquellos de carácter general, la integridad, transparencia, diligencia, honradez responsabilidad y respeto, tanto a los demás miembros de la Cámara como a la ciudadanía en general  

La desesperación existencial de las derechas

Hago la precedente introducción porque, en el último pleno del Senado, una senadora del PP, no como consecuencia de un súbito arrebato producto de un debate porque era la primera en intervenir, sino de forma perfectamente preparada y deliberada, se dirigió al Grupo Socialista, del que formo parte, con las siguientes palabras: “Solo así me explico yo que haya en La Moncloa y en el PSOE tantos chulos, tantos sobones, tantos machistas y tantos puteros”. La intervención recibió los aplausos en los escaños de su grupo. Dejo a cada lector que valore la conducta de la senadora y de quienes la aplaudieron, pero para mí lo ocurrido pugna frontalmente con el Código de Conducta, ya que ataca sus fundamentos.

Parece que no hemos aprendido nada y que vamos en contra de lo que se pretendía, sobre todo en lo referente a mantener o recuperar la confianza de la ciudadanía en sus representantes. La desafección ciudadana hacia las instituciones democráticas no era un fenómeno anecdótico, sino estructural. Como señala Aguilar García (2022), citando a Linz (2012), hasta hace poco existía una crítica generalizada a los partidos, pero no a la democracia, por lo que se deducía que el problema no era el sistema, sino su aplicación ética. Sin embargo, en mi modesta opinión, la situación se ha agravado, alentada por la desesperación existencial de la derecha y la extrema derecha, ya que ahora se cuestiona el propio sistema democrático.

El Código de Conducta es un modelo de civismo político

En mi opinión, el Código de Conducta es un modelo de civismo político. No se trata de una medida de control, sino de un acto de dignidad democrática en el que el desacuerdo no se convierta en violencia verbal, la crítica no sea calumnia y la pasión política no reemplace a la dignidad humana. El insulto, la descalificación y la manipulación mediática son formas de corrupción simbólica. Por supuesto que se permite la crítica dura, la denuncia y la ironía política, pero siempre que no ataquen la dignidad humana del interlocutor. Para impregnarse de lo que es el parlamentarismo de altura, recomiendo leer al maestro Luis Carandell.

Sé que habrá quienes planteen la dicotomía de la pugna de lo anteriormente escrito con el derecho a la libertad de expresión, ex artículo 20.1 de la Constitución, o la inviolabilidad de los parlamentarios, ex artículo 71.2. Pero lo tuvimos claro, no se trata de restringir la libertad de expresión, sino de definir qué es expresión política legítima, como diría Jürgen Habermas: “La libertad de expresión solo es legítima cuando se ejerce en el marco de la comunicación no coercitiva” –es decir, sin humillar, sin deshumanizar, sin reducir al otro a un enemigo–. 

Nuestra Constitución nunca otorgó un permiso para insultar, para calumniar o injuriar, para desacreditar o para azuzar el odio. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo dice claro: “La libertad de expresión es uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática, pero solo si se ejerce con pluralismo, tolerancia y espíritu de apertura” (Sentencia Hadyside, 1976), y la inviolabilidad no es un escudo para insultar, sino un privilegio para hablar con libertad y responsabilidad. Es un escudo para la verdad, no un escudo para la mentira.

Espero un acto de dignidad política

También soy consciente de que esto contrasta con la lógica del «parlamentario estrella» que predomina en la derecha española, en ese continuo concurso para ver quién dice o escribe la mayor barbaridad contra el adversario político, apelando a lo emocional y apartándose del esfuerzo de razonar. Y todo ello con el objetivo de ganarse los favores de su cúpula, conseguir viralidad en las redes sociales y desarrollar la política como un espectáculo, olvidando que no se nos mide por los «me gusta», sino por el impacto positivo que podemos generar en la vida de las personas. Sin embargo, la ciudadanía no solo juzga al Parlamento por lo que legisla, sino también por su comportamiento.

En definitiva, creo que merece la pena que lleguemos todos y todas a la conclusión de que, si no nos respetamos los parlamentarios entre nosotros y nosotras, no estamos respetando a la ciudadanía a la que representamos. Por ello, espero un acto de dignidad política por parte de la senadora o del presidente de la Cámara al inicio del próximo pleno del Senado, que se celebrará el día 30 de septiembre, para poner un punto y aparte y abrir un camino de entendimiento que evite tantas faltas de respeto, practicando algo tan sencillo como la buena educación.

La ponencia política del Partido Popular, que aprobará en su congreso que se celebrará en Madrid los próximos días, no deja lugar a dudas. Creen sus autores que los males de España radican fundamentalmente en el hundimiento del socialismo real, en la crisis de la socialdemocracia y en el intento de deslegitimar al adversario político, frustrando así la natural alternancia democrática.

Consideran, además, que los actuales dirigentes socialistas vieron en las fuerzas independentistas su única oportunidad para acceder al Gobierno, siendo víctimas de esta maniobra la transición política y la cohesión nacional.

En definitiva, dicen todos los días desde los atriles del Congreso de los Diputados y del Senado que, con tal de acceder al poder, los socialistas por primera vez en democracia hemos pagado un precio inasumible, pactando apoyos de formaciones que solo defienden intereses de una parte, que trabajan por la desintegración de España o que, incluso, han sido condenadas por sedición; es decir, lo del Gobierno social comunista, bolivariano, secesionista y terrorista. No hay ni una sola formación política que no haya sido objeto de sus ofensas; perdón -miento- , solo una, Vox, al que la “derechita cobarde”, como la define Abascal, da algún toque cosmético cuando le interesa.

Se sigue exponiendo en la mencionada ponencia que España necesita frenar la imposición de minorías nacionalistas que, con pocos votos, condicionan decisiones clave para el conjunto del país y predican, además, el “más nación menos nacionalismo”, porque, según el citado texto, el nacionalismo nace del supremacismo y de una visión egoísta de la patria, haciendo de sus diferencias una bandera que no busca convivencia sino privilegios, reclamando el derecho exclusivo de decidir sobre el destino de la nación a la que no consideran un legado compartido sino una propiedad particular.

Hasta aquí lo que reza la ponencia, y de lo que cabe colegir, por tanto, que dentro de esa definición participarían Junts, ERC, PNV, BNG, Coalición Canaria y Compromís, si las consideramos a todas ellas fuerzas nacionalistas y, en algún caso, independentistas.

No voy a entrar en pactos pasados entre el Partido Popular y nacionalismos que ahora se tildan de mafiosos, secesionistas y terroristas; tan solo pretendo trasladar a los militantes, simpatizantes y votantes del PP la siguiente pregunta retórica para que ellos libremente se respondan: Si Junts y el resto de fuerzas nombradas, con arreglo a la calificación que hacen en su programa, es una fuerza nacionalista e independentista que busca la disgregación de España, imponiendo sus pocos votos para condicionar las decisiones claves para el conjunto del país, ¿qué explicación plausible puede tener el hecho de que su presidente ordene llamarles para proceder a firmar una moción de censura contra el actual Gobierno, propiciando una foto que quedaría para el recuerdo histórico de ver en una misma mesa al PP, a VOX, a Junts, al PNV, a Coalición Canaria, al BNG, o a Compromis, firmando un programa de gobierno y promoviendo como candidato a la presidencia al señor Alberto Núñez Feijóo?

Obviamente, no conozco sus posibles respuestas, pero permítanme que, con respeto, les traslade la mía: la única explicación posible es que tienen ustedes de presidente a un auténtico crack de la política.

Cuando el PP modificó el Reglamento del Senado el 16 de noviembre de 2023 para dilatar la tramitación de la llamada Ley de Amnistía, aprovechó el mismo viaje, por cierto declarado inconstitucional por el tribunal de garantías en sentencia de fecha 12 de marzo del presente año, para modificar, también, tal norma con el objeto de obligar a comparecer al presidente del Gobierno y al resto de miembros del Gobierno en el pleno de la Cámara Alta.

Así, dispuso en su artículo 182.1 y 4, que, bien a petición propia o por acuerdo de la Junta de Portavoces, donde tienen mayoría por mor del voto ponderado, y previa petición de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los senadores/as, tienen más de la mitad, vendría obligado Pedro Sánchez a comparecer y los ministros igual, con los mismos requisitos, ante el plenario.

Cero solicitudes de comparecencia del presidente

Lo vendieron como un gran éxito y así lo publicitaron varios medios de comunicación. Transcurrido un año y siete meses desde la modificación, ahora nos intentan vender como gran éxito que tendrá que comparecer una vez al mes en la sesión de control.

Y es aquí donde radica la gran mentira y se denota la gran cobardía del PP y lo explico, sobre todo, para sus militantes, simpatizantes y votantes. La mentira la constituye el hecho de que se han hartado a repetir que Pedro Sánchez no quiere acudir al Senado, y la cobardía está en ocultar la modificación descrita con anterioridad y en no hacer uso del derecho que ellos mismo se dieron.

Efectivamente, el PP, es decir, la derechita cobarde, según palabras de Abascal, su socio en varias comunidades autónomas, jamás ha hecho uso de esa facultad: cero solicitudes de comparecencia del presidente y sólo cuatro de ministro/as, a saber, Marlaska, Montero, Robles y Ribera. Y mira que se han suscitado cuestiones en ese año y siete meses para que hicieran comparecer al presidente con objeto de que diera explicaciones, pues, repito, ninguna.

A estas alturas de este artículo o reflexión en voz alta cualquier lector/a, lo normal es que se preguntara cómo es posible este hecho.

No le aguantan una agarrada a Pedro Sánchez

La respuesta no está en el viento, como en la canción de Bob Dylan. La respuesta está en el pánico que tienen a enfrentarse con el presidente en un cara a cara. No tienen en sus filas, dicho sea con respeto, a nadie que ni por oratoria, pozo intelectual o político le aguante una agarrada, como decimos en la lucha canaria. Pánico escénico es lo que sufren e intentan ocultar con maniobras de distracción.

Lo mismo ocurre con el resto de miembros del Gobierno, ya que en las cuatro comparecencias a las que aludí ut supra recibieron tales revolcones dialécticos y argumentativos que pararon de pedirles comparecencias desde el 5 de noviembre del pasado año.

En definitiva, lo que ocurre es que el partido que preside Núñez Feijóo, es muy valiente en el formato de preguntas de tres minutos porque así se nota menos la diferencia, se trata de colocar el titular y punto, pero con Sánchez o con el resto de los miembros del Gobierno en un debate amplio ni de coña, con perdón.

Esta es la verdad que esconde la mentira y cobardía del PP, ni más ni menos, y a la página web del Senado me remito para que puedas comprobar que lo que escribo es cierto.

La corrupción es un cáncer que corroe las instituciones y socava la confianza ciudadana. Cuando un partido político se ve salpicado por escándalos de corrupción, la respuesta de sus líderes es crucial. En este contexto, la actitud de Pedro Sánchez frente a los recientes casos que involucran al PSOE representa un contraste radical con la actitud evasiva, negacionista y de culpabilización que han tenidootros, ante el mayor enemigo de la democracia y el mejor amigo de los populismos. Más valen dos imágenes que miles de palabras y, por ello, puedes visualizar las dos que acompañan a este articulo y sacar tus propias conclusiones.

La transparencia y la colaboración con la justicia son pilares fundamentales de una democracia sana. Un gobierno que se esconde detrás de cortinas de humo y que obstaculiza las investigaciones solo puede generar desconfianza y alimentar la corrupción.

Frente a la corrupción, tolerancia cero

Sánchez ha demostrado valentía al asumir la responsabilidad por los errores cometidos, reconociendo que su gobierno tiene la obligación de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Esta actitud, lejos de ser una debilidad, es un signo de liderazgo auténtico. Un líder que asume la responsabilidad inspira confianza y credibilidad, demostrando que está dispuesto a enfrentarse a los problemas y a buscar soluciones.

La valentía de Sánchez al pedir disculpas y al comprometerse a investigar los hechos, es un paso fundamental para restaurar la confianza en las instituciones y para fortalecer el Estado de Derecho. Frente a la corrupción, tolerancia cero.

Sánchez ha instado a las autoridades a investigar los casos de corrupción y a llevar a los responsables ante los tribunales, ha prometido cambios en su Ejecutiva Federal y no ha obstaculizado las investigaciones, no ha acusado a elementos exógenos del problema, ni ha alegado en su defensa la existencia de una causa general contra el PSOE instigada por los medios de comunicación y ha defendido la independencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Asimismo, ha abierto al PSOE en canal para que, mas allá del control institucional de sus cuentas, estas puedan se escrutadas mediante una auditoria externa.

Reformas internas que fortalezcan los mecanismos de control

Por otro lado, ha sido transparente en su comunicación con la prensa y la ciudadanía, ha tomado decisiones que algunos/as pueden calificar de traumáticas y que afectan a personas que tuvieron su confianza sin temblarle el pulso,y ha ofrecido una rueda de prensa respondiendo a las preguntas de los medios de comunicación, demostrandoun compromiso genuino con la lucha contra la corrupción y con la defensa del Estado de Derecho.

Pero, más allá de las disculpas, considero que existe unanecesidad imperiosa de acometer una reforma profunda. Asumir la responsabilidad es un primer paso importante, pero no es suficiente. Para prevenir la corrupción a corto, medio o largo plazo, es necesario realizar una autocrítica profunda y llevar a cabo reformas internas que fortalezcan los mecanismos de control y promuevan una cultura de integridad en contraposición con la de la impunidad.

Un gobierno que se toma en serio la lucha contra la corrupción debe estar dispuesto a revisar sus propios procedimientos y a implementar medidas para prevenir futuros casos de corrupción, desplegando una ambiciosa agenda legislativa tendente a hacer casi imposible que los corruptos campen a sus anchas y sus corruptores sigan beneficiándose como si eso fuera lo normal, y, también, una reforma reglamentaria en Cortes Generales que vaya mas allá de lo cosmética del código de conducta, incumplido todos los días, y de regular la cuestión de los lobbies.

Reforma de la Ley de Contratos del Sector Público

Un líder responsable debe anteponer el bien común a la lealtad partidista y sabemos que la confianza ciudadana es esencial para el buen funcionamiento de una democracia. Pero también sabemos que la honestidad y la transparencia son los cimientos de dicha confianza. En este sentido, compañero Pedro, como militante y cargo público del partido, creo que debes ordenar una auditoria en profundidad, también externa, de todas las adjudicacionesy contrataciones que se han llevado a cabo dentro del que fue Ministerio de Fomento entre 2018 y 2021 y en actual Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Además, sería imprescindible la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público, donde la discrecionalidad sea excepcional y pueda ser conjugada, sin ningún género de dudas, con la estricta legalidad, reformulando las mesas de contratación y los mecanismos de control, incluido el reparo y las condiciones para el levantamiento del mismo.

Plantear una cuestión de confianza

Para terminar, te pido compañero presidente que no descartes plantear una cuestión de confianza, porque pienso honestamente que tienes la de muchos millones de españole/as que sí creen que la labor de gobierno que presides ha hecho mucho y bien para España y para los que más lo necesitan. La tienes, también, a través de sus legítimos representantes en el Congreso de los Diputados.

Creo, sin lugar a dudas, que esa sería la mejor auditoría externa que podrías disponer para que los diputados/as de todo el arco parlamentario expresaran libremente si estándispuestos a apoyar las medidas que han sostenido el Estado del Bienestar, la justicia social, la libertad y la igualdad o si, por el contrario, prefieren correr el riesgo de que en España gobierne la derecha extrema junto con la extrema derecha con programas de gobierno como los que tienen suscritos en las diferentes comunidades autónomas en las que cogobiernan.

Orgullo de ser socialista, siempre con la cabeza alta y la mirada limpia, saludos y ánimo compañeros/as.

Casi nadie duda de que mantener cierto grado de discreción en cualquier negociación es aconsejable en orden a evitar filtraciones interesadas en romper aquello que se intenta ahormar, al igual que lo es, también, el ser prudente en todos los ordenes de la vida. Estas premisas no están en cuestión. Lo que sí es discutible, en el caso concreto de las negociaciones para la renovación de los miembros del Consejo General de Poder Judicial o para la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, es si merecen el trato que les hemos dado hasta ahora a los que han incumplido de forma reiterada y reincidente la Constitución y las leyes, pilares básicos de nuestra democracia, porque pudiera confundirse nuestra predicada discreción con la opacidad y la observancia de prudencia con la cobardía.

Me explico. No es de recibo más tibieza con esta cuestión porque no es menor, sino nuclear, y porque atenta contra la democracia misma, contra la Constitución y contra las leyes. No se les puede ni debe permitir ni un momento más, ni como dirigentes de un partido político ni como miembros del Consejo, que sigan riéndose en la cara de todos los españoles y españolas apelando a un consenso que ni desean ni persiguen, bajo el amparo de una pléyade de excusas, glosadas ampliamente en múltiples artículos, perfectamente conocidas por los lectores y que no voy a repetir pero que, claramente, demuestran su falta de vergüenza y decencia.

Falta de vergüenza porque han utilizado de manera torticera, como arma para el bloqueo de la renovación, una falsa previa necesidad de abordar la reforma del sistema de elección de los miembros del Consejo a sabiendas de que el actual sistema es plenamente constitucional. Lo es hasta el punto de que, habiendo gobernado hasta el año 2018 y en algunos de ellos con mayoría absoluta, mantuvieron incólume el modelo vigente, apuntalándolo, inclusive, de forma tal que, en la ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de Reforma del Consejo General del Poder Judicial —conocida popularmente como Ley Gallardón— en el apartado V, in fine, de su preámbulo, como justificación del cambio del sistema de mayorías para la adopción de las decisiones del Consejo, aluden a superar uno de los mayores problemas: “el bloqueo en la toma de decisiones”. Le suena de algo, ¿verdad?

Falta de vergüenza porque se han paseado por Europa desprestigiando a nuestro país, comparando nuestra situación con la que vive el poder judicial en Polonia, y porque, de forma recurrente, se han amparado en meras recomendaciones del Greco o de la Comisión de Venecia, elevándolas a la categoría de condiciones de obligado cumplimiento so pena de expulsión de la Unión Europea. Al mismo tiempo, han ocultado intencionadamente que el Consejo General del Poder Judicial no es un órgano jurisdiccional, ni puede confundirse con el poder judicial y tampoco es el órgano de representación de los jueces, como se cuidó de precisar nuestro Tribunal Constitucional en su Sentencia 45/86, de 17 de abril, y obviando, de paso, los heterogéneos sistemas de elección de órganos similares al Consejo español existentes en Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica o Italia.

Falta de vergüenza porque no han dejado de proclamarse campeones del constitucionalismo español, mientras patean de forma grosera durante años nuestra Carta Magna y las leyes que les interesa, arbitrando toda clase de artimañas, trampas y mentiras para incumplirlas y, para más inri, vanagloriándose de ello bajo el lema de que su postura es moderna, pedagógica y europeísta, según manifestación del ínclito Javier Maroto. Por no importarles, ni les ha importado dejar en la estacada al que fuera durante estos últimos años su referente en la judicatura española, el expresidente del Consejo, Sr. Lesmes, hombre que requería del Congreso y del Senado que cumpliéramos con nuestra obligación en la elección de los nuevos miembros del Consejo, aunque lo hiciera de forma tramposa, pues sabía, mejor que nadie, que el Partido Popular no estaría por labor de producir la renovación.

Falta de vergüenza porque, de un lado, apelan de forma sobrevenida a la independencia judicial y, de otro, sin embargo, no dudan en tildar de conversos a aquellos jueces o magistrados que, habiendo sido propuestos por la dirigencia de su partido para su designación como miembros del Consejo, osan después contravenir sus instrucciones. Esta circunstancia se pudo comprobar en el Senado al debatirse la interpelación que el senador Martínez-Maíllo dirigió al ministro del Interior, Grande Marlaska, sobre prioridades de su Ministerio. Maíllo dixit,: “Porque yo era coordinador igual que usted era miembro del Consejo del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular, exactamente igual (aplausos). Mire, yo creo que usted predica la fe del converso”. Interpelación clara y aplaudida por sus compañero/as… En fin, ahora sabemos que los miembros del Consejo del Poder Judicial designados o nombrados a propuesta del Partido Popular son equiparables a los coordinadores de ese partido.

Pues bien, si grave es lo anterior, es decir, la concepción absolutista que tiene la dirigencia del Partido Popular del órgano de gobierno de los jueces —aquí cuadra lo de “por delante” y “por detrás”—, más grave aún es, si cabe, el que los miembros de ese órgano nombrados a propuesta del Partido Popular sufran el “síndrome del esclavo feliz” y cumplan, sin rechistar, todas aquellas órdenes que emanan desde Génova, su amo, porque esa es la fuente de su falta de decencia.

Falta de decencia cuando pierden la independencia y se atreven a invocar un inexistente derecho a ser oídos preceptivamente en el trámite de una iniciativa legislativa que, por su origen, no lleva aparejado tal ítem, y que nunca antes en iguales supuestos habían invocado… Será porque el partido político ahora instante no es su amo.

Se carece de decencia cuando los nombrados propuestos por el Partido Popular se unen en comandita para desafiar el cumplimiento de una ley aprobada por el legislativo en un estado democrático y de derecho, y publicitan, para mayor escarnio a la democracia, que se van de comida para trazar la hoja de ruta para consumar la insumisión. O cuando ponen de excusa la ocupación de sus agendas o la falta de tiempo para reunirse… cualquier cosa para bloquear e impedir los nombramientos de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional.

Se carece de decencia cuando se imputa a una compañera del Consejo, por su firma en la solicitud de un indulto, una falta a la debida neutralidad y prudencia de la que debe de hacer gala el Consejo, siendo quienes lo hacen los autores de los hechos aquí narrados, propios de los más acérrimos hooligans de un partido político.

Pero, lo más aberrante y lacerante de las actitudes de aquellos que carecen de vergüenza y decencia, es el daño que están haciendo en la opinión pública, que no distingue entre el Consejo y los más de cinco mil miembros de la judicatura española quienes, en un 99 por ciento, se consideran independientes y que, día a día, cumplen de forma abnegada y encomiable su tarea en nuestro país. Y ello, superando deficiencias estructurales de un sistema judicial que reclama, como agua de mayo, un gran pacto inclusivo y transversal por la justicia en España para cumplir así con la obligación de prestar este esencial servicio público con total garantía de calidad, eficacia y eficiencia.

Visto lo que acontece desde hace ya demasiado tiempo y sin atisbo de que, aquellos que de forma deliberada incumplen la Constitución y las leyes, hayan mostrado el menor síntoma de enmendar sus comportamientos, se impone, con urgencia, acabar con esta anomalía democrática prosiguiendo con los tramites legales en el Congreso y en el Senado para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y de los miembros del Tribunal Constitucional que nos corresponde elegir —solo en el Senado, en este último caso—. Obtenido su resultado, caso de bloqueo, habría que explicar mejor en Europa quiénes son los autores del mismo y, a la vez, proceder a las modificaciones legales que sean pertinentes, incluidas aquellas que contemplen el cambio de las mayorías necesarias para la designación de los componentes del Consejo y del Tribunal Constitucional, devolviendo la normalidad a dichos órganos. 

Lo contrario sería hacerles el juego por omisión a los que carecen de vergüenza y decencia democrática, porque el fortalecimiento de las instituciones se logra con el cumplimiento de la ley, aunque esa ley no te guste ahora.

La XIV Legislatura de las Cortes del Reino de España pasará a los anales de la historia de nuestro país como una de las más complejas y llenas de sucesos inesperados, aunque ya se sabe que en política no se pueden elegir las circunstancias a las que se hace frente, pero sí la actitud a adoptar ante ellas. La pandemia, el volcán de La Palma y la guerra en Ucrania son solo algunos de los desdichados imprevistos sobre los que, desde Congreso y Senado, hemos tenido que legislar de manera repentina, con la aprobación de mecanismos de protección social nunca vistos. Pero, a una escala muchísimo más pequeña, también ha sido la legislatura en la que el parlamentarismo español ha descubierto a Fernando Clavijo y sus innovadoras ideas.

En raras ocasiones, un trabajador aboga por la eliminación de su puesto de trabajo. Mucho menos en una entrevista en RNE y con un historial de absentismo laboral contrastado. Fernando Clavijo nos sorprendió a todos cuando, en la misma semana en la que faltó a un pleno del Senado (7 de septiembre) para asistir a la Romería del Pino, no sin antes engañar a los/as güimareros/as, a quienes se dirigió vía Twitter escribiéndoles que no podía estar en la bajada del Socorro porque su asistencia al pleno, al que no asistió, se lo impedía, pidió el cierre de la Cámara Alta. Admito que, una vez escuchada la argumentación que el senador utiliza, solo puedo loar su valentía y rechazar de plano sus conclusiones.

De la geometría variable a la normalidad

Explica Clavijo que su trabajo parlamentario tiene “cero reflejo” y que “por mucho que tú tengas el interés de realizar ese trabajo y que tenga sus frutos, al final te acabas desanimando [porque te lo votan en contra]”. Es sin duda novedoso, como decía, que una persona que ha sido alcalde, parlamentario autonómico, presidente autonómico y ahora senador desconozca los roles que en nuestro sistema político tienen la mayoría y minoría parlamentaria.

Cuando el Senado rechaza una moción, una enmienda o una proposición de ley presentada por la oposición no está desechando o impidiendo el trabajo de nadie. Está ejerciendo la voluntad popular que la ciudadanía plasmó en las últimas elecciones generales. Es el deber de senadores y senadoras hacer exactamente eso: trasladar el resultado electoral a cada iniciativa parlamentaria. Y la obligación de la ciudadanía en las próximas elecciones valorar el posicionamiento que sus representantes tuvieron en cada votación y en cada iniciativa presentada.

La crítica del senador Clavijo tendría, en mi opinión, un ápice de razón si en ambas cámaras un partido político contase con mayoría absoluta que, de manera sumaria, rechazase cualquier debate y proyecto alternativo al suyo. Pero no es así. Una de las características de esta legislatura es que el Gobierno de España y el Grupo Parlamentario Socialista se han apoyado en heterodoxas y heterogéneas mayorías para cada proyecto. Lo que antes se llamaba geometría variable es ahora la normalidad.

La incapacidad del senador Clavijo

En mi opinión, el senador Clavijo quiere trasladar su incapacidad a la hora de alcanzar mayorías a la existencia del Senado, en lugar de cuestionar su habilidad política para acordar con los que no piensan exactamente como él. Un comportamiento calcado al que vivimos en la formación del Gobierno de Canarias en 2019: incapaz de formar una mayoría, se marchó al Senado en lugar de ejercer la oposición a Ángel Víctor Torres que dictaron las urnas. Dado que en la situación en la que se encuentra no existe instancia superior a la que huir, y a sabiendas de que su aforamiento no corre peligro a causa de su petición, aboga ahora por el cierre de la cámara.

Esta actitud, similar a la de un niño que ante un enfado prefiere llevarse el balón antes que solucionar el problema, define la concepción de la política que tiene el señor Clavijo. Para casi la totalidad de los representantes con los que he coincidido y trabajado, la política es un mecanismo con el que, debatiendo y llegando a acuerdos y compromisos, construimos una sociedad mejor. Para el senador Clavijo es el ejercicio del poder. O se hace lo que él considera o, en sus propias palabras, “se ataca a Canarias”, “se afrenta a los canarios” o “se traiciona a Canarias”. Una patrimonialización que abarca no sólo el concepto de Canarias, sino el ejercicio del poder, y que se contrapone a los conceptos democráticos básicos de gobierno y oposición.

El escaño que ocupa el senador Clavijo es útil y relevante

Por debatir con mayor concreción los argumentos del señor Clavijo, me gustaría hablarle de la utilidad que le dimos a la cámara en la sesión plenaria de la primera semana de septiembre. El miércoles 7 de septiembre, casi a la misma hora en la que comenzaba la ofrenda a la Virgen del Pino, aprobamos una modificación del Código Penal que endurece las penas por imprudencias en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor, y en la tribuna se encontraban asociaciones de ciclistas de toda España que aplaudieron la iniciativa por razones obvias. El senador Clavijo podía haber apoyado o rechazado el proyecto, intervenido para enmendar o vetarlo. En definitiva, ejercer de representante del pueblo canario. Pero, en su lugar, prefirió ejercer el respetable papel de romero. También debatimos en esa misma sesión plenaria sobre el principio de equidad en becas y medidas de ahorro energético, entre otros asuntos, sin contar con las aportaciones del senador.

El escaño que ocupa el senador Clavijo, contrario a lo que él opina, es útil y relevante. Al ser designado por el Parlamento canario en nombre de toda Canarias y no solo de una isla, es la expresión más nítida de la representación de Canarias en la cámara territorial. Si por sus ausencias, su incapacidad o por el motivo que fuere, Clavijo considera que el Senado no tiene razón de ser, por coherencia, quizás debería plantearse ceder su asiento a otro compañero/a de partido. Él mismo es conocedor del anhelo que en Tenerife (y cada vez más en otras islas) su escaño genera.

Eso sí, este humilde senador le pediría a Coalición Canaria que, en su próxima elección interna para el puesto, proponga a alguien que cumpla con la obligación de asistir a los plenos del senado, ex art. 20 de su Reglamento, en lugar de irse de romería, sin perjuicio del respeto que me merecen las mismas.

Pretender convertir el error a la hora de votar del diputado en un fallo del sistema solo tiene razón de ser desde el punto de vista de una estrategia tramposa: Alegamos esto y si cuela no hay ni que repetir votación se cambia el voto y punto, ganamos la votación, nos cargamos la reforma laboral pactada por sindicatos y patronal, nos cargamos las bondades que contiene la misma sin importar los derechos de trabajadores y empresas, derrotamos al gobierno y, de paso, podemos entorpecer e incluso impedir la llegada de fondos europeos.

Puro patriotismo clásico de la derecha que recuerda las palabras de Montoro: Si no gobernamos que se hunda el país, que luego nosotros lo levantaremos.

Pero lo ocurrido es mucho más grave. Una lectura atenta de lo sucedido permite entender que sabían perfectamente que iban a ganar la votación si lograban que prosperara su peregrina tesis, la del fallo informático, hasta el punto en que hicieron ir de forma precipitada al Congreso al diputado de todavía no se sabe donde ( Extremadura, Madrid, Ciudad Real).

La pregunta es clara ¿Qué importancia tenía el error de Casero si el voto de los dos diputados de UPN, tal como durante ese día manifestaron a los medios de comunicación, sería de signo afirmativo a la convalidación de la reforma? La respuesta resulta igual de clara: Porque sabían que esos dos votos eran suyos.

Otra vez dos traidores y dos votos, como con el tamayazo. Otra vez la práctica de maniobras deleznables desde el punto de vista de una democracia plena y consolidada. Otra vez, casi 19 años después, trataron de reescribir una de las páginas más ignominiosas de nuestra reciente historia, con el mismo protagonista principal pero cambiando su partenaire, de manera vergonzante y repugnante.

Lo que pasó el jueves ha dejado al descubierto una maniobra perfectamente orquestada que se truncó por la torpeza de un diputado que se dio cuenta de que con su error, que trata ahora de disfrazar de problema informático, quebraba la miserable estrategia urdida por sus jefes. Una estrategia que, para mayor indecencia, tenía como víctima colateral a su principal aliado en Navarra.

No fue un problema informático, fue un error y lo saben Casero y la cúpula del Partido Popular. Un error del que fue plenamente consciente el diputado y de ahí las frases que se le atribuyen después de haberse percatado del mismo.

Lo que pasó el jueves dejó un retrato de PP y VOX votando lo mismo que aquellos a los que mal denominan golpistas y filoetarras. Lo que pasó el jueves demuestra que el tiempo no ha pasado por el PP sino que el PP ha pasado por el tiempo y ahí sigue en Génova 13 sin moverse con las mismas prácticas y el mismo martillo, sin todavía asumir que hay un gobierno legítimo que consensúa en un momento histórico, por lo excepcional de las circunstancias que confluyen en el mismo, medidas en favor de la gente de este país por el bien de España, esa España que se empeñan en considerar como propia, expropiándola a quienes pensamos de manera diferente.

El jueves, como ha dicho Zapatero, España ganó y el PP perdió y añado: el jueves la democracia ganó, la trampa perdió.

Como es sabido, la presidenta de la Comunidad Madrid pronunció estas desafortunadas frases ante la puerta de la sede popular de la calle Génova el pasado domingo, en el contexto de una fallida convocatoria de rechazo a los indultos a los políticos condenados por el procés. Detrás suyo se encontraban, flanqueándola y blanqueándola, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y el portavoz del partido, Martínez-Almeida. A su alrededor se encontraban decenas de cargos públicos y ninguno pestañeó, siquiera.

Al día siguiente, varios portavoces del Partido Popular se han desmarcado de la declaración de Díaz Ayuso, para recordar lo obvio. Lo evidente, como ha recogido el reputado periodista JA Zarzalejos, es que Felipe VI es el Rey de una monarquía parlamentaria y firmará los decretos de indulto si así lo acuerda el Consejo de Ministros. Esa firma es un acto debido, constitucional, que no solo no le humilla ni le hace cómplice de nada que no sea el cumplimiento de la ley, concluye Zarzalejos, a quien no se puede tildar de antimonárquico, precisamente.

Lo cierto es que el Partido Popular ha comenzado a recular, pero con la boca chica. La razón es que ya anida en su interior el peligroso virus que inocula la extrema derecha a todos los que se le acercan: el autoritarismo, la demolición de la democracia desde dentro y las tentaciones anticonstitucionales. El Partido Popular se alejó de la moderación, arrojó a la papelera el sentido de Estado y coquetea con la ultraderecha para intentar alcanzar un sueño imposible de alcanzar: gobernar el país con su apoyo, como ya hace en Madrid o en Andalucía.

A pesar de todo, los demócratas no renunciamos a atraer de nuevo al Partido Popular hacia posiciones de derecha y centro-derecha homologadas en la Unión Europea. Para ello, Pablo Casado debe mirarse en Núñez Feijóo, quien bloqueó el ascenso de la extrema derecha en Galicia alejándose de ella. En cambio, Ayuso la mantuvo a raya en Madrid mimetizándose con ella, y la razón es que ella es extrema derecha. Este es la trampa que se ha tendido el Partido Popular a sí mismo, por lo que está a un paso de convertirse en una formación antisistema.

El Partido Popular se ha apuntado desde hace algún tiempo a defensor de la institución de la Corona y del Rey, pero, visto lo visto, imagino que el monarca estará deseando gritar lo mismo que aquel que, después de una nefasta defensa de su abogado y en el turno de última palabra, le pidió al juez que, por favor, urgentemente le nombraran un nuevo abogado que le defendiera del que acababa de intervenir. Así que, si quiere apuntarse a patriota de verdad, el Partido Popular ha de volver sobre sus pasos, alejarse de la ultraderecha, acatar el dictado de las urnas, reconocer la legitimidad del Gobierno de Pedro Sánchez, respetar las instituciones democráticas y abrazar la Constitución.

En este país, unos tenemos sentido de Estado, y lo hemos demostrado infinidad de veces, mientras otros pierden el sentido con demasiada frecuencia y parece que sólo les interesa el Estado si le pueden sacar algo para engordar sus carteras.

En 2002, nuestro Ejército realizó una operación para capturar y desalojar a los militares marroquíes que habían ocupado el Islote de Perejil, agrediendo la soberanía española. En aquel momento, el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, defendió sin complejos la actitud del Ejecutivo presidido por José María Aznar en la crisis por el incidente en el Islote de Perejil, por entender que en aquel momento la única prioridad era defender los intereses de España. Esto es sentido de Estado.

En 2021, Marruecos ha intentado de nuevo presionar a España al permitir que miles de personas crucen la frontera y se adentren en la Ciudad Autónoma de Ceuta. ¿Cuál ha sido la respuesta del Partido Popular? Días antes, Pablo Casado se reunía telemáticamente con un dirigente político marroquí, de corte ultranacionalista y que reivindica la soberanía de su país sobre Ceuta y Melilla. Luego, tras el suceso, Pablo Casado trató de sacar rédito electoral en vez de respaldar a su Gobierno y a su país. Esto no es sentido de Estado, sino una actitud deplorable por irresponsable.

La Unión Europea se ha tomado su tiempo, pero ha respaldado al Gobierno de España ante las provocaciones de Marruecos en Ceuta, al tiempo que, incomprensiblemente, el Partido Popular sigue criticando al mismo Gobierno español por su respuesta ante la crisis creada por nuestros vecinos. Sin embargo, no creo que vivamos en el país de las paradojas, sino en una tierra en la que algunos actúan de una forma imprudente y desleal.

La posición del Parlamento Europeo ha sido contundente al cerrar filas con España y condenar sin ambages el uso de menores como medida de presión política por parte de Marruecos. El Partido Popular Europeo ha votado junto a los socialdemócratas europeos en la Eurocámara, una circunstancia que tampoco es paradójica, sino que pone de relieve que el partido de Pablo Casado no conoce límites a la hora de erosionar y tratar de desestabilizar el Gobierno de España, alineándose incluso en contra de los intereses de nuestro país.

La resolución adoptada por la Eurocámara no es vinculante, de acuerdo, pero emite un profundo mensaje político a Rabat. En primer lugar, subraya que las fronteras españolas son fronteras europeas, dejando sentado que es inaceptable el uso de menores como mecanismo de chantaje. Y, en segundo lugar, reitera que no ha cambiado la postura europea sobre el Sáhara Occidental, aunque Marruecos es un aliado preferente.

A pesar de las escaramuzas dialécticas de Pablo Casado, la Unión Europea no reconoce la soberanía marroquí sobre el Sáhara, y defiende el diálogo de la mano de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Ahora bien, las partes sabemos que el futuro pasa porque Europa aumente su cooperación con el Reino de Marruecos, con el que nos unen muchos intereses comunes.

Este domingo, Pablo Casado tratará de aparecer en la nueva foto de Colón, con la ultraderecha. Al día siguiente, lunes, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, mantendrá un encuentro en Bruselas con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Con 24 horas de diferencia, quedará retratada la realidad de nuestro país y sobrarán las palabras.

Fco. Manuel Fajardo Palarea, senador del PSOE por Lanzarote y La Graciosa.

El objetivo del documento, en teoría, era diáfano: continuar la lucha contra el transfuguismo en todas las esferas institucionales, ya que el transfuguismo es una forma de corrupción. Así lo entendían las fuerzas firmantes, al extender su ámbito a los planos local, autonómico y estatal con la articulación de una serie de medidas para combatir esta práctica antidemocrática y deleznable, a la vez que manifestaban su voluntad de aplicar “escrupulosamente” los acuerdos alcanzados.

En el reseñado pacto se definió como tránsfugas, entre otros, a los representantes locales, autonómicos y estatales que, traicionando al sujeto político —partidos políticos, coaliciones electorales o agrupaciones de electores— que los hubieren presentado a las elecciones, abandonaren lo/as mismo/as o se apartaren del criterio fijado por sus órganos competentes. El acuerdo, de amplia repercusión mediática, se alcanzó después de diez años de no haberse convocado la Mesa de Seguimiento del Pacto sobre esta materia, a instancias de Ciudadanos, y como una necesidad así reconocida por todos los firmantes, dada la casuística que se venía dando en las últimas fechas.

Pues bien, sentado lo anterior, comprobable con una mera entrada en cualquier hemeroteca digital, en esto llega un señor de Murcia y manda a parar. De lo firmado nada, todo lo contrario, la necesidad dejó de existir, la palabra y firma estampada junto con las convicciones democráticas se las llevó la tramontana y, en cuanto a que el transfuguismo era un acto de corrupción, si te he visto no me acuerdo.

El sujeto se apellida García Egea, lleva por nombre Teodoro y es, nada más y nada menos, que el secretario general del PP, mano derecha de Casado y el segundo de a bordo del que ellos dicen nuevo PP. No olvidemos que hay dos PP, el del pasado y el nacido tras su último congreso del partido, el de Casado, aunque la mayoría de los del pasado sientan sus posaderas en la Carrera de San Jerónimo, en el Palacio del Senado y en muchísimos de los escaños de los parlamentos autonómicos de nuestra piel de toro.

Ni corto ni perezoso, en comparecencia pública, Teodoro García Egea ha llevado a cabo el mayor ataque en democracia contra lo pactado para combatir el transfuguismo. Así, enrabietado, a modo de un tarotista de madrugada, pronunció de forma solemne el “todas las cartas están encima de la mesa” para, luego, sin recato alguno y previo mensaje apocalíptico del hay que elegir entre socialismo o libertad, entre caos o PP, hacer un llamamiento a todos los militantes, simpatizantes y dirigentes de Ciudadanos para integrarse o unirse a su partido. Y se quedó tan pancho.

Pase lo de los militantes y simpatizantes, ya que cada cual despliega sus tácticas políticas como mejor le parece, pero lo de los dirigentes, a sabiendas de que en los mismos casi siempre confluye también la condición de cargos públicos, constituye un burdo y grosero destape de lo que realmente piensa el PP del transfuguismo. Parafraseando a Franklin Delano Roosevelt y lo que refirió sobre el primer dictador de los Somoza, pero sin taco, “son nuestros tránsfugas”.

Con el frenesí de los últimos avatares políticos, parecería que las palabras de García Egea hubiesen pasado inadvertidas, desbordadas por aquél, y por eso me ha parecido obligado resaltar la gravedad de las mismas, porque normalizarlas comporta también normalizar la corrupción. Aunque cierto es que alguien me tachará de ingenuo por haber llegado a pensar que este señor de Murcia pudiera respetar un pacto contra la corrupción militando en el único partido que durante nuestra contemporánea democracia ha sido condenado judicialmente, por eso mismo, por corrupción.

¡Biden ha llegado al poder de manera fraudulenta! ¡Biden es un presidente ilegítimo! ¿Te resultan familiares estas acusaciones? Los antidemócratas y las fuerzas reaccionarias estadounidenses allanan el terreno desde el que pretenden ejercer la oposición en los próximos años. ¿O deberíamos decir el terreno desde el que van a combatir, con todas las armas a su alcance, al presidente electo de la nación más poderosa de La Tierra? Con una imputación falsa por bandera, Trump y sus seguidores anuncian que van a seguir haciendo irrespirable la convivencia en su país y en el mundo entero.

No obstante, muchos esperamos cambios, como el realineamiento de los Estados Unidos en sus relaciones con la Unión Europea y España, en su postura ante el cambio climático o ante el combate global de la pandemia ocasionada por la COVID-19. Pero, con la llegada del tándem Biden-Harris al gobierno estadounidense, también cabe esperar que pierdan aliento la presidenta de la Comunidad de Madrid o la ultraderecha española, y, con ellos, el populismo de extrema derecha que sustenta su manera de entender el mundo, servil ante los poderosos y cruel e indiferente ante los débiles y menesterosos.

Siendo importante la victoria del demócrata Biden, por lo que simboliza internamente y para el resto del mundo, quiero subrayar que la pérdida de oxígeno procedente de los Estados Unidos no hará claudicar al populismo de extrema derecha. Nunca debemos perder de vista que nos enfrentamos a un cataclismo económico y social como consecuencia de la crisis sanitaria del coronavirus, y que la desesperanza de los humildes es el alimento de quienes añoran soluciones autoritarias. Es labor nuestra, de los auténticos demócratas, seguir desenmascarando y combatiendo a quienes pretenden dinamitar desde dentro la convivencia, el Estado de Derecho y los avances sociales conseguidos por las clases populares en nuestro país.

Al trumpismo y a la extrema derecha se les derrota con mayores dosis de democracia y desde la unidad de las fuerzas políticas, con medidas de salud pública que salven vidas, protegiendo a las familias vulnerables, salvaguardando a las empresas y a los trabajadores autónomos, y con políticas encaminadas a reactivar la economía y el empleo. Para ello, disponemos de dos poderosas herramientas, el fondo de reconstrucción europeo y los Presupuestos Generales del Estado de 2021. Abordando con eficiencia estas tareas y generando confianza en las instituciones públicas y en el Estado del Bienestar, cerraremos el paso a los propagadores de bulos y a los sembradores de odio. Nadie lo hará por nosotros.

Manuel Fajardo Palarea, senador del PSOE por Lanzarote y La Graciosa.

He de reconocer, no obstante, que no resulta fácil permanecer impasible ante las perlas, a cual más delirante, que nos brindan cada día tanto la extrema derecha como la derecha extremada. No, no es sencillo hacer oídos sordos ante tanto ruido de distracción para concentrarnos en la tarea de combatir la pandemia y sus devastadoras consecuencias económicas y sociales, proteger a los más vulnerables y gobernar para transformar nuestro país en el marco del plan anticrisis y de reactivación y modernización económica que ha propuesto la Unión Europea. 

Al estrambótico anuncio de una moción de censura por parte de Vox, no está claro si contra el Gobierno de Pedro Sánchez o más bien contra la que denomina derechita cobarde representada por el Partido Popular (PP), se le une ahora otro de corte parecido en Canarias. Lo que queda del Partido Nacionalista Canario (PNC) le ha pedido a su socio electoral, Coalición Canaria (CC), que presente una moción de censura contra el Gobierno canario de progreso surgido del Pacto de las Flores “aunque sea para perderla”. Parece que los extremos se tocan en su concurso de ocurrencias.

Lo que persigue la ultraderecha parece obvio, fagocitar al PP todo lo que pueda con la intención de adelantarlo electoralmente y revirar los equilibrios políticos e institucionales de nuestro país hacia el franquismo nostálgico y las catacumbas. Contra este mal, la receta es clara: al fascismo se le combate desde el debate, porque lo contrario sería entrar en el terreno al que nos quieren llevar. Por otra parte, lo que persigue el PNC quizá sea sembrar cizaña y alentar a Nueva Canarias para que dé el paso de romper el pacto en las Islas, a pesar de las reiteradas y explícitas negativas de los nacionalistas progresistas de embarcarse en aventuras rumbo a la nada. 

Pero aún no lo hemos visto todo. Estoy convencido de que estamos asistiendo sólo a los entremeses de una ristra de ocurrencias, a cual más extravagante, que nos van a acompañar en los meses y años venideros, de aquí hasta que se agote la legislatura y se convoquen nuevas elecciones generales. Ahora, vemos a Casado quejándose de que Sánchez no lo llama y animando por otro lado a la insumisión de las y los alcaldes del PP contra el pacto suscrito entre el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios sobre el uso de los remanentes municipales. 

Es de locos, pero irá a más, que nadie lo dude, aunque con su actitud quien pierda realmente sea España o Canarias. O ambas. Les es completamente indiferente si sirve a sus mezquinos intereses. 

El Artículo 18 de dicho Proyecto de Ley hace referencia a la consideración del cambio climático en la planificación y gestión del dominio público marítimo-terrestre. Nuestro propósito es que la planificación y gestión de la costa persiga dos grandes objetivos. El primero es incrementar la resiliencia de la costa española al cambio climático y a la variabilidad climática, y el segundo consiste en integrar la adaptación al cambio climático en la planificación y gestión de la costa española. 

Por otro lado, el mismo Artículo 18 recoge que con el fin de garantizar una adecuada adaptación de la costa a los efectos del cambio climático, la gestión de los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre y sus prórrogas tendrá en cuenta factores como el estado y evolución de los ecosistemas, las condiciones hidro-morfológicas, climáticas y de dinámica costera, así como la presión acumulada de los diferentes usos que soporta cada tramo de costa. 

Con independencia de lo anterior, uno de los grandes desafíos que tenemos por delante reside en la conciliación de la protección de las costas de nuestro país con las singularidades históricas de su gestión y disfrute por la ciudadanía. Han transcurrido más de treinta años desde que el Gobierno presidido por Felipe González identificaba los problemas en la costa española dando origen, en 1988, a uno de los hitos más destacados de intervención pública: la promulgación de la Ley de Costas. 

Las y los socialistas afrontamos entonces el deterioro medioambiental, agudizado por la concentración de población y la permisiva privatización de la costa, así como por el incremento de la actividad económica en esta franja. Con el paso del tiempo, nuestro país se ha ido convirtiendo en una de las primeras potencias turísticas del mundo debido, entre otras razones, a nuestra incomparable ribera del mar. Pero, a la vez, ha ido más la presión sobre el litoral, poniendo en riesgo el uso y acceso público a la costa y su protección ambiental. 

El alto grado de ocupación de las costas y el amplio impacto del sector inmobiliario y turístico, el reparto competencial en el litoral, la crisis económica ocasionada por la covid-19 y el calentamiento global nos obliga a revisar las estrategias. La situación actual ya era mala para el propio sector turístico, que se resiente del deterioro territorial y la masificación del litoral, perdiendo competitividad progresivamente frente a otros destinos, en territorios más vírgenes y atractivos. Pero, a la insostenibilidad ambiental se le une la insostenibilidad social, ya que se detecta muchos déficits en el disfrute colectivo de la costa. 

Somos conscientes de que es preciso dar otro importante paso hacia la protección y conservación de la integridad del dominio público marítimo-terrestre y de los sistemas litorales y marinos, la garantía del acceso y el uso público de la costa por todos los ciudadanos, y la recuperación del borde marítimo en los tramos urbanizados y degradados y a la protección del medio marino. Unido al reconocimiento constitucional del derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, todo ello nos debe conducir a reenfocar la política de costas mediante un diseño sostenible en lo ecológico y lo económico, equitativo en lo social y participativo en lo político.

Sabemos cómo ataca, cómo trata de inocularse en el tejido social y cómo, envuelto en la nada patriótica bandera del cuanto peor mejor, dice al mismo tiempo una cosa y su contraria para llegar al poder. Para usurparlo si fuera preciso. Sabemos por experiencia que, en efecto, son capaces de todo con tal de erosionar al Gobierno, aunque con esa actitud desmoralicen a la población y provoquen un injusto descrédito de las instituciones y los servidores públicos. Lo que sea en vez de empujar juntos en la misma dirección. Durante casi tres semanas, en medio de un escenario inimaginable y casi apocalíptico ocasionado por la pandemia del COVID-19, hemos visto la cruel campaña desestabilización que diariamente está llevando a cabo la derecha política y mediática en todos los foros públicos.

Ante esta situación nunca vista hasta ahora, el presidente Pedro Sánchez les ha invitado a una unidad de acción, a remar en la misma dirección, como se hizo tras la crisis del petróleo al comienzo de la transición política española. Su respuesta consiste en tergiversar la historia —qué raro— para hacernos creer que se suman a un pacto de Estado cuando, en realidad, desearían gobiernos de concentración y otras ocurrencias por el estilo. Su respuesta es una nueva intentona de derribar este Gobierno surgido de las urnas y formado por el PSOE y UP.

No importa. Seguiremos tendiendo la mano y reclamando lealtad institucional en este tiempo extraordinario, a pesar de que nos topemos una y otra vez con su mezquino afán de auparse en el poder a cualquier precio. Lo haremos aunque no les importe hacer política de bajo vuelo con el dolor y el sufrimiento de todo un país, casi del mundo entero a medida que pasan los días. Continuaremos haciéndolo aunque sigamos escuchando sus mentiras y asistiendo a sus deslealtades hacia esta España diversa y todos sus habitantes.

¿Reeditar unos Pactos de la Moncloa en 2020? ¡Claro que sí! ¿Un gran acuerdo, un gran pacto de Estado suscrito entre Gobierno, oposición, patronal y sindicatos en una situación de emergencia española, europea y planetaria? ¡Por supuesto! Es lo que se espera de todos nosotros. Ahora bien, cada uno desde el lugar que ocupa en el entramado político-institucional, económico y social. El Gobierno, desde el Gobierno; los partidos de la oposición, desde la oposición; y los agentes económicos y sociales desde su legítimo lugar. Y con el respaldo de todos los mecanismos establecidos en el contrato de constitución de la Unión Europea, claro está.

Del primero al último, quienes constituyan las listas tienen una enorme responsabilidad hasta el próximo 24 de mayo, pero no es menor la del resto de la militancia

Tuvimos en el PSOE un compañero con importantes responsabilidades orgánicas que, cada vez que tocaba confeccionar las listas electorales, lo primero que hacía era llamar siempre a la misma persona y le ofrecía ir en último puesto. “¿Por qué siempre voy el último en la lista?”, le preguntó un día visiblemente molesto. La respuesta fue de libro: “Porque en el PSOE es tan importante ir el último como el primero”.

Esta anécdota, cuyo desenlace final no viene al caso ahora, debería servir para orientar el cierre definitivo de lo acontecido en la vida interna del PSOE en los últimos meses. Creo que ha llegado el tiempo de pasar la página de las primarias, las candidaturas y las listas electorales. Hay que hacerlo con rapidez, pero con tacto y altura de miras. Estos períodos generan a la vez ilusión y tensión; también quiebran las expectativas de tantos y tantas que, impulsados por la inagotable energía de la vocación política, al final no son cabezas de lista, no ocupan puestos de salida o se quedan fuera de ellas. Esta es la realidad que tiene militar en un partido, donde las mayorías o los estatutos acaban decidiendo y cuyo veredicto hay que acatar.

No obstante, estar o no en un puesto de salida, o en una lista electoral, y que formen parte de ella o no nuestras preferencias, nunca ha de ser la medida que debe presidir el grado de compromiso con el proyecto político socialista. Estoy profundamente convencido de que el PSOE está por encima de las personas que lo integran, que es un proyecto de plena vigencia en el convulso y cambiante mundo actual, y que todas y todos somos imprescindibles y tenemos un importante papel que desempeñar.

Del primero al último, quienes constituyan las listas tienen una enorme responsabilidad hasta el próximo 24 de mayo, pero no es menor la del resto de la militancia. Como en todo proyecto colectivo, el éxito radica en la movilización y la implicación de cada uno de sus componentes, cada cual en la medida de sus posibilidades y tanto en las tareas visibles como en las invisibles. Hay que dar la cara por las propuestas del PSOE entregando generosamente nuestro tiempo a labores como el puerta a puerta, meter papeletas en sobres, pegar carteles o estar activos en las redes sociales. Pero, sobre todo, hay que dar la cara por las candidaturas y las propuestas del PSOE ante la familia y las amistades, en el trabajo y en la calle.

Por eso, unidad e integración son dos ideas clave ahora, pero no vienen solas, sino que han de ser construidas desde ambos lados. Quienes están deben tender puentes, y quienes no están han de hacerse presentes. No hay otra manera de evitar la desmotivación y el distanciamiento que genera todo proceso electoral interno entre aquellos que se sienten derrotados en sus esperanzas, como yo, pero no en mis convicciones.

Candidatos y candidatas, militantes y simpatizantes, tenemos ante nosotros la tarea de combatir la desafección, resituando al PSOE como la fuerza de progreso que nunca ha dejado de ser. La realidad sólo se transforma a través de la movilización, la participación y el voto, siempre desde el compromiso personal y protagonizando activamente nuestros ideales de vida, y no esperado que otros lo hagan por nosotros.

En mi caso, y ante la cita electoral de mayo próximo, pido cerrar filas en favor de nuestro proyecto, sobre todo por todos aquellos hombres y mujeres, militantes, simpatizantes y votantes del PSOE que jamás nos han preguntado “y de lo mío qué”.