Cuando Javier (prefiere no facilitar sus apellidos), argentino, con permiso de residencia y en trámites para gestionar su tarjeta sanitaria, acudió al hospital público Gregorio Marañón de Madrid aquejado de fuertes dolores abdominales, su sorpresa fue mayúscula a la hora de llevar a cabo la admisión. “Si no tienes tarjeta, te tenemos que facturar la atención médica”. Así se lo comunicó el personal de administración del centro sanitario, a pesar de que, según establece el Real Decreto 16/2012, la atención de urgencias para todas las personas, nacionales o extranjeros, con papeles o sin ellos, debe ser gratuita.

De nada sirvieron las pruebas que su esposa aportó para demostrar que la obtención del documento se estaba tramitando, ya que su permiso de residencia es muy reciente. “Nos negamos a pagar porque, inicialmente, pensamos que no era nada grave”, asegura la mujer de Javier, enfermera de profesión y que insistió, una y otra vez a los trabajadores de admisión, en que las urgencias no conllevan ningún gasto para el paciente. Al final, ambos se volvieron a casa sin la valoración de un facultativo y sin firmar la hoja en la que se especifica que tendrá que hacer frente a los gastos del diagnóstico.

Lejos de remitir, las molestias de Javier se incrementaron de manera considerable. Fue entonces cuando decidieron acudir a otro centro de la red pública madrileña. Y allí, en el hospital Infanta Leonor, se volvieron a encontrar con los mismos inconvenientes. “Me obligaron a firmar un compromiso de pago como condición para atender a mi marido. Y como se encontraba tan mal, lo hice sin pensármelo”. Horas después llegó el diagnóstico: apendicitis aguda con riesgo de peritonitis. “Tienes 10 días de plazo”.

Días después de pasar por el quirófano, el personal de gestión económica del Infanta Leonor volvió a recordar a Javier que, si en el plazo de 10 días no presentaba la tarjeta sanitaria, le llegaría una factura a su casa de 180 euros. En el compromiso de pago, al que ha tenido acceso eldiario.es, se recoge que ese importe se factura para cubrir “los gastos de la atención prestada” al carecer de la documentación que acredite su “derecho a las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud [Sermas]”.

Finalmente, el paciente consiguió tramitar su tarjeta en menos tiempo del establecido y no tuvo que hacer frente al pago de la cantidad estipulada.

“Me dolió mucho que en el Gregorio Marañón nos dejaran marcharnos a nuestro domicilio a pesar de cómo se encontraba mi marido”, comenta la esposa de Javier. “No entiendo cómo un error administrativo, si es que fue así, puede poner en riesgo la vida de una persona. Es algo macabro”, dice indignada.

“No es un documento del Sermas”

La Consejería de Sanidad elude toda responsabilidad, pese a que el comportamiento de los dos hospitales públicos fue idéntico. Asegura que el compromiso de pago lo expide el hospital de forma unilateral y que no estaban al corriente del caso de Javier. “Es la primera vez que ocurre algo así”, dicen desde el Gobierno de Ignacio González.

Precisamente, fuentes del centro sanitario aseguran que se trata de un documento “puramente informativo” para aquellos pacientes que no presenten tarjeta sanitaria “ni ningún otro documento que acredite que están en alguno de los supuestos de atención gratuita”. Todo a pesar de ingresar en un área donde la atención es universal y gratuita para todos los pacientes.

Las mismas fuentes dejan claro que en la urgencia “no se cobra absolutamente nada” aunque, a renglón seguido, reconocen que las gestiones de facturación se realizan desde el departamento de gestión económica “tras realizar averiguaciones para confirmar que el paciente no está en ninguno de estos supuestos de atención”.

La Comunidad de Madrid excluye del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama (Deprecam) a aquellas mujeres que no quieran hacerse las pruebas en un centro privado. En una carta enviada por la Gerencia de Atención Primaria a sus médicos, a la que ha tenido acceso eldiario.es, Sanidad advierte de que estas mujeres no tendrán la posibilidad de recibir citas si no se completa el proceso en una de las nueve clínicas privadas que la Comunidad ha designado para este programa. “Si no se cierra el proceso no recibirá nueva cita para cribado”, puntualiza el escrito.

El Gobierno regional acumula reclamaciones de mujeres madrileñas que piden efectuarse la prueba en un centro público. “Reticentes”, las califica el documento remitido por Sanidad. Una de ellas es Maite (prefiere no facilitar su apellido), que acudió a una de las unidades móviles que la Asociación Española contra el Cáncer utiliza para hacer mamografías preventivas mediante un concierto con la Comunidad de Madrid.

Aquella era la primera cita del programa para detectar posibles anomalías en las mamas. Ella fue, según cuenta, con la “convicción de que se trataba de un servicio cien por cien público”. Su sorpresa llegó cuando, meses más tarde, en enero de 2015, recibió en su domicilio una carta de Sanidad con la relación de clínicas privadas donde tenía que completar el proceso de diagnóstico. Debía llamar a alguno de esos centros para pedir cita, algo que Maite declinó.

La cuestión es que, a pesar de que muchos de los centros públicos están equipados para llevar a cabo este tipo de diagnósticos preventivos, actualmente el servicio, que realizan entre la Asociación Española contra el Cáncer y nueve clínicas concertadas de la capital, se encuentra privatizado.

La Consejería de Sanidad ha contestado a eldiario.es que los mamógrafos públicos solo funcionan para casos “donde se haya detectado un cierto grado de malignidad”. También aseguran que no es posible realizar pruebas preventivas en los centros de la Comunidad porque el Deprecam se ejecuta “exclusivamente” en clínicas concertadas. Además, añaden, son pruebas “totalmente voluntarias”.

En la misma carta remitida a los doctores, firmada por uno de los directores asistenciales, Alejandro Abón, con fecha de 29 de enero de 2015, se pide a los médicos su “colaboración” para que estas mujeres acepten acudir al centro privado. “Te agradezco tu colaboración en la captación de estas mujeres, animando a las más reticentes para que acudan a realizarse dicha prueba”, redacta Abón.

“Me amenazaron con no llamarme más”

Maite relata así su caso: “Cuando me llamaron desde la Consejería para preguntarme por qué no había concertado fecha, me dijeron que era mi última oportunidad para continuar en el programa de detección de cáncer de mama. Que no había más posibilidades”.

El programa de detección en Madrid ya supuso un quebradero de cabeza para el Ejecutivo de Ignacio González. En 2013, el Deprecam estuvo detenido durante casi siete meses. Unas 30.000 mujeres no tuvieron acceso a las mamografías tempranas porque la Consejería de Sanidad, entonces dirigida por Javier Fernández-Lasquetty, no había renovado la adjudicación del concurso. Trataba de conseguir una abaratamiento en el canon que paga a las entidades privadas a las que concede este plan. El programa envía invitaciones para este cribado a cerca de 600.000 mujeres madrileñas de entre 50 y 69 años.