“Hace unos años me planteé seriamente convertirme en agricultor. Mi familia tiene tierras en l'Horta y empecé a hacer cálculos para ver si podía ganarme la vida cultivándolas, pero me dí cuenta de que no era rentable y desistí”, asegura Jaume Chornet, un joven de 25 años de Pinedo. El caso de Jaume es un buen ejemplo de uno de los grandes problemas a los que se enfrenta l'Horta: la falta de rentabilidad económica de la actividad agrícola.

Por mucho que se proteja la Huerta de recalificaciones urbanísticas, la mayoría de los cultivos desaparecerán si los agricultores no pueden vivir de su trabajo. “La Huerta de Valencia no es solo un paisaje cultural que debe ser mantenido y protegido para ser visitado, si así fuera la huerta moriría en décadas, sería un parque temático urbano”, asegura Joan Romero, catedrático de Geografía de la UV. Para Romero la huerta valenciana solo puede ser sostenible en el tiempo si los agricultores mantienen una actividad y la agricultura está viva, y para ello es imprescindible que su actividad sea rentable.

“El principal problema al que se enfrenta l'Horta de Valencia y la agricultura valenciana en general tiene que ver con la falta de rentabilidad de las explotaciones agrarias, y esta falta de rentabilidad se debe a los bajos precios que reciben los agricultores por sus productos”, asegura Vanessa Campos, doctora en Economía Social y profesora en la Facultad de Economía de la Universitat de València. “¿Por qué son tan bajos estos precios?, pues son tan bajos porque las grandes superficies, los principales compradores de producto agrario, tienen una posición dominante en el mercado, lo cual se traduce en un poder de negociación muy elevado que impone precios bajos a los agricultores”, asegura.

Vanessa Campos considera que los agricultores deberían evitar a los intermediarios y su poder para imponer los precios mediante la creación de un canal de distribución directo para llegar a los consumidores. Para ello se deberían establecer puntos de venta propios de los agricultores. “Es lo que los agricultores franceses llevan haciendo 40 años a través de Biocoop, una cooperativa que tiene una red de tiendas por toda Francia”, asegura Campos, que también destaca que esta cooperativa transforma el producto agrario y vende desde mermelada o zumos hasta productos de higiene personal o cosméticos. “De este modo añaden valor a sus productos, superan el problema que supone que el producto agrario sea perecedero y ganan tiempo y poder de negociación”, asegura.

El catedrático Joan Romero también defiende la creación de redes comerciales directas para reducir el poder de los grandes grupos alimentarios y las superficies comerciales “gigantescas”, y alerta de la conveniencia estratégica de mantener nuestra producción agrícola. “Los poderes públicos deberían tomarse esto muy en serio porque la huerta valenciana a lo mejor dentro de una década y media es un espacio estratégico fundamental como garantía de alimento, de modo que aunque fuese solo por el bien de la soberanía alimentaria los gobiernos deberían ocuparse en serio de que las producciones de alimento se mantengan”, sostiene.

No obstante, en la Comunidad Valenciana no se ha desarrollado un canal directo de distribución entre agricultor y consumidor que sea significativo a pesar del potencial agrícola. En el caso concreto de la huerta de Valencia, el nuevo alcalde Joan Ribó se ha comprometido a fomentar que la huerta sea productiva para dignificar el trabajo agrario. “No queremos proteger l'Horta solo de palabra, incentivaremos que los mercados municipales incluyan paulatinamente productos de kilómetro cero cultivados en la huerta y crearemos la marca Horta de València para identificar unos productos de calidad, conreados en uno de los terrenos más fértiles del sur de Europa”, sostiene.

Ribó también asegura que desde el Ayuntamiento pretenden crear un “verdadero cinturón verde” que sirva de transición entre el espacio urbano y la huerta, incentivar la agricultura ecológica en el término municipal y recuperar la posibilidad de cultivar algunas zonas de huerta destruidas durante el gobierno del Partido Popular, como en el caso de la ZAL de la Punta. “Al PP solo le interesaba la huerta como espacio para especular urbanísticamente y el Ayuntamiento de Valencia no ha llevado a cabo nunca ninguna política agraria. El nuevo gobierno municipal se encargará”, asegura.

Al margen de las actuaciones desde los poderes públicos, Vanessa Campos considera importante que sean los propios agricultores y la propia sociedad civil la que impulse un nuevo modelo agroalimentario. Cree que en el caso valenciano no se han desarrollado canales de distribución alternativos por el bajo sindicalismo de la agricultura valenciana y por el nivel de los políticos valencianos. “Mientras aquí estamos más pendientes de hacerse fotos y de ver quien se queda con la silla en la región italiana de Emilia-Romagna han utilizado el Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 para desarrollar una red de mercados locales donde los agricultores pueden vender su producto. Han adaptado lo que se venía haciendo en Francia y ahora los agricultores de la zona tienen una alternativa a la gran distribución y han ganado en libertad y precios”, asegura.

Ayudar a los agricultores a organizarse y a utilizar las estrategias empresariales de la gran distribución, crear una red de mercados de productos de proximidad que supongan una opción real frente a la gran distribución o fomentar una industria agroalimentaria en manos de los agricultores que sea capaz de transformar el producto podría favorecer también la creación de puestos de trabajo. “Si la industria agroalimentaria se desarrolla a través de empresas propiedad de los agricultores los beneficios se quedarán repartidos en el territorio. Se trata de utilizar un recurso como la tierra que está infrautilizado para solucionar un problema social como es el paro y la exclusión social”, asegura Vanessa Campos, que actualmente está trabajando en un proyecto entre la Universidad y el tejido agrario valenciano para desarrollar canales de distribución cortos sin intermediarios.

Joan Ribó también defiende su intención de utilizar el desarrollo agrícola para crear puestos de trabajo en l'Horta. “Desde Compromís queremos establecer un banco de tierras comarcal junto con el consorcio por la Ocupación de l'Horta Nord y la Mancomunitat de l'Horta Sud. El trabajo conjunto debe garantizar la protección de la huerta pero además incorporar personas desocupadas a la actividad agraria, porque lo que necesita la huerta es garantizar su futuro con la protección ambiental pertinente, pero también procurando que sea una herramienta útil como sector productivo”, asegura el nuevo alcalde de Valencia.

Para Joan Romero vivimos un momento en el que se está produciendo una ruptura con el modelo neoliberal alimentario, que se caracteriza principalmente por la concentración de todos los procesos en pocos grupos alimentarios, por la dependencia “total” de los agricultores a estos grandes grupos y por la aparición de un mercado globalizado que desborda la capacidad de los Estados. “En los últimos años en distintas partes del planeta se está empezando a reivindicar más soberanía y democracia alimentaria y más criterios sostenibles en la producción de alimentos. Criterios ambientales que persiguen la reducción de la distancia que recorre el alimento, del nivel de inputs industriales y venenos o de la manipulación genética”, asegura Romero, que considera que estos movimientos van a dar cada vez más importancia a la escala local. “Los ciudadanos cada vez desconfiamos más de lo que comemos y del pescado o las verduras que vienen de países donde no hay ningún control ambiental”, añade.

Precisamente la progresiva liberalización de la Unión Europea del mercado agrario comunitario es otro de los problemas a los que se enfrentan los agricultores para rentabilizar su trabajo. Productos más baratos de países con menos controles ambientales y donde hay explotación laboral, y que amenazan la producción agrícola autóctona. “Creo que la Unión Europea no debería tratar igual productos que no se han producido igual. Debería exigir los mismos requisitos ambientales que exige a los productos de la UE a los países terceros y tener en cuenta que si un producto que viene de países donde hay explotación laboral es más barato debería tratarlo de manera diferente o estaría permitiendo un dumping social que afecta a los agricultores europeos”, afirma Vanessa Campos.

Actualmente los agricultores tienen más herramientas que nunca para rentabilizar su producción agrícola al margen de las grandes distribuidoras. Hay agricultores en l'horta que venden su producción por Internet, hay aplicaciones móviles que permiten buscar y comprar directamente al agricultor, y cada vez se organizan más mercados de productores. También cada vez hay más tierras en l'Horta que se dedican al autoconsumo, en especial a la creación de huertos urbanos como los de Benimaclet, Sociópolis o los del Centro Social l'Horta. Estos terrenos dedicados al autoconsumo podrían ser una garantía de supervivencia para algunos cultivos de l'Horta, pues no dependen tanto de la rentabilidad económica, pero representan todavía una alternativa mínima.

En los últimos 50 años ha desaparecido más del 60% de la Huerta de Valencia según un estudio del geógrafo Víctor Soriano, sobre todo por la urbanización de los años del desarrollismo franquista. La ciudad ya no crece, pero la falta de rentabilidad económica podría dejar muchos campos vacíos. Veremos si en el futuro los campos de Jaume Chornet, el joven de Pinedo que quería ser agricultor, se cultivan o desaparecen.

La selección del profesorado de los cursos del Servicio Valenciano de Ocupación y Formación (Servef) se está realizando por los propios centros de formación sin hacer públicos los criterios de selección, sin establecer los méritos valorables y sin hacer públicas las contrataciones. Así lo asegura un grupo de profesores de la bolsa pública del Servef, un colectivo de más de 200 docentes que accedieron a dicha bolsa a través de méritos o exámenes.

Los profesores denuncian que el Servef ha dejado de utilizar esta bolsa pública de expertos docentes para las nuevas contrataciones de 2015, pasando a un sistema “arbitrario” contrario al derecho y a la propia regulación del Servef. Con el nuevo sistema el Servef busca a los profesores que impartirán los cursos a través de un sondeo interno entre los perfiles del INEM, y envía después varios currículums a los centros para que ellos realicen la selección final.

Los docentes de la bolsa pública aseguran que con este sistema de selección no se publican las plazas ofertadas ni tampoco se conocen los criterios de selección ni las contrataciones realizadas, con lo cual se deja a los demás participantes sin posibilidad de alegación o defensa. Los profesores reclaman un baremo de méritos públicos para regular las contrataciones y asegurar así “la objetividad, imparcialidad y transparencia del proceso”.

El Servef asegura que se ha dejado de utilizar la bolsa pública porque está obsoleta y los profesores de dicho fichero no tienen la formación necesaria para impartir los nuevos cursos ni los nuevos certificados de profesionalidad, unos nuevos títulos a nivel europeo que acreditan una determinada profesión. No obstante los profesores del fichero público aseguran que en su mayoría están “perfectamente capacitados” para impartir los nuevos cursos y critican que no les hayan dado opción desde el Servef a actualizar la bolsa pública para acreditar sus méritos. Además aseguran que muchos de ellos ya han impartido los nuevos certificados de profesionalidad años anteriores, con lo cual no entienden por qué ahora no están capacitados para ello.

Los miembros del comité de empresa del personal laboral contratado de Servef creen que el organismo público ha cambiado el sistema de selección con la intención de poder prescindir de los docentes del fichero, que llevan años reclamando mejoras laborales al organismo público. “Para deshacerse de nosotros en cuanto hemos empezado a reclamar fijeza y antigüedad alegan que el fichero está obsoleto y que muchos de los profesores no están capacitados para dar los nuevos certificados de profesionalidad”, aseguran.

Los profesores de los cursos de formación para el desempleo llevan años reclamando su condición laboral de fijos discontinuos de la administración. Muchos de ellos llevan más de 10 años impartiendo los mismos cursos pero actualmente se les sigue contratando por obra y servicio para cada curso. Desde el Servef niegan que exista relación laboral estable, pero han contado con ellos de manera ininterrumpida durante años. Además los docentes denuncian que solo se les contrata por el tiempo de las horas lectivas, es decir, por el tiempo dentro del aula, sin tener en cuenta las horas de preparación de las clases, exámenes, correcciones, etc. y reclaman que se incluyan esas horas en el contrato y en la cotización laboral.

A raíz de la creación de un comité de empresa de este colectivo en 2011 muchos docentes de la bolsa empezaron a reclamar su condición de trabajadores fijos interinos de la administración pública, a exigir trienios por antigüedad y, actualmente, a presentar reclamaciones por despido improcedente al no ser contratados en 2015. De ahí que muchos trabajadores consideren que el Servef pretende deshacerse de este colectivo y buscar otro sistema de contratación para prescindir de ellos, cortar la relación laboral y evitar las reclamaciones.

Algunos trabajadores denuncian que muchos cursos y talleres de formación directamente se han suprimido para prescindir de los profesores y cortar la relación laboral. “En 2014 como ya empezaron a llegarles algunas reclamaciones de antigüedad y ya había algún trabajador que había reclamado fijeza con la empresa decidieron eliminar seis familias enteras de cursos, las que coincidían con cursos de oficios y por lo tanto, con largos periodos de contratación docente”, asegura el comité de empresa, que considera “una pena” que talleres con una gran dotación e inversión en maquinaria y con una gran empleabilidad en sus cursos hayan estado parados y desaprovechados un año, en detrimento de todos los parados que aspiraban a poder hacer esos cursos en 2014.

“Servef lo que está haciendo es tratar mal a sus trabajadores”, resume el comité, que cree que existe una mala gestión del organismo que debería ocuparse de encontrar trabajo para los desempleados, y responsabiliza de esa mala gestión a los cargos políticos que dirigen el organismo. “Ahora con el nuevo gobierno cambiarán a estos funcionarios y esperemos que la cosa mejore”, aseguran.

Los escándalos del Servef

El Servicio Valenciano de Ocupación y Formación lleva desde 2013 sin recibir fondos europeos porque la Comisión Europea detectó fraudes en su justificación y bloqueó las ayudas. 40 millones de euros del Fondo Social bloqueados en unos años donde los recortes han afectado duramente al presupuesto de un organismo vital con las actuales tasas de paro. Si en 2010 el Servef ofreció 266 cursos en centros propios para 4.013 parados y 2.348 cursos en centros externos para 34.966, en 2014 el organismo valenciano ofertó 161 cursos en centros propios para 2.500 alumnos y 890 cursos externos (15.000 alumnos). Una reducción de más de la mitad en cursos ofertados y alumnos en cuatro años.

Por otra parte, sindicatos y trabajadores de la bolsa pública han denunciado la progresiva privatización del Servef. Consideran que el organismo público ha ido priorizando año tras año los cursos que imparte a través de empresas colaboradoras, en detrimento de los cursos totalmente públicos de los centros propios. “La mayor ilusión del Servef era privatizar, para que sus amigos de los centros privados pudiesen beneficiarse bien de poner en marcha cursos”, aseguran desde el comité de empresa de expertos docentes.

A estas denuncias se unen las reclamaciones al Servef por los impagos a sus entidades colaboradoras, por la infrautilización de instalaciones y equipamientos, por priorizar los cursos de escasa inversión en material para ahorrar dinero y por su escasa tasa de intermediación laboral (solo el 3% de las personas que encuentran empleo lo hacen a través del organismo de la Generalitat). El nuevo gobierno tendrá ahora que gestionar un organismo crucial para reducir el medio millón de parados de la Comunidad Valenciana, y que hoy en día apenas ofrece plazas para el 3,4% de los parados.

El italiano Carlo Petrini, fundador de Slow Food, suele destacar en sus conferencias y entrevistas una anécdota que le llevó a impulsar este movimiento alternativo al actual modelo agroalimentario. Cuenta Petrini que un día volviendo a casa de un viaje decidió pararse en el restaurante de un amigo, famoso por preparar una peperonata buenísima. No obstante aquel día Petrini se dio cuenta de que el plato no era tan bueno como recordaba, y decidió pedir explicaciones al cocinero. El chef le dijo que había cambiado los pimientos tradicionales de la zona por otros más baratos que se importaban desde Holanda, que además eran de una raza híbrida diseñada para ser perfecta a la vista, pero insípida al gusto. Petrini preguntó a un agricultor sobre qué se cultivaba ahora en los campos donde antes se cultivaban los pimientos, y éste le contestó que ahora cultivaban tulipanes para enviarlos a Holanda. Una situación totalmente sin sentido y una locura para Carlo Petrini.

El actual modelo agroalimentario neoliberal considera el alimento únicamente como una mercancía más, sin considerar su valor cultural, ecológico y ni siquiera su valor más importante: su importancia vital para la supervivencia humana. El actual sistema se caracteriza por la industrialización de la agricultura y la hiperconcentración de todos los procesos en muy pocos grupos alimentarios, que actúan de forma global desbordando la escala de los estados. “No hay más de 10 empresas agroalimentarias mundiales que controlan todos los procesos, desde la venta de semillas, herbicidas o piensos a los productores hasta el consumo de los ciudadanos”, asegura el catedrático de Geografía de la Universidad de Valencia Joan Romero, que además destaca la dependencia de los agricultores a estos grandes grupos alimentarios en todo el mundo: “Un agricultor Mejicano o un agricultor de India tienen niveles de dependencia similares al de un agricultor de Castilla la Mancha. Todos tienen solamente un par de almacenes en los que comprar las semillas, los herbicidas o a los que vender la cosecha. Al final es un grado de dependencia total”.

Para Joan Romero los estados y los productores han perdido capacidad de maniobra ante los grandes grupos globales para dar sentido al principio de soberanía alimentaria, y considera que en esa pérdida reside la base de los movimientos alternativos que están surgiendo en todo el mundo. Es el caso del citado Slow Food, que reivindica una alimentación más justa con los productores, con el medio ambiente y con la cultura de cada pueblo. Desde Slow Food por ejemplo se oponen a la estandarización del gusto y de la producción que impone el actual modelo productivo, pues consideran que así se está reduciendo la biodiversidad de razas y especies, como en el caso de los pimientos de Carlo Petrini. “Hace tan solo 15 años había un abanico de sabores en los mercados que ahora cuesta encontrarlos. Te dicen que es lo mismo más barato pero no puede ser lo mismo continuamente más barato”, alerta la responsable de comunicación de Slow Food Valencia Irene Zibert. “A alguien se le está estrangulando en la cadena, algo se está plantando de otra manera, se están interrumpiendo los ciclos normales de la naturaleza”, asegura.

Para Slow Food la deslocalización de la producción agrícola para “poder vivir la ficción de productos más baratos” destruye identidad y cultura, y por eso la organización promueve la inclusión de productos autóctonos en peligro en sus programas de protección. Estos programas catalogan y describen las características de los alimentos y su arraigo al territorio, asesoran a los productores en su comercialización, y educan a la sociedad en su conjunto sobre la importancia de mantener estos alimentos. La variedad de arroz sénia, el garrofó de la cella negra, la ovella roja levantina, la tomata cuarentena o la gallina valenciana de Chulilla son algunos de los alimentos que se protegen o incluso se han recuperado casi de su desaparición a través de estos programas en la Comunitat Valenciana.

Son alimentos respetuosos con el medio ambiente porque se cultivan de forma tradicional y ecológica, y su producción permite “recuperar puestos de trabajo y devolver el orgullo a las personas que se involucran en la producción de estos alimentos”, asegura Zibert. En la Comunitat Valenciana el aceite de los olivos milenarios de la zona del Maestrat es el único producto incluido en el programa de máxima protección de la organización. Estos olivos históricos son poco productivos y se deben recoger a mano, y su valor estético ha conducido a muchos agricultores a arrancarlos para su venta como elementos decorativos de rotondas o jardines. Para evitar su desaparición Slow Food Valencia ayuda a asociarse a los agricultores, busca con ellos maneras sostenibles de producción rentable o les asesora en materia de embotellado y marqueting.

Para Joan Romero recuperar los cultivos autóctonos y crear mercados de proximidad entre productores y consumidores es además de una cuestión de cultura y biodiversidad una cuestión estratégica fundamental para las próximas décadas. “Los fondos de inversión están realizando compras masivas de tierra en África, América Latina y países del este de Europa porque ven en la inversión de tierras un negocio muy rentable, y muchos países como Japón, Arabia Saudí o China también están realizando compras masivas para asegurarse su provisión de alimentos”, asegura Romero, que considera que tendríamos que tomar nota de este importante fenómeno geopolítico como una alerta anticipada y repensar nuestras políticas agrarias. “El Estado debería ser consciente de que cuanto más trabaje para ganar soberanía alimentaria menos dependerá de los grandes grupos alimentarios que en estos momentos nos tienen cogidos desde arriba hasta abajo, desde el suministro de inputs (semillas, pesticidas, piensos) hasta la venta del producto”, alerta.

El acaparamiento de tierras del que habla Romero se produce además con la connivencia de las élites locales corruptas, que se enriquecen malvendiendo las tierras a estos fondos y expulsan después a comunidades agrícolas enteras. En estas tierras se sustituyen los cultivos tradicionales por monocultivos industrializados para la exportación, y se crean paradojas como el caso de Etiopía, un país con un gran potencial agrícola donde su población ha sufrido varias hambrunas, y que produce una gran cantidad de alimento que se destina a los países ricos. Joan Romero destaca que la expulsión de tierras no solo se está produciendo en los países menos desarrollados, sino que los agricultores europeos también están siendo expulsado metafóricamente de sus cultivos. “El modelo neoliberal produce expulsiones reales y metafóricas, porque un agricultor de Albacete no tiene autonomía para nada, puede comprar dos tipos de semilla y un tipo de herbicida al precio que le ponen otros, y tiene que vender su producción al precio que le han puesto los mismos”, apunta.

Los mercados de proximidad

Frente a este modelo globalizado han surgido movimientos internacionales que reivindican un nuevo modelo basado en la democracia y soberanía alimentaria de los pueblos, con nuevos criterios de sostenibilidad que incluyen la reducción de productos químicos y el consumo de alimentos locales evitando el transporte innecesario. Vía Campesina, Terra Madre, el propio Slow Food (presente en más de 150 países), y nuevos conceptos alimentarios como el km0 son algunos de los protagonistas de esta ruptura con el actual modelo.

Un restaurante km0 se caracteriza por el respeto a los productores y por incluir productos locales y ecológicos, así como alimentos autóctonos de los programas de protección de Slow Food. En la Comunitat Valenciana contamos con algunos restaurantes km0 como La barraca de Toni Montoliu en Meliana o el K'anròs en Alcàsser, que lleva año y medio aplicando el km0 en sus platos. “Al principio cuesta un poco porque no hay distribuidores, tienes que buscar a los productores directamente, pero una vez dentro es fácil, y al final también es bonito que conozcas al productor, que lo veas y hables con él”, asegura Francesc Marí, cocinero y copropietario del restaurante km0 k'anròs, que se declara “orgulloso” e “ilusionado” por poder difundir la filosofía del km0 en su restaurante.

Francesc cree que en la Comunitat Valenciana no se ha desarrollado un importante mercado de proximidad a pesar del potencial agrícola porque falta concienciación ciudadana y todavía hay dificultades para acceder a los productos locales, que en algunos casos tienen un precio superior a los productos importados. “Recuerdo cuando fui por primera vez a comprar una gallina de Chulilla y me dijeron que costaban entre 13 y 14 euros cada una, cuando un pollo en general te cuesta 5 o 6 euros. Pero claro, el pollo de Chulilla tiene 14 meses de vida y pesa más de dos kilos, mientras que el pollo normal tiene un mes de vida y pesa poco más de un kilo, y además el sabor no tiene nada que ver. ¿Entonces es caro o es barato?, pues yo creo que con el trabajo que hacen los productores es barato. La filosofía final es que tienes que pensar un poco en cómo se hacen las cosas, y por eso tienen un valor añadido”.

“Evidentemente los productos locales tienen un valor diferente en todos los sentidos” añade Patricia Restrepo, la responsable del restaurante valenciano km0 Kimpira. Este restaurante situado en la ciudad de Valencia incluye en su carta platos elaborados con productos protegidos por Slow Food Valencia como el paté de cacau de collaret, el hojaldre de manzanas de Ademuz o la lasaña con panses de Dènia. Tanto Patricia como Francesc creen que poco a poco la sociedad está cambiando y hay más demanda de productos locales. “Cada vez creo que se va a comer más sano, se va a consumir más producto de proximidad y se va a cuidar un poco más al productor, que no haya tanto intermediario porque al fin y al cabo es el que se enriquece”, asegura Francesc.

Irene Zibert, de Slow Food Valencia, cree que ahora hay más herramientas que nunca para acortar la distribución entre productores y consumidores y buscar productos más limpios y justos, pero cree que en la Comunitat Valenciana los temas alimentarios importan todavía poco, y reivindica la necesidad de reflexionar y ser más críticos. “¿Por qué teniendo la huerta de todo el Levante español en nuestro entorno, la ciudad de Valencia rodeada de huerta, por qué tenemos que comer lo que vende el supermercado bandera de la Comunitat Valenciana?”, se pregunta. Zibert considera que la verdadera energía para cambiar el actual modelo agroalimentario está en las personas, pero también cree que el apoyo público es necesario sobre todo en el tema de la educación alimentaria en la sociedad. “La educación va creando consumidores concienciados y críticos, y permite que la gente elija con libertad y con toda la información”, afirma.

La política agraria comunitaria (PAC) se podría considerar un ejemplo de política pública que va en contra del modelo neoliberal, aunque también ha recibido algunas críticas: “El modelo neoliberal puro preferiría que no hubiesen ayudas, sería su paraíso, pero creo que la PAC debería ser más ambiciosa y centrarse en los pequeños agricultores y en favorecer prácticas de consumo más próximas, y en muchas de sus últimas decisiones sigo viendo la larga mano de los grandes grupos agroalimentarios y sus lobbies”, asegura Joan Romero, que no obstante considera que si la política agraria dejase de existir una buena parte del territorio europeo se dejaría de cultivar y se produciría una catástrofe ecológica. “Sin las ayudas los agricultores no podrían hacer frente al pago exageradamente elevado de abonos, insecticidas, maquinaria, energía y mantener a la baja los precios”, concluye Romero, que cree que los poderes públicos deberían apostar para el futuro por una fase de convivencia entre formas de agricultura industrial, “cuánto más sostenibles mejor”, con formas de agricultura alternativa, “mucho más respetuosas con el entorno y más sostenibles con la proximidad a los mercados”.

Los partidarios del actual modelo alimentario esgrimen el argumento de la suficiencia alimentaria para defender el modelo neoliberal: argumentan que solo el modelo industrial puede producir suficiente alimento para alimentar a toda la población mundial. Sin embargo sus detractores creen que este modelo produce desigualdad en el reparto de alimento, es insostenible medioambientalmente y reduce la autonomía de los agricultores y los estados en beneficio de una docena de compañías internacionales, y reivindican un nuevo modelo. Sea como sea el nuevo modelo, el cambio no será de un día para otro, del mismo modo que el actual modelo industrial globalizado tardó varias décadas en implantarse. De momento cientos de millones de personas pasan hambre en el mundo a pesar de un modelo que paradójicamente se nos ha vendido como necesario para parar el hambre en el mundo. Esperemos que la revolución no sea demasiado slow para ellos.

Los partidos de izquierda podrán gobernar la ciudad de Castellón con mayoría absoluta si se ponen de acuerdo. El PSPV, Castelló en Moviment (la formación respaldada por Podemos) y Compromís han obtenido 14 de los 27 concejales del Ayuntamiento de Castellón, lo cual les permitirá alcanzar la mayoría absoluta por la mínima si pactan. Esquerra Unida no supera la barrera del 5% de votos y se queda fuera del Ayuntamiento.

El PP sigue siendo el partido más votado, con 8 concejales y el 25,94% de los votos, pero con resultados insuficientes para gobernar la ciudad, aunque pactase con Ciudadanos. El Partido Popular pierde casi la mitad de sus apoyos respecto a las elecciones de 2011, en las que obtuvo el 46,61% de los votos y mayoría absoluta con 15 concejales. El actual alcalde popular Alfonso Bataller perdería con estos resultados Castellón tras 24 años de gobierno del PP en la ciudad, pues parece prácticamente imposible que llegue a acuerdos con las formaciones de izquierdas.

El PSPV pierde apoyos respecto a las pasadas elecciones pero mantiene el tipo ante el auge de los partidos emergentes, y sigue siendo la formación de izquierdas más votada, con el 21,02% de los votos y 6 concejales, 3 menos que en las elecciones de 2011. Los socialistas harán valer presumiblemente su condición de partido más votado en un hipotético bloque de izquierdas para nombrar alcaldesa a su candidata Maria Amparo Marco Gual, pero habrá que esperar al resultado de las negociaciones.

Castelló en Moviment y Ciudadanos, las fuerzas emergentes en estas elecciones, han irrumpido con fuerza en el Ayuntamiento de Castellón. La formación respaldada por Podemos ha obtenido 4 concejales y el 13,06% de los votos, mientras que Ciudadanos ha obtenido 5 y el 15,01% de los votos. Las formaciones lideradas respectivamente por el licenciado en historia y técnico ambiental Xavi del Señor y la economista Cristina Gabarda se estrenan en Castellón con un buen resultado teniendo en cuenta su corta trayectoria. Ciudadanos pasó de 4 a 5 concejales al final del escrutinio, a costa del PSOE.

Compromis mejora notablemente sus resultados de 2011 y alcanza los 4 concejales, 2 más que el año pasado, con el 13,93%. Por su parte EUPV, que acude a estas elecciones en coalición con Esquerra Repúblicana, Els Verds y Alternativa Socialista, se queda por debajo del 5% de votos que marca la barrera electoral y no obtendría representación.

El bipartidismo retrocede a expensas de los nuevos partidos, y PP y PSOE suman el 46,96% de los votos, frente a los 72,84% que reunieron en las pasadas elecciones. Con estos resultados llega la hora de las negociaciones y los pactos en la ciudad de Castellón, aunque todo indica que el cambio está asegurado si la izquierda se pone de acuerdo para gobernar.

“Nefasta”, “depredadora” o “muy negativa”. Así califican los partidos de la oposición la política medioambiental del PP en la Comunitat Valenciana. PSPV, Compromís y EUPV consideran que los excesos urbanísticos, el tratamiento de residuos o la gestión forestal son los principales puntos débiles de la gestión medioambiental del PP.

“El Partido Popular ha entendido el medio ambiente como un problema, en lugar de una prioridad y una oportunidad, lo que le ha llevado a ignorarlo o a someterlo a los intereses privados”, asegura Francesc Signes, responsable de Infraestructuras y Medio Ambiente del PSPV. Signes considera que los “devastadores” incendios de los últimos años demuestran que el estado de los montes es de “emergencia”, y considera que la gestión de residuos está en punto muerto: “las tasas son desorbitadas, no se han construido todas las instalaciones previstas y siguen existiendo vertederos incontrolados”, asegura.

Natxo Serra, el responsable del área de Medio Ambiente de Compromís, afirma que en esta legislatura el PP ha asentado las bases para que en el futuro pueda repetirse la “destrucción” del territorio que se produjo bajo los gobiernos del PP entre 1996 y 2007, mediante la aprobación de una serie de normas que “aumentan todavía más la desprotección del territorio”. “También ha sido la legislatura en la cual la Consellera Bonig ha disminuido la superficie protegida en los parques naturales y ha aceptado un nuevo Plan Hidrográfico que perpetua la degradación de la Albufera, del Júcar y de nuestros ecosistemas acuáticos, ríos y acuíferos”, asegura.

Por su parte Jesús Monleón, cabeza de lista autonómico de EUPV por Castellón, considera que el PP se ha comportado “como el peor depredador del territorio”, con “políticas nefastas de privatización de los recursos naturales”. El litoral valenciano es uno de los más urbanizados de España: el 51% de su costa está urbanizada (solo la superan Ceuta y Melilla, con el 59%) y municipios como Calpe, Oropesa y Oliva están entre los más urbanizados de España, según el informe de Greenpeace destrucción a toda costa 2013.

Sin embargo desde el PP reivindican que el medio ambiente es muy importante para el partido y critican que la izquierda siempre quiera abanderar su defensa. Salomé Pradas, directora general del Medio Natural, asegura que la gestión medioambiental del gobierno del PP ha sido “acertada” y exitosa“, y pone como ejemplo la gestión de los 22 Parques Naturales de la Comunitat Valenciana. ”Hoy son espacios con un muy buen estado de conservación y cada vez más conocidos. El último año casi 800.000 personas disfrutaron de nuestros parques“, asegura Pradas, que considera que el aumento de visitantes es positivo para la conservación de estos espacios.

¿Qué propone cada partido?

El gobierno que salga de las urnas el próximo 24 de mayo se enfrentará a una serie de desafíos que condicionarán las políticas ambientales en la Comunitat Valenciana. La lucha contra el cambio climático y sus efectos (sequías, desertificación), la gestión sostenible de los residuos o el impulso de las energías renovables serán solo algunos de ellos. De momento, estos son las principales propuestas en materia ambiental de los diferentes partidos.

PP: el partido en el gobierno recoge más de 30 propuestas relacionadas con el medio ambiente en su programa electoral. En materia de residuos y energía, el PP pretende implantar un plan de valorización energética con el objetivo de tener una “Comunitat vertedero cero” en 2020 y convertir la basura en energía, y aseguran que impulsarán incentivos fiscales para las empresas que reduzcan sus residuos y priorizarán materiales reciclados en los concursos públicos.

Los populares pretenden conseguir que el 50% de la potencia eléctrica tenga su origen en energías renovables, y quieren crear un plan sostenible de impulso de la biomasa forestal como mecanismo de desarrollo rural y económico. Respecto al cambio climático el PP afirma que impulsarán medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, como la promoción del coche eléctrico y la realización campañas de sensibilización.

PSPV: los socialistas rechazan el modelo económico del PP, “basado en la construcción sin límites y en la falta de respeto al entorno”. En contraposición el PSPV asegura que impulsará un modelo económico sostenible mediante el desarrollo de la industria verde, de las energías renovables y del ahorro energético. Los socialistas aseguran que recuperar la Consellería de Medio Ambiente será su primera medida, y se oponen a técnicas como el fracking y la extracción de hidrocarburos en las costas en la Comunitat Valenciana, “hasta que la comunidad científica pueda demostrar su seguridad y la sociedad así lo perciba”. La propuesta para prohibir el fracking en el territorio valenciano recibió los votos en contra del PPCV.

Compromís: la formación ecosocialista cuenta con el programa electoral más extenso y detallado en materia de medio ambiente. Compromís pretende, entre otras propuestas, dar protección a las áreas naturales de gran valor que todavía no están incluidas en las zonas protegidas, anular los recortes en la protección de espacios naturales, reformular la ley de ordenación de territorio para minimizar el impacto ambiental de las infraestructuras, establecer de un plan de lucha contra la erosión y la desertificación e impulsar políticas de movilidad sostenible, priorizando las infraestructuras de transporte público.

La coalición también pretende impulsar medidas para luchar contra el cambio climático, para desarrollar el sector de las energías renovables y la eficiencia energética, y para reducir la contaminación atmosférica. Compromis también se opone al fracking y a la contaminación por nitratos y pesticidas de los recursos hídricos, y revindica la gestión pública de todo el ciclo del agua. En materia de gestión de residuos defiende el desarrollo del reciclaje y medidas de reducción de residuos para evitar la incineración y el depósito en vertederos. Desde Compromís aseguran que la primera medida de la formación si llegan al gobierno será la de recuperar los medios humanos y materiales imprescindibles para proteger los bosques de los incendios el próximo verano.

EUPV: desde Esquerra Unida aseguran que habrá que revisar en profundidad toda la legislación ambiental del PP y derogarla en su mayor parte, en especial los “recortes y las desregulaciones”, pues consideran que esta legislación se ha hecho “sin atender las demandas sociales y con los votos únicos del PP”. EUPV asegura que sus propuestas se centrarán en fomentar las energías renovables y descentralizadas, el ahorro y la eficiencia energética y la movilidad sostenible, con un transporte público multimodal cuyo eje sea el ferrocarril y el desplazamiento a pie y en bicicleta en las ciudades. La formación también afirma su intención de reducir la contaminación industrial y la obsolescencia programada de los productos, y de establecer políticas ambientales para preservar las especies autóctonas y la biodiversidad.

EUPV también pretende con sus propuestas oponerse a la especulación del territorio, defender una agricultura y ganadería más extensiva, ecológica y sin transgénicos, priorizar la reducción y el reciclaje de los residuos frente a la incineración y fomentar el ahorro y la eficiencia en el uso del agua, así como su reutilización y depuración intergral.

Podem: El programa de Podemos también recoge medidas para fomentar el transporte público y/o ecológico, el empleo verde a través de las energías renovables, la reducción y reciclaje de residuos y la reforestación para luchar contra la desertización. Desde Podemos pretende proteger el litoral valenciano con una protección de 500 metros desde la costa y prohibir las recalificaciones urbanísticas en territorios quemados durante los siguientes 30 años y el fracking. La formación propone que las administraciones valencianas cumplan criterios de eficiencia energética en sus centros y prioricen a las empresas sostenibles en sus contratos, y quiere promover las productos y servicios respetuosos con el medio ambiente.

Ciutadans: en su programa aseguran que impulsarán la educación ambiental en todos los estamentos de la sociedad valenciana, desde los colegios a las empresas. Ciutadans pretende minimizar la producción de envases innecesarios en los productos, cambiar las flotas de transporte urbano hacia los combustibles ecológicos, gas o electricidad, y promocionar las energías renovables y políticas de reforestación. La formación también se opone al fracking y quiere hacer más eficiente el uso del agua, mediante el ahorro y la reducción de pérdidas en la distribución. Ciutadans además quiere fomentar los productos autóctonos y ecológicos: propone favorecer los huertos urbanos y el consumo de productos autóctonos ecológicos en hospitales y colegios, reducir progresivamente los pesticidas y los herbicidas y eliminar intermediarios en el sector para garantizar una renta digna al productor.

Renovables, eficiencia energética, empleo verde, reciclaje, movilidad sostenible. Como se puede ver las propuestas en materia de medio ambiente de todos los partidos políticos coinciden en la mayoría de los casos, al menos respecto a los objetivos e intenciones a conseguir. De momento los partidos coinciden en esencia en sus propuestas, ahora solo falta comprobar si en la próxima legislatura el gobierno saliente dedicarán suficientes esfuerzos y recursos para conseguir estos objetivos.

El medio ambiente no entra en campaña

Los problemas medio ambientales tienen en muchos casos dificultades para ocupar una posición central en los discursos políticos, en los medios de comunicación o en el debate ciudadano, y esta campaña no está siendo una excepción. Se prevé que la Comunidad Valenciana sea una de las regiones más castigadas por el cambio climático, y la humanidad en su conjunto se enfrenta a graves problemas ambientales que pueden crear serios problemas en nuestro presente y futuro, pero el medio ambiente sigue teniendo dificultades para entrar en el debate público.

El responsable de Medio Ambiente del PSPV Francesc Signes cree que las necesidades básicas de los valencianos en materia de trabajo, viviendo, educación o salud han vivido un retroceso tan considerable que la prioridad de los ciudadanos, y por tanto del debate político, se centra en cómo garantizar el bienestar de sus familias y en recuperar la confianza en las instituciones. “Cuando son tan graves los problemas que afectan a las personas, es difícil conseguir introducir mensajes sobre los problemas que afectan a su territorio, aunque ambos estén relacionados”, asegura Signes.

La directora general del Medi Natural Salomé Pradas reconoce que las políticas medioambientales tienen poca presencia en el debate político, pero también cree que no se trata tanto de un problema de los partidos como de los medios de comunicación, que son los responsables de trasladar a la sociedad el debate público y que iluminan u oscurecen los temas de la actualidad diaria.

Sin embargo desde Compromis creen que hay intereses políticos y económicos de unos pocos para sacar de la agenda pública las cuestiones ambientales. “Los gobiernos del PP han buscado la ocultación del debate medioambiental y han permitido la burbuja inmobiliaria y la especulación que ha destrozado parte de nuestro territorio”, asegura el responsable de Medio Ambiente de Compromis Natxo Serra, que considera que no todos los partidos tiene el mismo interés por el medio ambiente. “En los debates parlamentarios, en los programas electorales y en el trabajo de los últimos años se puede ver con datos objetivos la importancia para cada formación del medio ambiente. Para Compromís es una de sus grandes prioridades”, asegura.

Para Jesus Monleón, cabeza de lista autonómico de EUPV en Castellón, es necesario tratar los problemas ambientales en el debate público yendo a la raíz del problema, al modelo económico no sostenible ecológicamente que ha ocasionado estos problemas. “Los oligopolios dominantes, las transnacionales y el gran capital basan sus beneficios en las externalizaciones de sus costes ambientales sobre el conjunto de la sociedad y en la acumulación por desposesión de los recursos naturales a escala global y local”, asegura.

La Albufera ya no es solo paella y paseo en barca. En los últimos años el Parque Natural ha demostrado su capacidad para atraer a distintos tipos de turistas tanto nacionales como internacionales, y los negocios relacionados con el turismo no dejan de aumentar en el Parque a pesar de la crisis. Después de décadas de discreta presencia en los circuitos turísticos de la ciudad, la Albufera reivindica sus posibilidades de convertirse en un motor de atracción turística para Valencia, pero con una condición clara: el turismo debe ser responsable con el Parque.

“En el Parque Natural se viene observando desde los últimos años un progresivo aumento del número de visitantes, que vienen no solo interesados por este idílico paisaje, sino también cada vez más por su avifauna, su flora, su patrimonio cultural y su gastronomía”, asegura José Segarra, el director del Parque Natural, que además cree que en la Albufera se ha producido un fenómeno de descubrimiento tardío. “Es como si ahora nos hubiésemos dado cuenta de que el Parque de la Albufera existe. Lo teníamos tan cerca y muchos valencianos no lo conocían, y ahora la Albufera está siendo capaz de captar la atención de muchos países de Europa”, asegura.

Conocer el número exacto de turistas que visitan el Parque es prácticamente imposible, pero todos los entrevistados coinciden: cada año hay más turistas en la Albufera. Y los datos disponibles confirman esa percepción. El número de licencias de embarcaciones turísticas y recreativas aumenta, abren nuevos negocios en el Parque y los pocos centros que recogen el número de visitantes registran una tendencia ascendente. El centro de observación del Racó de l'Olla, el principal centro de recepción de visitantes del Parque, recibió 34.691 visitantes el año pasado, 11.107 visitantes más que el año anterior.

La hostelería y el turismo de sol y playa son algunos de los principales atractivos del Parque, pero también están creciendo formas de turismo que hace tan solo unos años eran prácticamente inexistentes en la Albufera, como es el caso del ecoturismo. Jaume Dasí es uno de los responsables de Visit Albufera, una de las nuevas empresas turísticas presentes en el Parque que fomentan este tipo de turismo responsable y didáctico. “Llevamos operando desde 2013 y no hacemos solo el típico paseo en barca. En nuestras excursiones explicamos las características del Parque a nivel natural y cultural”, afirma Jaume, que utiliza su formación cómo ingeniero agrónomo especializado en medio ambiente y su experiencia de cuatro años en las oficinas técnicas del Parque para diseñar las excursiones.

La empresa de Jaume está situada en el pueblo de El Saler, una de las zonas del Parque donde más negocios relacionados con el turismo están surgiendo. En los últimos años de crisis en esta localidad han abierto nuevas zonas de camping, restaurantes, una escuela de español para extranjeros y la propia Visit Albufera, que también cuenta con un servicio de alquiler de bicicletas en el pueblo. Su cercanía a Valencia atrae también a un tipo de turista extranjero que combina el turismo urbano de la capital con el turismo más natural de la Albufera, y que además es el tipo de turista que más se interesa por el ecoturismo. “Al que más interesa nuestro producto es al turista extranjero. El turista nacional todavía no está tan concienciado con conocer la naturaleza, la cultura o la historia, pero también es verdad que esto está cambiando”, asegura Jaume.

Con la misma filosofía de turismo responsable nació Alalbufera, otra nueva empresa del Parque que trata de promocionar la Albufera como un recurso vivo, desde una perspectiva turística y pedagógica. Su responsable Paco Bauxiali organiza excursiones guiadas a pie y en barca desde el puerto de Silla, una zona del Parque dónde el turismo no ha estado tradicionalmente tan extendido como al otro lado de la Albufera. “Siempre he defendido hacer una propuesta diferente de turismo en esta zona de la Albufera. En nuestras rutas explicamos el patrimonio romano, árabe y modernista del pueblo, la huerta, los arrozales, la pesca, los diferentes ecosistemas del Parque, sus valores etnográficos y culturales, etc.”, asegura.

Bauxiali cree que ha sido precisamente la crisis la que ha animado a muchos a aprovechar el potencial turístico de la Albufera, y considera que en el Parque todavía hay un gran recorrido para el ecoturismo: “No habrá un espacio protegido en España y puede ser que en Europa que tenga menor dotación de casas rurales en su entorno, y no es porque esté prohibido. En algunos casos hay quien lo ha intentado y la burocracia le ha hecho la vida imposible”.

Juanto al ecoturismo, el turismo ornitológico es otro tipo de turismo más específico qué también está creciendo en el Parque, a pesar de que la oferta todavía es limitada. El director del Parque José Segarra cree que se trata de un turismo “incipiente” pero que va “posicionándose paulatinamente”. De momento el Parador de El Saler está preparando un proyecto para unir el golf con el turismo de observación de aves. El proyecto pretende crear nuevas infraestructuras de observación de aves y fomentar el interés por la gran diversidad de aves que alberga este espacio natural, en colaboración con la administración del Parque y la Fundación Global Nature.

Turismo: ¿oportunidad o amenaza?

Ante el aumento de la actividad turística en el Parque la pregunta se hace evidente: ¿el turismo se puede llegar a convertir un problema para la Albufera, o por el contrario, puede contribuir a su recuperación y preservación?. “Esto es un debate que lleva generándose desde hace más de 40 años”, asegura Enric Dasí, el alcalde pédaneo de El Saler. “La diferencia entre turismo sostenible e insostenible es muy fina, pero nosotros creemos que el turismo bien gestionado es positivo para potenciar el Parque, pero no desde la perspectiva de turismo que se tenía hace 40 años de asfaltar o de urbanizar”, afirma.

Para los entrevistados la clave está en cómo se organiza y se gestiona el turismo. “Un incremento de la actividad turística no tiene por qué suponer un problema si se trabaja bien en la regulación de su uso púbico, en la capacidad de carga y en una adecuada zonificación”, asegura el director del Parque, que también considera que el turismo puede ser positivo para la preservación del Parque, pues “no se puede apreciar lo que no se conoce”, reconoce.

“Está claro que no se puede hacer como si esto fuese un parque de aventuras, no puedes masificarlo”, asegura Jaume Dasí, uno de los responsables de Visit Albufera, que no obstante cree que hay métodos para fomentar un turismo sostenible. “Nosotros por ejemplo tenemos el certificado Marca Parcs, que certifica que somos una empresa que está cumpliendo con esos objetivos de divulgar el entorno, protegerlo y educar a la gente. Si el turismo se hace de ese estilo el turista conocerá la Albufera y querrá que se preserve mejor de lo que está”, asegura.

Para poder promocionar y gestionar el turismo las asociaciones y las empresas del Parque reclaman a las administraciones más inversión en infraestructuras, mejor señalización, más puntos de información y más zonas habilitadas para disfrutar de la Albufera de forma sostenible. “En el Parque hay solo un mirador de aves y está cerrado, y el centro de visitantes es una pasada pero no lo promocionan”, critica Jaume Dasí en referencia al centro de visitantes del Racó de l'Olla, que también ha recibido críticas por su horario limitado y restrictivo.

Otras de las reivindicaciones históricas en el Parque es la recuperación del puerto de El Saler, que quedó separado del pueblo en los años 70 por la construcción de la CV-500. El alcalde de El Saler Enric Dasí cree que la recuperación del puerto es muy importante no solo para el pueblo, sino para todo el Parque y la ciudad de Valencia. “El puerto lleva 40 años en una situación de abandono y es un espacio que culturalmente e históricamente tiene una relevancia muy importante”, asegura Dasí, que cree que la recuperación de este puerto podría ser clave en la promoción turística de todo el Parque.

La Albufera necesita agua

El futuro del turismo en la Albufera dependerá en gran medida de la conservación y recuperación de sus ecosistemas. El Parque todavía se está recuperando de la urbanización y contaminación de los años 60 y 70, y todavía tiene un larguísimo recorrido por delante para volver a su estado original, sobre todo en el caso del lago. El agua de la Albufera aún tiene una calidad insuficiente, y las asociaciones ecologistas llevan años denunciando que el lago necesita más agua de la cuenca del Júcar para revertir esta situación. De momento, el Plan Hidrológico del Júcar aprobado el año pasado no solo establece una caudal de agua insuficiente, sino que además proporciona agua que proviene en su mayoría de las aguas de las depuradoras que rodean el lago, de menor calidad que la del río.

“La Albufera no podrá mejorar nunca si no recibe el agua que necesita”, asegura Paco Bauxiali, que critica que el agua que necesita el Parque se haya “malvendido” con pactos económicos y políticos y que este espacio natural “no haya sido una prioridad del gobierno valenciano”. “La Albufera forma parte de los elementos tópicos que adornan el ideario valenciano, pero paradójicamente bajo el gobierno del PP la degradación ha sido más que notable”, asegura Bauxiali, que se crió navegando por la Albufera y considera que la degradación del lago y sus aguas puede comprometer el turismo: “muchos usos del lago no se pueden dar si no se mejora la cantidad y calidad de agua. Ahora ya es casi un problema de cantidad porque hay muchas zonas del lago donde no se puede navegar en diferentes épocas del año. Están abusando de los niveles del agua”.

En los últimos años se han realizado inversiones públicas para crear depuradoras de agua y tres filtros verdes, pero el director del Parque José Segarra considera que todavía quedan pendientes algunas inversiones para mejorar de forma efectiva la calidad del agua. “Si actualmente la Albufera es un destino turístico incuestionable, todos los esfuerzos en recuperar la calidad del agua siempre serán oportunos, y no deben cesar hasta que no alcancemos ese objetivo”, asegura.

La zona dunar y del bosque de la Devesa son las zonas del Parque dónde la recuperación del proceso de degradación de los años 70 se ha hecho más evidente. Los fondos europeos han sido clave en estos proyectos, que son pequeños motivos de esperanza para volver a ver una Albufera sana. De momento, con sus luces y sombras, la Albufera atrae cada vez a más turistas, y Bauxiali advierte: “los visitantes no quieren ver una Albufera de cartón piedra, una Albufera Mítica. Tenemos que mostrar la Albufera que tenemos, para bien y para mal”.

Arribar al 50% de classes en valencià el 2022. Aquest és un dels objectius de la Universitat de València per a contribuir a la igualtat lingüística i aconseguir que els futurs graduats siguen competents en les dues llengües oficials. Una aposta ambiciosa de la universitat que ja està recollint els seus fruits: des que es va llançar el Pla d'increment de la docència en valencià el curs 2012-2013 s'ha passat d'una oferta de crèdits en valencià del 26,5% a una oferta del 36,7% prevista per al pròxim curs.

El Pla va sorgir arran d'un estudi elaborat el 2011 per les universitats públiques valencianes i per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, en el qual s'evidenciava la necessitat d'una “reglamentació institucional de suport a la llengua subordinada” en les universitats. La Universitat de València es va ficar a treballar en aquesta direcció i va aprovar aquest pla de foment de la docència en valencià amb un ampli consens dins dels seus òrgans de govern.

Per a fomentar la matriculació en valencià, la universitat també promou xarrades en instituts adreçades als futurs universitaris, on s'expliquen els avantatges que té estudiar en aquesta llengua. “La idea principal que transmetem és que si a més d’estudiar farmàcia, filosofia o economia ho fas en valencià i en alguna altra llengua més, en acabar el grau no sols tindràs una titulació universitària, sinó que estaràs capacitat per a treballar en dues o tres llengües, cosa que farà que tingues més possibilitats i que estigues millor preparat”, assegura Rafael Castelló, director del Servei de Política Lingüística de la UV i expert en sociolingüística.

Aquestes xarrades són impartides per voluntaris, en la majoria dels casos per estudiants o graduats de la UV com Mauro Blanquer, graduat en Periodisme en aquesta universitat. Mauro és un dels 120 voluntaris que en 2014 s'han encarregat de fer xarrades en 299 instituts de tota la Comunitat Valenciana, arribant a més de 14.000 alumnes de batxillerat. “Vaig decidir fer-me voluntari perquè sentia que havia de fer alguna cosa per la meua llengua, ja que les institucions públiques no fan tot el que seria necessari per a normalitzar-la i mantenir-la útil i viva. Més bé al contrari, tanquen els pocs mitjans públics en valencià que tenim i redueixen les ajudes a les entitats que la promouen”, assegura Mauro, que considera que promocionar el valencià en la universitat és fonamental per a la normalització de la llengua: “Crec que una llengua està normalitzada quan s'utilitza en tots els àmbits de la nostra vida, no només a casa sinó en l'àmbit acadèmic, administratiu, empresarial o d'investigació”.

Les xarrades han arribat al 67% dels 447 instituts de la Comunitat Valenciana, amb resultats “positius i una bona acollida” segons Castelló, que assegura que el principal repte del valencià és que els estudiants troben que el valencià serà útil i necessari per al seu futur professional. “Si trobes que aprendre una llengua, un ofici o qualsevol cosa és útil i necessari, no tens cap dubte, i en això les polítiques lingüístiques de la Generalitat ajuden poc, quan no és el cas que perjudiquen”, afirma Castelló, que també critica que el govern valencià no valore la competència lingüística del valencià en la mateixa administració pública o en l'àmbit jurisdiccional, sense tribunals que treballen en valencià.

“Sempre trobes el típic argument per part d'un sector de l'alumnat que consideren el valencià com una llengua amb poca utilitat, que prefereixen aprendre una llengua estrangera de cara al mercat laboral i consideren la llengua pròpia com una cosa antiga i poc utilitzada”, reconeix Mauro, que no obstant assegura que majoritàriament les noves generacions “tenen assumit que el valencià forma part de la seua cultura i és un avantatge dominar-la, tant a nivell personal com a nivell professional”.

Per a la Universitat de València llengües com l'anglés no són una amenaça per al valencià, sinó un aliat més. La política lingüística de la UV parteix del coneixement de les dues llengües oficials, i tracta d'introduir una altra en la docència, fonamentalment l'anglés. L'objectiu final del Pla és que els graduats siguen competents en valencià, castellà i anglés. “En acabar la seua titulació, un estudiant serà competent tant en la seua matèria, com en tres llengües. Això millora la seua ocupabilitat, és un valor i no cap càrrega”, assegura Rafael Castelló, que també opina que les universitats privades haurien de dedicar més esforços a la promoció de la docència en valencià.

El govern del PP abandona el valencià

La Universitat de València ha sigut històricament una institució que ha dedicat molts esforços a la normalització i promoció del valencià, una implicació que Castelló troba “molt” a faltar per part de la Generalitat Valenciana, l'entitat que per llei i competències hauria d'impulsar aquesta llengua: “En l’ensenyament, especialment en secundària i batxillerat la presència del valencià com a llengua vehicular és molt pobra. Només un terç dels estudiants del País Valencià tenen l’ensenyament en aquesta llengua. I això que l’ensenyament és on millor estem. Si mirem altres àmbits com els mitjans de comunicació, els serveis, el món econòmic, l’oci, etc. la presència del valencià és ben minsa i el Govern valencià no en fa res per afavorir-la; fins i tot, amb actuacions que perjudiquen la presència del valencià, com ara als mitjans de comunicació”.

En la mateixa línia el president d'Escola Valenciana, Vicent Moreno, considera que l'actual govern valencià, “lluny de promoure i normalitzar, ataca i margina el nostre màxim tret d'identitat, el valencià”, i assegura que davant la inacció de l'administració són les entitats i els col·lectius socials com Escola Valenciana els que estan impulsant la normalització lingüística amb les Trobades d'Escoles en Valencià i amb altres projectes relacionats amb la música en valencià, el cinema o el voluntariat lingüístic. “El que cal sobretot és una administració valenciana que s'agafe el tema seriosament”, afegeix. Mauro coincideix amb Moreno i opina que el govern no ha fet tot el que podia fer per a promocionar la llengua. “El govern del PP sempre ha tingut una actitud de menyspreu cap a la nostra llengua. La majoria dels responsables polítics a les nostres institucions no saben parlar-la”, assegura Mauro, que també critica la falta de suport als mitjans en valencià.

En les dues dècades de govern del PP en la Comunitat Valenciana s'ha reduït notablement l'ús del valencià i la capacitat per part de la població d'entendre i parlar aquesta llengua, segons els estudis més recents de 2005 i 2010. Si no canvien les polítiques, tot indica que aquesta tendència es mantindrà en un futur. Per a Castelló és necessari que es fomente la utilitat de la llengua per a revertir aquesta tendència: “És necessari que el valencià siga una llengua útil i que siga percebuda com a tal. Només així podrem arribar a una normalització plena. Si només serveix per a parlar amb els familiars i en cercles privats i no per a anar a comprar a uns grans magatzems o per a treballar en una empresa o en l’administració pública, continuarem tenint una llengua de segona”.

El clima, los precios o el idioma son algunas de las razones que han convertido a España en el país europeo que más erasmus recibe. La ciudad de Valencia no se queda atrás y sus dos universidades públicas llevan años en el top 10 de universidades con más estudiantes erasmus, además de atraer también a un gran número de estudiantes de fuera de Europa. Luca Manzoni, estudiante de arquitectura de Milán, reconoce que eligió a Valencia entre otras ciudades españolas por su tamaño. “Podría haber elegido Barcelona o Madrid, pero Valencia me gustaba porque no es demasiado grande ni demasiado pequeña, no tienes que estar siempre cogiendo metro o vivir fuera de la ciudad”, asegura.

El tamaño, el buen clima de la ciudad, el precio del alquiler o el prestigio de sus universidades son algunas de las razones por las que el brasileño Augusto Temponi, estudiante de ingeniería ambiental, y la francesa Lily Bouchez, estudiante de arquitectura, aseguran haberse decantado por Valencia tras haber elegido España. “Elegí primero España porque en las energías renovables el país está muy bien, luego escogí Valencia y ahora estoy muy contento”, asegura Augusto. “Yo tengo orígenes españoles y para mi era un sueño poder aprender español, vivir en este país y conocerlo mejor”, añade Lily, que eligió la Universitat Politècnica porque “había oído hablar bien de ella y había oído que tiene un gran ambiente internacional”.

Los tres estudiantes llevan desde septiembre en Valencia y aseguran que sus partes favoritas de la ciudad son el Parque del Túria, el centro histórico, la zona universitaria, el Cedro o Ruzafa. También reconocen que la ciudad les sorprendió cuando llegaron. “Yo creía que Valencia sería toda una ciudad más moderna, que no tendría ese centro histórico, porque en Brasil no hay centros históricos así y yo creía que en Europa no todas las ciudades tendrían ese centro histórico”, asegura Augusto, que además considera que los valencianos son bastante parecidos a los brasileños. “Yo tenía la impresión de que Valencia sería más pintoresca, más cómo un pueblo español que como una ciudad, y me sorprendieron las calles tan anchas y que los barrios fuesen tan diferentes entre si”, añade Lily.

La universidad española, más “cercana”

Durante este tiempo los estudiantes también reconocen que han observado muchas diferencias respecto a sus universidades de origen. De la universidad española les sorprende la relación cercana entre profesores y alumnos, una relación más “abierta” que para ellos es “positiva”. Para Augusto la estructura de la UPV es “muy buena” y valora la cantidad de contenidos prácticos: “En Brasil no hay tantas asignaturas prácticas, pero también es verdad que en Brasil los alumnos en general estudian y hacen prácticas en empresa al mismo tiempo desde que se empieza la carrera. Aquí casi nadie hace prácticas hasta el último año”, asegura.

Lily también valora de forma positiva la universidad española, pero considera que algunos aspectos de su carrera podrían mejorarse. “Algunos proyectos que hacemos en arquitectura están un poco anticuados. Durante el aprendizaje de los arquitectos no se habla mucho del factor social, de sostenibilidad o de la integración de las construcciones en la ciudad y en sus contextos, factores que en países como Suecia ya se tenían en cuenta hace 30 años, y que aquí solo se estudian como asignatura optativa”, asegura Lily, que no obstante cree que los estudiantes españoles están más implicados en querer cambiar las cosas dentro de la universidad y que estudian muy duro. “El nivel es bastante fuerte”, asegura.

A Luca le sorprende que en el sistema español los exámenes se concentren al final de cada semestre. “En Italia tienes cinco fechas diferentes cada curso para hacer el examen de una asignatura, y como todo el mundo quiere obtener la máxima nota muchas veces estudias un mes solo para una asignatura. La nota es importante para el curriculum y aunque apruebes si no tienes una buena nota la rechazas”, asegura Luca, que opina que en España es fácil aprobar pero muy difícil sacar un 8, un 9 o un 10, sobre todo por el hecho de que los exámenes estén tan concentrados.

Sobre la recepción de los estudiantes de intercambio internacionales, los tres se declaran satisfechos con la organización de la UPV. “Antes de llegar me asignaron un mentor que me ha ayudado a elegir las asignaturas, a ver cómo funciona el sistema, a ayudarme con mis cosas administrativas”, asegura Lily. “Creo que la UPV está muy preparada para recibir estudiantes”, asegura Augusto.

El Erasmus: “una oportunidad personal y profesional”

Cada vez hay más estudiantes como Lily, Luca o Augusto que deciden cursar parte de sus estudios en otro país. Una tendencia al alza que tiene efectos “muy positivos profesional y personalmente” según los tres estudiantes. “Ahora ya sabemos hablar otro idioma y creo que incluso ahora sería más fácil aprender otro más. Además en el Erasmus he encontrado personas muy diferentes que me han hecho abrir mi mente y no tener solo un hilo director”, asegura Lily, que también reconoce que el Erasmus ha despertado su “conciencia europea”. “Ahora me importaría menos trabajar en el futuro en otro país de Europa y me he dado cuenta de que tenemos muchas cosas en común”, asegura.

“El Erasmus te hace más fuerte. Nosotros los italianos estamos acostumbrados a vivir mucho con los padres y ahora salir otra vez a otro país europeo me importaría menos”, asegura Luca, que considera que el Erasmus en Valencia aumentará sus posibilidades de encontrar un puesto de trabajo cuando termine sus estudios, aunque no en España. “Me gustaría trabajar aquí, pero siendo arquitecto y con la crisis no creo que sea un buen lugar para trabajar”, afirma el italiano.

Por su parte Augusto también valora las oportunidades profesionales de haber estudiado en España: “Aquí en España y en Europa puedo ver como estáis más avanzados en energía renovable que en Sudamérica, y estoy aprovechando para ir a muchos congresos. En las clases puedo observar muchas cosas que se hacen hoy aquí y que en Brasil se van a hacer en los próximos 20 años” asegura.

El modelo económico “basado en el ladrillo y el turismo de sol y playa” impulsado por el PP en la Comunidad Valenciana “es insostenible y genera precariedad”. Así lo han afirmado el número tres de Podemos David Torres y los candidatos a la Generalitat Ignacio Blanco (EU) y Mónica Oltra (Compromís) en una conferencia celebrada este miércoles en la Universitat de València, organizada por el Bloc d'Estudiants Agermanats.

Durante el acto las tres fuerzas políticas han defendido la necesidad de impulsar un nuevo modelo productivo basado en la reindustrialización, los servicios sociales, la economía verde y la innovación para crear ocupación y luchar contra la precariedad laboral. “Se ha construido un modelo económico donde todos deberíamos ser camareros, y eso no es sostenible”, ha asegurado el diputado de Esquerra Unida Ignacio Blanco.

Para reindustrializar la Comunidad Valenciana Mónica Oltra ha defendido la creación de un plan de industrialización y la apuesta en sectores como las energías renovables, la movilidad sostenible o la rehabilitación energética para realizar una “reconversión ecológica de la economía”. Por su parte Ignacio Blanco ha destacado la necesidad de aprovechar las industrias tradicionales y de realizar una “fuerte inversión pública” para diversificar y modernizar la industria, mientras que David Torres ha destacado las posibilidades de desarrollo de la agroindustria en la Comunidad.

En su propuesta de modelo productivo los representantes de los tres partidos han defendido el desarrollo de los servicios sociales con el objetivo de incrementar la cobertura del Estado del Bienestar al tiempo que se crea ocupación. “Desarrollar por ejemplo la Ley de Dependencia o el ámbito de la inclusión social crearía empleo y además de calidad”, ha asegurado Oltra.

Los representantes de las tres fuerzas políticas consideran que desde las administraciones valencianas también se puede contribuir al cambio del modelo productivo favoreciendo las adjudicaciones de obras o servicios públicos a empresas que cumplan determinados criterios sociales y medioambientales. “Tu no vas a crear la empresa, pero puedes orientar desde lo público hacía dónde tiene que ir la empresa”, ha defendido la diputada de Compromís.

Cómo financiar el cambio de modelo

Para financiar el “prioritario” cambio de modelo productivo los representantes de Compromís, EU y Podemos han defendido la necesidad de mejorar la financiación autonómica de la Comunidad Valenciana para obtener más recursos. “Es una vergüenza que tengamos una renta per capita 12,5 puntos debajo de la media española y que encima tengamos que aportar más de lo que recibimos al Estado”, ha denunciado en este sentido David Torres. “Con la financiación que nos llega no llegamos a pagar ni el 85% del gasto de sanidad y educación”, ha recordado Mónica Oltra, que ha defendido la urgencia de renegociar la financiación de la Comunidad.

Otra de las propuestas de financiación que han compartido las tres fuerzas políticas es la de impulsar una reforma fiscal redistributiva en la que paguen más “los más ricos” y que favorezca un mayor reparto de la riqueza. “Nosotros no queremos un modelo de acumulación de capital como el actual donde el 10% que más tiene el 55% de la riqueza”, ha asegurado Oltra.

“Ciudadanos es un PP moderno y desacomplejado”

Los representantes de EU, Compromís y Podemos han sido preguntados durante al acto sobre el fenómeno de Ciudadanos, y sobre hipotéticos acuerdos postelectorales con esta formación. El número tres de Podemos David Torres ha asegurado que no tienen intención de pactar con Ciudadanos, y ha calificado de “lamentable” que este partido, “que se ha apropiado de un discurso que no es suyo”, pudiese permitir que el PP siguiese gobernando en el parlamento valenciano. “Ciudadanos representa la política contra la que queremos luchar. Todas las propuestas económicas que están mostrando en los últimos días son propuestas que vienen del decálogo neoliberal que ya conocemos”, ha asegurado Torres.

Por su parte Blanco ha calificado a Ciudadanos como un PP “moderno y desacomplejado”, y ha criticado su indefinición política. “Ellos no hablan directamente de cuestiones ideológicas, simplemente hacen una campaña de marketing, secundada prácticamente por todos los medios de comunicación”, ha criticado el diputado de Esquerra Unida, que además considera que Ciudadanos se ha convertido en la “última esperanza” para el PP. “Hace unos meses los diputados del PP estaban convencidos de que perdían, ahora están preocupados porque muchos de sus votos van a Ciudadanos, pero tienen una última esperanza: que todo el voto que pierde el PP se vaya a Ciudadanos y luego acabar pactando con ellos”, ha asegurado Blanco.

Oltra ha afirmado que no contempla la posibilidad de un gobierno PP-Ciudadanos, “ni por aritmética ni porque crea políticamente que pueda suceder”. “Pactar con un partido tan podrido como el PP es socialmente muy contestado y mucha gente que podría votar a ciudadanos no creo que estuviese de acuerdo con eso”, ha asegurado la candidata de Compromís, que opina que habrá un gobierno plural de izquierdas tras las elecciones.

Los diferentes candidatos a la alcaldía de Valencia de Compromís, Esquerra Unida y València en Comú (la formación respaldada por Podemos) han desarrollado las claves de sus programas electorales para la ciudad de Valencia en una conferencia celebrada este martes en la Universitat de València, con propuestas que en esencia coincidían. Entre sus objetivos: la lucha contra la corrupción, la movilidad sostenible, la transparencia o más políticas sociales en la ciudad.

El candidato a la alcaldía por Compromís Joan Ribó ha defendido la necesidad de luchar contra la corrupción en el Ayuntamiento y abandonar el estilo “autoritario y opaco” del gobierno de Rita Barberá, instaurando más participación ciudadana, debate y transparencia. “Valencia siempre aparece a la cola en los ránking de transparencia que elaboran las ONG”, ha asegurado el candidato, que además ha hecho hincapié en la necesidad de incrementar el gasto en políticas sociales: “En España cada año se gastan 300 euros per cápita en servicios sociales, mientras que en la ciudad de Valencia se gastan 77 euros”.

El candidato por EU, Amadeu Sanchis, ha destacado la necesidad de priorizar el interés general de los ciudadanos frente a los intereses privados y de “los poderosos” para crear una Valencia “solidaria, innovadora y habitable”. “No puede ser que el Ayuntamiento haya perdonado al Valencia Club de Fútbol los más de 20 millones de euros que adeudaba a la ciudad por el Nuevo Mestalla”, ha apuntado Sanchís, que además ha defendido la necesidad de pensar en Valencia y su área metropolitana como un todo a la hora de afrontar los problemas “sociales, económicos, ambientales y de movilidad” que tiene la ciudad.

Por su parte Jordi Peris, candidato de València en Comú, ha declarado su intención de “regenerar y devolver la dignidad a las instituciones valencianas”. Instituciones que actualmente son un “ejemplo de corrupción, desgobierno y malgasto de recursos”, según Peris. El candidato de València en Comú ha asegurado que algunos de los ejes de su programa será la lucha por derechos sociales básicos como la vivienda y el fomento de la participación ciudadana, “nosotros no venimos con una varita mágica para resolver todos los problemas de los ciudadanos; los problemas los tendremos que resolver con los ciudadanos, trabajando y dialogando directamente con ellos”.

Las intervenciones de los candidatos a la alcaldía se han producido en el marco de las jornadas “Pensar-nos”, organizadas por el sindicato de estudiantes Bloc d'Estudiants Agermanats, y en las que este miércoles se llevará a cabo un debate con los candidatos a la Generalitat Mónica Oltra (Compromís), Ignacio Blanco (EUPV) y Antonio Montiel (Podem).

Unidos por la voluntad de cambio

Los candidatos han sido preguntados durante el acto sobre posibles pactos entre sus formaciones después de las elecciones, y todos han expresado una voluntad de llegar a acuerdos para favorecer un cambio de gobierno en el Ayuntamiento.

“Compromís, Esquerra Unida y, en menor medida, el PSPV solemos mantener las mismas posiciones en la mayoría de votaciones en el Ayuntamiento”, ha destacado Joan Ribó, que se ha mostrado “convencido” de que se podrá llegar a un acuerdo y se ha manifestado a favor de que los partidos no decidan su estrategia de pactos pensando en las elecciones generales, “me gustaría que las cosas se hiciesen pensando en Valencia”.

“Hay un clamor para que Rita no sea la próxima alcaldesa de Valencia y si ese clamor existe es muy fácil: todos los que no somos del PP y queremos un cambio de izquierdas, o podemos ponerle otro nombre, nos ponemos de acuerdo en un programa y tenemos la investidura hecha”, ha asegurado Amadeu Sanchis, que ha hecho hincapié en que se debe llegar a acuerdos no sólo para que no gobierne el PP, sino para que tampoco gobierne Ciudadanos. “Ni por activa ni por pasiva debe gobernar el PP, pero ni por activa ni por pasiva tiene que gobernar la derecha, y en esto estoy siendo claro, ya no hay solo un partido de derechas, y ese otro partido de derechas tampoco debe gobernar, sea la marca naranja o sea la marca blanca, porque si no cambiaremos las personas pero no las políticas”, ha destacado.

Ciudadanos: “un problema para el cambio”

Los candidatos también han sido preguntados por el auge de Ciudadanos, y todos han coincidido en calificar a ciudadanos como un problema para el cambio en Valencia, “Ciudadanos es uno de los grandes hándicaps que tiene Valencia para el proceso de cambio de esta ciudad, porque Ciudadanos es un partido de derechas y puede suponer una continuidad en las políticas del PP”, ha asegurado Jordi Perís, que además cree que si Ciudadanos cogiese fuerza podría en un momento dado sostener a los populares en el gobierno.

En la misma línea Sanchís ha defendido la necesidad de “aislar las políticas de derechas, las haga quien las haga y sea quien sea” y ha criticado la indefinición política de la formación, “habrá que ver el programa y si realmente hay una priorización del interés general y una intención de plantarse delante de los poderosos y de las entidades financieras”, ha añadido.

Por su parte Ribó ha situado a Ciutadans dentro de un proceso de reestructuración de la derecha, y ha defendido que la aparición repentina de Ciudadanos sigue una “clara operación diseñada por parte de la derecha”. “Un miembro del banco Sabadell dijo hace cuatro meses que necesitábamos hacer un podemos de derechas, y ya lo tienen”, ha asegurado el candidato de Compromís, quién aún así ha querido hacer una matización respecto a la formación liderada por Albert Rivera: “Ciudadanos es un partido estatalista y con planteamientos de derecha muy claros, como la intención de dejar sin Seguridad Social a los inmigrantes sin papeles, pero yo creo que la gente de Ciudadanos no va a aceptar los elementos de corrupción y de falta de transparencia tan absoluta de esta derecha cavernícola que tenemos en valencia”.

Integrar las universidades en la ciudad

Los tres candidatos han expresado su voluntad de fomentar la participación de las universidades en la ciudad, con el objetivo de que estas instituciones contribuyan a la mejora social. “La relación universidad-sociedad normalmente se plantea solo en términos universidad-empresa, pero nosotros queremos ir un paso más allá, y hacer que todo el potencial del conocimiento universitario sirva para las cuestiones sociales de la ciudad”, ha asegurado Jordi Peris.

También ha habido consenso a la hora de criticar el trato de favor del Ayuntamiento y del PP en general a las universidades privadas. “Si miramos el mapa de Valencia han aparecido sedes de la Iglesia Católica como setas, que cuentan con un trato de favor evidente”, ha afirmado el candidato de Esquerra Unida Amadeu Sanchís, que también ha recordado como al inicio de la legislatura se recalificó un solar de 3.000 m3 para que la Universidad Católica pudiese tener un hospital facultativo.

En este sentido Joan Ribó no solo ha criticado la cesión de terreno, sino también las subvenciones del Ayuntamiento a las universidades privadas, “el dinero que da de subvención el Ayuntamiento es el mismo para la Universidad Europea, que tiene 1.000 alumnos aproximadamente, que para la Universidad de Valencia, que tiene 55.000”.

Los candidatos han defendido también otro tipo de medidas para favorecer a los estudiantes como la creación de un precio reducido en el transporte público, la implantación de una tarjeta integrada de transporte público o el establecimiento de residencias de estudiantes a precios razonables. Respecto a esta última propuesta, los candidatos han defendido que la creación de estas residencias sirva para convertir al Cabanyal en una zona universitaria y contribuir de este modo a su recuperación.

La revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) impulsada por el gobierno de Rita Barberá a escasos meses de las elecciones sigue desencadenando protestas ciudadanas, esta vez en forma de ruta. La “Ruta per l'horta amenaçada” es un recorrido impulsado por el colectivo periodístico Xarxa Urbana por diferentes zonas de huerta que están amenazadas por el plan o que ya han sido afectadas por urbanizaciones anteriores, como Campanar, Alboraia o La Punta, y que pretende dar voz a afectados y asociaciones contrarias al PGOU.

“Hacemos la ruta para evidenciar lo que puede ocurrir si no cambia esta política centrada en el ladrillo con el objetivo de seguir especulando”, asegura la periodista Teresa Galindo, una de los promotores de la ruta, que reconoce estar sorprendida con un plan que quiere seguir urbanizando en una ciudad con decenas de miles de viviendas vacías. “Detrás de la destrucción de la huerta está la especulación con los amigos constructores del PP”, añade Miguel Ángel Ferrís, otro de los impulsores del recorrido.

La primera parada de la ruta, celebrada el pasado 18 de abril, fue la Alquería del Rey de Campanar, una alquería medieval del siglo XVI expropiada para una supuesta ampliación del Bioparc que todavía no se ha llevado a cabo 15 años después. Los antiguos propietarios de la alquería denunciaron la situación de abandono de este edificio, declarado Bien de Relevancia Local, y relataron el drama que supuso para los vecinos perder su casa y sus tierras. “Además, nos enteramos de la expropiación por la prensa, ni nos avisaron”, lamentó Concha Aguilar, antigua propietaria del inmueble. La ruta recorrió otras zonas históricas de la huerta de Campanar que han sido destruidas bajo el gobierno del PP como la zona del Camí del Pouet, un camino rural histórico que tenía más de una docena de alquerías medievales.

El recorrido también se centró en las zonas que están actualmente amenazadas por la actual revisión del plan, como la zona del Racó de l'Anell. En esta parte de la huerta cercana a Tavernes Blanques el PGOU prevé la construcción de varios viales, rotondas y 600 viviendas. Representantes vecinales alertaron de que estas construcciones afectarían a la docena de alquerías históricas del Racó, al sistema de irrigación ancestral y en general a unas tierras muy fértiles donde se cultiva la xufa valenciana.

La ruta finalizó en otro de los puntos negros del urbanismo del Ayuntamiento en la huerta: la Zona Altamente Logística (ZAL) de La Punta. Más de una década después del derribo de casas, campos y barracas centenarias la ZAL sigue siendo un enorme solar vacío de cientos de miles de metros cuadrados. Los vecinos fueron expulsados por una supuesta ampliación del puerto que nunca llegó. “Me gustaría que Rita Barberá diese una explicación de por qué está ahora todo eso vacío y que dijese a todos los valencianos que se han equivocado”, aseguró durante la ruta Salvador Segarra, uno de los vecinos de La Punta afectados por el proyecto.

Los vecinos de La Punta reivindicaron en el recorrido que se vuelvan a cultivar las tierras afectadas por el proyecto de la ZAL y pidieron una normativa que proteja la huerta por ley y que impida su recalificación de forma permanente.

La izquierda se compromete a proteger la huerta

La ruta contó con representantes políticos de los principales partidos de izquierda de la Comunitat, entre ellos los candidatos a la alcaldía de Valencia Joan Ribó (Compromís), Jordi Perís (València en comú) y Amadeu Sanchís (EUPV), y el concejal del PSPV Vicent Sarrià. Todos los grupos se comprometieron a emprender medidas para defender la huerta si consiguen gobernar tras las elecciones de mayo.

“Los partidos que hemos intentado evitar que Rita Barberá continuara con la depredación masiva del cinturón de huerta de la ciudad tenemos un último reto porque puede ser que antes de las elecciones haya un último intento por consolidar la destrucción de la huerta”, aseguró el socialista Vicent Sarrià durante la ruta, que además criticó que el Plan de Acción Territorial de la Huerta, un plan ya redactado que protege legislativamente la huerta, “esté en un cajón de la Generalitat”.

Por su parte, el candidato de la formación València en Comú Jordi Perís también criticó el urbanismo “depredador, abusivo y con intereses económicos que no sabemos a quién han beneficiado” y se comprometió a recuperar la memoria histórica de todas las personas que han sufrido “deportaciones forzadas y abusivas” en la ciudad.

En la misma línea Pere Fuset, miembro de Compromís, aseguró que uno de los compromisos del partido es “incluir la huerta en la ciudad y ponerla en valor como parte de nuestra cultura y nuestra identidad”. “La huerta es un paraje único en el mundo y hay que hacer que sea rentable, no solo legislar para evitar amenazas”, añadió.