El deterioro ambiental es un reflejo del deterioro de nuestra democracia.

Para que el discurso ambiental de los políticos no sea demagógico es necesario que lo vinculen a la economía y que asuman que hay que cambiarla.

Los problemas ambientales solo serán abordados con claridad y de manera democrática cuando sean reconocidos como problemas de política pública.

El deterioro del medio ambiente es un reflejo del deterioro de la calidad democrática, de que ni las personas ni la naturaleza contamos para políticos y empresarios que toman decisiones que nos afectan.

Hace ya mucho tiempo que escuchamos declaraciones vacías por parte de los políticos en favor de la protección ambiental, pero esas declaraciones no se transforman en hechos pues forman parte, sin mayor trascendencia, del trabajo habitual de los propios políticos que, con frecuencia, hablan sin decir nada y sin que lo que digan implique un mínimo grado de compromiso con la realidad, a no ser que se prevea un cierto coste electoral. Como decía Castoriadis, si se han constituido movimientos ecológicos no es solamente porque los partidos existentes no se preocupan del problema, sino también porque la gente se da cuenta de que, si bien es cierto que los partidos hablan de ecología, sólo lo hacen por razones demagógicas, y que con estos partidos nunca ocurrirá nada diferente.

Para que el discurso ambiental de los políticos no sea demagógico es necesario que lo vinculen a la economía y que asuman que hay que cambiarla, es decir, que la solución a los llamados “problemas ambientales” requiere cambiar la racionalidad económica y profundizar en la democracia. Esto no es nada nuevo. El economista alemán Karl William Kapp escribía en 1950 que los problemas ambientales, a los que él calificaba de costes sociales, son las consecuencias negativas y daños generados por las actividades empresariales (guiadas por la lógica de minimizar sus costes privados), que recaen sobre las personas y el medio ambiente y de las que los empresarios no se consideran responsables al contar habitualmente con un marco legal permisivo, o que no penaliza adecuadamente a los infractores del mismo. Todo ello gracias a las presiones que los propios grupos empresariales ejercen sobre los gobiernos para configurar dichos marcos legales favorables.

Esto lleva, por un lado, a la desvinculación entre costes reales y precios, lo que no significa que todos los costes se puedan expresar en moneda, sino que es necesario aprender a incorporar los costes biofísicos como umbrales que no se pueden traspasar para evitar daños irreversibles. Por otro lado muestra una clara vinculación entre daños ambientales, racionalidad económica y democracia. Este planteamiento, bien argumentado y empíricamente documentado por Kapp, es ignorado por la mayoría de los economistas y por el público en general. La razón fundamental consiste en que si se acepta este enfoque lúcido es necesario replantearse la propia economía y la democracia, algo que no parece interesar ni a los empresarios ni a sus políticos aliados.

Sin embargo, resulta interesante que sea el Informe Brundtland (Nuestro futuro común) publicado en 1987, y que tanto se cita para hablar de sostenibilidad sin demasiada profundidad, el que menciona de pasada que “los países industriales predominan en la adopción de decisiones de ciertos órganos internacionales clave y ya han utilizado gran parte del capital ecológico del planeta. Esta desigualdad es el principal problema ‘ambiental’ del planeta”. Efectivamente, esta desigualdad en la toma de decisiones (léase imposición violenta de decisiones) y en la apropiación del capital ecológico del planeta por parte de los países industriales (léase saqueo del planeta por parte de estos países) es una buena y ‘delicada’ manera de definir cuál es el principal problema ambiental. Sólo tenemos que prestar atención a las guerras que ‘Occidente’ declara y promueve una y otra vez para saquear los recursos naturales en nombre de la democracia, los derechos humanos, la competitividad y el mercado.

En casa las guerras son de otro tipo pero la violencia contra las personas y el medio ambiente sigue estando ahí porque sigue ignorándose el ejercicio de la razón pública (debate argumentado) y la defensa del interés público que ha sido secuestrado hace mucho tiempo como muestra la construcción de obras públicas innecesarias, prospecciones petrolíferas basadas en argumentos tramposos, el uso del fracking ignorando sus impactos ambientales y su carácter de burbuja financiera, la autorización para cultivar transgénicos, el amianto, la agricultura intensiva, la burbuja inmobiliaria, la desidia sobre el cambio climático, etc.

Las implicaciones del diagnóstico del Informe Brundtland son muy claras. Vivimos en un contexto de decisiones autoritarias y violentas, pero formalmente democráticas, que excluyen la participación ciudadana y un debate público que sean mínimamente serios. En cuanto a la economía, se sigue legitimando académica y empresarialmente la racionalidad económica que ignora los costes sociales, disfrazados bajo el eufemismo de externalidades ‘irrelevantes’. De ahí la nula importancia que tienen los buenos argumentos y razonamientos para la toma de decisiones. Como comentaba Antonio Estevan en 2007 sobre los conflictos del Plan Hidrológico Nacional: “Los razonamientos, la información, la demostración incluso apabullante de que se tiene razón, no sirven absolutamente para nada. Los políticos sólo se mueven por cálculos electorales y los tecnócratas no se mueven por nada, pues su objetivo es hacer obras, al margen de cualquier otra consideración. Por eso creo que los esfuerzos sobrehumanos que a veces hacemos para demostrarles técnicamente a las autoridades y a sus técnicos que están equivocados en tal o cual proyecto deberíamos reorientarlos a la difusión y a la movilización social”.

Y tenía razón. Los escasos intentos de debate público han ido desapareciendo puesto que, en ellos, los políticos y/o sus técnicos quedan, habitualmente, como demagogos sin argumentos o como peones al servicio de los grupos y lobbies empresariales que, con frecuencia, representan, a la vez, sus propios intereses, sean estos directos o en diferido. No hay nada más que prestar atención a los vínculos existentes entre los políticos y sus negocios. Del mismo modo que, según Hudson, “los ministros de finanzas de Europa…son lobbystas de los grandes bancos” (SinPermiso, 2015) parece razonable suponer que los demás ministros son lobbystas de otros grupos empresariales. ¿Habrá alguno/a que no cumpla ese papel en su ámbito de interés? Por eso nos resulta cada vez más familiar (y normalizado) el tema de las puertas giratorias y por eso es tan difícil debatir y argumentar en público en una situación de secuestro de la democracia, sin política pública real porque, tal y como señala Flyvbjerg (Diseño mediante engaño. La política de la aprobación de megaproyectos, 2005): “La política pública –para que merezca ese nombre- presupone una noción de bien público. Cuando esta noción es secuestrada, es la propia política la que está secuestrada. En lugar de ella, lo que tenemos es uno de los mayores socavamientos de la democracia: la institución pública usada para el beneficio privado. Cualquier sociedad que quiera mantenerse como tal tendrá que prevenir dicho secuestro y restaurar la distinción fundamental entre el bien público y el interés privado”.

Así que, para que los problemas ambientales sean abordados con claridad y de manera democrática requieren ser reconocidos como problemas de política pública que afectan a una noción de bien público y de interés público; una noción que es postergada e ignorada por una racionalidad económica que, por principio, va claramente en contra del bien público.