Por mucho que quieran enterrarlo, el Castor se ha convertido en un obstinado zombie que reaparece constantemente en los medios de comunicación para plantarnos ante nuestras caras un ejemplo paradigmático de proyecto-estafa. El pasado 22 de diciembre se conocía la sentencia el Tribunal Constitucional (TC) que estimaba parcialmente el recurso presentado por el Gobierno de Catalunya, el Parlament y el grupo del PSC en el Congreso y anulaba la indemnización de 1350,7 millones de euros que se pagó a las empresas promotoras del almacén de gas Castor, entre ellas ACS de Florentino Pérez.

El enrevesado lenguaje técnico-jurídico nos hace dudar de lo más esencial: ¿es esto una buena noticia?, ¿dejaremos de pagar Castor?, ¿se depurarán, por fin, responsabilidades por el fallido proyecto Castor?, ¿se establecerán mecanismos de control para que no tengamos más 'castores'?

Intentemos desencriptar e interpretar los hitos más importantes de la sentencia:

1. El TC no ve justificado el uso del Real Decreto Ley (RDL) para aprobar la indemnización.

El TC declara “inconstitucionales y nulos” los artículos que establecían la indemnización y considera que no concurría “situación de extraordinaria y urgente necesidad” que justificara la aprobación de un decreto ley para “atribuir nuevas obligaciones de pago al sistema gasista”. La Constitución Española reserva la categoría de RDL a casos que requieran una justificada urgencia y necesidad. El rango de RDL permitió al ejecutivo del Partido Popular evitar el trámite de control por parte de la ciudadanía o las instituciones, incluída la vía contenciosa.

2. El TC no ve justificada la necesidad de hacer un solo pago y en 35 días.

El TC argumenta que “no se explica qué función cumple ese plazo en relación con el presupuesto habilitante de la norma de urgencia. El TC viene a decirnos que el carácter de urgencia era para la protección de personas, bienes y el medio ambiente pero no para la protección de las inversiones, y que la urgencia de lo segundo no está justificada. Este hecho es muy importante porque la indemnización del Castor se pagó en un tiempo record.

En este punto cabe recordar que la deuda del Castor fue refinanciada por la Europe 2020 Project Bond Initiative, una iniciativa del Banco Europeo de Inversiones (BEI) que obligaba al retorno de la inversión en unas fechas determinadas. El 30 de noviembre de 2014 era una de estas fechas de devolución y es sabido que las presiones desde Europa forzaron el pago urgente. Recordemos que el RDL entraba en vigor el 4 de octubre y los 35 días de margen casaban con los requerimientos del BEI.

3. El TC señala la necesidad de una ley del Parlamento para atribuir pagos al sistema gasista.

El TC considera que no se dieron las razones de urgencia y necesidad para que la indemnización se hiciera a cargo de ENAGÁS TRANSPORTE S.A.U. ni de que ésta obtuviera el derecho a cobro del sistema gasista. La jugada de que ENAGÁS se hiciera cargo de la indemnización permitió al ejecutivo de Mariano Rajoy evitar que el Castor no formara parte de los presupuestos públicos y que no influyera en el techo de déficit. El Ministro de Energía, Industria y Turismo en ese momento, José Manuel Soria, afirmó en un rueda de prensa que “no es el gobierno quien ha pagado, es el operador”, refiriéndose a ENAGAS. Soria sabía perfectamente que ENAGAS transferiría el total de la indemnización, más los intereses del crédito concedido por Bankia, Banco Santander y Caixabank, a los consumidores de gas pero quería mostrar con esta maniobra de confusión que no había dinero público de por medio.

¿Y qué podemos hacer?

Esta sentencia del TC confirma el despropósito de este proyecto-estafa que se carga sobre las espaldas de la ciudadanía. El carácter de urgencia para proteger a las personas se deriva y transforma en la urgencia de proteger, a toda costa, al inversor. El ordenamiento jurídico se subordina a la disciplina financiera. De las posibilidades que existían respecto al pago de la indemnización se tomaron las que tenían una repercusión más negativa para la población. Se sorteó la democracia con un RDL, se hicieron genuflexiones ante el poder financiero y se confeccionaron trampas para que la contabilidad pública no reflejara el Castor.

El actual Ministro de Energía, Industria y Agenda Digital, Álvaro Nadal, se ha apresurado a rebajar las expectativas que pudiera generar la sentencia del TC diciendo que no pone en duda la indemnización ya que solamente falla contra el método empleado para hacerla efectiva. Una opinión bien diferente tienen las organizaciones de la sociedad civil que en estos últimos tres años han impulsado diferentes campañas de denuncia bajo el nombre de #NoPagoCastor que culminaron en un Juicio Popular al Proyecto Castor el pasado 17 de junio de 2017 en Barcelona. En su veredicto anticipaban muchas partes de la sentencia del TC haciendo especial referencia al rango normativo por el cual se había otorgado la indemnización.

Hasta que no se conozca cómo se va a hacer efectiva la sentencia del TC, hay diferentes cosas que podemos exigir como cuidadania:

Primera y más urgente: en breve se van a aprobar los pagos al sistema gasista para el año 2018. En ellos se incluye tanto la indemnización como el mantenimiento del Castor que suman prácticamente 100 millones de euros. Este pago debe ser congelado. Es lo mínimo que se puede exigir con la sentencia del TC en la mesa y con un 11% de la población del Estado padeciendo pobreza energética.

Segunda: depuración de responsabilidades. Por el momento, en el caso Castor las únicas que han tenido que rendir cuentas son las consumidoras de gas (7.708.000 exactamente), pero no se les ha reconocido ningún tipo de responsabilidad a los autores intelectuales y materiales del proyecto-estafa: el BEI, ACS y el Estado. La sentencia del TC abre el camino a una posible asunción de responsabilidades.

Tercera: exigir que se revisen si existen más contratos con cláusulas abusivas como la del proyecto Castor que protegen las inversiones y subordinan los derechos de la ciudadanía, y qué medidas de control y/o disciplinarias se aplica a empresas como ACS que siguen ejecutando obra pública después del fracaso del Castor.

Por encima de todo, Castor es un ejemplo elevado a la enésima potencia de los privilegios de las élites extractivas frente a la población. La sentencia del TC abre la puerta a exigir el no pago de los más de 3.200 millones de euros de deuda ilegítima que se nos han asignado por Real Decreto Ley. No pagar Castor es ganar un pulso a las élites extractivas. ¡Ganemos Castor! No será fácil pero no cejemos en el empeño.

He vivido muchos años de mi vida con un paisaje azul de fondo: el Mar Mediterráneo. Para mí, un lugar donde respirar fuerte y profundo, donde pensar y reflexionar, un lugar de distensión y libertad. Pero ahora se ha convertido en un lugar de muerte, una muerte lenta, dolorosa, agónica y profundamente injusta.

La información sobre la llamada “crisis” de los refugiados nos llega a Europa con una lectura que reduce a varios fotogramas un relato ciertamente complejo. Los medios de comunicación de masas concentran sus esfuerzos en mostrar las consecuencias, pero escapan del análisis profundo de las causas y, desgraciadamente, muestran las realidades de la ribera norte y sur del Mediterráneo, alejadas, separadas y desconectadas. Pero nada más lejos de la realidad. Tenemos multitud de conexiones con el Norte de África y Asia Occidental (NAAO), por ejemplo, por nuestra alta dependencia de sus recursos naturales y, en particular, de sus recursos energéticos. La UE importa petróleo de países como Rusia, Noruega, Arabia Saudita, Libia, Irán, Nigeria, Argelia, Iraq, Kazajistán y gas de Rusia, Noruega, Argelia, Qatar, Nigeria, Trinidad y Tobago, y Egipto. Tanto el petróleo como el gas son dos fuentes de energía vitales para una Europa que necesita importar combustibles fósiles.

Pese a la histórica hegemonía rusa en el suministro de petróleo y gas, los repuntes del conflicto entre la Federación Rusa y Ucrania han sido la justificación-excusa para que en Bruselas se hable más que nunca de seguridad energética. Es decir, la gran dependencia de las importaciones de Rusia le confiere mucho poder frente a los Estado miembro y, por tanto, para nuestra seguridad, es necesario diversificar proveedores.

La Unión de la Energía es la estrategia europea que recoge esta intención de confrontar el poder energético ruso buscando nuevos territorios que puedan alimentar las necesidades de la UE. Su pilar más importante es la seguridad energética y para ello establece una ofensiva diplomática, de infraestructuras y financiera, que quiere intensificar las relaciones energéticas con la región NAAO.

La maldición de la abundancia.

Pero intensificar las relaciones con el NAAO tiene muchas consecuencias directas. En los países exportadores significa perpetuar 1) unos presupuestos nacionales dependientes de la venda de hidrocarburos finitos y contaminantes 2) unas élites nacionales y transnacionales que capturan la mayor parte del negocio y 3) la desindustrialización o la no industrialización en otros sectores. Los estados exportadores se convierten en rentistas, casi totalmente dependientes de los ingresos generados por la exportación de hidrocarburos. La población recibe, en el mejor de los casos, una compensación a través de los bajos precios de los combustibles o la subvención de productos básicos. Pero también padecen la maldición de la abundancia, territorios ricos con población empobrecida que sufre la contaminación, el agotamiento de recursos hídricos, el desplazamiento, el sometimiento y la represión.

El caso más extremo lo tenemos en la invasión de Iraq, que tuvo el claro objetivo de controlar los hidrocarburos del pueblo iraquí. Siria y Afganistán, en cambio, tienen unas reservas probadas limitadas pero su valor estratégico es como territorios de tránsito. Afganistán es fronterizo con Turkmenistán, un gigante gasístico que podría aprovechar el territorio afgano para llevar gas a China. Lo mismo para Irán, que tras el levantamiento del embargo, está activando sus planes de exportación masiva de hidrocarburos. Por otro lado, Siria puede favorecer el tránsito de gas y petróleo iraquí hacia Turquía o hacia su costa para la exportación a Europa.

Más allá de la geopolítica energética, algo que se puede aprender abundando en lecturas, mi trabajo me ha permitido conversar con personas de NAAO y viajar por sus territorios. “Estamos discriminados, empobrecidos y no tenemos oportunidades, mientras las empresas transnacionales llevan más de 20 años ganando millones en nuestra región” me comentaba un compañero argelino muy activo en las revueltas contra el fracking en el sur de Argelia. La empresa francesa Total era la principal interesada en utilizar el fracking en Argelia pese a estar prohibido en Francia. “¡No tenemos agua para nuestros pueblos y tenemos que andar más de 3 horas para conseguirla!” se lamentaba un compañero amazigh, cerca de Douz, en el desierto tunecino. A pocos kilómetros numerosas empresas norteamericanas y europeas extraen hidrocarburos con un alto consumo de recursos hídricos. En la misma región, las piscinas de los complejos hoteleros están listas para el turismo. “¡Han expulsado a la gente de Mostorov!” relataba una compañera egipcia tras el desalojo forzado de los asentamientos informales cercanos a la refinería de Mostorov, a 40 km de Egipto. La ampliación de la refinería se pudo realizar gracias a un préstamo de un banco público europeo, el Banco Europeo de Inversiones.

Estos testimonios son solo algunos de los ejemplos que puedo narrar en primera persona, pero son una infinitésima parte del relato de acaparamiento, expolio y saqueo que tiene una larga trayectoria y que nos vincula fuertemente con lo que sucede en el Norte de África y en el Oriente Medio. Por cierto, no es casualidad que los testimonios sean anónimos. Muchos de ellos sufren la represión de las élites nacionales y transnacionales que se alimentan de la venta de hidrocarburos.

Las fronteras móviles de la seguridad.

El actual presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, pronunció la infame sentencia “Vengáis de donde vengáis, no vengáis a Europa”. Paradójicamente, Tusk fue uno de los padres de la Unión de la Energía, esa estrategia que da la bienvenida a los recursos energéticos provenientes de los mismos territorios de donde provienen las personas refugiadas. Las fronteras de la seguridad, entonces, se configuran según el interés. Para las personas refugiadas, las fronteras se repliegan en los Estados miembro y se convierten en muros infranqueables. Para la seguridad energética, en cambio, se extienden más allá, acaparando territorios en un claro ejercicio de neocolonialismo energético.

En el contexto europeo, la palabra colonialismo o neocolonialismo nos puede parecer algo del pasado o una categoría demasiado fuerte. Las conversaciones con gentes de NAAO me confirman, en cambio, que está muy presente en sus imaginarios. Y viendo sobre terreno como actúan algunas empresas e instituciones europeas, no me extraña que lo tengan tan presente.

Mi intención con este artículo era precisamente mostrar, a través del ejemplo de la seguridad energética, cómo esta dinámica colonial continúa. Si hablamos de las causas de la “crisis” de las personas refugiadas, debemos abrir el foco e incluir una mirada amplia, en el espacio geográfico y en el tiempo histórico. Solo de esta manera podremos construir un relato que nos acerque más a la realidad de los pueblos de la ribera sur del Mediterráneo y nos ayude a radicalizar la solidaridad con su actual situación y sufrimiento.

L’estructura del sistema, blindada per tot aquest entramat jurídic i econòmic, dificulta que les xarxes (de distribució) puguin tenir una lògica de servei públic

Una dona de 81 anys morta a Reus a causa d'un incendi provocat per una espelma que utilitzava per il·luminar-se. Tot i que sembli una notícia de fa un segle, abans del desplegament generalitzat de l'electricitat als habitatges, aquest fet obria les portades de tots els mitjans de comunicació fa un parell de setmanes.

En ple segle XXI, en una societat absolutament dependent de l'energia, ens trobem que a l’Estat espanyol al voltant de 7 milions de persones veuen limitat el seu accés a l’electricitat degut a problemes per pagar la factura elèctrica. Una factura que s’ha incrementat un 52% des de l’inici de la crisi (l’Estat espanyol està entre els quatre països de la UE on es paga el preu més alt per l’electricitat) a la vegada que, durant aquest període, els beneficis de les empreses encarregades de subministrar electricitat han estat de 56.624 M€ (més de 20 M€ al dia!). És brutal. I més brutal és encara que aquestes desigualtats es produeixin en un àmbit considerat un servei public, i que com a tal, una part del preu vingui fixat pel govern.  

L’explicació de tot plegat la trobem en el fet que el subministrament elèctric a l'Estat espanyol depèn principalment de cinc empreses (Endesa, Iberdrola, Gas Natural-Fenosa, Viesgo (antiga Eon) i Edp). Aquestes empreses acumulen un enorme poder sobre el funcionament del sistema. Controlen el 65,45% de la quota del mercat de l’energia elèctrica a l’Estat espanyol i són les úniques que poden operar en totes les fases liberalitzades del procés (generació, distribució i comercialització). El seu control sobre el sistema és especialment rellevant en l’àmbit de la distribució, on tenen el 98% del mercat, de llarg la part amb major concentració de les cinc grans.

La distribució és la part del sistema que va des de la subestació transformadora fins el comptador de casa. És a dir, són els cables que transiten soterrats o per les façanes de les nostres viles, i que entren a casa per portar-nos electricitat. Les empreses distribuïdores són les responsables del correcte funcionament d’aquesta part del sistema. S’encarreguen del manteniment, se’ls hi atorga la responsabilitat de determinar les condicions per concedir nous punts de connexió a la xarxa de noves instal·lacions i són les que en última instància executen els talls de subministrament quan l’empresa comercialitzadora avisa dels impagaments. En el cas de Reus, Gas Natural, que era l’empresa comercialitzadora, és qui va avisar de l'impagament a Endesa, distribuidora principal a Catalunya, que és qui, en última instància, va autoritzar el tall.

Així doncs, la distribució és un element clau en tota la cadena del sistema elèctric i molt especialment, a l’hora de garantir l'accés a aquest subministrament bàsic i per la transició cap a un model renovable. Per tant, és imprescindible que la seva gestió tingui vocació de servei públic.  

Però així com a l’activitat de comercialització trobem noves cooperatives d’energia verda amb voluntat transformadora, com ara Som Energia (Catalunya), Zencer (Andalusia), Goiener (Euskal Herria), energÉtica (Castella i Lleó) o Noxa Enerxía (Galizia), l’activitat de la distribució, més enllà de les empreses de l’oligopoli, només compta amb petites distribuïdores històriques que han aconseguit sobreviure a la liberalització del sector i als processos d’integració a les grans empreses elèctriques. Tenim exemples com els d’Estabanell (Barcelona), Centelles (Barcelona), Almenar (Lleida), Crevillent (València) o Alginet (València).

Però quines són les dificultats per crear una nova empresa distribuïdora? El marc legal deixa poques escletxes perquè nous actors i actores penetrin en aquesta activitat del sistema. Per exemple, si volguéssim crear una nova xarxa de distribució en paral·lel a l’existent aquesta passaria automàticament a mans de l’empresa distribuïdora de la zona pel principi de monopoli natural i xarxa única. Si volguéssim passar a gestionar la xarxa, acceptant que la propietat és de l’empresa que la gestiona actualment, ens adonaríem que a l’Estat espanyol no hi ha establert cap període de concessió de la xarxa, contravenint, per tant, l’article 24 de la directiva 2009/72/CE. O si ens aventuréssim a comprar la xarxa, la distribuïdora actual hauria d’estar disposada a vendre i desfer-se d’uns actius que els hi aporten enormes beneficis. 

Per tant, l’estructura del sistema, blindada per tot aquest complex entramat jurídic i econòmic, dificulta que les xarxes puguin tenir una lògica de servei públic. Però des de la legitimitat que dóna reivindicar el dret a una vida digna és necessari trobar vies que ens permetin impulsar propostes i iniciatives que superin les complexitats del sector. La convicció que casos com els de Reus no es poden repetir i que el respecte als Drets Humans ha d’estar per sobre de l’ànim de lucre, és el punt de partida per transformar d’arrel el sector elèctric.

Amb aquesta voluntat, des de la Xarxa per la sobirania energètica, proposem:

1) un procés d’auditoria de les xarxes de distribució que permeti conèixer el seu estat, el servei prestat, els recursos públics invertits i les seves amortitzacions, les retribucions rebudes, el règim de propietat i les concessions dels punts de connexió, a fi i efecte de realitzar, si els resultats de l’auditoria ho permeten, una expropiació de les xarxes per tal d’incorporar la vocació de servei públic en la seva gestió.

2) per a qualsevol ampliació de la xarxa o modificació substancial, avaluar i plantejar la creació de distribuïdores locals i /o municipals.

3) en paral·lel, alimentar la sensibilització i la mobilització ciutadana per reapropiar-se de les xarxes de distribució.

4) debatre col·lectivament quins models de governança volem per aquestes noves distribuïdores locals/municipals que permetin la participació de la població en la presa de decisions.

Així doncs, des de la Xse instem a conformar un front comú entre entitats que lluiten contra la pobresa energètica, les que busquen transformar el model energètic i altres actors/es social, per fer fora l’oligopoli elèctric i poder garantir un subministrament bàsic com és l’energia elèctrica. En aquest procés, considerem que és necessari reapropiar-nos de les xarxes de distribució com a única via per garantir un accés universal a l’electricitat i la transició necessària cap a un model renovable, distribuït i a mans de la ciutadania.

El Estado español es un alumno avanzado por lo que se refiere a las infraestructuras y los proyectos mal planificados, mal ejecutados y con elevados presupuestos.

Numerosos grupos locales se han opuesto a este tipo de proyectos, impuestos desde Madrid y/o Bruselas.

“Si tu única herramienta es un martillo, tiendes a tratar cada problema como si fuera un clavo”. Abraham Maslow, psicólogo americano conocido por su teoría de la jerarquía de las necesidades humanas.

El Estado español es un alumno avanzado por lo que se refiere a las infraestructuras y los proyectos mal planificados, mal ejecutados y con elevados presupuestos, que han acabado convirtiéndose en inútiles o cuasi inútiles. Las costosas líneas del AVE, que contaban con rutas de menos de 10 pasajeros en 2012, los aeropuertos sin aviones de Castellón, Corvera (Murcia) y Ciudad Real, con un precio de construcción de 150, 200 y 1.100 millones de € respectivamente, las urbanizaciones deshabitadas o parcialmente construidas de Seseña  (Castilla la Mancha), Aldea (Tarragona), Valdeluz (Guadalajara) y los despropósitos del sector energético, con compensaciones de 700 millones €/año a centrales que no entran en funcionamiento así como el fracasado proyecto de almacenamiento de gas Castor, con un coste de 4.700 millones de € que abonaremos entre todos, son algunos ejemplos.

Semejante paisaje fantasmagórico hubiera asustado al mismísimo Bella Lugosi y conduce a la siguiente reflexión: nos debemos de ahora en adelante, como ejercicio de responsabilidad ineludible, a una planificación reposada, consciente y de largo plazo, para determinar qué infraestructuras son realmente necesarias.

Pero es aquí donde nos topamos con la aseveración de Maslow. Y ahora el martillo no está en Madrid, está en Bruselas, lleva por marca Juncker y ve clavos por todos lados. El plan de inversión para la reactivación económica presentado a bombo y platillo por el presidente de la Comisión Europea (CE) Jean-Claude Juncker el pasado noviembre pretende movilizar hasta 315.000 millones de €. Tiene dos pilares principales: reactivar el crecimiento económico con la construcción de infraestructuras, especialmente energéticas, y un esquema de inversión con un protagonismo inusitado de la esfera financiera.

La nueva nomenclatura de la imposición. El caso de las infraestructuras energéticas

Sorprende ver que el binomio infraestructuras y esfera financiera se convierta en la salvación para los europeos, pero transformar esa sorpresa en crítica se hace harto complicado. La exigencia desmedida (para la realización del Plan Juncker y otros grandes planes) no siempre tiene cara de régimen autoritario claramente visible. Utilizar todas las herramientas al alcance para construir una realidad con un solo camino de tránsito es a lo que llamamos la nueva nomenclatura de la imposición.

Esta afirmación se hace especialmente visible en el caso de las infraestructuras energéticas. Palabras como dependencia, vulnerabilidad, diversificación, seguridad, pobreza, unión, interés común... se transforman en fórmulas, indicadores, presupuestos y proyectos estratégicos, que las calculan, cuantifican y materializan. Se construye una nomenclatura que con justificación técnica coadyuva a sentimientos como la incertidumbre, la inseguridad y el miedo.

Hemos visto cómo en los discursos oficiales se vinculaba directamente la dependencia energética con la vulnerabilidad y los cortes de suministro, estableciendo un pasaje llano para las políticas de seguridad energética de la UE. También la dependencia de un solo proveedor, Rusia, activaba la diversificación, sin cuestionar de qué, de dónde y de qué manera. De ahí que facilitar a través de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP por sus siglas en inglés) la explotación doméstica de gas de esquisto y su importación desde EEUU se convertía en un apuesta necesaria y razonable, en vez de una opción arriesgada y costosa económica, social y ambientalmente. Y para enfrentar al monstruo ruso cabe apostar por la Unión Energética y sus proyectos de interés común. Pero, otra vez, unión para qué, interés de quién y bajo qué visión de lo común.

La escala municipal como parte de la respuesta. El mapa de afectados por proyectos energéticos

El territorio peninsular padece especialmente esta lógica de la imposición puesto que es un enclave geográfico de suma importancia. El tránsito de gas desde el Norte de África debe pasar por el Estado español, aunque su déficit de interconexiones gasísticas y eléctricas con el resto de la Unión Europea, hace urgente la construcción de nuevas infraestructuras transpirinaicas, reza la retórica oficial.

Numerosos grupos locales se han opuesto a este tipo de proyectos organizándose a través de colectivos como ADENC (Barcelona), No a la MAT (Girona), IAEDEN (Girona), No a la autopista eléctrica (Huesca), Ecologistas Martxan- Ecologistas en Acción (Euskal Herria), No a la Alta tensión-Autopista Elektrikorik Ez (Euskal Herria), SUSTRAI (Navarra), entre muchos otros. Estos grupos tienen narrativas comunes por la falta de transparencia e información, las promesas incumplidas y los impactos no esperados asociados a los proyectos. La sensación más compartida quizás, es la de que alguien, desde un centro de decisión alejado, decidía que el proyecto debía ubicarse en/pasar por su territorio. Cómo afectara eso a la vida local era algo que se podía paliar con compensaciones económicas, con los mejores estándares ambientales o con leves variaciones de ubicación o trazado.

[MAPA] Para participar en el mapa: mca@odg.cat

En la actualidad, se proyectan un gran número de infraestructuras de interconexión en su mayoría incluidas en el listado de proyectos de interés común y en el Plan Juncker. El megagasoducto MIDCAT pasará por Girona para conectar con Francia, dos proyectos de líneas de muy alta tensión cruzarán los Pirineos, por Sabiñanigo y por algún lugar de Navarra, y una última línea submarina pasará por el Golfo de Vizcaya. Ante esta ofensiva los grupos locales antes mencionados y el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) han confeccionado un mapa colaborativo que tiene información básica de cada caso en catalán, castellano, inglés y francés, y que puede ser actualizado con nuevos casos.

Este primer paso podría dar como fruto una alianza de afectados por proyectos energéticos que enfrentara la lógica irrefutable de los grandes planes de infraestructuras desde la escala local, dotándose de herramientas de participación ciudadana en los territorios, estableciendo consultas previas, libres e informadas, e incidiendo en los centros de decisión de Madrid o Bruselas. Hasta que ello no cristalice, se seguirá cuestionando la necesidad y/o utilidad de dichos proyectos que por su contrastado déficit democrático, y por ser sentenciados por el martillo de Maslow o de Juncker, serán denominados, sin dudarlo, proyectos impuestos.

La Unión Energética no es más de lo mismo, es mucho más de lo mismo.

El discurso oficial de la Unión Energética se traduce en la consolidación de un modelo que dará más fuerza a aquellos que ya la tienen.

Dependencia y vulnerabilidad frente a seguridad y mejores precios. La Unión Energética nos dará la fuerza para combatir la dependencia de las importaciones de la Rusia de Putin y nos hará menos vulnerables a sus autoritarias imposiciones. Si los Estados miembro hablan con una sola voz, este objetivo es más que posible. Y alcanzarlo no es cualquier cosa: conseguiremos la seguridad en el suministro y más competencia entre empresas energéticas a escala europea con el resultado de un mejor servicio a mejor precio para los consumidores.

A grandes rasgos, este es el discurso oficial de la Unión Energética, una suerte de win-win (todos ganamos) para Estados, empresas y ciudadanos europeos. Si decimos que la realidad es otra, sería demasiado pretencioso, digamos entonces que hay otra realidad e intereses que no aparecen explícitamente en el discurso oficial: el nuevo mapa geopolítico energético de la UE y la construcción del mercado único del gas. Veamos pues, como interactúan estas dos capas con dicho discurso.

Si llevas blancas, mueves primero.  El nuevo mapa geopolítico de la energía de la UE

El repunte del conflicto entre Rusia y Ucrania a principios de 2006 conllevó que Gazprom cortara el gas de paso por territorio ucraniano, provocando severos problemas al oriente europeo. Empieza la partida: la UE se asigna las fichas blancas y para Rusia, el enemigo energético, las negras. Y en el ajedrez las blancas mueven primero. La UE despliega la gran ofensiva de la diversificación: dependemos demasiado de un solo suministrador (el que juega con negras) y eso nos hace vulnerables. Debemos buscar nuevos nichos energéticos, a saber, el Norte de África y el Caspio. De ahí se proyectan grandes infraestructuras fuera del alcance ruso que intensifican o establecen nuevas vías de importación: gasoducto GALSI (Argelia-Italia), gasoducto Caspio-Europa (Azerbayán-Italia), línea de alta tensión Israel-Grecia, línea de alta tensión Noruega-Reina Unido. Son algunos ejemplos. Todos los proyectos tienen presupuestos multimillonarios y reciben apoyo de dinero público.

Este movimiento de fichas, es decir, la ofensiva europea en forma de promoción de megainfraestructuras, ofrece nuevos aliados que también juegan con blancas: Ilham Aliyev, presidente de Azerbayán, corrupto del año en 2012 según Transparencia Internacional, Abdelaziz Buteflika, presidente de Argelia desde 1999, envuelto en numerosos casos de corrupción, Gurbanguly Berdimuhamedow, presidente de Tukmenistán reelegido en 2007 con un abrumador e increible 97% de los votos, entre otros. Estos son los nuevos amigos energéticos de la Unión Europea, regímenes autoritarios y cleptocráticos que se sustentan en las ventas de gas y petróleo.

Pero la ofensiva también configura una buena defensa. La Unión Energética se debe sustentar en la construcción de infraestructures de interconexión entre los Estados miembro. Los m3 de gas natural y los kilovatios-hora de electricidad deben circular desde Helsinki a Madrid y desde Lisboa a Bucarest. Esta estrategia queda reflejada en el listado ampliable de los proyectos de interés común (PIC).

Las grandes empresas transnacionales europeas como las petroleras British Petrolium (Reino Unido), Lukoil (Rusia, presidida por un opositor del gobierno de Putin), Statoil (Noruega), Total (Francia) así como las eléctricas ENI, ENEL (Italia), E-On (Alemania) y las nacionales ENAGAS y Endesa, muestran especial interés en participar, es decir, también juegan con blancas. Fin de la partida.

Ojos que no ven, corazón que no siente. La construcción del mercado único del gas

Del mismo modo que incluir los intereses geopolíticos a nuestro análisis nos ofrece una nueva dimensión de la Unión Energética, la influencia de la economia financiera añade aun más complejidad.  El mundo de la energía no escapa al proceso irrefrenable de la financiarización, es decir, la penetración de la esfera financiera en ámbitos que acaban por retar nuestro derecho a una vida digna. Bien al contrario, la Unión Energética promueve la creación del mercado único del gas en Europa, también llamado spot market, paso previo e imprescindible para la creación de un mercado secundario que convierta el gas en un activo financiero abierto a especuladores y donde la volatilidad del precio se transforme en negocio.

La UE no inventa nada con este modelo: el mercado del gas en EE.UU. se rige precisamente por estas reglas. En el mercado asiático en cambio, el precio del gas va indexado al del petróleo, es decir, sigue su evolución de manera proporcional. Actualmente en la UE, el gas se compra y vende en un modelo mixto: spot market y precio indexado al petróleo puesto que la mayoría de los tradicionales exportadores como Rusia, Argelia, Noruega y Qatar, prefieren contratos a largo plazo con el precio indexado porque, en principio, ello les ofrece más estabilidad.

En cualquier caso, escoger entre los modelos de mercado del gas es como elegir los amigos energéticos:  ir de mal a peor. La Unión Energética da un impulso a la transición al spot market del gas abriendo la puerta a los grandes bancos americanos como JP Morgan, Morgan Stanley y Goldman Sachs, que acumulan una larga experiencia en la especulación sobre el petróleo. Es decir, más actores que juegan con blancas. Además, EE.UU. cubre indirectamente sus objetivos geopolíticos debilitando las relaciones bilaterales de la UE con los grandes exportadores, entre ellos, Rusia, el enemigo energético nº1.

Y este interés financiero de la creación del spot market requiere de infraestructuras que permitan que el “activo gas” esté any place, any time, en cualquier lugar, en cualquier momento, para satisfacer y dar credibilidad a las transacciones del mercado.

Eso sí, todo ello sucede en la invisible capa financiera, circula por gasoductos en el subsuelo y con un combustible transparente. Ojos que no ven, corazón que no siente.

La Unión Energética no es más de lo mismo

En inglés se dice thinking out of the box, pensar fuera de la caja, para inicitar a ser creativos y ver las cosas desde otra perspectiva. La estrategia de la Unión Energética nos persuade con afirmaciones del tipo: obtendremos un mejor servicio a mejores precios, tendremos una UE más unida, acabaremos con la dependencia y la vulnerabilidad energética, y el gas será el combustible que nos ayudará a dicha transición, también hacia un futuro más “verde”, autoproclamándose como una propuesta creativa y de futuro.  Pero más bien se comporta como una caja negra cuando intencionadamente deja fuera de los discursos oficiales sus intereses geopolíticos y financieros. La Unión Energética no es más de los mismo, es mucho más de lo mismo, y consolida un modelo presente y futuro que dará más fuerza a aquellos que ya la tienen.