Todo un país seguía con mezcla de angustia y esperanza la búsqueda de un posible superviviente entre las ruinas de Beirut un mes después de la brutal explosión que devastó el centro de la ciudad. Tras un día y medio de búsqueda ininterrumpida, los equipos de socorro no habían logrado dar con la vida que prometían los signos vitales detectados bajo los escombros de un edificio casi completamente derruido en el barrio de Gemmayze, situado a apenas un kilómetro del lugar del estallido el pasado 4 de agosto. 

El jueves, un equipo voluntario de rescatistas chilenos devolvía la esperanza a la ciudad. El perro especializado en rescates de 'Topos Chile' había señalado un punto concreto en medio del derrumbe y el escáner del equipo confirmó que había señales de pulso y respiración, según explicaba a este medio Walter Muñoz, uno de los miembros del equipo. A última hora de la tarde del viernes el jefe del equipo aseguró que seguirían buscando hasta que encontraran una señal definitiva de que no había nadie vivo dentro. 

Las primeras informaciones apuntaban a que el superviviente sería un niño o niña pequeño. Comenzó entonces una frenética operación de rescate junto a otros equipos que aún sigue en marcha, pese a que las esperanzas se disipan por momentos. Un miembro de la ONG Live Love Lebanon, también participante en las tareas, aseguró que seguirían toda la noche si era necesario. “Continuaremos hasta confirmar si hay o no cuerpo”, aseguró.

Con el paso de las horas, las respiraciones detectadas entre las ruinas habían pasado de las 18 por minuto iniciales a 15 y después a siete (lo habitual en una persona sana adulta es de 60 a 100). Entretanto, crecía el interés de todo un país roto por la tragedia: los libaneses han seguido el minuto a minuto pegados a sus televisores o apostados tras la barrera de seguridad impuesta por el ejército frente al lugar de la búsqueda, esperando la buena aunque improbable noticia. Durante toda la noche del jueves, decenas de personas hicieron vigilia, algunas rezando, otras reportando en las redes sociales cada piedra retirada.

El jueves hacia medianoche se detuvieron brevemente las tareas de búsqueda después de que el ejército libanés, que supervisa la operación, alegara problemas de seguridad debido al mal estado del edificio. Ante la noticia de que las tareas no se reanundarían hasta la mañana siguiente, decenas de vecinos se encararon con los uniformados y exigieron indignados al grito de “vergüenza” que se retomara el rescate. Varios jóvenes se encaramaron a las ruinas, dispuestos a seguir excavando con sus propias manos, hasta que fueron disuadidos por la multitud, y una vecina comenzó a gestionar el alquiler de la grúa faltante para seguir buscando. Finalmente, y a petición popular, Defensa Civil libanesa retomó la operación y el equipo de rescatadores chileno regresó para darles el relevo hacia las cuatro de la mañana.

Un equipo veterano en rescates imposibles

Topos Chile lleva años acudiendo a escenarios de desastre para buscar supervivientes. “Si hay un 1% de posibilidades de encontrar a alguien, nos quedamos”, explicó Walter Muñoz, uno de los miembros del equipo. El grupo de 14 socorristas había llegado a Beirut tres días antes, financiándose los billetes y el alojamiento de su propio bolsillo. Topos Chile ha intervenido en desastres en países como Nueva Zelanda y Haití, donde llegaron a encontrar una persona con vida 27 días después del terremoto que sacudió el país en 2010. Durante el rescate, el equipo y su perro, Flash, se han convertido instantáneamente en héroes de Líbano, con miles de personas loando su labor en las redes sociales.

Aunque en contadas ocasiones se ha encontrado supervivientes semanas después de un terremoto o derrumbre, lo más común es que las tareas de rescate se detengan tras siete días de búsqueda. Sin embargo, la búsqueda se habría detenido apenas tres días después de la catástrofe, según denunciaron vecinos de la zona, alegando que en repetidas ocasiones avisaron del olor a descomposión que emanaba del edificio en ruinas. Un bombero voluntario aseguró que había intentado examinar el lugar dos días después de la explosión y fue disuadido

Los beirutís han acusado de inacción absoluta a las autoridades, tanto en los momentos inmediatos a la explosión, como en las tareas de rescate, desescombro y asistencia a las víctimas posteriores. El último balance asciende a 191 muertos, más de 6.500 heridos y 300.000 personas desplazadas al quedarse sin hogar. Ha sido la propia población afectada la que se ha encargado de limpiar las calles asfaltadas de escombros, proveer de alimentos y medicinas a los afectados, y reparar las viviendas dañadas. 

En Gemmayze y Mar Mikhail, las zonas más golpeadas por la explosión, los comerciantes y vecinos cuyas casas han quedado en pie se afanan estos días en instalar puertas y ventanas. En las aceras, decenas de carpas de ONG locales e internacionales ofrecen ayuda mientras ríos de trabajadores de organizaciones humanitarias, distinguibles por sus chalecos de todos los colores, recorren la ciudad evaluando daños y ofreciendo asistencia. Todas las personas interrogadas por este medio aseguran no haber recibido ningún tipo de ayuda oficial tras lo ocurrido.

“Cuando oía que podía haber un superviviente bajé a verlo y aquí sigo desde ayer, paseando calle arriba, calle abajo”, explica Esther Diko, vecina de Gemmayze. “Ayer sí creía que había esperanza, hoy ya no sé, todo esto es muy duro para mí, no hago más que recordar lo que pasó”, añade entre lágrimas contenidas.

La indiferencia oficial ante las víctimas de la tragedia era evidente: en las primeras 36 horas de operación de rescate, ningún cargo público había visitado la zona para informarse de los avances sobre el terreno. “Todo Líbano pendiente del rescate menos nuestros dirigentes”, afirmaba un usuario en Twitter. 

Hacia las 2 de la tarde del viernes, los equipos de rescate empezaron a agotar sus expectativas de encontrar vida, aunque siguieron buscando. Tras descartar el punto inicialmente señalado por el escáner y las cámaras de temperatura, empezaron a barrer el área circundante hasta un radio de tres metros, sin resultados. A última hora de la tarde habían logrado llegar hasta el sótano del edificio y la operación continuaba, convertida en todo un símbolo de la resiliencia de un país desbordado por la sucesión de crisis.

La información sobre el origen y causas de la explosión se ha ido conociendo con cuentagotas en las últimas semanas, mayoritariamente a través de filtraciones e informes de la prensa internacional. Ni el nuevo ejecutivo ni gobierno dimisionario han ofrecido ruedas de prensa hasta la fecha para explicar en detalle lo ocurrido, pese a que se sabe que tanto el presidente Michel Aoun como el dimitido jefe del Ejecutivo tenían conocimiento de la presencia de cantidades masivas de nitrato de amonio en el puerto de Beirut.

Además de los 191 muertos, quedan aún siete desaparecidos de los que no hay noticias. El viernes a las 7 de la tarde, una vigilia en la céntrica Plaza de los Mártires recordaba a las víctimas de una tragedia que podría haberse evitado. No se esperaba a ningún miembro del Gobierno.

Cuando el pasado 4 de agosto los cristales de su apartamento saltaron en pedazos, la pared se derrumbó y se vio cubierto de sangre, Ahmad Joumaa creyó que iba a morir. “Era un día normal, estábamos viendo Netflix en el salón y al oír la primera explosión y un ruido de avión, pensé que Israel nos estaba atacando. Se lo estaba comentando a mi compañera de piso, pero no me dio tiempo a acabar la frase: todo estalló por los aires”. Sentado en la terraza de la casa de un amigo que le presta temporalmente su cuarto, este joven beirutí de 30 años rememora lo ocurrido hace justo un mes, cuando el estallido –según las primeras investigaciones, accidental– de más de 2.500 toneladas de nitrato de amonio en el puerto de Beirut arrasó en pocos segundos el corazón de la ciudad. La catástrofe dejó casi 200 muertos, más de 6.500 heridos y unas 300.000 personas sin hogar, entre ellas Ahmad, cuyo piso se encontraba a apenas un kilómetro y ha quedado completamente destrozado. 

Un mes después de la tragedia, Beirut y sus habitantes tratan a duras penas de recomponerse. En una ciudad y un país acostumbrados a las crisis –Beirut fue epicentro de la guerra civil (1975-1990), se vio sacudida por el atentado con coche bomba que mató al primer ministro Rafiq Hariri en 2005 y fue bombardeada por Israel en 2006–, los afectados por la explosión viven lo ocurrido entre la incredulidad y la rabia. Las primeras investigaciones apuntan a una serie de negligencias que abarcan toda la cadena de mando del Estado. Hasta ahora, nadie ha asumido responsabilidades de forma directa.

“El último clavo en el ataúd”

La explosión sirvió para acelerar una situación que ya era extremadamente precaria: Líbano atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia, con la divisa local en caída libre (la libra se ha depreciado en un 78% en los últimos meses), la inflación disparada y la pobreza y el desempleo en aumento por la desaceleración económica y el impacto de las medidas contra la COVID-19. Naciones Unidas estima que, para finales de año, hasta el 50% de la población podría no tener para cubrir sus necesidades alimentarias básicas. “La explosión destruyó la principal fuente de alimentos del país y ha llevado a Líbano al borde de una crisis de hambre”, advertía esta semana Michael Fakhri, relator especial para el derecho a la alimentación de la ONU. 

“Incluso antes del desastre, la gente ya había perdido su trabajo y la economía estaba destrozada. Ahora también han perdido sus casas. Es el último clavo en el ataúd y solo hay una palabra para describir lo que la gente siente: desolación”, señala Karim el Mufti, analista político y profesor de la Universidad Saint Joseph de Beirut (USJ).

Los daños físicos provocados por la explosión podrían ascender a entre 3.800 y 4.600 millones de dólares, según el Banco Mundial, una suma que Líbano no puede permitirse costear en un momento de quiebra económica. A ello se suma una crisis que también es sanitaria: el país tiene cerca de 13.000 casos activos de coronavirus, con un repunte en las dos semanas posteriores a la explosión. La mitad de los hospitales de Beirut sufrieron destrozos y los que aguantaron se vieron saturados. “La explosión provocó que personas que perdieron su vivienda se vieran obligadas a vivir en condiciones de hacinamiento, aumentaron las interacciones durante las tareas de socorro, creció el desplazamiento de personas entre regiones y se multiplicó el número de pacientes y personal de salud en los centros de salud, situaciones que pudieron contribuir a la propagación de COVID-19”, explica la consultora en salud pública Sara Chang, autora de un mapa interactivo sobre la difusión del virus en Líbano.

A la emergencia sanitaria por la explosión y la COVID-19 hay que añadir los nuevos problemas de salud mental entre la población afectada: “Mucha gente sigue en shock, traumatizada por la explosión, con síntomas como ansiedad, falta de apetito y de sueño. También vemos mucho síndrome del superviviente, culpa por haber sobrevivido al desastre”, explica Maya Yamout, de la ONG Rescue Me, que da asistencia psicológica a, entre otros, víctimas de conflictos bélicos con PTSD (trastorno de estrés postraumático).

Solidaridad ciudadana ante la ausencia institucional

Las imágenes de gente ensangrentada, gritos y caos se repiten en bucle en la mente de Ahmad, que aún no se siente capaz de volver a su trabajo como enfermero de la Cruz Roja libanesa. En parte como terapia, asegura, ha estado ayudando como voluntario en Nation Station, una de las decenas de iniciativas lanzadas estos días principalmente por jóvenes para asistir a los afectados.

Aya Kazoun, de 21 años, ofrece una sonrisa cansanda: lleva un mes trabajando ininterrumpidamente entre 12 y 18 horas diarias. Al día siguiente de la explosión, ella, su hermano y un amigo improvisaron en una gasolinera en desuso un centro de asistencia. Hoy, unos 40 voluntarios –los primeros días llegaron a ser 150– reparten alimentos, comidas calientes, medicamentos y ropa a más de 500 familias del vecindario. En un país con un Estado cada vez más ausente y disfuncional, es la ciudadanía la que ha debido salir a levantar a la ciudad de sus escombros. Los crowdfunding se han multiplicado estos días para, a falta de dinero público, financiar con microdonaciones todo tipo de causas ligadas a la tragedia: de reparación de puertas y casas dañadas, al rescate de negocios destruidos por la detonación o ayuda para que trabajadoras domésticas extranjeras víctimas del sistema Kafala puedan regresar a sus países de origen.  

“Fuimos los ciudadanos los que cogimos las escobas y palas y lo limpiamos todo y ahora somos quienes ayudamos a los afectados. Estoy orgullosa de la solidaridad entre la población, pero al mismo tiempo me cabrea mucho. Primero porque es deber del Gobierno, no nuestro. Segundo, porque siento que con nuestra 'eficiencia' aceleramos el olvido de lo que ocurrió”, lamenta Aya.

“Más de lo mismo”

Tras la dimisión en bloque del gobierno de Hasan Diab una semana después de la tragedia, el nombramiento del exembajador Mustafá Adib como nuevo primer ministro no ha servido para calmar los ánimos de una población al límite por la superposición de crisis: el martes, coincidiendo con la celebración del centenario de la creación del Gran Líbano, la gente volvió a salir a las calles en Beirut, y ya van más de diez meses de protestas contra la corrupción de la clase dirigente y el sistema sectario que rige el país. 

Adib se ha comprometido a formar Gobierno en dos semanas para empezar a implementar reformas estructurales que desbloqueen la ayuda prometida desde hace más de dos años por la comunidad internacional, pero los expertos coinciden: un nuevo ejecutivo salido del mismo establishment que ha conducido a Líbano al desastre no implicará cambios sustanciales a mejor. “Mientras no haya un esfuerzo real liderado por alguien externo a la actual clase política que cambie valores y aplique reformas de calado, esperamos más de lo mismo”, apunta Karim el Mufti.

Para el activista Lokman Slim, la corrupción es solo una de las consecuencias del sistema perverso de reparto de poder entre sectas y los esfuerzos de países como Francia, dirigidos principalmente a acabar con la corrupción, se quedan cortos. “Reformas no significa solo económicas, sino también sacar de Líbano a esta nomenclatura que lo ha expoliado”, apunta a elDiario.es.

Para muchos, la devastadora explosión en Beirut ejemplifica a la perfección el problema de Líbano: nadie se hace responsable del desastre pese a que todos los actores políticos son de alguna forma responsables y cada uno lo usa en su propio beneficio. “Este Gobierno se alimenta de crisis y ahora se alimentará de la ayuda que llegue de fuera. Incluso si el dinero se canaliza a través de las ONG, encontrarán la manera de quedarse el dinero del contribuyente europeo y nadie rendirá cuentas. Mientras, los bancos están felices de recibir dólares frescos... y así todo el sistema se alimenta de la explosión”, asevera el profesor de la USJ.

En poco más de un mes se cumplirá un año de las protestas que sacaron a la calle a miles de personas en todo Líbano pidiendo el fin de la desigualdad y la corrupción y la salida de toda la clase política al grito de “todos significa todos”, pero distintas fuerzas, gubernamentales y no, han explotado las diferencias entre comunidades. “La polarización y la tensión social se han elevado a niveles peligrosos en un país que acaba de presenciar una de las explosiones no nucleares más poderosas de la historia de la humanidad”, señala el think tank European Council on Foreign Relations.

“Este país me lo ha quitado todo”

Ahmad Joumaa hace recuento de pérdidas: afirma que en un año ha perdido a sus padres (que, ya jubilados, han abandonado el país), su trabajo previo, su coche y ahora su casa. “Siento que no me queda nada, que este país me lo ha quitado todo”, se lamenta. “Mi generación empezó a salir a las calles a protestar en 2005, cuando mataron a Rafiq Hariri. Quince años, y no hemos conseguido nada”.

Ahmad reniega de un sistema en el que “la mitad de nuestra energía se desperdicia pensando en cosas que en otros lugares son derechos humanos básicos. Mi generación creía que sería la que haría realidad sus sueños y ahora todo el mundo está desesperado por marcharse... yo incluido”. Las demandas de visado para el extranjero, en aumento en los últimos meses, se han disparado desde la explosión.

Aya Kazoun llevaba meses protestando en las calles de Beirut, concretamente desde el inicio de la llamada 'revolución de octubre'. También empezaba a fantasear con abandonar Líbano, pero siente que ahora no es posible. “No podemos dejar la calle, hay que seguir haciendo presión. Y seguiremos, porque ¿qué otra cosa nos queda?”

“Siria está lista para el regreso de los refugiados”. El ministro de Exteriores sirio Walid al-Moualem se expresaba así el pasado septiembre ante la Asamblea General de la ONU. Tras casi ocho años de conflicto, la guerra en Siria va llegando a su fin y el Gobierno de Bashar al Asad está llamando a millones de exiliados y desplazados internos a iniciar el retorno a sus hogares. Pero con un país reducido a escombros, muchos se encuentran con que no queda nada a lo que regresar.

El antiguo bastión opositor de Guta Oriental, a las afueras de Damasco, es un ejemplo paradigmático: aunque las tareas de desescombro y rehabilitación comenzaron hace tiempo, meses después de la ofensiva con la que el Gobierno recuperó el control el pasado abril tras años de asedio, la zona ofrece aún un paisaje apocalíptico. La carretera que cruza la región, tristemente famosa por el ataque químico que mató a cientos de personas en agosto de 2013, discurre entre tierra quemada, torres de alta tensión retorcidas y edificios que parecen a punto de derrumbarse como castillos de naipes.

El grado de destrucción es especialmente abrumador en localidades como Zamalka, donde el 75% de la población huyó de los combates. Quienes han regresado viven, literalmente, entre ruinas. Amal Taifour perdió a su marido al principio de la guerra; ella y sus cuatro hijos, que ahora tienen 9, 13, 16 y 18 años, abandonaron su casa poco después y volvieron el pasado septiembre, según su testimonio.

Amal abre la puerta de la vivienda, en la que un cable mal atado sirve de cerradura: su interior es un amasijo de cascotes de un metro de alto y no se avistan más efectos personales que algunas fotos familiares colgando torcidas de la pared. “Ahora mis hijos y yo vivimos con los abuelos. Queremos arreglar nuestra casa, pero ¿con qué dinero?”, se pregunta. Muchos de los que regresan como Amal son desplazados internos que vuelven desde otros lugares de Damasco, pero otros tantos se habían marchado a la ciudad de Idlib, Líbano o Turquía.

Volver a la normalidad en plena devastación

Cinco años de bloqueo total dejaron la economía temblando y el desempleo desbocado en el que fuera corazón agrícola e industrial de la campiña damascena. Con la llegada de las fuerzas gubernamentales, las organizaciones humanitarias que habían operado bajo control de los opositores hicieron las maletas, llevándose consigo la asistencia y ayuda material, y también su contribución a la economía local.

Las remesas que enviaban quienes lograron huir al extranjero eran el sustento de muchas familias, pero el hawala, un sistema informal que permitía transferir dinero sin quedar registrado, se ha visto resentido por el regreso del Estado central. Las ayudas oficiales para la reconstrucción llegan con cuentagotas y los habitantes deben valerse por sus propios y escasos medios para reconstruir lo que fuera su hogar.

Yassin Alghosh, de 24 años, permaneció con su familia en Zamalka durante todos los años de ofensiva. “Antes, la vida era muy dura, no había trabajo y los precios estaban por las nubes”, explica desde el tenderete de dulces y chocolatinas que ha abierto entre edificios derruidos. Durante el estado de sitio, bienes básicos como el pan, el azúcar o el trigo llegaron a costar costaban entre 20 y 30 veces lo que en otras ciudades del país, según un estudio de 2015 de la London School of Economics.

“Ahora ya está todo bien: la electricidad y el agua están volviendo, la gente también... Ahora se puede trabajar y vivir de nuevo”, asegura. Sus palabras contrastan con la devastación circundante. Durante la visita a distintas localidades de la región, ningún entrevistado apuntará, al menos de forma abierta, a la responsabilidad del Gobierno en los bombardeos que destruyeron sus hogares y mataron a cientos de civiles o en el bloqueo que sometió a la población a terribles condiciones de vida.

De los dos millones de habitantes que tenía Guta Oriental antes del conflicto, al inicio de la ofensiva gubernamental en febrero de 2018 quedaban 400.000. Con la rendición definitiva de los grupos opositores en abril, decenas de miles de más fueron evacuados a otras zonas del país. La Comisión Internacional de Investigación de la ONU para Siria ha señalado que “entre febrero y abril, la intensa campaña de las fuerzas progubernamentales para recuperar el control de Guta Oriental estuvo marcada por crímenes de guerra generalizados cometidos por todas las partes” enfrentadas. El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó la situación en Guta Oriental de “infierno en la tierra”.

En la vecina Kafr Batna, otra de las zonas gravemente afectadas por los enfrentamientos, los residentes se empeñan tozudos en volver a la normalidad. Los puestos de fruta y verdura vuelven a poblar sus avenidas y varias escuelas han reabierto por primera vez en años: por las calles en obras puede verse a decenas de escolares con sus mochilas y batas azules.

Mayas Ashour, padre de seis de ellos, está rehabilitando lo que queda de su casa. Él y su familia se marcharon en 2015 y regresaron hace pocos meses. “Tenemos que desescombrar, arreglar el techo, las paredes... todo”, explica mostrando el interior del apartamento, un cúmulo de escombros y paredes abiertas en canal. “Aquí dentro no queda nada. Se llevaron hasta los cables de la luz”, afirma. Aunque en voz baja lamenta la falta de ayudas, trata de mostrarse positivo: “Lo más importante es que hemos podido volver”.

La otra cara del retorno: miles de expropiaciones

Mayas se sabe afortunado: muchos otros no podrán regresar. En abril, en plena ofensiva sobre Guta, el Gobierno aprobó la Ley 10, una normativa que, en nombre del desarrollo urbano en el nuevo periodo de posguerra, permite expropiar o demoler viviendas para reconstruir sin apenas compensaciones para los propietarios. Aunque otra ley previa autorizaba el derribo de asentamientos informales, la Ley 10 que viene a reemplazarlo elimina la mención a estos últimos, abriendo la puerta al Gobierno para confiscar propiedades a quienes no demuestren su titularidad.

Para los opositores exiliados, volver no es una opción, aunque también se trata de un proceso arduo para quienes no están en conflicto abierto con el Gobierno: solo un 9% de los refugiados sirios tenía escrituras de sus viviendas cuando habitaban en el país, según un informe de Acnur y el Consejo Noruego para Refugiados.

En principio, el Ejecutivo dio un mes para formalizar la documentación y tras recibir numerosas críticas por lo inasumible del plazo para millones de refugiados y desplazados internos, ha ampliado el periodo a un año. Residentes y organizaciones de derechos humanos, sin embargo, denuncian falta de información y transparencia en el proceso, y numerosas trabas para registrar sus propiedades. La ley, aprobada en abril y enmendada en noviembre, “permite al Gobierno crear zonas de reurbanización por decreto en toda Siria, con exhaustivos y en algunos casos formidables requisitos para que los propietarios tengan derecho a quedarse o ser compensados por la expropiación de sus casas”, advierte Human Rights Watch.

Muchas de las áreas incluidas en el decreto 66 o en la nueva Ley 10 se encuentran en Guta y otros suburbios de Damasco, zonas de clase humilde antes de la guerra que fueron de las primeras en salir a la calle contra Al Asad en 2011. Es el caso de Daraya, al sur de la capital. Cuna de las primeras protestas en la región damascena, estuvo controlada por grupos opositores y sometida a asedio hasta agosto de 2016, cuando el Gobierno retomó la zona tras la rendición de las milicias y la evacuación de toda su población. “Daraya era uno de los centros de la revolución. Muchos activistas provenían de esa ciudad y es de los lugares donde hubo mayor de número de arrestos y muertes en detención”, explica la investigadora Sara Kayyali de HRW.

Dos años después de volver a control estatal, sigue siendo una ciudad fantasma: en una visita de una hora, no se observa vida más allá de un grupo de media docena de hombres asistiendo a un entierro en el cementerio de la ciudad, donde yacen muchos de quienes perecieron durante los bombardeos. A cien metros del punto de control de entrada, una gigantesca máquina arenera trabaja incansable triturando toneladas de escombros y vomitando gravilla, que será empleada en la reconstrucción. Junto con otras localidades adyacentes, Daraya formará parte de Basilia City, un macroproyecto residencial de 900 hectáreas y 4.000 viviendas impulsado por el Gobierno.

La duda es si los antiguos habitantes tendrán cabida en el flamante proyecto. Según Kayyali, mucha gente que está regresando no obtiene el permiso para acceder a su antigua vivienda o registrarla. “Hablamos de personas que estaban desplazadas en Líbano, Turquía o Idlib [último bastión opositor del país]. Cuando llegan les dicen, 'vuelva la semana, el mes, el año que viene'”, relata Kayyali, que ha entrevistado a numerosos habitantes de esa y otras zonas afectadas por la reciente legislación.

“Una exresidente a la que impidieron entrar en Daraya, preguntó a los militares dónde se suponía que iba a vivir. Le respondieron 'búscate la vida'. Ese es el tono que prevalece”, asegura.

Basilia City es el segundo gran proyecto de reurbanización tras Marota City, otro macrocomplejo de vivienda nueva de lujo en el suburbio damasceno de Basateen Al-Razi que ha implicado el desahucio de miles de residentes. Expertos y grupos proderechos humanos temen un “castigo colectivo” por parte de las autoridades a esta y otras zonas por el apoyo de una parte de sus habitantes a los opositores, y acusan a Damasco de querer dibujar un nuevo mapa de Siria a su medida, discriminando a la población no afín.

El Gobierno sirio y su aliado ruso, junto a países como Líbano o Jordania –que acogen cada uno a más de un millón de refugiados en sus territorios– están llamando activamente a los sirios a regresar. Según Naciones Unidas, unos 250.000 emprenderán el camino de vuelta a casa este año, pero para quienes retornan, sus problemas están lejos de haber acabado.

En Porte de la Chapelle, en el norte de París, una estructura hinchable que se asemeja a una enorme burbuja blanca se ha convertido en el nuevo punto de referencia para quienes llegan a la capital francesa procedentes de África u Oriente Medio huyendo de las guerras, el hambre y la miseria. El primer campo humanitario para refugiados de Francia cumple un mes bajo una lluvia de críticas. 

Abría sus puertas pocos días después de la última gran evacuación del gigantesco campamento improvisado que se extendía desde hacía año y medio entre las estaciones de metro de Jaurès y Stalingrad, a pocos kilómetros de distancia.

“La situación en Stalingrad era insoportable. ¿Cómo iban a reflexionar en esas condiciones? Ahora duermen al abrigo y obtienen la información necesaria para saber dónde ir. Daremos una solución a todo el que acuda a nosotros”, aseguraba exhultante la mañana de la inauguración Bruno Morel, director general de la organización que gestiona el nuevo centro, Emmaüs Solidarité.

El proyecto ha costado cerca de 8 millones de euros, sufragado entre la ciudad de París (6,6 millones) y el Estado francés (1,3). Destinado exclusivamente a hombres mayores de edad, este campo con capacidad para 400 personas, exhibe el cartel de 'completo' desde el primer día.

Algo parecido a una vida normal

La instalación se divide en dos partes: en la recepción, ubicada dentro de la gran burbuja de acceso, se ofrece a los recién llegados información jurídica sobre su elegibilidad como demandantes de asilo; el edificio anexo, un antiguo hangar de 8.000 metros cuadrados perteneciente a la SCNF  (la compañía ferroviaria francesa), ejerce de residencia temporal para quienes son admitidos. Allí pueden pasar entre cinco y diez días, el tiempo necesario para recibir orientación sobre sus opciones en Francia.

“Todo está limpio, ordenado, la gente es simpática…  todo es muy agradable”, asegura Ahmed, somalí de 22 años, que pasó varias semanas durmiendo al raso en París antes de saber de la existencia del nuevo centro.

La residencia, de dos pisos, está dividida en ocho“barrios” con capacidad para 50 personas cada uno. Repartidos en habitáculos de cuatro plazas, con cama, armario y toma de corriente propia, los migrantes reciben dos mudas de ropa nueva y un kit de higiene personal, además de asistencia jurídica y una revisión médica voluntaria. Cada barrio cuenta con un comedor, una sala de ocio y la oficina de un trabajador social abierta las 24 horas del día. El centro tiene una tienda, una lavandería y una zona común de acceso libre con internet, futbolín y televisión.

Aunque no sonría para la foto, sí lo hace fuera de cámara. Tras una semana de estancia en el centro, a Jacoob, sudanés de 25 años, le siguen asaltando las dudas: aún no sabe a ciencia cierta adónde lo destinarán, cómo se resolverá su demanda de asilo o cuánto tiempo podrá quedarse en el centro.

Lo único que sí sabe es que por la noche dormirá en caliente y tendrá derecho a desayuno, comida y cena, podrá recargar su teléfono y quizá ver una película antes de irse a dormir… Por las mañanas pasea por la ciudad, tratando de mantenerse alejado de sus compatriotas para practicar lo máximo posible su incipiente francés, explica orgulloso. “Me quiero quedar en Francia. En cuanto tenga mis papeles, me gustaría trabajar con refugiados, dedicar mi tiempo a ayudar a otros como yo”, asegura este joven que sueña con estudiar Medicina.

“En el centro, 120 empleados de Emmaüs, a los que se suman medio millar de voluntarios, trabajan para atender diariamente a entre 50 y 80 migrantes. A finales de noviembre, habían pasado por allí más de 1.200 personas, 700 habían sido aceptadas y la mitad de ellas, realojadas en Centros de Acogida y Orientación (CAOs) en distintos puntos de la geografía francesa. En las últimas semanas, las plazas abiertas en estos centros han pasado de 3.000 a 9.000”.

“En términos de condiciones dentro del centro, estamos satisfechos. Vemos que la gente sonríe, que está contenta”, responde Ivan Leray, coordinador de Utopia56, la organización que apoya a la principal asociación gestora, mientras hace malabarismos con dos móviles y un walkie-talkie.

Pero, a diferencia del discurso triunfalista de Morel, su valoración global es más comedida. “El gran problema es que el centro ha nacido saturado. Harían falta tres como este”, admite. “Las estructuras de acogida más permanentes también están desbordadas, tan pronto como se libera una plaza se vuelve a llenar, y aquí nos vemos obligados a rechazar a mucha gente”.

Fuertes críticas entre las asociaciones

El cierre definitivo de la“Jungla” de Calais ha aumentado inevitablemente la afluencia de refugiados a la capital francesa. Se estima que cerca de un centenar de migrantes llegan diariamente a París y desde la evacuación del campamento de Stalingrad, miles vagan por sus calles desorientados, escondiéndose, según las asociaciones, del creciente acoso policial.

El Ayuntamiento ha vallado la avenida de Flandre y los espacios bajo las vías del tren donde hasta ahora malvivían miles de eritreos, afganos, somalíes y sudaneses en precarias tiendas de campaña y la fuerte presencia de antidisturbios, que hacen guardia día y noche, disuade cualquier intento de reasentamiento.

Los voluntarios recorren la ciudad repartiendo comida y mantas por los mini-campamentos que surgen en torno a las estaciones de tren, en Gare de l'Est o junto al Canal de Saint Martin. Otros evacuados esperan escondidos en los alrededores del campo humanitario tratando de evitar los controles policiales. Saben que pueden acabar en un Centro de Retención Administrativa (CRA, los CIE franceses) o con una orden de expulsión del territorio francés.

En este contexto, voluntarios y asociaciones en el terreno rebajan aún más el optimismo de los gestores del centro. Critican que decenas de personas deban hacer cola en la calle desde antes del amanecer, en medio de temperaturas gélidas, para conseguir la ansiada plaza.

“Horas esperando, de 5 a 8 de la mañana. Algunos entran, otros no”, lamenta una voluntaria. La situación provoca momentos de tensión palpable. Hace poco, denuncia, “utilizaron gas lacrimógeno contra los refugiados. En la puerta del centro y sin mediar explicación”.

Otras asociaciones señalan que el centro, que solo tiene potestad para ofrecer información jurídica, efectúa su propia selección entre los candidatos a la demanda de asilo. Afirman que hay indicios de que se está aplicando la Convención de Dublín - la normativa europea por la cual los refugiados cuyas huellas digitales fueron registradas a su llegada a Europa pueden ser deportados al país por el que entraron en la UE- , si bien los responsables del campo niegan categóricamente este punto.

La Oficina de Acogida y Acompañamiento a Migrantes (BAAM), organización extremadamente activa en la capital, ha calificado el “campo Hidalgo” (en referencia a la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, máxima baluarte del proyecto) de“fiasco”.

A la espera de la apertura a principios de 2017 de una estructura especializada para familias y menores en región parisina, el nuevo centro trata a duras penas de ofrecer una alternativa a estos colectivos especialmente vulnerables. Entre los menores que llegan a París,“el  70% son refugiados y la DEMIE (la estructura que se encarga específicamente de ellos) no da abasto”, explica el coordinador de Utopia56. Con mayor o menor fortuna, “aquí recibimos a los que no son aceptados como tales (de entre 16 y 18 años) para que inicien su demanda de asilo como adultos y hacemos lo posible por que sean reconocidos como menores”.

“El sistema no es perfecto, pero es un principio”, se excusa Leray. “Después habría que aumentar los supuestos para conceder el asilo, descongestionar el sistema de recepción, mejorar las condiciones en los centros de acogida…”.

Médicos del Mundo, la ONG encargada de la atención médica en la nueva estructura., denunciaba hace pocos días que“aunque la intención con la que se creó el centro de París es loable, no puede esconder un diagnóstico evidente que afecta a toda Francia: la multiplicación de soluciones ad hoc y cortoplacistas no será suficiente para resolver la crisis humanitaria de los refugiados”.

La Oficina francesa de Protección de Refugiados y Apátridas (OFPRA) calcula que en total unas 100.000 personas pedirán asilo en el país este año, un 20% más que en 2015. Según sus propias estimaciones, solo un tercio lo obtendrá finalmente.       

París. Entre los miles de refugiados que cada semana llegan a Europa escapando de la guerra, las dictaduras o el hambre, existe un colectivo prácticamente invisibilizado: el de las personas LGBTI. Lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, que huyen de sociedades que las criminalizan únicamente por su orientación sexual o su identidad de género, demandan asilo en suelo europeo para proteger sus vidas pero, una vez lanzada la petición, se enfrentan a grandes dificultades para demostrar la violencia que sufren en sus países de origen.

A escasos días de la Eurocopa 2016, que se celebrará en Francia a partir del 10 de junio, Les Dégomeusses, un equipo de fútbol femenino parisino integrado principalmente por lesbianas y transexuales, organizan Football for Freedom (Fútbol para la Libertad), una semana solidaria que arrancó el domingo con un torneo de fútbol y proseguirá hasta el jueves con actividades deportivas, debates y proyecciones.

“Aprovechando la Eurocopa en París, hemos querido utilizar el fútbol como un elemento de solidaridad y visibilidad de la realidad que viven los refugiados LGBT”, explica Cristina Arranz, española integrante del colectivo organizador. “Viviendo en Europa, piensas que tu situación como persona LGBT es complicada… hasta que empiezas a escuchar sus historias. Yo puedo recibir insultos de vez en cuando, pero ellos ven cómo su vida corre peligro a diario”, afirma.

En la actualidad, las relaciones homosexuales siguen penadas en 80 países. En 10 de ellos, entre los que se encuentran Nigeria, Somalia o Arabia Saudí, se castigan con la muerte. La situación de los transgénero es aún peor: según datos de Amnistía Internacional, entre 2008 y 2014, se produjeron 1.731 asesinatos de personas pertenecientes a este colectivo.

“Se me ha olvidado la vuvuzela”, bromeaba Kasha Nabagesera recién llegada a París. Esta ugandesa de 36 años, ganadora en 2015 del “Right Livelihood award”, el llamado premio Nobel alternativo, es la madrina del encuentro y la única invitada que sigue viviendo en su país natal pese al acoso constante de las autoridades y las amenazas de muerte.

Nabagesera fundó en 2003 la primera organización de defensa de los derechos homosexuales en Uganda y 10 años después creó Bombastic, la única revista para público gay en ese país, donde en 2014 se aprobó una ley que castigaba las relaciones homosexuales con cadena perpetua e incluso con pena de muerte. Aunque la ley fue tumbada por la justicia ugandesa seis meses después por un defecto de forma, la amenaza de una mayor criminalización de las personas LGBT sigue planeando como una sombra.

“No es solo que las leyes sean discriminatorias, es que todos, desde los políticos hasta la Iglesia, solo difunden mensajes de odio. La sociedad se apoya en la postura del Gobierno y de los religiosos para actuar con total impunidad contra los homosexuales”, explica, recordando que día sí, día también, el colectivo LGBTI es víctima de ataques homófobos en su país. “En Uganda, hay muchos sitios a los que no puedo ir. Esto te hace sentir frustrada y sola. Hay veces que te sientes exiliada en tu propio país”, asegura.

Más de tres cuartas partes de los países del continente africano criminalizan la homosexualidad. Davis Mac-Iyalla, nigeriano que se define como cristiano, homosexual y feminista, tuvo que huir por las amenazas recibidas por militar por los derechos de las personas LBGTI. En su país, era director de un colegio evangelista y, aunque no declaraba abiertamente su homosexualidad, era vox populi que no le gustaban las mujeres, recuerda.

A raíz del ordenamiento del primer prelado anglicano abiertamente gay en EEUU en 2003, la Iglesia en Nigeria reaccionó negando la existencia de homosexuales en el país y en el seno de la Iglesia. “Me enfureció tanto que negaran mi condición, que demonizaran mi existencia, que decidí dar una rueda de prensa para decirle al mundo quién era”, relata. Su creciente activismo empezó a levantar críticas y posteriormente amenazas, motivo por el que en 2008 tuvo que pedir asilo en Reino Unido. Allí acaba de crear una red, Interfaith Diversity Network for West Africa (Red de Diversidad Interconfesional para África occidental), con el objetivo de impulsar el diálogo entre distintas religiones en torno a la homosexualidad.

Otra de las participantes en el torneo, la libia Amanie Nouri, es integrante del colectivo Quzah Libya LGBT y lleva desde hace 2011 refugiada en Italia. “Creo que es maravilloso poder ver a varios refugiados juntos jugando en París y mostrando su orientación sexual sin miedo a ser reprimidos. Esta es una buena oportunidad para nosotros porque el fútbol puede dar visibilidad a nuestras situaciones”, asegura Amanie, de 35 años, a eldiario.es antes de entrar en el terreno de juego.

“No hay un espíritu competitivo, la gente está disfrutando la experiencia”, recuerda Cristina mientras una banda feminista de música animaba a los jugadores entre un partido y el siguiente.

“Estoy contenta de que la mayoría de las jugadoras aquí sean mujeres... en mi país el fútbol es cosa de hombres”, afirma Amanie atándose las botas. Pese a llevar ya cinco años viviendo en Europa, sigue apreciando la tranquilidad que le reporta estar en un contexto donde puede expresar libremente su orientación sexual sin miedo.

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Nota: Empieza a adoptarse el término LGTBQI para incluir a las personas queer e intergénero, aunque estas identidades aún no se encuentran entre los motivos reconocidos para demandar asilo.

La Nuit Debout, el movimiento indignado de Francia, ya ha cumplido una semana de protesta en la plaza de la République en París y tiene réplicas en una treintena de ciudades francesas. Este sábado, 9 de abril, más de cien manifestaciones volvieron a sacar a la ciudadanía a la calle, entre ellas, la de la capital francesa. Convocatoria: Sindicatos. Punto de salida: République. Ambas fuerzas, la sindical, más tradicional y la nueva creada por la Nuit Debout se retroalimentan y ocuparon juntas las calles parisinas. Su batalla común es contra la Ley El Khomri, la reforma laboral que lleva el nombre de la ministra de Trabajo francesa (Myriam el Khomri), pero esta ha sido solo la gota que ha colmado el vaso de la indignación, los frentes abiertos son muchos más.

A todos les une un interés por la reapropiación del espacio público y por la búsqueda de un sistema de gobierno alternativo. A continuación, algunas de los colectivos y luchas que convergen en la République:

El movimiento estudiantil

“République es nuestra última oportunidad”

Los estudiantes son quienes han llevado la voz cantante en la movilización contra la reforma laboral: de un lado, los lycéens (alumnos de secundaria) y del otro, los universitarios. Estos últimos, que forman el grupo más nutrido en la plaza de République, llevaban meses protestando por el aumento de las tasas de la universidad y por las condiciones de residencia del alumnado extranjero. En Francia, el precio de la matrícula de los establecimientos públicos no sobrepasa los 400 euros anuales, pero en los últimos años se ha producido un aumento considerable: “Ahora ya hay diplomas que cuestan 3.000 o 4.000 euros”, se queja Arthur, de 23 años y estudiante de Sociología Política. “Si no puedes ir a la universidad, no puedes construirte un futuro”. 

Arthur forma parte del grupo promotor de la Nuit Debout, convocada por el colectivo Convergence de Luttes (Convergencia de luchas). Cree que para mucha gente la reforma laboral solo ha sido la gota que colma el vaso. “Muy poca gente esperaba maravillas del gobierno socialista y temíamos que virara a la derecha... pero es que la ha sobrepasado: un gobierno supuestamente de izquierda ha puesto en marcha medidas neoliberales en lo económico y de ultraderecha en lo social”, considera.

La movilización de estos días en la plaza de République da esperanzas a muchos sobre lo que podría ser el surgir de un movimiento de contestación a más largo plazo. “En cierta forma, aquí decimos ‘Gracias, Hollande’, porque gracias a él, a (Manuel) Valls, a (Myriam) El Khomri, estamos ocupando la plaza. Han ido tan lejos en su cinismo que ahora estamos todos aquí, luchando contra ellos”, asegura este joven que considera que el movimiento Nuit Debout es la ultima esperanza para poder construir una alternativa a la ideología del Frente Nacional y a las políticas del gobierno socialista. “Ya es un éxito el hecho de que la gente vea que se puede hacer algo, sería un fracaso si la gente viese esto como una utopía. Acabar con la ley El Khomri debe ser solo la primera victoria”.

“La Nuit Debout, del centro a la periferia”

“La Ley El Khomri ha sido lo que nos ha hecho reaccionar, pero hay muchas cosas que no funcionan, como la represión policial y el desempleo”, cuenta Henni Darrat, estudiante de instituto, que con solo 18 años ha sido uno de los impulsores de una asamblea satélite del movimiento Nuit Debout en Montreuil, un barrio obrero situado en la periferia de París. El sentimiento de indignación se ha contagiado por varios barrios del extrarradio parisino creando el movimiento “periferia en pie” (Banlieu Debout).

“Antes de la ley del trabajo no estábamos organizados, no había ningún colectivo en el instituto. Algunos estábamos sensibilizados políticamente pero la actividad en el instituto comenzó con los bloqueos y las asambleas de las últimas semanas”, relata Henni, alumno de uno de los muchos institutos parisinos en pie de guerra contra la reforma. El 9 de marzo, primer día de protestas en los centros escolares, salieron a la calle entre 225.000 y 500.000 personas en toda Francia, según la policía. Desde ese momento en adelante, los bloqueos de las instalaciones se fueron sucediendo consecutivamente a la par que las asambleas de discusión se iban consolidando entre los jóvenes. El día de la huelga general en Francia, el 31 de marzo, los estudiantes se sumaron a los 1,2 millones de manifestantes, 390.000 según la policía francesa, una marcha que acabó en la plaza de la République dando a luz al movimiento Nuit Debout ,y el 5 de marzo los escolares organizaron otra jornada reivindicativa con manifestaciones y bloqueos en distintos centros.  Las acciones se saldaron con más de 130 estudiantes detenidos y varios movimientos apoyaron solidariamente las reivindicaciones para la liberación de los estudiantes.

Henin considera que las interacciones sociales y los lazos entre distintos colectivos es lo más importante de la Nuit Debout. Cuando los estudiantes de Montreuil decidieron crear su propia asamblea fueron en busca de ayuda a Republique y ahora son otros barrios los que acuden a Henin y a sus compañeros para pedirles consejo. “Incluso si la reforma es retirada, tenemos que continuar la movilización. Queremos hacer política de otra forma y en esa otra política es necesario aunar fuerzas para construir un proyecto común y acabar con las diferencias entre derechas e izquierdas”, afirma este estudiante.

El movimiento por el Derecho a la Vivienda

“En esta plaza faltan nuestros responsables políticos”

Cuando en la plaza de République no había nada, allí estaba el colectivo DAL (Droit au Logement, derecho a la vivienda en español). Este veterano colectivo, equivalente francés de la PAH (Plataforma Antidesahucios), lleva veinte años luchando contra los desahucios, el vertiginoso aumento del precio de la vivienda y los problemas de alojamiento en Francia, que según la asociación afectan a unos 3,8 millones de personas en todo el país. El 31 de marzo, la DAL acampó en République junto a una decena de familias para protestar contra la reanudación de los desalojos tras la llamada “tregua invernal” (la ley en Francia prohíbe las expulsiones durante el invierno), al estimar que en los próximos meses podría haber hasta 30.000 nuevos desahucios.

“Pedimos una autorización para acampar durante tres días. Como la gente de Nuit Debout no había recibido respuesta a su propia demanda por parte de la Prefectura de Policía, se acogieron a la nuestra”, explica Malika Gherib, de 63 años, aguerrida militante de la DAL desde hace ocho años, cuando estuvo a punto de perder su casa.

“Vengo a contaros que, gracias a vosotros, hemos logrado una reunión con el ministerio el próximo 27 de abril”, anunciaba triunfal la activista este miércoles ante la Asamblea general de République, recibiendo una ovación en respuesta. Esa mañana, una acción de su plataforma, con el apoyo de cientos de personas procedentes de la Nuit Debout, había concluido frente al Ministerio francés de Vivienda para exigir una solución habitacional para miles de personas en riesgo de perder sus casas. Gracias a la presión ejercida, los responsables ministeriales aceptaron un encuentro con el colectivo.

“En esta plaza hay sobre todo jóvenes, pero nos tenemos que ayudar los unos a los otros”, argumenta Malika, que pasa todo su tiempo disponible en République y participa asiduamente en las actividades de la Nuit Debout.  “Quienes faltan aquí son… los responsables políticos. Aquí tienen que venir el señor Valls, el señor Hollande. Escuchar a la gente para entender lo que está pasando”. A pocos metros, varios sin techo aprovechan el precio libre de la cantina para comer sin preocuparse de tener que pagar.  “Perdona la expresión, pero aquí estamos todos metidos en la misma mierda”, afirma Gherib.  “Sin trabajo no hay vivienda, sin vivienda no hay salud y sin salud no hay vida”, concluye.

La ciudadanía de a pie

“Veo mucha gente perdida... que quiere hacer algo”

A République también se están acercando multitud de personas que no pertenecen a ningún movimiento o colectivo, ciudadanos sin siglas detrás que vienen a aportar su granito de arena. Malandjo Danho es muchas cosas: bailarín, cantante, militante antirracista. Tiene 45 años y llegó a Francia desde Costa de Marfil a los 5. Se siente marfileño y francés, en ese orden. En 2011, durante la breve réplica que tuvo el 15M en Francia, acogió en su casa a gente llegada de todo el país para participar ese movimiento de protesta que finalmente se diluyó en pocas semanas.  

Al oír hablar de la Nuit Debout cogió su tienda de campaña y se plantó en la plaza: allí duerme todas las noches desde el viernes 1 de abril, pese a ser desalojado todas las mañanas por la policía. “Para que el día en que esto estalle de verdad, me pille cerca”, afirma con un guiño. Insiste en que se le fotografíe junto a los refugiados con los que ha compartido techo (o más bien cielo) en las últimas noches. 

En las asambleas generales de la tarde, Malandjo se eleva entre el público, desde sus cerca de dos metros de altura, y toma la palabra para resumir sus impresiones del día. Su visión del movimiento es precavida aunque optimista: “Por el momento, veo mucha gente perdida, que quiere hacer algo y no sabe cómo”, explica, y matiza: “Están perdidos, pero este es un buen lugar para encontrarse, intercambiar impresiones y debatir”. 

Malandjo cree que République también es una buena palestra para sacar a relucir el racismo latente en Francia. “Si miras a tu alrededor verás que casi todo el mundo es blanco. La gente de la comunidad negra o árabe se siente menos concernida. Los franceses no se dan cuenta de que este país sigue practicando el saqueo en otros países de África o de Oriente Medio, a veces se preocupa más de la causa palestina que de la gente que tiene aquí”, afirma señalando a varios refugiados que descansan sobre unos colchones. “Queda mucho por hacer... pero soy un hombre paciente”, asegura con una sonrisa.

“Nuestras jubilaciones están estancadas y con ellas tenemos que ayudar a nuestros hijos”

El perfil de los jubilados que hacen malabares con sus pensiones para ayudar a su familia ante la falta de trabajo no es exclusivo de España. En Francia, cada vez más son los desempleados que dependen de la solidaridad de sus allegados y muchos temen que esta brecha social se acentúe si finalmente la Ley El Khomri fuese aprobada.

“Quieren destruir el Código del Trabajo que fue construido a base de luchas desde tiempos de nuestros abuelos”, afirma Monique, una jubilada que con su pensión y la de su marido ayudan a su hijo de 20 años, desempleado y frustrado ante la falta de trabajo, según cuenta esta francesa indignada. “Nosotros estamos aquí por nuestros hijos, por nuestros nietos y por las generaciones venideras. Si no conseguimos parar esta ley hay que seguir manifestándose, hay que ir a la Asamblea Nacional, hacer huelgas generales y no callarnos”.

Monique dibuja con sus palabras el escenario de una Francia que enfrenta el miedo de la precariedad, “los salarios son cada día más bajos mientras que los precios de los alquileres no paran de aumentar, la vida no es fácil, nuestras jubilaciones están estancadas y con ellas tenemos que ayudar a nuestros hijos, no los vamos a dejar en la calle”. Esta jubilada reconoce tener esperanza en que la reforma laboral francesa no sea aprobada y que toda esta movilización sirva para que el pueblo reaccione. Al mismo tiempo, expresa su admiración con el movimiento Nuit Debout, en el que ha participado a través de alguna asamblea, y afirma que “es importante porque cuenta con una población diversa, junta a muchos movimientos y porque resistir en la plaza de la République representa otra forma de manifestación”.

“La Nuit Debout es la reapropiación del lenguaje y el espacio por el pueblo”

Francia, país fértil en producción cultural, fue el pionero en implantar un estatus específico para los trabajadores intermitentes del sector de las artes. Este sistema se caracteriza por otorgar un salario mensual compensatorio a los miembros de este gremio que coticen las horas mínimas exigidas. El objetivo es fomentar que sigan empleados en producciones artísticas y aunque no les proporcione los ingresos necesarios, la protección social del estado se encarga de completar para que puedan obtener por lo menos un salario mínimo.

Charlotte es intermitente desde hace 6 años, montadora de videos de cine y participa activamente en el movimiento Nuit Debout. “Hace años que intentan quitarnos las ventajas que hemos adquirido y vamos resistiendo. Mantener el estatus de trabajador intermitente es importante porque el sector cultural francés aporta mucha riqueza al país. Gracias a nosotros, a nuestros espectáculos y festivales, llegan muchos ingresos para otros sectores, como el de los servicios, por ejemplo, pero nuestro aporte no se reconoce”, lamenta esta joven. Charlotte estuvo también presente en la manifestación del 9 de abril junto con otros compañeros de su gremio. Ella considera que la Ley del Trabajo afecta a todos los trabajadores, “pero a los precarios como nosotros, más todavía”, añade.

Entre los trabajadores intermitentes, muchos se quejan por estar perdiendo derechos y afirman que viven hoy más dificultades que hace 10 años. Charlotte teme que si se acaba con el estatuto de intermitencia, el sector del cine, que es su dominio, se debilite. “Hoy en día ya es difícil ser artista o tener un trabajo intermitente, pero sin un estatus específico, será aún más complicado y lo que estaría en riesgo sería nuestra cultura”, por lo que considera que es importante que la lucha de los trabajadores intermitentes esté presente en la plaza de la République.

“Aquí hay una convergencia de luchas, estamos aquí para reflexionar juntos sobre el futuro. No sabemos como va a acabar pero para mi el movimiento Nuit Debout es una reapropiación del lenguaje y del espacio por el pueblo”, afirma Charlotte.

Desde hace varios días, una marea de gente cubre la plaza de République en París. Lo que empezó como una idea improbable lanzada al vuelo –ocupar esta zona neurálgica de la capital francesa tras la jornada de huelga general del 31 de marzo y la primera gran manifestación contra la reforma laboral del gobierno socialista– es hoy una realidad tangible: cinco días consecutivos de asambleas cada vez más multitudinarias confirman la consolidación de la primavera indignada en Francia.

El lunes, miles de personas se reunieron en la asamblea general, que, como cada tarde desde el viernes, vertebra la vida del movimiento Nuit Debout (Noche en pie). Esta vez el encuentro contó con la participación de 'intermitentes del espectáculo' (trabadores discontinuos en el sector audiovisual y artístico), emigrantes y refugiados, y un numeroso grupo de jóvenes que preparaban la manifestación estudiantil del martes. Una gran marcha hasta la parisina plaza de la Bastilla, bloqueos internos en las universidades y externos en algunas estaciones de trenes, además de una movilización de agricultores en tractores, son las principales actividades preparadas para esta jornada.

Nacido con vocación de hacer converger las luchas sociales de toda Francia, el movimiento va poco a poco sumando apoyos en diversos sectores del país y también fuera de las fronteras francesas, con un papel destacado para el 15M español, que ha creado una red específica para acompañarlo en sus primeros pasos.

“Los organizadores solo tenían prevista la primera noche. No se creían que esto pudiera ocurrir, que el movimiento pudiera eclosionar”, opina Emma, veterana del 15M, que no se lo pensó dos veces y viajó a París, donde ya había vivido, para ayudar con la organización en los días previos al 31 de marzo.

Ni la lluvia ni el frio de los primeros tres días lograron mermar la ilusión. De forma progresiva desde el jueves, cada tarde más y más personas han acudido a la cita diaria en esta plaza, centro neurálgico de la protesta en la capital francesa. Así como la intensa lluvia del sábado dio paso a un domingo cálido y soleado, el movimiento de Nuit Debout (Noche en pie) en París vio la luz de una organización cada día un poco más fuerte.

A pesar de que la afluencia de público ha sido intensa, las dudas sobre la continuidad del movimiento acechaban cada mañana cuando la policía evacuaba a los indignados, obligándoles a desmontar las carpas que sirven de referencia para las distintas comisiones, así como la enfermería, la cocina, el punto de recepción e información y el de prensa. El momento de máxima tensión se vivió el viernes por la noche, cuando un grupo de extrema derecha irrumpió en la plaza, aunque finalmente no se produjo ningún incidente grave.

Tanto el sábado como el domingo por la mañana apenas quedaban vestigios de lo ocurrido la noche anterior. Skaters patinando, familias paseando y turistas fotografiando el santuario en que se ha convertido la estatua de Marianne, en la que hoy se homenajea a las víctimas de los ataques contra Charlie Hebdo y las de los atentados del 13 de noviembre, no hacían prever que al caer la tarde, sin prisa pero sin pausa, la agitación empezaría a adueñarse de nuevo de esta céntrica plaza, en la que la asamblea diaria de las seis sirve como llamamiento a la reunificación.

'34 de marzo', el domingo soleado en el que la indignación llegó para quedarse

Tras las animadas jornadas del jueves, viernes y sábado, rebautizadas en el calendario indignado como 31 de marzo, 32 de marzo y 33 de marzo, la multitudinaria asamblea general del domingo 3 de abril (o 34 de marzo), logró cristalizar el nuevo espíritu reivindicativo. En ella, entre 2.000 y 3.000 personas se pronunciaron sobre los objetivos, los protocolos de acción y el futuro de este proyecto, que pretende ser una alternativa contra las políticas de recortes, tanto en el ámbito presupuestario como en el de los derechos.

“Hay que escribir una nueva Constitución en Francia: frente a la actual Constitución de la República burguesa, la de la República Social”, aseveró durante su intervención el economista Frédéric Lordon, cuyo discurso va perfilándose en cierta forma como vertebrador de la ideología de esta primavera francesa.

Las redes sociales también se están contagiando del espíritu de la plaza: además de los más de 2.000 asistentes presenciales, se estima que otras 80.000 personas siguieron la asamblea el domingo en directo a través de la retransmisión web en video.

Una de las preocupaciones acuciantes era la falta de diversidad entre la gente que integra el proyecto: los primeros días, la plaza de la République estuvo ocupada principalmente por estudiantes universitarios, jóvenes y blancos de clase media. “Tenemos que atraer a quienes también componen la sociedad francesa y no están aquí: agricultores, obreros de las fábricas, taxistas y a la población negra y árabe”, reclamaba un interviniente en una de las asambleas.

El panorama del domingo había ganado en matices: personas de todas las edades, colores y condiciones sociales se sentaban unos junto a otros en un cuarto día de movimiento en el que la gente ya manejaba con soltura los gestos asamblearios. Entre otras propuestas, miles de manos se alzaron al aire para votar a favor de que el movimiento apoyase directamente la causa LGBT, así como a los refugiados y migrantes, creando dos nuevas comisiones para atender a estos dos asuntos. El impulso ha servido para que la voluntad de acción se contagie a la periferia de la capital gala y se ponga en marcha el movimiento adyacente 'Banlieues Debout', (“Suburbios en pie”, en español), que gravita principalmente en torno a Créteil, barrio periférico al sur de París.

El eco de la indignación resuena también en otros rincones del país y una treintena de ciudades de toda la geografía francesa, como Lille, Estrasburgo, Burdeos, Lyon o Toulouse han establecido sus propias acampadas y asambleas en sus plazas más simbólicas.

El movimiento en París pivota ahora sobre una decena de comisiones, entre las que figuran las dos anteriormente citadas de LGTB y migraciones, así como la comisión de Acción, Logística, Internacional o moderación y democracia.

Adrien, perteneciente a esta última, se siente “simplemente feliz” por lo que está ocurriendo. “A veces me frustra la lentitud con la que avanzamos, pero ver a tanta gente, que no pertenece a ningún partido o sindicato, debatiendo junta, me produce una gran esperanza”.

La iniciativa de una universidad popular que ya circulaba por París, llego también para quedarse en la plaza de la République, donde el sábado tuvo lugar la primera clase de sociología. Junto a la carpa de la comisión LGBT, que alberga un grupo de trabajo concreto sobre feminismos, se instaló también una zona con materiales lúdicos para animar los talleres de escritura y pintura para pequeños y mayores. También se propuso la creación de un servicio de guardería para que los padres puedan participar activamente en los debates y votaciones.

Pablo, español que participó en el 15M y que también se ha subido al carro de los indignados franceses mostraba su admiración: “He conversado mucho con mis compañeros de comisión y ninguno ha militado jamás en nada antes: ninguno. Sin embargo, están trabajando como locos desde hace dos días, y cuando nos tomamos un descanso discuten de política con una entrega y una pasión que me sorprende”.

Una agenda cargada

Después de un intenso fin de semana, uno de los principales consensos en la asamblea dominical para mantener vivo el movimiento fue ocupar la plaza todos los días entre las cinco de la tarde y la medianoche.

“Veo bien que no se queden a dormir porque eso agota las fuerzas. Si pueden mantener las asambleas, si pueden tener ese debate politico en la plaza, yo los veo como un movimiento súper potente”, consideraba Emma, que ha estado ayudando principalmente con las redes sociales. “Se están organizando y se están conectando. Están tejiendo una red. Tiene que quedar una estructura y tienen que empoderarse”.

Esta por ver si el recién destapado caso de corrupción de los 'Papeles de Panamá' puede ser un nuevo impulso para la indignación. El caso afecta al menos a un millar de franceses y todo apunta a que uno de los grandes partidos franceses podría estar implicado. De confirmarse los rumores de que se trata del Frente Nacional, la exclusiva mundial podría suponer un revés para la extrema derecha que estaba ganando terreno en una Francia descontenta que comienza a encontrar otras vías de escape y nuevas esperanzas.

Se disipan las dudas: la mecha de la indignación prende finalmente en Francia. A las seis de la mañana, antes de que la policía las expulsase por segunda noche consecutiva, cientos de personas seguían la madrugada de este sábado en la plaza de République, en el corazón de París, después de haber conseguido pasar su primera noche de protesta completa a la intemperie, bajo la emblemática estatua de Marianne.

Apenas unas horas antes, a las cinco de la tarde del viernes, la plaza estaba casi desierta. Las pocas personas que habían resistido desde el jueves por la noche o que habían regresado tras recargar fuerzas brevemente, se miraban con una mezcla de nerviosismo y expectación: ¿volvería la gente?

El jueves 31 de marzo, una huelga general contra la reforma laboral del gobierno socialista de François Hollande sacó a la calle a 1.200.000 personas en todo el país (según los organizadores; 390.000 personas, según la policía). Al calor de esta protesta, la plaza de la República en París se llenó de personas llegadas a la convocatoria La Nuit Débout, (La Noche en Pie), con la que sus organizadores pretendían reavivar la llama de la protesta en una Francia en la que el Frente Nacional no deja de subir en las encuestas, mientras los movimientos sociales llevan tiempo adormecidos y atomizados. Sus organizadores, un pequeño colectivo 'Convergence de Luttes' (Convergencia de luchas) de recentísima creación, pidió permiso para ocupar esta céntrica plaza durante tres días con una premisa simple: ocupar el espacio público y sentarse a discutir. Tras una noche de conciertos, proyecciones y debates que llegó a reunir a unas 4.000 personas, los primeros indignados fueron expulsados por la policía la mañana del viernes.

Resistir en la plaza

El ambiente tranquilo que reinó durante todo el día en République despertó las dudas sobre si el movimiento realmente tomaría impulso. Hacia las siete de la tarde del viernes, la primera asamblea general de este incipiente movimiento conseguía reunir a unas 300 personas de todas las edades; la segunda, hacia las nueve, ya congregaba a cerca de un millar.

“Jamás había visto una asamblea con tanta gente, en la calle, en un espacio público”, se asombraba Artur, de 26 años. “En Francia hace mucho que nos faltaba un contrapoder en la izquierda. Y es posible que la solución no esté en los partidos, ni siquiera en los sindicatos. Puede que la respuesta esté aquí”.

La conclusión tras las primeras discusiones: no hay metas concretas más allá de resistir, ocupar el espacio público y crear un lugar de debate donde puedan establecerse los objetivos de una movilización a más largo plazo en la que converjan luchas laborales, educativas, ecologistas, de migraciones o de acceso a la vivienda, entre otras.

Las primeras comisiones de Comunicación, Logística y Acción integran la incipiente organización de un proceso ciudadano de protesta, que está creando sus propios protocolos de actuación y sus códigos de comunicación, muchos de ellos inspirados en la estrategia del movimiento 15M. En la plaza van apareciendo una enfermería, puntos de reciclaje, un centro de información para prensa, libros, comida a precio libre.

“He visto eslóganes que me recordaban a la Puerta del Sol, es como un déjà vu de lo que pasó en España, pero creo que todavía es muy pronto para prever lo que ocurrirá aunque todo el mundo tiene ganas de que pase algo, de que haya un movimiento más fuerte como ha pasado en España o en Grecia”, cree Javier, español residente en París y miembro de Marea Granate, colectivo internacional de emigrantes españoles que decidió apoyar la movilización y organizar su propia asamblea el viernes en République.

“Hay muchos españoles que participamos en el 15M y que estamos aquí compartiendo nuestras experiencias”, cuenta Eva Lacalle, también española viviendo en París que considera que el Gobierno galo podría escudarse en el decretado estado de emergencia para disolver el movimiento, sin embargo ella considera que “aunque sea intermitente es positivo”.

En la plaza no ondean banderas de partidos ni destacan pancartas de organizaciones o sindicatos: quienes circulan por la plaza son individuos indignados, otros simplemente curiosos que se adhieren sobre la marcha a las asambleas o a los trabajos voluntarios. Augustín, fotógrafo de 20 años, llegó el viernes por la mañana tras atravesar medio París arrastrando un contenedor gigante con 20 kilos de pan. “No he venido solo por la ley del trabajo, estoy aquí por todo, por el estado de emergencia, por el sistema”.

Corinne, en la treintena, explica el cambio que cree se está operando en la plaza. “En Francia hay una gran tradición de manifestarse, pero después no ocurre nada. La gente está harta de marchar gritando qué es lo que no quiere. Ahora vamos a pararnos y hablar de lo que queremos”.

Otras ciudades de Francia, como Nantes, Toulouse o Marsella, también se adhirieron a la huelga contra la ley El Kohmri –que toma el nombre de la actual Ministra de Trabajo-, una reforma laboral que, bajo la premisa de dinamizar el mercado de trabajo, flexibilizará el sistema de contrataciones y despidos, y precarizará la situación de los trabajadores. Gerard Filoche, miembro de Attac y del sindicato de la CGT afirma que este proyecto de ley “es una bomba que pretende dinamitar un siglo de historia de Francia”. Gran parte de la población francesa se opone a esta medida.

Pese a ello, “la reforma laboral es solo la gota que colma el vaso, la gente se siente traicionada. El gobierno de François Hollande está poniendo en práctica el programa del Frente Nacional, desde el trato a los migrantes, pasando por el Estado de Urgencia o la idea de revocar la nacionalidad a los acusados de terrorismo. Incluso la izquierda caviar está decepcionada”, aseguraba Simón, un joven que se autodefine como trabajador precario.

A un año de las próximas elecciones generales en Francia, la gente quiere tomar partido en la política, cree Pierre, jubilado francés que observa las dinámicas de las asambleas sentado junto a su mujer en un banco de République rodeado de pancartas en cartones con mensajes reivindicativos. “Me emociona y me da esperanzas ver tanta gente joven aquí movilizada”, añade.

“Creo que se trata de un movimiento bastante heterogéneo pero llegaremos a un punto común”, dice emocionada Alaa, joven libanesa que lleva diez años en Francia. “Aquí hay una energía distinta, nueva”.

Pese a haber sido expulsados nuevamente de la plaza, esta noche volverán a République: la indignación ha llegado a Francia para quedarse.

“Creen que pueden doblegarnos, pero no lo conseguirán. Tenemos más fuerza que nunca y venceremos”. Fatou, marfileña de 42 años, lanzaba esas palabras proféticas, micrófono en mano, hace apenas tres semanas, en la enésima manifestación de los trabajadores del 57 Boulevard de Strasbourg, en París.

Hoy puede decirse que sí, que han vencido. El Ministerio y la Prefectura de Policía han cedido. Ha costado casi un año de protesta y ocho meses de huelga y ocupación en la peluquería en donde trabajaban, pero Fatou, junto a Aminata, Precious, Aïcha, Daniel, Ming, Nosa, Madamba y Guiyum recibirán este viernes sus permisos de trabajo, como ya lo hicieron antes el resto de sus compañeros. Eran los últimos nueve empleados en situación irregular de la peluquería 'New York Fashion', en el barrio parisino de Chateau d’Eau.

La lucha de un total de 18 emigrantes, la mayoría sin papeles, comenzó en mayo de 2014. Tras dos meses de sueldo atrasado en un lugar donde trabajaban en condiciones de semiesclavitud —según su testimonio— se pusieron de acuerdo y denunciaron a sus empleadores.

“Lo hicimos porque era una situación insoportable: trabajábamos en negro, sin horario, a veces 15 horas diarias, por 300 o 400 euros al mes”, recordaba hace unos días Aïcha, maliense con dos años de residencia en Francia, desde la peluquería ocupada cuando aún no sabía que habían ganado la batalla.

En junio del año pasado, con ayuda de un sindicato, los empleados lograron obtener contratos de trabajo, lo que abría la vía a su regularización, pero la alegría les duró un mes. En julio, el dueño echó el cierre alegando la quiebra del negocio, y la liquidación judicial dejó en papel mojado los derechos ganados.

Los trámites que habían iniciado para regularizar su situación no valían de nada: la llamada 'circular Valls' (por el actual jefe de gobierno francés, Manuel Valls, que antes ocupaba el cargo de ministro del Interior), exige al menos ocho meses trabajados en dos años para conseguir el permiso de residencia en Francia, y ellos solo tenían una nómina. En agosto, denunciaron de nuevo a sus empleadores, esta vez por “trata de seres humanos, trabajo encubierto y quiebra fraudulenta”, se declararon en huelga y ocuparon el salón de belleza.

El viaje de Precious

“Tomaron la iniciativa quienes menos tiempo llevaban en Francia, los más vulnerables, arriesgándose a ser expulsados en cualquier momento”, recuerda con admiración Marilyne Poulain, la sindicalista que hizo suya desde el principio la lucha de “los 18” (como se les conoce en Francia). Precious Semota fue una de las valientes que dieron el primer paso al frente.

Esta nigeriana solo tiene 29 años, pero en sus ojos brillantes se adivinan varias vidas. Llegó a la Gare de Lyon de París hace dos años, sin dinero, con un niño en cada mano y un tercero en camino. Dejaba atrás dos años de pesadilla en Italia, donde la habían obligado a prostituirse para pagar los 65.000 euros del billete Nigeria-Palermo con escala en Níger, Libia y el CIE de Lampedusa.

También dejó atrás a su marido, al que había encontrado en el viaje hacia Europa. “Los hombres a veces tienen miedo, somos las mujeres quienes tenemos que dar el paso. Si nos quedábamos en Italia no íbamos a sobrevivir. Así que agarré a mis hijos y vine a París”, relataba. Los primeros meses los pasó mendigando y los servicios sociales acabaron quitándole a dos de los niños. En otoño de 2013, su marido llegó a la capital francesa y la pareja consiguió recuperarlos. A Precious le habían ofrecido trabajo como peluquera en el barrio de Chateau d’Eau y esta vez todo iba a ir mejor.

Sistema esclavista en pleno París

Chateau d’Eau es un micromundo dentro de París. Entre el cruce de la calle del mismo nombre y el Boulevard Strasbourg se esparcen un centenar de peluquerías y salones de belleza de colores chillones y nombres sugerentes, intercalados con tiendas en las que se arreglan/venden/piratean teléfonos móviles, boutiques de gusto kitsch y algunos puestos de comida rápida. ¿La particularidad? El público y los comercios son casi exclusivamente africanos. En la puerta de las tiendas, decenas de chicos fuman y charlan, a la espera de clientela potencial a la que interpelar: “¿Trenzas? ¿Extensiones? ¿Alisamiento? Ven y te enseño mis precios”.

El barrio, una especie de meca de la belleza afro, esconde bajo la superficie multicolor un oscuro sistema de economía paralela y explotación laboral. El sindicato CGT calcula que unas 1.500 personas trabajan sin contrato en estas peluquerías. Como a los clientes, los salones captan a sus trabajadores en la calle, ofreciendo un empleo a quienes no tienen papeles, y por tanto, no pueden protestar. Así lo hicieron con Precious.

“Nos separaban según nuestra lengua materna: los chinos en la planta de arriba, los africanos francófonos en la planta baja y los nigerianos en el sótano. No nos dejaban hablar entre nosotros para que no intercambiáramos información y trataban crear rivalidades para dividirnos”, explicaba la mujer hace unos días.

En el local, a medio desmantelar, un colchón para hacer la guardia de noche, artículos de prensa sobre su lucha cubriendo los espejos y las paredes rosa chicle, algún póster medio despegado con modelos de complejos peinados y un gran cartel presidiendo la sala: “Los 18 del 57 resisten”.

Allí quedan jornadas de sol a sol, en un ambiente insalubre, sin ventilación, con salarios de miseria y la amenaza permanente de una llamada a la policía ante la mínima protesta. “Un sistema mafioso y esclavista en pleno París”, resumía Precious.

“No volveremos por aquí”

Tras la denuncia por trata de seres humanos, hubo varios controles en el local. La inspección de trabajo llegó a enumerar más de una decena de infracciones por parte de los dueños (también en otras peluquerías) y les dio la razón en su denuncia: “Aprovechando su vulnerabilidad, los gerentes han hecho trabajar a estos empleados en condiciones incompatibles con la dignidad humana”, afirmaba la entidad en una carta el pasado octubre.

La sindicalista Marilyne Poulain sabe que el de los huelguistas no es un caso aislado. El barrio “lleva años funcionando así, pero parece que a nadie le importa”, lamenta, con la rabia añadida de sospechar una cierta connivencia policial. “Misteriosamente, cuando hay inspecciones laborales, en el salón de turno están las dos únicas personas que sí tienen contrato. Da la impresión de que las autoridades se desentienden porque, al fin y al cabo, son solo negros explotando a negros”.

Los trabajadores del 57 han recibido amenazas en estos meses pero, dicen, les ha dolido más el silencio de quienes se encuentran en su misma situación. El apoyo de un colectivo de cineastas, de varias organizaciones y el amplio eco mediático de su caso no han invitado a otros a levantar la voz y en Chateau d’Eau se han visto totalmente aislados. “Tienen miedo, es lógico. Cada uno tiene sus motivos”, aseguraba comprensiva otra de las peluqueras en huelga, Mariam, marfileña.

“El caso de estos emigrantes es una excepción”, confirma Poulain. “Se atrevieron a denunciar, se enfrentaron directamente a los patrones”. La sindicalista duda de que otros vayan a seguir sus pasos, pero admite que pese la omertà generalizada, algo ha cambiado en el barrio. Las inspecciones han aumentado desde que los empleados del 57 empezaron su huega. Y las peluquerías empiezan a pagar más regularmente para evitar rebeliones.

El sábado hubo celebración en el local ocupado, donde han seguido durmiendo hasta este lunes, por miedo a que alguien “de arriba” cambie de opinión. Pero en cuanto tengan sus papeles en la mano, “no volveremos por aquí”, aseguraba Precious, que ya sueña con su nueva vida.

Del escaparate del número 57 Boulevard de Strasbourg han desaparecido buena parte de las pegatinas y posters de la CGT que había pegados llamando a la resistencia. En su lugar, un gran cartel blanco con letras negras anuncia el cambio de ciclo con un simple “Se alquila”.