Mi padre con 93 años estuvo 35 días en una planta COVID de un hospital público de la Comunidad de Madrid. Las estadísticas y los análisis sobre la pandemia desde esa planta se entienden diferente. Tras tres cuatro semanas allí, nos avisaron para fuéramos a despedirnos. En la puerta del hospital se filtraba la entrada con un “¿a dónde va?”. Responder que a la tercera era un inmediato, “lo siento mucho. Tenga cuidado que se mete en la boca del lobo. Necesita una mascarilla de las buenas”. En el hall de la planta todo era silencio. Sólo estábamos los que veníamos a ver a los más graves. Había que esperar hasta que alguien del personal entrara o saliera para avisarle de que tenías que entrar. Después volver a esperar a que los sanitarios que estaban en permanente actividad, tuvieran un hueco para darte el EPI. En ese tiempo había silencio, cada uno andaba metido en su propio dolor. El dolor que hay detrás de la pandemia. Una mezcla de tristeza, incapacidad y espera sin esperanza. Me cuesta expresar la suma de sentimientos.

Mi madre quería –tenía que– entrar a despedirse. Han estado 60 años casados. Es una persona que no se vale por sí misma y necesitaba que entráramos con ella. “No tenemos EPIs para tantos”. Allí estaba otra mujer que venía a despedirse de su abuela. Una enfermera se puso a buscar en otras plantas y consiguió lo que pudo. Nos distribuimos los EPIs con la solidaridad que requería el momento y utilizamos nuestras propias mascarillas porque no encontró otras. Para el resto de la familia la despedida fue una video–llamada. Hubo un adiós y también un “voy a pelear hasta el final ”.

Mientras mi padre se moría, Tomás Díaz Ayuso, Luis Medina y Alberto Luceño estaban especulando con las mascarillas que necesitábamos. 

Durante dos años presidí la Comisión de Endeudamiento de la Asamblea de Madrid. Allí se puso de manifiesto el sobrecoste de 2.700 millones de euros de los hospitales hipoteca de Esperanza Aguirre, los 700 millones de sobrecoste de los peajes sombra de la M45 que ahora reconoce el Tribunal de Cuentas o los de la Ciudad de la Justicia que sigue cerrada. Al final de la legislatura el Pleno de la Asamblea aprobó un informe que fue remitido a la Fiscalía Anticorrupción. No me cabe duda de que en Madrid hay un problema de corrupción institucional. Durante casi 30 años se ha generado una cultura política que ha permeado en lo administrativo que facilita los sobrecostes, los negocios entre amigos y familiares y los proyectos sin sentido. Sin embargo, no parece tener impacto en la opinión pública.

¿Nos gusta que nos roben? ¿Por qué no reaccionamos? Con la distancia que da el tiempo, y no estar ya en política, me parece que señalar exclusivamente la corrupción institucional tiene dos problemas. El primero es la dimensión. Cantidades con tantos ceros que se nos hacen inabarcables. Cuando nos hablan de miles de millones no nos hacemos idea. La segunda es la despersonalización. Detrás del derroche y la corrupción está la cultura de gestión del PP, pero no hay una cara, una persona. La responsabilidad se diluye en el intangible de una marca.

El PP siempre ha sostenido que su corrupción es de casos aislados, manzanas podridas. Creo que no es verdad, que es una forma de hacer y la justicia les ha condenado por corrupción como entidad por tercera vez hace unos días. Pero no les falta razón con lo de fijarse en las personas. En la Comisión, sólo cuando abordamos lo que había ocurrido en el Canal de Isabel II desde otra perspectiva, hubo consecuencias. Era abarcable –21 millones en la compra de una empresa en Brasil– y detrás de la que había rostros. Dinero que se movía en bolsas de basura, que se podía ver. Terminó con el expresidente Ignacio González en la cárcel y la sociedad madrileña escandalizada. 

Esta vez estamos viendo las consecuencias de la corrupción institucional en una situación concreta, que hemos sufrido todos y cada uno de nosotros. Que nos ha hecho pasarlo mal. Sabemos, además, cuánto han ganado especulado con las mascarillas y las compras obscenas que han hecho a costa de nuestro dolor. Conocemos sus rostros. En realidad, no todos. El del hermano de Isabel Díaz Ayuso, no. Ese nos lo esconden. Igual ella, que en algún momento participó como diputada en los trabajos de la Comisión, hace la misma reflexión que yo. Por todo esto, creo que debemos abordar este asunto desde lo concreto, desde la experiencia y, por una vez, no hacer un análisis estructural –que ya está hecho–.

Mi padre, como nos dijo, gastó todas sus energías en salir del hospital. Falleció una semana después en casa. Pero pudo despedirse de todos nosotros y morir donde y como quería. La vida le concedió que así fuera y a mi estar con él en el último momento. Pertenecía a esa generación con una fuerza de voluntad férrea que hace las cosas sin ruido. La generación que se ha llevado la pandemia; a la que se dejó a su suerte en muchas residencias de Madrid.

Ahora sé, que mientras él usaba sus dos manos para aferrarse a la vida, había gente que usaba las suyas para enriquecerse. Elevando los costes de mascarillas de baja calidad y cobrando comisiones indecentes en una situación de vida o muerte. Que mientras la angustia se acumulaba en las puertas de la unidad COVID para tener un EPI y poder entrar a cuidar a los nuestros o despedirnos, alguien hacía dinero sobre nuestro dolor. A mi dolor se ha sumado últimamente mucha rabia.

No dejemos pasar lo que ha ocurrido. No sé si es ilegal –la Fiscalía Europea dirá–, pero es indigno. Tenemos que posicionarnos por justicia, por dignidad, por decencia. Porque no estamos ante una cuestión política, estamos ante una cuestión ética que nos ha afectado a todos y cada uno de nosotros. Porque hemos sufrido mucho. Los 100.000 españoles y españolas que han fallecido por el virus son tu hija, tu hermano, tu abuela, tu amigo y mi padre. Detrás de cada uno hay un dolor y una rabia como la que yo siento. Porque mis hijas, tu hijos, tus nietas y todos nosotros, nos merecemos algo mejor.  

Me pregunto cuántos de estos comisionistas, que llevan viviendo de sus relaciones durante treinta años, habrá. Me pregunto si en este momento alguno de ellos está pensando cómo hacer dinero con el sufrimiento de las familias ucranianas que huyen del horror. 

Algo tenemos que hacer.

La cumbre del G7 en Biarritz se ha celebrado mientras se quemaba la Amazonía. A pesar de la coincidencia apenas se ha hablado del cambio climático y los siete países más contaminantes del mundo no han sido capaces de ponerse de acuerdo en casi nada.

Estas cumbres dejan siempre un sabor extraño. El mismo que dejaban en los 90 las reuniones del Foro Social Mundial en Brasil o las decenas de contracumbres que se han producido desde entonces. Las decisiones se toman tan arriba, en un espacio tan inaccesible y poco definido, por intereses que están detrás de los líderes que aparecen en primera fila, que lo que genera en la gente común es impotencia.

El 15M significó muchas cosas, pero una de ellas fue el cambio de escala de la política. El poder pasó de estar en manos de estos grupos tan lejanos a poder tocarse. Pasamos de la globalización a la municipalización, a incidir en lo que se podía ver y era tangible. La corrupción pasó de ser un adjetivo abstracto a tener rostro y nombre en cada lugar. Los problemas se concretaron. No quiere decir que no haya un ámbito global, como nos recuerdan reuniones como las del G7, sino que el local, lo cercano, ha ganado protagonismo. Hoy sabemos que se pueden cambiar las cosas en lo cercano.

La crisis climática no está al margen de esta realidad. L@s jóvenes españoles se manifiestan los viernes para reclamar medidas que paren el cambio climático. La sociedad española ha puesto la sostenibilidad y el cuidado ambiental por encima del estricto lucro. Es capaz de consumir menos, moverse de otra manera con más esfuerzo, comer mejor o invertir más para gastar menos energía. El cálculo economicista ha sido superado por el valor de la conservación del planeta. Pero toda esta energía social no tiene una traducción concreta y choca con los resultados de las cumbres internacionales.

¿Qué hacer aquí mientras se quema la selva y se llega a un acuerdo internacional? Podríamos empezar por nuestras viviendas. En España la vivienda en propiedad es mayoritaria, mucho más que en otros países europeos, debido a las políticas públicas que el franquismo ejecutó en los años 60. Más allá de las razones de fondo de por qué lo hizo -da para varios libros- el caso es que ha marcado la importancia de la vivienda. Sobre ella se hacen los proyectos vitales y sobre ella han ido estallando las crisis económicas. Hoy es uno de los tres problemas de la sociedad española como indican las encuestas demoscópicas y de pobreza.

En España hay 25 millones de viviendas que podrían ser unidades de sostenibilidad si se cambiase la perspectiva sobre ellas. Es momento de hacer rehabilitaciones integrales: eficiencia energética, producción de energía distribuida, ascensores e instalaciones como puntos de carga eléctricos, aparcamientos de bicicletas o espacios para la separación de residuos, es decir, tener una mirada global y una política pública única. Hoy la mirada es parcial, en un ministerio está la energía, en otro la rehabilitación, en otro la movilidad y los mayores solos, que no pueden bajar a la calle por falta de ascensores, en otro. Se trata de mirar al hogar al completo y hacer política que asegure una rehabilitación (vitalmente) sostenible de una sola vez. El resultado es un edificio que produce su energía, no la malgasta, se relaciona con su entorno y lucha el cambio climático. El resultado es más empleo, reducción de la pobreza energética y mejora de la calidad de vida. Sobre este planteamiento se pueden implementar las políticas de acceso a la vivienda que son imprescindibles hoy.

Basta pasear por las ciudades y pueblos para ver que se ha incrementado el número de casas que hacen rehabilitación, aunque sin un criterio común. Y no con dinero público, sino de personas que invierten sus ahorros en mejorar sus viviendas. Este cambio no se sostiene sobre fondos públicos, sino sobre la acumulación que se ha producido en las cuatro últimas décadas. La financiación está -es particular y hay fondos europeos-, la tecnología también y hay sentir social en esta dirección, pero falta una política pública que lo empuje.

En el debate de investidura se planteó rehabilitar 100.000 viviendas anuales. A ese ritmo tardaremos 250 años en tener casas sostenibles. Con esta nueva perspectiva deberíamos hacerlo en 25 y conseguiríamos meter la Agenda 2030 contra el cambio climático en cada una de nuestras casas ¿es posible generar un objetivo común como país para mejorar el planeta desde el cambio de nuestras viviendas? Las condiciones se dan y está al alcance de nuestras manos.

La crisis del 2008 no es simplemente un bache económico, es un cambio en las bases que mueven el mundo. En apenas diez años han variado las prioridades y los problemas. La crisis climática en 2008 apenas era un rumor, hoy es un grito. En estos diez años también ha cambiado la estructura política, el bipartidismo no volverá. Lo que queda pendiente es el cambio de políticas públicas para la nueva agenda y en el nuevo contexto político. Es posible que la conformación del nuevo gobierno tenga que ver con saber estructurarlo para otra realidad. El cambio político ha sido tan intenso que apenas ha dado tiempo a pensar en esta nueva fase que comienza, donde las políticas públicas van a ser centrales. Es posible que a la hora de pensar un nuevo gobierno hubiera que mirar algunos problemas desde otra perspectiva y con nuevos parámetros. La conformación del gobierno no es un juego de poder, debe ser sobre todo un ejercicio de futuro. La vivienda desde esta mirada global necesita un impulso político.

Mientras resolvemos la situación de la Amazonía -hay que hacerlo- y esperamos la próxima cumbre del G7, podríamos hacer mucho de nuestra parte desde casa.

Las cubiertas de nuestros edificios nunca han sido lugares amables, más bien fuente de problemas –goteras, amianto…–, o simplemente espacio para las aves, no han tenido especial valor, hasta hoy. Ahora son el lugar en el que instalar las placas solares que generarán la electricidad y el agua caliente que pueden hacer nuestras viviendas energéticamente autosuficientes.

La sentencia del Tribunal Constitucional que eliminaba del impuesto al sol (RD 900/2015) los artículos que dificultaban el autoconsumo y la derogación del Reglamento terminan con la lógica de prohibición que el gobierno del PP implantó durante unos años, ahora hay que legislar en positivo, para fomentarlo. Centrémonos en la energía doméstica ¿cómo será la energía de nuestras casas? La imagen es un edificio que tiene la cubierta repleta de paneles que producen energía en conjunto y que es distribuida al interno por una microrred propia que tiene un contador en cada vivienda. Se produce en común y se consume individualmente. Hacía el exterior hay un solo contador que engancha al edificio con la red en la que se intercambia la energía, los excedentes y las necesidades, se produce el balance neto.

Puede ser un edificio, una manzana o una urbanización, en realidad es una unidad de producción y consumo de energía que tiende a ser autosuficiente. Más, cuanto más grande es y si se ha sumado a los proyectos de rehabilitación integral que mejoran su eficiencia energética. Con menos consumo –más eficiencia– es más sencillo que la autoproducción sea suficiente.

Que esta imagen sea real necesita un planteamiento nuevo y un cambio legislativo en dos direcciones. Una para permitir que los edificios puedan tener microredes y, por tanto, un solo punto de conexión a la red, un solo contador. La otra para proteger como espacio común las cubiertas, en la misma lógica que se hace con el suelo. La Ley del Suelo define cómo usar éste y el papel de la Administración como garante de un uso compatible con el bien común. Así hay que legislar sobre los tejados, que sean lugar común de las comunidades, con reconocimiento de su función social protegiendo su capacidad de producir para todos y todas, y que no se pueda especular con ellos.

La energía eléctrica ha alcanzado en septiembre su precio más caro de la historia. Ha subido un 11% en el último año, siete veces más que los salarios desde que comenzó la crisis hace diez. Esta situación empobrece a las familias, en especial a una de cada diez que se encuentra ya en pobreza energética. La propuesta que hacemos permitiría en diez años sacar casi al completo el consumo de energía doméstico de los gastos familiares, acceder a él en propiedad. Para unas familias sería un aumento de la renta de un 4% que son los costes energéticos de un hogar, para otras salir de la pobreza energética establemente, sin necesidad de bonos sociales, una eliminación de la desigualdad estructural.

Hoy en la Asamblea de Madrid se debate una Proposición No de Ley en este sentido, es el punto de partida para una serie de leyes que regulen en positivo el acceso a la energía en nuestras casas. Que debe ir acompañado de sistemas de apoyo, ayudas y créditos, de facilidades para que así sea.

Ya no hay duda de que las energías renovables son el futuro, que vamos a tener paneles en nuestros tejados, la duda es si van a ser derechos que compren y con los que puedan especular los fondos de inversión o espacios de producción de las comunidades que las hagan autosuficientes. Por una vez, vamos a empezar con urgencia la casa por el tejado.

Durante los casi tres años que Cristina Cifuentes ha sido presidenta de la Comunidad de Madrid han aparecido casos de corrupción como Lezo, se han caído los techos de muchos hospitales, no se han hecho colegios y se ha aumentado en 5.000 millones de euros la deuda de la región. Su gestión no ha sido buena y el permanente intento de separarse del PP de Esperanza Aguirre, de tener mejor imagen, infructuoso. Sin embargo, esta parálisis, esta gestión del agotamiento de un proyecto que ha dejado sin aliento a Madrid no parecía pasarle factura ¿qué ha cambiado? ¿Por qué un tema aparentemente pequeño va a conseguir sacarla de la política?

Ha cambiado la escala, la cercanía que da acceso a la puerta del entendimiento. La corrupción, el despilfarro son términos abstractos que apenas generan alguna imagen mental; no están pasados por la experiencia. Falsificar las notas tiene forma, es tangible, imaginable. Una de mis tareas es presidir la Comisión de Endeudamiento de la Asamblea de Madrid. En este momento estamos investigando el caso del Metro Ligero, una obra que va a costar 4.200 millones de euros, cuyo informe de viabilidad –que debe ser previo- se redactó después de asignar los contratos. Ni siquiera tiene fecha, ni entrada en el registro. Es casi lo mismo que el acta por la que se aprueba el máster. Sin embargo, al hablar de 4.200 millones o de informe de viabilidad pocos se hacen idea de la magnitud de lo que hablamos. Esas cantidades y ese tecnicismo no resuena en ninguna experiencia personal. Cuando hablamos de una matrícula de 1.500 euros y de falsificar las notas, la imagen es inmediata. La indignación es inmediata.

El caso “máster” ha permitido entender en la escala de lo cotidiano una forma de hacer política y ha instalado dos ideas en el imaginario:

En la pequeña escala la política se ha hecho comprensible. El PP ha gestionado la región como si las instituciones fueran suyas, estuvieran a su servicio político y personal; ahora se entiende mejor. La escala es un elemento relevante, de hecho el PP ha hecho una administración capaz de movilizarse rápidamente para hacer una nueva radial o un macro hospital, pero incapaz de arreglar con celeridad el techo de un hospital, el patio de un colegio o dar las ayudas para que no corten la luz.

A la percepción de la opinión pública hay que añadir que la comparecencia de Cristina Cifuentes en pleno fue un ejercicio de cinismo que no se veía en la Asamblea de Madrid en años. Informaciones incorrectas, medias verdades, silencios voluntarios. La comparación entre las explicaciones difusas y el rigor que han manejado los medios de comunicación, sólo sirvieron para hacer más patente el cinismo. Más allá de los datos, mirando las formas, las ideas, la actitud, es decir, lo que queda comunicativamente tras un Pleno y la posterior rueda de prensa fue un “si… y ¿qué?”. Cifuentes sacó la Esperanza Aguirre que lleva dentro. Sacó las formas políticas que su partido ha construido durante sus mayorías absolutas.

Un hecho aparentemente pequeño, ha conseguido de manera sencilla mostrar el estado político del gobierno y de la cultura que el PP ha creado en Madrid. Lo cercano ha permitido entender lo global. Y hablando de lo cercano, en las distancias cortas, en las comisiones, en el trabajo parlamentario, en el contacto con muchos y muchas funcionarias, sabemos todo esto. Donde se está despilfarrando y a quien, como de agotadas las instituciones y como la función pública pide un cambio y los agentes sociales un proyecto.

Es urgente terminar con este régimen que durante casi tres décadas ha funcionado en la Comunidad de Madrid. Abrir las ventanas, que entre aire, que podamos llegar a unas elecciones limpias, donde ningún partido acuda “dopado” –las primeras en muchos años-. Y esta es una oportunidad para hacerlo. Esto va de Madrid y su gente, no de cálculos electorales e intereses particulares.

Con esta comparación abrió un turno de palabra en el Pleno de la Asamblea de Madrid el Consejero de Políticas sociales y Familia del Partido Popular, Carlos Izquierdo, hace tres semanas. Al día siguiente pedimos su reprobación, que será efectiva hoy. Podría pensarse que es exagerada una acción así por un exceso verbal, y sería cierto si no fuera por su desempeño en los dos últimos años.

En este tiempo ha conseguido estar en los medios recurrentemente por su mala gestión. Porque ha sido incapaz de esconder la degradación que sufren las residencias de mayores desde hace años -los familiares se han cansado y se han organizado-. Porque no ha sido capaz de tapar que los menores no acompañados duermen en las calles desatendidos por la falta de recursos en los centros de acogida. Porque se ha sabido que en el año 2017 en Madrid el número de mujeres asesinadas por violencia machista se incrementó un 400% pero fue incapaz de gastar el 30% de del presupuesto que disponía para prevenirlo; sin embargo, se hicieron recortes en la Red de Centros que tenían que acoger a las víctimas, precarizando las condiciones laborales de las trabajadoras que los atienden. Incompresible aplicar austeridad en un problema de este calado, especialmente teniendo fondos para abordarlo.

La última portada se la ha llevado por ser incapaz de gestionar la subvención del IRPF de las ONGs madrileñas, dejando a muchas sin ayudas. Han sido de cierres de proyectos, personas que se han quedado sin cuidar, despidos. Tal ha sido el malestar que ha tenido que cambiar la decisión y ampliar la resolución. Y se podría seguir con el aumento de la lista de espera para las ayudas a la dependencia, el endurecimiento de las condiciones para acceder a la Renta Mínima de Inserción, tener bloqueadas las ayudas contra la pobreza energética,…

Tapar, esconder, ocultar, en lugar de resolver, invertir o gestionar. Es aquí donde está la cuestión, en cómo entiende el ejercicio de la política. Carlos Izquierdo es ejemplo claro de una forma política que se ha instalado durante años en las administraciones. Persona de “partido” que lleva ocupando cargos institucionales más de veinte años. Ha sido de todo, desde concejal a tesorero del PP. Conocer la realidad no forma parte de lo que entiende necesario para hacer política. Se trata más bien de un ejercicio de esgrima cuyo fin es mantener la imagen para mantener el poder. El único objetivo, el electoral. La comunicación, por encima de la gestión real. Tres ejemplos son clarificadores:

Todo esto pasa en comunidad autónoma más rica –con mayor PIB- y también la más desigual, donde más está creciendo la pobreza. En una situación así, poner a la gente que peor lo está pasando en el eje de la actuación es un deber. En una situación así, el juego político es indolencia.

Entendemos que hay distintas escalas para priorizar los problemas, diferentes planteamientos ideológicos; pero aquí estamos hablando de incapacidad e incompetencia para resolver problemas que están haciendo sufrir a un millón y medio de personas.

Desde que se aprobó el Estatuto de Autonomía en 1983 sólo se ha reprobado a dos Consejeros y ambos han sido en esta legislatura. El anterior fue Jesús Sánchez-Martos, Consejero de Sanidad, y las razones fueron exactamente las mismas.

Al Consejero le parece que hay niños “normales” y niños “pobres”. Lo que no es normal es ejercer así la política; lo que no es normal es que se extienda la pobreza en la región más rica; no es normal.

El Ayuntamiento de Madrid no está intervenido. En realidad, el Ministerio de Hacienda le ha pedido al Ayuntamiento que le envíe un Plan Económico y Financiero (PEF) porque los tres anteriores no fueron de su agrado, le ha dado un plazo para hacerlo, le ha pedido que consigne una cantidad –ya lo ha hecho- que es la que calcula el Ministerio que es lo que se sobrepasa de la regla de gasto y que le explique sus movimientos. No hay intervención y su situación es parecida a la que tenía el año pasado. En este contexto no es fácil entender el revuelo y la campaña de comunicación que ha montado el Sr. Montoro sobre este asunto, salvo que tenga intencionalidad política. Hay que preguntarse por qué. 

¿Qué está en disputa? La solvencia. Cuando las candidaturas del cambio accedieron a los ayuntamientos lo hicieron con la bandera de acabar con el despilfarro y la deuda. Después de dos años en esos ayuntamientos el problema es la tesorería; que el Ministerio no les deja gastar lo ahorrado por su buena gestión. En muy poco tiempo los ayuntamientos han sido capaces de gastar y de recaudar mejor y, por tanto, de reducir la deuda.  Manuela Carmena ha conseguido un superávit anual de mil millones, ha reducido la deuda un 40% y ha aumentado las inversiones en un 70%. Igual ha pasado en Barcelona, Cádiz o Valencia; y en Alpedrete, San Fernando de Henares o Pedrezuela. Así hasta casi ochocientos consistorios. Para hacerlo no se han aplicado grandes teorías económicas; ha bastado algo de sentido común y honradez: pedir tres presupuestos para ajustar los precios y ampliar el número de empresa que concurren. No es cuestión de nombres, sino de la forma de gobernar. 

¿Dónde está el problema? En la comparación. El gobierno de Rajoy lleva años sin cumplir sus previsiones y gestionando mal, pero no se notaba hasta que ha habido posibilidad de comparar. El caso de Madrid es claro, mientras Manuela Carmena disminuye la deuda, Cristina Cifuentes la ha hecho crecer en 5.500 millones de euros, más de un 20% desde que gobierna, además de incumplir con el objetivo de estabilidad. 

La comparación macro no la sostiene el PP y la micro, la que se percibe en la calle, tampoco. En Madrid, frente a colegios que no se terminan a tiempo, el Ayuntamiento construye centros infantiles; frente a una contratación en cultura a dedo del 75%, una contratación pública de libre concurrencia del 80% en el Ayuntamiento. La cuestión de fondo es que el Partido Popular tiene una propuesta política y de gestión pensada para hacer grandes y costosas infraestructuras: autopistas radiales, trenes de alta velocidad o aeropuertos –de aquí vienen sus problemas con la corrupción- y los tiempos y la vida cotidiana lo que requieren es mejorar los trenes de cercanías, la eficiencia energética de los edificios y el arreglo de centros escolares.  Y esto, no saben o no quieren hacerlo. 

¿Por qué al Ayuntamiento de Madrid? Por Manuela Carmena. La alcaldesa es la referencia de la buena gestión de los municipios en la agenda nacional. Y si cala que los municipios están gobernando bien, significa que también se podría extender el buen gobierno a Comunidades Autónomas y Gobierno central. Al PP le conviene mantener la dialéctica estrecha en el que el eje izquierda-derecha equivale a utopía-gestión; cuando los ayuntamientos del cambio introducen el eje arriba-abajo y además demuestran una mejor gestión, el panorama cambia demasiado. Si al PP imputado como partido, invadido de corrupción y con una propuesta política que aumenta la desigualdad y la incertidumbre, se le cae el mito de “gestor”, no le queda nada. De ahí su obsesión con Manuela Carmena. 

Es casi seguro que el gobierno central y el Sr. Montoro van a seguir intentando asfixiar a los ayuntamientos e instalando la idea de que no cumplen las normas frente al partido que alimenta los sumarios judiciales. Les va el poder en ello y por eso no dejarán de usar ni una sola de las herramientas del estado para eliminar la competencia “desleal” que les supone una gestión eficaz y responsable que gobierna para los ciudadanos. No hemos venido a saltarnos las normas, sino a cambiarlas.

El dolor inesperado produce miedo y el miedo paraliza. Empezamos a salir poco a poco de la parálisis en que nos han sumergido los atentados de Barcelona y es momento de analizar lo que nos ha pasado; es momento de pensar.

Estamos ante un asunto muy complejo en el que se mezclan cuestiones que van de lo local a lo internacional, desde la integración hasta los intereses empresariales españoles en algunos países árabes. Muy complejo, por lo que es más necesario aún analizarlo globalmente y desde la perspectiva de lo que se puede hacer realmente.

 El 11M fue un atentado perpetrado por extranjeros; ahora estamos ante un atentado yihadista cuyos responsables han crecido en nuestro país. Es lo habitual en Francia o en Reino Unido, que tienen modelos de integración e identitarios diferentes entre sí y diferentes al nuestro, pero no aquí. ¿Cuál es la razón? ¿Qué pasa por la cabeza de unos chicos que están aparentemente integrados? ¿Dónde perdieron el futuro?

Durante casi ocho años trabajé en la fundación pública Pluralismo y Convivencia, cuyo objeto es asegurar el ejercicio de la libertad religiosa a las confesiones minoritarias. Estuve esos años muy cerca de la realidad de la comunidad musulmana española. Más de un millón de musulmanes y musulmanas —más de un tercio de ellos españoles— no lo están teniendo fácil para normalizar su religión. Cuestiones que parecen normales como enterrarse en un cementerio público por su rito —reconocido por ley— o abrir un centro de culto siguen siendo muy difíciles.

Lo que es imposible es disponer de un imán formado en España. En una comunidad musulmana la autoridad la tiene el presidente y la junta directiva, el imán es un contratado que no suele pasar muchos años en el mismo lugar y que es habitualmente despedido cuando su prédica no gusta por radical —eso no va a pasar con el sacerdote católico de Madrid que ha echado la culpa de los atentados a Ada Colau. El problema es que cuando se busca un imán, éste se ha formado en Marruecos, Egipto o Arabia Saudí, porque aquí no hay como estudiar. Hay decenas de facultades de teología católica, pero ninguna islámica. Y esto es un problema. La religión genera dinámicas culturales —celebraciones, arte…— pero es diferente cultura que religión. Un imán formado en el Golfo trae dinámicas culturales que no son religiosas, pero que al final transmite.

¿Por qué no se ha normalizado? Aquí hay tres escollos importantes. El primero: Arabia Saudí, que financia mezquitas, imanes y sobre todos los libros de teología —traducciones de libros saudíes— cuyo objetivo es extender su visión rigorista del Islam. Sirva como ejemplo que el gobierno de Kuwait no deja importar libros de religión saudíes porque le parecen extremistas. El gobierno español lo sabe pero en la otra parte de la balanza están las armas que compran, el AVE de Meca a Medina y la licitación del metro de Riad; unas decenas de miles de millones euros para empresas españolas —algunas que aparecen en los sumarios de las tramas de corrupción del PP. En esa balanza ha ganado el dinero y no la normalización.

El segundo es Marruecos, que intenta no perder el control de sus emigrados porque piensa que de fuera les vendrá el cambio. Para esto intentan mantener su identidad, de manera que los hijos nietos y bisnietos de marroquíes sigan manteniendo la identidad del que emigró y no la del país del que han nacido. Eso deja a muchos hombres y mujeres en un limbo identitario, sin saber de donde son y eso es un problema. Escucho que los atentados han sido contra nuestra forma de vida, pero es la misma que la que tenían los que los han realizado. Llama la atención que en la prensa marroquí estos días se esté reclamando de nuevo el control de los imanes en España para que el discurso sea moderado. En este caso la cuestión no es de discurso, sino de identidad. Este camino lleva a segundas y terceras generaciones —que son españoles— a no saber de donde son, cuál es su casa, donde van a desarrollar su proyecto vital. Cuando esto ocurre, las identidades se buscan fuera de la realidad, muchas veces vía internet. El gobierno español lo sabe, pero en el otro plato de la balanza tiene la pesca, los intereses de las empresas españolas y las pateras. De nuevo pierde la normalización.

El tercero es el propio gobierno, que en lugar de dar pasos para normalizar el islam español, se ha dedicado a presionar a la Comisión Islámica de España mediante decretos —algunos con informe negativo del Consejo de Estado— para controlarla y recortando al extremo el dinero y los esfuerzos destinados a  la integración de las comunidades y a dar transparencia al ejercicio de la libertad religiosa. Porque no hay nada que ejerza más control que la transparencia —en esto y en todo. 

Hay un camino de integración por hacer que debe ir en paralelo, pero conectado con la seguridad y la política internacional. Aún así siempre habrá un riesgo que tiene que ver con la condición humana, la personalidad, la situación económica, la afectiva… y esto es muy relevante y poco controlable.

Se ha puesto de nuevo en la agenda la necesidad de la unidad y de reactivar el pacto antiterrorista. La cuestión de fondo es cómo. Porque el que lo propone es el gobierno que mira para otro lado ante la realidad de los musulmanes españoles, que ha reducido el trabajo de normalización que se había puesto en marcha, que usa la situación como táctica política contra el nacionalismo o los municipios del cambio. Recordemos que los únicos resultados de este pacto hasta ahora han sido encarcelar a algunos tuiteros y señalar al que no se suma incondicionalmente. Hoy más que nunca es necesario abordar el terrorismo con profundidad y seriedad, desde un análisis exhaustivo y poniendo por delante la resolución del problema y no los intereses comerciales o políticos; actuando en lo que podemos hacer aquí y no en lo que deben hacer otros. El objetivo no puede ser repetir todos al unísono “unidad”.

Pasos para un pacto real serían acoger a los refugiados que han sufrido en sus países el horror que vivimos ahora o empezar a generar políticas para la normalización de los españoles musulmanes. Se trata de anteponer el bien común a otro tipo de intereses. Se trata de sacarnos el miedo que si se queda nos va a paralizar. Se trata de pensar.

Hay dos temas que han puesto a la Comunidad de Madrid en la agenda política en las últimas semanas: la operación Lezo, que ha confirmado quién es el Partido Popular madrileño, y la moción de censura. Ambos han terminado con el espejismo de que Cristina Cifuentes era la “cara de la regeneración”. Sólo hay un Partido Popular y funciona de la misma manera desde hace más de dos décadas.

Pero hay un tercer asunto que nos lleva acompañando varios meses: la sanidad. Todas las semanas por los medios conocemos un techo que se cae en algún quirófano, camas que se pagan de más, plantas de hospitales cerradas, compras irregulares, mala gestión...

Durante los últimos veinte años se ha ejecutado una política de privatización y precarización que ha ido desmontando el sistema de salud madrileño; nuevos hospitales privados que se conciertan mientras se despide a casi 5.000 trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública; siete nuevos hospitales propiedad de constructoras por el sistema “hipoteca” que dejan paradójicamente un menor número de camas que antes de hacerlos; y así podríamos seguir.

Mientras esto se producía, los diversos consejeros de sanidad madrileños fueron llenando la agenda de frivolidades que, si bien terminaban con ellos, permitían mantener el proceso de precarización sin alteración.

Manuel Lamela firmaba los contratos de los hospitales hipoteca mientras acusaba al Dr. Montes de hacer sedaciones indebidas. Mientras la luna se eclipsaba, todos miramos el dedo. Nadie recuerda el nombre de ningún consejero de los gobiernos de Aguirre, González o Cifuentes; sólo los que están imputados por corrupción o los de sanidad.

Lamela, Güemes o Lasquetty son conocidos por sus formas; Javier Rodríguez porque acusó a la enfermera que se infectó de ébola de mentir; y ahora Sánchez Martos por sus abanicos de papel para combatir los golpes de calor. Nos reímos, nos indignamos y todos acaban saliendo por la puerta de atrás. Pero el proceso de destrucción de la sanidad sigue con normalidad.

Esta semana el consejero de Sanidad está llamado a comparecer ante la Comisión de Endeudamiento de la Asamblea de Madrid. El objeto es el sistema de pago de los siete hospitales hipoteca. Una inversión de 640 millones de euros en siete edificios por un sistema de pago a treinta años por el cual se acabará pagando más de 3.000 millones de euros; cinco veces más.

Unos hospitales que a diez años de su inauguración en 2007 ya estarían pagados, pero sobre los que tenemos una hipoteca de veinte años más. El presupuesto de la Comunidad de Madrid recoge este año 102 millones de euros para ese canon; es decir, que nos quedan algo más de 2.000 millones todavía por pagar. ¿Qué se podría hacer con este dinero en la sanidad madrileña?

Por la Comisión de Endeudamiento han pasado en los últimos meses gerentes de hospitales, constructoras, concesionarias y ex altos cargos. A todos se les ha preguntado qué se paga realmente con ese canon y hasta el momento se dispone de cinco versiones distintas.

Así de opaco es el sistema; tiene esa oscuridad que facilita que se pierda el rastro del dinero. Esperanza Aguirre ideó el sistema, Cristina Cifuentes lo alimenta y las cuentas siguen sin salir. Los contratos son extremadamente lucrativos para las constructoras –casi la totalidad de las mismas en los sumarios de las tramas de corrupción– y ruinosos para la salud de los madrileños. Nos encontramos en el campo de la administración desleal, que es la prima hermana de la malversación de fondos.

Mientras seguimos pagando, nuestra conversación es el dobla-dobla de los abanicos. El Sr. Sanchez Martos tendrá que dimitir o será cesado por la presión política y social, pero vendrá alguien nuevo con la orden de mantener la privatización y de sacarse de la chistera algún conejo que nos distraiga.

La próxima vez que un consejero tenga una nueva frivolidad no hay que mirar el dedo, hay que mirar a su gestión: opaca y desleal. Porque nuestra salud y nuestro dinero han encontrado un nuevo sumidero en forma de canon y es el momento de resolverlo. Lo haremos con la política o con la justicia.

A medida que se van haciendo públicas las grabaciones del caso Lezo vamos entendiendo el tamaño y los modos de la corrupción del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. La cadena SER ha hecho pública una conversación entre Edmundo Rodríguez e Ignacio González en la que mostraban su preocupación por que “un tipo de Podemos” había visto en la memoria del Canal de Isabel II la compra irregular de la empresa EMISSAO en Brasil, que es el origen de la Operación Lezo. Este tipo se llama Eduardo Gutiérrez, es diputado de Podemos y portavoz de la Comisión de Endeudamiento en la Asamblea de Madrid.

Más allá del rubor que generan estas conversaciones, que dan medida de cómo se entiende la tarea de gobierno, son varias las ideas que subyacen.

La primera es que el caso Lezo no surge de la filtración de un documento secreto, sino de leer con detenimiento el balance de cuentas del Canal; es decir, en veintidós años de Gobierno en Madrid el Partido Popular ha incorporado tanto la cultura del despilfarro y la corrupción que ni siquiera se ha preocupado en esconderlo. La sensación de impunidad que trasluce ese balance es la misma que tenía Francisco Granados guardando dinero en el altillo o la empresa Arpegio pasando una factura de dieciséis millones de euros por actos de primeras piedras de obras inexistentes.

La segunda es que nadie se había percatado de esta compra fraudulenta. Ni el Consejo de Administración, ni la Intervención, ni la Cámara de Cuentas, ni la Fiscalía, ni los partidos de la oposición en ese momento. Hay que recordar que la compra de EMISSAO se hace en noviembre de 2013 por un valor de 21,5 millones de euros; un mes después, cuando se pone en el balance, sólo vale 10; en el balance del año siguiente sólo 5 y en el del 2015 aparece con valor negativo de 2 millones. ¿Cómo es posible que ninguno de los órganos de control de la administración haga su trabajo?

Una respuesta posible es, por ejemplo, que el presidente de la Cámara de cuentas –Arturo Canalda– fue gerente del Canal que entre 2001 y 2003, precisamente cuando se efectuó la privatización que nos ha llevado a la situación actual. Otra es que el fiscal que tenía que haberlo investigado se llamaba Manuel Moix. Los organismos de control no han hecho su función.

La tercera es que se confirma que fue el trabajo parlamentario, la Comisión del Endeudamiento, la que destapó la venta fraudulenta. Sólo después el Gobierno de Cristina Cifuentes llevó a la Fiscalía la situación. ¿No lo vieron antes? Hay que recordar que la propia Cifuentes fue miembro del Consejo de Administración del Canal entre 2012 y 2014, precisamente cuando se centra la investigación del juez.

Por último, hay que poner en valor el papel del trabajo parlamentario. La Comisión de Endeudamiento ha trabajado tres temas en estos casi dos años; comenzó con el Campus de la Justicia que era una operación innecesaria de 1.200 millones de euros de los que ya se habían gastado 125 –algunos sin justificar– en un edificio inutilizable que se ha quedado a medio construir. El proyecto se paró. Siguió con el Canal que ha terminado con el expresidente de la Comunidad en la cárcel y ahora está con la reversión de los hospitales de “modelo hipoteca” que costaron realmente 640 millones pero por los que se firmó un contrato por más de 3.000 millones de los que todavía se deben 2.000. Ahora toca revertirlos.

El Partido Popular se opuso a esta Comisión –en todos los parlamentos que se propuso– alegando que se trataba de una causa general. La realidad muestra que cada tema que se aborda acaba con una alfombra levantada y unos cuantos imputados. La experiencia dice que el PP, al menos en Madrid, tenía razón porque su gobierno de más de dos décadas requiere de una causa general.

Eduardo Gutiérrez, este tipo de Podemos, ha destapado la corrupción en la empresa pública más grande de la Comunidad de Madrid; queda mucho por hacer y… mucho por ver.

En los últimos diez años nuestros índices de calidad de salud han caído de forma generalizada. ¿Ha sido la crisis? Los recortes y la austeridad han influido, y mucho, pero es una pescadilla que se muerde la cola. Porque uno de los procesos que la ha empeorado es, precisamente, haber hecho negocio con ella en los momentos previos a la crisis. Por eso es entendible que se haya degradado especialmente en las comunidades autónomas que el Partido Popular gobernó sin freno –Baleares, la Comunidad de Valencia y Madrid– y donde el negocio de la construcción alcanzó a la sanidad.

El caso de Madrid es significativo porque el proceso no ha terminado aún. En plena vorágine de despilfarro, mientras ya estaban en marcha las radiales (5.000 millones de euros) o el soterramiento de la circunvalación M-30 (3.500 millones de euros), Esperanza Aguirre aprobó un plan de construcción de siete nuevos hospitales (2.300 millones de euros) mediante un sistema que en el Reino Unido había fracasado.

Los hospitales los hacían las constructoras y se les pagaban mediante un canon durante treinta años a modo de arrendamiento en el que no se incluye la construcción sino servicios no sanitarios; desde la desratización a la centralita telefónica pasando por la jardinería. Es como pedir un crédito hipotecario al banco para comprar una casa y luego pagarlo con las facturas de la luz, del agua o del gas. Si lo haces así tienes que multiplicar por siete u ocho el precio de los insumos para que alcance a cubrir la construcción y nunca sabes lo que llevas pagado. Eso pasa con estos siete hospitales.

El sistema es muy oscuro y lleva a los madrileños a pagar unas obras por un valor reconocido inicial de 640 millones de euros una cantidad cercana a los 3.000 millones –los 2.300 iniciales se han convertido en 3.000–; casi cinco veces más. ¿Cómo es posible? Porque el canon se calcula con una fórmula ininteligible que oculta un análisis racional. Me permito reproducirla porque aclara la oscuridad –la sensación es la de un garbanzo que se mueve en tres cubiletes–.

El hecho real es que a día de hoy, diez años después de su apertura, los hospitales estarían pagados; sin embargo se deben 20 años de “hipoteca” más y unos 1.200 millones de euros limpios a las constructoras. Desde el punto de vista económico es un desastre y desde el punto de vista moral, una estafa.

Dar forma a esta operación requería “hospitalizar” un sistema sanitario que hasta ese momento funcionaba bien y se asentaba sobre los dos pilares que recomiendan los organismos internacionales: territorializada, dando respuesta a las necesidades locales –impulsando la atención primaria y los ambulatorios– y pública, que la hacía más eficiente y barata. Era mejorable, pero funcionaba.

La “hospitalización” permitía construir y privatizar la gestión. Poder hacerlo requería algo más, pasar de los territorio a un Área única que aparentemente permitía que cualquier madrileña pueda elegir médico y centro, pero que en realidad facilitaba construir hospitales en los lugares más convenientes. Si se superpone el mapa del voto en las elecciones autonómicas la Comunidad de Madrid del año 2003 y con dónde ubicaron los hospitales, se encuentran algunas relaciones. Donde el PP perdía las elecciones se construyó. Así que entre dos de éstos nuevos hospitales hay una distancia de 10 km, sin embargo hay zonas separadas 150 km sin hospital.

Después de miles de millones invertidos en ladrillo hospitalario, el sistema ha despedido a 5.000 trabajadores, hay menos camas por habitante, una lista de espera récord con unos tiempos de espera casi inasumibles, plantas completas de hospitales públicos cerradas y la caída de techos o inundaciones de quirófanos semanales por falta de inversión y mantenimiento. En términos sanitarios hemos perdido una década, pero hemos retrocedido dos.

Es un fracaso económico y sanitario. ¿Por qué hacerlo entonces? La respuesta puede encontrarse en el sumario que acaba de abrir el juez Velasco sobre si el Partido Popular financió alguna de las campañas electorales con el 1% que los pliegos de éstos hospitales tenían que dedicar a publicidad. Otra pista puede ser que al menos nueve de las empresas que participan en las concesionarias –Begar, Cofely, OHL, Cantoblanco,…– aparecen en los sumarios de la trama Púnica, Gürtel o Bárcenas. No hay otras respuestas posibles.

Diez años después lo que toca desde este punto es mejorar la salud de los ciudadanos. Eso pasa por las políticas que está haciendo el Gobierno valenciano recuperando los hospitales privatizados por el modelo Alzira o lo que se está haciendo en la Comunidad Madrid mediante trabajo parlamentario para que se revisen los contratos de los siete hospitales de nueva construcción para dejar de pagar una obra ya amortizada y destinar esos 1.200 millones por pagar a personal, a centros de salud y a mantener los hospitales tradicionales que se están cayendo.

Hay otra manera de gestionar la sanidad y hay recursos para hacerlo, sólo se trata de pensar en la salud.

Estamos en un debate crucial, en el que hay diferencias claras y que va a marcar el futuro de Podemos y del país: si al final dejamos que el PP imponga el orden, la sociedad estará en una situación más difícil que antes del 15M

En una reunión en un círculo una mujer, con décadas de luchas a sus espaldas, contaba cuál es debate político de Podemos: “He vivido toda mi vida en el monte y el 15M me sacó al llano. Podemos me llevó a ocupar el llano, pero nos quedamos a la mitad. Ahora, que tenemos que dar los pasos necesarios para terminar de ocuparlo y que ¡además se ha quedado vacío! lo que oigo es una voz que me dice 'vuelve al monte' y no lo entiendo”. Es dificil expresarlo de manera más sencilla.

El orden social y político de las últimas décadas –el régimen del 78– lo estructuró el Partido socialista. La presión y la lucha de mucha gente forzó la salida del franquismo con un orden diferente. El PSOE tomo la batuta y lo articuló. Lo hizo con la sordina que le pusieron las fuerzas del franquismo terminal, que tardaron todavía un tiempo en articularse en una nueva derecha que ha terminado siendo el Partido Popular. La propia dinámica del partido socialista –de los gal a las puertas giratorias–, sus contradicciones y la entrada en la alternancia del PP llevaron al régimen a una profunda crisis que se hizo patente en 2008.

El 15M, al grito de “no nos representan”, es el momento simbólico en el que una sociedad que deja de delegar su soberanía y decide ejercerla en primera persona del plural. En este contexto Podemos se convierte en una organización política que trata de ocupar el vacío que dejan los partidos tradicionales a la hora de representar a la mayoría social.

Se abre un proceso acelerado de cambio con el encadenamiento de contiendas electorales que termina con la conformación del débil Gobierno de Mariano Rajoy que tenemos hoy. La prisa ha dado paso a un momento de pausa y no es casual que en los próximos seis meses se produzcan las asambleas de todos los partidos políticos. Porque, una vez que el orden del 78 ya no da respuesta a la realidad social y política, lo que está en juego es quién lidera la construcción del nuevo orden; quién lo articula, si el PP o Podemos.

El Partido Popular ya ha mostrado su propuesta en sus años de gobierno: un modelo productivo centrado en la especulación financiera y las grandes obras, un mercado laboral muy precario, donde trabajar no asegura salir de la pobreza; una austeridad estructural; una fiscalidad que beneficia exageradamente a los que más tienen –con la Comunidad de Madrid como punta de lanza–, una recentralización del estado frente a las tensiones territoriales y menos democracia –leyes regresivas como la Ley mordaza para evitar la contestación social–.

Un país en el que las estudiantes de muchos institutos públicos no van a poder ir a la universidad porque sus familias no tienen con qué pagarlo. Los primeros datos que han dado el Banco de España y Oxfam de las nuevas políticas aplicadas durante la crisis indican que la renta media ha caído un 16%. La mayoría de las familias son más pobres, pero hay un 10% que es más rico y acumula ya el 52,8% de la riqueza. No hablamos de pobreza, sino de desigualdad, de la distribución de la riqueza de la quinta economía de la UE y la decimotercera del mundo. La propuesta del Partido Popular implica una sociedad estructuralmente desigual –España es ya el segundo país más desigual de la UE después de Chipre–.

En Podemos tenemos otra propuesta: un modelo productivo donde la transición energética, la cultura y los cuidados tienen un papel fundamental; el I+D+I, la descentralización productiva y la eliminación de la precariedad laboral como elementos estructurales; una fiscalidad progresiva que facilite la financiación del sistema de cohesión social –sanidad, educación y políticas sociales– que hay que reconstruir mediante un suelo de gasto social; un sistema que asegure que nadie queda desahuciado, sin energía, sin comer o sin acceso a los medicamentos; una descentralización del país, que no sólo pase por las tensiones territoriales con Cataluña o Euskadi, sino también por transitar del estado de las autonomías al estado municipal y a un sistema democrático más proporcional y participativo.

Es precisamente aquí donde hay que ubicar el debate de Podemos. Porque hay un debate político de fondo que en muchas ocasiones no se ve detrás de los cruces de tuits, declaraciones, listas, ceses o artículos que se mueven en torno a Vistalegre. La cuestión de fondo es cómo se va a posicionar Podemos en este contexto: si vamos a intentar articular el nuevo orden o sólo situarnos como un proyecto que señala éticamente los defectos del orden que instale el PP reproduciendo el papel que ha tenido la izquierda tradicional. Por tanto, si nos pensamos como gobierno o como oposición; si nos pensamos constituyentes o sólo destituyentes; si nos ubicamos en el eje arriba/abajo que permite un análisis diferente o en el izquierda/derecha que nos llevan a las salidas que ya se han agotado. Hay que recordar que estamos ante una crisis de orden, pero no de Estado.

Y también hay un debate organizativo interno sobre cómo se estructura la nueva política. Si nos hacemos un partido abierto o nos mantenemos en la organicidad tradicional; si las primarias son irrenunciables y están por encima de los acuerdos tradicionales entre corrientes; si nos descentralizamos o nos centralizamos; si nos hacemos más horizontales y se redistribuyen las responsabilidades o se consolida el centralismo; si feminizamos la cultura interna o mantenemos el actual nivel elevado de testosterona. En resumen, si nos organizamos con las claves que proponemos para nuestra sociedad. Es difícil construir un nuevo orden en el país desde una organización y una cultura política que imite a la del régimen del 78.

No se trata de posiciones antagónicas, pueden ser complementarias, aunque en esto también hay diferencias. Porque un proyecto que se percibe como una izquierda más tradicional tiene espacio en un espacio transversal, pero no al revés. Porque un espacio destituyente tiene espacio –y es necesario– en un proyecto constituyente, pero no al revés. Ensancharse asegura que la pluralidad tiene espacio, estrecharse deja fuera a muchos.

Estamos en un debate crucial, en el que hay diferencias claras y que va a marcar el futuro de Podemos y del país. Si al final dejamos que el PP imponga el orden, la sociedad estará en una situación más difícil que antes del 15M; con un sistema más desigual, que se va a asentar para varias décadas y con una ciudadanía exhausta sin capacidad de reacción.

No es una disputa fundamentalmente de caras o de reparto de una tarta, sino más bien qué sabor y forma tiene la tarta. En realidad, la cuestión es si nos replegamos al monte o tomamos el llano. La mujer del círculo dijo algo más: “El monte es nuestro, no lo perdemos; se trata de ocupar el llano”. Nosotros lo compartimos y por eso estamos trabajando en el proyecto Recuperar la ilusión. Es momento de ensancharse, de que nuestro proyecto sea el que soñamos desde el principio y hacerlo real para cambiar nuestro país.

En una edición del programa La Sexta columna (La Sexta), dedicado a la desigualdad, el fiscal experto en delitos económicos que ordenó la detención de Rodrigo Rato, Carlos García Berro, aparecía sentado junto a una montaña de expedientes. Rodeado de columnas de papel explicaba una de las muchas y reiteradas demandas de quienes trabajan en los juzgados y quieren mejorar su función: “Lo que nos gustaría es tener lo que tienen muchos abogados, que tienen en sus dispositivos móviles toda la información escaneada y tienen acceso inmediato a toda la información en cualquier momento y en cualquier lugar en que se encuentren; sin embargo nosotros no disponemos de esos medios”. La justicia tiene problemas y hay que resolverlos. Las asociaciones de jueces, fiscales, secretarios judiciales y abogados coinciden que la solución pasa por más personal y más medios.

Pero la respuesta del Gobierno de la Comunidad de Madrid a los problemas de la justicia ha sido similar a la que ha dado a las demandas de la sanidad, el deporte, la movilidad o la cultura: construir. Cada vez que un problema ha llegado a la mesa de Esperanza Aguirre o de Ignacio González la respuesta ha sido la misma: ladrillos, cemento, grandes negocios privados y mucho dinero público. Curiosamente, esa respuesta siempre la han dado a un reducido grupo de empresas constructoras. En este marco es donde hay que colocar el proyecto de Eurovegas o el delirio olímpico; financiar enormes edificios y luego ya se las arreglarían los madrileños con sus consecuencias –su deuda–.

No necesitamos una Ciudad de la Justicia; necesitamos justicia para las ciudades y los pueblos. Si la inversión que quieren hacer en ella fuera dirigida a dotar a los juzgados de recursos, de más jueces, a financiar debidamente el turno de oficio y digitalizar integralmente su documentación, se agilizarían los procesos y la imagen que la ciudadanía tiene de ella mejoraría. Pero esa mejora haría menos comprensible y más visible la falta de independencia en alguno de sus ámbitos, desaparecería la prescripción de algunos delitos a causa de su lentitud o escandalizarían mucho más las casualidades, como el hecho de que dos de los miembros de la sala del Tribunal Supremo que juzgará la trama Gürtel son especialmente cercanos al Partido Popular.

Que los responsables políticos de una administración conozcan estos problemas y pudiendo arreglarlos (claramente no es por falta de recursos) no les den solución, no es sólo una decisión política sino un incumplimiento de sus deberes. Y esa forma de mirar para otro lado, de primar otros intereses que no son los de la mayoría de la ciudadanía, es lo que ha caracterizado a ese tiempo político que se resiste a terminar.

Hay que recordar además que la gestión del proyecto se ha llevado a cabo bajo las órdenes de Salvador Victoria, exconsejero de Justicia, imputado en la trama Púnica, que dimitió recientemente, según sus explicaciones, sólo por facilitar el acuerdo entre Cristina Cifuentes y Ciudadanos.

Pese al dictamen de la ciudadanía, que le ha restado 28 escaños en Asamblea de Madrid, el Partido Popular continúa adelante con proyectos innecesarios como la Ciudad de la Justicia. Eso significa que no tiene voluntad de abandonar el modelo de gestión que ha permitido anidar el desarrollo de tramas corruptas como la Púnica. La transferencia de grandes cantidades de dinero público a un pequeño grupo de empresas de la construcción, impide el desarrollo de otros sectores que podrían dinamizar la creación de empleo y afianzar una diversidad económica con más potencialidades y menos dependencia del ladrillo.

Cristina Cifuentes no hizo mención durante la campaña la Ciudad de la Justicia. Hay que recordar que ya tiene un acuerdo con Ciudadanos y que políticamente cualquier movimiento que se produzca ya será en su periodo de presidencia. El pacto al que han llegado va a permitir que gobierne el mismo Partido Popular que ha entregado el timón de las instituciones a proyectos vinculados a la construcción.

Una de las primeras acciones del grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid ha sido la petición de una Comisión de Estudio del endeudamiento y la corrupción. La gestión PP en el Gobierno madrileño ha hecho que en ocho años la deuda de la Comunidad haya pasado de 10.000 a 25.000 millones de euros. Hay que analizar qué ha ocurrido con ese dinero, cómo se han tomado las decisiones y articular las medidas pertinentes, en caso de que se detecte cualquier irregularidad. Para ello, es necesario abrir la caja negra del gasto y que sean accesible todos y cada uno de los archivos. Inicialmente todos los partidos políticos están de acuerdo con esta iniciativa. El problema estaría en que la Comisión tuviera que empezar sus trabajos analizando la concesión irregular de la Ciudad de la Justicia.

La ciudadanía madrileña reclama una gestión transparente y que los recursos públicos sirvan para proteger a quienes dependen de ellos y para ofrecer servicios de buena calidad. La nueva mirada hacia la política ha llevado el cambio a las instituciones, pero la vigilancia y el control que ejerce la ciudadanía no debe cesar; hay que seguir trabajando para que lo que es de todos nos beneficie a todos. Esa será una forma de incuestionable de construir justicia.

"El tiempo nuevo de la política tiene que ser el de la gente pequeña, la gente pequeña que a lo largo de la historia ha encontrado su sentido mejorando la sociedad que encontró", afirma el autor

Pertenezco a una generación que tomó cierta distancia de los partidos políticos cuando los gobiernos de Felipe González fueron convirtiendo el sueño del cambio en la práctica del recambio. Muchos de quienes queríamos aportar nuestros esfuerzos a mejorar la sociedad nos refugiamos entonces en asociaciones, Organizaciones No Gubernamentales y proyectos de cooperación.

Pertenezco a una generación de familias donde se heredaban libros, pantalones y profesiones. Donde se vivió como algo igual de espectacular la llegada del ser humano a la luna, como el primer paso que dio uno de los miembros de la familia en una universidad para estudiar.

Pertenezco a una generación que pensó que la democracia le daría todo el poder a la gente, que eso convertiría al Estado en un conjunto de instituciones gestionadas de forma decente, que los gobiernos trabajarían para crear igualdad, para que nadie se quedara atrás, que quienes se dedicaran a la política tendrían el objetivo de ayudar a los demás por encima de cualquier cosa. 

Pertenezco a una generación que al margen de los partidos se dedicó a construir justicia social, a tratar de llegar a donde la política no miraba, a atender a quienes necesitaban apoyo para salir adelante. Gente a la que no le interesaban las luchas de poder dentro de los partidos políticos y prefería cambiar las cosas directamente, sin tener que esperar a ser una corriente mayoritaria y luego ganar unas elecciones.

Pasaron los gobiernos de Felipe González, que privatizaron el 49% de las grandes empresas públicas y luego llegaron los de José María Aznar, que hicieron lo mismo con el 51% restante. Sus políticas y sus decisiones parlamentarias abrieron las puertas a la gestión privada de la sanidad y crearon las condiciones para que la burbuja inmobiliaria se convirtiera en la causa de la contundencia de esta crisis. Sólo con haber limitado a veinte años la duración de un crédito hipotecario nos habríamos ahorrado el enorme sufrimiento social que estamos padeciendo. Una decisión que se hubiera aprobado en un minuto y habría evitado miles de desahucios, agujeros en los bancos, una deuda que aprisiona el desarrollo económico.

La opulencia de los años noventa del pasado siglo disfrazó la fragilidad de nuestro esqueleto democrático. Pero con la crisis, con las tramas de corrupción, con la connivencia de políticos y grandes empresas el emperador se quedó desnudo. El futuro mejor que nuestros padres nos quisieron dejar a base de esfuerzo y trabajo no era posible para sus nietos.

Y entonces alguna gente de mi generación, que se dedicó a gestionar causas sociales, ha sentido la necesidad de acudir a unas elecciones para llevar toda esa experiencia a las instituciones, para acabar con quienes ven el ejercicio de la política como una oportunidad para enriquecerse, para que los recursos públicos sirvan para mejorar la vida de la ciudadanía y no para engordar las cuentas de resultados de la gente.

La campaña electoral ha sido una oportunidad para escanear la Comunidad de Madrid. La gente está pidiendo que acaben las prácticas políticas de las últimas dos décadas; el enriquecimiento corrupto, el uso de los medios públicos de comunicación como gabinetes de prensa de los partidos, la falta de atención de las instituciones a sectores especialmente necesitados o la gestión opaca de los recursos que han hecho unos. Y la indolencia ante lo que pasaba y el dejar hacer con tal de mantener su estatus y sus privilegios que han tenido los otros.

De nuevo resurge la contundente necesidad de un cambio, de una transformación que recupere las instituciones y las ponga al servicio de sus legítimos dueños. Algo viejo muere para que algo nuevo nazca. La crisis ha servido para despertar, para conocer, para tomar conciencia de que los dos grandes partidos nos estaban llevando a una sociedad del sálvese quien pueda. 

Los cambios a menudo provocan incertidumbre. Ocurre con la vida personal y también con la colectiva. Quienes quieren mantener el modelo político que nos ha llevado a la crisis quieren asustar con la incertidumbre. Pero quienes llevamos años en la gestión sin presentarnos a unas elecciones queremos aportar toda nuestra experiencia para construir una nueva realidad política. 

Una de las medidas urgentes y fundamentales va a ser la transparencia; que los ciudadanos puedan seguir las cuentas de las administraciones y saber lo que se hace, quién lo hace y para qué lo hace, con cada uno de sus euros. Después habrá que construir una administración que atienda a la ciudadanía, que no centre sus inversiones en unas pocas empresas, que defienda la gestión pública de recursos con un buen balance de resultados.

Pertenezco a una generación que vio alejarse la posibilidad de un cambio pero nunca renunció a algo nuevo, a algo bueno. En mi caso llevé esa necesidad de mejorar las cosas a mi trabajo en Cáritas, al AMPA del instituto de mis hijas, al colectivo de mi barrio que ha tejido una red de solidaridad para ayudar y proteger a los más frágiles. 

Decía el escritor Eduardo Galeano que “mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”. El tiempo nuevo de la política tiene que ser el de la gente pequeña, la gente pequeña que a lo largo de la historia ha encontrado su sentido mejorando la sociedad que encontró. 

"La propuesta de aumentar en uno los 129 escaños actuales de la Asamblea de Madrid, mediante la creación del Escaño 130, tiene como objetivo la integración de la sociedad civil en los procesos de elaboración de propuestas legislativas y la supervisión ciudadana del poder político", afirma el autor

El pasado 13 de abril, en un desayuno organizado por el Foro de Nueva Economía, anuncié nuestra intención de crear en la Asamblea de Madrid el Escaño 130, un “escaño ciudadano”, destinado al fomento de la transparencia, de la participación y del control del desempeño del poder político. Inmediatamente, la candidata a la Comunidad de Madrid por el Partido Popular, Cristina Cifuentes, respondió tachando la propuesta de “estrambótica”. Para explicar su rechazo, argumentaba que la democracia consiste en que “los ciudadanos votan cada cuatro años y eligen a sus representantes”.

Con sus declaraciones volvía a poner de manifiesto la incapacidad de buena parte de la actual clase política para afrontar las exigencias de regeneración. El derecho de la ciudadanía a elegir a sus representantes es la condición democrática necesaria, pero si algo ha puesto de manifiesto la gestión del Gobierno en los últimos años, es que dista mucho de ser una condición suficiente. Bajo el amparo de la confianza otorgada en las urnas, el PP ha atentado sistemáticamente contra los intereses de la mayoría social, poniendo las instituciones públicas al servicio de una minoría de privilegiados. Ha convirtiendo la corrupción en un hábito y ha sumido a nuestro país en la mayor crisis política y económica de la historia de la democracia. El caso Rato es un ejemplo claro; sólo resulta posible en un sistema institucional carente de mecanismos de control y opaco a los ojos de la ciudadanía.

Desde que el 15 de mayo de 2011 los ciudadanos salimos a las plazas bajo el grito de “No nos representan”, la crisis política no ha dejado de agravarse. El mal gobierno de espaldas a la gente, contra una ciudadanía que sigue viendo mermadas sus condiciones de vida, ha llegado a deslegitimar nuestras instituciones. Hay quienes han hecho de la confianza otorgada por los ciudadanos un cheque en blanco para practicar impunemente el expolio de los bienes públicos. Por eso se hace urgente la puesta en marcha de mecanismos que garanticen la transparencia y la supervisión de la gestión política. Tenemos que recuperar nuestras instituciones para construir una salida de la crisis justa y eficiente.

La propuesta de aumentar en uno los 129 escaños actuales de la Asamblea de Madrid, mediante la creación del Escaño 130, responde a las necesidades de total transparencia y mayor participación. Su objetivo prioritario es la integración de la sociedad civil en los procesos de elaboración de propuestas legislativas y la supervisión ciudadana del poder político. Cristina Cifuentes debería saber que la creación de un “escaño ciudadano” fue aprobada en las Cortes de Castilla y León, aunque no se haya puesto en marcha, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta. Fue inspirado en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y que ha mostrado su eficacia en lugares como Irlanda o Finlandia.

La Inciativa Legislativa Popular (ILP) es uno de los pocos instrumentos de participación y se ha mostrado ineficiente. La abundancia de filtros y los requerimientos que precisa han hecho, en la mayor parte de los casos, inaccesible la entrada de las demandas ciudadanas a los parlamentos. El escaño ciudadano viene a garantizar el derecho de participación a colectivos e individuos en los procesos legislativos. Hay que crear previamente una Comisión de Peticiones que facilite que las propuestas puedan ser expuestas directamente en la Asamblea.

Es tiempo de construir un nuevo modelo de parlamentarismo, donde los ciudadanos, los más y los menos organizados políticamente, puedan ser escuchados directamente por sus representantes, de interpelarlos, de impedir que se conviertan en “la clase política”, como si dejaran de ser sus iguales. Un escaño que debe transformarse en una escuela de ciudadanía, donde los diputados y diputadas no puedan dejar de escuchar la voz de las plazas.

Podemos nació con el claro objetivo de liderar el cambio de nuestro país desde la política. Tenemos que levantar las alfombras, barrer debajo de ellas, quitarlas y garantizar que nadie pueda volver a utilizarlas nunca más. Tenemos que buscar nuevas formas de participación, nuevas herramientas que sirvan a la ciudadanía para controlar y determinar cómo se manejan sus recursos, los que dedica a la gestión pública. Tenemos el deber de trabajar para reconstituir la credibilidad de las instituciones, de la política, el mandato de que los parlamentos sí representen. Necesitamos que las nuevas reglas de juego impidan que la corrupción pueda convertirse en el futuro en una forma de gobierno.

La propuesta del Escaño 130 no es estrambótica (1. Extravagante, irregular y sin orden)  sino democrática (1. f. Doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno. 2. f. Predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado) y su objetivo es recuperar la confianza (1. Esperanza firme que se tiene de alguien o algo).