Esta semana tendrá lugar el primer debate sobre el estado de la nación desde 2015. En siete años hemos vivido cuatro elecciones generales, tres mociones de censura, el auge y caída de varios líderes políticos, una pandemia, la erupción de un volcán, una breve ilusión de reconstrucción y el inicio de una guerra con consecuencias globales. En los últimos dos años, “una sucesión inédita de situaciones adversas” ha puesto a prueba la resistencia de la sociedad, del Estado de Bienestar y del Gobierno de coalición. La última de ellas será el tema central del debate: la inflación, sus consecuencias y las medidas para combatirla.

El conflicto en Ucrania ha sacudido el mercado energético, el suministro de alimentos y de materias primas, pero su impacto no está afectando por igual a todas las capas de la sociedad. La inflación sí entiende de clases y está golpeando más a quienes menos tienen: La subida de precios ha reducido el poder adquisitivo de los hogares más pobres un 30% más que en los hogares más ricos. Este efecto, sumado al peso de la pandemia, acentúa las brechas que ya existían en España y que lastran nuestra capacidad para recuperarnos (brechas socioeconómicas, territoriales, generacionales, de género, digitales…). Mientras tanto, las empresas energéticas han obtenido miles de millones de beneficios extraordinarios a costa del sufrimiento de millones de hogares para pagar las facturas.

Las ‘medidas de choque’ aprobadas por el Gobierno sirven para evitar lo peor, pero no son suficientes para corregir las desigualdades estructurales que atraviesa nuestro país. No basta con levantar un escudo para parar los golpes. Se necesita algo más que resistir. Hay que avanzar hacia una recuperación más justa, sostenible y equitativa si no queremos que la desigualdad acabe siendo rentabilizada, en un contexto de gran polarización política, por fuerzas regresivas. Eso pasa por reforzar el Estado de Bienestar y tener, junto a las necesarias medidas de urgencia, una propuesta a medio plazo que blinde derechos, amplíe el sistema de protección social, vaya a la raíz de las desigualdades y diseñe un sistema tributario justo, progresivo y responsable.

Hace unos días, Oxfam Intermón presentó 12 medidas que podrían aplicarse en el corto y medio plazo. Para empezar, mejorar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y asegurar su compatibilidad con las Rentas Mínimas Autonómicas (RMA); aplicar cuanto antes un impuesto a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas; y centrar el apoyo público en las pymes y las personas autónomas más afectadas por la subida de precios.

Para continuar, habría que avanzar en la universalización del sistema de prestaciones sociales (apoyo a la crianza, acceso a la vivienda…); explorar una política de rentas que permita recuperar el poder adquisitivo y no dañe a los hogares con menos ingresos; seguir incrementando el Salario Mínimo Interprofesional hasta alcanzar el 60% del salario medio en España; luchar contra la precariedad laboral, especialmente de las personas jóvenes, y seguir fomentando la igualdad en el empleo. En materia fiscal, toca rediseñar el impuesto al patrimonio y revisar los tipos que se aplican a las rentas del capital en el IRPF, para que las aportaciones sean realmente justas.

Como los derechos con cerco no son derechos, sino privilegios, habrá que trasponer cuanto antes y de forma ambiciosa el Convenio 189 de la OIT, incorporando las demandas de las trabajadoras de hogar y cuidados; proteger y acoger a las personas refugiadas y migrantes vengan del conflicto que vengan (sin esa vergonzante ‘solidaridad a la carta’ cuyos efectos hemos visto, con horror, en la valla de Melilla); y exigir la regularización extraordinaria de las personas que viven en nuestro país y no pueden acceder a derechos básicos (la ILP Esenciales necesita 500.000 firmas para llegar al Congreso).

Las rápidas y profundas consecuencias de la guerra en Ucrania han oscurecido, inevitablemente, las políticas económicas y sociales puestas en marcha desde 2020 por el Gobierno de coalición: el IMV, los ERTE, la subida del SMI, la revalorización de las pensiones, la reforma laboral, que ha mejorado notablemente los datos de afiliación a la Seguridad Social y ha reducido la temporalidad. Es justo reconocer que el impacto habría sido aún mayor sin ellas, y necesario acompañarlas de unos Presupuestos Generales del Estado que sigan priorizando el gasto social. La alternativa ya la conocemos: una Gran Recesión que duró ‘oficialmente’ seis años (2008-2014), pero que dejó una huella indeleble de injusticia y ataque a lo público.

El uso de los fondos Next Generation será otro de los temas discutidos, junto a la presidencia española del Consejo de la Unión Europea en la segunda mitad de 2023. En el documento remitido al Congreso antes del debate, el Gobierno celebra su “proyección internacional” y el hito de la cumbre de la OTAN. Conviene recordar esas otras imágenes que en las últimas semanas han captado la atención de la prensa extranjera: las de una de las fronteras más desiguales del mundo, la nuestra, convertida en una trampa mortal.

Hay debate más allá de la inflación. Hay incertidumbre y cansancio y se anuncia tormenta en otoño. No es momento de acobardarse y volver a recetas de ‘consolidación fiscal’ y ajuste. Esperamos que el debate sobre el estado de la nación confirme la apuesta por la centralidad de los derechos sociales, el bienestar de las personas y la lucha contra la desigualdad. La situación requiere altura de miras y una clase política que busque el bien común más allá de intereses partidistas. No perdamos la oportunidad.

"De la capacidad, creo, que tengamos para construir permanentemente salidas imaginativas a las contradicciones de la ciudad, con el mayor número posible de vecinos participando, dependerá nuestro futuro", afirma el autor

Vivimos tiempos de urgencia social y nuevas expresiones políticas. Urgencia porque muchas de nuestras ciudades siguen gobernadas por conglomerados de intereses económico-financieros, los cuales continúan desplegando proyectos urbanos a la medida de las cuentas de resultados y no de la gente. Tiempos también de imaginación popular, como si las energías soterradas bajo diferentes capas de felipismo, aznarismo y zapaterismo se hubieran desplegado en nuestros cuerpos tras el ciclo de movilización del 15-M. Todo esto ha permitido florecer un rico ecosistema político en las ciudades cuyo fundamento se enraíza en la interdependencia de saberes, de estrategias (aparentemente alejadas las unas de las otras) en torno a la conveniencia o no del asalto institucional al mismo tiempo que la implicación activa en los movimientos sociales.

En estos últimos meses hemos asistido al nacimiento de diferentes Candidaturas de Unidad Popular (Ahora Madrid, Barcelona en Comú, Marea Atlántica, Ganemos Zaragoza), cuyo horizonte se perfila en ese doble camino. En muchas de estas iniciativas parece incubarse eso que algunos denominan “la ruptura democrática”, es decir, el abordaje (desde lo local) de las tres crisis fundamentales que hieren nuestras sociedades postindustriales: la crisis ecológica, la crisis de los cuidados de la vida, y la crisis de la representación política que se traduce en democracias de bajísima intensidad, alejadas por completo del dolor experimentado con motivo de la aplicación irreflexiva de los programas de ajuste de la Troika. El resultado de todo ello lo conocemos muy bien: aumento de las desigualdades sociales, pobreza y paro.

Varias de estas candidaturas, a mi juicio, se van a enfrentar en breve a la necesidad de conciliar tres lógicas de acción distintas pero que, en algún u otro grado, se entrecruzan. 

La primera de esas lógicas sería lo que podríamos llamar la “desobediencia institucional”, es decir, el uso de las administraciones locales para impulsar todas aquellas medidas dirigidas a ralentizar, frenar, obstaculizar y/o evitar el despliegue del programa de ajuste neoliberal (monitorizado por nuestras propias administraciones) en contra de las necesidades de la población. Se trataría, en definitiva, de impulsar procesos de cooperación intermunicipal dirigidos a dialogar y establecer frentes de resistencia ante las leyes de carácter regional y estatal (lugares donde se condensan la mayoría de las competencias substantivas) que profundizan en la dualización social y el empobrecimiento. Buen ejemplo de ello lo tenemos en los campos de la educación con la Ley Wert, la salud con la exclusión sanitaria de las personas migrantes, los derechos civiles con la recién aprobada Ley Mordaza, o la lucha contra los desahucios que siguen desangrando nuestras comunidades.

La segunda de las lógicas sería la propia de la gestión municipal, el día a día en un ayuntamiento. Ahora bien, bajo premisas completamente distintas. Estaríamos ante esa forma que muchos activistas e investigadores sociales definen como “nueva institucionalidad”. En otras palabras, la necesidad de articular en la ciudad mecanismos fuertes de deliberación, toma de decisiones e implementación de procesos revocatorios ciudadanos. Abrir de par en par las instituciones al control del pueblo mediante una verdadera democracia participativa. Por eso en varias de estas candidaturas de unidad popular, como por ejemplo Ahora Madrid, encontramos entre sus ejes programáticos la descentralización municipal y el desarrollo de juntas vecinales de buen gobierno que posibiliten un paulatino empoderamiento a la hora de llevar a cabo iniciativas barriales, distritales e interdistritales. A todo ello habría que sumarle la necesidad de incentivar experiencias de cogestión ciudadana de los servicios, de modo que podamos repensar lo público desde miradas mucho más comunitarias que hasta el momento.

La tercera sería eso que me atrevo en calificar como “desborde por abajo”, es decir, la dialéctica por la cual estas candidaturas han de mostrarse sensibles, porosas y dispuestas a experimentar procesos de ensanchamiento institucional directamente impulsados por la gente, protagonizados por colectivos ciudadanos, de modo que se fuercen los límites de “lo legal” y se abran inéditas posibilidades de acción fuera de las culturas propias de la administración y su burocracia. Para ello es clave que los movimientos sociales sigan siendo independientes, autónomos, fuertes, respecto de este asalto a las cielos. Incluso que muchos de ellos sigan manifestando un claro desprecio por esta senda, a la vez que permanecen en un pulso enriquecedor y democrático con los poderes instituidos.

Sin embargo, la interdependencia de estas lógicas creo que exige de muchos de nosotros y nosotras la superación de dos fetichismos fuertemente arraigados en nuestras culturas políticas. Por un lado el “fetichismo institucional” (o estadocentrismo). Tomar las instituciones no significa tomar el poder, de igual manera que ganar elecciones no asegura transformar las bases de una sociedad herida de capitalismo y patriarcado. En la contienda electoral no se ventilan, ni mucho menos, todos los desafíos que inaugura una crisis de régimen. Por otro lado estaría el “fetichismo movimentista”. Los movimientos sociales, aún siendo herramientas ciudadanas de primer orden en la experimentación sociocultural y la salvaguarda de derechos, presentan límites a la hora de conectar con las mayorías sociales. En ocasiones encontramos en sus mecanismos de funcionamiento repliegues identitarios de tal suerte que, con cierta rapidez, nos topamos ante síntomas evidentes de agotamiento en lo tocante a la inclusión de nuevos segmentos sociales al proceso de resistencia y crítica de la agenda neoliberal.

De la inteligencia colectiva que seamos capaces de hilvanar entre esas tres lógicas evitando al mismo tiempo esos y otros fetichismos, me parece, va a depender el éxito o fracaso de estas nuevas candidaturas de unidad popular. Si de verdad nos encontramos ante una crisis de régimen aprendamos de las contradicciones pasadas. No volvamos a depositar todas nuestras esperanzas en estrategias de vía única. La transformación de nuestras ciudades (en la dirección de una “vida digna de ser vivida”, como señala la economista Amaia Pérez Orozco) ni pasa, sólo, por el asalto institucional, ni debe quedarse tampoco encerrada en las cuatro paredes de las organizaciones sociales. De la capacidad, creo, que tengamos para construir permanentemente salidas imaginativas a las contradicciones de la ciudad, con el mayor número posible de vecinos participando, dependerá nuestro futuro. Y todo ello con la pasión, la alegría y la indignación que los tiempos nos regalan.