El informe “Europa para la mayoría, no para las élites” que desde Oxfam publicamos el pasado 9 de septiembre ha tenido una repercusión considerable en los medios de comunicación españoles y europeos. Mientras la mayoría se han hecho eco de la preocupación que suponen las cifras y las tendencias en pobreza y desigualdad en el seno de la Unión Europea y en España, no han faltado quienes lo han criticado por escrito y en tertulias.

Aquí hay una cuestión de fondo que no se rebate con cifras, y es que así como algunas personas piensan que lo deseable es respetar los derechos humanos, porque ello hace a las sociedades más justas y mejores, y por tanto el Estado debe intervenir para garantizarlos, otras personas opinan que el único derecho que existe es la libertad individual y que por tanto, cuando las instituciones intervienen en la defensa de los derechos humanos, están en realidad coartando la libertad de los individuos, y eso es malo. Ante visiones tan opuestas el debate se torna una tarea estéril.

Dicho lo cual, conviene aclarar algunos puntos en relación a la medición de la pobreza y la desigualdad, así como en referencia al diagnóstico y las soluciones que ofrece Oxfam, y matizar por qué las afirmaciones que estos críticos vierten sobre el informe no son ciertas.

No es cosa de Oxfam ni de unas cuantas ONGs. La OCDE, el Banco Mundial y el propio Fondo Monetario Internacional están alertando sobre los riesgos del aumento de la desigualdad extrema, la necesidad de regular la fiscalidad internacional y de revisar las políticas de austeridad adoptadas en la Unión Europea en los últimos años. Este informe del FMI lo puso blanco sobre negro: con los niveles de desigualdad actuales, aumentar los ingresos de quienes menos tienen redundará en una mejora del crecimiento, pero aumentar los ingresos de quienes más tienen, no sólo no beneficiará el crecimiento económico sino que lo frenará.

El Fondo Monetario Internacional se ha transformado en una caja de sorpresas. No ha pasado ni una semana desde que lanzara su última recomendación a España sobre la necesidad de subir el IVA, flexibilizar aun más el mercado laboral y fomentar el copago sanitario y en educación, cuando hoy publica un informe que contradice en el fondo y en la forma la bondad de sus propias recomendaciones, y dice cosas como que el auténtico motor del crecimiento económico es la mejora de las condiciones de vida de las personas pobres y de la clase media.

En su nuevo informe el FMI afirma que el aumento de la desigualdad es el mayor reto de nuestra era, sobre todo en los países avanzados, y destaca que la distribución de la desigualdad impacta en el crecimiento económico y que los políticos harían bien en centrar sus políticas en las personas más pobres y en la clase media si quieren promover el crecimiento económico.  Dice también –el FMI, no perdamos la perspectiva- que la equidad, como la justicia, son valores importantes para todas las sociedades. Que la desigualdad puede ser una señal de la falta de movilidad social y de oportunidades, un reflejo de la situación de desventaja de ciertos segmentos de la sociedad. Para quienes llevamos décadas defendiendo la necesidad de que las políticas públicas deben, sobre todo, mejorar las condiciones de vida de las personas más desfavorecidas, y criticando el papel que ha jugado el FMI en la liberalización de la economía mundial y durante las crisis en los años 80 y 90 en países de América Latina, África y Asia, y ahora en Europa, estas afirmaciones tocan lo más profundo de nuestras emociones.

Vean el siguiente gráfico, sacado de dicho informe, titulado: “Hacer a los pobres más ricos es bueno para el crecimiento”, donde se muestra el impacto que tiene sobre el crecimiento del PIB el aumentar la participación de distintos tramos de población por ingresos:

Lo que viene a decir este gráfico es que cuando aumentan los ingresos de las personas situadas en el 20% más rico de la población, el PIB se retrae. Es decir, enriquecer a los más ricos, no beneficia ni a la economía, ni a la sociedad en su conjunto –si acaso, favorece a ese 20% más rico-. Por el contrario, una mejora en los ingresos de las personas que se sitúan en el 80% más pobre de la población, genera crecimiento económico, tanto más crecimiento cuanto más mejoren los que están peor. Es decir, si se quiere promover el crecimiento económico, hay que mejorar las condiciones económicas de los más pobres y de la clase media.

Este informe se suma a los ya publicados por el FMI en 2011 y en 2014, en los que alertaba sobre el impacto negativo de la desigualdad sobre el crecimiento económico y su sostenibilidad. Ahora sólo falta que el propio FMI haga un ejercicio de coherencia interna entre sus análisis y las recomendaciones que hace a los países.

Así las cosas, con el FMI tan cerca de las visiones de la sociedad civil, ¿dónde quedaron los principios liberales de crecimiento gracias a la acumulación de riqueza en los sistemas empresariales que nos recordaban los adalides del neoliberalismo? Si el FMI dice que la desigualdad es un freno al crecimiento y a la estabilidad macroeconómica, ¿quién va a defender ahora que sean los más pobres y las clases trabajadoras quienes soporten el grueso de la carga fiscal –mediante el IVA y el IRPF-, y que no se pueden subir los impuestos a quienes más tienen, y que mejor no gravar a las grandes empresas, no sea que frenen su actividad? ¿quién va a justificar la privatización de la sanidad y de la educación para rendir preparados y recios directivos, en vez de promover una sanidad y una educación públicas, universales y de calidad, que garanticen la igualdad e oportunidades para todas las personas? Son tantos cambios en una sola semana, que lo menos que podemos hacer es dejar correr unas lágrimas de emoción.

¿Más igualdad o menos igualdad? ¿Más Estado o menos Estado? ¿Más regulación o menos regulación? ¿Más impuestos o menos impuestos? Todo depende de a qué modelo de sociedad se aspire, de la calidad del Estado, de a quién favorezcan las reglas y de quién pague cuánto y por qué conceptos.

Si no sabéis por qué sociedad apostar, vamos a ver si los siguientes datos os dan alguna pista. Bangladesh y Nigeria tienen rentas medias similares, y aunque Nigeria es algo más rico, es bastante menos igualitario. En consecuencia, un niño nacido en Nigeria tiene tres veces más posibilidades de morir antes de cumplir 5 años que un niño nacido en Bangladesh. España no es Nigeria ni Bangladesh, me diréis. Claro, pero es que en España, un niño que nace en Murcia, en Andalucía o en Canarias tiene el doble de probabilidades de hacerlo en un hogar pobre que si nace en Madrid, el País Vasco, Cantabria o Asturias.

Veo vuestra media sonrisa… porque vuestro hijo –pensáis- no nacería en un hogar pobre, fuera en Murcia o en Asturias. Probablemente, siempre y cuando no os encontréis entre los 12,7 millones de personas en España en riesgo de pobreza y exclusión social, una difícil lotería, teniendo en cuenta que éstos suponen el 27% de la población. Pero para aquellos que ya están en esta categoría, las cosas difícilmente se van a enderezar. En los 21 países para los que existen datos, existe una fuerte correlación entre la desigualdad extrema y la baja movilidad social. En otras palabras: el que nace pobre en un país con una desigualdad elevada, probablemente morirá pobre, y sus hijos y nietos también serán pobres. La mala noticia es que España, en desigualdad, puntúa alto. Es el segundo país más desigual de la Unión Europea. Una desigualdad que se ha disparado por el impacto de la crisis y de las medidas de (mal llamada) austeridad adoptadas.

Si los gobiernos siguen empeñados en centrar los esfuerzos para remontar la crisis en el control del déficit público, a base de recortar el gasto en políticas sociales que son fundamentales en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, como son la educación, la sanidad y la protección social. Si la manera de hacer a los países con problemas más competitivos es devaluar los salarios en una carrera cuya meta está entre Marruecos y China. Si se opta por aumentar las cargas tributarias a los trabajadores, mientras se reduce la de las grandes empresas (entre 2007 y 2014 la recaudación por impuesto de sociedades cayó un 56%). Si no se ataja el fraude que en España se estima en 59.500 millones de euros cada año (más que el presupuesto total para sanidad), el 72% del cual corresponde a grandes empresas y fortunas (43.000 millones). Si se permite que las empresas del IBEX 35 se reestructuren con el objetivo de minimizar los impuestos que pagan (aquí, y en los países donde operan), a base de multiplicar sus filiales en paraísos fiscales (cuyo número ha aumentado un 44% entre 2012 y 2013). Si nada de esto cambia, España estará optando por crear una sociedad dual, donde unos pocos extremadamente ricos tendrán el poder político y económico, y se blindarán detrás de muros y vallas de seguridad del resto de la población, cada vez más pobre, más violenta, como las que imperan en algunos países.

Si con estos datos, preferís optar por una sociedad más igualitaria, más justa y cohesionada, debéis exigir al Gobierno que defienda los derechos de las personas, que garantice la educación y la sanidad gratuitas, universales y de calidad, que garantice medidas de protección social a todas las personas, que promueva la creación de empleo digno, y que todo ello lo financie con un sistema tributario que recaude lo suficiente y de manera justa, donde quienes más tienen (individuos y empresas) contribuyan más, y que no tolere el fraude fiscal.