En el complejo tablero de la seguridad pública, la Policía Canaria debe representar una pieza clave; sin embargo, su pleno desarrollo se ve frenado por un corsé legal, competencial y financiero que ya no responde a las necesidades de nuestra tierra. El debate sobre su futuro no es un capricho político, sino una necesidad estratégica que definirá el modelo de seguridad para las próximas décadas en el archipiélago. La pregunta es clara: ¿queremos una policía de segunda o apostamos por un modelo integral, eficiente y plenamente canario?

Desde su creación, la ley canaria -ay, ese complejo populista- definió a nuestra Policía como un cuerpo “complementario”. Un modelo que, en la práctica, ha supuesto un lastre, relegándola a una percepción de cuerpo secundario frente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esta visión ignora una realidad incontestable: la Policía canaria ya ejerce funciones de enorme calado. 

Su habilitación y actuación como Policía Judicial -pese a interpretaciones pecatas-, participando activamente en la investigación de delitos bajo la dirección de jueces y fiscales, como establece la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y su propia Ley 2/2008, del Cuerpo General de la Policía Canaria, demuestra que no estamos ante un cuerpo de meras funciones administrativas, sino ante una fuerza policial que está preparada para asumir mayores responsabilidades.

El principal agravio comparativo reside tanto en su consideración como en su financiación. Mientras modelos policiales integrales como la Ertzaintza o los Mossos d'Esquadra cuentan con un reconocimiento explícito en la citada Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (disposiciones finales primera y segunda), que se han concretado en sendos acuerdos de financiación con el Estado, Canarias soporta tanto un menosprecio institucional como el coste completo de su policía. ¿Es justo que los canarios financien íntegramente un cuerpo que contribuye a la seguridad pública, una competencia estatal, mientras otros territorios reciben fondos para sus policías? La respuesta es un rotundo no. Nuestra condición de archipiélago atlántico, con sus singularidades y los desafíos que suponen la gestión de un territorio fragmentado, la presión turística y los fenómenos migratorios, justifica sobradamente un modelo de financiación corresponsable.

La transformación de la Policía canaria en una policía integral no es una quimera, sino una evolución lógica y necesaria. Los beneficios son evidentes:

Mayor eficiencia: Unificar la respuesta policial bajo un mando único, aunque coordinado con el resto de fuerzas, sean locales o estatales, adaptado a la realidad canaria, lo que evitaría duplicidades y optimizaría los recursos humanos y materiales.

Proximidad y conocimiento del territorio: Una policía integral, con un despliegue completo en todas las islas, garantiza un conocimiento profundo del terreno y de la sociedad a la que sirve, clave para la prevención del delito y la protección ciudadana.

Avance en el autogobierno: Asumir la competencia plena en seguridad ciudadana es un pilar fundamental del desarrollo autonómico, como lo son la sanidad o la educación. El Artículo 148 del Estatuto de Autonomía de Canarias abrió una puerta que debemos atravesar por completo.

El camino para lograrlo está jurídicamente trazado y solo requiere voluntad política. Implica únicamente una modificación de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para reconocer, como lo hace con vascos, catalanes y navarros, nuestra singularidad, y la negociación de un acuerdo de financiación justo que permita su despliegue definitivo tanto en número de efectivos como de competencias.

Las mujeres y hombres de la Policía Canaria vienen demostrando con creces su valía y compromiso. Son una policía preparada y profesional que merece las herramientas para desarrollar todo su potencial. Negar a los canarios, como parece que pretenden las fuerzas estatalistas, la posibilidad de que se pueda convertir en la policía integral que el archipiélago necesita no solo sería un error histórico, sino una irresponsabilidad que lastraría nuestra seguridad y bienestar y el desarrollo de nuestro autogobierno. Es hora de que todas las administraciones, desde el Gobierno de Canarias hasta el Gobierno de España, estén a la altura, instando y/o apoyando las modificaciones necesarias para lograr que Canarias y su gente cuenten con una policía integral, potente, cercana y financiada con justicia.

Hace unos meses abogaba, ante la falta consenso social sobre la oportunidad de declarar el Parque Nacional del Mar de las Calmas, situado al sur de la isla de El Hierro -lo que sería el primer parque de carácter exclusivamente marino en el Estado español-, por la celebración de un referéndum. Hoy parece que no hace falta -aunque, a fuer de ser sinceros, nunca albergué la ilusión de que lo fueran a realizar-, pues han arreciado las protestas sociales contra el mismo.

Tras más de una década ya casi todo el mundo está de acuerdo en que este espacio natural, con una extensión de más de 24.000 hectáreas, es una zona de excepcional valor natural por su gran biodiversidad, debido a la presencia tanto de especies de aguas profundas a escasa distancia del litoral herreño, como de especies tropicales y subtropicales menos representadas en el resto del archipiélago canario. En estas aguas reside una de las comunidades de zifios, cetáceos de aguas profundas, más importantes del mundo. Todo ello es merecedor de que se declare ese espacio como parque nacional, la máxima categoría de protección, lo que redundará positivamente sobre la isla.

Sobre lo que no hay ningún consenso es sobre quién lo gestionará, pues, por un lado, el Estado se arroga esa competencia -sin ningún fundamento, como veremos-, el Cabildo -o, por lo menos, la AHI- parece que lo está persiguiendo, mientras el Gobierno de Canarias calla miserablemente.

Sorprende, tras más de 40 años de autonomía, el absoluto desconocimiento social e institucional sobre el tema y más de 15 de los traspasos al Gobierno de Canarias en materia de parques nacionales (2009).

Es verdad que sobre este tema se cierne la compleja cuestión de las aguas canarias, pero parecía estar resuelta en el plano interno español tras la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias de 2018 (EAC). Tras una larga batalla política y judicial que se viene librando prácticamente desde los albores de la autonomía, el nuevo Estatuto viene a reconocer expresamente en su art. 4 que el ámbito espacial de la Comunidad Autónoma de Canarias comprende el mar y las islas (apartado 1), y que el ejercicio de las competencias estatales o autonómicas sobre las aguas canarias y, en su caso, sobre los restantes espacios marítimos que rodean a Canarias sobre los que el Estado español ejerza soberanía o jurisdicción se realizarán teniendo en cuenta la distribución material de competencias establecidas constitucional y estatutariamente tanto para dichos espacios como para los terrestres (apartado 3). Además, el art. 26.2 EAC, relativo a los derechos en el ámbito del medio ambiente, establece, en relación con el ámbito espacial, que los poderes públicos canarios garantizarán la defensa y protección de la naturaleza, el medio ambiente, el paisaje y la biodiversidad sea en espacios terrestres como marinos.

Pero, por si lo anterior no fuera suficiente, el art. 154 EAC, dedicado precisamente a los espacios naturales protegidos, dispone que la declaración y delimitación de los Parques Nacionales en Canarias requiere informe preceptivo de la Comisión Bilateral Canarias-Estado y que la gestión de los Parques Nacionales corresponde a la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las competencias del Estado con relación a la red de Parques Nacionales.

Ya, tras la reforma del Estatuto, es indiferente que ese espacio se localice en aguas canarias o en tierra firme.

No los deja en buen lugar que Gobierno del Estado, Gobierno de Canarias, Cabildo Insular, partidos políticos, grupos ecologistas, medios de comunicación y opinadores no hayan reparado en ello y no hayan dicho prácticamente nada sobre que la gestión de ese futuro parque debe ser canaria, como ya se hace en los otros cuatro parques nacionales terrestres existentes en Canarias.

Cualquier persona medianamente avezada debería tener claro que la gestión del parque nacional, según establece el art. 154 del Estatuto -norma institucional de la Comunidad Autónoma, que el Estado reconocerá y amparará como parte integrante de su Ordenamiento Jurídico, art. 147.1 CE-, le corresponde al Gobierno de Canarias, sin perjuicio de las competencias del Estado con relación a la red de Parques Nacionales, en la que ya están integrados los otros cuatro parques nacionales terrestres gestionados por Canarias, y la posible delegación o transferencia de esta al respectivo Cabildo, como ha pasado, por ejemplo, con el Parque Nacional de El Teide.

Solo hace falta que, por favor -y aunque solo sea por una vez-, se lean el Estatuto de Autonomía.

Cualquier elección es relevante, pues representa la manifestación de la democracia y, en concreto, del derecho de participación política.

Quizás las elecciones europeas sean las menos relevantes, porque las instituciones europeas quedan muy lejos y no nos jugamos ni alcaldías, ni presidencias de cabildos, ni gobiernos autónomos o estatales. Es decir, estas son unas elecciones en las que es posible ensayar nuevas propuestas. 

El próximo 9 de junio los canarios no vamos a decidir nada, ni vamos a decidir quién gana las elecciones, pues será la mayoría de españoles quien lo decida, ni vamos a decidir qué candidatos canarios salgan elegidos, pues el PP y el PSOE tendrán más de 20 escaños (lo que garantiza la representación de los dos candidatos canarios) y la coalición PNV-CC solo va a sacar 1, el del PNV. El resto de candidatos no tiene posibilidad alguna de salir.

En consecuencia, votar a cualquier partido es botar el voto a la basura. Pero sí que podemos dar un sentido al voto.

En estas elecciones, votando nulo sí podemos seguir manifestando que Canarias tiene un límite, que Canarias ya no puede más, que Canarias tiene que cambiar de modelo, que si queremos tener futuro tenemos que cambiar de modelo.

Por eso, votando nulo, los canarios podemos seguir manifestando nuestro rechazo de este modelo de desarrollo, como hicimos en las manifestaciones del 20 de abril.

Si miles de canarios, los que salimos a la calle bajo el lema de que no podemos más, votamos nulo, mandaremos un mensaje al Gobierno de Canarias, a los partidos políticos canarios, al Gobierno español y a las instituciones europeas de que Canarias dice basta ya.

Por eso el voto útil, el que puede que sirva de algo, es el voto nulo.

Si masivamente miles de canarios apostamos por ese voto nulo traslademos un mensaje claro y potente de nuestro hartazgo de este modelo.

Vota por Canarias, vota por cambiar el presente, vota por un futuro: vota nulo.

Veo con asombro una noticia en la Tele pública canaria en la que se afirma sin rubor que alrededor de Canarias solo hay aguas territoriales. Y eso es absolutamente falso. Ay, si don Victoriano levantara la cabeza. Tantos años batallando para esto.

Esa metedura de pata de RTVC -aunque entiendo que es un tema muy complejo sobre el que se han vertido cantidad de barbaridades, como veremos- vino a cuento de la aprobación por parte del Parlamento de Canarias de una proposición no de ley (PNL) de Nueva Canarias, a instancias de la Plataforma Por el Mar Canario (que llevan 30 años bregando por nuestras aguas), en la que se insta al Gobierno de España “a continuar e intensificar las gestiones precisas ante los órganos correspondientes de la ONU (Naciones Unidas) a los efectos de defender el estatus que ya tiene reconocida la Comunidad Autónoma de Canarias en el Estatuto de Autonomía como archipiélago y así obtener el reconocimiento jurídico internacional de Canarias como un archipiélago con arreglo al artículo 46.b del Tratado Internacional del Mar de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del Mar (Convemar)”.

El artículo 46 alude a los archipiélagos, y su tenor literal es:

a) Por “Estado archipelágico” se entiende un Estado constituido totalmente por uno o varios archipiélagos y que podrá incluir otras islas;

b) Por “archipiélago” se entiende un grupo de islas, incluidas partes de islas, las aguas que las conectan y otros elementos naturales, que estén tan estrechamente relacionados entre sí que tales islas, aguas y elementos naturales formen una entidad geográfica, económica y política intrínseca o que históricamente hayan sido considerados como tal.

Es obvio que Canarias no es un estado archipelágico; es decir, es un archipiélago de la letra b) porque forma parte del Estado español, por lo que no necesita ningún “reconocimiento jurídico internacional como un archipiélago”. Lo es por descarte. O se es un estado archipelágico o, si se es como nosotros (es decir, un grupo de islas, incluidas las aguas que las conectan, que formamos una entidad geográfica, económica y política intrínseca históricamente considerados como tal) somos un archipiélago a secas.

Lo trágico es que el archipiélago de la letra b) del art. 46 ya no aparece más en la Convemar. Hay una gran laguna jurídica en torno a esta realidad, porque la Convemar solo se va a dedicar a regular a los estados archipelágicos.

La diferencia entre ambos archipiélagos es que el que es estado puede delimitar sus aguas conforme al art. 47 de la Convemar: trazando líneas de base archipelágicas rectas que unan los puntos extremos de las islas más alejados del archipiélago.

Precisamente esa falta de regulación específica a los archipiélagos que no son estado en el resto de la Convemar ha suscitado la polémica de si estos puede trazar líneas de bases archipelágicas como los estados archipelágicos. 

Pese a que la mayoría de la doctrina y los países entiende que no, hay otros que creen que sí. De hecho, por poner dos ejemplos -que no son lo únicos-, Azores y Madeira, esos otros archipiélagos macaronésicos de la UE, tienen conformadas su aguas de acuerdo con líneas de bases archipelágicas. 

Canarias, según su Estatuto de Autonomía -costó 36 años y mucho empeño de mucha gente-, también traza líneas de bases archipelágicas, aunque no las llame de esa manera, pero el art. 4 -imposición de la metrópoli- se apresura a matizar que “el trazado del contorno perimetral no alterará la delimitación de los espacios marítimos de las Islas Canarias tal y como están establecidos por el ordenamiento jurídico español en virtud del Derecho Internacional vigente”.

Un sí pero no. Nos llamamos archipiélago pero no dejamos de ser islas.

Pero volvamos a la fake new de la Tele canaria. Que para ser sinceros, no hace más que recoger un bulo asentado en el subconsciente colectivo canario -instado vete tú a saber por quien-, según el cual las islas solo tiene mar territorial; esto es, 12 millas alrededor de cada isla. El resto serían, según este mito imaginario -asumido tanto por independentistas irredentos como por españolistas nostálgicos- nada menos que aguas internacionales, cosa que jurídicamente no existe como tal -se llama “alta mar”-. Ese mito se vuelve aun más fantástico en la versión de que, como Marruecos ha extendido a 200 millas su Zona Económica Exclusiva, Canarias está rodeada de aguas marroquíes… Casi nada.

Como decía, nada más lejos de la realidad jurídica de la Convemar.

Si no podemos tratar líneas de base archipelágica, ¿cómo se deben delimitar los distintos espacios marítimos en torno a Canarias?. Pues según el artículo 121 de la Convemar, como cualquier isla, que es una extensión natural de tierra, rodeada de agua, siendo sus espacio el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental, que serán delimitados de conformidad con las disposiciones aplicables a otros espacios terrestres.

Las únicas islas que solo tienen mar territorial (y por tanto no zona económica exclusiva ni plataforma continental) son las llamadas rocas, que son, según la Convemar, islas no aptas para mantener habitación humana o vida económica propia.

Eso significa que, en puridad, la única diferencia que pudiera haber entre ser Estado Archipelágico (como es el caso de Cabo Verde) y Archipiélago de Estado (que es lo que es Canarias en la actualidad) está en cómo delimitar esos espacios, pero en ningún caso la diferencia es en qué espacios tienen: en ambos casos los espacios marítimos son los mismos; es decir, tanto los Estados archipelágicos como los archipiélagos de Estado tienen mar territorial y zona económica exclusiva; en un caso contados a partir del perímetro archipelágico (líneas de base rectas); en el otro, medidos desde la costa de cada isla. 

A lo sumo, lo que no tendríamos nosotros como archipiélago de estado y sí Cabo Verde como estado archipelágico sería las que se denominan aguas archipelágicas, que son las aguas encerradas dentro del perímetro que resulta de trazar las líneas de base rectas archipelágicas (que unen los puntos más alejados de las islas que componen esos estados archipelágicos). 

Insisto, porque este es el meollo de la cuestión: la única diferencia entre un estado archipelágico como Cabo Verde y un archipiélago de estado, como Canarias, es la forma de delimitar sus espacios. De esa forma nosotros no tenemos aguas archipelágicas porque los espacios se delimitan desde cada isla, no desde el perímetro archipelágico como en Cabo Verde. Pero ambos tenemos mar territorial, zona económica exclusiva y, en su caso, plataforma continental. Los únicos que solo tienen mar territorial son las rocas, que son islas sin posibilidad de ser habitadas con sus propios recursos, como, por ejemplo, para que se entienda bien, las Islas Salvajes.

Por eso, la PNL del Parlamento de Canarias es una obviedad, porque ya somos archipiélago del art. 46.b) de la Convemar. Otra cosa es que, pese a ser archipiélago, la Convemar establezca que debamos delimitar nuestras aguas según el régimen general de las islas, no como un estado archipelágico. Cambiemos la Convención.

Como también es distinto que Canarias, como archipiélago, pueda ser parte de la actual Convemar.

Y ello es posible, claro que lo es, y lo venimos defendiendo alguna gente desde hace mucho tiempo (incluso la Plataforma por el Mar Canario), entre quienes estaba el estimado Ángel Cuenca (QEPD). 

Ser parte de la Convemar es posible, de acuerdo con el art. 305, siendo un estado archipelágico, como cualquier estado ribereño, o teniendo el estatus de Plena Autonomía Interna (PAI), que no requiere más que el reconocimiento de que gozan de tal régimen por las Naciones Unidas, pero no hayan alcanzado  la plena independencia de conformidad con la resolución 1514 (XV) de  la Asamblea General, y que tengan competencia sobre las materias regidas por esta Convención, incluida la de celebrar tratados en relación con ellas. Sobre la PAI volveremos en otro momento.

Será ese reconocimiento internacional el que persigue la PNL aprobada por el Parlamento de Canarias… 

El Estado siempre ha sido muy renuente a permitir que las CCAA  asumieran sus competencias estatutarias. Muestra de ello es que se necesitaron varias sentencias del TC para provocar que el Estado por fin asumiera que la gestión de los parques nacionales no era suya. En Canarias hay 4 parques nacionales y no fue hasta 2009 cuando se logró sus traspaso, pese a que el Estatuto desde 1982 asumió las competencias en espacios naturales protegidos, como es el caso.

En costas está pasando otro tanto. El Estado se resiste a sumir que ya no es competente en materia de gestión del litoral. Los llamados Estatutos de nueva generación, como el Canario de 2018, han supuesto un cambio de modelo de gestión del litoral, de tal manea que el Estado solo deslinda, al ser el titular del demanio, mientras que las CCAA gestionan el espacio físico proclamado dominio público estatal. Ha sido lo han establecido distintas sentencias del TC, entre ellas la reciente STC 18/2022, de 8 de febrero de 2022.

Los Estatutos de Autonomía son las norma que atribuyen a las CCA sus competencias. El art. 157 del nuestro asume, entre otras muchas, las competencias ejecutivas en materia de ordenación del litoral, que incluye la gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre, especialmente el otorgamiento de autorizaciones y concesiones. Por su parte, la DA 4ª.2 dispone que las transferencias de servicios a la Comunidad Autónoma de Canarias tendrán por objeto bloques materiales y orgánicos completos, de lo que se sigue que no es posible fragmentar o escindir competencias materiales a discreción de las partes, ya que estas son indisponibles e irrenunciables tal como establece reiterada jurisprudencia del TC, indisponibilidad que alcanza al propio Estado, que no puede pretender trocear a su antojo ámbitos materiales completos, como es el caso de costas.

El Real Decreto 713/2022 traspasa las competencias en materia de costas del Estado a Canarias. No es ese Real Decreto quien delimita la competencia, solo establece las funciones y servicios traspasados, pero tiene un innegable valor interpretativo de las funciones que las dos Administraciones implicadas.

El Real Decreto 713/2022 se refiere expresamente a la gestión de las concesiones demaniales a que se refiere el artículo 64 de la Ley de Costas -que es el artículo que dispone las nuevas competencias de las CCAA sobre la materia-  y aclara que incluye, en todo caso, su otorgamiento, renovación, prórroga, modificación y extinción, así como la gestión de los ingresos que se devenguen por dichas ocupaciones o aprovechamientos en concepto de cánones. 

El Estado afirma que un tipo determinado de concesiones por la ocupación del dominio público marítimo terrestre por su origen -que provienen de un deslinde judicial- son competencia suya,  pese a que el aludido art. 64 establezca que “toda” ocupación de ese espacio está sujeto a concesión. 

El Estado no tiene ninguna base jurídica para hacer esa afirmación. El art. 64 no establece excepciones. Si dice que es toda ocupación, es toda; no toda menos las que se quiere reservar el Estado. 

Que esas concesiones de las que habla el Estado estén en una disposición transitoria en la ley no las sustrae de su verdadera naturaleza jurídica: son concesiones, como las demás, aunque sujetas a un régimen jurídico específico -una duración  distinta y sin pago de canon-. 

Está meridianamente claro que esas concesiones, como todas las demás, son competencia de la Comunidad Autónoma. No hay ninguna razón que justifique que deban ser concedidas por el Estado. Ya el propio Estado se queda con instrumentos con los que defender la titularidad del dominio, pues se reserva la emisión de informes que, además, tiene carácter vinculante.

Afirmar que esas concesiones son una cosa distinta -y, por tanto, de su competencia- seguramente obedece a la ocurrencia de algún funcionario del Estado, celoso de que se pueda quedar sin trabajo. Es la perfecta excusa para que el Estado muestra su verdadera faz centralista. 

Tanto el Ministerio como el Consejo de Estado usan argumentos muy débiles para defender esa posición. Reputados especialistas en Derecho Público y el Consejo Consultivo ha opinado que está meridianamente claro que es competencia autonómica y han animado al Gobierno de Canarias a presentar un Conflicto de Competencias ante el TC si el Estado se empeña en mantener su absurda posición…

Llevamos más de 40 años de desarrollo autonómico y el Estado cada vez que puede resistirse al traspaso de competencias lo hace. Es su naturaleza jacobina. Y además ocurre con independencia de quién esté en el Poder. Sea el PP, sea el PSOE, sean Ministros mesetarios o, como ahora, un expresidente autonómico que, precisamente, fue quien negoció las transferencias en coatas y en su momento se quejó del rejo recentralizador del Estado. Qué tendrán esas posaderas ministeriales que embelesan y abducen a todos sus ocupantes…

Déjennos ejercer nuestras competencias. Seguro que peor no lo vamos  hacer…

Las más potentes, por sus eventuales efectos, son la tasa turística, la moratoria, la limitación a la compra de vivienda o a la residencia. ¿Son todas ellas posibles desde la perspectiva jurídica? Creo que los canarios tenemos el derecho de saber si se pueden implantar o no, tanto para evitar negativas carentes de fundamento como medidas populistas. 

Para responder a esa pregunta hay que partir de la premisa según la cual en un Estado de Derecho preconizado por el art. 1 de la Constitución, todo es posible si es democrático, y es democrático todo aquello que decida la mayoría y respete los derechos humanos.

Precisamente lo que hace el Estado de Derecho es determinar los procedimientos para tomar esas decisiones democráticas, porque, normalmente, las Constituciones suelen establecer mayorías cualificadas para tomar determinadas decisiones importantes. Las mayorías van desde la mayoría simple (más votos a favor que en contra), pasando por mayorías absolutas (la mitad más 1 de los votos posible), hasta los tres quintos o dos tercios (que son las mayorías para reformar la propia Constitución, según las materias). 

La Constitución española establece un catálogo extenso de derechos fundamentales y libertades publicas que se ha de respetar. Los más importantes que hay que tener en cuenta en este debate son los de igualdad (art. 14 CE) y el de que todos los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia. También establece la Constitución que ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español (art. 139 CE).

En definitiva, es posible tomar cualquier decisión democrática que respete los derechos y libertades, pero, en función de la materia de que se trate, van a ser necesarias distintas mayorías.

También hay que tener en cuenta que Canarias, como Comunidad Autónoma del Estado español, forma parte de la Unión Europea (UE), cuyas normas nos vinculan (art. 93 CE y los Tratados constitutivos de la UE), que, entre otras muchas cosas, establecen la libertad de circulación y establecimiento de todos los ciudadanos europeos y, salvo contadísimas excepciones, no permiten discriminaciones y mucho menos por razón de la nacionalidad.

Hechas estas consideraciones, podemos responder a la pregunta que nos hacíamos al principio: ¿Son posibles medidas limitadoras desde la perspectiva jurídica?

Pues depende de a qué o quién.

La tasa turística o ecotasa es un tributo que se exige normalmente a quienes ocupan un alojamiento turístico como contraprestación a los costos de los servicios públicos ambientales que la Administración realiza. En España ya está implantada en Cataluña y en la Islas Baleares.  También sería posible extenderla a otras actividades relacionadas o con el turismo o con el medio ambiente. Solo se requiere una Ley que la establezca.

La moratoria turística, por el contrario, sería la suspensión temporal del desarrollo turístico, como instrumento para limitarlo, sea cuantitativa o cualitativamente, existiendo varias modalidades: total, referida a todo tipo de desarrollo turístico, o parcial, que se limitaría a ámbitos materiales concretos (concesión de licencias o autorizaciones para nuevas unidades alojativas, sean de apartamentos, hoteles o viviendas vacacionales o a clasificación de nuevo suelo con destino turístico) o territoriales (circunscritos a determinadas islas o partes de islas). Canarias ya tuvo una moratoria turística en 2001, aunque no obtuvo los resultados esperados por razones que no es posible entrar ahora.

La siguiente media es la limitación de compra de vivienda por parte de extranjeros ya que tensionan al alza el mercado inmobiliario, sea el de compra o el de alquiler, máxime cuando el 38% de las compras en 2023 en Canarias fueron de extranjeros. La primera pregunta que responder es a qué extranjeros se puede limitar. Obviamente se puede limitar a los no comunitarios. 

Sin embargo, como dijimos, más complejo es a los comunitarios. Como todos sabemos, el actual art. 349 del Tratado de funcionamiento (TFUE) considera a Canarias como Región Ultraperiférica (RUP), lo que nos permite gozar de determinadas excepciones a las políticas europeas debido a la lejanía, insularidad, reducida superficie, relieve adverso y dependencia económica de un reducido número de productos) pero no hay referencia a la superpoblación ni a la fragilidad de los mercados inmobiliarios, de ahí que las medidas posibles serían en materia aduanera, comercial, fiscal, incluidas zonas francas, agrícola y pesquera, abastecimiento de materias primas y de bienes de consumo esenciales, ayudas públicas y condiciones de acceso a los fondos estructurales y a los programas horizontales de la Unión. Además, esas medidas no pueden poner en peligro la integridad y coherencia del ordenamiento jurídico de la Unión, incluido el mercado interior y las políticas comunes. Es decir, sin afectar a la libertad de establecimiento de los ciudadanos europeos, pues Canarias es territorio europeo.

Aquí está el principal escollo de ser RUP, porque, en principio, no es posible excepcionar el principio de libre circulación y establecimiento de ciudadanos. Es decir, no podemos, discriminar a europeos si esas medidas no afectan a ciudadanos españoles.

Aunque es verdad también que hay algunas excepciones a la compra de vivienda por parte de extranjeros: Hay cuatro estados que permiten estas restricciones consensuado con la UE. Son Finlandia para la isla de Åland, que está en el Báltico; Malta; Croacia, por un periodo máximo de ocho años para tierras forestales y agrícolas, y Dinamarca.

También es posible en el ámbito de la UE establecer limitaciones, aunque también excepcionalmente, entre residentes y no residentes, con independencia de la nacionalidad.

Que yo sepa, en 2014 lo intentó Córcega, que aprobó la figura del Estatuto de Residente. Pero la Asamblea Regional corsa no tiene potestad legislativa. La Asamblea Nacional francesa no lo aprobó.

En Alto Adigio, Tirol del Sur, una región autónoma italiana, se aprobó una norma restrictiva que duró un año y curiosamente no fue impugnada.

También algunos municipios de Flandes (Bélgica) aprobaron restricciones a la transmisión de la propiedad a personas que no tenían una vinculación suficiente con dichos territorios, pero su iniciativa terminó en el Tribunal de Justicia de la UE. Para poder comprar se debía pasar por la evaluación de una comisión. Se impugnó la norma y el Tribunal Constitucional belga planteó a Europa si esto se ajustaba a los Tratados. Y el Tribunal de la UE contestó que había la posibilidad de que, de manera justificada y por motivos de interés general, esa restricción saliera adelante, “siempre que no sean discriminatorias y sean proporcionadas al objetivo perseguido”. Finalmente la justificación que se aportó fue rechazada por el tribunal europeo., pero lo relevante es que es posible si la justificación para discriminar entre residentes y no residentes sea proporcional al objeto perseguido.

Es decir, la UE permite discriminaciones entre residentes, pero no entre nacionales.

¿Sería posible, entonces, establecer una limitaciones que afecte a no residentes españoles en Canarias? La única norma sería la derivada de la igualdad consagrada en el art. 14 CE, porque únicamente se limitaría la compra, no el alquiler; es decir, no se afectaría a la libertad de residencia (arts. 19 y 139 CE). Además, con adquirir la residencia -que es libre para españoles y europeos-, esa limitación desaparecería.

Y ese principio de igualdad no se vería afectado, porque podría justificarse en que se aprueba como una medida integrante de nuestro Régimen Económico Fiscal (REF) reconocido por la DA 3ª CE, que no es más que un conjunto cambiante de medidas dirigidas a promover el desarrollo económico y social del Archipiélago. Es verdad que hasta ahora esas medidas eran positivas -incentivadoras-, no negativas -disuasoras-, pero los tiempos cambian. Mientras esas medidas sean proporcionales, serían aceptadas. Y lo son. Hoy son muchos los expertos que alertan de los perjuicios de la compra por parte de personas físicas o jurídicas con mayor capacidad en los mercados inmobiliarios limitados como el nuestro. De ahí que diversos países como Canadá o Nueva Zelanda ya lo han aprobado.

Por tanto, sí sería posible una limitación a la compra de inmuebles por parte de no residentes.

Por último, quedan las propuestas dirigidas a la limitación de la residencia. He leído dos tipos de limitaciones. Una fiscal. Una tasa a las nuevas residencias. Y otra la clásica ley de residencia, como límite al incremento poblacional.

La primera se justificaría por el impacto que supone la huella ecológica del nuevo residente que llega a las islas, con demanda de nuevos equipamientos, de vivienda, de sanidad, de educación y de infraestructura de los nuevos residentes, medida que cabría dentro de las medidas que como RUP Canarias podría tener.

Como habíamos dicho antes, esa tasa, para ser aceptada por la UE, debería afectar tanto a españoles como al resto de nacionales de la UE. Y más problemas va a tener con respecto a los nacionales, porque no deja de implicar un obstáculo a la libre residencia en Canarias, es decir, que podría afectar, no al derecho del art. 19, pues el derecho es ejercible, sino al 139 CE, que dispone ninguna autoridad, podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.

Si la tasa es significativa, podría no pasar el test de proporcionalidad. Y si no lo es, no tendría el efecto disuasorio, solo recaudador. Pero, como se verá más adelante. Es posible cambiar las cosas.

La segunda limitación es la llamada ley de residencia. Es decir, una medida dirigida a controlar y limitar el aumento poblacional que se justifica por razones objetivas como la capacidad de carga de un territorio, de tal manera que se establecen límites a la posibilidad nuevos residentes en el territorio.

Es obvio, que esa medida, debe afectar, para ser efectiva, tanto a nacionales como no nacionales, sean comunitarios o no. En ese escenario, choca con los arts. 19 y 139 CE que impide limitar a los españoles a la hora de elegir libremente la residencia.

Limitaciones a no comunitarios ya existe, la ley de extranjería, que requiere de autorización para la entrada y residencia de extranjeros. 

En España hay millones de extracomunitarios que han sido regularizados. De hecho ahora miso se está contemplando una nueva regularización que puede afectar a más de 20.000 personas solo en Canarias. Lo que no hace pensar de la inutilidad de leyes de residencia si el Estado español no es capaz de hacerla cumplir.

Para que solo afectara a no nacionales, habría que cambiar el modelo de Canarias en la UE, pues como dije antes, el estatus RUP no permite discriminar a los comunitarios que lleguen a Canarias.

Pero hay otro modelo en la UE que sí permitiría excluir de las medidas limitadoras a los españoles. Ese modelo es el País y territorio de Ultramar (PTU), previsto en los arts. 198 a 204 del TFUE. 

Son PTU en la actualidad 12 territorios de cuatro países de la Unión Europea (Dinamarca, Francia, Países Bajos y Reino Unido): Aruba (Países Bajos), Curação (Países Bajos) Polinesia Francesa (Francia) Groenlandia (Dinamarca) Nueva Caledonia (Francia) San Bartolomé (Francia) Sint Maarten (Países Bajos) San Pedro y Miquelón (Francia) Wallis y Futuna (Francia) Bonaire, San Eustaquio y Saba (Países Bajos) Tierras australes y antárticas francesas (Francia). Con el Brexit salieron de esa consideración 13 territorios británicos. 

¿Qué es ser PTU? La principal característica es que son territorios que no forman parte de la Unión Europea pero los nacionales de los PTU sí son ciudadanos de la UE. Es decir, que como PTU se puede entrar y salir libremente de la UE, pero los ciudadanos de otros Estados de la UE, en principio, no, aunque depende del estatus de PTU, que es flexible, prácticamente cada territorio tiene un estatus adaptados a sus necesidades, y de la legislación española.

No estaríamos dentro de las políticas comunes de la UE, pero tampoco a las limitaciones que ello implica, pudiendo tener parecidas libertades de las que teníamos antes de entrar en la UE en 1986. Se tiene derecho a distintas ayudas, pero es obvio que no al mismo volumen de las que venimos teniendo en la actualidad

No está previsto en el TFUE que Canarias pase a ser PTU, porque solo está previsto que lo hagan los países que tiene ahora PTU (nadie lo planteó en su momento). 

Recapitulando. La ley de residencia requiere cambio de estatus en la UE para que afecte solo a no nacionales porque el art. 349 TFUE no lo permite, o cambio de la Constitución para que afecte a todos los no residentes, ya que vulneraría los arts. 19 y 139 CE.

La CE se ha reformado ya 3 veces, la última el art. 42 en febrero pasado. Sin darnos cuenta. Con la misma facilidad se podría reformar la DA 3º CE, para introducir medidas como parte del REF que contemplen limitaciones, sean a la compra de vivienda o poblacionales.

Pero es que también, en el ámbito de la UE, estamos en proceso de cambio: En noviembre pasado, el Parlamento Europeo ha aprobado abrir un proceso de reforma de los Tratados de la UE. 

Una oportunidad única por lo menos para prever el paso de RUP a PTU, porque siendo PTU sería factible limitar la residencia a cualquier extranjero porque no estaríamos dentro de la UE.

Como decía al principio, el derecho solo establece los procedimientos para la toma de decisiones y toda decisión democrática es posible. Unas serían posible ya, mientras que otras requieren reformas más amplias.

Todas las medidas propuestas son posible, si se reforma la CE para incluirlas dentro del REF o se renegocia nuestro estatus en la UE, pasando de RUP a PTU. 

En definitiva, depende de voluntad política. 

Esa situación, que era negada por los distintos partidos que nos han gobernado en las dos últimas legislaturas, no solo es ahora reconocida abiertamente, sino que destacados dirigentes de esas formaciones están proponiendo medidas que hasta hace poco menos de un año o no era el momento de adoptarlas o eran imposibles o no iban a resolver esos problemas.

Así, el presidente del Gobierno acaba de decir que hay que rectificar el modelo turístico; un expresidente, que hay que establecer moratorias insularizadas; la consejera de turismo, que hay que hacer un pacto para no sé qué, mientras que el principal partido de la oposición propone una ecotasa. Y todo eso a menos de 10 días de que se celebre una presumible multitudinaria manifestación convocada por distintos formaciones ecologistas que tiene como lema que Canarias tiene un límite y no puede más. 

Solo por eso ya estas propuestas de los partidos de siempre deben ser tachadas como cínicas y oportunistas. 

Cínicas porque la movilización va en contra de las políticas de los últimos años de esos partidos y son puro oportunismo porque no solo esos partidos han sido cómplices de los grandes beneficiados de ese modelo depredador de nuestro territorio, sino porque quieren aparentar que son ajenos a la situación cuando han venido siendo defensores a ultranza del modelo de crecimiento exponencial. 

Por eso dudo mucho que las medidas propuestas se vayan a poner en marcha. 

Además de que por sí mismas van a ser insuficientes para revertir la situación actual. 

Canarias hace tiempo que no tiene capacidad para acoger a nadie más: no se puede seguir creciendo infinitamente. 

De ahí que sea imprescindible un cambio radical del modelo económico y del modelo turístico de Canarias. 

Se requiere urgentemente una moratoria total durante al menos cinco años que nos permita planificar bien los próximos 50. 

Es perentorio un cambio del modelo de adhesión de la Unión Europea. Como RUP vamos camino de morir de éxito. La única alternativa a ese modelo es, o salirnos de la Unión Europea, un canaxit, o al menos el cambio al modelo PTU. Con ello podremos lograr lo q no es posible como RUP: la posibilidad de controlar la residencia, limitar la compra de vivienda por no residentes y dar prioridad en el acceso al empleo a los residentes. 

Es verdad que complementario a ello son necesarias una ecotasa así como una diversificación económica que compense la desaceleración turística. 

Pero sin esas otras potentes medidas, exigidas por organizaciones ecologistas y formaciones políticas como Liberación canaria, los cambios propuestos por los de siempre serán meros paños calientes. O lo que es peor, parecen meras patrañas para intentar que el humo no nos deje ver sus verdaderas intenciones. Ojalá las movilizaciones del 20 de abril les hagan cambiar de verdad…

Para ser sinceros, la “agenda canaria” que acaba de suscribir con el PSOE para investir a Sánchez como Presidente del Gobierno -y antes con el PP para apoyar a Feijoó- sí tiene elementos positivos. Aunque no puede llamarse nacionalista, pero sí canarista, intenta traer a Canarias determinadas inversiones y medidas bienintencionadas. De hecho, CC intenta justificar su apoyo a Sánchez, y su rechazo a la amnistía, diciendo que no son de derechas ni de izquierdas, sino que son “de Canarias”. Aunque a muchos no les guste el término, eso es puro autonomismo, indistinguible en tantos aspectos del autonomismo del resto de diputados y diputadas que también son de Canarias.

Para ser nacionalista se ha de querer construir nación. Y las medidas contenidas en la “agenda canaria” de CC no lo pretenden. Buscan apuntalar un status quo dentro del Estado español y la Unión Europea. Y ese es el problema, que puede que el modelo autonómico del Estado español y la consideración de Región Ultraperiférica (RUP) en Europa ya no sirvan y que necesitemos evolucionar de manera distinta a como lo hacen en el Estado español. 

No digo que CC se tire al monte. Su vocación es gobernar, diría que casi a cualquier precio. Pero sí se pueden ir tomando -o exigiendo que se tomen- determinadas decisiones estratégicas que conformen esa otra “agenda canaria” que Canarias necesita de verdad: abrir el melón de una reforma constitucional, no para apuntalar el REF, qué va, sino para que se dote de una posición singular al Archipiélago dentro de un modelo de autogobierno claramente asimétrico, que nos permita, por ejemplo, plantearnos una moratoria poblacional, pues ya no hay cama para tanta gente. 

También para debatir si el actual estatus de RUP sigue valiendo o si sería mejor convertirnos, como muchos otros territorios extraeuropeos, en País y Territorio de Ultramar (PTU). No tiene ningún sentido blindar la RUP en una hipotética reforma constitucional sin antes resolver este debate en el seno de la sociedad canaria. Nuevamente, se estaría buscando poner la carreta delante de los bueyes. 

De igual modo, también es fundamental que ese nuevo estatus nos permita ser soberanos alimentaria y energéticamente, y para ello, entre otras cosas, debemos poder relacionarnos con países de nuestro entorno directamente, sin necesidad de que tengamos que ir tirando del Estado español, máxime cuando los intereses son muchas veces contradictorios… Y eso se puede conseguir a través de la Plena Autonomía Interna (PAI).

En definitiva, esa otra “agenda canaria” debería ir abriendo debates que están en la calle sobre nuestro futuro, pero no sé si en la cabeza de nuestros gobernantes. Si otros territorios del Estado han conseguido cosas impensables hace poco, ¿por qué nosotros no?

A ello ha contribuido enormemente la reflexión que el lehendakari Íñigo Urkullu publicó el pasado  31 de agosto en el diario El País. En su artículo –bastante más que una columna de opinión como  algún político conservador ha querido describir en su afán por rebajarlo– el político vasco  señalaba la necesidad de avanzar en la configuración plurinacional del Estado español (“¿por qué  en un Estado sólo puede haber una nación?”). A tal efecto, propone una “una convención  constitucional sobre el autogobierno, incluyendo principios como el cumplimiento íntegro de los  marcos estatutarios, el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, la bilateralidad, el  sistema de garantías o la capacidad de decidir pactada”. Dicha convención se celebraría en el  plazo de un año. La propuesta en principio iría dirigida a reformular e incrementar el autogobierno  de Euskadi y, en su caso, Navarra, así como el resto de las llamadas “comunidades históricas”:  Cataluña y Galicia.  

Analizar en detalle la totalidad de los elementos que el lehendakari Urkullu recoge en su artículo  no es el propósito de esta reflexión. Me propongo aportar una visión desde Canarias sobre  algunas cuestiones que entiendo que deben ser tenidas en cuenta si queremos abordar  satisfactoriamente este debate. La primera, sin ir más lejos, es que Canarias debe participar en el  mismo. El lehendakari Urkullu limita su propuesta a las nacionalidades antes mencionadas. Sin  embargo, Canarias es una nacionalidad reconocida en su estatuto desde 1996. Si hay una  nacionalidad para la que el modelo autonómico resulta a todas luces agotado es precisamente la  canaria, que no puede esperar más para alcanzar la soberanía necesaria para poder afrontar los  problemas sociales, económicos, ambientales, identitarios, etc. con garantías plenamente  democráticas.  

Si bien el ninguneo de Urkullu es inadmisible –parece que ya vamos conociendo mejor el alcance  de la supuesta alianza “vasco-canaria” entre el PNV y CC, más allá de la broma sobre la mesa del  Parlamento–, el mutismo de los partidos canaristas al respecto roza el esperpento. La honrosa  excepción de Luis Campos (dirigente neocanario, que el pasado 31 de agosto definía la reforma  constitucional como “Imprescindible. Inaplazable. Necesaria.”) defendiendo la inclusión de  Canarias y otras nacionalidades en la misma, no puede camuflar el silencio sepulcral de Coalición  Canaria, Nueva Canarias, etc. al respecto. El amplio espectro del canarismo no parece sentirse  concernido por un debate tan trascendental.  

De hecho, en la “agenda de Coalición Canaria” acordada con el Partido Popular el pasado 22 de  agosto, por la cual CC se encadena al bloque inmovilista de PP, Vox y UPN, la cuestión territorial  aparece limitada a la consolidación del status quo y no a la superación del mismo. El principio  número 3 dice literalmente así: “Si se afronta una reforma de la Constitución –asumiendo la  situación estructural, social y económica de Canarias por su gran lejanía, insularidad, reducida  superficie y dependencia económica– se establecerá en la Disposición Adicional Tercera un  reconocimiento de la condición de ‘ultraperiferia’ de Canarias como hecho diferencial con  trascendencia constitucional.” 

Sin entrar en la pésima redacción del texto, parece evidente que el horizonte político de Coalición  Canaria no es el de propiciar una reforma constitucional ni el de impulsarla acompañada de otros  actores en el concierto estatal. Es algo que, “si se da”, debe recoger las especificidades canarias  exclusivamente económicas, obviando cualquier tipo de aspiración que pudiera entrar dentro de  lo que comúnmente se entiende como nacionalismo. Si no se da, seguiremos como estamos, se  entiende.

Los partidos políticos del ámbito canarista deben pasar de esta actitud tan pasiva y acomodaticia  a una que se ajuste mejor a las enormes necesidades de Canarias en materia de autogobierno.  Deben comprender la imperiosa necesidad de que el archipiélago, nuestras instituciones, no  queden en el muelle viendo cómo el barco de la soberanía, la bilateralidad efectiva, el  reconocimiento plurinacional,… parte irremediablemente, como ya sucedió en los comienzos de  la actual etapa democrática. Si los partidos canaristas –especialmente Coalición Canaria por ser  el único representado, aunque de manera tan exigua, en el Congreso estatal– no están a la altura  de las circunstancias y del momento histórico, seguirán descendiendo peldaños en cuanto a  representación política, apoyo popular y capacidad para configurar la Canarias del siglo XXI.  Serán el PSOE y el PP quienes interpretarán hasta dónde debe llegar nuestro autogobierno, con  los resultados ya conocidos. Desde la sociedad civil canarista, animaremos este debate en clave  reivindicativa con el fin de que nuestros partidos adopten una actitud menos conformista y  cumplan efectivamente con el papel que se les supone.  

Ello es, en mi opinión, así porque el actual Senado no es la cámara que requiere la España plurinacional. Es sabido que el bicameralismo español es desequilibrado en favor del Congreso por el déficit democrático del Senado (se eligen el mismo número de senadores en cada provincia 4, pese a su desigual población, sin contar las islas), lo que provoca que la actual segunda cámara, pese a ser denominada cámara territorial por el art. 69.1 de la Constitución, es una mera cámara de segunda lectura -cuyas modificaciones tienen que ser ratificadas por el Congreso- no participando en importante funciones parlamentarias como la investidura del Presidente del Gobierno o la convalidación de los decretos leyes y, derivado de lo anterior, su funcionamiento se rige por la dialéctica ideológica, no territorial. 

Por eso mismo, esa supuesta territorialidad no es tal, ni por a quién representa la mayoría de senadores (a las provincias e islas, no a las CCAA), ni por las pocas funciones verdaderamente decisorias que ostenta, sean en exclusiva o compartida (la aplicación del art. 155 como única exclusiva, o leyes de armonización y nombramiento de los miembros de importantes órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional -TC- o el Consejo General del Poder Judicial -CGPJ-). 

Como cámara ideológica remeda al Congreso en esa dialéctica partidista, que es lo que denuncia Clavijo. Es decir, en el Senado se repiten los debates ideológicos y de partido del Congreso, no hay auténticos debates en los que los senadores se rijan por sus propios interés territoriales. Por eso tales debates no aportan nada. Son inocuos para enriquecer el debate político de la sociedad española. De hecho, podemos afirmar que en estos cuarenta y tantos años de andadura constitucional las propias Cortes han legislado de espaldas a las CCAA. Y en ese funcionamiento, el PSOE y el PP están muy cómodos. También lo está Podemos por su escasa implantación territorial. Y no les interesa que cambie nada. 

Pero al modelo de Estado, a esa España plurinacional sí le interesa que cambie casi todo el Senado (todo menos quizás el nombre). Lo que se necesita es una reforma constitucional, demandada por amplios sectores académicos dada el desgaste que viene padeciendo el modelo después de mucho tiempo sin reformas (no hay que perder de vista tampoco que la CE solo atisbó a poner en marcha el modelo, requiriéndose desde hace tiempo reformas estructurales que afecten al propio senado, pero también a la financiación o al reparto de competencias), que convierta de verdad al Estado español en un Estado verdaderamente descentralizado a través de la conversión del Senado en Cámara auténticamente territorial, en el que las partes participen en el todo (las CCAA en la toma de decisiones que les afecten). 

En la práctica totalidad de los Estados federales (los autodenominados constitucionalistas se llenan la boca diciendo que el Estado español es de los más descentralizados del mundo, más incluso que muchos de los llamados federales) existen segundas cámaras territoriales en los que participar en instancias estatales como tales, en condiciones de igualdad, en asuntos territoriales, que son la mayoría, pues son pocas las competencias verdaderamente exclusivas del Estado, en el sentido de que ostentan, de manera excluyente, todas las funciones en una determinada materia: Fuerzas armadas y poco más… Ese evidente que en materias en la que la CE reserva esa competencia en exclusiva al Estado (relaciones exteriores o inmigración) hay intereses territoriales afectados en muchas ocasiones, por lo que no pueden ser ajenas a esa Cámara territorial. De la misma manera que no es lo mismo un CGPP, pero sobre todo, un TC con un tercio de miembros elegidos por las propias CCAA, es decir, bajo parámetros estrictamente territoriales.

No olvidemos que el TC es el arbitro que dirime las disputas sobre todo competenciales entre el Estado y las CCAA. Y actualmente, las CCAA no participan en la designación de sus miembros. Sus 12 miembros los eligen los órganos del Estado (2 el Gobierno, 2 el CGPJ, 4 el Congreso y 4 -el Senado en el que apenas una quinta parte de sus miembros son de designación autonómica-).

Seguramente con esa reforma el Estado de las Autonomías funcionaría mucho mejor, pero no interesa, no vaya a ser que las CCAA acaben por demostrar que gestionan mucho mejor sus competencias que el Estado, que la descentralización no solo sirve para satisfacer demandas de autogobierno, si no también para acercar los problemas a los ciudadanos.

En 1963 fue inscrito por la ONU en la Lista preliminar de los Territorios a los que se aplica la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales [resolución 1514 (XV) de la Asamblea General como territorio no autónomo administrado por el Reino de España.

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 34/37, al amparo de la 1514, sobre el Sáhara Occidental, en la que reafirmó que, como Territorio No Autónomo (TNA), el pueblo saharaui tiene el derecho inalienable a la libre determinación y a la independencia de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. Además, posee, de acuerdo con el artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas, un estatus separado y distinto, que significa, entre otras cosas, que se requiere, como requisito de validez, que cualquier acto, pacto o acuerdo de terceros que le afecte cuente con el consentimiento del pueblo saharaui. El Pueblo saharaui ha constituido la República Árabe Saharaui y Democrática (RASD), a cuyo frente está el Frente Polisario, reconocido por la ONU como su representante legítimo.

El 20 de agosto de 1974, el Reino de España informó a la ONU de que se proponía organizar un referéndum en el Sáhara Occidental.

Al hilo de esa decisión, la Asamblea General de la ONU decidió recabar de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una opinión consultiva sobre los vínculos jurídicos que existían entre el Sáhara y el Reino de Marruecos.

La CIJ consideró que no existía ningún vínculo de soberanía territorial entre el territorio del Sáhara Occidental y el Reino de Marruecos y que, en consecuencia, no había ningún impedimento para aplicar la Resolución 1514 (XV) en lo que se refiere a la descolonización del Sáhara Occidental y, en particular, a la aplicación del principio de la libre determinación mediante la expresión libre y auténtica de la voluntad de las poblaciones del territorio.

El 26 de febrero de 1976, el Reino de España informó al secretario general de la ONU de que, a partir de esa fecha, ponía término a su presencia en el Sáhara Occidental y se consideraba desligado de toda responsabilidad de carácter internacional con relación a la administración de dicho territorio. 

Desde entonces el Sáhara está en proceso de descolonización, proceso que dura ya más de 44 años por la negativa de Marruecos a aceptarlo, y donde está desplegada una misión de Naciones Unidas (MINURSO) que debe asegurar que se culmine con la celebración de un referéndum de autodeterminación, pues en eso precisamente consiste la autodeterminación, en decidir el estatus político que se quiera, siendo necesariamente una de las opciones la independencia; sin ello no hay verdadera autodeterminación.

España sigue siendo la potencia administradora de iure, pues como tal figura en el expediente de dicho TNA. 

Para la ONU no es Marruecos potencia administradora de iure pues no figura como tal en la lista de territorios no autónomos de las Naciones Unidas y no cumple el apartado e) del Artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas que le obliga a dar regularmente información estadística y de cualquier otra naturaleza técnica que verse sobre las condiciones económicas, sociales y educativas del territorio.

Marruecos es la potencia ocupante de facto, motivo por el que el Pueblo saharaui sigue en guerra, porque siente como una verdadera ocupación la presencia de Marruecos en su territorio, que viola sistemáticamente los derechos humanos de muchos de sus habitantes y expolia sus recursos naturales.

España, en lugar de celebrar el referéndum de autodeterminación que como potencia administradora había anunciado en 1974, traicionó al Pueblo saharaui al firmar los Acuerdos Tripartitos de Madrid el 14 de noviembre de 1975, cediendo la administración del territorio -que no la soberanía, que no tenia- a Marruecos y Mauritania. Ocurrió tras el chantaje que supuso la Marcha Verde, que organizó Hasan II para forzar a España la entrega de su colonia.

Ahora, 45 años después, el Gobierno de España vuelve a traicionar al pueblo saharaui al renegar de las resoluciones que reconocen el derecho inalienable a la libre determinación y a la independencia del Pueblo saharaui y aceptar el plan de autonomía de Marruecos.

Pero es más, la ambición de Marruecos y la timorata complicidad del Gobierno español, pretende apropiarse ilegalmente de las aguas territoriales del Sáhara Occidental,  sin la participación del pueblo saharaui.

España y Marruecos, ya veremos si también con la complicidad del Gobierno canario, pretenden delimitar los espacios marítimos en torno al archipiélago. El Sáhara no es parte de Marruecos. Marruecos, como Estado soberano, sólo puede ampliar su plataforma en una pequeña zona al suroeste del Estrecho de Gibraltar, a compartir con Portugal.

Sin embargo, Marruecos, con arreglo a numerosas resoluciones de la Asamblea General (entre otras, resoluciones 35/118, de 11 de diciembre de 1980; 52/78, de 10 de diciembre de 1997; 54/91, de 6 de diciembre de 1999; 55/147, de 8 de diciembre de 2000; y 56/74, de 10 de diciembre de 2001) no puede negociar tal extremo sin el consentimiento del Frente Polisario. Dicho de otra manera, es contrario al Derecho Internacional, que Marruecos y España delimiten los espacios marítimos del Sáhara al sur de Canarias por la sencilla razón de que el Sáhara tiene un estatus internacional propio y diferenciado que no forma parte de ningún Estado, requiriendo cualquier acuerdo que le afecte la participación del Frente Polisario, so pena de nulidad. 

En definitiva, España traicionó al pueblo saharaui al no celebrar el referéndum de autodeterminación al que se comprometió en 197 y ceder el territorio a Marruecos, que no ha asumido su papel de potencia administradora de iure al no cumplir con los derechos que como tal le impone el art. 73 de la Carta de la ONU. Ha vuelto al traicionarlo al renegar el Gobierno español de la resolución de la Asamblea General de la ONU que reconoce el derecho de autodeterminación, aceptando el plan de autonomía de Marruecos. Y volverá a hacerlo si negocia la delimitación de los espacios marítimos sin la participación del Frente Polisario.

Hoy se debatió una proposición no de ley (PNL) en el Parlamento de Canarias sobre el reconocimiento al archipiélago del estatus de Plena Autonomía Interna (PAI) para la delimitación de los espacios marítimos. La PNL fue defendida por el diputado Narvay Quintero, del Grupo Nacionalista Canario, que pretendía que el Gobierno del Estado implemente las medidas legislativas y diplomáticas necesarias para que se reconozca Canarias el estatus de PAI que le permita delimitar sus espacios marítimos a partir de las líneas de base rectas archipelágicas.

Esta iniciativa de la Plataforma del Mar Canaria que, junto a ayuntamientos, cabildos y sociedad civil organizada, lleva más de 20 años reivindicando la delimitación de nuestros límites territoriales para poder hacer efectiva nuestras zonas de influencia marítimas.

Fue rechazada por la mayoría sucursalista del PP y PSOE, que es la primera vez que se manifiesta en esta Legislatura.

El Estatuto de Autonomía, reformado en 2018, pese a que reconoce que las aguas forman parte de nuestro ámbito espacial, permitiendo trazar entre los puntos extremos más salientes de las islas e islotes un contorno perimetral del archipiélago, las llamadas aguas canarias, a continuación dispone que ese trazado no alterará la delimitación de los espacios marítimos de las Islas Canarias tal y como están establecidos por el ordenamiento jurídico español en virtud del Derecho Internacional vigente.

Es decir, nos define como Archipiélago de Estado.

La Convemar, Convención internacional sobre el Derecho del Mar, celebrado en 1982 Montego Bay (Jamaica), y ratificado por España en 1997, distingue entre Estados archipelágicos y Archipiélagos de Estado. La diferencia es que únicamente los primeros pueden trazar líneas de base archipelágicas rectas que unan los puntos extremos de las islas y los arrecifes emergentes más alejados del archipiélago, que engloban sus aguas archipelágicas, a partir de las cuales delimitar los demás espacios marítimos: mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva y, en su caso, extensión de la plataforma continental (arts. 46 y ss. Convemar).

Sin embargo, los Archipiélagos de Estado solo puede delimitar sus espacios marítimos como si fueran islas, es decir, como extensión natural de tierra, rodeada de agua, el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental de cada isla serán determinados como cualquier otra extensión terrestre (art. 121 Convemar).

Canarias, por su posición geográfica, debe, y puede, constituirse en sujeto de Derecho Internacional para poder delimitar sus aguas, siendo la figura idónea para ello la de “territorio dotado de Plena Autonomía Interna” reconocida por distintas Resoluciones de la Organización de la Naciones Unidas, como la R 742-VIII, y Artículos 1 y 305-1 Convemar, lo que permitiría ser considerado como un Estado más, en este caso, como un Estado archipelágico, sin serlo, porque seguiría formando parte del Estado español.

Es una figura que exige unos requisitos que son perfectamente aplicables a nuestro caso (territorio insular, fragmentado y alejado del continente, que expresa una incontestable voluntad de seguir profundizando en su autogobierno) porque el Archipiélago dispone, en el seno del Estado, de autonomía política que ejerce a través de una organización institucionalizada perfectamente democrática.

Otra ventaja de la PAI es la delimitación de las ZEE, que, en contra del Mar territorial, no se rige por el criterio de la equidistancia para su delimitación, si no por la equidad, por lo que no se puede presumir, es decir, debe ser acordada expresamente por los Estado que tienen las aguas enfrentadas (art. 73 Convemar).

La equidistancia es la distancia media, mientras que la equidad, según el art. 59 Convemar, debe ser aplicada a“ la luz de todas las circunstancias pertinentes, teniendo en cuenta la importancia respectiva que revistan los intereses de que se trate para las partes, así como para la comunidad internacional en su conjunto”.

Pues bien, como todavía no hay acuerdo entre el Estado y Marruecos y, en consecuencia, no está delimitada la ZEE en torno a Canarias, la PAI permitiría una posición más ventajosa dado que a España esas circunstancias son dispares en función de dónde se apliquen, sea el Mediterráneo, sea el atlántico. Es decir, Canarias no puede ser moneda de cambio para que España mantenga una posición de ventaja en el Mediterráneo, ya que Ceuta y Melilla e islas adyacentes son reivindicadas por Marruecos.

En suma, la plena autonomía interna nos permitiría disfrutar de un nivel de autogobierno mucho más amplio que el de cualquier ente subestatal conocido y de un estatus internacional privilegiado, permitiéndonos ser parte de distintas Convenciones de las Naciones Unidas, relacionarnos directamente con otros Estados o tener plenamente reconocidas nuestras aguas archipelágicas, todo ello sin dejar de ser una Comunidad Autónoma integrada en el Estado español.

El requisito de tener la competencia sobre las materias regidas por esta Convención, incluida la de celebrar tratados en relación con ellas se solventaría con una nueva LOTRACA, norma que en su momento nos permitió equipararnos a las CCAA históricas, pese a ser obligados a acceder a la autonomía por la vía del art. 143.

Esa nueva LOTRACA encaja en el art. 150.2 de la Constitución española que dispone que el Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación.

El rechazo del PP y PSOE viene porque entienden que ese reconocimiento es inconstitucional, algo de lo que discrepo.

Dicen que para poder tener PAI es necesario ser Territorio no Autónomo (TNA), que son aquellos territorios en proceso de descolonización, y si se aplica a Canarias, sería contrario a la indisoluble unidad del Estado español. Sin embargo, callan sobre que Gibraltar es TNA, y el art. 144 CE prevé su integración mediante Comunidad Autónoma, ergo no sería inconstitucional que dentro del Estado haya TNA.

También alegan que, según el art. 132.2 CE son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental, pero cualquier alumno de primero de Derecho sabe que ese artículo no atribuye competencias.  La prueba de ello es que costas, es decir, las playas y la zona marítimo terrestre, están siendo traspasadas a la CA de Canarias.

Pero, aunque lo fuera, ya expuse que mediante una nueva LOTRACA, se puede traspasar a Canarias.

Se presentó una enmienda que se limita a instar al Gobierno de España a iniciar una modificación de la Convemar para equiparar a los Archipiélagos de Estado con los Estados archipelágicos. Esa enmienda, rechazada, es inviable porque tal posibilidad ya fue planteada por 5 Estados con archipiélagos separados y lejanos de su plataforma continental. Fue un debate intenso y fue rechazada esa propuesta, que ahora el grupo socialista quiere repetir. Lo que orden no nada más ni nada menos que otra nueva Convención. La de Montego Bay, se inició en 1973, después de fracasar la II en Venezuela. 

Además, esa equiparación no resolvería la debilidad de la posición del Estado español para negociar la mediana. A España le reforzaría que Canarias pudiera negociarla directamente con Marruecos.

En definitiva, con voluntad política no hay ningún inconveniente para el reconocimiento del estatus de PAI a Canarias. Otra cosa es que eso dé alas al canarismo, cosa que el sucursalismo no puede tolerar.

Me temo que, afortunadamente, no será la última iniciativa que lo intente.

Siendo verdad que -como evidencia el reciente socio barómetro- los que aquí vivmos, pese a que casi el 35% se siente solo canario o más canario, mayoritariamente (más del 50%) manifestamos la compatibilidad entre la identidad española y la canaria, no es menos cierto que, por distintas circunstancias, corremos el riesgo grave de perder nuestra idiosincrasia si no somos capaces de defender esa identidad. 

Muestra de ello es el avance imparable del “vosotrismo”, como fenómeno que abandona tanto el rico vocabulario de nuestros padres y abuelos, como la tradicional gramática (el ustedes, que es usado sin reparos incluso por la propia tele canaria, lo que es reflejo de cierto -aunque infundado- complejo de inferioridad, pues nuestra habla es tan válida como cualquier otra variedad lingüística y tenemos que estar orgullosos de ella), lo que supone una pérdida irreparable del habla canaria y, por ende, uno de los rasgos que nos distingue como pueblo y que caracteriza eso que hemos convenido en llamar canariedad, que es patrimonio de todos los canarios.

Consciente de su importancia, el propio Estatuto manda a defender ese patrimonio cultural. Hasta en tres ocasiones se refiere a nuestra forma de hablar.

Art. 27. Derecho en el ámbito cultural.

34. Los poderes públicos canarios velarán por la protección y la defensa de la identidad, patrimonio histórico y los valores e intereses de Canarias, del legado etnográfico y arqueológico de los aborígenes prehispánicos y de las demás culturas que han ido poblando el Archipiélago, así como de las distintas modalidades lingüísticas, en particular del silbo gomero.

Artículo 37. Principios rectores.

Los poderes públicos canarios asumen como principios rectores de su política:

7. La defensa, promoción y estudio del español de Canarias, como variedad lingüística del español atlántico.

Artículo 137. Patrimonio cultural.

1. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva sobre el patrimonio cultural, sin perjuicio del artículo 149.2 de la Constitución, que en todo caso incluye (…), así como los bienes inmateriales de la cultura popular canaria y las particularidades lingüísticas del español hablado en Canarias.

¿Qué se está haciendo desde los poderes públicos en defensa de este patrimonio?

Nada. La Academia canaria de la lengua, pese a nutrirse de fondos públicos, es una entidad que actúa por puro voluntarismo de sus integrantes. No creo que ni siquiera en el Gobierno de Canarias se haya detectado el problema (ni en Educación ni en Cultura) y a la oposición ni se le espera. 

Otro reflejo de pérdida de identidad es el uso de determinadas expresiones utilizadas para referirnos a nosotros mismos, al sustrato político de nuestra sociedad. ¿Qué somos? 

La respuesta dice mucho de nosotros, pues va a dar la medida de cómo nos identificamos como Pueblo. Es decir, de cuál es nuestro grado de conciencia colectiva. 

Eso la Constitución española lo entendió enseguida: habla tanto de nacionalidades como regiones a la hora de ejercer la autonomía, porque sabía que había auténticas naciones (las llama nacionalidades para salvar escollos), pero también que había territorios sin apenas esa conciencia colectiva, a las que se refiere como regiones. 

Como es un problema de conciencia colectiva, de cómo los ciudadanos de esos territorios se reconozcan –a través de sus tradiciones culturales, peculiaridades geográficas y económicas, historia común, lenguas o modalidades lingüísticas, etc.–, deben ser los Estatutos los que califiquen al sustrato socio-político de una u otra manera.

El art. 1 de nuestro nuevo Estatuto dispone que Canarias es un archipiélago atlántico que, como expresión de su identidad singular basada en sus circunstancias geográficas, históricas y culturales, ejerce el derecho al autogobierno como nacionalidad. 

Sin embargo, una parte importante de nuestros políticos, medios de comunicación, profesores, profesionales, etc., utilizan, consciente o inconscientemente, el término región, ignorando, de nuevo, al Estatuto.

Por ello, los que militamos en el canarismo, desde donde estemos -desde las instituciones o la sociedad civil, desde el gobierno o la oposición, desde el sistema o fuera de él-, debemos dar la batalla para defender, como mandata el Estatuto -pero también esa pertenencia al pueblo canario-, nuestro patrimonio cultural, esto es, nuestra identidad, nuestra lengua, nuestro territorio, nuestras aguas, nuestras competencias, nuestra capacidad de carga, etc.; en definitiva, debemos reafirmarnos colectivamente en nuestra firme voluntad de ejercer el autogobierno con vocación de construir país.

*Presidente de Canarismo y Democracia

Aunque muchos lo han comprendido, no han sido pocos los que creen que con ese término se está descafeinando el nacionalismo canario. El último, hace pocas fechas, Juan Manuel García Ramos, presidente del PNC.

Sin embargo, como digo, y podemos estar equivocados, nuestra intención es la contraria, fortalecerlo ante el evidente desgaste, tanto del término, como de las formaciones que desde hace lustros, en nombre de ese nacionalismo canario, han venido gobernando este archipiélago atlántico.

No sobran en esta tierra intelectuales que hayan reflexionado sobre el nacionalismo, como Juan Manuel, ante el deterioro ideológico -y el consecuente retroceso electoral-. Otro de ellos fue Victoriano Ríos, mi padre, que en su intento de acuñar nuevos términos se refería al “moderno nacionalismo canario” como ese nuevo ideario que pudiera consolidar una forma propia y autocentrada de pensar y entender Canarias. No llegó a lograrlo.

Ahora, Canarismo y Democracia, con la autoridad que nos da ser sociedad civil -sin ambiciones partidistas ni personales-, ponemos sobre la mesa un nuevo vocablo que pretende, desde la canariedad, nuestra identidad -patrimonio de todos los canarios-, relanzar, con la indispensable unidad de todas las personas y formaciones que lo compartan, un proyecto político que logre alcanzar esa construcción nacional, pero en el que quepan todos aquellos que priorizan la consecución de nuestros intereses comunes: autonomistas, regionalistas, federalistas, soberanistas, independentistas, etc. Es decir, insisto, amplio espectro y obediencia canaria.

Hasta la irrupción del término, puede que a todo eso se le llamara nacionalismo. Nosotros, en cambio, creemos más apropiado, porque permite a cada uno identificarse mejor con lo que es o quiere ser, denominarlo canarismo. Supone una renovación sin cambiar su esencia. Pero en absoluto son conceptos antagónicos, ni el canarismo supone descafeinar el nacionalismo, ni mucho menos desquebrajarlo, todo lo contrario, pretende su potenciación, a través de abrir a la sociedad un proyecto político desgastado por años de poder, no siempre bien aprovechados.

De ahí la necesidad de que las formaciones canaristas confluyan en un único proyecto político y electoral, que puede empezar intentándolo en las próximas elecciones generales.

Proyecto que desde luego necesita de personas como Juan Manuel García Ramos y a su PNC, formación llamada a ser la casa común del canarismo…

Parece que hay consenso ello, pues la PPL es iniciativa de todos los grupos parlamentarios, pese a las críticas que en su momento se vertieron por algunos sobre la ruptura de la triple paridad. Los defensores de este sistema mantenían que se lograba mucha más pluralidad y proporcionalidad, permitiendo una autentica adecuación entre voluntad popular y representación; es decir, que el sistema iba a ganar en democracia. Pero se quedó corto. En términos democráticos es muy similar al anterior.

En distintas ocasiones he manifestado que en mi opinión esa reforma no es, ni de lejos, la mejor solución. Al romper la triple paridad, que es lo único que tenía sentido en el anterior sistema -jugando las barreras, aunque desmesuradas, de contrapeso a la sobre valoración de la representación insular- se evidencian los grandes déficits democráticos del sistema al consolidar la desigualdad de voto entre las islas, déficits que apenas son corregidos por la lista pancanaria por los pocos escaños que elige. Por mucho que se quiera destacar la existencia de esta lista, la reforma tiene los males del anterior sistema y no sus beneficios, pues desequilibra Canarias en favor de las islas más pobladas, sin introducir apenas mayor igualdad de voto. 

Ese sistema buscaba desbancar a CC del poder. Pero no lo consiguió, pues si aplicamos los resultados de 2019 con el anterior sistema, también se hubiera podido suscribir el actual gobierno tripartito. El cambio fue, pues, fruto de un cambio del sistema de partidos, no del sistema electoral. Por eso ahora a casi nadie le interesa profundizar, en clave canarista y democrática, en la reforma electoral: sea porque el objetivo está conseguido -llegar al poder-, sea por su conformismo -porque carecen de un verdadero proyecto de Canarias- o por desidia.

Sin embargo, es posible encontrar en el canarismo y la democracia un nuevo sistema electoral.

Los sistemas electorales traducen los votos en escaños, pero, en función de sus elementos -sufragio, circunscripción y modo de escrutinio- , deben ser capaces de legitimar democrática y territorialmente a la organización política sobre los que se aplican. 

Si por canarismo entendemos el espacio ideológico en el que se asume la canariedad como proyecto político, hemos de empezar por convenir que el modelo político-organizativo más apropiado para Canarias debe basarse en sus singulares características: un sólo pueblo dispersado en siete territorios insulares.

La presencia de esas dos representatividades, la poblacional y la territorial, condiciona a la hora de buscar un modelo organizativo -y electoral- que armonice al Pueblo con el Territorio y que respete tanto al sujeto político (el Pueblo canario), como al hecho insular y archipelágico que nos singulariza.

Si, por su parte, la democracia es el sistema en el que la toma decisiones se realiza a través de la lógica mayorías/minorías, se debe propiciar, a la hora de legitimar de verdad el sistema, la adecuada presencia de esas dos representatividades en el Parlamento, sede de la toma de decisiones, porque su adecuada presencia se está marginando a una parte fundamental de lo que es Canarias.

El problema radica, pues, en adaptar las características geopolíticas del Archipiélago a un modelo que equilibre el territorio con la población, por un lado, y la existencia de un Poder político Archipelágico con el tradicional arraigo de los Cabildos insulares, por otro, sin que suponga un menoscabo para Canarismo como organización política que pueda devolver viejos pleitos que se creían desterrados.

Hasta ahora eso no ha sido posible. Esta reforma electoral no responde a lo expuesto. Pero el modelo existe: un sistema parlamentario bicameral en el que cada una de las Cámaras represente a cada representatividad, una a la poblacional (en la que haya verdaderamente igualdad de voto) y la otra a la territorial (en términos de igualdad), con esa suerte de pesos y contrapesos que permita resolver las discrepancias entre ambas a la hora de tomar decisiones. Es decir, el modelo se basa, ahora sí, en un nuevo equilibrio en el que asentar la construcción de Canarias como proyecto político. 

Para hacerlo realidad solo hace falta voluntad política, esto es, canarismo y democracia. ¿Alguien está es esa clave o solo se quiere más de lo mismo?

Se constata el nulo interés que hay en resolver este asunto, como tantos otros (el traspaso de nuevas competencias o el blindaje del REF). Parece que la ilusión de la reforma del sistema electoral era en realidad ganas de sacar provecho partidista. El único objetivo era sacar del poder a CC.

En realidad, no era una cuestión de democracia, porque ni la lista autonómica, con esos 9 escaños, mejora la desigualdad del voto, ni la bajada de las barreras ha dado entrada a formaciones que se hubieran quedado fuera con las anteriores.

La reforma del sistema electoral se debe democratizar con esa ley -la que no se quiere aprobar ahora-, que no solo debe dar estabilidad al modelo con una distribución de escaños que supere la transitoriedad que dura ya casi 40 años, sino que aumente considerablemente los escaños de extracción archipelágica y obligue a quien quiera ser candidato a Presidente de Canarias se presente por dicha lista.

Pero la reforma del sistema electoral no es solo una cuestión de democracia: También lo es de canarismo.

Haber roto con la triple paridad debió haber tenido como consecuencia lograr un nuevo equilibrio entre población y territorio que no se consigue únicamente con la lista autonómica de esos 9 nuevos escaños. Esa medida es del siglo pasado –de principios de los años 80- y no creo que sea la solución que se requiere.

Quienes tenemos una visión archipelágica de Canarias y abogamos por fortalecer su autogobierno creemos que es imprescindible mantener una presencia importante de las islas en la toma de decisiones. Canarias no se va a poder construir desequilibrando a las islas más frágiles en su representatividad. Es un argumento excesivamente ingenuo y simplón –por no decir que engañoso e interesado- sostener que las desventajas (derivadas de la doble insularidad) de las islas no capitalinas se corrigen legislativa y presupuestariamente.

La prueba de que ello es precisamente lo que está pasado con el REF: pese a tener expresa previsión constitucional, estatutaria y legal, muchas medidas legislativas y presupuestarias de nuestro acervo histórico están siendo ignoradas tanto por las Cortes Generales como por el Gobierno español. Y se han quedado tan frescos. No, la verdadera garantía del equilibrio se consigue teniendo presencia en el foro en el que se toman las decisiones: en el Parlamento.

Si las islas no capitalinas han venido gozando hasta 2019 de un considerable poder por los efectos de la triple paridad (porque teniendo el 17% de la población eligen al 50% del Parlamento) ahora, por mucho que la hayamos superado -sin que se acabara el mundo-, es difícil que se vaya a aceptar por las buenas perder esa influencia sin que al menos se explore otro sistema que logre un nuevo equilibrio a través del que mantener una presencia significativa en el Parlamento de Canarias.

Y ese sistema existe, es el bicameral, propio de los modelos federales, a partir del cual sería posible construir Canarias sobre un nuevo equilibrio entre los factores poblacional y territorial sin que ninguno aparezca infra representado frente al otro, sistema que puede tener la virtud de conjugar las aspiraciones tanto de quienes reivindican la igualdad de voto entre todos los ciudadanos canarios con independencia de la isla de residencia (a través de la cámara poblacional) como de aquellos otros que quieren mantener la representación, en términos de equilibrio, de cada Isla (con la cámara territorial donde cada una tenga la misma presencia).

No hay espacio para exponer el modelo detalladamente. Solo quiero destacar que es un sistema relativamente sencillo, donde ambas cámaras -y, por ende, ambas representatividades, la archipelágica y la insular, cuyo embrión lo tenemos en la actual Comisión de Cabildos, a la que habría que dar más competencias- van a participar en las decisiones normativas y presupuestarias y que no implica ni más gasto público, ni la creación de nuevos cargos políticos -los miembros de esta segunda cámara serían consejeros de cabildos-. Está explicado prolijamente en este enlace, por si alguien está interesado en conocerlo en profundidad.

La reforma estatutaria del sistema electoral ha sido una reforma fallida. Dadas sus carencias, sería preferible volver a reformar el Estatuto que quedarnos como estamos, porque la dificultad es la misma: mayoría de dos tercios del Parlamento de Canarias, sin que sea necesaria en la reforma estatutaria más que la ratificación de las Cortes.

Termino insistiendo en que, dependiendo del nuevo sistema electoral que escojamos, nos jugamos la consolidación de Canarias como país. Insisto, no es solo una cuestión de calidad democrática, también lo es de mejora del autogobierno, cuya consolidación depende precisamente de la capacidad colectiva para consensuar ese justo equilibrio entre Isla y Archipiélago.

Me temo que la mayoría, con la excusa de la pandemia, va a ignorar todo eso… Por ello, también en este tema, la solución es abogar por profundizar en democracia, pero también en el canarismo…

Con la finalidad de que ese régimen especial no desapareciera con la democracia, tiene un reconocimiento expreso en la disposición Adicional Tercera de la Constitución española de 1978, que dispone la necesidad de que la Comunidad Autónoma informe, con carácter preceptivo, cualquier intento de modificación, lo que nos permite conocer que se quiere modificar el REF y emitir nuestra opinión.

El Estatuto de Autonomía, como norma institucional básica de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece cómo ha de ser ese informe, antes en el art. 46, desde 2018 en el art. 167. 

En este mecanismo se ha querido ver la concreción de un pacto tácito entre el Estado y Canarias, una garantía de pervivencia de nuestras especificidades a través de su reconocimiento constitucional y estatutario.

Sin embargo, en los casi 40 años transcurridos desde que se aprobó el Estatuto de Autonomía en 1982, han sido innumerables las ocasiones en las que el Estado ha vulnerado el REF, sea por no solicitar el informe previo a la Comunidad Autónoma, sea por ignorar su contenido.

Si bien el Tribunal Constitucional (TC) puso coto al primero de los agravios tempranamente en la STC 35/1984, de 13 de marzo (que declaró inconstitucional un decreto ley del Gobierno del Presidente Suárez que no solicitó el Informe), nunca aceptó que el informe fuera vinculante, por lo que fueron desestimados varios recursos interpuestos desde 1993 basados en que no se alcanzó la mayoría de los dos tercios requerida en el art. 46 del anterior Estatuto de Autonomía para que el informe fuera favorable a la modificación del REF (SSTC 16/2003, 62/ 2003 y 72/2003).

Ni que decir tiene que esa interpretación del TC trasluce una visión sumamente restrictiva y centralista del modelo autonómico, a la vez que supone un abandono de la clásica doctrina sobre la naturaleza y posición de los Estatutos de Autonomía en el sistema de fuentes, tesis que vuelve a utilizar el TC en la Sentencia 31/2010, que resuelve el recurso del PP contra el Estatut catalán. 

Sea como fuera, y precisamente porque esa interpretación restrictiva del TC dejaba al albur de las mayorías de turno en el Parlamento y Gobierno españoles la existencia del propio REF, en la propuesta de reforma del Estatuto se introdujo un mecanismo que fuera una auténtica garantía del REF: que la negativa del Parlamento de Canarias tuviera algún efecto y no fuera un mero trámite formalista. 

El principal escollo radicaba en la ausencia de un procedimiento ad hoc para modificar el REF, por lo que se ideó un mecanismo inspirado en el procedimiento del cupo vasco, que es el otro gran régimen singular, junto con el navarro, existente en el Estado español.

Se ha de tener en cuenta que existe una enorme diferencia entre los fueros vascos y el REF: aquellos han sido tradicionalmente aprobados por las instituciones vascas de cada momento histórico, mientras que el REF es una normativa singular, sí, pero aprobada por las instancias estatales. No es, en ese sentido, un derecho propio. Por eso es difícil que esas instancias centrales acepten que haya la posibilidad de un auténtico veto al REF por parte de Canarias. 

En cualquier caso, inspirados, como decíamos, en el cupo vasco, en la propuesta de reforma del Estatuto se introducen dos procedimientos de modificación del REF: uno que se inicia con negociaciones ente los Gobiernos estatal y canario y, una vez alcanzado el acuerdo, se ratifica parlamentariamente (de tal manera que se emite el informe favorable); y otro de iniciativa parlamentaria estatal dirigido directamente al Parlamento de canarias para la emisión del informe.

El texto que se aprobó en la propuesta de reforma remitida a las Cortes por el Parlamento de Canarias en 2015 fue el siguiente:

Artículo 166. Modificación.

1. La modificación del régimen económico y fiscal de Canarias, de acuerdo con la disposición adicional tercera de la Constitución, se ajustará al siguiente procedimiento:

a) Los proyectos de ley o de decreto-ley deberán someterse antes de su aprobación a la Comisión Bilateral de Cooperación prevista en el presente Estatuto.

b) Cualquier iniciativa legislativa ante las Cortes Generales requerirá informe previo favorable del Parlamento de Canarias, aprobado por la mayoría absoluta de sus miembros, a los efectos de los apartados siguientes.

c) En caso de que el informe no sea aprobado cuando así lo acuerden tres quintos de sus miembros, se devolverá el texto a la Cámara remitente, constituyéndose una comisión mixta entre ambas asambleas que estudiará las discrepancias existentes y elevará una nueva propuesta al Parlamento de Canarias.

d) Transcurridos seis meses desde la recepción de la nueva propuesta sin informe favorable del Parlamento de Canarias, se entenderá cumplido el trámite.

Sin embargo, tras su tramitación parlamentaria en las Cortes, y sin que consten las razones, el texto final fue el siguiente:

Artículo 167. Modificación.

1. El régimen económico-fiscal de Canarias sólo podrá ser modificado de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional tercera de la Constitución, previo informe del Parlamento Canario que, para ser favorable, deberá ser aprobado por las dos terceras partes de sus miembros.

2. Si el Informe del Parlamento de Canarias fuera desfavorable, votado así por las dos terceras partes de la Cámara, se procederá según lo siguiente:

a) Se reunirá la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la de la Comunidad Autónoma de Canarias, pudiendo solicitar su convocatoria cualquiera de las dos Administraciones.

b) En el seno de la mencionada Comisión Bilateral se adoptará un acuerdo sobre iniciación de negociaciones para resolver las discrepancias pudiendo instar, en su caso, la modificación de la propuesta de texto normativo.

c) El acuerdo de iniciación será puesto en conocimiento de las Cortes Generales. Si transcurridos dos meses desde el acuerdo de iniciación, no se hubiese alcanzado acuerdo sobre la propuesta de texto normativo, continuará el procedimiento y se trasladará al Gobierno estatal o a las Cortes Generales el expediente sustanciado ante la Comisión Bilateral.

d) El proyecto o proposición de ley continuará su tramitación incluyendo las modificaciones y propuestas, en su caso, o de acuerdo con los trámites ordinarios previstos en la normativa de aplicación.

Como se puede comprobar, se introduce una primera mayoría de dos tercios favorable, mayoría que es inocua, pues no sirve para nada, según tiene dicho el TC.

La segunda mayoría, la desfavorable, también de dos tercios, abre el procedimiento de negociación pero de manera deficiente, pues ni distingue el origen de la modificación, gubernativa o parlamentaria, ni encauza el procedimiento adecuadamente -Comisión bilateral o Comisión interparlamentaria-, ni establece un plazo razonable para llegar a un acuerdo, pues dos meses se antoja muy corto.

Y en esas estamos ahora, en el incumplimiento de la garantía del REF, pues se ha modificado en una semana dos veces el REF, una, mediante un decreto ley del Gobierno español, sin solicitar el informe preceptivo, y otra, con una Ley de las Cortes Generales, en contra del informe desfavorable aprobado por unanimidad del Parlamento de Canarias (cuya consecuencia es la imposibilidad de aprobar la modificación en un período dos meses en el que se intente llegar a un eventual acuerdo en el seno de la Comisión Bilateral Canarias Estado.

Huelga decir que ambas modificaciones son inconstitucionales, y que esa vulneración del Estatuto y, por ende, de la Constitución española, es igual de grave que, por el ejemplo, lo sucedido con el llamado procés…

En un Estado de Derecho toda vulneración de sus normas básicas, como son la CE y el Estatuto de Autonomía, supone una degradación de la Democracia. Y con esta vulneración tan grosera de la garantía del REF se desprecia, una vez más, a Canarias y sus derechos históricos, ante lo cual, nos reafirmamos en la necesidad de más Canarismo y Democracia.

En el caso español (que es un estado plurinacional, de ahí que se haya descentralizado), ese autogobierno se concreta y garantiza mediante los estatutos de autonomía, normas institucionales básicas de los entes descentralizados, que han de contener el ámbito territorial de cada comunidad autónoma, sus instituciones de autogobierno y las materias sobre el que se ejerce el autogobierno (arts. 2 y 147 CE).

Tampoco está de más insistir en que ese modelo autonómico español está ya agotado porque la CE solo acertó a regular su puesta en marcha, y ya más de 40 años después requiere de una profunda transformación en cuestiones como la distribución competencial (básicamente el binomio bases/desarrollo), el sistema de financiación o la adaptación del Senado como segunda cámara territorial, transformación que no tiene visos de que vaya a ser acometida en un futuro cercano, porque en él los partidos españolistas se encuentran cómodos ya que acogota el autogobierno de las naciones existentes en el Estado español (entre las que obviamente incluyo a Canarias).

En Canarias, con todo, ese autogobierno ha mejorado sustancialmente nuestro nivel de vida, pues ha permitido un desarrollo social y económico como nunca en nuestra historia (con independencia de si ha llegado el momento de plantearnos otro modelo distinto al tradicional monocultivo), lo que ha supuesto tener las generaciones mejor preparadas y el mayor nivel de vida, pese a los alarmante cotas de pobreza, consecuencia, entre otras cuestiones de la superpoblación. Lo sustantivo, en cualquier caso, es que nos ha permitido, aunque sea tímidamente, recuperar nuestra autoestima como Pueblo con identidad propia.

Hace más de dos años tenemos un nuevo Estatuto de Autonomía, demandado desde hace mucho tiempo, que mejora ese autogobierno. En su art. 1 se proclama que Canarias, como expresión de su identidad singular basada en sus circunstancias geográficas, históricas y culturales, ejerce el derecho al autogobierno como nacionalidad. De su estudio se desprende sin dificultad que son cuatro los grandes temas que aborda: 1, la introducción de una carta de derechos ciudadanos; 2, la modernización del funcionamiento de las instituciones (entre las que incluyo la disolución por parte del Presidente del Parlamento, la posibilidad de dictar decretos leyes, o la reforma del sistema electoral); 3, el reconocimiento de las singularidades derivadas de la lejanía e insularidad (aguas canarias, REF y condición ultraperiférica) y 4, la ampliación de las competencias autonómicas.

En cuanto a la introducción de una extensa carta de derechos, como en el resto de estatutos de última generación, fue más un guiño para que la ciudadanía apreciase beneficios directos de las reformas estatutarias que otro cosa. En efecto, muy tempranamente el Tribunal Constitucional estableció que los derechos contenidos en los Estatutos de Autonomía no son tales, sino en realidad directrices, objetivos o mandatos a los poderes públicos autonómicos que, aunque les vinculen, solo tendrán plena eficacia previa intervención del legislador autonómico ejerciendo la competencia correspondiente (doctrina expuesta en la STC 247/2007, de 12 de diciembre, recaída sobre el Estatuto valenciano y ratificada poco después en la STC 31/2010, de 28 de junio, sobre el nuevo Estatuto catalán). Es decir, que esos no derechos son mandatos al legislador autonómico sobre competencias ya asumidas en los propios Estatutos. Desde esa perspectiva, esos derechos, si acaso, dan calidad más que cantidad a la capacidad de decisión que significa el autogobierno, pues no supone un aumento de competencias.

La modernización del funcionamiento de las instituciones viene derivada de la estrechez con que se regularon en su momento, en los albores de la democracia, que constreñían mucho la actividad sobre todo de los gobiernos (los parlamentos tenían más libertad, aunque siguen funcionando como en el siglo XIX hasta la aparición de la pandemia). De todas las mejoras introducidas, la más práctica es la posibilidad de usar (y, como dice algún reputado autor, de abusar) los decretos leyes, pues permite en caso de extraordinaria y urgente necesidad dictar normas con rango de ley para acometer rápidamente la regulación de determinadas materias que, en manos del Parlamento -titular de la potestad legislativa-, llevaría meses cuando no años. Dejo fuera la reforma electoral porque tantas aristas que requiere de un análisis específico, que excede de estas líneas.

El reconocimiento de las singularidades derivadas de la lejanía e insularidad de Canarias, lo que el Estatuto ha concretado en el calificativo de archipiélago atlántico (art. 1.1), si bien se ha mejorado con la modificación del Estatuto, queda muy lejos de ser plenamente satisfactorio: sigue sin haber un reconocimiento total de las aguas canarias como territorio en el que poder ejercer nuestras competencias (además de una regulación harto confusa del art. 4, nos quita la competencia en producción, distribución y transporte de energía en nuestras aguas -las famosas prospecciones petrolíferas-, art. 163); el REF sigue dependiendo de la voluntad unilateral del Estado, porque el nuevo Estatuto solo prevé que si dos tercios del parlamento se oponga a la modificación se convoque una comisión bilateral Canarias Estado para que llegue a un acuerdo en dos meses. SI no hay acuerdo, el Estado hace lo que quiere (art. 167 EAC); el carácter ultraperiférico de Canarias está mejor recogido en los Tratados de la Unión Europea que en el Estatuto, ya que la normativa que dicte el Estado en el ejercicio de sus competencias, sean exclusivas o compartidas, solo tendrá en cuenta las singularidades derivadas del carácter ultraperiférico de Canarias reconocidas por la Unión Europea (art. 101). En definitiva, que las aportaciones del nuevo Estatuto en este campo tampoco son para echar voladores…

Por último queda el aumento competencial, donde se produce una ampliación de competencias de muchas materias, entre las que destacan: Administración de Justicia en Canarias (arts. 77 a 93); tutela financiera de entes locales (artículo 105), comercio exterior (artículo 127 EAC); inmigración (artículo 144 EAC), permisos de trabajo de extranjeros no comunitarios (artículo 144 EAC), desarrollo de la Policía autonómica (artículo 148); salvamento marítimo (artículo 149 EAC), centros penitenciarios (artículo 151 EAC), costas (artículo 157 EAC), transporte aéreo (artículo 160), puertos y aeropuertos (artículo 161 EAC), gestión de los fondos europeos (artículo 175 y 197 EAC), participación en las instituciones de la Unión Europea, así como de los diferentes organismos internacionales y en las delegaciones españolas ante la Unión Europea (artículo 196) y gestión de las telecomunicaciones (disposición adicional sexta).

Si logramos que el Estado cumpla con el Estatuto y nos traspasan los medios materias y personales en esas competencia, sí se va a producir una auténtica ampliación de nuestra capacidad de decisión, pues la mayoría de esas materias inciden de manera directa en nuestras singularidades (lejanía e insularidad, que se concreta en la definición de Canarias como archipiélago atlántico en el art. 1): tutela financiera de Cabildos y Ayuntamientos, comercio exterior (sobre todo con África y América), telecomunicaciones, inmigración y extranjería, seguridad (policía, salvamento y centros penitenciarios), costas, puertos y aeropuertos y relaciones exteriores (gestión de fondos europeos y participación en órganos de la UE y en foros internacionales).

En suma, lo importante del nuevo Estatuto es que, pese a todo, nos va a permitir ir dando pasos en la consolidación de Canarias como País, pero no se darán pasos en esa dirección si no asumimos que el autogobierno que garantiza el Estatuto es la senda adecuada para seguir mejorando nuestras condiciones de vida y para tomar, por nosotros mismos, las mayores decisiones para ello, por eso no solo hay que divulgarlo, que lo conozca toda la ciudadanía, sino también exigir continuamente su pleno desarrollo. No tengo la menor duda de que el nuevo Estatuto va a contribuir a que nos convenzamos de que por nosotros mismos, como Pueblo, podemos resolver los problemas que nos acucian, sin tener esperar a que las soluciones, como casi siempre, vengan de fuera; por eso siempre es bienvenido cualquier avance, por leve que sea -según el Gobierno de Canarias, se empiezan a negociar 3 de las 30 nuevas competencias-, en el desarrollo del autogobierno que supone el nuevo Estatuto…

*Profesor de Derecho Constitucional en la ULL y miembro de la Asociación Canarismo y Democracia.  

Para compensar ese truncamiento, en el seno de los Primeros Pactos Autonómicos de 1981 se decidió la aprobación de la LOTRACA (Ley Orgánica de Transferencias prevista en el artículo 150.2 CE) lo que, en la práctica, equiparó a Canarias a las denominadas Comunidades históricas, aunque no se reconocieron suficientemente nuestras especificidades derivadas de la insularidad y lejanía, ni el Pueblo canario pudo manifestar vía referéndum su firme voluntad de ejercer ese autogobierno.

En esa última década del siglo XX se culminó el desarrollo del título VIII de la CE, con la equiparación de las CCAA. El modelo territorial de la CE, es de todos conocidos, pese a que logró una profunda descentralización política del Estado Español, está, tras casi 40 años de desarrollo, prácticamente agotado, requiriendo una profunda reforma que los partidos españolistas, por unas razones u otras, no quieren abordar.

Primera reforma

La reforma estatutaria aprobada en 1996, mediante la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre, tras la firma de los Segundos Pactos Autonómicos de 1992, que trataron de equiparar a las Comunidades Autónomas que accedieron por el artículo 143 con las de régimen especial, permitió profundizar, aunque tímidamente, en nuestro régimen de autogobierno, pero fue más una reforma cosmética que provechosa.

En la primera década del s. XXI se intentó una reforma del sistema autonómico –frustrada y frustrante, vistos los problemas territoriales a los que se enfrenta hoy el Estado español, sobre todo en Cataluña- mediante reformas estatutarias –los llamados Estatutos de nueva generación-, proceso al que se sumó tempranamente Canarias, que culminó con una propuesta de reforma estatutaria que se remitió en 2006 a las Cortes.

Pese a los intentos por lograr un amplio consenso sobre las cuestiones fundamentales del nuevo Estatuto (reconocimiento de nuestras especificidades –aguas archipelágicas, condición ultraperiférica y REF-, modernización de nuestro autogobierno –decretos leyes, decretos legislativos y potestad de disolución del Parlamento- y nuevas competencias –puertos y aeropuertos, sanidad y comercio exterior, telecomunicaciones, puertos, etc.), tras las elecciones de 2007, el Parlamento de Canarias, decidió retirar ese texto por el cambio de postura del PSOE, que presentó una batería de enmiendas que desmontaban los grandes logros que contenía ese nuevo Estatuto.

Se volvió a intentar unos años más tarde, y tras un forzado consenso que ha devaluado lo que se remitió desde Canarias, en 2018 las Cortes españolas aprobaron el nuevo Estatuto a través de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre.

Especificidades canarias

Pese a todo, ese nuevo Estatuto puede ayudar a resolver muchas de las cuestiones relacionadas con las especificidades canarias, especificidades que no son sino una muestra de la pluralidad territorial del Estado español, tornando el modelo autonómico en asimétrico, pues nuestros hechos diferenciales, nuestras especificidades –la insularidad y la lejanía que el nuevo Estatuto toma como excusa para denominarnos archipiélago atlántico –, condiciona nuestra forma de vida, nuestra convivencia, nuestra economía, nuestro sistema de partidos, incluso, nuestra identidad singular…; y es el Estatuto la norma llamada a dar cumplida respuesta a esos condicionantes permitiéndonos poder tomar mayores y mejores decisiones para adaptar nuestro autogobierno a esas circunstancias singulares.

Tras más de dos años de su aprobación -y la pandemia no puede ser una excusa porque otras Comunidades sí están negociando, y de qué manera, nuevas competencias-, muy poco se ha desarrollado de ese Estatuto: si acaso el nuevo sistema electoral (que se ha aplicado directamente, sin ley previa, y que no ha supuesto ningún cambio significativo en los resultados, pues con el anterior sistema también se hubiera producido un cambio de gobierno) y la utilización de los Decretos ley por parte del Gobierno. Nada más. Y eso que el Estatuto contiene más de 30 materias que aumentan y mejoran nuestro autogobierno en cuestiones tan importantes como las aguas canarias (artículo 4); Administración de Justicia en Canarias (arts. 77 a 93); tutela financiera entes locales (artículo 105), comercio exterior (artículo 127 EAC); inmigración (artículo 144 EAC), permisos de trabajo de extranjeros no comunitarios (artículo 144 EAC), desarrollo de la Policía autonómica (artículo 148); salvamento marítimo (artículo 149 EAC), centros penitenciarios (artículo 151 EAC), costas (artículo 157 EAC), puertos y aeropuertos (artículo 161 EAC), gestión de los fondos europeos (artículo 175 y 197 EAC); participación en las instituciones de la Unión Europea, así como de los diferentes organismos internacionales y en las delegaciones españolas ante la Unión Europea (artículo 196).

Por eso son pertinentes estas preguntas: ¿Dónde está el nuevo Estatuto? ¿Quién lo tiene secuestrado?

El resultado del Pacto, siendo positiva la voluntad de consenso que ha tenido el Gobierno, no es del todo satisfactorio por distintas circunstancias. La primera de todas, las prisas con que se ha intentado zanjar, pues muchas aportaciones no se han visto reflejadas en el Pacto (aunque sabemos que su contenido está pendiente de que se convierta en un Plan a concretar en sede parlamentaria). La segunda, derivada de la anterior, es la ausencia de auténtico debate social y transparencia sobre muchas de las propuestas, lo que nos lleva a sospechar que este Pacto sea más una operación gubernamental de marketing y desvío de la atención que otra cosa.

Sin embargo, hay un tercer elemento que nos preocupa gravemente. Desde el Espacio para la Reunificación del Nacionalismo Canario (REúNA), como plataforma organizada de la sociedad civil, hemos contribuido haciendo distintas aportaciones en la línea de resaltar nuestro autogobierno como eje fundamental e imprescindible para nuestro desarrollo como sociedad a todos los niveles. En nuestra opinión, la premisa de partida debe ser una apuesta decidida por el autogobierno, ausente en todo el documento. Es realmente decepcionante que no se aproveche la ocasión del pacto para rearmarnos como pueblo y confiar en el autogobierno como verdadero motor de la reactivación y se opte una vez más por confiar en que las soluciones han de venir de fuera, cuando, históricamente, muy pocas veces ha sido así.

Sin ese eje trasversal que es el autogobierno no es posible alcanzar los principales compromisos y las líneas generales de consenso en la sociedad canaria, ya que es uno de los pilares imprescindibles para, como pueblo, abordar el proceso de recuperación y reordenación de la actividad económica y social en el archipiélago. En terminología constitucional y estatutaria, Canarias es una Nacionalidad cuyo Pueblo aspira a autogobernarse en democracia y libertad en un modelo que combine progreso económico y justicia social con la conservación del territorio, el paisaje y el medio ambiente.

Estos últimos treinta años, y la reforma del Estatuto del 2018 es una buena muestra de ello, nos han demostrado que el autogobierno es el único modo de conseguir soluciones eficaces a los retos que tiene hoy planteados el pueblo canario. Si no nos convencemos de ello, seguiremos dependiendo excesivamente de centros de poder exteriores en los que se tomarán, si no lo remediamos, las decisiones más importantes que nos afecten. A través del autogobierno, los canarios debemos ir asumiendo nuevos espacios de toma de decisiones que nos permitan por nosotros mismos dar respuesta a nuestros problemas. En suma, hemos de asumir que el autogobierno es irreversible e irrenunciable y que únicamente profundizando en él podemos aspirar a un futuro mejor.

En este sentido, abogábamos, y quizás pecamos de ingenuos, por que, ante la fatiga del modelo autonómico, la propuesta del Pacto hecha por el Gobierno de Canarias fuera una buena oportunidad para relanzar desde Canarias una próxima reforma constitucional del modelo territorial del Estado español, hacia un modelo federal y asimétrico que reconociera a las nacionalidades sus hechos diferenciales. Ese marco podría ser propicio para reconocer plenamente a Canarias sus singularidades y, por tanto, la necesidad de asumir un estatus tanto competencial como institucional adaptado a esas especificidades de archipelagidad y atlanticidad reconocidas ya estatutariamente (con muy poco éxito, por cierto) con proyección no sólo interna sino internacional.

También creíamos que este Pacto era un buen momento para consensuar el fin de la permanente indefinición de nuestro modelo institucional y adaptarlo a la realidad archipelágica a través de un modelo que garantice unas instituciones pancanarias fuertes que garanticen la cohesión ente las islas como un nivel mínimo en la calidad de la prestación de los servicios públicos esenciales a todos los ciudadanos con independencia de la isla de residencia, unos Cabildos que gestionen eficazmente las competencias cuyo ámbito territorial se estime que es la isla y unos Ayuntamientos más cercanos a la ciudadanía.

Sorprendentemente, en el documento no hay referencias a la necesidad de desarrollar el nuevo Estatuto de Autonomía, norma institucional que nos reconoce, aunque todavía sea tímidamente, nuestras especificidades y nos dota a los canarios de nuevos instrumentos y ámbitos -normativos, competenciales y financieros- que nos van a permitir mejorar la toma de decisiones. Pareciera que el Plan pudiera servir para una comunidad continental de cualquier Estado.

La asunción del autogobierno como eje trasversal o como prioridad estratégica que proponemos debería concretarse en la enumeración de determinadas medidas a especificar en el propio documento o en momento posterior (medidas como las competencias a transferir del Estado -puertos, aeropuertos, comercio y sanidad exterior, etc.-, la participación en las instituciones de la UE, los nuevos instrumentos financieros, etc.).

Asimismo, también propusimos que se debía fortalecer la bilateralidad tanto con el Estado como con la UE como fórmula idónea para hacer valer nuestras especificidades y problemáticas, por lo que habría que añadir un nuevo apartado en el Pacto con la finalidad de que se inste al Gobierno a que utilice la Comisión bilateral Canarias-Estado (art. 192 EAC) para exigir el cumplimiento de las políticas y actuaciones legislativas y reglamentarias, así como sus decisiones financieras y presupuestarias, tanto del Estado como de la UE, que se deriven de nuestros hechos diferenciales.

Aunque es obvio que no hace falta ser nacionalista para defender nuestro autogobierno, se echa en falta un papel más proactivo al respecto tanto de los nacionalistas que están en el gobierno como de los que están en la oposición.

En fin, nada o muy poco de nuestras aportaciones aparece en la redacción final del Pacto, lo que nos hace temer el poco interés por el fortalecimiento de nuestro autogobierno, por buscar soluciones eficaces desde nuestras instituciones por parte de los firmantes.

Lamentablemente, no es la única percepción que tenemos al respecto. Así, los escasos niveles de cogobernanza durante el Estado de alarma o la propia negativa de nuestro Gobierno a la posibilidad de que podamos gestionar el ingreso mínimo vital (pese a que se ha creado uno similar hace pocas semanas y a que tenemos un sistema fiscal también peculiar -como vascos y navarros-) son ejemplos palpables de que nuestros gobernantes -y lo mismo la oposición- están más cómodos dependiendo del exterior esperando que las soluciones a nuestros problemas lleguen, como siempre, de fuera. Sin embargo, la experiencia histórica nos demuestra que a 2000 km. de nuestra tierra el desconocimiento sobre nuestra realidad es la regla. En nuestras manos está asumir nuestro futuro como pueblo maduro o seguir siendo un ente menor necesitado de tutela.