Se dice que Pedro Sánchez no da puntada sin hilo, y el último movimiento articulado en la secuencia 'carta a la ciudadanía'-reflexión-regeneración democrática“ no ha sido una excepción. Con él, Sánchez ha establecido las bases de lo que, una vez agotada la pantalla de la ley de amnistía, parecía imposible: asegurarse, con una aritmética parlamentaria complicada, la gobernabilidad para los tres años y medio que restan de legislatura. ¿Cómo así?

Para comprender tal movimiento hay que entender primero la reconfiguración del modelo de democracia tutelada que se viene produciendo en España desde 2015. Es desde este nuevo escenario que llamaremos con el nombre de “democracia de tutela fáctica integral”, y aprovechándose de él, que Sánchez construye y se posiciona en el interior de una nueva narrativa capaz de unificar partidos ideológicamente tan distintos, como Junts, Sumar, ERC, PNV, Podemos o EH Bildu, en torno a su figura para el resto de legislatura: la narrativa de la regeneración democrática. Vayamos por partes.

1. La reconfiguración de la democracia tutelada. Es una afirmación cada vez más aceptada la de que la transición española no fue una ruptura sino un proceso proyectado por el ala reformista del franquismo que, garantizando la continuidad de parte del aparato militar, judicial, policial, administrativo, etc. heredado, acabó configurando, por vía de la Constitución de 1978, una democracia tutelada. Desde entonces, el régimen naciente construyó su estabilidad sobre dos mecanismos paralelos de tutela, cada uno de los cuales actuaba en una esfera distinta del espacio público: 1) los “mecanismos de tutela político-institucional” que actuaban en la esfera del Estado; y, 2) los “mecanismos de tutela fáctica” que lo hacían en la de la sociedad; Ambos conformaban un modelo dual de democracia tutelada que abarcaba Estado y sociedad, destinada a prevenir cualquier amenaza contra los pilares fundamentales del sistema: monarquía, unidad nacional y libre mercado.

Por un lado, llamo “mecanismos de tutela político-institucional” a aquellas reglas de organización del sistema político que, en la esfera del Estado, estaban pensadas para garantizar la estabilidad del régimen. Entre ellas: la Ley 1/1977 para la reforma política destinada a garantizar el control del proceso de redacción de la Constitución; el régimen electoral, fijado en la Constitución y la Loreg, pensado para favorecer un sistema político bipartidista; el procedimiento agravado de reforma constitucional del art. 168 CE pensado para impedir la reforma; etc.

Y, por otro lado, llamo “mecanismos de tutela fáctica” a aquellas acciones de represión, montajes policiales, tortura, manipulación informativa, espionaje, terrorismo de Estado, querellas políticas, etc., aplicadas sobre los cuerpos y vidas de la disidencia política en la esfera de la sociedad (movimientos sociales, izquierda extraparlamentaria, independentismo, etc.) y que durante décadas han sido ejercidas y amparadas por jueces y partidos, incluido el PSOE.

Estos dos mecanismos parciales de tutela, conformadores de un modelo dual de democracia tutelada, garantizaron la estabilidad eficaz del régimen desde 1978 hasta 2015. A partir de entonces, la reconfiguración cuantitativa y cualitativa del sistema de partidos que, fruto del 15M y el procés, se produce en España, rompe con la lógica bipartidista existente, dejando, así, sin eficacia uno de los principales mecanismos de tutela político-institucional en vigor: el sistema electoral.

El 15M implica un cambio cuantitativo en el sistema de partidos. El viejo modelo bipartidista, con únicamente dos grandes partidos de Estado y donde los otros pequeños partidos estatales tenían nula capacidad de presión sobre el Gobierno, es sustituido ahora por uno de nuevo donde aparecen nuevas fuerzas políticas intermedias (Podemos, Sumar, Ciudadanos, Vox, etc.) necesarias para gobernar. A la vez, el procés implica un cambio cualitativo que hace que los partidos catalanes, vascos y gallegos que han de ejercer de bisagra en España, ya no sean nacionalistas conservadores de orden preocupados por garantizar la estabilidad del Estado (CiU y PNV), sino fuerzas soberanistas (Junts, ERC, EH Bildu, BNG) cuya naturaleza ha mutado de leales socios en la gobernabilidad a la de partidos extractivos que negocian para cada apoyo puntual contrapartidas que mostrar como trofeo en su territorio.

Tal reconfiguración del sistema de partidos ha hecho que parte de los mecanismos tradicionales de tutela político-institucionales, como había sido el sistema electoral, a pesar de no haberse reformado, ya no es capaz de garantizar estabilidad política ni impedir que los “enemigos del régimen” (rojos y separatistas) tengan capacidad de incidencia en la esfera del Estado, la ley de amnistía es la última prueba de ello. 

Ante esta desactivación o pérdida de eficacia de los mecanismos político-institucionales de tutela, la única manera que el bloque reaccionario tiene para seguir manteniendo en orden el sistema es extender los mecanismos fácticos de tutela, que hasta ahora operaban sólo en la esfera de la sociedad, también a la esfera del Estado, de manera que estos últimos pasan a ser, ahora, un mecanismo de tutela integral que abarca sociedad y Estado. La reconfiguración del sistema de partidos ha implicado, en paralelo, una reconfiguración de un modelo dual a uno monista de democracia tutelada, o dicho de otra manera: el paso a una “democracia de tutela fáctica integral”. Parte de las técnicas ilegales que tradicionalmente se han y siguen implementado sobre activistas y militantes en el ámbito social, empiezan a aplicarse, desde 2015, sobre políticos progresistas con cargos institucionales.

2. La regeneración democrática como llave de la gobernabilidad. Aprovechando este contexto de “democracia de tutela fáctica integral” cuyos damnificados han sido mucho más Podemos, Junts, Compromís, ERC, EH Bildu, y muy poco el PSOE, Sánchez utiliza una burda querella de Manos Limpias contra su mujer, de nulo recorrido y que, en otras circunstancias, habría pasado desapercibida, para: 1) Sobreactuar una persecución política contra él que le ubica en una posición de igualdad-identidad con sus socios de investidura, unificándose en un mismo grupo (nosotros) de alteridad respecto a otros (el bloque reaccionario); y 2) Redirigir el marco de debate político para lo que queda de legislatura hacia aquella única clivaje política que le permite unificar a todos los partidos del bloque de investidura, sin distinción, alrededor de su figura: la de la regeneración democrática.

Pedro Sánchez sabe que en una legislatura centrada en el debate de medidas sociales no conseguiría obtener el apoyo de Junts ni PNV. O que una legislatura centrada en el debate sobre el referéndum de autodeterminación donde, tras la amnistía, ya no le queda ningún recurso político que intercambiar, tampoco tiene futuro. En cambio, su victimización y ubicación en el centro del ideologema “regeneración democrática” y “lucha contra el bloque de Estado reaccionario” le permite crear patrones de agrupación de carácter transclasista y transideológico que unifica todos los partidos del bloque de investidura a su alrededor. 

Ubicado el debate político en este marco, Pedro Sánchez tiene varias cartas: la reforma de la LOPJ, la reforma de la Ley Mordaza, etc., que le permiten, sin tener que adoptar medidas estructurales de reforma del régimen del 78 ni en lo económico ni en lo nacional, negociar el apoyo de todos sus socios de gobierno o investidura, que por igual y sin distinción le están comprando el marco, durante lo que queda de legislatura.

Estamos asistiendo, durante las últimas semanas, a la conformación de un clima, jurídica y políticamente, propicio a la aprobación de una ley de amnistía para el caso catalán. Gran parte de la doctrina constitucional española ya admite su encaje constitucional. Y el PSOE y Sumar se han mostrado proclives a avanzar en esta vía. Ahora bien, aceptado este punto de partida, es necesario abordar las cuestiones relativas al alcance y límites de la amnistía y una de ellas es la de quiénes deben quedar incluidos en la misma.

Sobre esta cuestión, diferentes juristas y políticos ya han manifestado que, al igual que se hizo durante la transición con la Ley 46/1977 de amnistía, esta debe incluir, también ahora, tanto a los actos tipificados como delitos o conductas determinantes de responsabilidad administrativa vinculados a la lucha por el derecho de autodeterminación de Catalunya, como los actos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas. En mi opinión, de ser así, nos encontraríamos ante un acto ilegal en el ordenamiento jurídico internacional. Como es sabido, el derecho internacional de los Derechos Humanos establece que no todo lo que es legal en el ordenamiento jurídico interno lo es en el ordenamiento jurídico internacional. Y desarrollo tal afirmación.

Al igual que la Constitución española, la vigente Constitución alemana, aprobada en 1949, tampoco se pronuncia explícitamente sobre la amnistía. Sin embargo, ello no impide, ha dicho el Tribunal Constitucional alemán (sentencia BVerfG 10, 234, en pág. 246), poder aprobar leyes de amnistía siempre y cuando estas cumplan determinados requisitos. Parece lógico aceptar, tanto en Alemania como en cualquier otro país, que no toda ley de amnistía pueda ser válida. A grandes rasgos, podemos establecer, al menos, cuatro condiciones a cumplir por cualquier ley de amnistía que se quiera lícita: a) Justificar la existencia de un motivo legítimo. La ley debe incluir una adecuada fundamentación política de la necesidad de la misma; b) Que adopte la forma de ley general, de modo que no constituya una medida camuflada de regulación de un o unos casos particulares; c) Que se dé una configuración de la misma de acuerdo con el principio de igualdad, el cual según afirma el TC alemán en la sentencia citada se vería lesionado cuando la excepcionalidad de la amnistía no “esté manifiestamente orientada a la idea de Justicia”; y, d) Que respete y sea acorde con el derecho internacional de los Derechos Humanos.

La aprobación de una amnistía que incluyera en su interior a los policías no cumpliría esta última condición, en tanto que: 1) supondría una clara vulneración de los tratados internacionales de derechos humanos firmados por España; y, 2) no entraría tampoco dentro de las supuestas excepciones planteadas por algunos jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en sus votos particulares. Ello la convertiría en un acto ilegal en el ordenamiento jurídico internacional.

La amnistía y el derecho internacional de los Derechos Humanos

Durante las últimas décadas se ha ido consolidando, en los organismos del sistema mundial y regionales de Derechos Humanos, una posición común sobre las leyes de amnistía estatales. Todos ellos coinciden en afirmar que, aun reconociendo que los procesos nacionales de transición o de reconciliación son complejos y enfrentan dificultades, una de las medidas para afrontarlos no puede ser nunca la de una ley de amnistía que pretenda impedir la obligación y el deber que tienen los Estados de investigar, juzgar y sancionar las violaciones de Derechos Humanos. Al afirmar que las leyes de amnistía no podrán beneficiar a los autores de violaciones de Derechos Humanos estos organismos están poniendo de relevancia la capital importancia para ellos de que las víctimas y sus familiares conozcan la verdad de casos de violación de Derechos Humanos, lo que implica el derecho a la investigación judicial eficaz y, en su caso, el derecho a una reparación.

En consecuencia, tales organismos diferencian entre dos tipos de actos. Por un lado, conductas punibles que tengan el carácter de delitos políticos o de delitos comunes conexos con aquellos en la medida que tienen relación directa con reivindicaciones políticas; y, por otro lado, los actos de Estado que suponen una violación de los Derechos Humanos; para, a continuación señalar que, el uso de las leyes de amnistía para garantizar la impunidad de los segundos implica una vulneración del “deber de garantía” de los Estados. Es decir, de la obligación estatal de llevar a cabo una investigación, juicio y sanción, cuando se den en su interior violaciones de Derechos Humanos, cuya omisión entraría en abierta contradicción con los tratados internacionales de Derechos Humanos.

Así lo han establecido el Comité de Derechos Humanos de la ONU en la Observación General núm. 20 de 1992, al señalar que la amnistía de actos de tortura, tratos o penas crueles, son incompatibles con la obligación de los Estados de investigar violaciones de los derechos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esta Observación referida a actos de tortura ha sido, después por muchas otras Observaciones, extendida a cualquier violación de derechos del Pacto. Así mismo, en la Observación General núm. 31 de 2004, afirma: “cuando funcionarios públicos o agentes del Estado han cometido violaciones de los derechos del Pacto, los Estados partes no pueden eximir a los autores de su responsabilidad personal, como ha ocurrido en determinadas amnistías”. En igual sentido podríamos también referirnos a diferentes informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Colombia, Chile, Honduras, etc., o a la sentencia de la Corte Interamericana que en el caso Barrios Altos c. Perú de 2001 derogó las leyes de amnistía núm. 26479 y núm. 26492 de este país por ser incompatibles con la CADH. O en el caso del sistema europeo, esta es también la posición que ha acabado finalmente adoptando la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en la decisión del caso Marguš c. Croacia de 2014 donde afirma que la concesión de una amnistía respecto a asesinatos y malos tratos a los civiles es contraria a las obligaciones del Estado en virtud del CEDH, ya que podría obstaculizar la investigación de tales delitos y necesariamente conducir a la impunidad de los responsables.

Las excepciones a la regla general

En la citada decisión del caso Marguš c. Croacia del TEDH, los jueces Šikuta, Wojtyczek y Vehabovic emitieron un voto particular en el que defendían la posible existencia de ciertas excepciones a la regla general antes señalada. En concreto, sostenían la tesis de que, en casos excepcionales de “conflictos armados interminables” o “dictaduras violentas”, donde la concesión de una doble amnistía fuese la única salida posible, la adopción de una postura pragmática o realista que aceptará tal tipo de amnistía pudiera llegar a aceptarse con el objetivo de lograr resultados positivos. Fundamentada más en consideraciones políticas o propias de las exigencias negociadoras que no en argumentaciones jurídicas, esta posición sostiene que, en los casos citados, el beneficio que supone poder poner fin al conflicto armado o a una dictadura sangrienta supera el coste moral de aceptar la impunidad de los responsables de vulneraciones de derechos humanos.

Resulta evidente que el supuesto de regulación de la ley de amnistía que estamos aquí tratando no se corresponde con ninguna de las dos excepciones señaladas. El procés no se da en un contexto de guerra entre dos bandos ni de dictadura violenta, sino en el marco de plena vigencia de un “Estado democrático de derecho” avalado por la UE, en el que se produce un uso desproporcionado de la fuerza y una vulneración de Derechos Humanos contra los miembros de un movimiento social pacífico, lo que obliga a tener que poner el acento más en el derecho de las víctimas que no en una supuesta reconciliación en el sí de un proceso de justicia transicional que no es tal.

En conclusión, parece evidente tras lo expuesto que defender la aprobación una amnistía que incluya a los policías y sus actos, supone defender la aprobación de una ley que, si bien pudiera ser legal en el ordenamiento jurídico interno, sería abiertamente ilegal en el ordenamiento internacional de Derechos Humanos. A no ser, claro, que alguien se atreva a sostener que el espionaje, los tratos vejatorios en comisaría, la creación de atestados policiales falsos que ubican a personas concretas en cortes de vía y manifestaciones donde no estaban para imputarles delitos, infiltrados que mantenían relaciones sexoafectivas con activistas bajo engaño para obtener información, y tantos otros actos degradantes de la dignidad llevados a cabo por las fuerzas de seguridad del Estado, no constituyen violaciones claras de Derechos Humanos incluidas en los tratados.

A todos aquellos que incluyen los cuerpos de seguridad dentro de la amnistía, parece no importarles lo más mínimo el hecho de que, durante la última década, diversos Comités y relatores especiales de Naciones Unidas hayan emitido, al menos, seis informes y documentos, formulando duras críticas al acto de impunidad que supuso la amnistía española de 1977, queriendo ahora llevar a cabo una operación del mismo calibre. Si ello finalmente acaba sucediendo así, las víctimas de vulneración de derechos humanos del conflicto catalán tendrán toda la legitimidad y derecho de acudir ante los organismos internacionales de Derechos Humanos para denunciar al Estado español y exigir el derecho a una investigación judicial eficaz y, en su caso, a una reparación.

Uno de los puntos centrales de los acuerdos de gobierno entre PP y Vox en la Generalitat valenciana o en las islas Baleares ha sido revertir las políticas de normalización lingüística del catalán en el ámbito educativo. También en Catalunya, los principales dirigentes de Vox cargan, repetidamente, contra lo que consideran una supuesta presencia excesiva del catalán en la escuela. Aunque, a primera vista, ello pueda parecer solo una cuestión cultural que afecta a “señas de identidad” territoriales o a los derechos lingüísticos de sus hablantes, en realidad, detrás de estos acuerdos y manifestaciones hay una política de clase en contra de los sectores menos favorecidos de la sociedad, especialmente, la población inmigrante y sus hijos.

Lengua e igualdad social se piensan, muchas veces, por separado. Tanto los nacionalistas esencialistas como los 'progres' cosmopolitas universalistas las piensan como elementos autónomos uno del otro.

Los nacionalistas esencialistas centran su preocupación en la lengua pero no prestan atención a la cuestión social. Identifican lengua con nación, concibiendo el ataque a la primera como una amenaza para la preservación de una comunidad o identidad nacional que construyen a partir de una igualación identitaria que borra las diferencias de clase, de género, etc. de sus integrantes para unificarlos en una unidad  nacional homogénea de alteridad respecto al resto de naciones. Y a la inversa, los 'progres' cosmopolitas universalistas centran su preocupación en la cuestión social pero sin prestar atención a la cuestión lingüística. Perciben las sociedades donde defienden que deben garantizarse derechos sociales como espacios desculturalizados en los que la lengua no jugaría ningún papel relevante a tener en cuenta, lo que no es más que una omisión con respecto a sus propios privilegios por ser miembros de la comunidad lingüística dominante.

Sin embargo, en contraposición a lo anterior, lengua e igualdad social han de pensarse de manera interrelacionada. Ambas son, sobre todo en las comunidades autónomas del Estado donde el castellano coexiste con la lengua propia de las mismas, claramente interdependientes.

El elemento que conecta la cuestión lingüística con la cuestión social es el concepto de “pertenencia”. La pertenencia a la comunidad es el bien primario que toda sociedad distribuye. La pertenencia es un bien social que no distribuimos entre nosotros, pues ya poseemos de nacimiento, sino que se otorga a los “de afuera” y su familia y condiciona nuestras conexiones y relaciones con ellos. La posición que un individuo ocupa con respecto a este bien social “pertenencia” determina, directa e indirectamente, el acceso a los otros bienes y derechos.

En toda sociedad, los actores y bienes distribuidores de pertenencia son de dos tipos: uno es la burocracia que distribuye pertenencia a la comunidad política a través de los “papeles” o la regularización administrativa. Otros son instituciones sociales como la escuela, donde, en aquellas comunidades autónomas en las que existe una lengua propia al lado del castellano, su dominio opera como otorgador de pertenencia por vía de los significantes sociales que ella lleva implícitos.

Es evidente que no conocer el catalán no excluye en islas Baleares, ni en Catalunya, ni en el País Valenciano, de poder acceder a servicios públicos, al mercado, empleo, instituciones de todo tipo, etc. abiertos a todo concurrente. Pero también es cierto que conocerlo ofrece posibilidades de integración y movilidad social enormemente mayores. La relevancia del conocimiento de la lengua propia en la adquisición de pertenencia de los inmigrantes ha sido reconocida tanto desde el punto de vista jurídico como sociológico.

En el campo jurídico, el segundo apartado del artículo 2 ter de la LO 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, establece que las Administraciones Públicas deberán tener como objetivos “la integración entre inmigrantes y sociedad receptora” y para ello “procurarán, mediante acciones formativas, el aprendizaje del conjunto de lenguas oficiales”. De esta forma, el aprendizaje de las lenguas oficiales se individualiza como un elemento básico de integración de los inmigrantes en la sociedad de acogida, incluyendo todas las lenguas oficiales en el territorio.

Y, en el campo sociológico, son muchos los estudios que evidencian que en aquellos territorios con una lengua propia que coexiste con el castellano, el dominio de la primera por parte de los inmigrantes y descendientes, genera en ellos un proceso de capitalización del que derivan cambios en su posición social tanto en su comunidad de origen como en la comunidad receptora, aumentando las potencialidades de movilidad social y niveles de autoestima y empoderamiento sociocultural. No es por casualidad que la escuela pública en Catalunya, después del franquismo, naciera, a inicios de los 80, en Santa Coloma de Gramenet impulsada por un movimiento de padres y madres mayoritariamente castellanohablantes y de origen andaluz, para reclamar que sus hijos e hijas pudieran aprender en catalán. Tras una fuerte lucha consiguieron que fuera en esta ciudad, obrera, de población mayoritariamente migrante y gobernada entonces por Lluís Hernández del PSUC, donde naciera en 1981 la primera escuela pública post-franquista en catalán, la Rosselló Pòrcel, antes incluso de la aprobación, en abril de 1983, de la Ley de normalización lingüística en el Parlamento catalán.

Resulta evidente, entonces, que, en los territorios aquí descritos, existe para la población migrada y sus descendientes una correlación entre dominio de la lengua propia e igualdad y movilidad social.

Es por todas estas razones que la guerra que PP y Vox han iniciado contra las políticas de normalización lingüística del catalán en el ámbito educativo del País Valenciano y las islas Baleares es una guerra de clase que ataca frontalmente uno de los mecanismos distribuidores de pertenencia y, en consecuencia, de igualdad social que va a tener como principales damnificados a aquellos sectores más vulnerables y menos favorecidos.

Los desastrosos resultados en las elecciones del 28M, seguido del veto a Irene Montero y la relegación de sus candidatos a puestos inferiores de las listas de Sumar, marca el final de Podemos. A lo largo de apenas nueve años de existencia, el partido ha generado dos enemigos principales a los que ha subestimado a la hora de fijar su estrategia y rumbo político: los conservadores y el regionalismo de flotación. Ambos han acabado siendo sus enterradores. 

Los conservadores

A finales de 2019, Podemos decide montarse en un gobierno de coalición con el PSOE, en una posición de minoría. Conscientes de que tal debilidad no les permitiría cambiar cuestiones políticas estructurales (la política migratoria, la geopolítica pro-OTAN, el modelo económico, etc.), creen, sin embargo, que poder asumir el control de determinados ministerios e impulsar, desde estos, proyectos de ley será una estrategia útil para poder transformar el país. 

Esta es una estrategia construida sobre una visión reduccionista y normativista de la ley que subestima el rol de su primer enemigo: los conservadores. Se trata de una concepción que reduce el Derecho a la secuencia “mandato-obligación-obediencia” y cree que transformar consiste solo en recoger las demandas de determinados sectores de la población, convertirlas en un proyecto de ley donde se refleje el tipo de sociedad, valores y metas vislumbrada por sus impulsores, y que una vez convertido en ley por el legislativo, provocará, automáticamente, que los ciudadanos adecúen su conducta a ella. 

El Derecho, no obstante, es algo más complejo. El Derecho en un Estado no es meramente un cuerpo de reglas. Es más bien un proceso dinámico que envuelve a múltiples agentes ejecutores, sancionadores, difusores y receptores de la norma que, en muchos casos, procesan valores opuestos a los expresados en dicha ley. La ley debe ser ejecutada por policías, justicializada por jueces, activada por fiscales, explicada por los medios de comunicación, interiorizada por la gente deviniendo en cultura legal ciudadana, etc. Este conjunto de actos es lo que conforma el “proceso legal total” o lo que los autores del movimiento del realismo jurídico norteamericano de principios del s. XX llamaron el “Derecho en acción”. Y dentro de este proceso es donde ha intervenido activamente el primero de los enemigos y enterradores de Podemos: los conservadores.

Durante su existencia, Podemos ha sido menos una “izquierda que transforma” y más una “izquierda que molesta”. O dicho de otra manera, un partido que ha causado poco miedo a los poderosos, esto es al Capital y los agentes económicos de la clase dominante. Pero sí más temor a los conservadores, es decir, los actores morales, culturales y religiosos.  

Podemos ha concentrado su acción legislativa en su Ministerio insignia, el de Igualdad. Desde allí y mediante la ley del 'sólo sí es sí', la Ley Trans, las provocadoras declaraciones de la secretaria de Estado de Igualdad, etc., no han removido los privilegios económicos de los ricos, pero sí ha intentado cuestionar y desregular, entendido aquí como desestandarizar, determinadas jerarquías e instituciones culturales y sociales tradicionales (el patriarcado, el género, la heterosexualidad normativa, la familia, la corrección estética política, etc.). Ello no ha evocado temor en los poderosos, preocupados sólo por la rentabilidad de sus negocios, pero sí en los conservadores, que viendo amenazado el orden social moral han emprendido una auténtica cruzada contra la ministra Irene Montero y sus proyectos de ley.

Así pues, cuando desde una posición de minoría en el Gobierno y aislado en tu ministerio, pretendes avanzarte a la realidad por vía de proyectos de ley que susciten cambios que chocan con los valores conservadores, el resultado de la aprobación de la ley no es que todos los agentes adecúan su comportamiento a ella sino que estos despliegan sus fuerzas e influencias personales y societales en contra de la misma. De manera que, no solo las expectativas de la ley y el desempeño de la ley terminan por no coincidir, sino que además, tus propios proyectos de ley son los que te entierran. 

Gobernar no es escribir proyectos de ley. No es legislar en el vacío sino dentro de un campo de fuerzas en el que si ubicas el foco de interés del proceso legislativo en la regla, y no en las maniobras de los múltiples actores que giran a su alrededor, los últimos te acaban destruyendo.

El regionalismo de flotación

Tras el momento inicial de confluencia y, especialmente después de la Asamblea Vistalegre II, se inicia, en Podemos, una larga historia de purgas y salidas de grupos y personas del proyecto, por razones distintas: por luchas de poder internas (Iñigo Errejón, Rita Maestre y su grupo), por disconformidad con la estrategia política (Anticapitalistas), por episodios de Lawfare (Albert Rodríguez), etc. A partir de aquí empieza a producirse un proceso cruzado de repliegue regional de los excluidos y repliegue estadocéntrico de Podemos.

Por un lado, la estrategia para flotar políticamente de los distintos individuos o grupos excluidos del aparato central de Podemos, ha sido atrincherarse en regiones de supervivencia. Se produce un repliegue regional de estos grupos (Más Madrid, Drago Canarias, etc.). Estos deciden contrarrestar su debilidad intentando redirigir su proyecto hacia el ámbito autonómico y municipal donde es más fácil reacumular recursos políticos (representantes en las instituciones y, por ende, dinero, visibilidad mediática, cierta base organizada, cuotas de poder para negociar, etc.). La fortificación en las regiones persigue un doble objetivo para ellos: a corto plazo, lograr flotar en una arena política de la que han sido desplazados. Y, a mediano plazo, usar su cuota de poder regional como plataforma-trampolín para reinsertarse en la política estatal.

Por otro lado, y a la inversa, se ha producido en Podemos un repliegue estadocéntrico. La integración de todos sus dirigentes y cuadros en las instituciones estatales y focalización de su actividad a las tareas de gestión ministerial, ha acabado haciendo del partido, cada vez menos, una organización de la sociedad, y más un órgano paraestatal alejado de los ciudadanos y subsumido en la gestión de las funciones públicas. 

Este proceso cruzado de repliegue ha hecho que cuando la dirección de Podemos ha levantado la cabeza, ha visto cómo los proyectos regionalistas de flotación, más los partidos regionalistas progresistas preexistentes (Compromís, Chunta Aragonesista, Comuns-ICV, etc.) cuyos votantes pretendió originariamente absorber, se le habían comido la merienda en todos los territorios. En este escenario de debilidad del partido morado, amplificado por los malos resultados del 28-M, Yolanda Díaz junto a los  regionalistas, unidos en una federación de intereses, usan el fetiche de la unidad y la lista única como la oportunidad para llevar a cabo, mediante un ejercicio de exclusión por inclusión, la estocada final a Podemos, relegando sus candidatos a posiciones secundarias en las listas y dejándolos sin apenas representación.

Los conservadores y los regionalismos de flotación han enterrado a Podemos. Con su fin termina también el ciclo político iniciado en 2011. Sumar, a pesar de su lema de presentación “Empieza todo”, no es el inicio de nada sino la encarnación orgánica de un final con mal sabor. La tarea inmediata el próximo 23-J es ir a votar e impedir que la barbarie gobierne pero, pase lo que pase, a continuación toca reconstruir, una vez más y aprendiendo de los errores del pasado, un nuevo bloque social desde abajo. 

El Estado provee a los ciudadanos de bienes y servicios de distinta índole, tales como seguridad, educación, transporte, sanidad, vías de comunicación, limpieza de calles, etc. Uno de los debates tradicionales, en este campo, ha sido el de qué tipo de agente, público o privado, está en mejor posición para prestarlos.

El reciente episodio de Ferrovial obliga a poner, de nuevo, este debate sobre la mesa. Se trata de una empresa que, desde 1991 hasta hoy, se ha adjudicado cerca de 9.000 millones de euros por obras del Ministerio de Fomento, con contratos obtenidos, en muchos casos, mediante acuerdos ilegales de reparto del mercado y que, pocos días atrás, anunció el traslado de su sede social a Ámsterdam para pagar menos impuestos que en España. A la vez que pretende que ello no altere la posibilidad de seguir obteniendo contratos y favores del gobierno español. Pero ¿Por qué ocurren episodios como éste? ¿Qué hacer para evitar que se repitan?

El hecho de que Constitución, la jurisprudencia del TC y la cultura jurídica y política española se estructuren alrededor de un modelo liberal que jerarquiza los derechos -consideran que hay unos derechos de primera, los derechos civiles y políticos, estrechamente vinculados a la dignidad humana, y unos derechos de segunda, los derechos sociales, que estarían menos estrechamente vinculados a la dignidad y por ello gozan de menor protección constitucional- ha provocado que el enfoque desde el que se aborda el debate acerca del agente que debe prestar los bienes y servicios vinculados a tales derechos cambie en función de si se trata del primer o segundo grupo de derechos.

Cuando se trata de derechos civiles y políticos, supuestamente más vinculados a la dignidad según los liberales, el debate sobre el actor de su prestación se aborda no desde un enfoque instrumentalista sino centrado en el Estado. Se parte de la idea de que estos servicios o prestaciones, en tanto son funciones intrínsecamente estatales, no se pueden tercerizar, ya que su prestación por actores privados no conseguiría hacer efectivo el valor de bien colectivo que hay detrás de su prestación e, incluso, podría llegar a ser contradictoria con la propia dignidad de las personas. 

De acuerdo con ello, todos tenemos interiorizado que la seguridad, el orden público, la tutela judicial efectiva, la protección judicial, el régimen sancionador punitivo, la organización de los procesos electorales, etc., solo deben poder prestarse en régimen de monopolio por el Estado, mediante las fuerzas y cuerpos de seguridad, la administración de justicia, sus jueces y tribunales, la administración electoral o un sistema penitenciario de titularidad pública. Resultaría moralmente inaceptable y ajeno al sentido común aceptar su privatización o prestación mediante cuerpos privados de policía, agentes privados con capacidad de detener a personas, jueces y tribunales privados, empresas organizadoras de elecciones o cárceles privadas, pues ello socavaría los propios valores inherentes a su prestación, los cuales dependen de su provisión pública. 

Por el contrario, cuando se trata de derechos sociales, supuestamente menos vinculados a la dignidad humana según los liberales, el debate sobre el agente encargado de su prestación sí lo abordamos desde un enfoque instrumentalista. Contradictoriamente, aquí el sentido común sí permite aceptar que el servicio de educación, sanidad, electricidad, agua, limpieza de calles, construcción de infraestructuras de servicio público, etc., puedan estar por igual a cargo de actores públicos o privados, sin ningún cuestionamiento moral ni menoscabo a la dignidad, y que la elección de uno u otro deba basarse, exclusivamente, en la respuesta a la pregunta de quién puede prestarlos de manera más eficaz. De acuerdo con ello, la llamada colaboración público-privada para la prestación de todos estos servicios ha sido común con empresas como Ferrovial para la construcción de infraestructuras públicas, recogida de basuras y gestión de residuos o limpieza de calles, Telefónica para el ámbito de las telecomunicaciones o la iglesia católica para la prestación del servicio de educación o sanidad, entre muchas otras.

En resumen, el modelo de jerarquización liberal de derechos es el que ha construido un sentido común sesgado, de acuerdo con el cual mientras afrontar el debate del tipo de agente encargado de la prestación de derechos civiles o políticos desde un enfoque instrumental se considera inmoral y contrario al sentido común, hacerlo para el caso de la prestación de servicios o infraestructuras vinculados a los derechos sociales no lo es. De manera que, durante décadas y bajo el argumento de la eficacia, se ha aceptado con naturalidad que la prestación de estos últimos se haya concesionado a empresas privadas como Ferrovial que, tras obtener beneficios multimillonarios a costa del Estado, decidan ahora trasladar su sede social a otros países con el único fin de poder eludir el pago de impuestos. 

Mientras España sea parte de la UE, cuyos tratados permiten la libertad de establecimiento de las empresas dentro de su territorio sin que el Estado pueda evitarlo, la solución a episodios como el de Ferrovial sólo puede ser una. Superar el modelo liberal de jerarquización de derechos por uno basado en el principio de indivisibilidad e igual jerarquía de todos los derechos, reconocido en los propios tratados internacionales de Derechos humanos. Estableciendo con ello, la base para construir un nuevo sentido común hegemónico el cual pueda considerar que, en tanto todos los grupos de derechos están en igual grado vinculados a la dignidad humana, la prestación de bienes o servicios para hacer efectivos todos ellos, incluida el agua, la electricidad, la limpieza de calles, la educación, la sanidad, la construcción de infraestructura pública, etc. no deba poder abordarse nunca, como tampoco se hace con los derechos civiles y políticos, desde un enfoque instrumental sino, solo, centrado en el Estado. Creando, en concordancia con esto, empresas públicas para que sean estas y no actores privados con las que el Estado contrate la prestación de tales servicios. 

Esta semana se ha conocido el caso de un policía infiltrado en los movimientos sociales de Valencia. Un caso que se suma al reciente descubrimiento de, al menos, otros dos agentes encubiertos que durante años estuvieron dentro del movimiento estudiantil, organizaciones independentistas y movimientos sociales de Catalunya. No cabe duda de que la infiltración policial como técnica de investigación para obtener pruebas incriminatorias es una medida claramente vulneradora de los derechos fundamentales de los investigados. Entre ellos, del derecho a la intimidad pues, de otra manera, el policía no tendría acceso a datos o confidencias que forman parte de la intimidad de una persona. Ello genera, automáticamente, la pregunta de si tal técnica debería permitirse legalmente o no.

Existen, en este sentido, dos respuestas polarizadas: la posición consecuencialista y la deontologista absoluta. La primera, la consecuencialista, afirma que, en todo caso, el fin justifica los medios y, en consecuencia, debería estar permitida siempre que se considere necesaria para evitar un mal mayor. En el otro extremo está la segunda, la deontologista absoluta, que dice que, independientemente de cuales sean las consecuencias, cualquier actividad que implique vulnerar derechos humanos de una  persona no debe estar nunca, bajo ningún concepto, permitida.  

La posición de los ordenamientos jurídicos de la práctica totalidad de países democráticos, y seguramente la que parece más razonable, es una posición intermedia denominada “deontologismo de umbral”. Esta posición, conciliadora de las dos anteriores, sostiene que las actividades ocultas de Estado que vulneran derechos fundamentales solo deben permitirse, excepcionalmente, en casos en los que la gravedad de las consecuencias que se pretenden evitar estén por encima de cierto umbral y, siempre, deben estar limitadas y bajo control permanente para evitar excesos indebidos.

En el caso español, la figura del agente de policía infiltrado con identidad falsa se regula en el art. 282 bis introducido en 1999 en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) de 1982 y modificado por la Ley Orgánica 13/2015 para incorporar el agente encubierto a través de internet. Si tuviéramos que ubicar la regulación española de esta actividad bajo alguna categoría podríamos establecer que se trata de un “deontologismo de umbral débil” que, además, se incumple reiteradamente por el Estado.

Por un lado, hablo de “deontologismo de umbral débil” porque los límites y controles que la ley establece sobre esta actividad son, en algunos aspectos, mucho más laxos que los requeridos para cumplir estándares democráticos mínimos. Ejemplo de ello lo encontramos en lo que se refiere a la autoridad competente para autorizar el recurso al agente infiltrado. Junto al juez de instrucción competente, el art. 282 bis otorga esta facultad, también, al Ministerio Fiscal. Basta recordar la intervención, el año pasado, de Pedro Sánchez durante una entrevista en Radio Nacional de España cuando, refiriéndose a la extradición de Puigdemont, afirmó: “¿La Fiscalía de quién depende?” –“depende del Gobierno”, completó el periodista- “Pues ya está…”, para entender que con ello se está habilitando un instrumento de persecución política y espionaje en manos del gobierno que vulnera los principios de libertad más básicos. En cualquier país democrático, la autoridad competente para autorizar el recurso al policía encubierto debería ser, única y exclusivamente, un juez, quien debe desarrollar una contundente justificación y motivación en la que se demuestre la idoneidad de la medida, pero nunca el Ministerio Fiscal, ni siquiera dando cuenta de forma inmediata al juez de instrucción como señala la LECrim.

Pero es que, además, por otro lado, el resto de límites sí establecidos por la LECrim para regular esta técnica policial son, reiteradamente, incumplidos por las fuerzas de seguridad con el amparo del Ministerio de Interior. Podemos mencionar dos ejemplos muy claros:

Uno es que la LECrim limita el ámbito de utilización de infiltración policial solo a casos destinados a combatir la “delincuencia organizada”, determinándose, en el apartado 4 del citado art. 282 bis, las figuras concretas de crimen organizado en las que puede usarse este técnica. Y, a la vez, ella siempre debe utilizarse para investigar delitos ya cometidos, nunca con una finalidad preventiva ya que se considera que en estos supuestos no se dan las características de excepcionalidad, necesidad y subsidiariedad exigidas debiéndose buscar otros medios menos restrictivos de derechos.

Y otro es que, como no puede ser de otra manera, la misma LECrim obliga a que la actuación del agente debe estar circunscrita dentro de ciertos límites, no estando facultado para realizar acciones que puedan quebrantar dimensiones básicas de la dignidad humana de las personas investigadas, lo que, en su caso, debería generar responsabilidad penal del policía.

Ambos límites han sido, abiertamente, vulnerados en los casos de Barcelona y Valencia que han salido a la luz pública estos últimos días. En el supuesto del primer límite, resulta evidente que tanto si la infiltración policial se ha llevado a cabo considerando que sindicatos de estudiantes o asociaciones vecinales legales que desarrollan su actividad  dentro de la legalidad son organizaciones terroristas susceptibles de ser intervenidas de acuerdo con el apartado 4.n del art. 282 bis, como si esta intervención se ha hecho de manera ilegal, se trata, por igual, de hechos graves y condenables. Y en el caso del segundo límite, el uso instrumental, por parte del agente encubierto de Barcelona, de relaciones sexoafectivas bajo engaño con mujeres con el objetivo de introducirse dentro de los movimientos sociales y conseguir información, no solo vulnera cualquier código deontológico de actuación sino que constituye un delito de abuso sexual.      

Ante estas violaciones evidentes de la propia legalidad, la posición del ministro Fernando Grande-Marlaska es, una vez más, la de encubrir, amparar y premiar vulneraciones de derechos humanos sin que nadie le obligue a dimitir.

El Congreso aprobó la semana pasada, fruto del pacto Gobierno-ERC, la proposición de ley de reforma del Código Penal (CP) que elimina el delito de sedición. Con ello, se afirma haber conseguido un avance democrático histórico y una desjudicialización de la política en España. Esto es cierto si se hace un análisis aislado de esta disposición concreta, pero falso si se pone en relación la citada eliminación con la reforma del art. 557 del Código Penal.

La contrapartida de eliminar la sedición es una modificación del art. 557 referido a los desórdenes públicos, ampliando los supuestos tipificados dentro del delito. Si antes tal delito se aplicaba solo sobre quienes “ejecutaran actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas, o amenazando a otros con llevarlos a cabo”, ahora se amplía sobre quienes “ejecuten actos de violencia o intimidación: (a) sobre las personas o las cosas; u (b) obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas; o (c) invadiendo instalaciones o edificios alterando gravemente el funcionamiento efectivo de servicios esenciales en esos lugares”. Además, cuando tales actos sean llevados a cabo “por una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público”, sin especificar el número, ni la organización, ni el propósito, ni lo que debe considerarse idóneo, se pueden castigar con penas de 3 a 5 años de cárcel.  

Tal ampliación de los supuestos tipificados como delito supone dos consecuencias totalmente contrarias a las que sostienen el Gobierno y ERC: En primer lugar, no se trata de un avance histórico sino de un desmontaje regresivo de la idea de Estado social democrático contenida en el art. 1.1. de la Constitución. Y, en segundo lugar, no supone desjudicializar sino hiperjudicializar la política.

Respecto a la primera consecuencia. Una de las diferencias entre el constitucionalismo liberal y el social reside en el reconocimiento e incorporación del conflicto como parte integrante del Estado. El Estado social ha sido caracterizado por integrar el conflicto en el interior del espacio constitucional mediante el reconocimiento de derechos vinculados con la articulación del conflicto social como los de huelga o negociación colectiva. El Estado social pasó a establecer un equilibrio constitucional redistributivo de poder y de instrumentos de autotutela de intereses entre las organizaciones empresariales y los sindicatos, integrando al conflicto social como elemento central de la democracia en el mismo. 

Si bien en la época de la sociedad industrial fordista en la que surgió el Estado social, donde el sujeto colectivo por excelencia era el Trabajo, la garantía del conflicto como base de la democracia exigía proteger aquellos instrumentos de conflicto propios de este sujeto: la huelga, la negociación colectiva, etc. En las sociedades actuales, en las que el sujeto por excelencia ya no es, únicamente, el movimiento obrero sino, también, una diversidad de movimientos sociales diversos, la garantía del conflicto como base de la democracia exige proteger, a la vez, los instrumentos de conflicto propios de estos: sentadas pacíficas en el espacio público, acampadas, corte de vías de comunicación, manifestaciones, ocupaciones de edificios, bloqueo de desahucios, etc. 

La necesidad de una permanente adaptación, entre otras por vía interpretativa, de la Constitución del Estado social a un presente político-social cambiante que permita hacer de ella un documento vivo y dinámico no obsoleto, exige hoy que el conflicto social como categoría constitutiva del Estado social del art. 1.1 CE ya no puede entenderse, constitucionalmente, solo como conflicto Capital-Trabajo, sino también como conflicto entre la diversidad de nuevos movimientos sociales y el Estado, reconociendo, como premisa para la existencia del principio democrático, la subjetividad política de estos nuevos movimientos y sus propios instrumentos de conflicto. Y, en este sentido, la ampliación del delito de desórdenes públicos a los nuevos supuestos contemplados por el art. 557 CP criminaliza las prácticas de conflicto propias de estos movimientos, bloqueando la posibilidad de llevar a cabo esta indispensable actualización de la idea de Estado social democrático a nuestros días y desmontando, por tanto, de manera regresiva, su propia posibilidad de existencia.

Y, respecto a la segunda consecuencia, podemos decir que la judicialización de la política conlleva, al menos, dos cosas: una es la concentración del poder político para abordar problemas sociales en los jueces. Y la otra es la resolución de los conflictos no por la mediación sino por la represión. Los métodos que el poder político (Legislativo o Ejecutivo) y poder judicial tienen para resolver conflictos sociales son distintos. El primero lo hace a través de la “regulación” y el segundo a través de la “aplicación”. La regulación es una forma de mediación entre autoridad y sociedad, es la conversión en Derecho de una negociación de costes y recompensas entre partes. La aplicación, por el contrario, no reconoce ningún vínculo con la complejidad de la sociedad ni sus contradicciones, simplemente hace caer el peso de la ley sobre la parte acusada que se convierte en un mero receptor pasivo de la norma. La judicialización implica, pues, concentración del poder político para abordar problemas sociales en los jueces y, consecuencia de lo anterior, resolución de conflictos no mediante la “regulación” sino la “aplicación”, léase la represión. 

Y, ¿por qué digo que la reforma no implica una des-, sino una hiper-judicialización? En todo ordenamiento jurídico podemos distinguir entre “discurso del Derecho” y “discurso jurídico”. El discurso del Derecho se conforma del conjunto de normas escritas que integran el sistema legal cada una de las cuales puede transmitir múltiples mensajes. El discurso jurídico es el que habla del anterior. Es el que producen los abogados, los ciudadanos al opinar del Derecho o los jueces al fundamentar sus sentencias, con el objetivo de interpretar o descifrar los mandatos ocultos en la norma. Si a la hora de redactar una disposición legal usas términos ambiguos como “intimidación sobre personas y cosas”, “obstaculizar”, “alterando gravemente”, “una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos”, etc. sin definir qué debe entenderse por ello, reduces el campo de aplicación directa del discurso del Derecho y amplías el del discurso jurídico, esto es, el margen de interpretación de los jueces. Y si tenemos en cuenta que la juridicidad no existe realmente, sino que lo que existe es el fenómeno del ejercicio del poder por vía del discurso jurídico, lo que haces es aumentar el poder político de los jueces para intervenir en la resolución de los conflictos por vía de la sanción. Precisamente por esto, lo que se acaba produciendo no es una des- sino una hiper-judicialización de la política.

El nombramiento, en su día, de Fernando Grande-Marlaska como ministro del Interior no estuvo exento de polémica. Su previa trayectoria como juez se caracterizó por sospechas de ubicar su actividad jurisdiccional, en varias ocasiones, en los márgenes de la Constitución. Es decir, sustrayéndose de los límites de garantía de derechos que exige el texto constitucional. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España en cinco ocasiones por no investigar suficientemente bien las denuncias de torturas por parte de detenidos bajo su custodia, ni implementar medidas que garantizaran que no existieran malos tratos a estos detenidos. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura también criticó, refiriéndose implícitamente a él, los métodos del juez, y el magistrado de la Audiencia Nacional Ramón Sáez Valcárcel también se refirió, en un voto particular discrepante, a la ausencia de garantías que sufrieron algunos detenidos de los que el primero ejercía como juez instructor. 

Esta presumible tendencia de Marlaska de ubicar su actividad en los márgenes de la Constitución parece continuar, ahora, en su etapa como ministro. Mientras el pasado día 6 de diciembre este acudía a los actos del día de la Constitución, la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo (PE) le remitía una segunda carta solicitando su presencia para informar sobre la gestión de la tragedia de la valla de Melilla el pasado junio, donde 23 personas murieron, algunas de ellas en territorio español, según había manifestado una investigación de la ONG Lighthouse Reports publicada por un consorcio internacional de periódicos.

Después de una primera carta del PE solicitando su presencia, el 27 de octubre, a la que el ministro no asistió; su comparecencia ante el Congreso de los Diputados el pasado 30 de noviembre; el envío de una segunda carta del PE y a la espera de las conclusiones de la fiscalía y el Defensor del Pueblo sobre los hechos, Marlaska sigue sin moverse ni un milímetro y cerrando filas con la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, afirmando que fue “oportuna y proporcionada” y negándose a exigir, ni asumir, ningún tipo de responsabilidad.  

Esta posición de Marlaska denota una determinada manera de concebir las personas, las fronteras y la actuación policial, ubicada, claramente, por fuera de la Constitución.

Nos guste o no, las leyes obligan a los cuerpos policiales a impedir que los inmigrantes que pretenden entrar de manera ilegal en el territorio del Estado puedan hacerlo. Pero cómo gestionar tales situaciones determina si nos encontramos en un Estado sin derechos o en un Estado Constitucional de derechos. La principal diferencia entre ambos es la manera en que cada uno de estos construye jurídicamente al individuo, lo que tiene consecuencias directas en la manera de concebir las fronteras y de actuar en ellas.

En los estados donde se niegan los derechos, existen también leyes. Sin embargo, en su interior, el individuo se construye como simple unidad despersonificada que actúa de centro de imputación de normas jurídicas de las que derivan facultades, deberes y obligaciones que, en caso de infringirse, permiten actuar sobre ellos. El individuo es reconocido no en “lo humano” sino como mero ente poseedor de facultades y deberes. 

Tal construcción del sujeto de Derecho tiene dos efectos. El primero, que las fronteras se perciben como un espacio físico de separación, sin más, donde los individuos que pasan por allí son pensados como meros centros despersonalizados de imputación de situaciones jurídicas. El segundo, que esta idea de sujeto jurídico abstracto, sin tomar en cuenta su condición de “humano”, evita que la propia noción de “dignidad” vinculada a este último pueda actuar como límite moral ni práctico a la actuación policial a la hora de aplicar, con toda dureza, la ley y el orden contra quien pretenda infringir las normas de este espacio, quedando así exenta de toda responsabilidad. 

A diferencia de lo anterior, la manera en que el Estado constitucional de derechos del siglo XX construye jurídicamente el sujeto es distinta, y ello tiene consecuencias en el modo en que deben entenderse las fronteras y la actuación policial en su interior.

El paso del constitucionalismo liberal temprano al Estado Constitucional de derechos actual implicó el tránsito del individuo a la persona. El sujeto deja de construirse como unidad abstracta para pasar a hacerlo sobre la condición humana. Se personaliza y humaniza al sujeto de derechos. Se pasa de una fundación metafísica del sujeto a otra basada en la realidad material del mismo. Esta transición queda claramente expresada con la introducción, en los propios textos constitucionales, del principio de dignidad, al que la Constitución española hace referencia en su art. 10.1. Y ello modifica tanto la noción de frontera, como los límites de la actuación policial permisible en su interior. 

En primer lugar, entender al inmigrante como humano con una condición material de existencia implica dejar de ver la frontera como un mero espacio físico desterritorializado sino como un espacio social complejo atravesado de contradicciones: por un lado, la policía como autoridad sometida a poderes superiores y a la legislación debe aplicar el derecho vigente que le obliga a no permitir la entrada; pero, por otro lado, ello resulta incompatible con la exigencia de dignidad humana, puesto que se está despojando a personas, que huyen de la pobreza, de sus derechos a procurarse unas mínimas condiciones vitales de subsistencia para ellos y sus familias. Y la única manera de solventar esta contradicción es llevar a cabo una doble ponderación: en el momento de la implementación de la ley, intentando minimizar lo máximo posible el sufrimiento humano; y en el momento evaluativo de los hechos, llevando a cabo una exhaustiva investigación política de la actuación policial desde una perspectiva de derechos.

Y, en segundo lugar, la propia noción de dignidad obliga, de entrada, a sospechar y problematizar con cualquier actuación policial de la que deriven heridos y muertos, presumiendo la inadecuación y desproporción de la misma, y no a la inversa. De manera que la no exigencia de responsabilidad e imposición de sanciones sobre sus responsables policiales y políticos debería quedar restringida a aquellos casos donde existan pruebas absolutamente notorias e incontrarrestables de que fue inevitable.

El comportamiento de Marlaska de negar las vulneraciones de derechos cometidas en el asalto a la valla de Melilla, tapándolas, justificándolas y, por tanto, negándose a exigir ni asumir responsabilidades, lo ubican más en una determinada manera de concebir las personas, las fronteras y la actuación policial propia de un Estado sin derechos que de la del Estado Constitucional de derechos. Y esto lo coloca, una vez más, en los márgenes de la Constitución. 

La muerte, en febrero de 2014, de 15 inmigrantes en la frontera del Tarajal (Ceuta), tras los disparos de guardias civiles; los múltiples casos cotidianos que suceden día a día sin trascender a los medios de comunicación; los recientes acontecimientos en la valla, etc., convierten la frontera del sur de España en un espacio del territorio estatal ubicado y gestionado fuera de la Constitución. La función prioritaria de un ministro del Interior debería ser dedicar todos sus esfuerzos a adoptar las medidas necesarias para lograr reubicar tal lugar dentro del espacio de constitucionalidad. Sin embargo, Marlaska continúa, sin que nadie le obligue a asumir responsabilidades, con su trayectoria: una vida en los márgenes de la Constitución.

Durante las últimas semanas, el PSOE ha lanzado una propuesta de reforma del Código Penal (CP) destinada a reducir a la mitad la pena del delito de sedición con el objetivo de “homologar la legislación española al resto de democracias europeas”. Pero ¿sirve una simple reducción de la condena para homologar España al resto de democracias? 

A mi entender, no, puesto que lo que diferencia la figura de la sedición en España del resto de Europa no es tanto los años de pena que lleva asociados, sino la función que esta institución cumple en el interior de entramado estatal. Me explico.

Una de las diferencias entre los jueces de altos tribunales de países como Alemania o Bélgica y Juan Marchena u otros jueces de la sala segunda de lo penal del TS español, radica en la manera como entienden la Constitución. Los primeros tienen una concepción liberal-democrática de la Constitución, entendiéndola como un instrumento de garantía de los derechos individuales de las personas contra el Estado. Los segundos, ultranacionalistas, tienen una concepción nacional y patriótica de la Constitución, entendiéndola a la inversa, como un instrumento de garantía de la unidad del Estado como totalidad política y ética por encima de las personas individuales y sus derechos.

Esta distinta concepción de la Constitución lleva a que, en España, la sedición sufra una mutación irreversible en cuanto a su funcionalidad, pues, a diferencia de otros países europeos, pasa de ser una cláusula garantizadora y protectora del bien jurídico Estado Constitucional de derechos, a ser una cláusula que constriñe y limita derechos y libertades en el interior del mismo en pro de la defensa de la unidad nacional.

La sentencia 459/2019 del TS sobre el Procés en lo referido al caso de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, constituye un ejemplo clarísimo de cómo la necesidad por parte de los magistrados de salvaguardar la unidad nacional frente a su amenaza por sujetos políticos percibidos como enemigos de la misma, actuó como justificación “legítima” para usar la sedición como instrumento de vulneración de derechos tales como el de reunión y manifestación del art. 21 CE. 

En contraste con la concepción ideal decimonónica, la noción material de orden público, propia del Estado social de derecho del siglo XX, afirma que este no es un orden fundamentado en un sistema axiológico de valores o en el sentir de una comunidad social, sino que es algo tangible que se puede medir a partir de observar si un determinado acontecimiento sucede de acuerdo con la literalidad del derecho positivo. En este sentido, para que se dé una alteración del orden público que pueda calificarse como sedición, debe darse como indica el art. 544 CP, una acción de impedir a las autoridades o funcionarios el cumplimiento de las resoluciones administrativas o judiciales, llevada a cabo: 1) Por la fuerza, esto es, mediante violencia o 2) Fuera de las vías legales.

En la sentencia, los propios jueces reconocen, explícitamente, que ni en las  concentraciones delante de la Conselleria el 20 de septiembre de 2017 ni en los centros de votación el 1 de octubre —acontecimientos por los que fueron condenados los Jordis— hubo ni fuerza física ni ilegalidad, ambos requisitos necesarios para que exista sedición según la ley. Sin embargo, a continuación, señalan que la sedición no tiene porqué derivar de la materialidad de unos hechos que por sí mismos cumplan los supuestos de violencia ni ilegalidad, sino que puede hacerlo del “contexto” en que estos hechos se dan y la cantidad de gente que haya en ellos, afirmando que no debe darse fuerza física para que exista violencia y que la pacífica oposición colectiva también es violencia. En este contexto, afirmaron los jueces, todo llamamiento a la movilización, “aunque se pida explícitamente que sea pacífica”, es por naturaleza un llamamiento a la fuerza física o violencia y a la ilicitud.  

Al no haber violencia ni concurrir ninguno de los límites del derecho de reunión y manifestación establecidos por el art. 21.2 CE, es evidente que lo que ejercían los ciudadanos que asistieron a las concentraciones convocadas por la ANC y Ómnium, delante de la Conselleria y en los centros de votación el 1 de octubre de 2017, no era una sedición, tal como la describe el 544 del CP, sino su derecho constitucional de reunión y manifestación. Y, por tanto, lo que llevan a cabo los jueces del TS, con estos argumentos señalados, es una aplicación tergiversada del tipo penal de la sedición que vulnera derechos, con el objetivo de castigar cualquier amenaza que pueda afectar a la unidad de la nación.

De ahí que afirme que aquello que diferencia la figura de la sedición en España del resto de Europa, no es tanto los años de pena que lleva asociados, sino la función que esta institución cumple en el interior de entramado estatal. Y de acuerdo con ello, la única manera de lograr cierta homologación democrática de España con respecto de Europa no pasa por reducir la condena de sedición a la mitad, sino impedir que se pueda instrumentalizar esta figura, por parte de la judicatura ultranacionalista, para vulnerar los derechos constitucionales de los ciudadanos ni condenar personas injustamente a un solo año de cárcel. La única manera posible de evitar esto es eliminándola. 

Estamos asistiendo, durante las últimas semanas y en lo que ya parece plena carrera electoral, a propuestas cruzadas de normas tributarias en las que, por un lado, la derecha usa el sistema de cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas para bajar impuestos a los ricos en los territorios donde gobierna, mediante reformas en el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto de Sucesiones; y, por otro lado, el Gobierno del Estado responde subiendo impuestos a los más ricos, mediante la aprobación de un nuevo Impuesto de Solidaridad y medidas sobre el IRPF.

Ello ha vuelto a poner sobre la mesa el debate de la igualdad y la redistribución, especialmente, necesario a las puertas de una crisis económica como la prevista para 2023-2024 y que afectará de manera cruel a los sectores populares.

En este sentido, si bien a pesar de su carácter limitado, la propuesta del Gobierno ha de celebrarse, debemos ser conscientes que la única manera de que las clases menos favorecidas puedan afrontar la crisis con garantía de bienestar económico y social es pasando de la actual aplicación constitucional restringida de la redistribución, a una integral. Y desarrollo a qué me refiero con esto a través de tres ideas:

1.- Los tipos de redistribución: A grandes rasgos, podemos decir que, en toda sociedad, existen dos tipos de bienes principales que son susceptibles de redistribuirse: bienes-cosa y bienes-valor.

Por bienes-cosa me refiero a todos aquellos medios, objetos o servicios que tienen una existencia material propia y que son necesarios para la satisfacción de las necesidades de las personas (vivienda, capital, agua, electricidad, etc.). La manera de llevar a cabo la redistribución de estos es mediante su nacionalización y reparto directo equitativo entre la población por parte de la administración pública.

Por bien-valor me refiero al dinero, caracterizado por: a) ser un bien cuya finalidad es ser expresión de valor de los demás bienes; y, b) ser, hoy en su mayor parte, inmaterial. Este ha dejado de existir como moneda en efectivo para circular como mera transferencia entre usuarios de dinero y bancos por medio de tarjetas de crédito y otros medios virtuales.

La posibilidad de llevar a cabo ambos tipos de redistribución, la de bienes-cosa y la de bienes-valor, está recogida en la Constitución española (CE) vigente. El art. 128 CE habilita la redistribución de 'bienes-cosa' por vía de la nacionalización de empresas, sectores estratégicos y la redistribución de los bienes que estas producen. Y, a la vez, el art. 31.1 CE habilita la redistribución del “bien-valor” dinero, obligando a todos a contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con un sistema tributario progresivo.

2.- La aplicación constitucional restringida e integral de la redistribución: A pesar de que, sobre el papel, la Constitución habilita la posibilidad de redistribución de ambos tipos de bienes, en la práctica, la única vía de redistribución que opera en España, y de manera muy limitada, es la segunda: la de la redistribución de dinero. Por eso afirmo que lo que en realidad se da es una aplicación constitucional restringida de la redistribución.

Con respecto a la redistribución de bienes-cosa, no obstante, la Constitución posibilita expropiar, el hecho de vivir en una economía de mercado blindada jurídicamente a escala estatal y europea, dificulta poder asignar valor a los bienes al margen del mercado, de manera que el cálculo de la indemnización por nacionalización viene determinado por el coste del precio de mercado. Ello genera dos consecuencias que limitan enormemente, en la práctica, la posibilidad de llevar a cabo una redistribución de bienes-cosa por vía de nacionalización de los sectores estratégicos y suministro universal de sus bienes y servicios. Una es la incapacidad financiera del Estado de acometer la nacionalización, dado el alto precio de indemnización. Y, la otra es que si hubiera dinero suficiente para realizarla, esta no serviría para redistribuir, puesto que las arcas públicas deberían pagar tal valor a los grandes capitales que la inversión generaría más pérdidas que ganancias colectivas. Pero, además de estas dificultades prácticas estructurales, en aquellas ocasiones en las que la expropiación de bienes-cosa para su redistribución se ha intentado, el Tribunal Constitucional ha anulado tal acción por supuesta inconstitucionalidad. Fue el caso, entre 2013 y 2017, de las legislaciones de vivienda de Andalucía, Navarra o País Valenciano, las cuales declaraban que el mantenimiento de viviendas vacías por parte de entidades financieras suponía un incumplimiento de la función social de la propiedad y preveían la posibilidad de expropiación de uso temporal de las mismas. Las tres legislaciones fueron, en este aspecto concreto, anuladas por el TC.

Tal dificultad práctica de poder redistribuir bienes-cosas hace que lo único que se puede redistribuir para hacer efectiva la igualdad sea, en España, el bien-valor dinero. Pero, ¿cómo se redistribuye dinero?

En sociedades de libre mercado, el dinero no puede redistribuirse directamente. Imaginemos que dejamos a todas las personas con la misma cantidad de dinero. La diferente administración que cada uno pueda hacer generará resultados distintos, lo que conduciría no a la igualdad sino a una reconfiguración de la desigualdad. La única manera de redistribuir el dinero equitativamente y con capacidad de generar igualdad es, por tanto, la vía de los derechos universales intermediados por el Estado. Y el medio que permite convertir dinero en derechos son los impuestos. Los derechos no son más que la forma de redistribución indirecta del dinero recaudado, vía impuestos, por el Estado, con capacidad de generar igualdad. Y eso vale tanto para los derechos sociales (educación, salud, seguridad social, etc.) como para los civiles o políticos, ¿o acaso garantizar el derecho civil a la tutela judicial efectiva le sale gratis al Estado? Sin embargo, desde que la Constitución estableció en 1978 que el sistema tributario ha de ser progresivo hasta hoy, esta progresividad no ha hecho más que reducirse. El IRPF ha pasado, en 40 años, de 28 escalones a 6, reduciendo reforma tras reforma el tipo máximo de 65% al actual 47%. A la vez, el IVA ha aumentado, pasando del 12% al 21%, y el llamado “tipo incrementado” del 33%, que gravaba bienes de lujo, desapareció en 1993. La progresividad fiscal es España está, hoy, por debajo del promedio de los principales países de la UE.

Es por todo lo anterior, que afirmo que en España opera una aplicabilidad constitucional restringida de la redistribución. La primera vía de redistribución habilitada por la CE, la de bienes-cosa, no opera. Y, la segunda vía, la de redistribución de dinero por medio de impuestos, opera solo de manera parcial y muy limitada si la comparamos con los países del entorno.

3.- Replantear el sistema redistributivo: La situación de inflación en la que estamos inmersos hace necesario un replanteamiento, de fondo, en la cuestión de la redistribución. La propuesta del Impuesto de Solidaridad y medidas sobre el IRPF hecha por el Gobierno estatal es una buena noticia y debe apoyarse, pero no es nada más que un parche improvisado sin capacidad de superar la aplicación constitucional restringida de la redistribución, ni de dar respuesta al contexto que viene. Este solo podrá abordarse con garantías para los sectores populares mediante una aplicación constitucional integral de la redistribución. Y ello exige hacer efectivas los dos tipos de redistribución que posibilita la Constitución: por un lado, fijar las bases jurídicas que permitan establecer un precio justo a la expropiación que no venga marcado por el precio de mercado y que permita hacer económicamente viable para el Estado la redistribución de bienes-cosas mediante la nacionalización de los sectores estratégicos y reparto estatal directo a la población de los servicios que estos prestan. Y, por otro lado, una reforma integral del sistema impositivo que convierta al sistema tributario español en un sistema de redistribución del bien-valor dinero dotado de altos niveles de progresividad y justicia social.

La comparecencia del ministro Félix Bolaños el lunes 2 de mayo marcaba un cambio de rumbo en la estrategia del Gobierno sobre el caso Pegasus. De la estrategia inicial basada en las declaraciones de Margarita Robles en el Congreso afirmando que el espionaje se había hecho con orden judicial y justificándolo como necesario frente a “quienes declaran la independencia”. Unas declaraciones que recordaban a aquella frase pronunciada en su momento por el presidente Felipe González: “El Estado de derecho también se defiende en las alcantarillas”. El Ejecutivo ha pasado, ahora, a una segunda estrategia consistente en presentar a Pedro Sánchez y la propia ministra como víctimas de Pegasus, condenar los hechos y afirmar que se han realizado sin orden judicial por instancias ajenas a los organismos estatales. Ello implica sacudirse la responsabilidad política del asunto y desplazarla hacia una tercera instancia fantasma a la que, en tanto que desconocida, difícilmente podrá, a pesar de teatralizar una supuesta investigación, rendírsele cuentas nunca. Ambas estrategias son, por igual, formas gubernamentales de ocultar prácticas ilegales de Estado.

Todo Estado tiene, inevitablemente, dos esferas: una esfera secreta y oscura donde se vulneran derechos, las llamadas “cloacas del Estado”; y una esfera pública y visible, conformada por las instancias representativas, que se rige por las reglas de la democracia. Sin embargo, la relación entre ambas esferas (la oculta y la pública) es, según el país, de distinto tipo:

Existen países donde la esfera pública y visible persigue imponerse por encima, reducir el espacio de las cloacas y ponerles luz mediante investigaciones, imposición de sanciones a los responsables de vulnerar derechos, el cese de cargos políticos, policiales, etc. Estos son los que podemos llamar “democracias autónomas”.

Por el contrario, existen otros países donde la esfera secreta y oscura se impone, dirige, controla y amenaza a las instituciones públicas competitivas y formalmente democráticas. Las cloacas tienen la capacidad de intervenir, alterar u obstaculizar ciertos resultados políticos indeseables para sus intereses. La esfera invisible tiene el control ex ante y ex post sobre el poder público. Éstos son los que podemos llamar “democracias tuteladas”.

El hecho de que, una vez más con el caso Pegasus, las prácticas de las cloacas del Estado sean encubiertas por las instituciones representativas y dejadas sin resolver, ponen de manifiesto la existencia, en España, de un poder oculto e intocable y un poder público “que lo oculta”, lo que ubica al Estado en la categoría de democracia tutelada. 

Pero si bien ello no es ninguna novedad, durante los más de 40 años de vida del régimen del 78 se han ocultado repetidos episodios de guerra sucia, terrorismo de Estado, torturas, extorsiones, corrupción del monarca, etc., sí me atrevo a afirmar que, a diferencia de casos anteriores, la complicidad entre “poder (secreto) oculto” y “poder (público) que oculta” en el caso Pegasus puede tener consecuencias políticas importantes, en tanto puede contribuir a acelerar una mutación del campo político en Catalunya con efectos, a medio plazo, en la vida estatal. ¿A qué me refiero?

La suma del asunto Pegasus a la violencia policial impune y la persecución judicial contra el movimiento independentista (801 personas siguen hoy en Catalunya con causa judicial abierta), hace evidente para la, aproximadamente, mitad de la sociedad civil catalana favorable a la autodeterminación y la amnistía, que no existe ninguna posibilidad de poder procesar sus reivindicaciones y acciones en el interior de la esfera pública con garantías de que sus derechos humanos más elementales no se verán vulnerados. Y ello hace, a la vez, que adquieran conciencia de que la única manera que tienen para organizarse, participar y hacer política es hacerlo, de manera oculta, en el espacio político invisible para el Estado.

La existencia de poder oculto que vulnera derechos impunemente con la complicidad del poder público implica siempre, y al mismo tiempo, la existencia de un contrapoder también oculto. En la medida que los proyectos políticos democráticos alternativos y mayoritarios de un territorio no pueden operar en la esfera pública y visible sin ser objeto de vulneración de derechos, solo les queda operar en el espacio invisible, de manera que el subsuelo político, lo subterráneo, se amplía enormemente. Este ya no es un simple espacio minoritario de grupúsculos extremistas sin incidencia social, sino un nuevo campo político de gran riqueza y densidad donde se encuentran e interactúa una parte muy importante de la población que participa en política. Y esto no es baladí, puesto que los distintos espacios de la política generan lógicas diferentes que modelan los imaginarios de sus operadores también de manera distinta. 

Mientras los espacios integrados e institucionales de la política son los lugares que articulan la producción y reproducción del orden y el statu quo. Los espacios subterráneos y ocultos de la política son, por el contrario, lugares laboratorio de ideas y prácticas que problematizan con el orden y lo cuestionan de raíz. Y cuando la mitad de la sociedad de un territorio pasa a hacer política en este espacio, se configura un ancho campo para  nuevos ciclos de sacudidas, enfrentamiento y conflictividad que, a medio plazo, pueden generar nuevas crisis de régimen. 

Precisamente por ello, afirmo que el cierre en falso del escándalo Pegasus puede, a corto plazo, permitir al Gobierno salir airoso del escándalo, pero contribuir a consolidar un amplio y rico subsuelo político en Catalunya que, a medio plazo, abra una nueva crisis de Estado.

La guerra de Ucrania ha obligado al Gobierno español, una vez más, a tomar partido entre guerra o paz. La opción elegida, con el apoyo de la amplia mayoría de partidos en el Congreso, ha sido constituirse en un Gobierno de la guerra. Explicaré, en primer lugar, cuál es la diferencia entre lo que llamo un Gobierno de la guerra o de la paz y, al final, por qué la apuesta por la guerra merma, siempre, la salud democrática de todo Estado.  

Para empezar podemos decir que existen dos grandes diferencias entre un Gobierno de la guerra y uno de la paz: una es el relato desde el que se entiende y presenta públicamente el conflicto. La otra es la adopción de políticas económicas belicistas o pacifistas. 

Respecto a la primera diferencia, un Gobierno de la guerra parte de un relato moral o ético de lo bélico, mientras que un gobierno de la paz debe hacerlo desde un relato materialista. 

El relato ético de la guerra establece una oposición entre “buenos” y “malos”, asociando a cada uno de los polos como portadores de valores morales puros y opuestos: democracia y autoritarismo. El envío de armas a Ucrania se relata y justifica, por un lado, en nombre del estado de necesidad: la necesidad, no posible de afrontar con otros medios, de defender la democracia y los derechos humanos de la población de Ucrania frente al ataque ruso. Y, por otro lado, en nombre del Derecho: como juicio de  sanción y reparación de la Justicia. El envio de armas y sanciones son asimilados a un procedimiento judicial donde un tercero imparcial (nosotros) que encarna el valor universal Justicia ayuda a sancionar a un culpable reestableciendo la razón. Cuando el conflicto en cuestión se plantea en estos términos morales no hay posibilidad de neutralidad, no se puede ser neutral ante la injusticia y la tiranía. Lo único que uno puede hacer es constituirse en Gobierno de la guerra y si dices lo contrario eres cómplice de la barbarie. Este es el relato imperante, hoy, en España y los países de la UE.

Sin embargo, ubicar el debate de la guerra en el campo moral es tramposo. Una guerra no es un conflicto que transcurra en el reino de la ética, ni que pueda actuar como una sanción de Justicia. La única manera honesta de entender y presentar una guerra, como la que se está dando, no es la ética o moral sino la materialista. Ninguna guerra es moralmente justificable. Desde el momento que las armas que envías no servirán para destruir ni a Putin ni a los otros verdaderos culpables de las muertes sino para bombardear y matar a más población inocente (soldados adolescentes rusos, población ucraniana, de Crimea, del Donbass, etc.) ésta no puede ser nunca un método para restablecer la democracia ni los derechos humanos, tan solo para vulnerarlos. Hay una antinomia ontológica entre el medio de guerra y cualquier fin democrático o de justicia. Tampoco ninguna guerra puede presentarse como un juicio de sanción para restablecer la Justicia. Ninguna guerra, señala el jurista italiano Luigi Ferrajoli, tiene ninguno de los caracteres que debe tener un juicio de sanción: su no aplicabilidad a los inocentes, la formal verificación del ilícito sancionado, su irrogación por parte de un juez tercero, la predeterminación legal de sus presupuestos, sus formas y medidas, etc. 

Así pues, el único análisis y presentación honesta de la guerra no es moral sino material. En el contexto mundial actual, toda guerra entre potencias capitalistas imperialistas (USA, UE, Rusia, etc.) y sus brazos armados (OTAN, Ejército ruso, etc.) no es un conflicto entre buenos y malos, entre democracia y autoritarismo, sino una lucha de intereses económicos y geopolíticos, entre Capitales y sus Estados, a golpe de misiles. El conflicto de Ucrania es una guerra interimperialista entre el bloque transnacional globalista anglo-norteamericano y el bloque ruso-chino que pretenden hacer de este país un muro que impida (los primeros) o un puente que conecte (los segundos) la articulación económica, comercial y política entre Europa, Rusia, China y la India. Entender y presentar la guerra así es la condición necesaria para poder ubicar el debate en un escenario material de guerra interimperialista donde la no intervención, la neutralidad y el carácter de no alineado no solo es una opción real y legítima sino también obligatoria para cualquier gobierno progresista. 

La segunda diferencia, es que un Gobierno de la guerra apuesta por una política económica belicista y uno de la paz por una pacifista. Las guerras se hacen con armas, la política económica de un Gobierno de la paz trata de impedir que las personas usen dichos instrumentos para matarse y el mejor modo de impedirlo es no fabricarlos ni venderlos. Ello se hace mediante una política del desarme que deje de tener al sector armamentístico como uno de los sectores económicos estratégicos del Estado. Al igual que la lucha contra el tabaco consiste en obstaculizar la venta del mismo mediante elevados impuestos y no autorizar fumar en cada vez más espacios, la lucha contra la guerra consiste, entre otros aspectos, en no fabricar ni vender armas. La política del Gobierno español es, no obstante, toda la contraria. La fabricación y licencias gubernamentales de exportación para la industria armamentística española, donde ya existen más de 520 empresas, no han parado de crecer en los últimos años y su valor supera hoy el de las de aceite de oliva o vino de las que España es líder mundial. En la década 2010-2019, las compañías españolas incrementaron sus exportaciones de armas un 295%. En 2020, el Gobierno autorizó exportaciones de armas por más de 48 millones euros a países de la OTAN y la UE, pero también a  Arabia Saudí, Emiratos Árabes o Turquía, quienes masacran población civil en Yemen, Kurdistán y Siria. Los gobiernos que invierten y autorizan las exportaciones  armamentísticas son gobiernos de la guerra, en tanto invierten y autorizan la muerte.

En resumen, a diferencia de un Gobierno de la paz que hace un análisis materialista de los conflictos internacionales y apuesta por políticas de desarme, un Gobierno de la guerra es aquel que combina un relato ético-moral tramposo de justificación de la guerra junto a una política económica de fabricación y venta de armas, y esto es lo que hace hoy, igual que ayer, el Ejecutivo español. 

Ello nos lleva a la cuestión final. La apuesta por la guerra es otro factor que cuestiona todavía más la llamada “democracia plena” española. Durante mucho tiempo, la democracia ha sido pensada, única y exclusivamente, como forma interna de la vida política, como forma de redistribución de derechos y deberes en el interior del Estado. La democracia interna de los Estados y su política exterior han sido consideradas como autónomas. Ello ha hecho que los Estados del norte global pudieran combinar su sistema de gobierno democrático-liberal en lo interno con una política externa colonial de saqueo, violencia y vulneración de derechos en relación a otras comunidades o pueblos, sin que por ello dejaran de ser calificados como democracias plenas por nadie. Empieza a ser hora de superar esta concepción parcial de la democracia entendida, única y exclusivamente, como forma de constitución interna de la vida política, para entender que tan importante son, para la existencia de un Estado democrático, las formas de relación interna imperantes entre sus nacionales como las formas de relación exterior con otros Estados y pueblos. No puede haber democracia si en algunas de estos dos tipos de relación (interna o externa) no hay una plena garantía de los derechos de todas las personas y gobiernos que apuesten por la paz y no por la guerra.

La división entre Podemos y Yolanda Díaz resulta ser cada vez más evidente. El último episodio de muchos, el de los principales dirigentes morados oponiéndose al envío de “armas ofensivas” a Ucrania, a la vez que Yolanda Díaz aplaude y cierra filas con Pedro Sánchez. Todo ello, mientras Díaz ya ha anunciado la voluntad de impulsar, a partir de la primavera, su propio proyecto político para las elecciones generales. 

Uno de los motivos, afirma, que la ha llevado a crear un nuevo proyecto que desborde a Unidas Podemos (UP) es su voluntad de salirse de las esquinas. “No quiero estar a la izquierda del PSOE. Soy una mujer que no se queda en las esquinas. No me gustan las esquinas!” afirma en cada entrevista. Nada que objetar a esta afirmación, todo proyecto transformador debe aspirar a poder interpelar a la mayoría social. Sin embargo, el hecho de que Yolanda Díaz solo sea capaz de realizar una lectura uniposicional y estática de las esquinas políticas y no multiposicional y cambiante, que es tal como son, la puede llevar, en la práctica, a lo contrario de su objetivo. Esto es, a la autoconstrucción de su propia esquina desde la que no poder llegar, tampoco, a ninguna mayoría. ¿Qué quiero decir?

Al percibir la esquina política como algo uniposicional y estático, Díaz solo puede ubicar está en el polo izquierdo del tablero político. La única esquina en la que, de acuerdo con tal lectura, podría quedar arrinconado su nuevo proyecto es la de la pureza izquierdista. Aquella donde los cambios políticos y sociales se plantean en términos de todo o nada, renunciando, por insuficiente y no encarnar una sociedad de justicia absoluta y acabada, a jugar en la amplia superficie del tablero que es la de las reformas parciales de las condiciones de vida. De acuerdo con este análisis uniposicional y estático de la esquina, cuanto más moderada y centrista sea su nueva propuesta, más lejos estaría de la esquina y más amplio sería su campo de interpelación social y acción política. 

Sin embargo, la tesis aquí planteada es que esto no es, necesariamente, cierto. Las esquinas políticas no son uniposicionales y estáticas sino multiposicionales y cambiantes. 

¿Qué quiere decir, en política, estar en las esquinas? Pues, simplemente, achicar tu campo de hacer política. Todo proyecto transformador puede ampliar o reducir su campo de acción. Esquina es sinónimo de arrinconar, achicar, aislarte del todo político. Es reducir el terreno en el que pretendes ejercer influencia para cambiar las cosas. La esquina es un reducido espacio del todo político.

No es necesario tener el centro de gravedad en el rincón de extrema izquierda del tablero para achicar tu campo de acción política. La izquierda puede también reducirlo teniendo el punto de gravedad en cualquier punto del tablero. También en el centro hay esquinas o espacios reducidos de la política. Las esquinas son multiposicionales y cambiantes.

No entender esto es lo que está llevando a Yolanda Díaz a construirse su propia esquina. Su accionar político consiste en intentar introducir medidas de igualdad en el seno de la vida política pero eliminando de la misma:

Cuando eliminas todos estos aspectos, y otros, de la vida política, has expulsado tantos espacios de tu campo de acción y de tu propuesta que el espacio en el que acabas pretendiendo hacer política se limita a un pequeño campo reducido, aislado del resto del todo político del que te autoexcluyes como actor de cambio. Aunque no ubicada en la extrema izquierda sino en el centro se acaba, al fin y al cabo, autoconstruyéndote otra esquina, esto es, renunciando a jugar en el tablero entero.

Al igual que hay una esquina izquierdista que se construye mediante la eliminación del pragmatismo por la ideología, hay también una esquina centrista que se construye mediante la eliminación de la ideología por el pragmatismo. Las esquinas o espacios reducidos de la política pueden tener su centro de gravedad en distintos puntos del tablero. 

En política, aquellos únicos momentos históricos en que la izquierda ha sido capaz de  generar ilusión, ganar elecciones y realizar cambios, no ha sido cuando ha achicado la política, sino cuando la ha ampliado. Cuando ha sido capaz de conectar de manera dialéctica los elementos micro del día a día (el salario mínimo, las pensiones, la educación y sanidad, la vivienda, etc.) con los macro de cambio estructural (la forma de Estado, el sistema económico, la geopolítica, el Poder Constituyente, etc.) e universalizar en el imaginario colectivo de la mayoría social la idea de que la reforma de los primeros no se da sin la transformación de los segundos y a la inversa.  

El proyecto político de Yolanda Díaz no amplía el campo de acción donde la izquierda pretende introducir cambios, sino que lo reduce y ello no es más que otra forma de autoconstruir esquinas, de centro pero tan esquinas como las otras. Espacios reducidos y aislados del todo político desde los que es tan difícil ilusionar y construir mayorías sociales, como lo es desde la esquina de la pureza izquierdista. 

El Gobierno aprobará en las próximas semanas, y a pesar de los obstáculos puestos por el CGPJ, el anteproyecto de Ley de Vivienda que regula, entre otras cuestiones, los precios de los alquileres. Pero, ¿se trata de una buena ley? En general, sí lo es. Lo es en términos micro, a pesar de sus límites y poca ambición en algunos aspectos. Pero lo es, sobre todo, en términos macro. Los efectos micro se refieren a aquellas consecuencias más simples que tocan a las condiciones materiales de las historias de vida concretas de muchas personas, lo micro piensa desde la lógica de los impactos particulares. Por el contrario, los efectos macro se refieren a aquellas consecuencias que afectan a transformaciones estructurales del conjunto del orden social, lo macro piensa desde la lógica de sistemas.

En términos micro, el anteproyecto introduce novedades que ayudarán a aliviar los agobios que muchas personas sufren en su vida (vivienda asequible incentivada, calificación indefinida de la vivienda protegida, posibilidad de recargos en el IBI de viviendas vacías, prohibición de venta del parque público de vivienda social a fondos de inversión, etc.), aunque es cierto que, en aspectos importantes, sus efectos serán muy limitados.  En lo que se refiere a la cuestión de la regulación de los alquileres, la norma se limita a una cierta congelación de las rentas de alquiler en áreas tensionadas y para inmuebles de grandes tenedores tras un periodo de especial aumento en los últimos años. En este campo, el hecho de que no se actúe para que las “no tensionadas” puedan permanecer igual, ni se alteren las actuales condiciones de un mercado claramente abusivas, ni se haya conseguido que, en determinados casos, ya sea por las condiciones del arrendador (grandes propietarios o con gran capacidad patrimonial) o del arrendatario, se dieran rebajas, no solo contención; ubica a esta norma lejos de solucionar, en el corto plazo, el problema del precio del alquiler en este país.

Pero más allá de los efectos micro, no cabe duda que en términos macro la aprobación de una ley de este tipo transforma el campo de lucha de la función social de la propiedad en España y otorga un empujón importante a los movimientos sociales por el derecho a la vivienda que permitirá conseguir nuevas victorias a medio plazo. ¿Por qué?

La función social de la propiedad no es algo innato a la naturaleza de la misma. Es un recurso jurídico-discursivo, sobreañadido al derecho de propiedad a inicios del S. XX, mediante el cual el Estado o los sujetos sociales legitiman socialmente políticas y/o acciones de reasignación o redistribución de recursos, bienes y riqueza en los que hay unos beneficiados (los que no tienen) y unos perjudicados (los que tienen). De hecho, si hubiera sobreabundancia de bienes y viviéramos en una sociedad donde todas las personas tuvieran todo, la institución de la función social de la propiedad carecería de sentido. Por esto, su ejecución práctica supone siempre una relación conflictiva entre partes enfrentadas ideológica y materialmente.

Pero, ¿qué nivel de redistribución, deberes o límites impone la función social sobre la propiedad? Este no es un concepto monolítico que solo admita un cumplimiento en bloque y estático, esto es, o se cumple o se infringe sin haber punto intermedio, sino que puede adoptar diversos grados fruto de la correlación de fuerzas que, en cada momento histórico-concreto, los que no tienen puedan imponer. La historia de la función social de la propiedad y de sus cargas sobre los propietarios es la historia de la lucha de clases y de sus correlaciones de fuerzas. 

Es en el interior de esta lucha donde se disputa, hoy, el establecimiento de límites sobre los propietarios respecto el precio del alquiler. Si bien medidas de este tipo ya rigen en Estados Unidos, Francia, Países Bajos o Suecia, entre otros países, la construcción de un  imaginario colectivo y una normativa jurídica de la función social de la vivienda que la justifique en España se tiene que hacer en un escenario hostil con un pinza cultural-institucional que presiona, por abajo y por arriba, para impedirlo.

Por abajo, encontramos una cultura propietarista. La consolidación sociológica de una cultura de la propiedad que, durante décadas (1950-2007), actuó de subjetivación del proceso de financiarización y motor de las espirales de endeudamiento-inversión que garantizó la reproducción de un modelo de crecimiento basado en la especulación inmobiliaria, ha hecho que la institución de la función social de la propiedad, recogida en el art. 33.2 CE, se haya incorporado al sistema bajo la forma de “categoría sospechosa”. En ningún momento la idea de deber social del propietario asociado a la función social se ha llegado a naturalizar en el imaginario colectivo de una sociedad tomada por una cultura propietarista. Aunque la Constitución y la ley establecen que la propiedad individual privada debe poder estar sometida a límites, se parte siempre, sociológicamente, de una presunción de sospecha sobre cualquier norma o política que la limita. Ello obliga a la autoridad pública que la adopta a presentar fuertes razones de mucho peso y una necesidad social imperiosa para justificar su utilización y presiona o disuade, por abajo, de la adopción de medidas de este tipo.

Y, por arriba, encontramos los bloqueos institucionales entre instancias y aparatos de Estado. A pesar de la voluntad de determinadas instancias gubernamentales de adoptar normas en defensa del acceso a la vivienda, estas no actúan en el interior de un Estado con instituciones unificadas y homogéneas, sino con una compleja articulación de aparatos y poderes ocupados por grupos de ideología antagónica en lucha entre ellos y una administración central con tendencia recentralizadora. Al igual que la sociedad civil, el Estado también está atravesado por la lucha de clases y los conflictos territoriales. Desde 2007-2008 el enfrentamiento, vertical y horizontal, entre instancias y poderes del Estado en torno a leyes de vivienda ha sido usual. El Decreto-Ley andaluz 6/2013, la Ley 24/2015 catalana para afrontar la pobreza energética, la Ley vasca 3/2015, la Ley 2/2017 de la comunidad valenciana, etc. todas fueron recorridas por el gobierno central y anuladas parcialmente por el TC. La actual Ley catalana 11/2020 de medidas de contención de rentas en los contratos de arrendamiento, aunque en vigencia, se encuentra también recurrida ante el TC por el gobierno del PSOE-UP y a la espera de sentencia. Así mismo, el reciente rechazo del informe del anteproyecto de Ley de vivienda, por parte del CGPJ, anuncia que la derecha recurrirá, una vez aprobada, la nueva norma ante el TC.

En medio, y a pesar, de esta pinza cultural-institucional, los movimientos sociales por el derecho a la vivienda han logrado, durante una década y media de movilización, represión y propuestas, construir sociológicamente una nueva conciencia colectiva de la función social de la vivienda de la cual el nuevo anteproyecto de ley, y las leyes autonómicas previas, son su resultado. En este contexto, si bien los efectos micro o jurídico-normativos del anteproyecto de Ley de Vivienda sobre la realidad inmediata serán, en muchos aspectos, limitados, en términos macro o político-sociales contribuye a abrir tres grandes potencialidades que permiten seguir avanzando de cara al futuro.

1) Contribuye a un cambio en la cultura de la población. El Derecho no siempre es efecto de los cambios sociales sino que, en ocasiones, es su causa. En estos casos, el Derecho se avanza a la realidad, mediante la regulación o la sanción, suscitando cambios sobre la misma. Ejerce una función promotora y educativa, influyendo directamente sobre la realidad para transformarla. El Derecho actuaría así, como causante o provocador de los cambios sociales y culturales que, a medio plazo, acaban naturalizándose en el seno de la sociedad, desorganizando la vieja idea de la propiedad como algo intocable y construyendo un nuevo sentido común comprensible con la limitación de la misma en favor del derecho a la vivienda.

2) Otorga instrumentos jurídicos que permiten confrontar. El anteproyecto parte de la idea de que propietario e inquilino no tienen una relación entre iguales, sino de subordinación y dependencia y, en consecuencia, otorga a los segundos instrumentos de autodefensa de sus intereses ante los tribunales y poderes públicos. El que ello genere un incremento de la conflictividad entre ambas partes no debe ser visto como algo negativo, sino todo lo contrario. El conflicto ha sido, tradicionalmente, la principal vía de ampliación de derechos para los débiles jurídicamente, pudiendo fomentar, incluso, por vía del activismo jurisprudencial, avances más allá de la norma.

3) Hace avanzar las demandas de los movimientos sociales. En el momento que un grupo social consigue total o parcialmente, mediante la lucha, sus objetivos políticos, aunque solo sea su reconocimiento formal en la ley, sus reivindicaciones se desplazan automáticamente en el tiempo reconstituyéndose en demandas más exigentes. Ello hace avanzar a los movimientos sociales y les otorga dinamismo.

Es en este sentido que la ley puede contribuir a romper la pinza cultural-institucional y abrir, en términos macro, el camino para seguir avanzando poco a poco.

La semana pasada asistimos al 43 aniversario de la Constitución. No hace mucho, varios de los actuales ministros y diputados de la izquierda firmaban artículos y libros reivindicando un proceso constituyente que dejara atrás la Constitución de 1978. Hoy, esta demanda ha desaparecido y las declaraciones de nuestros representantes, cada 6 de diciembre, no van más allá de una tímida reforma constitucional.

La vieja demanda constituyente se abandonó bajo dos argumentos: 1. No existe una voluntad social mayoritaria que la haga factible -como si cuando pedían la constituyente, en 2012, existiera-, con lo cual lo más inteligente por parte de la izquierda es apropiarse de la Constitución vigente; y, 2. Lo que hay que hacer es intentar llevar a cabo una reforma constitucional puesto que, al final, lo importante no es como se logra cambiar la Constitución sino cambiarla. No importa el procedimiento sino el resultado.

Ambos argumentos presentan problemas. Ni es políticamente posible apropiarse, desde la izquierda, la Constitución del 78. Ni es cierto que, en lo referido al cambio constitucional, procedimiento y resultado sean dos cosas sin nada que ver. Si a lo que se aspira es a un cambio constitucional democratizante, la única opción realista es un trabajo de socialización y extensión en el imaginario colectivo de la sociedad, también desde la parte izquierdista del gobierno, de la reivindicación constituyente.

1. Respecto la primera cuestión, la imposibilidad de apropiación de la Constitución de 1978 no viene dada por su ilegitimidad de origen. El hecho de tratarse de un texto aprobado bajo unas reglas no equitativas establecidas por el franquismo en la Ley para la Reforma Política de 1976 y el chantaje del Ejército y los poderes fácticos de la dictadura, no significa que, con el trascurso de los años, no hubiera podido ser democratizada y apropiada también por la izquierda. Al margen de su origen, hubieran podido existir, al menos, dos mecanismos de apertura y apropiación progresista de la Constitución: la vía de la reforma constitucional y/o la vía interpretativa. Sin embargo, ninguna de las dos se ha dado ni pueden darse.

Por un lado, la reforma constitucional hubiera sido el mecanismo para cambiar aquellos aspectos que el férreo control del franquismo sobre el proceso de elaboración constitucional imposibilitó transformar en 1978. No obstante, el carácter extremadamente rígido del procedimiento de reforma establecido en el art. 168 CE, otorga a la derecha poder de veto sobre cualquier intento en este  sentido. Se trata de un artículo introducido, en su momento, para bloquear todo margen de maniobra de futuras mayorías democráticas progresistas. Y, por otro lado, la vía interpretativa hubiera podido funcionar también como una especie de reforma informal en la que, a pesar de no cambiar la letra de la Constitución, hubiera producido una interpretación creadora  y activista que acentuase las potencialidades democratizantes, federalizantes  y garantistas que el texto ofrece, produciéndose, con el paso de los años y la consolidación de jurisprudencia, un cambio constitucional. Sin embargo, el Tribunal Constitucional recuerda permanentemente, en cada sentencia, que todo intento de apertura federalizante, democratizadora o garantista de la Constitución es ilícita y no cabe en la misma.

Así pues, sin posibilidad de reforma ni de interpretación aperturista del texto, difícilmente puede tratarse de una Constitución apropiable. En este contexto, la idea de apropiación funciona, para la izquierda institucional, más como autoengaño que como opción real.

2. Respecto a la segunda cuestión, se afirma que lo que importa es el resultado y no el proceso y, por tanto, la vía de la reforma constitucional es hoy más útil. Pedir una Asamblea Constituyente, en la coyuntura actual, no sería más -según esta posición- que un argumento moralista o teórico-académico pero no políticamente factible. 

En contraposición a ello, afirmaremos que la conexión entre proceso y producto no es ni moralista no teórico-académica, sino política. No decimos que una Asamblea Constituyente sea la única manera legítima para superar el régimen del 78 y que los demás procedimientos no sean válidos. No es eso. Lo que decimos es que el proceso constituyente es el único procedimiento políticamente posible. Por ello, el argumento no es ni moralista ni teórico-académico sino político. 

El teórico del derecho chileno Fernando Atria pone un ejemplo que nos permite entender esto: un grupo de trabajadoras formula unas demandas que saben que la empresa no está dispuesta a aceptar y, frente a ello, se preparan para la huelga. Otras trabajadoras les dicen que la huelga no es el camino, que hay que hablar con el empresario y convencerle de la justicia de sus reivindicaciones. La razón por la que, en este caso, hay una conexión entre las demandas y la huelga no es moralista ni teórica  sino política. No es que solo una demanda ganada mediante la huelga sea verdadera y legítima y las otras no. Es que dado que la empresa nunca aceptará por “las buenas” las exigencias de las trabajadoras, la única manera políticamente factible que éstas tienen para hacerlas efectivas es la huelga. La relación entre proceso y resultados no es aquí ni moralista no teórico-académica sino política. No todo procedimiento sirve.

Lo mismo sucede con el cambio constitucional. En un mundo soñado no es imposible que el PP y VOX cedan sus votos para llevar a cabo una reforma constitucional republicana, federalizante y garantista, pero teniendo en cuenta que estos no tienen ningún estímulo para hacerlo puesto que la ausencia de acuerdo para la reforma implica la permanencia del régimen del 78, resulta políticamente ingenuo creer que lo van a hacer. Al igual que las trabajadoras no van a convencer a la empresa de lo justo de sus demandas sin ir a la huelga, tampoco la izquierda va a conseguir un cambio constitucional de fondo sin convertir la demanda de un proceso constituyente problematizador con el statu quo del 78 en una demanda social y mediante la presión  obligar a que se tenga que convocar una Asamblea Constituyente para abrir el debate sobre un nuevo modelo de país. 

En resumen, no decimos que ello sea realista de manera inmediata, simplemente decimos que, en lo que al cambio constitucional se refiere, la forma del procedimiento y los resultados sí que tienen que ver y están estrechamente interrelacionados. Y que si lo que se quiere es llevar a cabo un cambio constitucional democratizador, la única manera posible de hacerlo no es intentando apropiarse la Constitución del 78 ni pedir tímidas reformas constitucionales, sino desplegar, como se empezó a hacer entre 2012 y 2015, un trabajo de socialización y extensión en el imaginario colectivo de la sociedad de la reivindicación constituyente. Estando en el gobierno y el Congreso, Unidas Podemos junto a otros aliados, se encuentra en una posición privilegiada para hacerlo.

Chile es un claro ejemplo de que es posible. En un país sin ruptura con la dictadura, sociológicamente conservador, con fuerte presencia institucional de una derecha defensora de la Constitución del 80 y donde en la década de los 90 solo una minoría pedía una constituyente, la acumulación durante años de la reivindicación constituyente y la presión social obligó al gobierno de derechas de Sebastián Piñera a tener que convocar una Asamblea Constituyente. Junto a los movimientos sociales que extendieron la demanda, el intento frustrado del segundo gobierno de Bachelet de 2014-2018 de activar un proceso constituyente que no tuvo éxito, acabó convirtiendo esta demanda en parte del imaginario colectivo de gran parte de la población chilena y poniéndola en el centro del estallido del 18-O y la manifestación del 25-O de 2019. La presión social obligó al gobierno a ceder. La lección a extraer, para el caso español y la parte izquierdista del gobierno, es clara: menos apropiación y reforma constitucional y más reivindicación constituyente.

La mesa de diálogo entre los gobiernos catalán y español sigue en el centro del debate en Catalunya y continúa generando cruce de acusaciones en el Estado. Pero ¿en que acabará? Seguramente, en nada. La mesa es una estrategia obsoleta de partidos que siguen entendiendo el conflicto catalán desde una lógica conflictual pre-2017 desfasada, bloqueada, sin recorrido y desconectada de la sociedad catalana actual, en cuyo interior el conflicto nacional está mutando hacia nuevas formas de expresión. Desconectada de la realidad, la mesa acabará muriendo sin producir efectos. Mientras tanto, la acumulación generada en el sí de la nueva lógica conflictual en expansión en la sociedad catalana, puede acabar dando lugar, a medio plazo, a un nuevo ciclo de aceleración de los tiempos políticos y sociales que termine en otro choque democrático. Veamos a que me refiero.

La mutación del conflicto catalán

De 2010 a 2017, el procés se manifestó en forma de conflicto nacional concentrado y de tiempo lineal ascendente. Se caracterizó por tener una contradicción central expresada en la polarización en dos contrarios (Catalunya y España) cuya lucha se percibía como una marcha ascendente hacia un destino final de “emancipación” (la independencia) donde una parte se impone sobre la otra eliminando la contradicción. A partir de 2017 esta lógica se desmorona. Surge una situación de empate catastrófico en la que ninguna parte puede imponerse sobre la otra. La represión e intervención de la autonomía por el art. 155 CE evidencia la incapacidad del independentismo para consumar su objetivo. A la vez que las, desde entonces, ininterrumpidas victorias independentistas en cada elección, pone de manifiesto para el Estado la imposibilidad de una acomodación estable de Catalunya dentro de España sin una reforma del marco autonómico. Este escenario de punto muerto ha dado lugar a una ruptura del continuum temporal político, donde a diferencia del tiempo físico y social que sigue avanzando, el tiempo político-institucional queda bloqueado. El conflicto queda atrapado en un tiempo presente detenido e irresoluble sin posible avance ni retroceso.

Pero a pesar de este bloqueo político-institucional, no se ha producido en Catalunya un vaciamiento del espíritu de lucha y temperamento social en gran parte de la población movilizada durante este tiempo. Ante la imposibilidad de canalizar sus aspiraciones de ruptura a través de un conflicto nacional concentrado y de tiempo lineal bloqueado y sin más recorrido posible, esta parte de los ciudadanos traslada y encuentra ahora en otras movilizaciones sectoriales (respuesta a episodios de represión, la oposición a la ampliación del aeropuerto, etc.) la válvula de escape y nuevos campos de juego donde expresar su malestar. Antes de 2017, el conflicto nacional concentrado y de tiempo lineal era la fuerza fagocitadora capaz de absorber y expresar a través suyo el resto de reivindicaciones sectoriales presentes en la sociedad catalana redirigiéndolos y canalizándolos en forma de enfrentamiento nacional de dialéctica simple. Ahora, pasa a la inversa, las nuevas y múltiples pugnas sectoriales afloran y aflorarán como única válvula de escape a través de los cuales se puede expresar la energía social procedente del conflicto constitutivo, estructural y central bloqueado de la realidad catalana. En consecuencia, el conflicto nacional en Catalunya no desparece sino que muta, dejando de adoptar la forma de conflicto nacional concentrado cuyo centro de atención era un tiempo futuro por llegar, para pasar a expresarse a través de múltiples conflictos sectoriales dispersos cuyo centro de atención es el presente.  

La mesa de diálogo, un residuo de la lógica pre-2017

Al mismo tiempo que la mesa entre gobiernos sigue activa, los tribunales mantienen la persecución política contra el independentismo. En cualquier proceso de negociación comparado resultaría impensable que las dos partes sigan sentadas mientras la represión no cesa. Sin embargo, tanto ERC como el PSOE persisten en su compromiso con la mesa al tiempo que ello sucede ¿Por qué? Pues porque, a diferencia de cómo es presentada, la mesa no es pensada por sus actores como un instrumento para la solución acordada del problema, sino como una continuidad del conflicto dialéctico simple pre-2017 por otros medios. Ajenos a la reconfiguración social del conflicto, ERC y PSOE siguen anclados en la lógica pre-2017 de conflicto nacional concentrado y de tiempo lineal, percibiendo la mesa como un instrumento para seguir dando pasos en el interior suyo, como si no estuviera bloqueada.

Por un lado, ERC sabe que no dispone de ningún bien político de intercambio lo suficientemente valorizado para mover al PSOE de su posición contraria al referéndum, sin embargo, cree que la mesa le es útil: en primer lugar, para mantener el procés abierto. Aunque cada una de las reuniones de la mesa por sí solas son una mera teatralización que no generan resultado alguno, los republicanos creen que la acumulación de imágenes de reuniones enlazadas secuencialmente les permite crear un efecto narrativo que sugiere movimiento. Como en un cómic en el que cada uno de los pictogramas por separado son estáticos pero su encadenamiento sucesivo genera movimiento, el objetivo de reunir periódicamente la mesa no es producir objetivamente resultados ni acuerdos políticos imposibles, sino crear un lenguaje visual que permita subjetivamente saltar fuera del tiempo inerte y estático en el que se ha entrado y generar sensación de movimiento mientras se preparan las supuestas condiciones para un nuevo asalto. Y, en segundo lugar, para arrancarle en última instancia al gobierno español, algún tipo de acuerdo que someter a votación y que, al margen de la pregunta formulada, pueda ser socialmente resignificado a una lógica plebiscitaria capaz de mostrar una mayoría de votos a favor de la independencia en el marco de un referéndum con legitimidad plena. 

Por otro lado, el PSOE sabe que la estrategia de los republicanos conlleva un problema de origen y uno sobrevenido difíciles de gestionar. En su origen se encuentra el hecho de que el abandono del conflicto social y apuesta por ser garantía de la estabilidad del gobierno español cuando todavía no se ha producido un vaciamiento del espíritu de lucha en una parte importante de la sociedad catalana, genera una contradicción entre estrategia partidista y temperamento social complicada de sobrellevar para ERC. Y a ello, se suma el problema sobrevenido consistente en que con el objetivo de jalar el voto soberanista defraudado, Junts se desmarca de la mesa y deja a los republicanos solos. Consciente de estas contradicciones, Pedro Sánchez trata de acrecentarlas, por un lado, manteniendo la represión como vía para calentar un temperamento social que es, dentro del independentismo, causa de tensiones sociedad-partidos y partidos-partidos. Y por otro lado, alargando en el tiempo una mesa sin resultados hasta que tales tensiones generen la alteración de los equilibrios electorales, una ruptura entre los socios del gobierno catalán y una reconfiguración de la coalición de gobierno que lleve al PSC a la Generalitat.

Ambas partes tienen, en consecuencia, una concepción instrumentalista de la mesa. No perciben ésta como potencial productora de consensos sino como un nuevo campo de lucha abierto desde el que organizar el movimiento de lo social hacia aquella dirección que les permita seguir dando pasos en el interior de un conflicto nacional concentrado y de tiempo lineal, que creen todavía transitable y no bloqueado. Sin embargo, en tanto realmente bloqueado, ni el movimiento que ERC cree generar con la mesa es real ni la posibilidad de arrancarle un referéndum que resignificar al PSOE posible. Ni tampoco la creencia del PSOE de que va a disolver el problema catalán sin necesidad de negociar ningún referéndum factible. La mesa no conduce a nada, ni para unos ni para otros. La mesa es un producto heredado de una lógica de disputa superada que al ya no estar en sintonía con la reconfiguración del conflicto que se está produciendo en la sociedad catalana, no es capaz de producir efectos sobre la misma ni generarle credibilidad.

¿Un nuevo ciclo por fuera de la mesa?

En el contexto de mutación del conflicto catalán, no es en la mesa de políticos de lógica conflictual obsoleta y bloqueada sino en la superposición de los nuevos y múltiples conflictos sociales sectoriales que surgen y surgirán, donde es posible se construya un nuevo acumulado que, a medio plazo, acabe generando una aceleración de los tiempos sociales y políticos y abriendo nuevos contextos de choque democrático que vuelvan a unir al independentismo. No es el acuerdo estratégico entre partidos y actores sociales lo que genera momentos de unidad, sino el advenimiento sobrevenido de momentos y acontecimientos disruptivos los que crean un tiempo común y actúan como momento unificador. Si este nuevo episodio del conflicto llegara a darse, la mesa ya habrá desaparecido sin resultados. Por ahora, mientras la mesa se mantiene como un residuo heredado muerto de una lógica conflictual pasada sin capacidad de generar nada, el inmovilismo del gobierno español y mantenimiento de la represión lleva a que el conflicto catalán se reconfigure socialmente por fuera de la mesa y pueda abrir la puerta de nuevos estallidos a medio plazo.

Durante el pasado mes de junio hemos visto cómo la medida adoptada por el Gobierno frente a la subida del precio de la luz más alta de la historia, por parte de las empresas, se limita a una reducción del IVA a un 10%, sin tocar los millonarios beneficios del oligopolio eléctrico. O cómo la fiscalía pide nueve años de prisión a tres activistas del Sindicato de Inquilinos de Barcelona mientras, semana tras semana, los antidisturbios desahucian familias de sus casas. Todo ello obliga a abordar el debate acerca de la ciudadanía social en las sociedades del siglo XXI. 

Una de las funciones de todo gobierno debe ser garantizar al conjunto de habitantes de su territorio el acceso a la ciudadanía. Pero, ¿qué medidas deben adoptarse para ello? Responder a esta pregunta exige: primero, entender que la ciudadanía es un concepto histórico y dinámico. Las medidas que garantizaban el acceso a la ciudadanía social en 1978 no son las mismas que en 2021. Y, segundo, que si no se toma conciencia de su necesaria reactualización y se legisla para ello, España se convertirá en un país habitado por simples moradores sin derechos o con derechos limitados, pero no por ciudadanos.

1. La ciudadanía como concepto histórico y dinámico. Entendemos por ciudadanía social aquella condición de inclusión de las personas en el seno de un Estado de la que deriva una ampliación de la igualdad social. La ciudadanía es una inclusión igualadora. Ahora bien, en la medida en que las formas de desigualdad son diferentes en cada época de la historia, el eje y condiciones de igualación y, por tanto, de ciudadanización, deben cambiar. La ciudadanía ha sido, siempre, un proceso histórico y cambiante de ampliación de derechos.   

La desigualdad en el capitalismo es fruto de los procesos de apropiación de una clase sobre otras. Cuando el método a través del que se produce tal apropiación de la riqueza social cambia y fruto de ello, también lo hace la forma de la desigualdad, aquella ciudadanía que antes servía para combatirla y generar inclusión igualadora ahora ya no sirve. Se crean nuevas desigualdades contra las que los viejos mecanismos de inclusión social o ciudadanización resultan impotentes. En estos momentos, resulta necesaria una ampliación de la ciudadanía destinada a crear nuevas igualaciones en sintonía con el nuevo contexto histórico.  

2. Cambio en el proceso de apropiación: de la explotación al desplume. Con tránsito del siglo XX al XXI hemos asistido a un cambio en el modo de apropiación de los capitalistas sobre la población, cuyo método principal ya no es la explotación sino el desplume. Ello genera nuevas formas de desigualdad en el marco de los cuales la vieja ciudadanía social del siglo XX resulta incapaz de generar inclusión igualadora.

En los siglos XIX y XX, en el marco de sociedades industriales con una estructura económica homogénea, pleno empleo y el obrero asalariado como único trabajador tipo, la forma de apropiación de riqueza de una clase sobre otras se llevaba a cabo a través del momento no equivalencial de cumplimiento del contrato de trabajo. Durante el proceso productivo, el empleador sólo paga a su trabajador aquella parte de tiempo necesario para reproducir el valor salario, el resto del tiempo trabajado y no pagado conforma la plusvalía, de la que se apropia el capitalista obteniendo beneficio y generando la principal forma de desigualdad de la época. En este contexto, el eje y condición de posibilidad de una inclusión que reducía la desigualdad fueron los derechos sociales vinculados al contrato-salario. La Constitución del Estado social fue la regulación de aquellas horas de trabajo que superan el límite de tiempo necesario para reproducir el valor salario y que conforman un no-equivalente apropiado por el empresario y contabilizado como ganancia, esto es la cuestión de la explotación. El subsidio de desempleo, pensión de jubilación, vacaciones, seguridad social, regulación de la jornada de trabajo y muchas otras prestaciones sociales guardan, en tanto son derechos vinculados al contrato-salario, relación con la disputa de plusvalía. Estas no son más que una reducción de la plusvalía del empresario que se asigna, en forma de salario directo, indirecto o diferido organizado por el Estado, a la contraparte trabajadora. Los derechos sociales vinculados al contrato-salario eran la forma por excelencia de ciudadanización igualadora de gran parte de la población y sus familias en el siglo XX. 

En el actual contexto neoliberal de desindustrialización e imposición de un capitalismo financiero digitalizado que necesita, cada vez menos, del trabajo, el método de apropiación de los capitalistas sobre la mayoría social ya no se lleva a cabo, principalmente, a través de relaciones de producción industriales, sino mediante el desplume de la población. Esto es, mediante la apropiación y concentración privada de los bienes del Estado y sectores estratégicos (telecomunicaciones, energía, financiero, carburantes, viviendas, etc.) fruto de las privatizaciones de finales de siglo XX, que han dejado el mercado en manos de un reducido número de empresas que se enriquecen  repercutiendo en la mayoría de la población el coste de las crisis por vía de subidas del precio de la vivienda, la luz, el agua, el teléfono, etc., con los consumidores como grandes damnificados. 

3. Sin nacionalización de los sectores estratégicos ni regulación de la vivienda no hay ciudadanía. Este cambio en el método principal de apropiación de una clase sobre las otras, de la explotación al desplume, hace que los derechos sociales vinculados al salario ya no sean para mucha gente desempleada, sin contrato o precaria, que ha salido de la historia de los conflictos laborales y no dispone de una contraparte empresarial, y que no puede pagar el alquiler, la luz o el agua, un instrumento útil de inclusión igualadora y, por tanto, de ciudadanización. De acuerdo con el informe sobre la pobreza energética de 2018, el 15% de la población residente en el Estado no puede mantener durante el invierno su vivienda a la temperatura adecuada o sufre retrasos en el pago de recibos, o ambos. Solo en el primer trimestre de 2021, se han practicado en España 7.862 desahucios derivados del impago del alquiler y 2.548 de ejecuciones hipotecarias.

La ciudadanización o inclusión igualadora de mucha gente ya no tiene solo que ver con los derechos vinculados al contrato de trabajo, sino cada vez más, también, con el acceso a casa, electricidad y agua. Y ello exige una reactualización o ampliación de la ciudadanía centrada en el acceso universal a estos servicios, históricamente implementado a través de la nacionalización, control público y regulación de los mismos. El eje central y condición de posibilidad de la reactualización de la ciudadanía social en la historia europea del siglo XXI tiene que ver con la nacionalización y control público de los sectores estratégicos y con la regulación del precio de la vivienda y los alquileres. De lo contrario, nos dirigimos hacia unos países con procesos de ciudadanización obsoletos e incapaces de garantizar una inclusión igualadora para gran parte de la población que, expulsada de la ciudadanía, acabará convirtiéndose en simples moradores sin derechos o con derechos limitados que transitarán por nuestras calles, pero no en ciudadanos.

Elección tras elección, Vox no solo se consolida sino que crece. Nada parece indicar que el neofascismo vaya a desinflarse sin más si no se actúa con este objetivo desde el Estado y el Derecho. Ahora bien, difícilmente el llamado Gobierno progresista adoptará medidas en este sentido si no es capaz, previamente, de romper dos tabúes incrustados en la cultura política española por la manera como se hizo la transición y la herencia jurídico-cultural de la tradición liberal: 1. El del reconocimiento de que el franquismo pervive en parte del aparato de Estado y la sociedad. Y 2. El de reconocer que el Derecho es violencia institucionalizada. Pero vayamos por partes.

El neofascismo no va a debilitarse por sí solo

Vox no puede analizarse aisladamente al margen de la coyuntura histórica en que opera. La normalización de Vox y difusión de su mensaje en los medios de comunicación propiedad de los grandes capitales no tendría lugar si no fuera funcional a sus intereses. Pero ¿por qué el neofascismo es útil al gran capital?

Estamos inmersos en una transformación del capitalismo que se canaliza, entre otros, a través del binomio financiación-digitalización. Este binomio está poniendo en práctica, en las sociedades del Norte, un nuevo modelo de acumulación con maneras de organizar la producción y el consumo en el interior de los cuales es cada vez más prescindible el trabajo salario y, en consecuencia, también los derechos de libertad, derechos sociales e instancias de mediación interclase.

La desaparición del contrato como figura central de organización del proceso productivo hace que el capitalismo ya no requiera para su funcionamiento del reconocimiento de individuos libres y jurídicamente iguales, indispensables para poder firmar contratos. Asimismo, a diferencia del capital productivo, al que le interesaba propiciar el consumo a través del salario (consumo efectivo), al capitalismo financiero le interesa propiciarlo no por vía salarial sino a través del crédito (consumo endeudado), que es donde el capital a interés se multiplica. Ello hace desaparecer la utilidad de los derechos sociales como mecanismo para organizar el consumo, en tanto que estos no son más que salario diferido organizado por el Estado con el objetivo de liberar salario directo para realizar el consumo intensivo efectivo. Y, finalmente, la precarización, fidelización por endeudamiento e individualización por vía del teletrabajo ha desactivado cualquier capacidad organizativa y de conflicto del trabajo que hace que ya no se requiera de instancias de mediación interclase.

En este escenario, la presencia del neofascismo en el campo político se convierte en un instrumento funcional para el sistema con un triple objetivo: llevar a cabo un desmontaje acelerado de las tres patas de la Constitución democrática (derechos de libertad, derechos sociales e instituciones de mediación); construir en el marco de sociedades infra-institucionalizadas y sin estructuras colectivas de solidaridad nuevas formas de cohesión y unidad social a partir del discurso del odio contra un enemigo común externo (la inmigración) e interno (el independentismo); y conformar un Estado policial penal que reprima las resistencias surgidas fruto del malestar social ocasionado por el desmontaje de derechos y genere miedo para evitar que se reproduzcan.

Nada parece indicar, entonces, que los grandes medios de comunicación al servicio de los poderosos vayan a dejar de normalizar a Vox ni que este vaya a dejar de contar con los apoyos suficientes para crecer, con lo cual difícilmente sea un fenómeno que se desinfle por sí solo. La única manera de conseguirlo es adoptando, desde el Estado y el Derecho, medidas legislativas valientes que persigan a los franquistas de hoy, expulsándolos de nuestra cotidianidad. No obstante, ello no se hará si no somos capaces de romper con dos tabúes fuertemente incrustados en la cultura política española:

El tabú de reconocer la persistencia del franquismo

Por un lado, hay una tendencia a analizar a Vox como si fuera un intruso que se ha colado en una realidad española plenamente democrática. En este sentido, la solución que se propone es la del “cordón sanitario”, ignorarlos, con el fin de que no contaminen la democracia. Parece como si se identificara a Vox con el neofascismo y el resto de la sociedad y Estado con la democracia. Este es el primer error. Los fenómenos que ocurren en toda sociedad deben ser comprendidos como parte de ella y por tanto Vox no es otra cosa que una expresión de algo que existe también en la sociedad y en el Estado. El neofascismo es parte de la sociedad y del Estado mismo. La sociedad y el Estado español contienen en su historia reciente actos progresistas y reaccionarios. Nuestro presente social y político contiene aspectos procedentes de una tradición democrática pero también de una tradición reaccionaria franquista que se encarna en aquello que denominamos con el nombre de Régimen del 78 y que engloba hoy parte de la estructura administrativa, judicial, militar, eclesiástica y policial, así como formas de organización ciudadana (grupos, fundaciones y partidos de extrema derecha, asociaciones, ultras de equipos de fútbol, etc.) de ideología conservadora y/o ultranacionalista. No se puede hablar de Vox como un intruso anómalo y separado de la realidad, sino como portadores de este aspecto reaccionario de la historia española todavía presente tanto en el aparato de Estado como en la sociedad.

Entender esto es fundamental para comprender que acabar con Vox sin reconocer la existencia de ese bloque social y de Estado que llamamos Régimen del 78 ni hacer nada para depurarlo es una ilusión. Reconocer que el franquismo sigue presente en nuestro aparato de Estado y sociedad es tabú en la política española cuyo gobierno mira hacia otro lado cuando grupos de militares que quieren fusilar a millones de personas firman manifiestos franquistas. Cuando en manifestaciones se exhiben banderas pre-constitucionales y hay policías que se fotografían con los manifestantes. Cuando el TEDH condena a jueces por vulneración de derechos y algunos de estos cantan en sus cenas navideñas el “a por ellos”. Etc. No se puede desfascistizar la política sin previamente desfascistizar la sociedad y los poderes del Estado. Y ello exige superar el tabú de reconocer la persistencia del franquismo. El reconocimiento de su existencia es el paso previo para poder actuar contra él.

El tabú de reconocer que el Derecho es violencia institucionalizada

Por otro lado, la teoría liberal desarrolló un relato sobre el origen del Estado y el Derecho como opuesto a la violencia. Estos surgirían fruto de un contrato social que permite la transición de un supuesto momento violento a uno no violento: la sociedad de naturaleza y el Estado civil. El punto de partida es el estado de naturaleza, un estado de guerra en el que las personas no tienen sus derechos protegidos y del que hay que salir. El  punto de llegada es el Estado civil con un poder soberano al frente que pone fin a la violencia y garantiza la paz. El Derecho se presenta como creación de una convivencia sin violencia donde todos debemos respetar unos derechos fundamentales que, como señalaba el preámbulo de la Declaración francesa de 1789, son “sagrados”. Ello hace que sea tabú afirmar que hay que ilegalizar a Vox y al resto de grupos franquistas, así como impedirles llevar a cabo ningún tipo de manifestación pública. “Todo el mundo tiene derecho a pensar, opinar y expresarse como quiera. ¡Eres un déspota!”, te contestan inmediatamente.

Este es un tabú construido sobre un relato falso. Ni el Derecho es ausencia de violencia ni los derechos fundamentales son absolutos. El Derecho no es más que una forma de enfrentar una violencia con otra violencia. Creer que puede existir una sociedad sin poder, dominación ni violencia es una ilusión. El Derecho es, inevitablemente, violencia institucionalizada que deviene democrática cuando se usa para garantizar los derechos humanos y el bienestar de la mayoría. A la vez, los derechos fundamentales tampoco son ilimitados sino susceptibles de ser restringidos con el fin de garantizar la dignidad y derechos de todas las personas. Normalizar esto, junto con el reconocimiento de que el franquismo sigue parcialmente presente, son condiciones necesarias para poder adoptar reformas legislativas valientes capaces de perseguir y desalojar a la ultraderecha de la escena política y social del país.

Es frecuente que cada 14 de abril el PSOE salga a reivindicar la República a la vez que cierra filas en defensa de la monarquía. Al mismo tiempo que alaba y defiende la Casa Real, Pedro Sánchez incluye entre sus actos de la cumbre bilateral entre España y Francia del pasado mes de marzo un homenaje a la tumba de Manuel Azaña, tuitea o participa durante el mes de abril en eventos del día de la República. 

Con ello el PSOE escinde lo ideal de lo material. Por un lado, reivindica los ideales del republicanismo, un republicanismo ideal, pero por el otro, se opone a la posibilidad de existencia de un republicanismo material en el Estado. Como si lo ideal fuera una realidad autónoma que pudiera reivindicarse y existir de manera ajena a lo material. 

Esta es una escisión tramposa. El método dialéctico ha mostrado que lo ideal y lo material son siempre una unidad en retroalimentación recíproca en la que uno no puede existir sin el otro y viceversa. De manera que la puesta en práctica de los valores ideales republicanos solo puede darse en el interior de un país cuya forma material de gobierno sea una república, nunca una monarquía aunque sea parlamentaria. Y justifico tal afirmación.

El republicanismo como ideal representa una corriente de pensamiento que, con raíces en la antigüedad clásica y la república romana, comenzó a renacer, a finales del siglo XX, a partir del trabajo de autores en su mayoría anglosajones. Si bien existen distintas versiones del republicanismo, podemos identificar unos consensos comunes definitorios del ideal republicano. Entre ellos, el principal es su rechazo de la dominación y la tiranía y la reivindicación de la libertad. Sin embargo, la suya es una defensa antiliberal de la libertad, entendiendo esta no como una libertad negativa, no como la ausencia de limitación y no actuación pública, como hacen los liberales, sino como una que requiere de precondiciones políticas y económicas para poder darse.

A) En primer lugar, como precondición política, requiere del establecimiento de un tipo particular de organización política basada en el autogobierno y el control democrático, donde la toma de decisiones sea ejercida mediante la discusión colectiva entre iguales en el ámbito público y no bajo la influencia y acuerdos opacos de los lobbies o grupos de presión que deriva en un gobierno de los intereses privados.

B) Y, en segundo lugar, como precondición económica, requiere de una igualdad en la distribución de propiedades y de una organización económica al servicio de la comunidad, exigiendo que el Estado esté orientado a maximizar el bienestar común y el interés general de la mayoría, no de unos pocos.

Pues bien, la existencia material de una monarquía imposibilita que puedan darse en España estas dos precondiciones indispensables para el ideal de libertad republicano.

Respecto a la primera precondición, la institución monárquica es un obstáculo para garantizar que las decisiones no sean fruto de la influencia de lobbies y grupos de presión. En los modelos parlamentarios, los Jefes de Estado juegan una doble función: una política-jurídica que opera a través de cauces formalizados mediante competencias (sancionar leyes, etc.) y una política-simbólica que lo hace a través de cauces no formalizados de ejercicio de influencia (el Jefe de Estado “recomienda”, “advierte”, “es consultado”, etc.). En los países donde la jefatura del Estado es monárquica esta segunda función se incrementa considerablemente. Ello resulta evidente en el caso español donde el rey, padre e hijo, son el caballo de Troya de los intereses de los grandes capitales del país en el interior del aparato de Estado. No hay duda de la estrecha relación entre la monarquía y los grandes capitales y tampoco que la primera intercede por ellos cobrando, incluso, comisiones. Por sus funciones constitucionales derivadas de la condición de Jefe del Estado, el rey se relaciona con todos los poderes estatales: el Legislativo, el Ejecutivo, el Judicial y otros órganos constitucionales, como mínimo en la medida que, a propuesta, nombra a sus miembros, más allá de otras funciones. En todas estas relaciones al más alto nivel, el monarca media en favor de los intereses de empresarios. No es por solidaridad sino por interés que la patronal y la derecha son los más monárquicos del país. La propia existencia constitucional del rey como Jefe de Estado es, en consecuencia, inherentemente contradictoria con el ideal republicano de rechazo a que grupos de poder privado influyan de manera opaca en la toma de decisiones.

Y en cuanto a la segunda precondición, la identificación, en España, entre sostenimiento del régimen constitucional con el sostenimiento de una monarquía corrupta hace que para poder garantizar la supervivencia del sistema, el Estado se vea obligado a redefinir continuamente la idea de interés general en términos contramayoritarios y, por tanto, contrarrepublicanos. El reciente episodio de la amnistía fiscal a Juan Carlos I constituye un ejemplo más de ello. En sus sentencias  96/2002 y 19/2012, el Tribunal Constitucional estableció que la concesión de regularizaciones fiscales a determinadas personas, esto es, la posibilidad de pagar una cantidad para obtener la condonación de la deuda tributaria real que hubiera correspondido satisfacer de haber cumplido correctamente con las obligaciones tributarias, suponen una quiebra del principio de generalidad que rige la materia tributaria y, en consecuencia, solo pueden ser constitucionalmente aceptadas en casos que respondan a fines de interés general que las justifiquen. O dicho de otra manera, casos que impliquen una mejora de la economía del Estado, pues se estima que ello contribuirá a preservar el interés general.

En febrero de este año, la Agencia Tributaria, adscrita al Ministerio de Hacienda, pactó una nueva amnistía fiscal con Juan Carlos I, quien tras presentar una declaración de más de ocho millones de euros no declarados abonó cuatro millones quedando regularizada su situación, lo que dividido entre el número de habitantes del Estado nos toca a 0,08 euros por cabeza. ¿Contribuye al interés general o la mejora de la economía del país una amnistía fiscal que económicamente reporta esta mísera cantidad de euros por habitante? La propia existencia y sostenimiento material de la monarquía implica en España la necesidad del Gobierno de reconfigurar la noción de interés general como recurso destinado a la legitimación de medidas de reparto de beneficios en favor de los poderosos y en contra de la mayoría, lo que resulta contrario al ideal republicano.

Todos estos factores hacen, en resumen, que la existencia material de la monarquía en España imposibilite la vigencia del ideal de libertad propio del republicanismo. Lo ideal no puede escindirse de lo material en tanto son dialécticos. El republicanismo monárquico que preconiza el PSOE no tiene ningún sustento real de posibilidad y no es más que una estrategia discursiva de éste, vacía de contenido, destinada a resemantizar su pasado progresista para dar una apariencia de continuidad en su trayectoria que actúe como velo de su práctica política presente.

El episodio de Murcia y la convocatoria electoral en Madrid ha desencadenado una tormenta en Ciudadanos. La amenaza de desaparición del partido y la fuga oportunista de sus cargos hacia el PP ha reabierto el debate del transfuguismo, usual últimamente. En las pasadas elecciones catalanas del 14F, ERC fichó a Carles Castillo del PSC, el PP a Lorena Roldán de Cs, etc. ¿Cómo tratar tal fenómeno? Este puede abordarse de dos maneras distintas: como fallo del sistema o como su modo de funcionamiento.

La tendencia general, estos días, está siendo abordarlo como un fallo del sistema político. Muchos han salido a reprocharlo como un comportamiento contranatura que pervierte el sistema y es causa de una cada vez mayor crisis del mismo en tanto que falsea la representación, debilita la imagen de los partidos, perjudica la gobernabilidad y favorece la corrupción. Lo definen como un intruso ajeno que debe expulsarse del sistema para mantener su integridad. Para ello, algunos reglamentos de parlamentos autonómicos, como el de Castilla-La Mancha o Catalunya, penalizan su práctica estableciendo que quienes abandonen su grupo o sean expulsados pasarán a tener la condición de diputado no adscrito, con el objetivo de aislarlos y privarlos de los medios materiales, económicos y de intervención de los grupos parlamentarios. 

Esta visión del transfuguismo como fallo del sistema es, sin embargo, una visión hoy  descontextualizada y desfasada. Y es que el transfuguismo no puede analizarse al margen o sin relación con la forma histórica del modelo político en el que opera. 

Si bien en el marco de la sociedad de los partidos de masas de la Europa de posguerra este sí era un exterior negativo pervertidor del sistema, en el marco del actual modelo de democracia espectáculo y partidos electorales-profesionales separados de la sociedad es un interior constitutivo del mismo, habiendo devenido funcional a su reproducción y parte natural del proceso de selección de candidatos. El transfuguismo no es hoy un fallo sino parte estructural del modo de funcionamiento del sistema. En este contexto, lo que es reprochable no es el transfuguismo sino un modelo político que lo ha incorporado como estructural del mismo. El transfuguismo no es la causa de la degeneración del sistema sino su consecuencia.

El transfuguismo en el sistema de partidos de masas

Durante décadas, los parlamentos operaron como espacios reales de decisión donde se enfrentaban y negociaban grandes partidos de clase que eran correas de expresión de los grupos de la sociedad. El momento de creación del Derecho actuaba como momento de mediación, intermediado por los partidos en el Legislativo, de la plural y conflictiva estructura social. Los partidos acudían al momento normativo como condensación orgánica de las asociaciones de clase (sindicatos, patronal, asociaciones de vecinos…) que transmitían opiniones, propuestas y las imponían o negociaban con el respaldo de la presión y la movilización de sus bases.

Este modelo, normalmente bipartidista, determinaba tanto el proceso de selección de candidatos en el interior de los partidos como las pautas de competencia de éstos por el poder. La elaboración de las listas era un procedimiento no público en el que los criterios para ser candidato eran el equilibrio entre las distintas facciones internas, la trayectoria militante del candidato y su conexión orgánica con las estructuras de base, su coherencia ideológica, etc. Asimismo, la manera en que los partidos competían por el control del gobierno era lograr la máxima movilización o mínima abstención de su electorado en el interior de bloques sociales de identificación partidista cerrados con poco trasvase de votos. 

En tal modelo de dos grandes partidos como grandes contenedores de identidad de clase definida y fuertemente conectados con sus bases, el transfuguismo o cambio de partido de los candidatos se configuraba como un elemento excepcional de traición al sistema. Un fallo del mismo. 

El transfuguismo en la época de la política espectáculo

Desde la década de los 80 del siglo XX asistimos a un cambio en el régimen de acumulación capitalista que va de la mano de un cambio de la arquitectura institucional y el régimen político: el desplazamiento de los espacios de toma de decisiones hacia instancias internacionales y transnacionales; el vaciamiento de funciones de los parlamentos en tanto que, desactivada la capacidad organizativa y el potencial conflictivo del Trabajo, el capital ya no requiere de instancias políticas de mediación para organizar la relación entre clases; la aparición de una tecnocracia nacional, regional y global que hace que los partidos ya no sean actores clave en el proceso político; las transformaciones en la estructura social que desdibuja la identidad de clase y la identificación partidista aumentando el número de votantes disponibles, lo que se refleja en la volatilidad electoral y la creación de nuevos partidos; la aparición de las redes sociales y la transformación de los procesos de construcción de identidad en el que la voluntad de singularización simbólica expresa el nuevo objetivo vital de las personas y se configura como campo de juego principal de la distribución de significantes sociales, reduciéndose el papel mediador de los partidos ahora sustituidos por individuos-marca en autopromoción continua; etc.

Todos estos elementos han cambiado absolutamente el sistema político. Éste ya no es un campo de lucha donde partidos de clase conforman instrumentos de movilización social para la disputa de plusvalía, derechos, etc. sino que, a medida que aumenta su vaciado de funciones y concentración del poder en el Capital, es más un escenario-teatro autorreferencial separado de la sociedad con candidatos-profesionales que organizan su autopromoción personal y vinculación con los ciudadanos como una relación mercantil electoral. Un espacio autónomo con partidos que durante la campaña salen a las puertas de las instituciones para vender mediante golpes de efecto mediáticos y técnicas de marketing político implementadas por empresas, candidatos-producto electorales. 

En este sistema, el trasvase de candidatos de un partido a otro no es, como continúan creyendo algunos, un fallo excepcional que pervierte el sistema sino un interior constitutivo del mismo, habiendo devenido parte estructural del proceso de selección de candidatos de un modelo donde el efectismo, el fichaje de candidatos-mercancía en el escaparate de las audiencias y el reality show de la política amplificado por programas y tertulianos televisivos se convierte, en sustitución de la ideología, en el nuevo método de seducción y captación de votos. El transfuguismo no es la causa de deterioro del sistema político sino su consecuencia. 

Partiendo de esta base, podemos decir que algunas de las propuestas desenterradas los últimos días para intentar evitar más episodios de transfuguismo como la reforma de la LOREG o la aprobación de una Ley Orgánica sobre Actividades e Incompatibilidades de Diputados y Senadores que incluyan disposiciones que penalicen comportamientos tránsfugas, servirían de poco. Hecha la ley, hecha la trampa. Al igual que las antes citadas medidas del Parlamento de Castilla La-Mancha o Catalunya han servido de poco puesto que, a efectos de votaciones o formación de mayorías, de nada sirve el destierro a la condición de no adscrito de los posibles tránsfugas, ya que pueden votar al servicio de sus nuevas lealtades clandestinas a cambio de favores.

En un modelo donde el transfuguismo ya no puede interpretarse como un fallo del sistema sino como su modo de funcionamiento estructural, la única vía para evitar su expansión no es otra que reconstruir una reterritorialización real de la democracia. Una democracia que permita volver a hacer del sistema político un espacio de participación conectado a la ciudadanía y no un teatro televisado que actúa a la vez como instrumento meramente formal para la legitimación del dominio absoluto del Capital y como velo que impide ver la privatización de la democracia en manos de éste último.