Vivimos en un contexto marcado por la instrumentalización de la transición energética en plena ola de disputas partidistas y previamente a nuevos ciclos electorales. Mientras las grandes compañías anuncian beneficios récord y lanzan campañas de lavado de imagen “verde” cada vez más agresivas, el debate público se desplaza hacia la criminalización de la pobreza y hacia falsas problemáticas. ¿Quién tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la energía? ¿A quién estamos otorgando el poder de liderar las soluciones y los relatos sobre transición energética justa? Las grandes empresas energéticas nos venden campañas de marketing sobre sostenibilidad y empleo, para que no miremos a lo que realmente importa: la crisis climática, social y de vivienda que vivimos. Este desplazamiento no es inocente: responde a una estrategia deliberada del lobby energético para presentar cualquier intento de regulación ambiciosa —ya sea la fiscalidad sobre beneficios extraordinarios, el refuerzo del autoconsumo o el control de precios— como una amenaza a la estabilidad económica del país. Así, medidas que buscan corregir desigualdades o injusticias se convierten en moneda de cambio en negociaciones parlamentarias opacas. Así, el interés general queda subordinado a los márgenes de rentabilidad de un sector privatizado que, paradójicamente, sigue dependiendo en gran medida del respaldo público. 

El episodio más reciente que ilustra esta realidad es la derogación del Real Decreto-Ley 10/2024, que pretendía imponer un gravamen temporal a los beneficios excesivos del sector energético en 2025. La norma, presentada como una prórroga de la Ley 38/2022, cayó en enero de 2025 tras el voto en contra del Partido Popular, Vox, Junts per Catalunya, el PNV y UPN. El resultado confirmó el blindaje político del oligopolio energético, incluso en un contexto de crisis energética e inflación. 

Los frutos de esta injusticia son palmarios. En 2023, Repsol recibió cerca de 23 millones de euros en compensaciones públicas por los costes de emisiones de CO₂. Al mismo tiempo, Endesa, Iberdrola, Naturgy, Repsol y Moeve continúan concentrando el control del sistema energético y desplegando estrategias de lobby para condicionar la legislación y proteger sus intereses. Diversos estudios coinciden en que esta concentración de poder dificulta seriamente una transición energética justa, democrática y socialmente redistributiva. 

El pasado reciente ofrece ejemplos clave de la captura de intereses en cualquier modificación regulatoria o nueva legislación. El más conocido es el Real Decreto 900/2015, popularmente bautizado como el “impuesto al sol”. Bajo el pretexto de garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico, la norma penalizaba el autoconsumo y protegía de facto la posición dominante de las grandes eléctricas. No había razones técnicas ni económicas de peso que justificaran aquella medida: su única lógica era política y respondía a los intereses de un oligopolio decidido a frenar cualquier democratización del sistema energético. 

Tal y como recoge el estudio «Así decide el lobby fósil el presente y futuro del Estado español» de Ingeniería Sin Fronteras, estas prácticas no son episodios aislados, sino parte de una estrategia estructural del oligopolio energético para proteger sus intereses y moldear el marco político y social de la transición energética. Además, lejos de corregirse, estas dinámicas se han agravado con el tiempo. En el presente, el lobby energético ya no actúa únicamente presionando despachos ministeriales o influyendo en la redacción de decretos. Su estrategia se ha diversificado y ha encontrado en el ámbito académico un espacio clave de legitimación. Entre 2017 y 2022, empresas como Repsol, Iberdrola o Moeve inyectaron centenares de miles de euros en universidades públicas españolas en forma de cátedras, convenios y proyectos de investigación. Solo la Universidad Complutense de Madrid recibió más de un millón de euros, de los cuales más de 525.000 procedían de Repsol. Estas aportaciones no son filantropía desinteresada, sinó #AcademicWashing. Financiando másteres, becas predoctorales o investigaciones sobre “transición energética” y “sostenibilidad”, el oligopolio -eminentemente fósil- contribuye a moldear el discurso hegemónico desde el cual se analiza el futuro del sector. La universidad, en teoría un espacio de pensamiento crítico, corre el riesgo de convertirse en una correa de transmisión del relato corporativo. Se blanquean y justifican prácticas que poco tienen que ver con una transición justa y alineada con proteger la justicia social y climática. 

A esta influencia académica se suma una alarmante falta de transparencia institucional. En el Congreso y el Senado, sólo una minoría de representantes políticos publica su agenda de reuniones. Apenas el 13% de los diputados y el 24% de los senadores han publicado en algún momento con quién se reúnen. Desconocer la agenda del 80% del poder legislativo no es un detalle menor: es el caldo de cultivo ideal para que los lobbies operen a sus anchas, pero en la sombra. 

Este poder no se limita a la influencia legal, académica y económica. En su área de influencia salen a la luz tramas de corrupción que revelan hasta qué punto son difusas las fronteras entre negocio, política y delito. La llamada Trama de Hidrocarburos es un ejemplo paradigmático: empresas como Hafesa, vinculadas a figuras del Partido Popular y beneficiadas por favores institucionales, defraudaron al Estado más de 150 millones de euros en IVA. La posterior condena de José Norberto Uzal y las conexiones con paraísos fiscales, los Pandora Papers y el caso Koldo muestran que no se trata de episodios aislados, sino de un entramado de impunidad. 

Ante este panorama, el futuro del lobby energético en el Estado español plantea una disyuntiva clara. O se avanza hacia una regulación estricta, transparente y democrática que limite la influencia corporativa y priorice el interés general, o se consolida un modelo donde la transición energética será solo un eslogan vacío, diseñado para preservar los beneficios de siempre, pintado de “progreso” y de “verde”.

Romper esta dinámica exige medidas valientes: registros de lobbies obligatorios, agendas públicas completas, fin de las puertas giratorias, financiación suficiente para la investigación pública independiente y una reforma profunda del mercado eléctrico y del sector energético. Sin ello, el pasado seguirá dictando el presente y secuestrando el futuro de la política energética en el Estado español.

Parece que la opinión pública empieza a tener cada vez más claro que el Proyecto Castor es una gran estafa, o lo que es lo mismo, un claro ejemplo de lo que el capitalismo de amiguetes implica para la ciudadanía: si sale bien, ellos se forran, si sale mal, pagamos todas.

Vale la pena hacer un repaso mental (o mejor, anotar en una larga lista) las innumerables metidas de pata que poco a poco se han ido destapando y visibilizando y que en su día seguro fueron aplaudidas y celebradas entre palcos y pasillos. Cada firma en una concesión o autorización, cada cambio de legislación a golpe de BOE, cada llamada telefónica... Son muchos los motivos para considerar la ilegitimidad de la deuda del Castor:

En primer lugar por el comportamiento de los acreedores. Los bancos que financiaron y refinanciaron el proyecto se dejaron por el camino un análisis pertinente y completo de los riesgos que éste podía comportar. La excusa de confiar en el Gobierno, o en la administración de turno, y en sus procedimientos puede dejarte colgado, aunque seas el mismísimo Banco Europeo de Inversiones. Eso sí, cobrar, siguen cobrando.

En segundo lugar las disposiciones contractuales. La famosa cláusula 14 de la concesión que permitía una compensación aun si mediaba dolo o negligencia, y el hecho de no buscar las opciones legales existentes para no indemnizar a la empresa. Se nos dice que esta cláusula no era normal, pero en demasiadas concesiones hay clausulas similares en este tipo de mega infraestructuras.

En tercer lugar las circunstancias en las que se efectuó el contrato o concesión. A día de hoy se han hecho evidentes las dudas sobre si hubo un concurso con todas las garantías para licitar la construcción. La capacidad de persuasión e influencia que tiene una empresa como ACS, liderada por Florentino Pérez, no debe pasar por alto. Es la constructora que más licitaciones públicas se lleva en el Estado, y esto nos debe mover a demandar más información y transparencia sobre cómo se llevan a cabo estas concesiones y contratos. Incluso parece que se forzaron cambios legislativos a favor de la empresa en distintas ocasiones (cambio de límites marítimos o ampliación de los años durante los cuales la empresa tenía derecho a renunciar a la concesión, entre otros).

También se hizo la vista gorda en una Declaración de Impacto Ambiental que no “debía” –no estaba obligada– a incluir el estudio sobre el riesgo sísmico, pero es evidente que “debería” haberlo hecho (ante las evidencias de estudios y avisos anteriores). El principio de precaución debería haber regido cualquier decisión al respecto, pero parece que los principios a los que se respondió fueron de otra índole.

Y por último, el destino de los fondos. La deuda del proyecto Castor no ha servido para absolutamente nada. Se trata de un proyecto de almacenamiento de gas innecesario y tremendamente caro por sus sobrecostes, como ya declaró la Comisión Nacional de la Energía en 2012. Se planificó hace más de 10 años, pero faltó valentía política para desplanificarlo cuando los “expertos” del sistema gasista hicieron saltar la alarma. Faltó valentía (o sobró amiguismo) para no indemnizarlo, o para al menos esperar a hacerlo, cuando estaba claro por qué habían saltado los sismógrafos. Y falta valentía ahora cuando es obvio que el Castor solo ha sido beneficioso para quienes lo han construido (y quienes lo han financiado). Son 0 los responsables hasta la fecha, mientras la ciudadanía paga en sus facturas de gas una cuenta que no para de subir.

En la investigación abierta en el Juzgado nº4 de Vinarós, son ya cuatro los jueces que han pasado por una causa que acumula ya más de 13.000 folios. La instrucción ha sido calificada de “causa compleja” lo que la dilatará, como mínimo, hasta junio de 2017 (18 meses a contar desde el 6 de diciembre de 2015). Y el plazo podría prorrogarse 18 meses más, hasta finales de 2018. Tratándose de un caso tan complejo, y al que se le suma la carga simbólica de estar juzgando a la 1ª concesionaria mundial en construcciones, parece claro que el continuo cambio de jueces a cargo de este caso no ayuda a hacerlo avanzar.

Sorprende la rapidez y agilización de procesos ante la concesión, ante el análisis de impacto ambiental o ante la indemnización, frente a la más que desesperante lentitud ante la decisión de cierre definitivo, o ante la investigación judicial. Sorprende también la falta de una respuesta contundente por parte del Gobierno y la Administración, que con su inacción favorecen la impunidad.

Pero es esta misma impunidad la que nos mueve a no dejar que el caso Castor caiga en el olvido. Con un 17% de pobreza energética en el Estado, no son las personas las que deben cargar con esta deuda. Por ello, desde la sociedad civil organizada se ha lanzado un proceso con los objetivos de incidencia política, mediática y eventualmente legal, para revertir los altos costes que se están imputando a la sociedad por el proyecto Castor, y por la implementación de mecanismos legales y políticos que impidan estas prácticas. Este proceso se inaugura con un Juicio Popular que tendrá lugar en Barcelona el 17 de junio, para el cual se ha abierto un periodo de adhesiones, señalando a la empresa ACS y a Florentino Pérez, a los sucesivos gobiernos implicados y sus ministros, y al Banco Europeo de Inversiones.

Es urgente continuar trabajando para el desmantelamiento de las instalaciones del Proyecto Castor, entre otras reivindicaciones de las poblaciones locales. Asimismo lo es el hecho de poder revertir la actual situación de pago de deuda ilegítima que asciende a más de 3.400 millones de euros y que recae sobre la ciudadanía.

http://pobresaenergetica.es/es/

http://www.odg.cat/es/

http://www.odg.cat/es/blog/manifiesto-acusacion-juicio-popular-castor

"Y como la suya, las muertes y la vulnerabilidad asociadas a la pobreza energética podrían evitarse", asegura Mónica Guiteras, del Alianzas contra la Pobreza Energética (APE)

La semana pasada, y en pleno inicio de los meses más fríos, un informe del colectivo de Bomberos ya alertaba que 6 de cada 10 incendios con víctimas mortales en los hogares de Catalunya podrían atribuirse a la pobreza energética, según datos del primer trimestre de 2014, un invierno que fue más frío que el de 2015, y que apunta a repetirse este año.

La vecina de Reus de 81 años muerta ayer había sufrido un corte de suministro y a partir de entonces se iluminaba con velas, lo que hubiera causado el incendio. Y desgraciadamente todavía nos sorprendemos que una situación así sea posible. ¿Qué falló? ¿Cómo es que no se tenía conocimiento de esta situación?

Pero el hecho es que una situación así es posible, sí, pero es también ilegal. La Ley 24/2015, que mantiene en vigor todos sus artículos referentes a la pobreza energética, es clara en su artículo 6.4: “Cuando la empresa suministradora tenga que hacer un corte de suministro debe solicitar previamente un informe a servicios sociales municipales para determinar si la persona o la unidad familiar se encuentra en una de las situaciones de riesgo de exclusión residencial”.

Ante esta claridad, la empresa suministradora Gas Natural, y a su vez Endesa, la distribuidora, que es en última instancia quien efectúa el corte, miran hacia otro lado. Gas Natural declaraba hoy que se ha puesto a disposición del Ayuntamiento “para todo lo que necesite”. Pero precisamente todo lo que necesitaban los Servicios Sociales del Ayuntamiento –que Gas Natural diera la información que pretendía efectuar un corte en este hogar, y preguntar si vivía una persona vulnerable– la empresa no se lo facilitó.

Por el contrario la empresa se refiere a acuerdos firmados con anterioridad (y que responden a la modificación del Código de Consumo de 2014, menos garantista porque no incluye el principio de precaución) que obligaba a las personas vulnerables a ser ellas las que demostraran su situación.

Por suerte, la Ley 24/2015 (surgida, por cierto, de una iniciativa legislativa popular) no pone el peso sobre las familias vulnerables, y a merced de la burocracia, sino que permite evitar los cortes exigiendo una comunicación previa de la empresa suministradora con Servicios Sociales. Las empresas suministradoras ahora deben responder a una lógica diferente: les toca pasar de “ante la duda, cortamos, y quien pueda, ya vendrá a reclamar” a “ante la duda, debemos pedir información sobre la familia”. Parece de sentido común, pero, claro, no para quien busca el lucro y le molestan los clientes insolventes.

Esta ley, además, contempla la firma de convenios para amortizar la deuda de estas familias que no pueden pagar. Pero por suerte, el principio de precaución y la garantía de suministro no están supeditados a estos famosos convenios que todavía estamos esperando. Estos convenios aclararán quién paga las facturas atrasadas (y que esperamos que no sea de nuevo el dinero público proveniente finalmente de nuestros bolsillos). Precisamente unos convenios negociados con sensatez por parte de la Generalitat, y poniendo sobre la mesa el incumplimiento de obligaciones por parte de las suministradoras, permitirían responsabilizarse a asumir estas deudas, dando así una segunda oportunidad a las familias vulnerables.

La Generalitat de Catalunya también debe asumir su responsabilidad en este sentido porque es garante de derechos de la ciudadanía y, al mismo tiempo, es quien tiene que hacer cumplir la ley. Desde la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) hemos denunciado estos incumplimientos que siguen dándose a pesar de la puesta en vigor de la ley 24/2015, y hemos exigido a la Generalitat que ante esta actuación reincidente de las suministradoras hay que actuar de oficio, y sancionar no sólo los cortes indebidos que algunas personas (a quien llega la información) denuncian, sino también aquellos cortes que se producen sin que nadie diga nada.

No olvidemos la vecina de Reus y tampoco las muertes de los niños de 4 y 6 años en un incendio en el barrio del Besós en julio pasado, también asociadas a la pobreza energética. Y por este motivo varias organizaciones agrupadas en la APE nos concentraremos este miércoles a las 20h en Pl. Santiago ante la Generalitat. Porque se podrían haber evitado estas muertes. Porque este hecho no es aislado, no es sólo en invierno, ni es un error puntual de comunicación entre empresas y administración. Es una negativa constante de las empresas suministradoras a asumir responsabilidad ante las familias vulnerables, acompañada de la poca valentía de la administración para poner límites, hacer frente y garantizar que situaciones así no se vuelvan a repetir.

Sanciones, sí, pero de las ejemplares. Firma de convenios también, pero con una Generalitat que marque líneas rojas y pare los pies a quien lleva tanto tiempo convirtiendo el derecho a los suministros básicos en un privilegio fuera del alcance de muchas personas.

Un escenario que no es nuevo, cierto, pero que parece que sólo genera reacciones cuando la tragedia llama a la puerta.

"I com la seva, les morts i la vulnerabilitat associades a la pobresa energètica podrien evitar-se", assegura Mònica Guiteras, de l'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE)

La setmana passada, i en ple inici dels mesos més freds, un informe del col·lectiu de Bombers ja alertava que 6 de cada 10 incendis amb víctimes mortals a les llars de Catalunya podrien atribuir-se a la pobresa energètica, segons dades del primer trimestre de 2014, un hivern que va ser més fred que el de 2015, i que apunta a repetir-se enguany.

La veïna de Reus de 81 anys morta ahir havia patit un tall de subministrament i a partir de llavors s’il·luminava amb espelmes, fet que hagués causat l’incendi. I malauradament encara ens sorprenem que una situació així sigui possible. Què va fallar? Com és que no es tenia coneixement d’aquesta situació?

Però el fet és que una situació així és possible, sí, però és també il·legal. La Llei 24/2015, que manté en vigor tots els seus articles referents a la pobresa energètica, és clara en el seu article 6.4: “quan l’empresa subministradora hagi de fer un tall de subministrament ha de sol·licitar prèviament un informe als serveis socials municipals per a determinar si la persona o la unitat familiar es troba en una de les situacions de risc d'exclusió residencial”.

Davant aquesta claredat, l’empresa subministradora Gas Natural Fenosa, i al seu torn Endesa, la distribuïdora, que és en última instancia qui efectua el tall, miren cap a una altra banda. Gas Natural Fenosa declarava avui que s’ha posat a disposició de l’Ajuntament “per a tot el que necessiti”. Però precisament tot el que necessitaven els Serveis Socials de l’Ajuntament –que GNF donés la informació que pretenia efectuar un tall a aquesta llar, i preguntar si hi vivia una persona vulnerable- l’empresa no els ho va facilitar. Per contra l’empresa es refereix a acords signats amb anterioritat (i que responen a la modificació del Codi de Consum de 2014, menys garantista perquè no inclou el principi de precaució) que obligava a les persones vulnerables a ser elles les que demostressin la seva situació.

Per sort, la Llei 24/2015 (sorgida, per cert, d’una Iniciativa Legislativa Popular) no posa el pes sobre les famílies vulnerables, i a mercè de la burocràcia, sinó que permet evitar els talls exigint una comunicació prèvia de l’empresa subministradora amb Serveis Socials. Les empreses subministradores ara han de respondre a una lògica diferent: els hi toca passar de “davant el dubte, tallem, i qui pugui, ja vindrà a reclamar” a “davant el dubte, hem de demanar informació sobre la família”. Sembla de sentit comú, però, és clar, no per a qui busca el lucre i li molesten els clients insolvents.

Aquesta llei, a més, contempla la signatura de convenis per a eixugar el deute d’aquestes famílies que no poden pagar. Però per sort, el principi de precaució i la garantia de subministrament no estan supeditats a aquests famosos convenis que encara estem esperant. Aquests convenis aclariran qui paga les factures endarrerides (i que esperem que no sigui de nou el diner públic provinent finalment de les nostres butxaques). Precisament uns convenis negociats amb seny per part de la Generalitat, i posant sobre la taula l’incompliment d’obligacions per part de les subministradores, permetrien responsabilitzar-les a assumir aquests deutes, donant així una segona oportunitat a les famílies vulnerables.

La Generalitat de Catalunya també ha d’assumir la seva responsabilitat en aquest sentit perquè és garant de drets de la ciutadania i, alhora, és qui ha de fer acomplir la llei. Des de l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) hem denunciat aquests incompliments que continuen donant-se tot i la posada en vigor de la llei 24/2015, i hem exigit a la Generalitat que davant aquesta actuació reincident de les subministradores cal actuar d’ofici, i sancionar no només els talls indeguts que algunes persones (a qui arriba la informació) denuncien, sinó també aquells talls que es produeixen sense que ningú digui res.

No oblidem la veïna de Reus i tampoc les morts dels infants de 4 i 6 anys a un incendi al barri del Besós el juliol passat, també associades a la pobresa energètica. I per aquest motiu diverses organitzacions agrupades a l’APE ens concentrarem demà dimecres a les 20h a Pl. Sant Jaume davant la Generalitat. Perquè es podrien haver evitat aquestes morts. Perquè aquest fet no és aïllat, no és només a l’hivern, ni és un error puntual de comunicació entre empreses i administració. És una negativa constant de les empreses subministradores a assumir cap responsabilitat davant les famílies vulnerables, acompanyada de la poca valentia de l’administració per a posar límits, plantar cara i garantir que situacions així no es tornin a repetir. Sancions, sí, però de les exemplars. Signatura de convenis també, però amb una Generalitat que marqui línies vermelles i pari els peus a qui porta tant de temps convertint el dret als subministraments bàsics en un privilegi fora de l’abast de moltes persones.

Un escenari que no és nou, cert, però que sembla que només genera reaccions quan la tragèdia truca a la porta.

La classe política, la banca i l'oligopoli energètic (vegis també l'anar i venir entre cadires als tres sectors) semblen haver arribat a un consens, sobre un mateix full de ruta amb un mateix model: Grans megaprojectes, gran participació de l'esfera financera, i objectius grandiloqüents de creixement, desenvolupament i llocs de treball

El passat mes d'octubre va fer dos anys del terratrèmol de 4,2 graus a l'escala de Richter que va fer tremolar les llars dels veïnats d'Alcanar i Vinaròs, molt a prop de la zona on s'emplaça el projecte d'emmagatzematge geològic de gas Castor. I tot just ara, que estem a punt de començar a pagar el deute associat a aquest projecte, és del tot pertinent que entenguem què és en realitat el Castor, i què hagués estat si no s'haguessin produït els terratrèmols.

Precisament a partir dels mediàtics terratrèmols, el projecte Castor va començar a fer-se conegut entre l'opinió pública. Durant gairebé un any va regnar la incertesa en el cas, i finalment la promotora va renunciar l'estiu de 2014 a la seva concessió d'explotació. El govern va aprovar seguidament, a principis d'aquell mateix octubre, un RDL que assegurava una indemnització a l'empresa per la seva renúncia, malgrat la sospita que hi hagués hagut negligència. La concessió contemplava aquesta possibilitat de compensació per renúncia (tot i poder existir l'esmentada negligència), gràcies a la clàusula 14 del contracte. Poc es va explorar de les finestres obertes que la segona part d'aquesta clàusula recollia: «sense perjudici d'altres responsabilitats». El mateix Tribunal Suprem va fer èmfasi sobre aquest aspecte en la seva sentència sobre la clàusula. Tot i apuntar a la no lesivitat d'aquesta, concloïa que segons la magnitud de les responsabilitats el dret a compensació podria fins i tot anul·lar-se.

Pocs saben que el govern podria no haver acceptat la renuncia. Pocs saben que en aquell període les agències de rating anaven plenes de càbales sobre si passaria això, o això altre, en referència al projecte Castor. La majoria l'encertaven: apuntaven a una acceptació de la renuncia per part del govern i posterior oferiment de catifa vermella per a que ACS sortís del tracte ben compensada. És clar que hagués estat millor per a l'erari públic (i fins i tot més lògic amb el lliure mercat i la lliure competència) que el contracte no inclogués una clàusula d'aquestes característiques; però tot i assumint que ja hi era (herència del govern del PSOE), es podria haver intentat negociar una quitança amb motiu d'aquestes «altres responsabilitats» (i el govern del PP no ho va fer).

Després d'un 2015 en el que poc s'ha parlat del tema, és interessant recordar que la indemnització que se li va avançar a ACS, a través de bancs com Caixa Bank, Bankia i Santander, serà en última instància a càrrec de tota la ciutadania, que pagarà per un projecte que mai ha entrat en funcionament i que presenta perills per a la població i el medi ambient (com ja van argumentar l'IGN i l'IGME a estudis que van relacionar la injecció de gas amb els terratrèmols). En breu Enagas, la nova gestora de les instal·lacions, començarà a cobrar-nos el deute associat a la indemnització (el gener 2016) a través de les nostres factures de gas. 1350 milions d'euros a 30 anys i al 4,2% d'interès, és a dir, més de 4.700 milions d'euros de “pelotazo” i de deute il·legítim.

O vist d'una altra manera, una hipoteca -del gas- en tota regla. 30 anys de factures on la part regulada estarà encara més carregada (més peatges, més costos associats a conceptes que no tenen a veure amb el preu de la matèria primera). Per posar un exemple, tot i que baixi el preu del gas (part no regulada de la factura) si no parem d'afegir conceptes a la part regulada, la factura no baixarà, i podria fins i tot incrementar-se.

I arribats a aquest punt podríem preguntar-nos, què hagués passat si no hi hagués hagut terratrèmols? Què hagués passat si la planta hagués començat la seva operació?

Aquest magatzem de gas podria haver estat allà, ben poc utilitzat, i mai ho haguéssim sabut. Sense els terratrèmols potser tindríem un magatzem de gas en funcionament, però igualment planificat amb l'esperança de la pujada de la demanda del gas que no va arribar mai. La demanda enguany està baixant, però les planificacions no s'han modificat. Una tendència de “patada endavant” de la que fins i tot la Comissió Nacional de l'Energia alertava. Cap allà el 2012 la CNE explicava, en referència al sistema gasista, com “es generen incentius als promotors per a construir aquestes instal·lacions quan la retribució és suficientment atractiva fins i tot encara que no siguin necessàries per errors de planificació, i d'altra banda, es traslladen a l'Administració, i per consegüent al consumidor final, els riscos derivats de la incertesa en l'evolució de la demanda de gas”.

En resum: als peatges de la part regulada també hi hagués entrat un Castor en baix rendiment; igual que se'ns cobra la moratòria nuclear, igual que se'ns cobren les centrals de cicle combinat que estan criant malves. Igual que també hi ha altres Castors sense terratrèmols i sense la clàusula 14, però on a través de la Responsabilitat Patrimonial de l'Administració, també s'acaba apel·lant a les arques públiques (com amb el túnel de Le Pertus que ha de connectar l'AVE Barcelona-París, precisament també concessió d'ACS).

Però qui impulsa aquest tipus de plans i d'esquemes de finançament per a les infraestructures? Què és el que lliga a la ciutadania a aquests deutes?

Com dèia la CNE el 2012, el que importa als promotors és que la retribució sigui suficientment atractiva. I és a partir d'això que es mercadeja amb els nostres deutes energètics, igual que es va fer en el seu moment amb els deutes hipotecaris. Els nostres futurs pagaments de les factures de gas asseguren el negoci del gas. Amb aquests deutes s'han fet paquets i aquests s'han venut als mercats financers. S'ha fet en el cas del projecte Castor, i és vol seguir fent com a tònica a l'alça en els projectes d'infraestructures del futur a l'Estat espanyol i a la UE, impulsats per ens com la Comissió Europea i el Banc Europeu d'Inversions, que també va participar en el refinançament del deute del projecte Castor.

La classe política, la banca i l'oligopoli energètic (vegis també l'anar i venir entre cadires als tres sectors) semblen haver arribat a un consens, sobre un mateix full de ruta amb un mateix model: Grans megaprojectes, gran participació de l'esfera financera, i objectius grandiloqüents de creixement, desenvolupament i llocs de treball. Però quan es pretén traslladar això en allò més concret, en l'economia de les persones del carrer, el que succeeix és que els preus de les factures pugen, que les infraestructures s'imposen a qualsevol preu davant el territori i la ciutadania.

Ara ens pot convenir recordar que durant l'època del totxo tot un sector es va aventurar a veure si es podia treure benefici de quelcom tant essencial com la vivenda. Algunes empreses van caure pel camí, però les grans sens dubte es van reinventar. En el sector de les infraestructures, on algunes d'elles són presents avui, i mentre seguim aprofundint en un esquema públic-privat (concerts, concessions, retribucions per a dècades), estarem deixant marxar uns sectors també clau per a la vida de les persones (energia, transport, i fins i tot la sanitat i l'educació), deixant que s'hi especuli. La bombolla de totxo es va rescatar amb diner públic. Aquest cop en canvi, aquestes grans empreses ja han demanat la garantia pública des d'inici (els nostres futurs pagaments de factures, peatges, quotes...) per assegurar el negoci. Sinó no haguessin entrat a jugar el partit des de bon principi.

Se'ns explica ben poc a la ciutadania sobre els grans projectes d'infraestructures, o sobre el que costa realment l'energia, igual que en el seu dia s'explicava ben poc de la lletra petita de les hipoteques. Quedava recollida a la còpia que se'n duia la família en qüestió, però rebia ben poca atenció. Amb els megaprojectes, la població no és ni tan sols part contractant, però de ben segur que indirectament fa de garant. Caldrà doncs que desgranem el trinomi Estat-empresa promotora-bancs, i fem més preguntes. Caldrà que prenguem part de la planificació i la gestió, que decidim a quines necessitats volem que responguin aquestes infraestructures. Per a que no ens colin més hipoteques que no hem demanat, i per a que no haguem de pagar aquest, ni altres Castors.



La clase política, la banca y el oligopolio energético (véase también el ir y venir de sillas entre los tres sectores) parecen haber llegado a un consenso, sobre una misma hoja de ruta con un mismo modelo: grandes megaproyectos, gran participación de la esfera financiera, y objetivos grandilocuentes de crecimiento, desarrollo y puestos de trabajo

El pasado mes de octubre se cumplieron dos años del terremoto de 4,2 grados en la escala de Richter que hizo temblar los hogares de las poblaciones de Alcanar y Vinarós, muy cerca de la zona donde se emplaza el proyecto de almacenamiento geológico de gas Castor. Y justo ahora que estamos a punto de empezar a pagar la deuda asociada a este proyecto, es del todo pertinente que entendamos qué es en realidad el proyecto Castor, y qué hubiera sido si no se hubieran producido los terremotos.



Precisamente a partir de los mediáticos terremotos, el proyecto Castor empezó a hacerse conocido entre la opinión pública. Durando casi un año reinó la incertidumbre en el caso, y finalmente la promotora renunció a su concesión de explotación en el verano de 2014. El gobierno aprobó seguidamente, a principios de aquel mismo octubre, un RDL que aseguraba una indemnización a la empresa por su renuncia, a pesar de la sospecha de que hubiera habido negligencia. La concesión contemplaba esta posibilidad de compensación por renuncia (a pesar de poder existir la mencionada negligencia), gracias a la cláusula 14 del contrato. Poco se exploró de las ventanas abiertas que la segunda parte de esta cláusula recogía: “Sin perjuicio de otras responsabilidades”. El mismo Tribunal Supremo hizo énfasis sobre este aspecto en su sentencia sobre la cláusula. A pesar de apuntar a la no lesividad de ésta, concluía que según la magnitud de las responsabilidades el derecho a compensación podría incluso anularse.

Pocos saben que el gobierno podría no haber aceptado la renuncia.

Pocos saben que en aquel periodo las agencias de rating iban llenas de cábalas sobre si pasaría esto, o esto otro, en referencia al proyecto Castor. La mayoría lo acertaban: apuntaban a una aceptación de la renuncia por parte del gobierno y posterior ofrecimiento de alfombra roja para que ACS saliera del trato muy compensada. Está claro que hubiera sido mejor para el erario público (e incluso más lógico con el libre mercado y la libre competencia) que el contrato no incluyera una cláusula de estas características; pero incluso asumiendo que ya estaba (herencia del gobierno del PSOE), se podría haber intentado negociar un finiquito con motivo de estas «otras responsabilidades» (y el gobierno del PP no lo hizo).



Después de un 2015 en el que poco se ha hablado del tema, es interesante recordar que la indemnización que se le avanzó a ACS, a través de bancos como Caixa Bank, Bankia y Santander, estará en última instancia a cargo de toda la ciudadanía, que pagará por un proyecto que nunca ha entrado en funcionamiento y que presenta peligros para la población y el medio ambiente (como ya argumentaron el IGN y el IGME en estudios que relacionaron la inyección de gas con los terremotos). En breve Enagás, la nueva gestora de las instalaciones, empezará a cobrarnos la deuda asociada a la indemnización (en enero de 2016) a través de nuestras facturas de gas. 1350 millones de euros a 30 años y al 4,2% de interés, es decir, más de 4.700 millones de euros de “pelotazo” y de deuda ilegítima.



O visto de otro modo, una hipoteca -del gas- en toda regla. 30 años de facturas donde la parte regulada estará todavía más cargada (más peajes, más costes asociados a conceptos que no tienen que ver con el precio de la materia primera). Para poner un ejemplo, a pesar de que baje el precio del gas (parte no regulada de la factura) si no paramos de añadir conceptos a la parte regulada, la factura no bajará, y podría incluso incrementarse.



Y llegados a este punto podríamos preguntarnos, ¿qué hubiera pasado si no se hubiesen producido terremotos? ¿Qué hubiera pasado si la planta hubiera empezado su operación?



Este almacén de gas podría haber estado allá, bien poco utilizado, y nunca lo hubiéramos sabido. Sin los terremotos quizás tendríamos un almacén de gas en funcionamiento, pero igualmente planificado con la esperanza de la subida de la demanda del gas que no llegó nunca. La demanda de este año está bajando, pero las planificaciones no se han modificado. Una tendencia de “patada adelante” de la que incluso la Comisión Nacional de la Energía alertaba. Hacia el 2012 la CNE explicaba, en referencia al sistema gasista, como “se generan incentivos para los promotores para construir estas instalaciones cuando la retribución es suficientemente atractiva incluso aunque no sean necesarias por errores de planificación, y por otro lado, se trasladan a la Administración, y por consiguiente al consumidor final, los riesgos derivados de la incertidumbre en la evolución de la demanda de gas”.



En resumen: a los peajes de la parte regulada también hubiera entrado un Castor en bajo rendimiento; igual que se nos cobra la moratoria nuclear, igual que se nos cobran las centrales de ciclo combinado que están criando malvas. Igual que también hay otros Castors sin terremotos y sin la cláusula 14, pero donde a través de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración, también se acaba apelando a las arcas públicas (como con el túnel de Le Pertus que tiene que conectar el AVE Barcelona-París, precisamente también concesión de ACS).



¿Pero quién impulsa este tipo de planes y de esquemas de financiación para las infraestructuras? ¿Qué es lo que relaciona estas deudas a la ciudadanía?



Como decía la CNE el 2012, lo que importa a los promotores es que la retribución sea suficientemente atractiva. Y es a partir de esto que se mercadea con nuestras deudas energéticas, igual que se hizo en su momento con las deudas hipotecarias. Nuestros futuros pagos de las facturas de gas aseguran el negocio del gas. Con estas deudas se han hecho paquetes y éstos se han vendido a los mercados financieros. Se ha hecho en el caso del proyecto Castor, y se quiere seguir haciendo como tónica a la alza en los proyectos de infraestructuras del futuro en el Estado español y en la UE, impulsados por entes como la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones, que también participó en la refinanciación de la deuda del proyecto Castor.



La clase política, la banca y el oligopolio energético (véase también el ir y venir de sillas entre los tres sectores) parecen haber llegado a un consenso, sobre una misma hoja de ruta con un mismo modelo: grandes megaproyectos, gran participación de la esfera financiera, y objetivos grandilocuentes de crecimiento, desarrollo y puestos de trabajo. Pero cuando se pretende trasladar esto en aquello más concreto, en la economía de las personas de la calle, lo que sucede es que los precios de las facturas suben, que las infraestructuras se imponen a cualquier precio ante el territorio y la ciudadanía.



Ahora nos puede convenir recordar que durante la época del ladrillo todo un sector se aventuró a ver si se podía sacar beneficio de algo tanto esencial como la vivienda. Algunas empresas cayeron por el camino, pero las grandes sin duda se reinventaron. En el sector de las infraestructuras, donde algunas de ellas están presentes hoy, y mientras seguimos profundizando en un esquema público-privado (conciertos, concesiones, retribuciones por décadas), estaremos dejando ir unos sectores también claves para la vida de las personas (energía, transporte, e incluso la sanidad y la educación), dejando que se especule. La burbuja del ladrillo se rescató con dinero público. Esta vez en cambio, estas grandes empresas ya han pedido la garantía pública desde el inicio (nuestros futuros pagos de facturas, peajes, cuotas...) para asegurar el negocio. Sino no hubieran entrado a jugar en el partido desde un principio.



Se nos explica muy poco sobre los grandes proyectos de infraestructuras a la ciudadanía, o sobre el que cuesta realmente la energía, igual que en su día se explicaba muy poco de la letra pequeña de las hipotecas. Quedaba recogida en la copia que se llevaba la familia en cuestión, pero recibía muy poca atención. Con los megaproyectos, la población no es ni siquiera parte contratante, pero a buen seguro que indirectamente hace de garante. Hará falta entonces que desgranemos el trinomio Estado-empresa promotora-bancos, y hagamos más preguntas. Hará falta que tomemos parte en la planificación y la gestión, que decidimos a qué necesidades queremos que respondan estas infraestructuras. Para que no nos cuelen más hipotecas que no hemos pedido, y para que no tengamos que pagar éste, ni otros proyectos Castor.

El pasado mes de abril el Parlamento Europeo votaba sobre el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (EFSIS según sus siglas en inglés), un reglamento bastante desconocido que debe actuar como base legal para el Plan Juncker. Un plan de inversión que toma el nombre de su principal impulsor, Jean-Claude Juncker, actual presidente de la Comisión Europea. La Comisión, con Juncker a la cabeza, cree que a corto plazo las fuerzas del mercado no son capaces de dar una solución al problema de la falta de inversión disponible, y quiere aprovechar para que la esfera pública y sus instituciones jueguen un papel clave en la financiación de proyectos para el crecimiento y la creación de puestos de trabajo. Hasta aquí todo bien.

Partiendo de 21.000 millones de euros de dinero público se pretende movilizar inversión privada hasta llegar a los 315.000 millones de inversión total. Los 21.000 millones estarán compuestos por 5.000 millones del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y una garantía por valor de 16.000 millones, que contará con 8.000 millones del presupuesto comunitario. Algunos dicen que multiplicar por 15 la inversión es demasiado optimista. Otros ponen énfasis en el tipo de proyectos que serán escogidos y en la transparencia (o la falta de ésta) durante el proceso de elección de los mismos. La planificación también ha sido nula: un alud de propuestas inconexas desde los diferentes Estados miembros, y mucha prisa en aprobar el EFSIS de cara al próximo Junio.

Mientras tanto, se han quedado fuera del debate cuestionamientos más globales sobre el funcionamiento y la lógica financiera detrás del mismo plano. Falta información y reacciones de la opinión pública sobre el precio que habrá que pagar a cambio.

Construyendo infraestructuras o apostando en los mercados financieros?

Aunque el objetivo a priori es apostar por infraestructuras clave, crear puestos de trabajo y alentar el crecimiento económico, sólo los proyectos atractivos en los mercados financieros por su alta tasa de retorno tienen todos los números para ser finalmente financiados. Lo que significa que no todo el mundo puede entrar en el club: mayoritariamente entran los sectores con un alto porcentaje de beneficios (megaproyectos de transporte y energía), las grandes empresas promotoras a la cabeza, y fondos de inversión, de pensiones y aseguradoras que quieren invertir. Difícilmente los proyectos de empresas locales, y que generan bienestar social desde la economía cercana, pueden llegar a tener esta alta tasa de retorno de la inversión.

La ingeniería financiera detrás del Plan Juncker, que ya se ensayaba con la iniciativa de los Project Bonds que hizo posible el Proyecto Castor, permite la financiarización de diferentes bienes y servicios. Su deuda se divide en tramos o en bonos y estos se vienen en los mercados financieros. Esto quiere decir que, al igual que ocurrió con los productos hipotecarios durante la crisis, el valor de los proyectos de infraestructuras financiados deja de desprenderse de los costes reales del servicio que ofrece la infraestructura y pasa a guiarse por la calificación de su deuda o de sus bonos (como de atractivo es para invertir). ¿Quién se queda, sin embargo, con la parte menos segura de esta deuda? La parte de inversión pública proveniente del EFSIS, que invertirá en los tramos de deuda de mayor riesgo.

Sin embargo, parece que el formato no asusta a nadie. De hecho, en esta carrera para conseguir inversión, Catalunya no se ha quedado atrás. Después de la “carta a los reyes” que España hizo llegar a Bruselas y que no contenía ningún proyecto concreto, sino un presupuesto dividido por partidas según sector económico, la Generalitat de Catalunya apostó por hacer una propuesta más trabajada, que solicitaba proyectos por un valor de 6.809 millones de euros, de los que más de 4.000 millones son en infraestructuras de transporte y energía. El reparto del pastel es, cuando menos, sugerente: 300 millones de euros para Vodafone, más de 200 millones para Telefónica, y Endesa como una de las protagonistas de la propuesta. En resumen, CiU dando pistas sobre el tipo de salida de la crisis por la que apuesta.

Y a cambio de la inversión, que tendremos?

Detrás el Plan Juncker hay mucho más que la búsqueda de inversión privada. Se trata de inversiones a largo plazo que no serían viables sin esta entrada de capital, pero que una vez se llevan adelante se soportan no gracias a estos inversores sino gracias a la ciudadanía: a través de las facturas energéticas, los peajes, de retribuciones o, en caso de que salga mal, a través de cláusulas al estilo Castor o por la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (el Estado paga si la empresa impago). Los inversores hacen posible los proyectos en un inicio pero, sin duda, los paga la ciudadanía.

Así pues el Plan Juncker no es ningún regalo caído del cielo. Los riesgos financieros van acompañados de las contrapartidas para recibir financiación. Por una parte la Comisión pide que los Estados miembro también aporten presupuesto nacional al fondo del EFSIS (España, por ejemplo, tiene previsto aportar 1.500 millones de euros a través de de Instituto de Crédito Oficial). Así consiguen derecho a voto en la gestión del EFSIS proporcional a su aportación. Por otra parte, los Estados que aporten fondos serán examinados con más manga ancha con respecto al déficit y la deuda pública: las contribuciones nacionales al Plan Juncker no contarán como excesivo déficit o deuda. Se valorarán también positivamente medidas estructurales como las flexibilizaciones de los mercados laborales nacionales. Envía pues un mensaje claro: Gasta, pero hágalo con las reglas de en Juncker.

Corremos, pues, el peligro de que el incentivo a los inversores del sector privado para beneficiar a las infraestructuras y la economía europeas sea en realidad un incentivo a las infraestructuras y economía europeas para beneficiar a los inversores del sector privado. En el mejor de los casos se trata de una ilusión de crecimiento. En el peor, de una nueva ofensiva del capitalismo financiero. La diferencia es que ahora sabemos como acabó la anterior oleada, y tendremos las de ganar si dudamos de los que hicieron posibles otras burbujas. Hay que escoger nuestro propio Plan, sin Juncker, sin mercados financieros.

El passat mes d'abril el Parlament Europeu votava sobre el Fons Europeu per a Inversions Estratègiques (EFSI segons les seves sigles en anglès), un reglament força desconegut que ha d'actuar com a base legal per al Pla Juncker. Un pla d'inversió que pren el nom del seu principal impulsor, Jean-Claude Juncker, actual president de la Comissió Europea. La Comissió, amb Juncker al capdavant, creu que a curt termini les forces del mercat no són capaces de donar una solució al problema de la manca d'inversió disponible, i vol aprofitar per a que l'esfera pública i les seves institucions juguin un paper clau en el finançament de projectes per al creixement i la creació de llocs de treball. Fins aquí tot bé.

Partint de 21.000 milions d'euros de diner públic es pretén mobilitzar inversió privada fins arribar als 315.000 milions d'inversió total. Els 21.000 milions estaran composats per 5.000 milions del Banc Europeu d'Inversions (BEI) i una garantia per valor de 16.000 milions, que comptarà amb 8.000 milions del pressupost comunitari. Alguns diuen que multiplicar per 15 la inversió és massa optimista. D'altres posen èmfasi en el tipus de projectes que seran escollits i en la transparència (o la manca d'aquesta) durant el procés de tria d'aquests. La planificació també ha estat nul·la: un allau de propostes inconnexes des dels diferents Estats membres, i molta pressa en aprovar l'EFSI de cara al proper Juny.

Mentrestant, s'han quedat fora del debat qüestionaments més globals sobre el funcionament i la lògica financera darrera del mateix pla. Manca informació i reaccions de l'opinió pública sobre el preu que caldrà pagar a canvi.

Construint infraestructures o apostant als mercats financers?

Tot i que l'objectiu a priori és apostar per infraestructures clau, crear llocs de treball i encoratjar el creixement econòmic, només els projectes atractius als mercats financers per la seva alta taxa de retorn tenen tots els números per a ser finalment finançats. La qual cosa significa que no tothom pot entrar al club: majoritàriament hi entren els sectors amb un alt percentatge de beneficis (megaprojectes de transport i energia), les grans empreses promotores al capdavant, i fons d'inversió, de pensions i asseguradores que hi volen invertir. Difícilment els projectes d'empreses locals i que generen benestar social des de l'economia propera, poden arribar a tenir aquesta alta taxa de retorn de la inversió.

L'enginyeria financera darrere el Pla Juncker, que ja s'assajava amb la iniciativa dels Project Bonds que va fer possible el Projecte Castor, permet la financiarització de diferents béns i serveis. El seu deute es divideix en trams o en bons i aquests es vénen als mercats financers. Això vol dir que, igual que va passar amb els productes hipotecaris durant la crisi, el valor dels projectes d'infraestructures finançats deixa de desprendre's dels costos reals del servei que ofereix la infraestructura i passa a guiar-se per la qualificació del seu deute o dels seus bons (com d'atractiu és per a invertir-hi). Qui es queda, però, amb la part menys segura d'aquest deute? La part d'inversió pública provinent de l'EFSI, que invertirà en els trams de deute de més risc.

Tot i així, sembla que el format no espanta ningú. De fet, en aquesta carrera per aconseguir inversió, Catalunya no s'ha quedat enrere. Després de la “carta als reis” que l'Estat espanyol va fer arribar a Brusseles i que no contenia cap projecte concret, sinó un pressupost dividit per partides segons sector econòmic, la Generalitat de Catalunya va apostar per fer una proposta més treballada, que sol·licitava projectes per un valor de 6.809 milions d'euros, dels quals més de 4.000 milions són en infraestructures de transport i energia. El repartiment del pastís és, si més no, suggerent: 300 milions d'euros per a Vodafone, més de 200 milions per a Telefonica, i Endesa com a una de les protagonistes de la proposta. En resum, CiU donant pistes sobre el tipus de sortida de la crisi per la que aposta.

I a canvi de la inversió, què tindrem?

Darrere el Pla Juncker hi ha molt més que la cerca d'inversió privada. Es tracta d'inversions a llarg termini que no serien viables sense aquesta entrada de capital, però que un cop es tiren endavant es suporten no pas gràcies a aquests inversors sinó gràcies a la ciutadania: a través de les factures energètiques, dels peatges, de retribucions o, en el cas que surti malament, a través de clàusules a l'estil Castor o per la Responsabilitat Patrimonial de l'Administració (l'Estat paga si l'empresa impaga). Els inversors fan possible els projectes en un inici però, sens dubte, els paga la ciutadania.

Així doncs el Pla Juncker no és cap regal caigut del cel. Els riscos financers van acompanyats de les contrapartides per rebre finançament. D'una banda la Comissió demana que els Estats membre també aportin pressupost nacional al fons de l'EFSI (l'Estat espanyol, per exemple, té previst aportar 1.500 milions d'euros a través de d'Institut de Crèdit Oficial). Així aconsegueixen dret a vot en la gestió de l'EFSI proporcional a la seva aportació. D'altra banda, els Estats que aportin fons seran examinats amb més màniga ampla pel que fa al dèficit i al deute públic: les contribucions nacionals al Pla Juncker no comptaran com a excessiu dèficit o deute. Es valoraran també positivament mesures estructurals com les flexibilitzacions dels mercats laborals nacionals. S'envia doncs un missatge clar: Gasteu, però feu-ho amb les regles d'en Juncker.

Correm doncs el perill que l'incentiu als inversors del sector privat per beneficiar les infraestructures i l'economia europees sigui en realitat un incentiu a les infraestructures i economia europees per beneficiar als inversors del sector privat. En el millor dels casos es tracta d'una il·lusió de creixement. En el pitjor, d'una nova ofensiva del capitalisme financer. La diferència és que ara sabem com va acabar l'anterior onada, i tindrem les de guanyar si dubtem dels que van fer possibles altres bombolles. Cal escollir el nostre propi Pla, sense Juncker, sense mercats financers.