La carta de Pedro Sánchez comunicando que se tomaba cinco días para decidir si “le merece la pena” en términos de costes personales continuar como presidente del Gobierno de coalición en España ha originado un inmenso revuelo y montañas de especulaciones sobre sus motivaciones o cálculos, la decisión que tomará y los escenarios que se abrirán el próximo lunes. Este artículo no pretende contribuir a esas especulaciones, sino centrarse en la que es, a mi juicio, la cuestión central: la crisis abierta por la decisión de Sánchez ha colocado al sistema político español ante un límite estructural. Algo se ha terminado de romper estos días en los equilibrios de poder en España.

El régimen político de 1978, al tiempo que democratizaba el sistema político, consolidaba importantes núcleos de poder para la oligarquía y las élites franquistas, a buen resguardo de la soberanía popular. También, desde luego, definían un perímetro de lo discutible políticamente y de lo no discutible. Sin embargo, también comprendía una serie de compromisos, consensos y contrapesos que permitiesen el pluralismo y la alternancia en el poder, un cierto equilibrio con medidas compensatorias para las clases subalternas, un cierto equilibrio territorial y, de manera muy importante, la promesa de un horizonte progresivo de avance social, federalizante y democrático. Este equilibrio fue durante mucho tiempo garantía de estabilidad.

Pero la evolución de los últimos años, al menos desde la crisis de 2008, no ha ido en ese sentido. Los sectores más privilegiados y más conservadores han experimentado una deriva reaccionaria que ha agudizado su concepción patrimonial del poder, de acuerdo con la cual solo son legítimos los gobiernos que coinciden -obedecen- plenamente a sus intereses, y cualquier otro es siempre sospechoso y sometido a un poder tutelar desde dentro y fuera del Estado. Un acentuado proceso de concentración del poder y la riqueza ha agrandado la desigualdad social y ha terminado por consolidar una geografía en el Estado por la cual los sectores reaccionarios siempre son hegemónicos, aunque no sean coyunturalmente mayoritarios. Cuando hay un gobierno derechista, este se desempeña cómodamente en el Estado, puesto que la práctica totalidad de los poderes públicos y privados se alinean con él.

El propio funcionamiento del mercado y su captura de la vida cotidiana normalizan sus valores. Mientras que cuando hay un gobierno de centro-izquierda, este detenta una minoría del poder, la parte sometida a las urnas, rodeado de poderosas fuerzas reaccionarias de veto que hacen el clima social irrespirable. A esta segunda situación los opinadores le han dado en llamar “polarización”. El problema no es que el PP insulte. El problema es que cuenta con resortes de poder antidemocráticos. Y eso no se resuelve con llamados a la concordia sino con la democratización de esos aparatos. Para las derechas hay dos cuestiones que no se votan, que no están sometidas a la soberanía popular. Por una parte, la nación no es la expresión de la voluntad popular, sino su límite. Así que cualquier avance hacia el reconocimiento de la plurinacionalidad o el fin de las medidas represivas es una traición que hace ilegítimo al Gobierno. Por otra parte, la estructura de la propiedad y el reparto de la riqueza constituyen también un “previo” al acuerdo político constitucional -en rigor, obtenido en origen en una guerra de conquista contra el propio pueblo español-, cuya alteración no se vota. Por tímido que sea, cualquier intento de democratización social y económica es una subversión del orden. Segunda traición.

La pregunta que se abre, por tanto, es la siguiente: ¿pueden las izquierdas gobernar en España? Y la experiencia histórica nos dice que sí, a condición de que no ejerzan demasiado. A condición de que asuman ser inquilinas en un Estado que tiene un dueño patrimonial, que les permite hacer cambios en la decoración, pero ninguna reforma que altere alguno de los tabiques del edificio.

Las luchas igualitaristas del ciclo político pasado, singularmente por la democratización del poder económico, por el derecho a decidir y por la igualdad entre mujeres y hombres, tuvieron un intocable impacto sobre el sistema político español. No fueron capaces de transformar radicalmente el status quo, pero sí han tenido un severo impacto –parlamentario, cultural, intelectual– que ha obligado a moverse a otros actores. Singularmente, el PSOE, para gobernar, ha tenido que moverse fuera de su perímetro ideológico tradicional. Ese es en gran medida el fenómeno Pedro Sánchez y la explicación de los odios que suscita. Contra el entendimiento con soberanistas catalanes y vascos, contra la coalición con Sumar, contra cualquier intento de alterar un reparto de poderes que hace a unos dueños y a otros inquilinos.

Es comprensible que mucha gente de la izquierda extraparlamentaria, de los movimientos sociales o del independentismo se indigne porque hoy muchos descubran cómo opera una maquinaria mediática y judicial destinada a hacer pagar muy caro el compromiso y a torpedear transformaciones de calado. Es un sentimiento humanamente comprensible por todos los que hemos sufrido operaciones de este tipo. La política siempre suele ser injusta e importan más los efectos que las intenciones. Sin embargo, la reflexión debería ser que el hecho de que estos poderes tengan que operar de manera abierta y descubierta nada más y nada menos que llegando hasta las mismas puertas de la Moncloa supone la profundización de una disputa por la democracia que hoy ya no se libra solo en las naciones sin Estado o en los márgenes del sistema político. No se trata de poner los agravios o dolores a competir, sino de federarlos en un momento decisivo para la democratización del Estado.

Álvaro García Linera llama punto de bifurcación a ese hecho político que resuelve una pugna en el seno del Estado. Ya sea en el sentido de consolidar los poderes hegemónicos o de generar nuevos equilibrios estables, un nuevo suelo de convivencia con cambios de larga duración en la correlación de fuerzas parlamentarias, en el espíritu de los servidores públicos, en el modelo económico y la distribución del excedente y en el sentido común de época: nuevas ideas fuerza de lo que es tolerable, lo que es posible, lo que es deseable. La tensión de este último tiempo, lo inesperado y abierto de la situación actual, muestra claramente que España ha llegado hoy a un punto de bifurcación. De esta crisis no se sale como si nada. El PSOE no tiene acuerdos del 78 a los que volver. Eso también supone una oportunidad histórica.

Porque esto no va de una persona, ni de un partido. Ni siquiera del Gobierno de coalición. La pregunta cruda que se ha abierto es sobre la democracia en el Estado español. Para que este punto de bifurcación se resuelva en un sentido progresista, es necesario que el Gobierno aguante, sí. Pero que aguante saliendo de la interinidad, asumiendo el inmenso reto que tiene por delante. Hay que expandir el pueblo de la coalición dando buenos motivos para defender este gobierno, posibilitando experimentar una vida otra y, por tanto, la posibilidad de ir por más: reduciendo la jornada laboral y repartiendo los aumentos de productividad, expandiendo los permisos de cuidados remunerados, poniendo coto a los rentistas y bajando los precios de la vivienda, emprendiendo una transición ecológica con justicia social, democratizando las altas magistraturas del Estado para que su composición se parezca más al país real y tenga menos sesgos conservadores y elitistas. Pero hay que hacerlo no solo por “mejorar la vida de la gente”, sino también para construir poder para los que normalmente no lo tienen. Solo así es sostenible un ciclo de transformaciones encaminado a generar un nuevo equilibrio de fuerzas, más favorable a los de abajo y a las opciones políticas igualitaristas, que ya no tengan que pedir perdón por ser ni permiso para gobernar. Los compañeros de viaje más prudentes están comenzando a entender que hacen falta cambios de calado en el Estado español para que el más tibio reformismo pueda ser posible. Nosotros queremos ir más lejos, pero esta parte del camino solo se puede hacer juntas y juntos. Todo eso no se hace sin activación e impulso popular. No basta con maniobras de palacio, hace falta plaza.

Este fin de semana se producirán diferentes manifestaciones del pueblo de la coalición, aún por separado. Es una buena señal, que saca a la ciudadanía del rol de espectadora pasiva, que la desarma políticamente. A más activación popular, menos miedo y menos dudas de los que aún puedan añorar el retorno a la normalidad en la que te dejaban gobernar a cambio de la subalternidad. Es necesario recuperar el pulso y marcar horizonte. Sin ingenuidad ninguna, pero esta es una buena oportunidad. Defender, acompañar y llevar las posiciones más allá de lo previsto. Para resolver la crisis dando dos pasos adelante. Porque la alternativa sería dar diez atrás.

El día 2 de noviembre, con la soltura ideológica que da la ex presidencia, José María Aznar alertó de nuevo de que “Sánchez es un peligro para la democracia”. Esta letanía acompaña siempre a la derecha política y mediática española cada vez que no consigue alcanzar el Gobierno, puesto que sólo considera legítimo el poder que ejercen ellos. No obstante, el expresidente añadía un significativo llamamiento a la movilización: “El que pueda hacer que haga, el que pueda aportar que aporte, el que se pueda mover que se mueva”. No se trata de un llamamiento genérico e indiferenciado a la movilización ciudadana, sino de una convocatoria a que cada cual, desde la posición que ocupe en la sociedad civil o el Estado, aporte los recursos a su disposición para evitar la investidura del Gobierno progresista.

Pocos días después de esa llamada, casualmente el juez García Castellón imputaba en la Audiencia Nacional, entre otros, a Carles Puigdemont y Marta Rovira nada menos que por “terrorismo”; otro juez de Madrid admitía una querella contra una ley de amnistía ni siquiera registrada ni, por tanto, conocible. Filtraciones de la Guardia Civil volvían a agitar el peligro del independentismo y comenzaban las concentraciones frente a la sede del PSOE, en la calle Ferraz en Madrid, que reunían a los asiduos a las caceroladas del confinamiento en el Barrio de Salamanca con agitadores mediáticos de la ultraderecha, neonazis y hasta la marquesa Esperanza Aguirre. Al día siguiente, Abascal hacía un llamamiento a la policía para que se rebelase contra sus órdenes si estas eran “ilegales”. Léase: si estas perjudican a aquellos para quienes no están diseñadas las porras. 

No se trata, y lo digo sin la menor ironía, de ningún plan orquestado. Se trata de un bloque moviéndose, no mecánica sino orgánicamente. Con roces internos y contradicciones, con sectores más extremistas y otros más cautos, con peleas por el protagonismo, con avances y retrocesos, en una dirección compartida. Idealmente, impedir la investidura. Pero, principalmente, cercar al gobierno aún no nato, hacerlo nacer ya rehén, a la defensiva, con el margen de maniobra limitado al máximo, que gobierne pidiendo perdón. Ganar para sí poder de veto. Los aprendices de escuadristas que se concentran en la sede de Ferraz actúan gustosamente de infantería auxiliar del bloque, generando el clima para que tras un paso audaz puedan darse otros más. Que sea un bloque marcadamente conservador y jerarquizado se ve, también, en que sus pocos destacamentos plebeyos ni siquiera pretenden ninguna autonomía política. Como en otros tiempos, salen a la calle a pedir a los poderosos que actúen. 

Un bloque histórico no es una coalición, ni es una suma parlamentaria, ni es un acuerdo ni es una conspiración. Un bloque histórico es una articulación de sectores sociales unidos por símbolos, instituciones y autoridades, intelectuales, expectativas y creencias compartidas que, por encima de sus diferencias, les hace comportarse orgánicamente de forma casi espontánea. El bloque reaccionario español está nucleado histórica e ideológicamente en torno a dos ideas fuerza. Por una parte, a una defensa de la jerarquía social que coincide con una defensa de los privilegios, la propiedad y la economía rentista. Esta defensa no sólo moviliza a los hijos de la oligarquía sino también a sectores medios en riesgo de precarización, articulados por el odio a la izquierda y a las ideas igualitaristas, identificadas como propias de débiles –en una proyección en la que el subordinado se siente parte de los señores por defender sus ideas–. Por otra parte, un nacionalismo español rabiosamente antipluralista, según el cual a la nación siempre le sobra medio pueblo al que hay que disciplinar cada pocas décadas, y esencialista, por el cual la nación precede y prima sobre la democracia; esto es, España no es lo que los españoles quieran si es que estos votan mal o se comportan mal. Hay un modelo económico y una “esencia nacional”, anteriores a la democracia, heredados de la guerra que ganaron y de la transición que negociaron, y se deben defender incluso, si hiciese falta, contra la soberanía popular. 

Este bloque ha compartido el poder en condiciones de relativa estabilidad durante 40 años, según una geografía que le hacía ser mayoritario en el Estado, ampliamente mayoritario en el poder económico y mayoritario o minoritario en el Congreso según votaran los ciudadanos. Es cierto que el centro izquierda ha gobernado más años de este período, pero lo ha hecho mientras a su alrededor se consolidaba o se extremaba la preponderancia conservadora y ultraconservadora en el Estado y en los poderes económicos. Esto, más que a mandar, se le parece a morar como inquilino en un Estado que, bajo tus pies, se va deslizando cada vez más al terreno de tu adversario. Habitar como invitado, sin molestar demasiado a los dueños.

Los principales desafíos democratizantes al régimen nacido en 1978 fueron el 15M-Primer Podemos y el Octubre catalán. Ninguno logró sus objetivos pero ambos cambiaron el sistema político de manera sustancial. Uno de los primeros efectos de ese cambio es que el PSOE, para gobernar, tiene que salir fuera de su perímetro ideológico tradicional. El otro, que el bloque reaccionario da por amortizados buena parte de sus compromisos democráticos pasados y está cada vez menos dispuesto a tolerar mayorías parlamentarias que no coincidan con su primacía en el Estado y en la economía. Le parece que ha llegado la hora de ponerse serios para que desafíos así no vuelvan a ser posibles. La izquierda, así, tiene que elegir entre el inquilinato o el desahucio del Estado. 

La investidura se acabará produciendo y el Parlamento salido de la soberanía popular alumbrará un gobierno de coalición progresista con acuerdos con las fuerzas soberanistas catalanas y vascas. Pero eso no será el final de nada. A duras penas una victoria. En las pasadas elecciones evitamos que ganasen los reaccionarios, pero la mayoría política, que no la parlamentaria, está aún por construirse. Como están demostrando estos días, el bloque reaccionario va ensayando cuánta fuerza tiene no sólo para ejercer el derecho de veto en momentos puntuales, sino para una radical transformación del terreno de juego que consolide de manera definitiva su primacía cuente o no en cada momento concreto con la mayoría de la simpatía popular. 

Por eso, para la legislatura que nace hay que proponerse dos grandes objetivos. Por un lado, es imprescindible un rearme organizativo ideológico y moral de las gentes del común, de los defensores de la democracia y la igualdad. Es necesario retomar posiciones perdidas, recuparar presencia en el territorio social, restablecer lazos comunitarios y dotar de coherencia y horizonte compartido a un pueblo progresista que no puede tener sólo como leitmotiv “frenar a las derechas”, sino la transformación de la sociedad para que haya un futuro de justicia social, de buena vida ecológica y de libertad entre iguales. Hay que reimaginar este horizonte emancipador y hacerlo deseable. Esta dinámica será tanto más fuerte cuanto más autónoma sea del Gobierno. Necesitará valerse de él, pero también empujarle y llevarlo más lejos de sus propios límites. Paradójicamente, será también la manera de defenderlo de la reacción.

En segundo lugar, más vale que todas las fuerzas de gobierno asuman que con la correlación parlamentaria de fuerzas no alcanza, que vivimos un tiempo inestable de transición y que, para que esta no sea de involución, esta legislatura tiene que ser de amplia y profunda democratización económica y del Estado. Para deshacer los principales nudos oligárquicos y reaccionarios que asfixian la democracia, para equilibrar la balanza de poder social –en los empleos, en el urbanismo, en la propiedad inmobiliaria, en el modelo de desarrollo y en la matriz energética, en el acceso a las altas magistraturas, en la composición de las instituciones no elegibles, etc–. Para que el adversario tenga tantos derechos como nosotros, pero ni un privilegio. Para que la democracia, el poder de las y los sin título, sea posible.

A las elecciones generales del pasado 23 de julio las derechas llegaban con ánimo de avalancha, merced al poder municipal y autonómico acumulado, a la hipermovilización y combatividad de sus bases, a la desmotivación progresista y a un clima ideológico y moral que parecía anticipar ya su victoria, de la que estaban plenamente convencidos sus votantes y sus dirigentes. Sin embargo fueron derrotados, lo que les ha sumido en una conmoción de la que aún no parecen haber salido. Del Congreso actual no puede salir un gobierno de Feijóo con Abascal.

Pero el voto “defensivo” que frenó al bloque reaccionario no equivale a una victoria progresista, democratizante y plurinacional. Esa está por construirse cultural, política e institucionalmente. Y para articularla es necesario un horizonte que vaya más lejos que frenar al adversario. Se impone entonces un debate sobre qué legislatura puede abrirse y qué rumbo político para la siguiente etapa.

Es evidente que la investidura y por tanto el arranque de la legislatura pasan por seguir dando pasos que encaucen políticamente el conflicto catalán y vayan avanzando hacia una reforma del modelo territorial de Estado en clave plurinacional que se adecúe más a la realidad social. Sin ello, habrá repetición electoral y una segunda oportunidad para el PP-Vox.

De entre todas las medida necesarias, es la amnistía para los hechos acaecidos en torno al referéndum del octubre catalán de 2017 la que más atención y discusión está centrando, y tiene visos de convertirse en uno de los ejes ordenadores principales del campo político las próximas semanas. El bloque reaccionario ha decidido hacer de este su casus belli y alertar, como siempre que no tiene el Gobierno, de que se van a romper España, la Constitución y la democracia. Es fundamental activar el campo social e intelectual progresista en defensa de una medida legítima, justa y adecuada. La amnistía no debería ser sólo una reivindicación del independentismo sino del conjunto de los demócratas. Porque nadie debería ser perseguido por querer votar; porque no se trata de un indulto a unos dirigentes políticos sino de una solución para cientos de ciudadanos anónimos implicados en un proceso de participación masiva y pacífica; y porque es hora de avanzar en una nueva fase de diálogo en la que los problemas políticos encuentren cauces políticos de resolución.

Eso no significa en todo caso que esta vaya a ser exclusivamente la legislatura del llamado “debate territorial”. Constituiría un error pensar la agenda de la justicia social y la de la plurinacionalidad como ejes separados. En primer lugar por razones históricas: ambos impulsos democratizantes se han dado siempre en los mismos períodos de impulso transformador y progresista, tanto es así que de su sinergia depende a menudo la profundidad y alcance de estos ciclos. Y en segundo lugar por correlación de fuerzas: son esencialmente las mismas las que permiten el avance social y el avance plurinacional. Sólo salen los números para avanzar con un pie en cada uno de los carriles. Si no es por convicción democrática, el centroizquierda español deberá entender por pragmatismo que esto es una realidad que ha venido para quedarse. 

La articulación de estas dos agendas, la del avance social y la del avance plurinacional, es seña de identidad de Sumar que, no por casualidad, se ha convertido en el agente que más está trabajando para despejar no sólo el camino de la investidura de un gobierno progresista sino también el de una legislatura que, frente a los augurios de siempre, sea larga y descanse sobre acuerdos fuertes y ambiciosos. 

En las pasada campaña electoral, el bloque reaccionario dedicó mucho más tiempo a postular lo que odiaba y con lo que quería acabar, sin explicar apenas qué quería hacer con su país. No fue sólo un error electoral, fue fundamentalmente la expresión del problema histórico de las derechas españolas. En virtud de una concepción patrimonial del poder y una concepción integrista del país, a su nación le sobra la mitad del pueblo real, cuyos votos parecen valer menos y sus apoyos ser menos legítimos. Esta incapacidad política dificulta mucho hoy sus opciones de Gobierno, y les ha llevado a sumirse de nuevo en una dinámica destituyente en la que un expresidente llama a la “rebelión nacional” mientras sus medios, intelectuales y agitadores trabajan explícitamente para levantar una amplia coalición de la sociedad civil y de segmentos del Estado que pueda bloquear la libre decisión de la soberanía popular expresada en el Congreso de los Diputados. Esta movilización, por cierto, parece dar ya por amortizado a Feijóo, cuya investidura ya nadie espera, mientras preparan las armas contra un Gobierno progresista que aún no ha nacido.

Frente a esta embestida no existe tal cosa como “consolidar” la legislatura anterior. No hay aún estabilidad que consolidar, ni consensos viejos a los que regresar, cuando las fuerzas conservadoras están siendo hegemonizadas por los reaccionarios y ya pretenden marchar mucho más allá de los compromisos de 1978. La crisis de régimen sigue abierta, las reformas estructurales en el Estado siguen pendientes, la creciente desigualdad y precarización de la existencia de amplios sectores sociales socava las posibilidades de la estabilidad política. Por último, la crisis ecológica ensombrece el futuro y nos obliga a emprender profundas transformaciones económicas y sociales. Que esos cambios se hagan en un sentido igualitarista y democrático, o reaccionario y de profundización de las desigualdades y recorte de derechos depende de una disputa de poder en marcha. Hasta que esa disputa no se resuelva, cualquier “consolidación” se haría sobre arenas movedizas y sería fácilmente reversible en pocos años. Por eso haría mal el pueblo progresista en acobardarse ahora ante la acometida reaccionaria, en regalar metros o semanas preciosas esperando la investidura. Porque si no se construye el suficiente músculo social e ideológico, el gobierno de coalición que nazca nacerá más cercado y limitado y por tanto con menos capacidad -y menos incentivos transformadores- para mejorar la vida de la mayoría que la tiene más difícil.

El bloque reaccionario acude cada vez más dopado a las elecciones, gracias a un desequilibrio brutal de poder en el Estado y la sociedad civil que le garantiza partir siempre con ventaja antes de la apertura de las urnas. Eso minoriza a las fuerzas progresistas incluso cuando tienen el gobierno, en el que se suelen comportar a la defensiva, como inquilinos en el Estado. Por eso una legislatura de “consolidación” sería otra de retroceso, de ganar al precio de hacerlo sobre un terreno económico e ideológico cada vez más favorable al adversario. 

Necesitamos entonces aprovechar esta oportunidad a la ofensiva, deshaciendo este interregno hacia adelante, en un sentido democratizante: de las relaciones entre pueblos, de actualización institucional al país que somos en el siglo XXI, de justicia social y combate a la oligarquización y la desigualdad rampante, de igualdad entre mujeres y hombres, de transición ecológica para una economía compatible con el planeta y con vidas más libres, con más tiempo y más felices. Sobre esas bases sí se puede construir un proyecto de país duradero y estable: con sus gentes, con todas sus gentes, dentro.

Este jueves España vivió momentos muy intensos de crisis institucional, cuando el Tribunal Constitucional valoró si prohibir al Congreso de los Diputados celebrar un debate y votar un conjunto de normas. Es decir, cumplir con la función para la que nos han votado. El Tribunal Constitucional, con más de un tercio de sus miembros con el mandato caducado, incluyendo a su presidente, y jaleado por Feijoo, recibió un recurso del PP para paralizar la votación en la que, entre otras cosas, se desbloqueaba su propia renovación. La argumentación de que se recurría un aspecto formal no conseguía disimular la anomalía de la reunión exprés del pleno de un órgano que puede tardar hasta una década en resolver sobre otros asuntos, ni la excepcionalidad de un control ex ante de una iniciativa parlamentaria, cuando lo que le corresponde es revisar su constitucionalidad después. Todo eso le confería un carácter claramente partisano a su maniobra acelerada. Finalmente el Tribunal Constitucional postergó su decisión hasta este lunes. No sabemos qué decisión tomará finalmente, si prevalecerá la sensatez o dará un paso que modificaría para siempre nuestro sistema político. Pero sí podemos avanzar ya una lectura del significado de esta crisis institucional, lo que supone y el escenario al que nos aboca.

El Estado, cualquier Estado, es un campo de relaciones sociales, códigos, creencias compartidas, hábitos y equilibrios de fuerza que necesita presentarse como inmutable pero que vive siempre en su interior intensas disputas entre grupos y proyectos. Una parte de esta disputa se da con los votos. La mayoría de posiciones a conquistar, sin embargo, no proceden de la voluntad popular. Esta es una pugna cotidiana y “normal” en la medida en que se da por canales preestablecidos y aceptando ciertas normas que delimitan el conflicto: qué es permisible y qué no, hasta dónde se puede llegar, cuál es el perímetro de lo discutible y, por fuera, cuáles son las cuestiones implanteables. Un régimen político se define, además de los procedimientos y normas escritas, por los consensos que cimientan un amplio bloque histórico que produce estabilidad porque conduce el país en una dirección determinada, acotando la disputa política a cuestiones “menores” mientras que las fundamentales están sólidamente blindadas por su “despolitización”: de ellas no se discute porque son “evidentes”, de “sentido común” y por tanto fuera de la discusión habitual. Cada vez que algún actor político pide que alguna cuestión “no se politice” está pidiendo, en realidad, que se deje como está, que se respeten las jerarquías “naturales”.

El régimen de 1978 ha producido en España 40 largos años de estabilidad política merced a cuatro grandes acuerdos sociales. El primero es la creencia intergeneracional de que cada generación vivirá un poco mejor que la anterior, y que por tanto los sacrificios y renuncias presentes merecen la pena por el bienestar de los hijos y nietos. Esta idea, que era fuente de paz social y de integración subordinada de las clases subalternas, se quebró radicalmente con la crisis de 2008 y su gestión injusta, y no se ha vuelto a recuperar. Tanto es así que es la propia idea de futuro la que está en duda. El segundo es el del encaje territorial mediante el estado de las autonomías y su gestión de la plurinacionalidad. La sentencia del Tribunal Constitucional (de nuevo con parte de sus miembros con el mandato caducado) contra el Estatut de Catalunya rompió un sistema de equilibrios sin sustituirlo por nada más que la amenaza penal y parece evidente que eso no basta para canalizar las diferentes voluntades nacionales que cohabitan en España. El vaciamiento de la calle no equivale en modo alguno a haber encontrado una articulación alternativa. La tercera creencia compartida es que los sectores dirigentes contribuían a la prosperidad general, aunque fuese gozando ellos de las mejores recompensas. Hoy la crisis de credibilidad de las élites hace a las mayorías dudar de que esto sea así, aunque ya en ausencia de proyectos alternativos con capacidad de mayorías acepten la situación con mayor o menor cinismo. La crisis de estos grandes acuerdos que se hizo evidente en el 15M finalmente no condujo a un proceso de cambio político. Pero el desgaste de estos acuerdos articuladores de país y de las instituciones que en ellos descansan no ha sido sustituida por ningún otro proyecto aún. Eso es lo que explica la sensación generalizada de choque de placas tectónicas, de volatilidad y de imprevisibilidad.

La cuarta creencia compartida es hoy la que más se ha tensado y cuya ruptura se ha hecho más evidente: la de la fuente de legitimidad democrática. Hasta ahora venían siendo dos: el “consenso”, entendido como acuerdos entre el PSOE y el PP, y el voto popular. Esto se ha venido erosionando hasta llegar al momento actual de aguda tensión y guerra de posiciones en el Estado. Es imprescindible señalar que la derecha española tiene una concepción patrimonial del poder y del Estado por la cual o le pertenecen o no son legítimos. Esto sucede porque su posición de mando en el conjunto de las instituciones del Estado y la sociedad civil no está sometido al voto y además no procede de la preferencia popular sino del poder militar fundante de los privilegios oligárquicos y de los mecanismos de reproducción de clase. En ese sentido, la cohabitación en el Estado con la izquierda sistémica que podía ganar elecciones se ha dado siempre como la cohabitación entre dos compañeros de piso, los padres de uno de los cuales son propietarios de la vivienda. La izquierda ha podido gobernar y hacer importantes reformas siempre que asumiese y negociase dentro de los límites de su condición de inquilinos en el Estado. Este esquema se ha visto en una cruda desnudez en el conflicto político catalán. Sectores fundamentales del poder del Estado asumieron en ese contexto que había bienes superiores a proteger incluso de la soberanía popular. Que la nación tenía una legitimidad predemocrática que debía ser defendida. Y pusieron en marcha un conjunto de herramientas políticas y jurídicas que convirtieron Catalunya y la intervención del Parlament en un laboratorio de lo que estos días hemos visto planear sobre el Congreso. Los mecanismos de excepción siempre se diseñan para usarse sobre minorías pero es habitual que después se queden y se acaben generalizando.

Estos sectores conservadores, hoy en minoría en el Congreso pero en amplia mayoría en el Estado, decidieron que no iban a renunciar a su poder de veto. El Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional tienen mayorías extemporáneas, que no obedecen a la voluntad actual de los españoles, pero han incumplido la ley negándose a renovarse. Es el equivalente a que un tercio de los diputados se negasen a dejar su escaño tras las próximas elecciones y siguiesen votando y legislando. En esa maniobra han sido jaleados por una derecha social, mediática y política que considera que las normas son correctas cuando el PP tiene la mayoría pero que no deben cumplirse cuando la pierde… porque hay que preservar un papel de veto y tutela sobre el Estado. Un poder que se dispone a revisar una buena parte de las normas aprobadas en esta legislatura: eutanasia, aborto, impuesto a los beneficios extraordinarios de bancos y eléctricas o reforma de la sedición. Una llave de última instancia frente a una mayoría parlamentaria progresista considerada ilegítima.

Como en todos los momentos de condensación política, de intensificación de la disputa, los contenidos particulares han pasado a segundo plano y la verdad del momento es el choque entre dos bloques. De resolverse a favor del bloque opositor, no sólo saldrá el gobierno desgastado y las reformas sociales comprometidas. Se habrá dado un paso más en estrechar el terreno de lo democráticamente posible, de los límites y poderes tutelares por encima de la soberanía popular. De resolverse a favor del Gobierno, la crisis sólo encontrará un final si la mayoría progresista se amplía, da motivos y razones a la mayoría subalterna que no cuenta con apellidos ni herencias sino con su voto, y consigue desgajar a sectores conservadores o liberales que no apoyen la deriva de involución democrática de los poderes no electos. El único horizonte de estabilización es el de una reforma democratizante del Estado y de la sociedad civil, que reduzca el poder de veto de las minorías privilegiadas, redistribuya el poder social y económico y funde un nuevo contrato social más justo para las generaciones venideras. Pero una obra de esta magnitud es muy difícil de imaginar siendo simplemente “desde arriba”. Requeriría también de una activación popular, de una reconstrucción del tejido asociativo y los vínculos comunitarios y un reverdecimiento intelectual, moral y cultural de las ideas emancipadoras. No se trata en cualquier caso de carriles independientes sino conectados, y los avances en uno pueden ayudar a los avances en el otro. Lo que no sucederá es lo contrario: de los retrocesos, de cualquier retroceso, no saldrá ninguna reacción positiva.

El pasado domingo 13 de noviembre ocurrió un hito político en Madrid. Cientos de miles de ciudadanos desbordaron sus calles en defensa de la sanidad pública, que está sufriendo un plan deliberado de destrucción por parte del Gobierno de Ayuso que tiene como objetivo sustituir derechos ciudadanos por gasto como cliente y desmontar una institución básica de solidaridad comunitaria y construcción de sociedad. 

La movilización estaba atravesada por un afecto contradictorio. Por una parte tenía detrás mucho sufrimiento, muchas horas de angustia por parte de pacientes y profesionales de la sanidad pública que habían sido despreciados, maltratados e insultados. Que la situación de la sanidad en Madrid sea terrible no es un dato periodístico o administrativo, significa que hay mucha gente que sufre cotidianamente. Y que sufre por decisiones políticas conscientes de los efectos que producen, pero que los asumen como precio a pagar por intentar imponer un modelo, el neoliberal, que es fallido y cruel.

Pero, al mismo tiempo, al lado de esta conciencia de la tragedia cotidiana que la impulsaba, la manifestación estaba recorrida por otro afecto. Mucha gente que se encontraba y se abrazaba, anónimos que se sonreían, cánticos en las calles ya antes y ya después de la manifestación, para muchos desde que salían de casa o se iban juntando en el tren o el metro, gente que se daba ánimos y se alegraba de estar junta y de ser tanta. Tanta como medio millón. Por fin. Ya en los días previos, la convocatoria había roto los círculos de los sectores más militantes y circulaba en redes sociales de gente normalmente no tan movilizada, se hablaba de ella en los grupos, se había cargado con la expectación de un evento. No es fácil saber cuál es la suma de factores que produce ese clima pero es imposible no reconocerlo cuando llega. Es en ese sentido que la manifestación, más allá de su demostración cuantitativa de fuerza, supuso un antes y un después también en términos cualitativos. Me atrevo a pensar que todos los asistentes nos volvimos a casa pensando que no habíamos ido a una más, que había sido otra cosa.

Sin embargo, en algún momento, cuando nos hemos dispersado y hemos vuelto a casa, solos frente a las pantallas, solos sin el calor del domingo, solos frente a las lecturas e interpretaciones de lo que hicimos, solos frente al cinismo y la desconfianza que impregnan la época, es posible que a muchos les asalte la duda: ¿para qué sirvió? Gente muy bien organizada lleva décadas trabajando para convencernos de que organizarse es inútil. Si, como parece, hay signos de que pueda estar cambiando el viento, quizás haya que comenzar entonces por volver a disputar las cuestiones más obvias, a afirmar las cuestiones primeras. Sirvan entonces estas notas para ejemplificar, en torno al 13 de noviembre, para qué sirve manifestarse.

En primer lugar y de manera muy fácil de comprobar, las manifestaciones, más si son masivas, impactan en la agenda mediática, se cuelan en lo que se cuenta y de lo que se habla, cambian la conversación pública. También impactan en quienes toman las decisiones, que aunque no lo digan las miran con mucha atención y siempre con mayor o menor temor. Está de moda decir que la calle no es importante, pero todo el mundo sabe de los peligros de subestimarla. Detrás de los insultos despreciables y clasistas contra los manifestantes, el Partido Popular corrió a reaccionar —a hacer como que reaccionaba— al día siguiente convocando reuniones e intentando trasladarle la responsabilidad a otros. Evidentemente esto no es la solución, pero la necesidad de salir a reaccionar significa que, tras la máscara de soberbia, han acusado la demostración del domingo. La presión hace a otros moverse, aunque nunca lo reconocerían. Es verdad que es un proceso arduo. Quienes tienen poder, dinero o influencia hablan todos los días, mientras que la gente tiene que organizarse y gastar tiempo y energías para tener voz. Pero cuando lo hace esa voz colectiva hace pequeñas a las voces individuales.

En segundo lugar, y de manera a menudo mucho más olvidada, una manifestación así no es solo un fin. Importa igualmente el camino. Se crea comunidad en su preparación, en su difusión, en su desarrollo. Hay mucho trabajo social, sindical y vecinal silencioso y cotidiano detrás de una manifestación así. Trabajo generoso que no tendrá recompensa individual, altruista, que genera un afecto similar. Se fraguan lazos entre personas que no se conocían, se establecen formas de coordinación y contacto más estables. Algunas personas comienzan a hablar porque se han encontrado yendo juntas a la mani, otras descubren a un compañero del trabajo o vecino del que no suponía que fuese “de los suyos”, otras entran en contacto con las convocatorias en su centro de salud u hospital, o se conectan con gente con valores similares. Muchas aprenden a convocar protestas, a amplificarlas, a hacer pancartas, a organizar columnas o bloques. Muchas otras descubren el goce de marchar juntos y pierden la vergüenza a cantar juntos. Muchas al día siguiente experimentan cómo su clamor ha sido ridiculizado, insultado u ocultado. Y cambian su percepción sobre el sistema político y mediático. Ese conjunto de transformaciones, básicamente, forman y educan militantes. De una forma que el estudio no puede sustituir y desde luego mucho más que la vida interna de ninguna organización. Toda generación que ha sido atravesada por un ciclo de movilizaciones las recuerda, tiene anécdotas, risas, aprendizajes e hitos que constituyen referencias culturales y estéticas comunes. Ese material afectivo, cultural y estético es a menudo el mimbre de futuras construcciones políticas.

En tercer lugar, las manifestaciones transforman a quienes acuden a ellas, que vuelven a casa siendo ligeramente distintos. Poulantzas decía que el Estado capitalista funciona políticamente para cohesionar por arriba y dispersar por abajo. Es decir, resolver contradicciones en el bloque dominante y conducir en una dirección común por encima de las fricciones, mientras trabaja denodadamente por deshacer y fracturar todos los lazos, lugares, memorias y articulaciones entre los sectores subalternos. Esto se traduce en la práctica en una función cotidiana de minorización. Los que el domingo marchamos en Madrid éramos muchos y representábamos una angustia de una mayoría social. Pero una mayoría social solo se convierte en mayoría cultural y política, antes de convertirse en mayoría electoral, cuando se convoca y encuentra, tiene canales y códigos propios, tiene referencias e hitos, comparte una visión de su país y tiene confianza en su propia fuerza. Los asistentes a la manifestación del pasado domingo se pasearon por Madrid, durante la manifestación y, de forma mucho más reveladora, antes y después de la misma, sintiéndose mayoría moral. Siendo anticipadamente mayoría. Ese día no se sintieron solos, ni raros, ni acobardados, ni prefirieron callarse para no discutir, ni extraños en sus barrios. Volvieron a casa con una disposición moral radicalmente diferente. 

En último lugar, el domingo 13 de noviembre en Madrid reapareció el pueblo. El pueblo no es una categoría estadística ni administrativa. Y por supuesto es mucho más que el conjunto de las izquierdas. Es la aparición de los muchos con capacidad para hablar legítimamente en nombre de la comunidad, de un todos que nunca está completo. De manera temporal y frágil, en torno a una cuestión sentida y vivida como fundamental se traza una frontera decisiva, que reordena el campo político separando a una minoría culpable y privilegiada de la gente corriente. Esta frontera pone en un plano secundario el resto de diferencias y genera una identificación compartida, que puede desbordar las previas y cambiar así la correlación de fuerzas, si sabe mantenerse, extenderse e irradiarse.

Las apelaciones a “la calle” como fórmula mágica para resolver todos los problemas son ingenuas y paralizantes. Pero hay condiciones para que el viento cambie, para un profundo rearme moral y político de los partidarios de la justicia social y la libertad de los iguales. En ese rearme nos serán útiles las lecciones del 13 de noviembre, antes de que el paso de los días las diluyan.

El pasado 19 de septiembre el presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, proponía eliminar en su comunidad autónoma el impuesto de patrimonio. Se unía así a una política emblemática de la derecha madrileña y arrastraba pronunciamientos similares de los gobiernos populares de Galicia y de la región de Murcia. Los conservadores españoles abrían así una ofensiva en materia fiscal, intentando forzar una competición a la baja entre administraciones autonómicas a ver quién le perdona más impuestos a los más ricos. La Comunidad Autónoma de Madrid ha aprovechado desde hace años las ventajas del efecto capitalidad para una agresiva política de dumping fiscal que le hace una competencia desleal al resto de nuestro país y en particular a la España interior. 

El Impuesto de Patrimonio es aquel que pagan los ciudadanos que poseen bienes y acciones por encima de 700.000 euros, descontados los de la primera residencia hasta los 300.000 euros. Es decir, aquellos que cuentan con un patrimonio superior al millón de euros. Estamos hablando de aproximadamente un 0,4% de la población española, pero el PP aspira a identificar los regalos a esta ínfima minoría privilegiada con el bienestar del conjunto de la sociedad y levanta orgulloso la bandera de la rebelión fiscal de los ricos también en las rebajas a grandes sociedades, a las tasas al capital financiero o en el impuesto de sucesiones. 

Es evidente que los regalos a ese escaso 1% que no necesita los servicios públicos los pagan las condiciones de vida de la inmensa mayoría quienes sí los necesitan. Los cientos de millones perdonados a los más ricos son después listas de espera más largas, menos plazas en escuelas infantiles, degradación de la escuela pública, cierre de ambulatorios por las tardes, menos bomberos forestales para combatir o prevenir los incendios, o peores condiciones en las residencias para mayores. Los reaccionarios, para saltar por encima de esta conexión evidente, han inventado un atajo narrativo: la solución sería, para hacerle regalos a los ricos sin recortar en los servicios públicos, eliminar “el gasto político superfluo”. Nunca ofrecen números que reflejen cómo van a cuadrar las cuentas, sencillamente porque los números no les favorecen. Mientras el recorte de un tercio de los escaños que hay en el Congreso de los Diputados nos permitiría “ahorrar” apenas 40 millones de euros anuales, por la evasión fiscal que practican las grandes fortunas perdemos, cada año, 6.350 millones de euros. 160 veces más. Pero es que además, cuando gobiernan, practican exactamente lo contrario a lo que dicen defender. Para muestra valen los ejemplos de la humorística Oficina del español que regentaba Toni Cantó en Madrid o la vicepresidencia sin competencias para Vox en Castilla y León. No obstante la eficacia de este artefacto ideológico no reside en su consistencia sino en su capacidad de ofrecer otro enemigo: sacar a la oligarquía de la discusión pública -y por tanto blindarla- y concentrar el resentimiento contra las instituciones, la política y, más en general, cualquier idea de lo colectivo. Sucede lo mismo con las supuestas teorías del “goteo”, todas desmentidas por abundante evidencia científica que demuestra que las rebajas fiscales a los ricos sólo producen aumento de la desigualdad. 

Es por eso que esta ofensiva fiscal no tiene sólo un propósito económico. Los conservadores siempre han intentado reducir la contribución de los más ricos a la sociedad en la que viven y, por encima de todo, hacerla voluntaria. Esto es, dependiente de su caridad o filantropía. Pero desde la revolución neoliberal en la década de los 80 del pasado siglo esta presión se convirtió en la punta de lanza de una guerra ideológica por transformar el modelo social. La rebelión fiscal de los ricos no es una política que la derecha practique a escondidas sino un verdadero estandarte ideológico que así tiene que ser entendido y confrontado. 

En primer lugar, al defender estas bajadas de impuestos a los privilegiados, los conservadores libran una batalla moral: buscan estimular un cierto “derecho al egoísmo” que conecte incluso con sectores empobrecidos que sueñen con ser lo suficientemente ricos y poderosos como para dejar atrás a la colectividad. La sociedad es para los perdedores, y los ricos que se escinden son un modelo de prestigio. (“Tú si pudieses también lo harías”). Esta moral corroe los vínculos sociales y los lazos comunitarios, la confianza interpersonal y cualquier idea de avance colectivo. La única mejora pensable es individual y no es con los otros sino a costa de los otros. Este es el terreno cultural que abona después la deshumanización de los sectores más golpeados de la sociedad y la posibilidad de abrazar propuestas de neoliberalismo autoritario como las vencedoras recientemente en Italia. Un discurso despiadado que te prometa que tú -no todos, pero tú sí- tendrás otros perdedores sobre los que alzarte. 

En segundo lugar, esta ofensiva fiscal libra una permanente, paciente y generalizada guerra de posiciones contra los valores igualitaristas. Contra la idea misma de que la mayor cantidad de igualdad posible sea un objetivo social deseable. Toda la tradición republicana y democrática descansa sobre la idea de que nadie es libre si es tan pobre que debe someterse a los arbitrios o caprichos de otro. Sin embargo, esta contraofensiva conservadora defiende que cualquier aumento de igualdad es una amenaza para la libertad y que la libertad es, en esencia, el derecho a poder hacer lo que tu dinero te permita. Esta es una idea socialmente insostenible, ecológicamente impracticable y políticamente incompatible con la democracia.

Por último, esta ofensiva apunta a transformar la subjetividad de las poblaciones sobre las que se aplica. Los recortes en los servicios públicos no son sólo la consecuencia de los regalos fiscales a los más ricos, algo así como una derivada no buscada. Son en sí mismo el objetivo de esta política. Se trata de reducir el peso de los trabajadores públicos en la economía -con menor precariedad y mayor capacidad de presión- y, sobre todo, de cambiar el paradigma y sustituir un vínculo ciudadano con los servicios -“tengo derecho a ellos en tanto que miembro de la comunidad, porque contribuyo en la medida de mis capacidades y recibo en la medida de mis necesidades”- por uno mercantil -“Tengo derecho a tanto como mi dinero pueda comprar”- Este cambio de modelo genera un cambio de subjetividad y de expectativas, de la confianza en las instituciones compartidas a la desconfianza generalizada y la confianza sólo en la capacidad individual. Como demuestra el ejemplo madrileño, la expulsión de las capas medias y buena parte de las trabajadoras fuera de unos servicios públicos maltratados y dejados sólo para quienes no podrían contratar un seguro o una escuela privada genera un importante desplazamiento de conciencia e ideológico. sacar a las clases medias del contrato social y generarles incentivos para no querer pagar por unos servicios que no usan es desgajarlas de un posible bloque popular y ponerlas bajo el área de influencia cultural y moral de los privilegiados . En Italia la privatización de buena parte de las playas ha estigmatizado y empeorado las públicas, que acostumbran a estar más sucias y descuidadas, y ha construido las privadas como modelo aspiracional. La ordenación del espacio y de la satisfacción de las necesidades nunca es neutral. Y produce efectos. Aunque buena parte de la izquierda siga pensando que se basta, la hegemonía neoliberal no se construye en las campañas electorales -ni depende del número de candidaturas- sino que se reproduce a diario en una vida cotidiana que cada vez más reproduce los valores del sálvese quien pueda. Después sólo queda pedirle a los electores que voten tal y como viven, trabajan, se desplazan, se conocen, consumen. 

Por estas razones sostenemos que la batalla de la fiscalidad no es en absoluto una cuestión “técnica” ni que puedan resolver expertos al margen de sus preferencias morales. Es una contienda de valores que los demócratas y partidarios de la justicia social no podemos rehuir porque cada victoria del adversario va transformando nuestra sociedad en un sentido que le facilita las siguientes y las tiende a hacer relativamente irreversibles. 

Es cierto que en política uno de los artes supremos es el de saber elegir las batallas. Sólo un necio o un fanático libra todas las batallas en las que el adversario le cita, en los términos y terrenos elegidos por el adversario. Sin embargo, sostenemos que esta batalla, la que el PP ha abierto en pos del derecho de los ricos al egoísmo, es una batalla que el Gobierno de España no puede ni debe rehuir. Porque, además de ser cultural e ideológicamente central, es perfectamente ganable. De hecho, el Gobierno encuentra condiciones idóneas para librarla de frente, para coger el guante, aceptar el reto y llevarlo hasta el final. La situación geopolítica ha originado unas coordenadas de gobernanza europea excepcionales, que permiten suspender las reglas de gasto fiscal, intervenir mercados energéticos y topar precios. Hoy hay un consenso impensable hace años en torno a políticas económicas de signo progresista, que debemos empujar en un sentido democrático e igualitarista. Nada menos que la Comisión Europea y el Banco Central Europeo desaconsejan los regalos fiscales a los más ricos y aconsejan exigirles una mayor contribución para con sus sociedades en momentos difíciles, y esto ha puesto en varios momentos en contradicciones al propio Partido Popular. En el plano doméstico, nuestra población ha experimentado la necesidad de tener un Estado fuerte con capacidad de intervenir y proteger a los más vulnerables. Somos además un país donde, aunque en ligero retroceso, las posiciones favorables a los impuestos a cambio de mejores servicios públicos son claramente mayoritarias. Además de estas condiciones internacionales y culturales, el Gobierno cuenta con recursos económicos y apoyos parlamentarios como para responder a esta ofensiva con firmeza, convirtiéndola en un boomerang: acercando el tipo efectivo al tipo nominal en el impuesto de sociedades, fijando un impuesto a la riqueza a nivel nacional y limitando al máximo las bonificaciones y deducciones para evitar el dumping fiscal de la carrera a ver qué comunidad autónoma le hace más regalos a quienes menos lo necesitan. 

Pero la reforma fiscal sólo puede ser un primer paso: la ciudadanía tiene que sentir y ver que lo recaudado efectivamente sirve a la mayoría: ayudas a los más vulnerables para afrontar el invierno, reforzar los servicios públicos, dedicando más recursos a la salud mental, y políticas industriales verdes que cambien el modelo productivo y creen decenas de miles de empleos. 

Este es un campo de batalla propicio para un gobierno que necesita con urgencia producir un rearme moral de la población progresista española: librar y ganar batallas que restauren su autoridad, que coloquen a los adversarios nítidamente del lado de la minoría privilegiada y que generen condiciones y confianza para ir por más en un ciclo virtuoso. Nosotros hace tiempo que asumimos el reto de ofrecer horizonte, empujar cuando haya parálisis y acompañar y reforzar cuando haya avance. Desde el debate del Estado de la Nación antes del verano, el Gobierno muestra un cambio de rumbo que ha sido persistente en los meses pero que debe extenderse y profundizarse: esta crisis no puede cargarse sobre la espalda del pueblo español, es la cúspide de la pirámide, la primera en poner siempre la mano, la que debe arrimar ahora el hombro. Esa es la única senda posible para pensar en una reválida del Gobierno que coincida con una reconstrucción social económica de nuestro país. Esta contienda puede y debe ser una piedra de toque para romper con la inercia defensiva y recuperar la iniciativa.

 Hace 43 años que la Constitución del Estado español consagró en su artículo 24 el derecho a la tutela judicial efectiva garantizándose, siquiera formalmente, el acceso a la justicia por parte de todas las personas que así lo requirieran o demandaran.

El citado precepto constitucional ha sido incumplido reiteradamente por el Estado español respecto a todas las personas, y sus familiares, que sufrieron graves violaciones punibles de derechos humanos como consecuencia de los crímenes franquistas que se cometieron: asesinatos, desapariciones forzadas, trabajo esclavo, encarcelamientos, robo de bebés, torturas, expolio patrimonial.....

Los juzgados y tribunales españoles se niegan a investigar y, en su caso, enjuiciar los crímenes contra la humanidad que fueron cometidos en y por el Estado español durante mucho más de cuarenta años, consolidando un modelo de impunidad que en ningún caso es aceptable ni en términos democráticos, ni en términos jurídicos desde una perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Penal.

Así, desde diferentes instancias internacionales se viene demandando al Estado español que revierta la situación de impunidad mantenida y que para ello facilite e impulse, entre otras cuestiones, la investigación judicial de los crímenes franquistas. En este sentido podemos citar, a modo de ejemplo, los informes emitidos por órganos de Tratado y Mecanismos adscritos al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como son el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, el Comité de Desapariciones Forzadas, Relatores Especiales, etc…..

A ello conviene sumar, cómo no, las demandas que en este sentido mantienen desde hace muchos años el conjunto del movimiento social memorialista.

El revertir, de una vez por todas, el modelo de impunidad que mantiene el Estado español, que impide la investigación y enjuiciamiento de los crímenes franquistas, es una urgencia de carácter democrático.

En la actual legislatura se encuentran en tramitación parlamentaria tres iniciativas legislativas importantes para tratar de poner fin a la impunidad de los crímenes franquistas: el Proyecto de Ley de Memoria Democrática, la Proposición de Ley de Bebés Robados en el Estado español y la Proposición de Ley de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, de Secretos Oficiales.

La Proposición de Ley de reforma de la Ley de Secretos Oficiales fue registrada y publicada en el Boletín Oficial en el mes de enero de 2020, la de Bebés Robados en el mes de marzo de 2020 y el Proyecto de Ley de Memoria Democrática en agosto de 2021.

Habiéndose superado en exceso el ecuador de la actual legislatura las tres iniciativas legislativas se encuentran sometidas a sucesivas e injustificadas prórrogas en el trámite de enmiendas lo que, de facto, supone un bloqueo en su tramitación.

Como decíamos es urgente terminar ya con esta situación y dar urgente curso a las iniciativas legislativas citadas, máxime cuando comprobamos día a día como se extiende y avanza el discurso de negación de derechos fundamentales por los sectores más reaccionarios del Estado. Por tanto, resulta imprescindible proceder a desbloquear las tres iniciativas legislativas, avanzar sin más demora en su tramitación y proceder a su aprobación con unos contenidos acordes a los estándares en materia de derechos humanos que le han sido exigidos al Estado español y que están siendo reclamados a su vez por el movimiento memorialista.

Y todo ello porque lo merecen las personas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos, sus familiares y, en definitiva, la sociedad en su conjunto. Se trata de una cuestión de dignidad democrática.

Tiene algo de irónico que la Cumbre de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP25, tenga lugar en Madrid debido a la incapacidad del Gobierno chileno de garantizar su realización por las protestas de su pueblo. Precisamente Chile, que tuvo el dudoso honor de ser el primer laboratorio de las políticas neoliberales de los “Chicago Boys”, impuestas por la poco liberal y sangrienta dictadura de Pinochet y que hoy aún marcan un país atravesado por la desigualdad. Y es que la gran aceleración de la crisis climática en los últimos 40 años es inseparable de un modelo neoliberal tan triturador de lo social como depredador de lo ambiental.

El neoliberalismo pretende construir un mundo basado en el libre encuentro de los hombres en el mercado. Hombres –y aquí el masculino no es genérico– que son libres porque carecen de ataduras y de límites. Esta utopía totalitaria de mercado invisibiliza nuestra dependencia de los otros, de unos cuidados tradicionalmente a cargo de las mujeres, de unas instituciones públicas que hacen posible la reproducción social y de un planeta finito y cada vez más seriamente dañado. La historia de los últimos 40 años es la de la fanática huida hacia adelante de este idea que, para enriquecer a unos pocos, ha generado una desigualdad sin precedentes, ha socavado cualquier forma de comunidad que no esté mediada por el dinero y el consumo, y amenaza ahora con destruir de forma irreversible las mismas condiciones que nos permiten vivir en el planeta. Como recordaba precisamente en El País hace unas semanas el premio Nobel Joseph Stiglitz, la historia del neoliberalismo es la historia de una promesa fallida, la de que la irresponsabilidad de unos pocos fomentaría la prosperidad y la democracia. Esta promesa solo se mantiene hoy por el fanatismo de unas élites empeñadas en independizarse de sus conciudadanos y de cualquier compromiso para con la comunidad y el planeta en el que viven.

Es necesario enfatizar esto porque, más allá de medidas concretas y de avances tecnológicos, afrontar la crisis climática implica volver a poner la vida y la comunidad, la cooperación y los cuidados, en el centro de nuestra visión del mundo y de las políticas públicas.

Si nos centramos en nuestro país, España encara la década que viene con una serie de importantes retos: una economía de base estrecha, poco diversificada y aún muy dependiente de sectores de bajo valor añadido, que acentúa la desigualdad y la precariedad y con un desempleo que no termina de descender a los niveles anteriores a la crisis, una herida territorial que además de la cuestión de la plurinacionalidad implica una geografía humana y económica insostenible, con el vaciamiento de amplios territorios del país y un sistema autonómico infrafinanciado que no termina de asegurar una garantía federal de los derechos sociales A esto hay que sumar que, por nuestra ubicación y condiciones ambientales, España es el país de la UE más vulnerable al cambio climático.

Frente a esto, Más País pone en el centro de su proyecto para España un Acuerdo Verde que movilice a lo mejor del país al servicio de la transición ecológica. Una transición ecológica con justicia social que descarbonice nuestra economía con energías limpias y apostando por una movilidad sostenible, que emprenda una reindustrialización verde que genere cientos de miles de empleos cualificados y con buenas condiciones. Una transición ecológica que comience a reequilibrar territorialmente nuestro país, con políticas agroecológicas, de reforestación y con infraestructuras que reviertan el vaciamiento de muchas provincias y el abandono y descuido de nuestro campo. No existen hoy dudas sobre que tenemos que adoptar con urgencia medidas para modificar nuestra relación con el planeta. La gran pregunta de comienzos de este siglo es si las aprovecharemos como una palanca para un ambicioso esfuerzo por la prosperidad, la justicia social y una nueva oleada de democratización, o si por el contrario serán el resultado de una despiadada, depredadora y suicida guerra de todos contra todos.

Cuando agonizaba el siglo XIX, se desarrolló en España un amplio y heterogéneo movimiento regeneracionista que aspiraba a una refundación nacional que democratizase las relaciones sociales, modernizase el Estado y lo pusiese al servicio de las necesidades del pueblo. Se desplegaría en paralelo al empuje de un potente movimiento obrero que fue un agente de reivindicación, desarrollo cultural y autoconciencia de las masas trabajadoras. Hoy, más de cien años después, tenemos frente a nosotros la tarea de reconstruir un acuerdo social roto por el modelo depredador neoliberal que ha sembrado por doquier angustia e incertidumbre. Actuar a tiempo contra la crisis climática es tanto una necesidad como una oportunidad para un proyecto de país justicialista y verde, que cuide de la tierra y de la comunidad como mejor garantía de la libertad.

1. El alto precio de una investidura

El pasado sábado Mariano Rajoy fue reelegido presidente tras trescientos días de impasse. Una primera lectura podría deducir que se ha cerrado el ciclo de cambio político iniciado el 15 de mayo de 2011, que el nuevo Gobierno del Partido Popular supone una derrota de las expectativas políticas que se habían multiplicado en los últimos años y, particularmente, desde las elecciones europeas de mayo de 2014.

Sin embargo la conformación de gobierno por el PP, por lesiva que sea para nuestro país y su gente en el corto plazo, no debe ser tenida por una demostración de fortaleza de las élites tradicionales sino, al contrario, como un signo de su debilidad. El régimen de 1978 ha tenido que elegir, por primera vez, entre dos bienes igualmente valiosos: gobernabilidad y alternancia. El Partido Popular gana el Gobierno pero paga un precio altísimo: dejar malherido el bipartidismo. La estabilidad del sistema político de 1978 no derivaba de la unanimidad, sino de que la alternancia entre PP y PSOE construyera identidades políticas (en términos generales “izquierda-derecha” y quienes se ubicaban a sus respectivos márgenes) en torno a fuerzas que se pusieran de acuerdo en las grandes cuestiones pero discutieran enardecidamente en torno a sus concreciones.

Este reparto simbólico de posiciones no sólo construía una geografía política sino que marcaba también el límite de lo posible. Todo lo que quedaba fuera de ella era materia folclórica, de la historiografía o del código penal. Pues bien, esas dos fuerzas que ayer se turnaban, hoy se necesitan para conformar gobierno. Salvan la gobernabilidad pero hipotecan el pluralismo interno al régimen: este Gobierno, por tanto, está más solo, y vive con el riesgo permanente de abrasar a sus socios.

2. La disyuntiva del régimen: gobernabilidad vs estabilización

Este puede ser el hecho central de la legislatura que comienza: la fortaleza del Gobierno y la fortaleza del régimen no parecen fácilmente compatibles. Si la Triple Alianza se extiende a las grandes cuestiones, el Gobierno será más estable, pero a cambio de desgastar más y más a sus socios. Si, por el contrario, los socios de la investidura de Rajoy prefieren desmarcarse, el Gobierno vivirá en minoría y con una relación extremadamente complicada con el Parlamento, que podría ser una fuente de desgaste de un Ejecutivo atrincherado.

Cuanto más fuerte sea el Gobierno, más se estrechará el régimen. O fortaleza del Gobierno o estabilización del sistema de partidos. En esta legislatura va a haber cuestiones de calado –los próximos presupuestos, la sostenibilidad y reforma de las pensiones, la financiación autonómica, la relación entre Catalunya y el Estado o el nuevo paquete de recortes exigido por Bruselas que el Gobierno intentó postergar para no aplicar en elecciones– en los que esta disyuntiva se va a marcar con fortísima tensión.

El Partido Popular es quizás, de los tres partidos coaligados para la investidura, el que guarda más fortaleza orgánica e independencia de las presiones de los poderes oligárquicos. El PSOE ha sido en cierta medida intervenido por ellos, y es mucho suponerle a Ciudadanos una vida política autónoma, toda vez que ha elegido ser el partido de la coalición matrimonial entre PP y PSOE y de la oposición a Podemos, casi un dispositivo administrativo auxiliar del orden viejo.

3. Lo que queda fuera

El entendimiento que va a permitir hacer presidente a Mariano Rajoy ha requerido de una implosión en el PSOE y del fin de Ciudadanos como fuerza política capaz de seguir capitalizando una parte del descontento generado por el Partido Popular. No se da, por tanto, en condiciones de normalidad sino de excepcionalidad. Rajoy no es presidente por sus votos sino por la quiebra del sistema de partidos español tal y como lo conocíamos.

Pero este acuerdo no es una coalición de Gobierno, ni mucho menos una confluencia en torno a un solo “partido del poder”. Es algo más complejo y ambicioso: el intento de fundar un nuevo sistema de partidos y un nuevo horizonte de país. No es que los partidos firmantes, por acción u omisión, renuncien a sus diferencias. Es que deciden que sus diferencias internas articulan el pluralismo dentro de la restauración del orden viejo, y que más allá de ellas solo está la “política salvaje” de fuerzas con las que sería imposible cualquier entendimiento. No es que se borren todas las diferencias entre las partes integrantes del régimen, es que las subordinan a la causa aun mayor de su supervivencia como élite.

En la lengua de las élites viejas, “populistas e independentistas” son el afuera constitutivo de la restauración, lo que no cabe en el orden viejo, el “ellos” que permite trazar un “nosotros” entre los así llamados “constitucionalistas” –constitucionalistas que asisten incólumes, no obstante, a la ofensiva deconstituyente que modifica sin pasar por las urnas y en beneficio de los menos la constitución material de 1978–. No por casualidad, antes del golpe palaciego que terminó con Pedro Sánchez, Susana Díaz advertía sobre el que, en su opinión, era el mayor riesgo para el PSOE: comprar el discurso del “derecho a decidir” o “podemizarse” y, por tanto, poder conformar un Gobierno del cambio. La plurinacionalidad y la crisis de representación puesta en evidencia por el 15M como los dos abismos infranqueables para el régimen. Antes de ellos, el orden. Más allá de ellos, el caos.

El problema es que esas fuerzas demonizadas representan nada menos que 95 escaños de 350 en el Parlamento, 111 si contamos a los diputados socialistas que se mantuvieron en el 'no', fundamentalmente los catalanes y Baleares, lo cual es muy significativo. Posiblemente ese tercio del Congreso (mayor aún en votos) no tiene aún la fuerza ni el horizonte compartido como para encarnar un nuevo acuerdo social para las próximas décadas. Pero a buen seguro ningún acuerdo será estable ni duradero sin él. Quizás sí un gobierno, pero desde luego no una época política. Las élites han comprado tiempo, pero no han cerrado la crisis política en España –y mucho menos la social, la económica, la territorial o la ecológica–.

En términos sociales se ve de manera aún más clara y contundente que este acuerdo de gobierno se deja tanto fuera que no va a ser capaz de regenerar el orden en crisis. Casi 7 millones de votantes en toda España, los grandes centros urbanos –casi todos gobernados por las fuerzas del cambio–, la amplia mayoría de las generaciones nacidas en democracia y claramente de la población activa, las grandes mayorías de la ciudadanía de las naciones sin Estado, los sectores medios culturalmente más dinámicos y a menudo políticamente más influyentes.

El acuerdo que hace a Rajoy presidente, así, tiene poco que ofrecer en las brechas generacional y territorial de nuestro país. No puede ser la base de un pacto intergeneracional que proteja los derechos sociales, democratice la economía y haga sostenible el modelo productivo; tampoco el de un acuerdo que reconozca la plurinacionalidad y construya convivencia a partir de ella. Sin esos vectores, es claro que no puede alumbrar un nuevo acuerdo de país. La Triple Alianza congela momentáneamente el presente, pero es incapaz de proyectar una imagen de futuro.

A esto hemos de sumarle el prestigio decadente de las élites tradicionales, el efecto disgregador que tiene la corrupción en los aparatos estatales, la fractura de la confianza social por la desigualdad creciente, la escasa disponibilidad y dinamismo de una nueva generación de “intelectuales del régimen” y el desgaste en la credibilidad de una parte de los voceros de este cierre en falso de la crisis política.

La hegemonía no tiene tanto que ver con la exclusión del adversario como con su integración subordinada, no es cancelar las diferencias sino articularlas y ordenarlas jerárquicamente. Todo régimen necesita un “afuera”: lo que no cabe en la normalidad, lo que es imposible o indeseable. Pero los regímenes democráticos necesitan además articular un pluralismo interno que oxigene la vida política, genere estímulos para la mejora y estructure las preferencias y las adhesiones, en equilibrios cambiantes, dentro de cauces que no impugnen las cuestiones nucleares del régimen, sobre todo su construcción y atribución de sentido.

Un bloque histórico no es entonces una alianza sino un horizonte, una narración compartida con efectos muy materiales y cotidianos, que provee certidumbres y recompensas, genera sentido común que naturaliza la conducción de los grupos dirigentes y produce razones para el acomodo o la confianza en el futuro de los grupos subalternos. Podríamos decir que la naturaleza de un régimen tiene que ver con cómo gestiona la diferencia entre lo que cabe en él y lo que queda fuera: si lo integra todo, no es un proyecto político en absoluto; si excluye demasiado, su supervivencia podría peligrar cuando necesite recambio.

El sistema político nacido en 1978 contaba también con esos “afueras” funcionales a la cohesión interna. Pero el intento actual de restaurarlo se deja fuera a, al menos, un tercio del país, y las adhesiones que consigue son más pasivas o inerciales que esperanzadas o confiadas en que quienes mandan encarnen una propuesta de futuro. Las fuerzas políticas, culturales y mediáticas coaligadas en la investidura de Rajoy son suficientes, más que de sobra, para un Gobierno. Pero no lo son para inaugurar un nuevo ciclo político.

Si convenimos que los grandes desafíos de España exceden la capacidad de un Gobierno y requieren de una transformación general, de un proyecto de país para las próximas décadas, parece evidente que el segundo Gobierno de Rajoy podrá continuar con el inmovilismo pero difícilmente ser esa fuerza de recomposición y suturación de las grietas del sistema político que garantice a la vez la cohesión social.

4. Un Gobierno sin capacidad de conducción política

Hablamos por tanto de un Gobierno que nace débil. En términos sociales, tiene de largo muchos menos españoles a favor que en contra, incluyendo a muchos ciudadanos que pueden sentir traicionado el sentido de su voto por partidos que dijeron no estar dispuestos a investir nunca a Mariano Rajoy. En términos parlamentarios, el Partido Popular está también en minoría. Conviene no engañarse con respecto a la posibilidad de un parlamento que legisle contra el Gobierno: nuestro ordenamiento constitucional le da un amplio margen al Ejecutivo incluso para legislar o vetar iniciativas con un Legislativo en contra. Pero conviene al mismo tiempo distinguir entre la capacidad legal y la capacidad política de conducir el rumbo del país.

El segundo gabinete de Rajoy nace débil también en su relación con el Legislativo. En el mejor de sus casos tendrá que gestionar la tensión entre tejer mayorías a cambio del riesgo de asfixiar al PSOE con un abrazo del oso que no tendría por qué no repetirse en cada una de las grandes votaciones. En el peor de sus escenarios, una oposición firme, ágil y con iniciativa, puede arrastrar al gobierno, si es que este se empeñara en desoír sistemáticamente al Parlamento, a un conflicto entre dos poderes del Estado y a una posición defensiva y de cerco que seguramente le erosionará en el medio plazo.

Además, el Gobierno del PP nace débil porque no tiene agenda para la España de 2016. En el eje territorial, es incapaz de reconocer la plurinacionalidad y ofrecer acuerdos, por lo que, al mismo tiempo que denuncia la unilateralidad, la espolea y luego la judicializa. En ausencia de proyecto vertebrador, sólo cabe prever más recentralización –también contra los municipios.

En lo social y económico, Rajoy ya dijo que sus reformas eran irreversibles: el núcleo de la ofensiva oligárquica de transferencia de rentas desde los sectores populares y medios a la minoría privilegiada, de precarización del mercado laboral, de combate del déficit por la vía de los recortes y no por la vía de los ingresos, de ataque a los servicios públicos. Estas recetas solo pueden dar los resultados ya conocidos: profundizar en un modelo económico de base estrecha, en la desigualdad y en la demolición controlada del ya débil Estado del Bienestar. Pareciera que en este plano el único proyecto de las élites fuese el disciplinamiento de los españoles a través de acostumbrarles al retroceso de décadas en derechos y condiciones de vida, hasta que se borre de la memoria colectiva el derecho a tener derechos más allá del ámbito de las libertades individuales: he aquí el corazón de la deriva liberal postdemocrática.

En el plano de la regeneración democrática y de las transformaciones institucionales que fortalezcan la rendición de cuentas, el equilibrio de poderes y la soberanía popular frente a la tutela de los “poderes salvajes” –de la cual la corrupción es un derivado– hay poco que esperar de un Gobierno conducido por un Partido Popular asediado por los tribunales y que siente estos años de creciente politización de la sociedad española como una anomalía peligrosa a anular con la vuelta a los tiempos grises del orden administrativo. Por otra parte, y por si alguien albergara dudas, Rajoy ya dijo en la sesión de investidura que no se siente comprometido por un pacto sino aupado por una capitulación y que por tanto no piensa dar marcha atrás en ninguna de sus grandes líneas.

El Gobierno de Rajoy que nace, en todo caso, tiene una necesidad y un objetivo: la derrota moral y cultural de los sectores más progresistas de la sociedad española que se han ilusionado y (re)incorporado a la política tras décadas de apatía. Este objetivo es, por una parte, condición para poder seguir adelante con el proceso de transformación elitista del Estado pero es, por otra, un fin en sí mismo. Recordemos esa larga utopía conservadora de una democracia sin pueblo, de consumidores y votantes, sin identidades colectivas fuertes, sin pasiones, con el menor margen posible para la intervención política plebeya, de los no profesionales, de quienes podían tener voto, pero ni voz ni cuerpo hasta ahora.

Por eso es una tarea fundamental de las fuerzas del cambio explicar que estamos en mitad del proceso histórico de transformación. No como excusa para las metas aún no alcanzadas, sino para clarificar el momento y los desafíos, para que los poderosos no nos encierren a librar batallas discursivas que ya vencimos en el 15M. Es cierto que la disputa política cambia con la conformación de gobierno. Cambian sus espacios, sus códigos, sus tiempos. Pero los mimbres de la restauración son demasiado débiles como para llevarnos a una España anterior al 2011.

Pedro Sánchez ha reconocido, una vez depuesto, las presiones recibidas para no llegar a un acuerdo con Podemos que pudiera tener el apoyo de algunas fuerzas catalanas y vascas. Eso no significa que el acuerdo no fuese posible, significa que su plausibilidad despertó inquietud entre algunos de los sectores privilegiados y que, dentro de su margen de actuación, el grupo entonces dirigente del PSOE no se atrevió a desafiarlos para hacer respetar una posibilidad democrática. La correlación de fuerzas hizo recaer en ellos la posibilidad de una solución de compromiso finalmente fallida.

La situación de “empate catastrófico” que se inauguró el 20D –los restauradores no podían restaurar, nosotros no podíamos conducir un gobierno de cambio– se resolvió por la quiebra del PSOE y su entrega a un Rajoy que desde el primer día ya lo trata como un rehén.

Hemos de trabajar para hacer extensible al Gobierno español lo que ya sucede en las principales capitales. La confesión de Pedro Sánchez tiene el valor de la honestidad pero llega tarde y, sobre todo, resulta ingenua: ¿acaso no cabía esperar que un Gobierno que emprendiese la transición energética, protegiese los salarios y a los autónomos, reclamase las ayudas no devueltas a los bancos o abordase con valentía la cuestión territorial tuviera que enfrentar fuertes presiones de los poderes fácticos? Por experiencia sabemos que la construcción de gobiernos transformadores no es el fin del trayecto sino, a menudo, la intensificación de la disputa por la guerra de posiciones dentro del Estado y la sociedad, contra los vetos oligárquicos y por la construcción de irreversibilidad en los avances democráticos y sociales.

5. Nuestro reto: ganar antes de ganar

Esta legislatura, sea más corta o más larga, tendrá que afrontar cuestiones centrales como el modelo de pensiones, la financiación de las comunidades autónomas, la LOMCE o el nuevo paquete de recortes que el PP lleva un año demorando para aplicar cuando pasaran las elecciones. El desafío de Podemos y sus aliados no es mostrar la injusticia de las medidas que el Gobierno quiera imponerle a los españoles. Hay pocas dudas sobre esto. Nuestro desafío es demostrar que las cosas se pueden hacer de otra forma –la importancia de los Ayuntamientos del cambio en las grandes ciudades es difícil de exagerar aquí–, generar confianza y garantías siendo útiles en el “mientras tanto”. La fuerza del inmovilismo no reside tanto en su capacidad de generar una mayoría activa como en desalentar y bloquear la posibilidad de conformación de una voluntad general nueva.

Las élites han comprado tiempo al precio de mutilar el sistema político existente. Nosotros debemos usar ese tiempo para convertirnos en una fuerza dirigente ya antes de gobernante: que anticipa una España nueva, que incluye a los que faltan, que marca el rumbo y propone un horizonte que de nuevo hace envejecer las políticas de corto recorrido y atrincheramiento de las élites tradicionales, incrementando sus contradicciones. Esta es, fundamentalmente, una tarea intelectual y cultural para “ganar antes de ganar”. Pero no es una tarea de vanguardia sino de masas: saber sembrarse en el territorio a través de nuestra descentralización, reconstruir lazos sociales, estéticos y simbólicos, fundar una nueva ética y orgullo de la militancia, incorporar a los mejores, multiplicar la formación y el relevo de cuadros y generalizar una nueva idea de país que ponga en el centro las aspiraciones y necesidades de su gente. A esto le hemos llamado un movimiento nacional-popular.

Los de arriba querrán encerrarnos como una manifestación de la anomalía de estos años agitados. Una expresión de la excepcionalidad que se apagará con ella. Apenas una fuerza de resistencia que quiera cobrarse hoy derrotas de hace décadas. No es ese, en mi opinión, el rumbo ganador. La operación que ha llevado a Rajoy a La Moncloa mina más aún las bases del consenso entre los que mandan y estrechan enormemente la pluralidad que cabe dentro del régimen de 1978.

No es que dejen hueco libre a la izquierda, ni es que se hayan caído los velos de lo que siempre fue pero se ocultaba. Es que siguen los temblores del 15M: el sistema político profundiza su crisis y con ella los poderosos estrechan su base de apoyo. Se abre así mucho campo para la construcción de una nueva mayoría, transversal, feminista, plurinacional y popular que equilibre la balanza. Nadie lo va a hacer por nosotros.

1. Haciendo memoria: ventana de oportunidad y ciclo corto

El movimiento del 15 de mayo de 2011 fue al mismo tiempo manifestación y catalizador de un proceso de crisis orgánica en España, que se venía larvando largamente pero que se aceleró y agudizó con la crisis financiera de 2008 y, sobre todo, con la falta de respuesta política de los actores dominantes. Algunos de sus elementos centrales han sido el funcionamiento desacompasado de los aparatos estatales, la extensión de tramas mafiosas que patrimonializaban las instituciones, la corrosión de la solidaridad entre élites como efecto de la corrupción, la quiebra de las expectativas sociales y del ascenso social individual, la pérdida de prestigio de los gobernantes y el profundo desgaste de sus partidos o las severas dificultades del modelo español de desarrollo y la inserción periférica en Europa. En suma, el orden existente aparecía a ojos de una mayoría transversal de la población como caduco, colapsado, corrupto y escasamente capaz de satisfacer demandas u ofrecer garantías de mejora en el futuro y para las siguientes generaciones y, sobre todo, con enormes inercias y dificultades para autorreformarse. Estas condiciones generaban un descontento horizontal no absorbido por las narrativas tradicionales de la protesta ni tampoco por los canales ni las promesas de los sectores dirigentes. Se configuraba así lo que interpretábamos como una situación populista.

Afortunadamente, la movilización social y su impacto sobre el clima cultural y el sentido común de época le dieron a este escenario de crisis una interpretación y politización progresista y no reaccionaria: de contestación plebeya a favor de una reordenación de la convivencia en pos de más democracia, soberanía popular y justicia social. La “hipótesis Podemos” leía que en España se abría una ventana de oportunidad para la victoria electoral de una fuerza transversal, popular y ciudadana, que articulase los consensos nuevos que ya comenzaban a fraguarse por fuera de la política institucional, en un divorcio acelerado entre “la gente” y las élites políticas y económicas. Pese a la alta contestación y polémica que esta hipótesis despertó entre las minorías activistas, las elecciones europeas del 25 de mayo de 2014 supusieron un aldabonazo que inició en la política española un ciclo corto y acelerado presidido por el empuje de Podemos, su iniciativa intelectual y cultural y la obligación del resto de fuerzas políticas a reorganizarse o mutar para hacerle frente.

La Asamblea Ciudadana de Vistalegre, en la que Podemos se dotó de estructura organizativa y hoja de ruta estratégica, supuso una apuesta política pública, audaz y no exenta de riesgos: organizar la ola de entusiasmo para ganar las elecciones generales que cerrarían el ciclo corto y acelerado de dos años en el que casi todo el poder institucional estaría en juego. Para ello, había que construir una “máquina de guerra electoral” que estuviera en disposición de dar una serie de batallas electorales y mediáticas determinadas por un ritmo y unos marcos de la disputa prefijados por nuestros adversarios. En términos de Gramsci, se trataba de construir un instrumento político, ligero, cohesionado y rápido, que pudiera librar una “guerra de movimientos” vertiginosa –casi una “guerra relámpago”- y aprovechar la ventana de oportunidad abierta y el desconcierto de los viejos actores. Como toda decisión organizativa, tuvo costes e implicó descartar otras opciones, pero sin la menor ingenuidad: siendo conscientes de que la transformación política va mucho más allá de la batalla electoral pero también que de cómo se librase esta dependían las condiciones para seguir trabajando en aquella en un proceso de medio plazo para construir, no solo una alternativa de gobierno, sino una voluntad general nueva.

Creo que acertamos al leer el ritmo y las prioridades del momento. La hipótesis de la ventana de oportunidad nos ha permitido llegar lejos, aunque no hasta el final de nuestra estrategia. Esto se debe tanto a errores propios como a la complejidad, flexibilidad y densidad de los dispositivos de defensa del régimen. El modelo Vistalegre supuso, como hemos dicho en otras ocasiones, “correr y atarse los cordones al mismo tiempo” pero, aunque no hayamos alcanzado nuestros objetivos prioritarios, hemos de decir que sin él no habríamos llegado hasta aquí en un ciclo tan corto, turbulento y a menudo hostil. Hace dos años no existíamos y hoy representamos el 21% del voto, somos un actor consolidado e insoslayable, hemos cambiado el mapa político de España obligando a nuestros adversarios a parecérsenos para combatirnos y hemos ampliado el horizonte de lo posible en nuestro país. Somos además el vector más dinámico de cambio cultural e institucional en el Estado español: primera fuerza en Catalunya y en Euskadi con el único planteamiento plurinacional capaz de enfrentar la crisis del modelo territorial, gobierno en las alcaldías de las principales ciudades del país, así como primera fuerza entre adultos jóvenes y jóvenes. Podemos se ha impregnado mucho de España al tiempo que España se ha podemizado. Este es el camino, siempre de ida y vuelta, de la hegemonía posible.

2. Empate catastrófico y segunda vuelta

Las elecciones del 20 de diciembre supusieron un “empate catastrófico” entre las fuerzas del cambio y las de la restauración. Las primeras no tuvimos la fuerza suficiente como para dar un paso adelante en el proceso de cambio y conducir un gobierno de transformación democrática y popular. Las segundas tampoco tenían los equilibrios necesarios como para rebobinar el proceso o constituir un gobierno estable que, al mismo tiempo que asegurase la continuidad de las políticas de recortes, dejase intacto el juego de vasos comunicantes y el turnismo entre los partidos tradicionales PP-PSOE: no podían salvarse la gobernabilidad y el sistema de partidos al mismo tiempo. En ese escenario de bloqueo y de fuertes presiones todas las salidas pasaban por el PSOE, que debía inclinarse hacia el Partido Popular o hacia alguna modalidad de acuerdo con Podemos. En esta difícil encrucijada histórica entre restauración y cambio, el PSOE quedó atrapado y decidió no elegir y tirar la pelota hacia delante o, mejor dicho, elegir justamente aquello que representaba una no-elección: un pacto con Ciudadanos que no sumaba ni deshacía el nudo. Así, la encrucijada terminó por desembocar en una nueva convocatoria de elecciones: una “segunda vuelta” con sentido de desempate que se trasladaba a la ciudadanía, en medio de un cierto cansancio generalizado con el conjunto de los partidos y desgaste del interés por la política institucional.

El 26 de junio, sin embargo, se produjo una cierta recuperación de la iniciativa por parte del bloque conservador, en el que el reagrupamiento de votos en torno al PP desequilibró a su favor el escenario. Unidos Podemos, por otra parte, perdió más de un millón de votos que principalmente se quedó en casa. Seguramente el grueso de esa pérdida se produjo en el intenso ciclo parlamentario y de las negociaciones de investidura. El profesor norteamericano Bruce Ackerman distingue entre los “momentos calientes” de aceleración histórica y construcción de nuevas correlaciones de fuerzas y los “tiempos fríos” de congelación de esos equilibrios y política como gestión y negociación. Seguramente Podemos haya demostrado moverse mejor en el tiempo caliente de este ciclo corto desde las elecciones europeas, y tenga aún que desarrollar capacidad de adaptación al tiempo frío de la institución y el parlamentarismo. Minusvaloramos el peso de lo institucional y de su capacidad simbólica de producir certezas y pagamos un cierto desgaste por ello, en unas elecciones que fueron un plebiscito entre lo malo conocido y una alternativa incierta, estimulante y atractiva para la España más joven y sin embargo amenazante para los sectores de mayor edad y de la España interior.

En los primeros pasos de Podemos fuimos muy cuidadosos en hablar de “protagonismo popular y ciudadano”, porque entendíamos que en las ansias de cambio cohabitaban dos composiciones sociales o, mejor dicho, dos momentos: uno popular y otro ciudadano. El primero, simbolizado en las plazas, es el de la primacía del vínculo comunitario, la pasión por la actividad en común y la esperanza de ruptura y refundación; el segundo, más individualizado que colectivista, marcado por la confianza y estima de la institucionalidad existente –que no de las élites tradicionales- y las seguridades que ofrece, la añoranza por garantías cívicas y un marco razonable que permita canalizar las demandas de regeneración democrática y unas políticas públicas más equitativas. No hablamos de diferentes sectores sociológicos o de clase, sino de dos lógicas de la acción política, la popular y la institucional, que conviven en los Estados desarrollados con equilibrios cambiantes en situaciones de crisis o de estabilidad. El partido del cambio en España, el constructor de un nuevo bloque histórico, solo puede ser si entiende ambas sensibilidades y las integra en una suerte de “populismo republicano”: que sabe que no hay avances democráticos sin construcción de un nuevo we the people, vibrante y tumultuoso; pero que sabe al mismo tiempo moverse en el terreno de la institucionalidad heredada mostrándose útil y portador de garantías seductoras más allá de los sectores más movilizados.

Con relativa independencia de lo que suceda en el proceso de investidura, el 26J parece haber cerrado una fase: la del asalto electoral rápido ante las defensas desguarnecidas del antiguo sistema político. Esto no significa que se acabe el proceso de cambio español. Las contradicciones entre los poderes dominantes, el agotamiento de sus relatos y su capacidad de seducir –que no de desmovilizar, intimidar o generar miedo- , las severas limitaciones del modelo de desarrollo español, la quiebra de la confianza social y las instituciones destinadas a mantenerla, o la falta de proyecto nacional –en nuestro caso plurinacional- siguen presentes. Lo que seguramente se termina es la excepcionalidad como factor de aceleración. El asalto electoral corto y rápido no ha logrado sus objetivos, a pesar de haber llegado más lejos que nunca antes en nuestra historia democrática.

Como el arquero de Maquiavelo, Podemos ha apuntado alto para llegar lejos. Si bien no ha alcanzado su objetivo último -liderar un Gobierno de cambio que ponga por fin las instituciones al servicio de la gente con medidas de rescate ciudadano y radicalización democrática-, si ha conseguido sostener la ventanta de oportunidad abierta por el proceso de cambio iniciado en España tras el 15M, consolidar un espacio político insoslayable para sus adversarios y mantener la posibilidad de seguir abriendo brecha en el futuro, habiendo conquistando posiciones decisivas y sedimentado su fuerza en poderes que permiten seguir avanzando. Seguro que hemos cometido errores en estos dos años que han parecido décadas, pero ahora tenemos un capital humano, de entusiasmo organizado, un caudal de simpatía popular, posiciones institucionales e inteligencia colectiva como para afrontar en magníficas condiciones, desde lo conseguido, el reto de lo que falta por recorrer.

3. ¿Y ahora qué?

A Podemos, como núcleo del polo de cambio, le toca independizarse de las condiciones de excepcionalidad en las que nació. Le toca construirse en fuerza política de la España que ya está siendo; no ya una “sorpresa” ni una “revelación” o algo excepcional sino un motor de largo aliento capaz de federar intereses comunes de la mayoría subalterna e integrarlos en un horizonte alternativo de país. Esa tarea de dirección institucional, intelectual y política no la solventarán por nosotros ni el repliegue a una posición resistencialista (“al menos decimos las cosas claras”, “seremos el altavoz de las protestas”) ni hipotéticos empeoramientos de la crisis que, en una lectura economicista, nos conduzcan a la contradicción definitiva y la batalla final. Hace tiempo entendimos que, en general, cuanto peor, peor.

Es posible que el partido iconoclasta de la protesta y la impugnación haya tocado un techo, más alto del que nunca se había alcanzado en España. Para pasar de representar a un quinto de los españoles a encarnar una nueva mayoría capaz de agregar en torno a sí un acuerdo para la próxima década hay que incorporar también a los que no vibran con la política, a los que no les basta con la épica, a quienes nos quieren ver portadores de la posibilidad de un orden nuevo, más justo, más democrático, más próspero. La verdadera ruptura es representar con credibilidad y anticipar un orden distinto.

Esto no tiene nada que ver con la lealtad a las necesidades de las mayorías sociales ni con la intransigencia con respecto a la urgencia y profundidad de los cambios. Para ser una fuerza “popular”, la posibilidad de un partido del pueblo que no solo represente a una parte sino que articule un nuevo interés general que integre incluso a parte de los adversarios, es crucial partir, en primer lugar, del reconocimiento de que “el pueblo” no es una unidad homogénea a la que apelar con unos intereses ya formados –¡entonces no haría falta la política!- sino la construcción permanente de voluntad popular, un trabajo de artesanía cultural e institucional que no desvela actores ya constituidos –con mayor o menor “lealtad” o “autenticidad”- sino que construye identidades y fija rumbos compartidos. Solo construye pueblo quien no fetichiza ni esencializa el término. En segundo lugar, es fundamental entender que lo plebeyo, en Europa, es una amalgama compleja de memorias fragmentadas, orgullos, temores, ilusiones y aspiraciones individuales y no siempre comunitarias.

En esta comprensión, adaptación y reformulación de la estrategia puede jugarse Podemos la distancia entre ser un fenómeno de la excepcionalidad o convertirse, entre el declive de la capacidad de dirección de las élites viejas y su capacidad para ganar tiempo aún, en el vector principal de articulación de un nuevo interés general y una nueva esperanza colectiva fundamentada en el día a día. Llegamos hasta aquí no siendo el reflejo de un tiempo tumultuoso sino empujando, interpretando y proponiendo un desarrollo que no estaba escrito. Y nos toca continuarlo en otra fase. No ser expresión política de nada preexistente –ni siquiera de nosotros mismos-, derrotado o caduco, sino hacer política popular, patriótica, plurinacional, de radicalización democrática.

Para seguir siendo el partido del proceso de cambio español, Podemos tiene que mostrar de nuevo habilidad y flexibilidad para adaptarse a los retos de esta nueva fase. Que la política española entre en una cierta dinámica de ralentización y de primacía del “tiempo frío” no significa, en modo alguno, que se hayan solventado los dolores, las contradicciones y los problemas sin resolver que han animado a millones de mujeres y hombres a ilusionarse y ponerse manos a la obra para construir un país mejor, más amable para su gente. El proceso de cambio español sigue abierto, aunque la lógica de la guerra de movimientos deje paso ahora a la guerra de posiciones.

Significa que de la “carga de caballería” que nos ha permitido llegar tan lejos tenemos que pasar a un modelo de “cerco”, en el que Podemos deberá prepararse para una disputa más intrincada y a veces menos inmediata, de conquistas lentas y toma de posiciones en el Estado y la sociedad civil, de construcción de nuevos sentidos compartidos; para la cual la máquina de guerra tiene que dar paso a un movimiento popular, más federal y descentralizado, más amable hacia dentro y seductor hacia fuera, más capaz de disolver los miedos, atraer a los mejores y solucionar el “mientras tanto”. Antonio Gramsci definía las características del cerco en estos términos: “la guerra del cerco, comprimida, difícil, en la cual se requieren grandes dosis de paciencia y espíritu de invención” (Antología de Manuel Sacristán, Akal, 2013, p. 262). Más producción de sentido que conquista por sorpresa. No dependemos tanto de la acción de nuestros adversarios como de nuestra capacidad colectiva de estar, de nuevo, a la altura del momento. Inventamos o erramos.

Nuestra meta es ni más ni menos que convertirnos en el núcleo de un nuevo proyecto de país que ponga en el centro las necesidades y aspiraciones de la mayoría social maltratada, de un nuevo acuerdo con capacidad de integrar a sectores muy diferentes en un bloque histórico, complejo y heterogéneo, en el que la clave son las mediaciones, las identificaciones colectivas y las ideas compartidas. Es un trabajo más lento, más reticular. No es una empresa abstracta sino eminentemente material y concreta, que podríamos dividir en cuatro grandes grupos de tareas.

En primer lugar, ser motor de su concreción en el tejido asociativo y de ocio, de vínculos comunitarios y emocionales que aseguren espacios cotidianos de socialización y cotidianidad –deportivos, barriales, de excursionismo y montaña, bares y Moradas, musicales, de lectura, cooperativas, de apoyo mutuo, de cultura, etc.- que generalicen un país nuevo en el interior del actual. Esta tarea implica combinar la relación con los actores e instituciones de la sociedad civil realmente existente con la generación de nuevos espacios.

En segundo lugar, la creación cultural de los símbolos y la estética, los hitos, narraciones, canciones e ideas que anticipen la voluntad popular nueva y la hagan atractiva y masiva. La construcción de un pueblo es en gran medida una tarea semántica y emocional, que acompaña, explica y recompensa estética y expresivamente el compromiso político. Esta labor de creación es desordenada, solapada y contradictoria. Afortunadamente no se decreta ni se ordena, sino que se generan las condiciones para que pueda suceder y para que los sectores más dinámicos de la sociedad sean irradiadores de lo deseable y de la posibilidad concreta de un país mejor. El prestigio de una fuerza política, que es algo más grande que un partido político, se mide en gran medida por su capacidad para ser generadora y expresión de un nuevo clima cultural, de una ola en marcha que seduce más que asusta.

En tercer lugar la tarea de formación y relevo de cuadros de gestión y de dirección, que proviene tanto de las capacidades propias, aprendidas en el camino, como de la incorporación de expertos, técnicos, funcionarios y profesionales al campo del cambio político. Esta incorporación -no somos ingenuos al respecto- no es solo un proceso de atracción cultural sino también de creación de fidelidades y apertura de oportunidades para ser, al mismo tiempo, “profesional” y parte activa del cambio político, con estricto respeto a la institucionalidad y con el compromiso al mismo tiempo de trabajar desde ella por un país más justo y más democrático. En las instituciones ya en manos del cambio, como los ayuntamientos de buena parte de las principales ciudades, es crucial la asunción de que se está de paso pero que se pueden generar transformaciones culturales, jurídicas y económicas que solo serán profundas si se anclan y generan nueva normalidad, si se hacen relativamente irreversibles.

En la medida en que “gobernar es prever”, el trabajo institucional ha de servir, además de para generar solvencia e ir rebajando los miedos que aún anidan entre gran parte de nuestra sociedad, para prefigurar la hoja de ruta de las transformaciones, sus límites y sus recorridos posibles. Demostrarse una fuerza útil desde ya, en el aquí y el ahora, para mejorar las condiciones de vida de la gente, en particular de la más golpeada por las políticas oligárquicas injustas, crueles e ineficaces. Los militantes del cambio, por su parte, tienen que estudiar y prepararse concienzudamente para desempeñar las miles de tareas y responsabilidades necesarias para que la nueva voluntad popular se haga nuevo proyecto de país y de Estado.

En cuarto lugar la generación de una fuerza política y cultural más federalizada y descentralizada, más arraigada en el territorio –especialmente en el más abandonado y donde llega con más lentitud el cambio- con el rol crucial de los círculos para ser útiles hacia fuera, para los que faltan; menos vertical y más capaz de enriquecerse con dinámicas de abajo a arriba, más amable hacia dentro y seductora hacia fuera; más atenta a la formación teórica; más capaz de trabajar para generar relevos de manera tal que cada militante del cambio sea un dirigente en su entorno, que haga de portavoz, porte la moral de victoria, proponga tareas y sepa sugerir rumbos que privilegien las cuestiones centrales del momento; mientras al mismo tiempo trabaje para que cuando deje el testigo haya tres compañeros, y en particular compañeras, más preparados y formados, más generosos y más capaces.

Estas son algunas de las tareas del “carril largo” que ahora se tornan imprescindibles para ir permeando, difundiendo y dando forma, no ya al proyecto de un partido ni a una propuesta electoral, sino al núcleo de un nuevo acuerdo de país: imprimir el rumbo -mientras las élites viejas ganan tiempo y prolongan la crisis- de un nuevo horizonte general marcado por los intereses y aspiraciones de la mayoría social, convertirse en fuerza articuladora y dirigente ya desde antes de ser fuerza gobernante.

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Agradezco los comentarios, el debate y las sugerencias a Rita Maestre, Adrià Porta y Luis Jiménez.

El 15 de mayo de 2011 abrió un ciclo de movilizaciones que, más allá de su masividad, expresaba una situación de divorcio entre el país real y el país oficial. Hubo quienes sólo quisieron leer en aquellas protestas el enfado por la crisis económica y las políticas injustas que la agravaban. Algo de eso había, pero no era todo, y quienes hicieron lecturas cortoplacistas o creyeron que el tablero político español estaba fijado y sus posiciones ancladas para siempre, pocos años después, tendrían que cambiar el ritmo apresuradamente para no ser superados.

Era una “escisión” social por la cual una amplia mayoría de la ciudadanía expresaba que ya no creía en las promesas ni los mitos de los de arriba. Más aún, acusaba a los privilegiados de haber roto el contrato social situándose por encima de la ley, de la representación, de las posibilidades y de la confianza de “la gente”. Emergía por tanto la posibilidad de que este agregado heterogéneo, definido más bien por una ausencia, por un “no ser los de arriba”, se constituyese en voluntad política, en un proyecto de reconstrucción nacional tras los desmanes de la minoría privilegiada. La crisis no era sólo económica, ni siquiera política. Era una crisis de valores y de horizonte, una verdadera crisis nacional.

Esta situación anómala, de crisis orgánica y de cambio de etapa, permitía -exigía- un tipo de identidad política más ambiciosa y de más largo recorrido que aquellas (que ya estaban) contenidas en el escenario político anterior, que ahora hacía aguas. No se trataba de empujar algunos grados a la izquierda o a la derecha el acuerdo de convivencia, sino de rehacerlo, puesto que estaba hecho trizas por una ofensiva oligárquica a la cual parecía sobrarle la mitad del país, y que había ido tan lejos que las ideas de cambio estaban ya en el sentido común de época. No es algo que suceda a menudo pero tampoco de ninguna erupción volcánica: los acuerdos políticos, las instituciones y los partidos cumplen funciones hasta que comienzan a perder la capacidad de proponer metas, seducir y tejer comunidad política. Y entonces, tras períodos de interregno o de desgaste y decaimiento más o menos rápido y más o menos contenido, son superados por nuevas propuestas. Cuando éstas no vienen de unas élites incapaces de autorreformarse, y provienen de la gente que no se sentía representada y reclama el ejercicio de la soberanía popular, es que estamos ante procesos de revolución democrática e irrupción plebeya: las instituciones – empezando por las principales alcaldías- se llenan de “intrusos” que, por primera vez, se parecen a la gente, son gente sencilla.

Es por esto que Podemos nace con una orientación que podríamos catalogar, con Gramsci, de “nacional-popular”: una política patriótica, radicalmente democrática, que hace coincidir los intereses del país real con los de sus mayorías subalternas. Esta política es especialmente posible en un momento en el que las élites han defraudado la confianza puesta en ellas, han secuestrado las instituciones y la soberanía popular y amenazan la viabilidad de la convivencia y de las condiciones de vida de la ciudadanía. Pero es también el resultado de la orfandad cultural y política de los subalternos y su consiguiente fragmentación: el colapso o ausencia de símbolos, mitos, referentes y liderazgos con los que construirse como un “nosotros” con vocación mayoritaria. Por eso su posible articulación política como “pueblo” ha de basarse en una amplia agregación de insatisfacciones heterogéneas en torno a catalizadores nuevos, un horizonte refundacionalista y, sobretodo, la frontera que delimite las identificaciones y lealtades. Una comprensión simplista de este discurso y sus efectos ha tendido a reducirla a mero “marketing” y “significantes vacíos” -pocos conceptos tan citados y tan poco leídos- para partidos “atrapalotodo”. En absoluto la transversalidad del discurso supone la eliminación de las oposiciones, sino más bien su redefinición en una nueva frontera, que es la que carga ideológicamente los términos (“democracia” adquiere un sentido preciso al oponerse a “oligarquía”, “gente” sólo al oponerse a “casta” o “privilegiados”, igual que 99% sólo es una categoría política porque tiene un exterior frente al que se constituye: el 1%).

Esta apuesta permitió a Podemos -no sin desgaste- abrir una brecha decisiva en el panorama político, desbordar los espacios asignados para los partidarios de la transformación social y levantar una alternativa, que ha hecho el proceso de cambio político democrático irreversible; colocar a las grandes maquinarias de los partidos tradicionales a la defensiva y generar un “clima” por el cual incluso la mejor defensa del inmovilismo pasa por asumir parcialmente el lenguaje y la estética del cambio.

No obstante, en España la hipótesis nacional-popular se despliega con dos especificidades que requieren de una traducción y complejizan el relato. Algunas de las principales dificultades o flancos descubiertos de Podemos han tenido que ver con estas dimensiones. Lo nacional-popular, en nuestro país, ha de ser (pluri)nacional y popular-ciudadano.

En primer lugar, vivimos en un estado plurinacional, en el que conviven -y se solapan- diferentes identidades nacionales. Una primera traducción del discurso nacional-popular progresista introduce y se refuerza con la dimensión plurinacional. Un discurso democrático que reivindique que “la patria es la gente” ha de realizar necesariamente un encaje poliédrico y confederal, que reconozca en pie de igualdad diferentes realidades nacionales con las que construir un proyecto común basado en el libre acuerdo y la diversidad. Esta es la forma de no poner a competir los diferentes y simultáneos procesos de cambio que se están dando en España, sino de ponerlos a colaborar y a sumar fuerzas. Pero es también la única política responsable capaz de alumbrar un horizonte compartido, en medio del choque de trenes y la sobreactuación del inmovilismo y el unilateralismo.

Las alianzas plurinacionales, realizadas por Podemos en Galiza (En Marea Podemos), el País Valenciano (Podem-Compromís-És el moment) y Catalunya (En comú Podem), caminan en esta dirección. Incorporan fuerzas y empuje de cambio sin asimilarlo o uniformizarlo, suma desde la diversidad y, por eso, multiplica. No por casualidad la remontada le debe mucho al empuje desde las periferias y la alianza con una fuerza nacional-popular española. Ha sido un trabajo lento y detallista de generosidad y vista larga. Estamos ante un hecho prácticamente insólito en nuestra historia y una hermosa lección de fraternidad que contrasta con el frentismo de las élites.

En segundo lugar, los procesos de modernización, institucionalización y desarrollo económico han generado una sociedad en la que la relación con lo público se establece muy pocas veces en tanto que “comunidad” – lo popular – y casi siempre en tanto que “ciudadanos”: en forma individualizada y a través de canales administrativos previsibles que no se han derrumbado pese a la crisis del sistema político, que no crisis de Estado. El desarrollo y complejización de los procesos administrativos tienden a disolver, si no encuentran resistencias culturales suficientes, el tejido comunitario y a sustituirlo por las mediaciones estatales o mercantiles. Lo plebeyo en España tiene mucho de sentido común conservador defraudado por las élites, de expectativas de ascenso social truncadas o de indignación ambivalente. Una política hegemónica es aquella que abre posibilidades nuevas con materiales heredados, que no le hace ascos a construir un sentido nuevo en las grietas del sentido común dominante.

En consecuencia, la irrupción plebeya en la política, la de quienes levantan el país a pulso cada día y vieron la política tradicional con apatía y resignación, se parece a la España real. Y ésta ha ido, en consecuencia, impregnando a un Podemos que crecía y se abría: no sólo tiene ya un carácter comunitario y “tumultuoso”, destacado en Podemos desde el comienzo. También uno de individuos, profesionales y personalidades destacadas de la sociedad civil que dan un paso a favor del cambio político para poder realizar su trabajo, para comprometerse con la mejora institucional, la innovación económica y la redistribución de la riqueza para producir una sociedad más equitativa y justa. Los llamados “fichajes” o incorporaciones de independientes en las listas del cambio -el teniente general y exJemad Julio Rodríguez, los jueces Victoria Rosell y Juan Pedro Yllanes, etc.- rompen el cerco que las élites y sus generadores de opinión intentar construir en torno a Podemos. Por una parte, acuden a la oportunidad histórica abierta, aportando su bagaje profesional y su prestigio, consolidando la imagen de una candidatura con los mejores, preparada para conducir el país. Su presencia es un bien en sí mismo pero, además, nos encontramos en un momento anómalo, en el que la meritocracia puede jugar un papel transformador toda vez que las élites viejas ya no son referentes de prestigio sino, a menudo, de lo contrario. Por otra parte, sus edades, diversidad y trayectorias les hacen encarnar la verdad del país real que exige cambio político, y así ayudan a desactivar los estigmas contra Podemos -¿puede un ex Jemad ser “antisistema”?, ¿Es creíble que alguien que ha defendido las instituciones y el Estado de derecho sea enemiga de la institucionalidad? ¿O más bien son las élites viejas y atrincheradas las que frente a este espejo aparecen como una cuadrilla de demolición de nuestros mejores avances como sociedad?- y a tenderle la mano a los sectores que aún faltan y sobre los que la campaña de miedo ha generado incertidumbres o dudas.

Estas dos iniciativas, la de las alianzas plurinacionales y la de las incorporaciones de una sociedad civil rica y mucho más avanzada que nuestro gobierno, han cimentado la recuperación de la iniciativa y el clima de remontada que impulsa hoy la candidatura del cambio político. Algunos interesadamente recomendaban a Podemos encerrarse en sí mismo y conformarse con la esquina izquierda del tablero. Nosotros siempre dijimos que construir una nueva voluntad popular era otra cosa.

La reacción defensiva del inmovilismo ha sido feroz y ha ido ganando en coordinación. Lógicamente ha hecho mella y logró dispersar o desorientar parte de las ganas de cambio. Es lógico, el adversario también juega y nadie podía no esperar una reacción proporcional a la oportunidad histórica abierta, en forma tanto de cierre y resistencia como de restauración “transformista”, que aspira a “robar” el lenguaje nuevo para oxigenar y mantener el orden viejo.

Y, sin embargo, hemos sido capaces de hacer que estas elecciones no sean una competición privada entre cárteles políticos, ni un mero recambio entre los partidos del turno. Las elecciones del 20 de diciembre ya son, para la gran mayoría, las del cambio de etapa. Los privilegiados han iniciado un cambio constitucional que aspira a fundar una sociedad más injusta, más disciplinada por el miedo a la precariedad y a la falta de oportunidades y con menos controles sobre los que mandan. Pero no tienen proyecto que ofrecer a la mayoría de nuestro país, han agotado una etapa histórica y todo el tiempo que ganen para prolongar la decadencia será tiempo perdido para actualizar el acuerdo de convivencia al país real que somos hoy, para modernizar y para cuidarnos como sociedad que no deja a nadie atrás. Con ese objetivo proponemos los cinco acuerdos como país que nos permitan ganar el futuro: el blindaje de los derechos sociales en la constitución y el suelo de gasto social con innovación económica y cambio de modelo productivo; la reforma de la justicia para liberarla de las tutelas del poder ejecutivo y hacerla efectivamente independiente de los vaivenes del poder; la democratización del sistema electoral; las garantías legales y medidas contra la corrupción y las tramas mafiosas que han secuestrado las instituciones; y el nuevo acuerdo territorial que necesita nuestro país para construir la convivencia desde el libre acuerdo y la diversidad.

Las epopeyas democráticas suceden cuando la gente sencilla decide, consciente tanto de su fuerza como de la decadencia los de arriba, tomar las riendas de su destino y garantizar sus condiciones de vida. En ello estamos.

"La presencia de mujeres en Podemos es una cuestión determinante e imprescindible, pero también creemos que si no se trabaja sobre las causas del problema, si trabajamos solamente sobre la foto final, corremos el riesgo de trabajar en balde", afirman los autores

La política en cierto modo es un arte de bisagras. La sociedad y las leyes no siempre están ajustadas las unas con la otra. Si el desajuste se estira más de lo debido, se intensifica la tarea de lo político y la gente reclama su voz con más fuerza. El arte, sin duda, respira en la misma atmósfera. Su obligación es volar muy alto y desafiar a la realidad desde el horizonte.

Nuestra generación, la que ahora se ha visto obligada a interesarse por lo político y a pelear las bisagras que hagan falta para recuperar la dignidad y la vida, crecimos con los libros de Almudena Grandes. Almudena nos ha enseñado –sigue haciéndolo– que la vida vale más allí donde el corazón es más grande que las palabras, donde el cuerpo puede más que las costumbres, donde la libertad molesta al reloj y al calendario. Que hay que desafiar a las cadenas, las de dentro y las de fuera, se vistan de lo que se vistan. Nos ha enseñado que cuando Pablo hace sombra a Lulú, ésta confunde la sombra con el deseo y el deseo con la sombra; que a Malena le cuesta la vida querer lo que es y que a Jose –María José– le atraviesa tanto el amor del nosotros que le falta amor de sí.

Tú tienes talento, pero no tienes ambición, Jose. Es lo que Marcos, en su mayor arranque de lucidez, confiesa a Jose. Te sobra talento, admiro tu talento, pero no tienes ambición. ¿Por qué Jose no tiene ambición? ¿Por qué no lucha por ser una pintora a la altura de los chicos que la rodean, esos que como Jaime, aunque no tengan talento, van sobrados de amor de sí, de ambición, de auto reconocimiento? ¿Qué consecuencias políticas esconde esto?

Nuestra generación tiene por delante una tarea colosal. Hemos tenido que elegir entre el exilio o el desierto. Pero desde hace un año, desde el exilio y desde el desierto, mucha gente de nuestra generación y de las demás ha decidido construir una herramienta para negar la mayor, para decir que hay una bisagra y que se puede desplazar. Esa herramienta, uno de cuyos nombres es Podemos, acaba de nacer y no le faltan retos por conquistar, problemas que resolver e inercias por contrarrestar, dentro y fuera. Uno de los problemas más graves que tenemos que resolver viene de lejos: a la hora de levantar la voz es por desgracia todavía frecuente que los hombres hablen más –no necesariamente mejor– que las mujeres. Ocurre en parte porque algunos hombres consideran que van sobrados de talento y capacidad, en parte porque algunas mujeres dudan –siempre más que ellos– de si su voz merece ser escuchada como la de sus compañeros. Exactamente igual que Jose duda de si su pincel merece ser tan tenido en cuenta como el de Marcos o el de Jaime.

Porque sabemos que no podemos confiar la realidad a esas inercias viejas y feas que todavía están ahí, porque somos muy conscientes de ellas, hacemos listas en cremallera y órganos paritarios para garantizar que se escuchan todas las voces por igual. Allí donde no cabe decidir una corrección, precisamente porque somos el partido más abiertamente democrático, precisamente porque decide la gente –y la gente está llena de Lulús y Pablos, de Malenas y Reinas, de Joses y Jaimes–, el resultado es el que todos conocemos: muchos más hombres que mujeres en los primeros puestos. No nos gusta, lo lamentamos, peleamos cada día por corregirlo. No nos vale la excusa de que nadie antes ha construido un partido en un solo año, con implantación territorial, con garantías y democracia interna, no nos vale. Y aunque este sea un punto de partida que tiene que ver con la realidad y sus inercias, no vamos a dejar que siga siendo así, que la realidad se imponga sobre la libertad, ni vamos a dejar de preguntarnos cómo podemos hacerlo mejor por nuestra parte. Por eso tomamos decisiones correctivas conscientes y vamos más allá. Entendemos que la presencia de mujeres en Podemos es una cuestión determinante e imprescindible, pero también creemos que si no se trabaja sobre las causas del problema –poniendo la atención en los obstáculos que siguen dificultando el acceso de las mujeres a los espacios públicos–, si trabajamos solamente sobre la foto final, corremos el riesgo de trabajar en balde. Desde el Área de Mujer e Igualdad presentamos un documento –Documento sobre la reorganización del sistema de cuidados, de Pazos y Medialdea– dirigido a señalar las raíces de esta desigualdad y a poner en el centro de la atención política un problema que no ignoramos, que nos importa y que queremos solucionar.

Aunque Almudena haya tomado nuestras palabras –la versión un tanto ambigua que de las mismas recogió un artículo de El País–, en las que describimos una situación para denunciarla, exactamente al revés, como si describiéramos una situación para defenderla, estamos seguros de que peleamos en la misma bisagra y en la misma dirección.