Vivimos tiempos excepcionales. De hecho, afrontamos un nuevo ciclo histórico, el Antropoceno, en el que la concatenación de crisis globales interrelacionadas ya está afectando a nuestras vidas. En ese marco, la COVID-19 constituye una extraordinaria tragedia, pero desgraciadamente no es ni será la única crisis del siglo y la emergencia climática y la destrucción medioambiental apuntan a escenarios de desestabilización de mayor alcance.

Un Green New Deal a la europea

La Agenda Verde Europea, impulsada por el liderazgo liberal/conservador de Von der Leyen, Merkel y Macron se reafirma en lo verde y se vuelve, por ahora, keynesiana, a partir de tres ideas centrales.

En primer lugar, se trata de una iniciativa que reconoce la emergencia provocada por la crisis ecosocial y asume la necesidad de introducir ciertos cambios en las lógicas socioeconómicas vigentes con el fin de alcanzar la descarbonización y rehabilitar los principales sistemas naturales antes de mediados de siglo.

En segundo lugar, la Agenda se concibe como una excelente oportunidad para ofrecer al capital y las empresas europeas los recursos y las orientaciones precisas para abrir un nuevo ciclo expansivo en torno a los modelos de negocio “verdes” y la modernización digital.

En tercer lugar, la versión de la Agenda se proyecta en clave de Green New Deal con un shock inversor billonario para los próximos seis/siete años, (unos 3,75 billones de euros sumando el programa Next Generation UE, el presupuesto plurianual de la Comisión y la acción de cobertura financiera del BCE) y reconoce la necesidad de evitar que el aumento de las desigualdades impulsadas por las recetas neoliberales en los últimos decenios acabe provocando el estallido de una profunda crisis social y política.

Y, sin embargo, más allá de la importancia del giro efectuado y las oportunidades que abre, también resulta imprescindible percibir sus dificultades. ¿Será posible articular “lo posible y lo necesario” en tan corto espacio de tiempo? ¿Qué contradicciones suscita una agenda diseñada a escala de las grandes empresas? ¿Cómo se gestionará una deuda mundial desbordante? ¿Será realmente posible revertir tendencias de fondo y avanzar hacia escenarios sociales más justos y democráticos? ¿Y si hubiera que cuestionar el paradigma del crecimiento ilimitado y apostar por una rápida adaptación a los límites biofísicos ya desbordados? En el futuro, habrá que ir desgranando estos y otros temas.

El plan "España Puede"

España inicia en estos días la presentación de su plan “España Puede”, nombre bajo el que gira el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en Bruselas. En él se concretan las directrices de la Agenda Verde Europea a uno de los países más frágiles del continente en términos COVID, ecológicos y socioeconómicos.

Coincidiendo con dramático repunte de la tercera ola de la pandemia y sus 50.000 muertes, el país se enfrenta a un panorama socioeconómico preocupante. Caídas del 11,6% de la economía (OCDE), cierres empresariales entre el 6% y el 10% (Banco de España), subida del paro hasta el 20,8% (FMI) y deuda pública del 119% del PIB (Gobierno). Jóvenes, desempleados, mujeres, mayores y minorías, pueden volver a ser las principales víctimas de una nueva recesión cuya recuperación podría aplazarse hasta 2024/2025.

Ecológicamente, España también es especialmente vulnerable por su posición, características geográficas y climáticas y su modelo económico. El trabajo de la Universidad de Leeds sobre los límites biofísicos que mantienen la vida actual en el planeta cifra que en España el 71% de los mismos ya desbordan los valores de referencia con extralimitaciones que van entre el 200% y el 600%.

Los rasgos clave del Plan "España Puede"

El Plan se presenta, como un proyecto de país para la modernización de la economía española, la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, para la reconstrucción económica sólida, inclusiva y resiliente tras la crisis de la COVID y para responder a los retos de la próxima década. Su programa se asienta sobre un aumento excepcional de la inversión pública en el período 2021-2026 (basado principalmente en los 140.000 millones de euros del programa Next Generation UE) complementado por un importante volumen de inversión privada, lo que permitiría aumentar el potencial de la economía española por encima del 2% PIB (Plan España Puede. Presidencia del Gobierno. Octubre 2020).

Además, los Presupuestos Generales del Estado del 2021 se benefician de 27.000 millones procedentes de los programas europeos, lo que permite elevar el “techo del gasto” hasta 196.097 euros, un 53% mayor que el previsto para 2020. Una visión global sobre las intenciones del Gobierno en torno al Plan España Puede, podría sintetizarse en torno a una apreciación sobre sus potenciales fortalezas e interrogantes.

Sobre las primeras, más allá de su ambición para cumplir con los objetivos planteados, hay que destacar la voluntad de mantener políticas públicas de creación de empleo (800.000 empleos en tres años) y de protección de las poblaciones más vulnerables resistiendo las presiones de las instituciones europeas en tema clave como las pensiones y la regulación laboral; la puesta en marcha de un potente entramado político, jurídico y económico para abordar con solvencia el binomio energía/clima; el deseo de multiplicar la potencia científica, formativa y técnica del país; y la capacidad de aumentar significativamente la inversión pública en el próximo decenio.

Con relación a los interrogantes, cabe plantear dudas sobre la posibilidad real de compatibilizar la inmediata expansión económica y su urgente transformación para conseguir la drástica reducción de la huella climática y ambiental; la insuficiencia de los objetivos de descarbonización y restauración ambiental a 2030; la dificultad de coordinación entre las AAPP y de estas con un sector privado configurado por poderosos entramados empresariales; y la escasa atención prestada a impulsar la involucración de la ciudadanía en todo el proceso.

Ante la emergencia excepcional, priorizar la compatibilidad con los límites vitales

En un marco de choque entre las lógicas de desarrollo vigentes y los límites biofísicos del planeta, luchar contra la pandemia, crear actividad y empleo y avanzar rápidamente, a la vez, hacia una economía compatible con los límites de la biosfera, constituye una tarea titánica, máxime si además hay que hacerlo en dos o tres décadas. Más allá del inmediato fortalecimiento de los servicios públicos, muy especialmente los sanitarios en todos sus niveles y a la altura del reto COVID, resulta esencial garantizar la concreción de una serie de líneas de acción que permitan avanzar rápidamente hacia una compatibilidad del sistema socioeconómico español con los límites biofísicos generales y del país:

Para empezar, habría que llevar a cabo una amplia campaña pública de información, debate y toma de posición que llegue a toda la sociedad y auspicie su cooperación activa con las transformaciones a abordar. En España esa iniciativa no ha tenido lugar y sin esa implicación será imposible llevar a cabo transformaciones reales. Como referencia cabe recordar como en Francia ha tenido lugar el llamado “debate del siglo”, la creación de una Convención Ciudadana y la propuesta de Macron de realizar un referéndum para abordar una reforma de la Constitución al respecto.

Para continuar, habría que garantizar la concreción de una serie de líneas de acción que permitan avanzar rápidamente, en un par de décadas, en ciertos temas clave:

Finalmente, tales requerimientos solo podrían alcanzarse en el marco de un pacto político y social en torno a estrategias de emergencia ecosocial que dote a las instituciones democráticas de las competencias, instrumentos y recursos financieros y fiscales necesarios.

Las temáticas expuestas, frente a las lógicas de crecimiento ilimitado de acumulación de capital y de consumo, tienden a priorizar la rápida adaptación a los límites de la biosfera y apuntan hacia una sociedad más sencilla, sobria y menos dependiente de las logísticas globales indiscriminadas. Sin embargo, todo apunta a la dificultad actual de alcanzar un amplio pacto social en torno a las emergencias ecosociales que reformulen las prioridades y estilos de vida actuales. Para que ello fuera viable harían falta mucha más información sobre lo que está en juego, transparencia sobre la evolución de los acontecimientos, capacidad de cuestionar la bondad/viabilidad de la sociedad de consumo y de descubrir nuevos valores y sentidos de vida, una ciudadanía potente y proactiva, y una profunda regeneración de la política.

El mes de Julio ha sido el más caluroso desde que existen registros climáticos, confirmando los últimos informes científicos: la crisis ecológica y climática se recrudece y es imprescindible impulsar cambios rápidos y profundos para tratar de evitar, si aún estamos a tiempo, los peores escenarios de una desestabilización global de los sistemas vitales del planeta.

Conscientes de la gravedad de la situación, más de cien organizaciones en España, agrupadas en Alianza Climática, han decidido sumarse a la Huelga Mundial por el Clima del 27 de septiembre para reclamar la Declaración del Estado de Emergencia Climática. Pero, a pesar de que la presión social está creciendo en todas partes, hay que reconocer que, hasta la fecha, los compromisos institucionales, más allá de su interés simbólico, no están ofreciendo respuestas a la altura de los desafíos planteados. Tres referencias al respecto.

En primer lugar, las declaraciones de emergencia deberían interpretarse como el último recurso para adoptar medidas excepcionales con las que hacer frente a una amenaza de catástrofe existencial, un auténtico ecocidio impulsado por la crisis climática y de la biodiversidad. Y, sin embargo, como se insiste desde el mundo científico, las respuestas siguen sin mostrar la contundencia necesaria para hacer frente a la situación.

En segundo lugar, hay que reconocer la relación existente entre el clima, la energía y una economía basada en la acumulación de capital y el consumo ilimitados, ya que los procesos de calentamiento global se relacionan con el desbordamiento de los límites biofísicos de un planeta finito y la correspondiente quema de combustibles fósiles que, además de acercarse a su declive productivo, no pueden ser sustituidos “a la par” por energías renovables. Sin embargo, el relato dominante sigue manteniendo la quimera de que los avances técnico-científicos permitirán compatibilizar los paradigmas del crecimiento ilimitado con los objetivos de “cero emisiones” climáticas y la salvaguardia de la biodiversidad.

En tercer lugar, hay que explicitar las desigualdades, inter-vivos y con las generaciones futuras, sobre la apropiación de márgenes vitales crecientemente desbordados (por ejemplo, la emisión de carbono en la atmósfera) y que tales situaciones no se van a poder resolver igualando “por arriba” la huella ecológica de todas las personas. Por ello la implementación de un marco legal sobre “límites admisibles” y una potente fiscalidad al carbono tienen todo el sentido para luchar contra tal desbordamiento, recaudar fondos imprescindibles y por principios elementales de justicia climática.

España es especialmente sensible al cambio climático. Sus emisiones de gases de efecto invernadero han sido las más altas de la Unión Europea entre 1990 y 2014, tiene una fuerte dependencia de combustibles fósiles mayoritariamente procedentes del exterior, a la vez que sus características geográficas la convierten en uno de los países climáticamente más vulnerables del continente. Por todo ello, la Declaración del Estado de Emergencia Climática constituye una excelente oportunidad para tomar en consideración una serie de cuestiones clave:

Plena descarbonización en el horizonte 2040/50. Ese objetivo requiere una “transición fuerte” que contemple la reducción de la demanda energética (en torno al 50/60%) y la generalización de energías renovables a través de la progresiva electrificación de las redes y la potenciación de los recursos locales (viento, agua, geotermia, biocombustibles, etc.). Lógicamente, la aplicación de tales criterios debería proyectarse prioritariamente sobre los complejos empresariales, instituciones y ciudades con mayor carga energética/climática, lo que permitiría conseguir resultados significativos en poco tiempo.

Adaptación al cambio climático antes de mediados de siglo. La trascendencia de los efectos del cambio climático sobre amplias zonas de la Península requiere culminar urgentemente el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático para anticiparse al aumento de eventos extremos, a las alteraciones en los sistemas de montaña, los bosques, el agua, el suelo, muy especialmente el litoral o a la creciente desertización y pérdida de biodiversidad y calidad edafológica de partes importante del territorio. El país debería finalizar la elaboración de los programas de territoriales y sectoriales clave en el próximo quinquenio.

Relaciones sostenibles en entornos territoriales integrados. La desconexión con la naturaleza ha transformado las ciudades en auténticos sumideros de energía y todo tipo de recursos, cada vez más aisladas de unos entornos territoriales degradados a meros lugares de extracción, monocultivo y vertido. Ante un futuro en el que la energía será escasa y cara y el cambio climático una realidad inevitable, es necesario recuperar conceptos como biorregión y resiliencia, a partir de los cuales el mundo rural, las ciudades y los entornos naturales/litorales configuren sistemas de convivencia ecosocialmente equilibrados en los que la adaptación al cambio, la proximidad y la circularidad cobren pleno sentido. 

Futuro alternativo para los más afectados. Inevitablemente, el binomio crisis/transiciones va a generar profundas transformaciones en diversos sectores y territorios en los que será imprescindible desplegar proyectos de reintegración socioeconómica. Además de las inversiones y empleo relacionados con la transición energética (más de 236.000 millones de euros de inversión y de 300.000 empleos (2021/2030) según estimaciones oficiales) lo cierto es que en torno a conceptos tales como la biomímesis, la adaptación a la biocapacidad, las energías renovables, la agroecología y el cambio de dietas, la optimización de los recursos/servicios ambientales, la preservación de la fertilidad del suelo, la reforestación, las biorregiones y las ecociudades, se abre un nuevo mundo de oportunidades que han de ser formuladas y procesadas con urgencia.

Marco sociopolítico para afrontar las transiciones. Esta cuestión suele constituir la asignatura pendiente de las estrategias que fracasan por no asimilar que las transiciones ecosociales requieren cambios profundos que afectan a nuestras lógicas de vida y necesitan poner en pie nuevos acuerdos sociales. A partir de una sociedad bien informada sobre la situación, se apuntan cuatro temáticas clave a abordar: 1) la organización de redes capaces de articular iniciativas, desde la Presidencia del Gobierno hasta las redes locales descentralizadas; 2) la disposición de competencias suficientes para implementar líneas de acción en entidades de alto impacto energético y climático (por ejemplo, la cadena energía/clima como sector estratégico); 3) la instrumentación de sistemas presupuestarios, fiscales y financieros capaces de movilizar recursos extraordinarios en costes y plazos adecuados; y 4) la generación de procedimientos que garanticen que las transiciones se acometen desde principios de democracia, transparencia, justicia solidaria y bajo la tutela de instituciones públicas garantes del bien común.

Cometeríamos un grave error si minusvaloráramos la dimensión de los cambios que comporta afrontar la emergencia climática o si consideráramos que su instrumentación puede resolverse legislando desde “arriba”. Por el contrario, la experiencia apunta a que tales desafíos solo se podrán abordar en toda su amplitud si mayorías sociales bien informadas llegan a asumirlo como un auténtico Reto/Proyecto de País propio y lo proyectan en un amplio Acuerdo Político, Social y Territorial para avanzar hacia una sociedad más justa y compatible con los límites ecológicos del planeta. Hoy, tal aspiración parece una quimera, pero no debe de subestimarse la energía liberada por el avance de la propia crisis y la vitalidad con la que movimientos como el feminismo, el ecologismo o los derechos humanos (también los de “los otros” y los de las próximas generaciones) están desplegando nuevos referentes y horizontes de un futuro en el que, aunque nos resistamos a reconocerlo, nos estamos jugando la vida tal y como la conocemos.

El Reloj del Apocalipsis creado por el Boletín de Científicos Atómicos durante la Guerra Fría para avisar a la humanidad del riesgo de autoexterminarse, muestra desde los años cincuenta los minutos que nos quedan hasta la medianoche, es decir, el fin del mundo. Y en toda su historia nunca había llegado a marcar las 23:58, como ha ocurrido en su evaluación más reciente. Un reloj cuya vocación es actuar como un despertador de las conciencias sociales y políticas, pero cuya tarea se ha tornado infructuosa, ya que resulta imposible levantar a alguien que se hace el dormido.

Hoy disponemos de un consenso científico, avalado por diversos organismos internacionales, de que nuestras sociedades encaran una crisis civilizatoria (colapso climático, pérdida biodiversidad, contaminación, crisis energética, desigualdad social, crisis de cuidados…) que garantiza que los escenarios futuros serán ecológicamente muy adversos y se verán comprometidas las bases materiales que sostienen la vida. Vivimos un periodo que debería ser de emergencia, pues en función de las grandes decisiones que se tomen sobre las temáticas clave en estos años, se condicionarán de forma irreversible los contextos en los que seguir tomando decisiones.

Mañana no va a ser una continuidad del presente, no va a haber progreso ilimitado, no hay final feliz garantizado. Y sin embargo padecemos una imprudente falta de liderazgo institucional, un desinterés que ha dejado en manos de la sociedad civil la responsabilidad de que estas cuestiones no terminen subordinadas en la esfera pública. Ante esta orfandad, en distintos lugares del mundo confluencias de movimientos sociales vienen construyendo a nivel local el esbozo de una agenda para la transición ecosocial, trabajando en la elaboración consensuada de programas sin partido, como dice Naomi Klein.

En nuestro contexto y al calor del 15M, el municipalismo emergió como un actor privilegiado para la innovación y la experimentación, para solucionar problemas y problematizar soluciones; asumiendo que las políticas públicas locales son determinantes a la hora de acelerar, acompañar, consolidar o bloquear las imprescindibles dinámicas de cambio. Y es que fruto de este impulso, estos años de forma sincrónica, acelerada y en el conjunto del territorio, se está desarrollando una nueva generación de políticas públicas municipales; afectando a las agendas, los procedimientos, las alianzas, los conflictos o los relatos.

Desde el Foro de Transiciones, un espacio interdisciplinar donde confluyen personas de distintas sensibilidades del ecologismo, con la vocación de elaborar análisis y propuestas, nos decidimos a realizar un balance riguroso del impacto de las políticas municipalistas desde la óptica de las transiciones ecosociales. Durante un año hemos investigado diez temáticas clave en siete grandes ciudades, asumiendo, como afirmaba el novelista británico Samuel Butler, que la vida es el arte de sacar conclusiones suficientes a partir de datos insuficientes.

El resultado es Ciudades en movimiento, una publicación de libre acceso donde se describen y valoran más de doscientas políticas públicas, se profundiza en algunas de las más significativas, y se indican los avances y contradicciones que se han dado. Resumiendo de forma muy sintética, los avances tendrían que ver con cuestiones como la participación ciudadana (normativas, procedimientos, herramientas web, cooperación público social, gestión ciudadana de espacios y equipamientos…), la ampliación de la agenda municipalista con nuevas temáticas (feminismos, cuidados, economía social y solidaria, políticas urbanas alimentarias...) y una marcada sensibilidad social (presupuestos más sociales, fortalecimiento de los servicios públicos, planes y oficinas de derecho a la vivienda, pobreza energética, planes para intervenir en barrios vulnerables y reequilibrar la ciudad, reorganización de los servicios sociales…).

Pero también se alumbran los grandes vacíos en cuanto a la incorporación de forma consistente y coherente de las cuestiones ecológicas. La crisis ecosocial se encuentra en la periferia de la agenda municipalista, su nivel de prioridad comunicativa es bajo y, aquí aparece el principal problema, su enmarcado elude tanto la gravedad de la situación como la urgencia temporal para lograr cambios significativos. El impacto de las políticas ambientales en marcha sigue siendo tremendamente insuficiente ante las exigencias biofísicas, de reducción de la huella ecológica o de emisiones; si miramos atrás, a los años noventa, cuando arrancaron las primeras Agendas 21, los planes de movilidad o de eficiencia energética, que serían algunas de las de más largo recorrido, es evidente el tiempo perdido. Y lo que es más preocupante, la normalización y desactivación de la dimensión transformadora de las políticas ambientales, reducidas a iniciativas sectoriales, en un modelo urbano que en sus raíces más profundas no ha cambiado.

Ante la alta vulnerabilidad de las ciudades en los escenarios futuros y la ausencia de estas cuestiones en los debates políticos, consideramos que este periodo preelectoral es una coyuntura ideal para que los debates ecosociales entren en escena. Esto nos lleva a plantear cinco líneas de debate que consideramos estratégicas para pensar sobre nuestras ciudades:

-Sin asumir la prioridad de la agenda social no resulta factible el despliegue de una agenda ecologista. El problema que apuntamos es la desconexión entre muchas políticas sociales y su potencial para reforzar simultáneamente un necesario cambio de modelo productivo y de estilos de vida, o, como mínimo, de hacer pedagogía sobre cuestiones ecosociales. Elementos de oportunidad serían la reconversión del sector de la edificación y la rehabilitación, el vínculo entre pobreza energética y transición hacia sistemas renovables como permiten empresas públicas como Barcelona Energía, planes de empleo centrados en economía verde o políticas alimentarias que aúnan el fomento de la agroecología con avances en el derecho a la alimentación.

-El modelo económico condiciona el modelo de ciudad, por lo que imaginar una ciudad que transite hacia la sostenibilidad y la justicia social resulta indisociable de reformular las prioridades de la economía convencional en el entorno urbano. Frente a las lógicas extractivas y la competencia por atraer inversiones internacionales o turismo, la acogida de megaeventos o la hiperespecialización productiva en el sector servicios, que imponen una inercia difícil de revertir; hay que desfinanciarizar, democratizar y diversificar las economías urbanas. La economía social y solidaria, apoyada por diversos municipios, simbolizaría esa apuesta por satisfacer necesidades sociales, generar empleo local, apoyar a los grupos sociales más vulnerables, atender a los cuidados y la reproducción social, así como mantener compromisos ecológicos fuertes, que permitan avanzar hacia un metabolismo social más territorializado.

-Conseguir resultados distintos exige hacer cosas diferentes, pero la innovación y el experimentalismo urbanístico en cuestiones de sostenibilidad ambiental ha sido bastante reducido. Aunque ha habido cuestiones como las supermanzanas de Barcelona, Madrid Central o la Manzana Verde de Málaga; el balance que realizamos es que se ha arriesgado poco, incluso a la hora de lanzar proyectos piloto que fueran suficientemente ambiciosos como para generar aprendizajes relevantes.

-Las cuestiones ambientales se han incorporado a la retórica, pero ninguna de las ciudades analizadas ha elaborado un relato consistente sobre las implicaciones y la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos. El municipalismo ha renunciado a pensar un modelo alternativo de ciudad, ha desistido de socializar una imagen y una narrativa sobre las transiciones ecosociales. No hay un horizonte de futuro compartido, una explicación capaz de ofrecer una visión de conjunto sobre la ciudad que trascienda a los proyectos concretos o sectoriales, que permita dotar de mayor sentido a las estrategias de transformación que se van implementando. Ecologizar el derecho a la ciudad exige narrativas que sean realistas y a la vez ilusionantes, recuperando un cierto impulso utópico en la acción social e institucional. Un impulso arraigado en experiencias y políticas públicas que muestren soluciones existentes, creíbles y en las que la ciudadanía pueda verse comprometida; de forma que se modifiquen los estilos de vida y se aumente la resiliencia social.

-La necesidad de un municipalismo no localista, la biorregión debe ser la unidad de complejidad mínima para concebir las transiciones. La ciudad no puede ser el único objeto y objetivo de la reorganización, pues nos limita a pensar desde un localismo miope y reduccionista, que se convierte en una trampa. El concepto de biorregión nos invita a considerar como escala mínima de intervención el espacio singular delimitado por características geográficas, ecológicas y sociales en el que se producen los procesos que permiten el desarrollo en una relación de equilibrio y colaboración de la ciudad con su medio. Una escala adecuada para repensar la autonomía energética, alimentaria y económica, y la adaptación ecológica de las actividades productivas, rompiendo la separación conceptual entre espacios rurales y urbanos, redescubriendo sus relaciones de interdependencia. Una nueva forma de concebir y gobernar el territorio desde lógicas de gobernanza de proximidad en términos físicos, sociales e identitarios.

En su carta de amor a las ciudades invisibles, Italo Calvino hablaba de Octavia, una ciudad construida en un precipicio entre dos montañas y sostenida por una red. Suspendida sobre el abismo su futuro es menos incierto que el de otras ciudades, pues es consciente de las limitaciones y de la resistencia de su red; su fragilidad es su fortaleza. El esfuerzo invertido en Ciudades en movimiento pretende abrir un diálogo entre ciudades y ciudadanías para reflexionar sobre el abismo que compartimos, y sobre qué debemos hacer para fortalecer las redes que nos atan a una vida buena y perdurable en el tiempo.

Cualquier proyecto de reequilibrio ecológico pasa por la acción proactiva de ciudades y ciudadanías

Todo apunta a que las elecciones de este año constituyen un paso significativo en la gestación de un nuevo ciclo político que se inauguró con el 15-M de 2011. La voracidad de las elites económicas y la torpeza de los políticos al romper el pacto social ha activado energías ciudadanas muy potentes que parecen dispuestas a “tomar las instituciones” para cambiar un escenario marcado por la descomposición democrática, la corrupción económica y el aumento de la desigualdad.

Las ciudadanías movilizadas, a partir de nuevas fuerzas políticas y plataformas electorales como Podemos, Ciudadanos, Barcelona en Comú, Ahora Madrid y otras, apuestan hoy claramente por la regeneración política y la recuperación del bienestar social en torno a la satisfacción pública de las necesidades básicas, cuestiones sobre las que centran con fuerza su ofensiva electoral. Sus programas, sin embargo, son más débiles a la hora de cuestionar las lógicas socioeconómicas y de plantear el desbordamiento general de los ecosistemas que soportan la vida y, muy especialmente, en lo referente al binomio energía-cambio climático.

Centrándonos en la crisis ecológica y su impacto para la humanidad, lo cierto es que los mensajes de las instituciones científicas más reconocidas urgen a afrontar el tema con decisión: en 2011, veinticinco Premios Nobel advertían en Estocolmo que “estamos transgrediendo los límites planetarios… y que el tiempo para las dilaciones ha terminado”, y los expertos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas reafirmaban el año pasado, en su Quinto Informe de Evaluación, que “la contención del cambio climático pasa por un giro copernicano a nivel tecnológico, institucional y humano de inicio inmediato”.

En Europa, el mensaje es el mismo: la Agencia Europea de Medioambiente insistía hace unas semanas en que “la UE va a necesitar políticas nuevas y mucho más ambiciosas si quiere conseguir sus objetivos medioambientales en 2050”; y en nuestro país, siete mil académicos, científicos, profesionales y ciudadanos firmaban el manifiesto “Última llamada” para reclamar la necesidad de actuar de forma decisiva e inmediata.

Por otra parte, el último número de la Revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global dedicado a municipios y participación ciudadana, insiste en sus páginas en que cualquier proyecto de reequilibrio ecológico pasa por la acción proactiva de ciudades y ciudadanías. Por tanto, surgen preguntas que no podemos evitar. ¿No sería más oportuno aprovechar las próximas elecciones para empezar a reconstruir una cultura política capaz de afrontar el conjunto de los retos, incluido el ecológico, que el próximo futuro depara al país? El hecho cierto de que la sociedad española, desinformada al respecto, no considera prioritaria esta cuestión, ¿justifica que se eluda la crisis global ecológica del debate electoral?

Es más, ¿acaso no se trata de una problemática que, bien enmarcada, sería capaz de movilizar a mayorías sociales, tal y como se manifestaba en diversas ciudades del mundo en septiembre del año pasado en torno al cambio climático? Si la hoja de ruta de la Agencia Europea de Medio Ambiente propone más de 10 billones de euros en los próximos decenios para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, con la correspondiente creación de puestos de trabajo, ¿no es un tema clave e incluso una oportunidad para afrontar la actual situación de crisis?

Más allá del drama de fondo, deberíamos ser conscientes de que afrontamos un auténtico cambio de época, convertir las amenazas reales en desafíos y oportunidades, y ser capaces de convocar a la ciudadanía a reconstruir un pacto social de mayorías para abordar un ambicioso proyecto de renacimiento, a nivel nacional y europeo, en torno a una sociedad más democrática, sobria, solidaria, justa y ecológicamente sostenible.

Tal y como recordaba hace unos días la exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, formamos parte de las primeras generaciones que hemos comprendido la extraordinaria dimensión del reto ecológico, y todo indica que podemos ser la última que tiene la posibilidad de afrontarlo para evitar un auténtico drama humano. Seamos conscientes del momento que nos ha tocado vivir y dejemos de mirar hacia otro lado cuando pensamos y decidimos sobre nuestras ciudades y pueblos.