El panorama desolador de ceniza y malpaís que ha dejado la erupción del Jedey o el Tajogaite -como queramos llamarle- ha hecho que afloren clamores unánimes en la sociedad palmera; sobre todo, la necesidad de financiación para reconstruir La Palma. Sin embargo, aunque nuestros representantes políticos, de todos los colores, han hecho un trabajo ímprobo en la búsqueda de recursos y atender la emergencia volcánica, no parece que hayan puesto igual empeño en buscar la finalidad de los paquetes económicos que está recibiendo y recibirá La Palma en las próximas fechas. En otras palabras, conocemos qué queremos reconstruir, pero ¿sabemos cómo lo queremos reconstruir?

Las declaraciones al respecto en los últimos meses han sido muy imprecisas, al igual que contradictorias: en un primer momento, José Antonio Valbuena, consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, afirmaba que “no habrá límites legales para la reconstrucción en La Palma”, añadiendo que “lo importante son las personas y lo último los ecosistemas o el medio ambiente”. El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, aseguró también que “el suelo invadido por la lava no será protegido”, si bien en los últimos días ha reconocido que la reconstrucción “al hacerse con criterios de sostenibilidad puede ser una oportunidad para la isla de La Palma”. Otros cargos públicos han ido más a lo concreto, como el director general de Coordinación y Apoyo a la Vicepresidencia del Gobierno autonómico, Miguel Ángel Pulido, que ha propuesto una nueva sorriba “tal como ocurrió en los años 60 y 70 del siglo pasado” con una “aportación de tierra vegetal procedente de los montes de la isla”.

Ahora bien, con la erupción ya terminada es necesario un debate sereno que huya de este tipo de premisas electoralistas y oportunistas.

En primer lugar, los atractivos de La Palma están ahí gracias a los límites legales que la han protegido de tropelías públicas y privadas: tenemos un cielo inmejorable gracias a la Ley de Protección de la Calidad Astronómica y todo de lo que ella ha derivado, un Parque Nacional que mediante diversos textos legislativos imprime un régimen de protección especial, no sólo en ese espacio, sino también en otros aledaños; una red de senderos envidiable que recorre multitud de paisajes en la naturaleza privilegiada de La Palma gracias a los Parques Naturales que hay declarados en nuestra isla como el de Cumbre Vieja o Monumentos Naturales, como los Volcanes de Teneguía o el Tubo Volcánico Cueva de Las Palomas. Todo ello se ha podido conservar gracias a estos denostados límites legales.

En segundo lugar, no parece que el modelo a seguir sea el de hace más de seis décadas y traslademos a parte de la población un mensaje que infunda falsas esperanzas y, por ende, frustración. ¿Extraer áridos en las cumbres de La Palma a imagen y semejanza de las extracciones realizadas para las coladas del San Juan? No parece que sea posible a esta escala: no solo es que hayan cambiado las sensibilidades ciudadanas con respecto a los del pasado siglo -que ya es decir-, es que La Palma fue declarada en su totalidad Reserva Mundial de la Biosfera en el año 2002; y, además, más de la mitad del territorio insular se encuentra integrada en la red europea Red Natura 2000 y en un porcentaje aún mayor nos encontramos con otras figuras de protección ambiental. ¿Daremos solución a un problema generando otro aún mayor teniendo en cuenta las cantidades inmensas de material para cubrir un metro cuadrado de superficie?

Llegados a este punto, mientras el proceso geológico sigue desarrollándose con la desgasificación y el enfriamiento de las coladas, estamos perdiendo un tiempo precioso para pensar cómo revivir La Palma: no se trata de reconstruir una carretera allí y otra allá, reconfigurar el uso agrícola o intentar devolver todo a su estado previo preeruptivo, ni tan siquiera se limita a Revivir el Valle de Aridane. La erupción volcánica ha afectado de forma muy importante al modelo agrícola insular, a la planta hotelera y turística palmera y, en definitiva, a La Palma tal y como la conocíamos, con barrios sepultados bajo la lava. El calibre del problema excede con creces ya no sólo al ámbito geográfico del Valle sino también a los propios gestores concretos que están lidiando con un problema que sin duda marcará e influirá mucho más allá de este mandato.

Por todo ello sería deseable que La Palma inicie un profundo debate para generar, entre partidos políticos, sociedad civil y ciudadanía, un proyecto a largo plazo que dé solución a los problemas que la erupción ha generado y que no solo se circunscriban a parchear un área concreta: fortalecer y ampliar los núcleos turísticos ya existentes, como pueden ser Puerto Naos y Los Cancajos, para restaurar el número de camas; proteger y adaptar los nuevos paisajes volcánicos, tanto terrestres como marinos, que han tenido un escaparate mundial como atracción turística; dar solución a los problemas de vivienda creando nuevos núcleos de población o acrecentando los existentes, entre otras muchas posibles ideas.

El Cabildo Insular tiene herramientas más que eficaces para poder pilotar este proceso participativo conjuntamente con los ayuntamientos y el Gobierno de Canarias, ya no sólo con la aprobación de un nuevo Plan Insular de Ordenación y con otras herramientas de planificación municipal, sino también ejerciendo la potestad de iniciativa legislativa que tiene la Corporación insular en el Parlamento de Canarias con una Ley de Reconstrucción, que vaya mucho más allá de los parches de la legislación de urgencia, que sirva para relanzar la economía insular y  también como modelo de futuros procesos eruptivos en las islas. Una Ley que permita la participación de la ciudadanía palmera, plataformas de afectados, asociaciones y grupos políticos que posteriormente se pueda abrir a toda Canarias en el Parlamento. Una iniciativa que posibilitaría asentar las bases de una reconstrucción -que no una reposición- del nuevo territorio y el relanzamiento del resto de La Palma, independientemente de los vaivenes gubernamentales y de los próximos períodos electorales.

En definitiva, La Palma merece un debate sosegado y realista en el cual aprovechemos las oportunidades que nos deja la erupción, demos solución a los problemas creados, maximicemos los beneficios de los fondos de reconstrucción y pensemos, sobre todo, en que el legado posteruptivo es nuestro legado, aquel en el que podemos actuar e influir frente a la herencia que nos deja el volcán.

*Víctor Bethencourt Rodríguez es investigador predoctoral en Derecho Administrativo en la Universidad de Valencia (victor.bethencourt@uv.es)

Nacer en un territorio fragmentado, viviendo a más de 900 kilómetros del territorio peninsular no es un capricho; moverse en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos españoles tampoco.

La bonificación en los billetes de transporte para los residentes de Canarias no es un capricho, un privilegio ni tan siquiera un regalo. Muchos de estos calificativos los hemos podido leer muchos de nosotros en debates televisados o en redes sociales.

Parece que el ministro Ábalos también era partidario de esta idea cuando anunció que la nueva bonificación en los billetes no se podría llevar a cabo hasta el año 2019. ¿El motivo? Mientras que la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017 modificó directamente el importe de la bonificación, la nueva Ley de 2018 dispone en su disposición adicional centésima cuadragésima séptima que “Se autoriza al Gobierno para que durante el año 2018 y con vigencia indefinida, aumente el porcentaje de la bonificación” pasando a ser del 75%. Tal y como se ha visto no hacía falta llegar a 2019 para aplicar el descuento. Sólo era necesario una autorización del Gobierno y que además ésta fuera durante el año 2018. La mentira tiene patas cortas y por eso nunca llega lejos.

Dos lecciones podemos sacar de esto: la primera, es que parecería que los diferentes actores políticos intervinientes querían atribuirse el mérito electoral de llevar a cabo una medida muy necesaria y que tiene incidencia directa sobre los ciudadanos: Nueva Canarias que introdujo las enmiendas oportunas y jugó hábilmente con sus votos decisivos para sacar adelante los PGE; los diferentes Gobiernos autonómicos, que hasta entonces habían sido convidados de piedra; y finalmente, el nuevo Gobierno que aprovechó el caramelo que llegaba a la mesa del ministro de Fomento para intentar atribuirse una medalla que no era suya, con el consiguiente enfado de, sobre todo, los ciudadanos canarios y baleares.

El otro aspecto que deja claro este episodio es que un tema tan sensible no puede dejarse al arbitrio del juego de las mayorías parlamentarias del momento y de que el Gobierno de turno necesite de los votos de los nacionalistas. La Unión Europea ya tiene reconocido el archipiélago canario como Región Ultraperiférica (artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea). Tampoco se puede dejar a la intemperie de los intereses de los escasos agentes económicos que operan en el archipiélago. De hecho, la nueva Ley de Presupuestos dicta:

“[…] las autoridades competentes en materia de competencia velarán para que las compañías […] no establezcan pactos de colusión que incrementen los precios, pudiendo fijar al respecto, cuando razones imperiosas de interés general así lo aconsejen, precios máximos de referencia en aquellas líneas declaradas como obligación de servicio público”.

La posibilidad de fijar precios máximos que se abre con la Ley de Presupuestos Generales de 2018 puede ayudar a frenar las tarifas desorbitadas que, en muchas ocasiones, las islas que padecen la doble insularidad se ven obligadas a soportar. Sin embargo, esto no obsta a que repensemos el sistema: Baleares lleva tiempo solicitando una tarifa plana que evite las subidas injustificadas de precios, o, en otras palabras, que basándose en la obligación de servicio público de numerosas rutas aéreas se fijen también sus tarifas. Por otro lado, el colectivo de Canarias Sin Alas lleva tiempo solicitando una extensión del descuento a todos aquellos canarios y sus familias que por diferentes motivos han tenido que emigrar. Según datos del Censo Electoral de Españoles Residentes en el Extranjero (CERA) hay más de 115.000 canarios viviendo en el extranjero, otros tantos viven en otras partes del Estado y el coste del transporte en muchas ocasiones es prohibitivo para poder visitar su Comunidad Autónoma con la regularidad deseada.

En Canarias no hay trenes, no hay AVE, no hay carreteras con grandes distancias. Los únicos mecanismos de recorrer grandes distancias son el avión, y en menor medida, el barco. Nacer en un territorio fragmentado, viviendo a más de 900 kilómetros del territorio peninsular no es un capricho; moverse en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos españoles tampoco.

La brecha abierta en Cataluña tiene a largo plazo una posible solución en una reforma constitucional completa que ofrezca una alternativa a la dicotomía dentro/fuera en la que se está planteando el debate independentista.

La Constitución española está bajo un asedio nunca antes visto. Los derechos y libertades que en ella se recogen para garantizar un marco de convivencia pacífico llevan días cercenándose a pasos agigantados.

Los derechos fundamentales que vienen recogidos en nuestra Carta Magna no son otra cosa que límites a la actuación del poder sobre los ciudadanos, conquistas sobre la acción de los gobernantes resultantes de luchas y victorias progresivas de muchos hombres y mujeres. Sería ingenuo pensar que dichas conquistas son eternas y no requieren de defensa alguna para su mantenimiento y ampliación.

Una crisis siempre supone una excusa perfecta para poder mutilar poco a poco este sistema de libertades civiles. A modo de ejemplo de mayor a menor intensidad hemos podido ver estas amputaciones, en sistemas democráticos, en la crisis venezolana, el autogolpe de Erdogan en Turquía, en muchos países occidentales por la amenaza terrorista; y ahora, en España, gracias a la crisis que estamos viviendo por la cuestión catalana.

Por un lado, una mayoría del Parlament de Cataluña junto con la Generalitat, decidieron saltarse numerosos preceptos de nuestra Constitución española, entre ellos el artículo 9 que proclama la sujeción de ciudadanos y poderes públicos al ordenamiento jurídico o lo que es más grave, algunos derechos fundamentales como el de participación política en los asuntos públicos recogido en el artículo 23.

Por otro lado, algunos miembros del Poder Judicial y la Fiscalía, han atacado a su vez, algunos derechos, también fundamentales como son el de libertad de expresión (art. 20 CE) o el de libertad de reunión (art. 21 CE), no en Cataluña, sino en comunidades autónomas como Madrid o el País Vasco, en actos organizados en favor del derecho a decidir, amparándose en la providencia del Tribunal Constitucional que de lo único que advierte es de impedir “la preparación y/o la celebración del referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña” por lo que no parece que prohibir actos, conferencias o manifestaciones públicas no es algo que pueda interpretarse de los pronunciamientos del TC, y, mucho menos, cuando son expresiones del ejercicio de derechos constitucionalmente protegidos.

La brecha abierta en Cataluña, y que también empieza a resquebrajar parte del Estado, tiene a largo plazo una posible solución en una reforma constitucional completa que ofrezca una alternativa a la dicotomía dentro/fuera en la que se está planteando el debate independentista. Y a corto plazo, en una restauración del marco de convivencia y de diálogo iniciándose con el art. 155 CE que garantiza un debate democrático entre el Gobierno, grupos políticos, Comunidades Autónomas y Generalitat de Cataluña en el marco del Senado que restablezca el respeto al Estado de Derecho en todo el Estado en su conjunto. ¿No sería mejor que empiecen a cumplir la Constitución y las leyes aquéllos que quieren exigir su cumplimiento?

En definitiva, cuando los de Rivera y los de Antona hablan de bajar impuestos, va en contra del Estado de bienestar y su sostenimiento, no para ser escandinavos, sino para ser balcánicos.

Las bajadas de impuestos están de moda. La bajada del IRPF negociada por Ciudadanos a nivel nacional; y, la bajada del IGIC que ha puesto sobre la mesa el Partido Popular para un eventual pacto con Coalición Canaria para entrar en el Gobierno de Canarias.

España es uno de los países con una menor presión fiscal (37,9% sobre el PIB según datos de Eurostat) muy por debajo de la media de la Unión Europea (44,9%) e infinitamente distante de esos países modelo a los que muchos políticos citan como mantra: Finlandia, (54,2%) y Dinamarca (52,7%). Sólo superamos a países como Bulgaria (35,5%) o Rumanía (31,7%), entre otros.

Coincide irónicamente que dos partidos que, por un lado, centran gran parte de su dialéctica en nuestra convergencia con Europa; y en el uso de términos de «estabilidad», «seriedad», pero sin dejar en manos de los ciudadanos la toma de decisiones complejas, por el otro lado. Precisamente, este último motivo es una de las razones en las cuáles se apoya el sistema representativo, la existencia de unos ciudadanos con una mayor información para adoptar una u otra disposición, además de adoptar medidas negativas que los ciudadanos en su conjunto posiblemente no aceptarían.

Es, sin duda, una medida popular adornada con bonitas palabras de «alivio fiscal», «crecimiento económico», etc. Pero que entraña en su interior efectos perversos y que el CIS ya deja patente en una pregunta en una escala de 0 a 10 donde cero es «mejorar servicios públicos aunque haya que pagar más impuestos» y 10 «pagar menos impuestos aunque haya que reducir servicios públicos», oscilando la media desde 2008 entre el 4 y el 5.

Ciertamente, es mucho más fácil bajar los impuestos que subirlos y salir a explicarlo. Hacer pedagogía de una determinada política impopular siempre es costoso en términos de tiempo y esfuerzo y no garantizan para nada un beneficio político o electoral. Pero en un momento en el que los partidos están exigiendo una mejora del sistema educativo, mejora de las becas no universitarias y universitarias, una sanidad más eficiente reduciendo listas de espera, sacar a flote el hundido sistema de las pensiones, las prestaciones por desempleo, la mejora de carreteras y aeropuertos, las ayudas a sectores económicos sensibles, como la agricultura o el turismo, entre otras muchas cosas, no se entiende una bajada de impuestos.

La bajada de impuestos y la mejora de estos servicios públicos sólo se entiende, o bien con un reparto más justo de la carga tributaria, -no estando esta opción encima de la mesa por el momento-, o bien con la reducción del gasto, reducción que suele enmascarar privatizaciones y externalizaciones, muchas veces de servicios esenciales para los ciudadanos.

En definitiva, cuando los de Rivera y los de Antona hablan de bajar impuestos, va en contra del Estado de bienestar y su sostenimiento, no para ser escandinavos, sino para ser balcánicos.

Pactar un nuevo programa que nos saque de la ultraperificidad económica y política en la que vivimos no debería ser tarea difícil dejando atrás los intereses de partido.

Según los datos disponibles en Eurostat, la oficina estadística de la Comisión Europea, de las nueve Regiones Ultraperiféricas de la Unión Europea existentes en la actualidad, Canarias es la más poblada, la segunda más extensa, se encuentra por encima de la media en cuanto a PIB per capita, pero, sin embargo, es la que mayor índice de paro posee de todas ellas, además con muchísima diferencia de Reunión o Guadalupe, que ocupan el segundo y tercer puesto.

Ser Región Ultraperiférica de la Unión Europea nos ha concedido un trato especial en el ámbito comunitario y siempre se ha puesto como ejemplo de reconocimiento jurídico de las singularidades geográficas, sociales y económicas de las islas permitiendo, entre otras cosas, un trato fiscal diferenciado y prioridad en el acceso a los fondos comunitarios.

Este mismo trato se pretende que quede consagrado ahora en la próxima reforma constitucional, a petición sobre todo de los nacionalistas canarios, que lo repiten cual mantra, como si el acceso a tal reconocimiento jurídico por fin convertiría Canarias en una suerte de Jardín de las Hespérides, cuando realmente ya se ha venido dando un trato diferenciado a lo largo de nuestra democracia. La última vez que en el Congreso de los Diputados se oyeron tales exigencias fue en el debate sobre la admisión a trámite de la reforma del Estatuto de Canarias: «Y ahora nuestra ambición es que cuando se reforme la Constitución de este país esa condición de ultraperificidad esté en la nueva Constitución española“, reivindicaba Ana Oramas desde la tribuna el pasado mes de diciembre.

Con estas líneas no quiero oponerme en absoluto a que las singularidades de Canarias como territorio insular, fragmentado, con una evidente lejanía del territorio peninsular, y además, situadas en el entorno macaronésico con una biodiversidad envidiable que debe ser también objeto de protección, figure en la Carta Magna ya que supondría una garantía constitucional importante para el devenir de las islas. Sin embargo, dicha declaración no puede venderse como la solución a los problemas del Archipiélago.

Los datos de Eurostat son importantes y no conviene pasarlos por alto. ¿Por qué a otras Regiones Ultraperiféricas teniendo mucha menos riqueza y estando en una situación de desventaja mayor que nosotros tienen una tasa de empleo muchísimo menor que la de Canarias? Son muchas variables las que pueden barajarse como factores explicativos. Pero el sistema económico existente en el Archipiélago fuertemente vinculado al sistema político que ha venido imperando en los últimos años lastrando, por ejemplo, nuestra educación, puede ser un motivo más que plausible.

Aunque parezca que en nada tiene que ver, la Comisión de Reforma del Sistema Electoral Canario y los ponentes que han ido participando en las sesiones de esta última semana han puesto de manifiesto que el canario es de los sistemas electorales menos democráticos del mundo permitiendo un “secuestro” legal de la voluntad popular y el mantenimiento en el poder a las mismas élites capitaneadas por Coalición Canaria; pudiendo determinar en este punto que los proponentes de la solución del reconocimiento ultraperiférico son más bien parte del problema.

Actualmente, en el Parlamento canario hay una mayoría suficiente opositora que ponga remedio a una situación que viene dándose desde el año 1993 desde que Coalición Canaria alcanzó la Presidencia del Gobierno de Canarias. Pactar un nuevo programa que nos saque de la ultraperificidad económica y política en la que vivimos no debería ser tarea difícil dejando atrás los intereses de partido y manteniendo la mirada fija en mejorar unos datos terriblemente injustos para la ciudadanía canaria.

La historia del colectivo LGTBI es una sucesión de luchas contra la intolerancia, la opresión, la discriminación. Defendamos ese legado que inspiró y sigue inspirando a nuevos movimientos de defensa de los derechos civiles y ayudémosles diariamente y no durante cuatro días al año.

La política muchas veces versa sobre los sentimientos. No me refiero a los sentimientos identitarios que están a la orden del día en América y Europa, no. Hablamos en esta ocasión de cuando la política interacciona con el ámbito privado e íntimo de nuestra vida y que abarca nuestra relación social con los demás y con nosotros mismos, con sus derechos y obligaciones, y que afecta nuestra esfera personal y sentimental, es lo que el profesor Ken Plummer de la Universidad de Essex ha venido en denominar ciudadanía íntima. La política también versa sobre la gestión de los asuntos públicos y la solución de problemas sociales mediante las políticas públicas.

Lo cierto es que pareciera que el nuevamente actual Isla Bonita Love Festival tenía en parte algo de estos dos elementos: una política pública desarrollada para fomentar el respeto y la tolerancia entre la ciudadanía ante lo diverso, o al menos así lo parecía en las presentaciones iniciales, sobre todo por destacar como acto de importancia la I Convención política y social a favor del colectivo LGTBI de Canarias. A este acto se le añadió ocio, gastronomía, moda, música, etcétera. El resultado final es que lo accesorio se convirtió en lo principal; la moda, la artesanía, la música devoraron lo social y reivindicativo, un caso de capitalismo rosa (a pequeña escala) de manual, sólo hay que echar un vistazo a la importancia posterior en medios de comunicación y a la perspectiva de la ciudadanía: el Love Festival es una pasarela, unos conciertos, poco más.

Pasarela, conciertos y poco más que casi llegan a los 200.000 euros de inversión, generando déficits y quejas del sector empresarial que hasta hace dos meses habían visto sus facturas impagadas. Pero, ¿qué nos podemos esperar en nuestro país donde la megalomanía está a la orden del día? En España hacemos aeropuertos sin tener aviones y pretendemos hacer unas Olimpiadas dándole la espalda al deporte base. Lo mismo ha sucedido aquí, se ha pretendido hacer una oda a la tolerancia y la diversidad sin haber trabajado tales cosas.

Con tamaño presupuesto La Palma podría poner en marcha actividades, de las que está necesitada, vinculadas al respeto de la diversidad sexual, que ya se ponen en práctica en muchas otras Comunidades Autónomas y entidades locales con un bajo coste y muy buen impacto: programas formativos en Institutos de Educación Secundaria, apoyo a los ayuntamientos (desde los más grandes a los más pequeños) en la organización de actividades de ocio como ciclos de cine, apuesta por las bibliotecas municipales dotándoles de material adecuado, coloquios con referentes LGTBI que abarcan desde la política, la judicatura, al cine o al deporte, entre otras. Actividades con carácter estable que ayuden a la formación y sensibilización durante todo el año.

La historia del colectivo LGTBI es una sucesión de luchas contra la intolerancia, la opresión, la discriminación de lo diferente, lo nuevo o lo extraño. Defendamos ese legado que inspiró y sigue inspirando a nuevos movimientos de defensa de los derechos civiles y ayudémosles diariamente y no durante cuatro días al año.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma que alcanzó la lucha contra el poder ilimitado, hoy se revuelca en el caso de las supuestas multas desaparecidas en Alcaldía.

¿Existen mitos en torno a las ideas de Democracia y Constitución? A bote pronto podríamos afirmar que no. Incluso algún ávido lector podría llegar a afirmar que la misma idea de Constitución es contraria a leyendas, ensueños y quimeras; surgida en una etapa en la que se pretende limitar y racionalizar el poder absoluto que se legitimaba a través de la historia, la tradición y epopeyas nacionales.

Lo cierto es que el hombre necesita muchas veces recurrir a grandes fantasías, ensalzar algunos grandes hechos de nuestra historia y desvirtuarlos poco a poco para transmitir un mensaje determinado que ayude a justificar algún tipo de fin determinado: la unidad nacional y cohesión de una comunidad o el reforzamiento de un postulado político pueden ser algunas muestras de ello. Pongamos tres ejemplos sin una aparente relación entre sí, de ámbitos y épocas muy diferentes: la Atenas clásica, cuna de la democracia; la Constitución de Cádiz de 1812, “faro de constitucionalistas” como se la ha llegado a llamar; y, por último, llegando a nuestro ámbito más inmediato, el pleito de los Regidores Perpetuos, que desembocó en el título del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma como el primero democrático de España.

Examinemos cada uno de estos eventos peculiares. La democracia ateniense suele estar en boca de políticos, periodistas y cualquier ciudadano que quiere invocar una democracia sin impurezas, una democracia verdadera y de una calidad intachable. Una democracia directa en la que todos los ciudadanos atenienses podían debatir y votar cualquier elemento de la vida de la polis. Ahora bien, basta con coger un libro, cualquiera, en la que veremos que esto no es así: sólo unos pocos eran los afortunados ciudadanos que poseían algún tipo de derecho político; ni las mujeres, ni los jóvenes, ni los extranjeros, ni tampoco los esclavos. La elección de los cargos públicos, además, era habitualmente realizada por sorteo. Ciertamente, viendo la democracia ateniense bajo los principios del siglo XXI no nos parecería una democracia tan avanzada como muchos piensan (seguramente, los atenienses pensarían lo mismo de la democracia representativa occidental).

En segundo lugar, la Constitución de Cádiz, La Pepa, a la que se han dedicado toda clase de actos de homenaje como primera Constitución española que dotó a nuestro país de un marco de derechos y libertades. La misma ha recibido diferentes calificativos pero siempre se ha recalcando que fue la primera que como Constitución liberal, trajo libertad y progreso al pueblo español. Muchos incluso de los que hablan de ella siquiera han leído alguna vez su articulado. La Constitución de Cádiz no reconoció ningún tipo de ciudadanía (pese a su restringida enunciación esta apenas carece de algún tipo de contenido material), ni siquiera éstos son libres e iguales, tan sólo lo es el conjunto de la nación. Sólo forman parte de ésta los varones nacidos en ella, ni pobres, ni mujeres, ni sirvientes. Se reconocen algunos derechos, pero lejos de llegar a ser derechos fundamentales.

En tercer lugar, el pleito de los Regidores Perpetuos no supuso, ni de lejos, que el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma fuera el primero democrático de España. Y es que como afirmó Pérez Galdós, «la realidad no engendra el arte, sino el arte la realidad», con tan sólo un vistazo a los hechos tenemos un único Ayuntamiento en toda la isla, el de Santa Cruz de La Palma, que sufría de escandalosos sucesos de corrupción de parte de los Regidores Perpetuos, habitualmente, nobles. Un abogado garafiano, Pérez de Brito, y un comerciante irlandés, O’ Daly, denunciaron estas prácticas por las que sufrieron persecución y encarcelamiento, ante el Consejo de Castilla, que determinó que los puestos involucrados -quedaba fuera el de alcalde- serían elegidos finalmente con carácter bienal. Los electores y elegibles, serían burgueses propietarios y comerciantes, quedando fuera los restantes vecinos, mujeres, campesinos. Además, como el profesor Arbelo García aclaraba en este mismo diario el pasado año, en pleno siglo XVIII en una monarquía ilustrada, pero absoluta, el principio democrático era inexistente. Sin embargo, del mito de la Calle Real podemos extraer un hecho cierto y es que  en La Palma ya se dieron las mismas motivaciones, luchas y conquistas que 16 años después alumbrarían las revoluciones burguesas y liberales en Europa.

Ese mismo consistorio que alcanzó la lucha contra el poder ilimitado, hoy se revuelca en el caso de las supuestas multas desaparecidas en Alcaldía y una oposición liderada por un concejal, Cabrera Guelmes, más dado al espectáculo político que a un verdadero esclarecimiento de los hechos. Recordemos que fue el mismo concejal que en el año 2009 renunció a su acta para en menos de un mes renunciar a su renuncia. Un bochorno sin precedentes que demuestra el escaso valor que le otorgó a un derecho que a sus antecesores les costó sangre y prisión.

Por lo tanto desempolvemos los mitos, quedémonos con los hechos, valoremos las hazañas que han supuesto e inspirémonos por las enseñanzas del pasado. Algunas instituciones como son la Real Sociedad Cosmológica de Santa Cruz de La Palma o el Archivo Insular pueden ayudarnos a esta respetable y necesaria tarea de conocer nuestra Historia.

A los socialistas palmeros les honra haber entendido este mensaje la pasada legislatura y pese a haberles costado la militancia hicieron lo que entendieron mejor para los ciudadanos de La Palma, pactando con el PP.

El pacto que sustenta el Gobierno de Canarias atraviesa una de sus horas críticas. La moción de censura al alcalde de Granadilla de Abona que rompe de facto el pacto municipal tambalea las bases del pacto regional sobre el que se asientan cabildos y ayuntamientos de todas las islas. La lentitud del proceso y la ambigüedad de la dirección de Coalición Canaria con respecto al cese de sus concejales incumplidores no debería dejar lugar a dudas al Partido Socialista Canario a romper o renegociar el pacto en cascada vigente.

Un pacto en cascada siempre ha sido condición nacionalista a la hora de poder entablar negociaciones, dándose la extraña contradicción de que un partido que lleva como bandera defender las singularidades de Canarias y por ende de las islas que la conforman adopte un mecanismo que anula cualquier particularidad política insular y municipal. Haciendo que un incumplimiento en cualquier institución ponga en riesgo la estabilidad de toda la Comunidad.

Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Puerto de la Cruz, Arico, entre otros, han vivido ya los incumplimientos de este pacto casi siempre perpetradas por manos nacionalistas. Con el incumplimiento de Granadilla quizás los líderes y militantes del PSC tengan que preguntarse cuáles son los límites de su dignidad.

Los líderes autonómicos del PSC en estos momentos, sobre todo su mayor representante institucional, Patricia Hernández, vicepresidenta primera, no parece replantearse que quizás el PSOE es un convidado de piedra del Gobierno autonómico. La reciente aprobación del Proyecto de Ley del Suelo ha dejado patente dicha anuencia con los postulados de Coalición Canaria y la escasa capacidad de influencia de los socialistas para dejar su impronta en proyectos de tanto calado. Tan poca capacidad ha tenido Patricia Hernández que las heridas abiertas en el seno del Grupo Parlamentario Socialista siguen supurando. Atrás queda la etapa dorada del socialismo canario de la mano de López Aguilar con un mensaje claro contra la corrupción y el clientelismo de los nacionalistas canarios.

A los socialistas palmeros les honra haber entendido este mensaje la pasada legislatura y pese a haberles costado la militancia hicieron lo que entendieron mejor para los ciudadanos de La Palma, pactando con el Partido Popular frente a los años de gobierno nacionalista en muchas instituciones. Si bien no atendieron a las sabias palabras de Sófocles “más vale caer con honor que ganar con fraude” y todos los principios que habían defendido de independencia y lucha por los intereses de los ciudadanos que los habían elegido fueron traicionados sometiéndose a las directrices del nuevo pacto regional en la presente legislatura y acatando el pacto en cascada. Ahora bien, nunca es tarde para enmendar lo errado y recuperar la dignidad no sólo de un partido sino de una isla como La Palma.

El sistema electoral de Canarias ha devenido en ser calificado como el “más desproporcional”, “el más injusto” y “el menos democrático”.

Cualquier sistema electoral que se precie tiene que cumplir dos objetivos básicos: por un lado, que se traslade a un parlamento una imagen de la sociedad a la que representa y, por otro, plasmar un mandato de gobierno reconocible.

El sistema electoral de Canarias apenas ha cumplido esas funciones y ha devenido en ser calificado como el sistema “más desproporcional”, “el más injusto”, “el menos democrático”, entre otros calificativos.  Ciertamente, el sistema electoral de Canarias es innovador, sobre todo en dos aspectos: el primero, existe una triple barrera electoral –lista más votada, 6% regional o 30% de la circunscripción-; el segundo, el número de diputados por cada circunscripción no varía según la población sino que está petrificado en el Estatuto de Autonomía y responde a la regla de la triple paridad –las islas mayores deben poseer igual número de escaños, las islas menores de cada provincia el mismo número y el conjunto de las islas menores los mismos que la suma de las mayores-, si a eso le añadimos la conocida fórmula electoral D’ Hondt y unas circunscripciones bastantes pequeñas en comparación con las de otras comunidades autónomas, nos encontramos con que un sistema que en teoría debería ser proporcional, no lo es.

A veces no hay mejor manera para darse cuenta de lo disparatado de una realidad que elevándola a un absurdo: ¿qué pasaría si aplicásemos las normas electorales canarias al Congreso de los Diputados? En primer lugar, habría que realizar un complejo sistema de reparto de escaños por el cual provincias con rivalidades históricas, como Madrid y Barcelona, o Sevilla y Málaga,  deberían tener el mismo número de diputados en la Cámara baja; junto con igualar el mismo peso entre provincias poco pobladas y muy pobladas, entre otras equivalencias. Al carecer de la imaginación e ingenio que tuvieron los poderes preautonómicos canarios, realizaremos una simulación con el prorrateo existente para el Congreso de los Diputados –ya bastante discutido por sí mismo-. El resultado es esclarecedor de lo que lleva sucediendo en más de 30 años de autonomía canaria: la aniquilación completa de la pluralidad.

Un Congreso de los Diputados ‘a la canaria’ sólo acogería siete partidos con los resultados del 20D. Dejando sin representación a las confluencias de Compromís y En Marea junto con Izquierda Unida, Esquerra Republicana o Coalición Canaria. Asimismo, perderían gran parte de la representación En Comú Podem, al igual que Democràcia i Llibertat y el PNV, todo ello a favor de las grandes fuerzas nacionales.

En definitiva, las altas barreras electorales provocan que sólo partidos con una fuerte implantación en todo el territorio obtengan representación, cercenando la pluralidad y la proporcionalidad, y por otro lado, no consiguiendo que exista una correlación de fuerzas que permita la gobernabilidad, como ha ocurrido en los últimos años.

Ahora cuando parece que es posible una reforma integral del sistema electoral,  aunque su debate haya comenzado en los años ’90 y cuya única modificación fue aumentar las barreras en 1996, conviene recordar a Séneca: “Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”.

 *Víctor Bethencourt Rodríguez es graduado en Derecho y Ciencia Política y de la Administración Pública por la Universidad Autónoma de Madrid. Máster en Derecho Público. Ayudante de investigación en Políticas Públicas Locales.Víctor Bethencourt Rodríguez

Se busca un candidato que sea valiente, que hable sin tapujos y que se atreva a plantear y comprometerse a iniciar la reforma del mapa municipal palmero.

A nadie se le escapa que nos encontramos en plena subasta electoral (campaña electoral, lo llaman algunos). Los candidatos se afanan en sacarse la mejor foto o decir la propuesta más ingeniosa para arañar unos cuantos votos más. Mientras, muchos nos encontramos huérfanos en esta marejada buscando un candidato de verdad.

Nos encontramos en busca de un candidato que sea valiente, que hable sin tapujos y que no quiera poner parches a la situación actual que atraviesan nuestras islas, y más aún la isla de La Palma. Se busca un candidato que quiera afrontar problemas de raíz e iniciar una modernización necesaria. Se busca un candidato, en definitiva, que se atreva a plantear y comprometerse a iniciar la reforma del mapa municipal palmero.

Son catorce ayuntamientos para menos de 90.000 vecinos. Pero no sólo hablamos de catorce administraciones, hablamos de catorce alcaldes, catorce lugares donde acoger a personal de confianza, catorce servicios idénticos que prestar obligatoriamente, catorce sistemas tributarios, catorce planes de ordenación urbanística… En resumen, catorce estructuras que en algunas ocasiones no llegan ni a los 2.000 administrados como pueden ser las de Garafía o Fuencaliente. Con esto no se trata de recortar servicios o reducir personal, sino de utilizar esos recursos y ese personal en mejorarlos o afianzarlos; y en el caso de no necesitarlos incluso reducir la presión impositiva.

Se busca, por tanto, un candidato que no sólo quiera ahorrar en este despilfarro, sino ahondar también en la calidad democrática de nuestros barrios, pueblos y ciudades. Se ha demostrado que al incrementarse el tamaño de los municipios se mejora la participación ciudadana, el debate político, el control de los vecinos sobre los regidores, la transparencia, además, de dotarse de “un sistema de financiación más adecuado, un mayor control financiero y la reducción del poder que ejercen las redes clientelares sobre el gobierno local” (así lo afirma un estudio publicado por el Instituto de Estudios Fiscales).

Se busca un candidato que quiera situarnos en la línea de lo que ha realizado Portugal, Francia, Alemania o incluso Dinamarca (¡se gestiona sólo con 100 ayuntamientos!) y que quiera alejarnos de este mapa heredado del año 1812 cuando por esta isla no había Internet, ni teléfono, ni siquiera electricidad. Con esta medida ahorraríamos a nivel nacional entre 8.000 millones y 16.000 millones de euros anuales, según algunos estudios. ¿Cuánto podríamos ahorrar en La Palma para dedicarlo a la educación, a la sanidad, a la dependencia, a nuestros mayores y a nuestros jóvenes? ¿Cuánto podríamos ahorrar si transformásemos este armazón del siglo XIX en una administración del siglo XXI?

Se busca, en pocas palabras, un candidato valiente tanto a los diferentes ayuntamientos como al Cabildo. Recompensa: el voto de los ciudadanos que pensamos que no hay mejor propuesta de que las reformas deben empezar por la raíz, sin parches ni remiendos.