Conocer la magnitud de la brecha salarial en nuestro país no puede dejarnos indiferentes. Acabamos de saber que altos cargo y consejeros de las empresas del IBEX35 tienen rentas 104 veces superiores a la renta media de su empresa. En 2013, “tan solo” lo eran 74 veces más. Este es el punto de partida: el mercado, sin regular, sin líneas rojas que no pueda traspasar, parte de una desigualdad exorbitante. En el caso de España con un índice de Gini de 50,7 (más alto que Estados Unidos que se encuentra en el 50,6).

Deberíamos poder decir: “tranquilos, por esto tenemos un buen sistema fiscal que garantiza que esta gran desigualdad de partida va a quedar moderada por la redistribución vía impuestos”. ¿Podemos hacer tal afirmación?

Supimos hace poco, gracias a Oxfam Intermón, que de las 35 empresas del IBEX 35 hay 34 que tienen filiales en paraísos fiscales. En algunos casos, como el de #LuxLeaks, grandes multinacionales consiguen rebajar su factura fiscal en un 95%. Esta es una de las razones, entre muchas otras relacionadas con un sistema fiscal que hace aguas, por las cuales en el caso español el índice de Gini después de impuestos sólo se consigue bajar hasta 33,8: el potencial redistributivo del sistema fiscal español es más bajo que el de Grecia o Portugal.

Y ahora llega la pregunta esperada. ¿Qué podemos hacer para acabar con el egoísmo exorbitante de los paraísos fiscales? Resulta que este es un año de elecciones, y estas son siempre un buen horizonte por el cual empezar. Fijaos, los dos partidos que aspiran a dejar en jaque al bipartidismo, Ciudadanos y Podemos, van desgranando sus programas a cuentagotas, pero hay una cuestión en la que ya se han mojado: el programa fiscal. Parece pues que la definición de la propuesta fiscal puede ser clave en los comicios que vienen. Dejaremos el análisis de sus programas para un próximo artículo. Centrémonos ahora en la primera meta, las elecciones municipales.

Hace unas semanas la Plataforma por una fiscalidad justa, ambiental y solidaria presentó sus 45 propuestas sobre fiscalidad municipal. Se trata de un análisis detallado de los márgenes que tienen los municipios para elaborar políticas fiscales más progresivas (es decir, que pague más quien más tiene). Ciertamente los ayuntamientos tienen un margen muy pequeño, pues su financiación es básicamente vía transferencias de las autonomías y el Estado, y las competencias legislativas de los ayuntamientos son muy pocas, pero se pueden realizar algunas mejoras teniendo en cuenta estas 45 recomendaciones entorno a impuestos, tasas y multas.

Entre ellas, una propuesta estrella: la campaña 'Municipios libres de paraísos fiscales'. Esta medida persigue que los ayuntamientos discriminen negativamente en las contrataciones y concursos públicos aquellas empresas que tengan filiales en paraísos fiscales. Una medida así permitiría recaudar más impuestos al Estado promoviendo la actividad de aquellas empresas que sí pagan impuestos en nuestro país y garantizar la igualdad de condiciones entre las diferentes empresas dado el agravio que existe actualmente en el trato fiscal recibido por grandes empresas (pagando tipos efectivos de sólo el 3,5% en impuesto de sociedades) y PYMES (que pagan un tipo efectivo medio del 17%).

La campaña 'Municipios libres de paraísos fiscales' ya ha despertado el interés de algunos ayuntamientos y de candidaturas que la ven una medida clave para la lucha contra la evasión fiscal.

Creemos que es la primera piedra que se puede aportar desde el municipalismo para la construcción de una sociedad más justa y menos desigual. Y que no podemos desaprovecharla. Desde ya, exijamos a nuestros alcaldables municipios libres de paraísos fiscales y una vez pasadas las elecciones trabajemos para conseguirlo.

Està a les mans de les bases dels partits anomenats d’esquerres pressionar i reclamar perquè es produeixin canvis per millorar la progressivitat fiscal a Catalunya

Deixant de banda l’excepcionalitat política que vivim a Catalunya i la seva translació pressupostària, quan el Govern planteja els pressupostos pel 2017 ens està dient diverses coses.

La primera té a veure amb la situació d’emergència social que vivim. El Govern va sorgir d'un Parlament que es va plantejar fer un ple excepcional sobre la pobresa on va adquirir el compromís següent: estudiar l’aplicació de noves figures fiscals i a millorar les ja existents, com ara l’impost de successions, l’impost sobre el patrimoni i el tram autonòmic de l’IRPF, entre altres, que permetin incrementar els nivells d’ingressos i garanteixin un sistema fiscal més progressiu. El Govern pot presentar uns pressupostos on no modifica cap de les figures anteriorment esmentades i esperar unanimitat i aprovació per part de la resta de forces polítiques i de la ciutadania?

La segona té a veure amb la gravetat de la situació social. Un 10% dels catalans viuen amb ingressos inferiors al 40% del salari mitjà, entre el 2011 i el 2014, a l’estat espanyol han augmentat un 26,3% el número de contribuents que declaren més de 150.000 euros i el nombre de multimilionaris (patrimoni superior a 30 milions d'euros) ha augmentat un 44% des del 2011. Amb aquest escenari, cal confiar tot el creixement dels ingressos a la millora econòmica i a la rebaixa dels interessos que paguem pel deute, com fa l'actual proposta de pressupost? O potser cal que aprofitem aquesta millora econòmica per demanar a qui més té que ens ajudi a superar la situació actual?

No valdria la pena abordar d’una vegada per totes l’establiment d’una Renda Garantida de Ciutadania, proposta a la qual també es va comprometre el Parlament però que ni s’olora en l’actual llei d’acompanyament dels pressupostos? Des del 2010 la Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària ve sostenint que cal explorar amb valentia el marge de progressivitat que tenen les actuals polítiques fiscals a casa nostra.

Com a Plataforma continuem creient que cal aprofitar la capacitat normativa que ofereix l’Estatut per incrementar els ingressos públics i dotar-nos així dels recursos necessaris per fer front a l’actual situació de crisi social. Cal millorar la progressivitat del nostre sistema fiscal assegurant que pagui més aquell que més té. Hem d'incrementar la lluita contra el frau fiscal i l’economia submergida potenciant l’activitat inspectora i els recursos de l’Agència Tributària Catalana.

Cal recordar que en una economia mixta de mercat, la disminució de les desigualtats, és a dir, aconseguir una distribució més equitativa de la renda i la riquesa, és una de les funcions del sector públic i per tant no se’n pot desentendre. Les propostes hi són, i del marge de millora en la progressivitat fiscal se n’ha parlat molt. Ara està a les mans de les forces polítiques dur-les a terme. I també està a les mans de les bases dels partits anomenats d’esquerres pressionar i reclamar que aquests canvis es produeixin, i demostrar així que realment som un país preocupat per l’equitat i la pobresa.

D'altra manera, aquell que no es capaç de demostrar que en el mentrestant comença ja a aplicar allò que somnia pel futur proper, quan tingui totes les eines a l’abast, què farà? La resposta és clara.

Está en las manos de las bases de los partidos llamados de izquierda presionar y reclamar para que se produzcan cambios para mejorar la progresividad fiscal en Catalunya

Dejando de lado la excepcionalidad política que vivimos en Catalunya y su traslación presupuestaria, cuando el Govern plantea los presupuestos para 2017 nos está diciendo varias cosas.

La primera tiene que ver con la situación de emergencia social que vivimos. El Govern surgió de un Parlament que se planteó hacer un pleno excepcional sobre la pobreza donde adquirió el siguiente compromiso: estudiar la aplicación de nuevas figuras fiscales y a mejorar las ya existentes, tales como el impuesto de sucesiones, el impuesto sobre el patrimonio y el tramo autonómico del IRPF, entre otros, que permitan incrementar los niveles de ingresos y garanticen un sistema fiscal más progresivo. ¿El Govern puede presentar unos presupuestos donde no modifica ninguna de las figuras anteriormente mencionadas y esperar unanimidad y aprobación por parte del resto de fuerzas políticas y de la ciudadanía?

La segunda tiene que ver con la gravedad de la situación social. Un 10% de los catalanes viven con ingresos inferiores al 40% del salario medio, entre el 2011 y el 2014, en España ha aumentado un 26,3% el número de contribuyentes que declaran más de 150.000 euros y el número de multimillonarios (patrimonio superior a 30 millones de euros) ha aumentado un 44% desde el 2011. ¿Con este escenario, hay que confiar todo el crecimiento de los ingresos a la mejora económica y a la rebaja de los intereses que pagamos por la deuda, como hace la actual propuesta de presupuesto? ¿O quizás tendríamos que aprovechar esta mejora económica para pedir a quien más tiene que nos ayude a superar la situación actual?

¿No valdría la pena abordar de una vez por todas el establecimiento de una Renta Garantizada de Ciudadanía, propuesta a la que también se comprometió el Parlament pero que ni se huele en la actual ley de acompañamiento de los presupuestos? Desde 2010 la Plataforma per una fiscalidtat justa, ambiental i solidària viene sosteniendo que hay que explorar con valentía el margen de progresividad que tienen las actuales políticas fiscales en nuestro país.

Como Plataforma seguimos creyendo que hay que aprovechar la capacidad normativa que ofrece el Estatut para incrementar los ingresos públicos y dotarnos así de los recursos necesarios para hacer frente a la actual situación de crisis social. Hay que mejorar la progresividad de nuestro sistema fiscal asegurando que pague más el que más tiene. Debemos incrementar la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida potenciando la actividad inspectora y los recursos de la Agència Tributària Catalana.

Hay que recordar que en una economía mixta de mercado, la disminución de las desigualdades, es decir, lograr una distribución más equitativa de la renta y la riqueza, es una de las funciones del sector público y por lo tanto no puede desentenderse. Las propuestas están ahí, y del margen de mejora en la progresividad fiscal se ha hablado mucho. Ahora está en manos de las fuerzas políticas llevarlas a cabo. Y también está en manos de las bases de los partidos llamados de izquierda presionar y reclamar que estos cambios se produzcan, y demostrar así que realmente somos un país preocupado por la equidad y la pobreza.

¿De otra manera, aquel que no es capaz de demostrar que en el mientras tanto comienza ya a aplicar lo que sueña para el futuro cercano, cuando tenga todas las herramientas a su alcance, qué hará? La respuesta es clara.

Cal denunciar l'establiment fiscal de Grifols a Irlanda per egoista, insolidari i curt de mires

Que Grifols anunciï que establirà la seva seu financera a Irlanda arriba com a notícia que ja no sorprèn ningú. Ingenus els que creiem que dins el sistema capitalista hi ha empreses més bones que altres. Totes, sempre que poden, aprofiten l'entramat jurídic vigent per a fer allò pel que han estat creades: maximitzar el benefici per a l'accionista. I per aconseguir això tenen dues opcions, o bé augmentar els ingressos o bé disminuir les despeses, i la despesa fiscal és la manera més atractiva d'optimitzar: no fa soroll i pot ser molt sucosa.

A Espanya, el 2013, els grans holding empresarials van pagar un tipus real sobre el benefici comptable del 6%. Només fa vuit anys, el tipus nominal era del 35%. En aquell moment abaixar impostos resultava que era 'ser d'esquerres' (Zapatero dixit) i vam establir un nou tipus al 30%. La darrera reforma fiscal del PP, l'any passat, va decidir que encara era massa, que calia acostar els tipus a allò que realment es paga (i no fer que es pagui aquells tipus que democràticament hem escollit) i va preveure un tipus del 25% pel 2016. Amb una nul·la progressivitat pel que fa a l'impost de societats (és igual que siguis una PIME de 10 treballadors o una multinacional de 140.000). És el mantra de sempre: si augmentem els impostos el capital se'n va, millor abaixem-los que farem el país més atractiu per a la inversió. Pur cinisme desmesurat en una carrera suïcida que aconseguirà, finalment, que cap país del món pugui gravar els beneficis empresarials.

Tothom ho sap: l'impost de societats a Irlanda és del 12,5%, per això moltes multinacionals que volen fer el salt a Europa, estableixen la seva seu fiscal en aquell país: Amazon, HP, Apple,... o el cas de Facebook. L'any passat Facebook Espanya va facturar 3,9 milions d'euros, tots ells com a servei de suport a la seva filial irlandesa, Facebook Ireland Limited. A Irlanda hi va desviar gairebé tots els beneficis, exceptuant 84.114 euros (la xocolata del lloro) d'impost sobre beneficis que es van quedar a Espanya.

L'economista Gabriel Zucman explica a La riqueza oculta de les naciones (Pasado y presente, 2014) que dels beneficis obtinguts a l'estranger per les empreses dels EEUU, el 50 % procedeix de països amb una fiscalitat favorable: Singapur, el Carib, Suïssa, Luxemburg, Holanda o Irlanda. El 1982 era el 20%.

Grifols ens demostra que el viatge de sortida també funciona. El director financer de la multinacional catalana per excel·lència, Alfredo Arroyo, ha admès que la decisió s'ha pres pels avantatges fiscals i l'estabilitat d'Irlanda. Ja ho va dir l'actual president de la companyia, Victor Grifols: “Amb fermesa i determinació es por arribar molt lluny”, en aquest cas es referia al procés sobiranista: “No s'arrugui president” li va dir a Mas. Fent evident el gran problema del nostre sistema fiscal: el capital no té pàtria ni bandera. La globalització ha obert totes les fronteres a la lliure circulació del capital, una catifa vermella pel capital mentre les persones continuen jugant-se la vida per travessar unes tanques cada vegada més impermeables.

El projecte BEPS de la OCDE vol establir criteris comuns entre tots els països alhora d'establir les bases imposables. Això hauria de permetre evitar totes les vies d'elusió fiscal vigent. “És inacceptable que certes multinacionals facin grans beneficis a la UE i paguin molt poc o gens en impostos dins les nostres fronteres”, deia Pierre Moscovici, comissionat d'economia de la UE fa uns dies en presentar el pla de lluita contra l'evasió fiscal. Això sí, també afirmava que “no hi haurà tipus mínims”, deixant novament via lliure al dumping fiscal.

En el mentrestant d'aquesta discussió política eterna, els recursos se'ns escapen, la desigualtat augmenta (l'1% ja té tanta riquesa com el 99% restant) i se'ns continua afirmant que la culpa és que no ens esforcem prou, en un sistema que perpetua l'egoisme institucionalitzat.

Caldrà doncs repensar de dalt a baix el nostre sistema impositiu si volem que serveixi per allò que va ser creat: redistribuir la riquesa. La clau està en què les empreses paguin els impostos allí on facturen i generen benefici i no on tenen la seva seu fiscal. I sí, senyor Moscovici, caldran acords globals per acceptar tipus mínims sinó sempre ens trobarem amb el mateix: l'absència d'un sistema fiscal global i la capacitat dels més rics d'evadir impostos fa i farà recaure tota la pressió fiscal sobre les classes mitjanes i baixes, carregant-se tot principi d'equitat, progressivitat i mínima justícia social. I sobretot caldrà denunciar per egoista, insolidària i curta de mires decisions com les de l'empresa Grifols.

Hay que denunciar el establecimiento fiscal de Grifols en Irlanda por egoísta, insolidario y corto de miras

Que Grifols anuncie que establecerá su sede financiera en Irlanda llega como noticia que ya no sorprende a nadie. Ingenuos los que creemos que dentro del sistema capitalista hay empresas mejores que otras. Todas, siempre que pueden, aprovechan el entramado jurídico vigente para hacer aquello por lo que han sido creadas: maximizar el beneficio para el accionista. Y para lograr esto tienen dos opciones, o bien aumentar los ingresos o bien disminuir los gastos, y el gasto fiscal es la manera más atractiva de optimizar: no hace ruido y puede ser muy jugosa.

En España, en 2013, los grandes holding empresariales pagaron un tipo real sobre el beneficio contable del 6%. Sólo hace ocho años, el tipo nominal era del 35%. En ese momento bajar impuestos resultaba que era “ser de izquierdas” (Zapatero dixit) y establecimos un nuevo tipo al 30%. La última reforma fiscal del PP, el año pasado, decidió que todavía era demasiado, que había que acercar los tipos a lo que realmente se paga (y no hacer que se pague aquellos tipos que democráticamente hemos elegido) y previó un tipo del 25% para el 2016. Con una nula progresividad con respecto al impuesto de sociedades (es igual que seas una pequeña empresa de 10 trabajadores o una multinacional de 140.000). Es el mantra de siempre: si aumentamos los impuestos el capital se va, mejor los bajamos y haremos el país más atractivo para la inversión. Puro cinismo desmesurado en una carrera suicida que conseguirá, finalmente, que ningún país del mundo pueda gravar los beneficios empresariales.

Todo el mundo lo sabe: el impuesto de sociedades en Irlanda es del 12,5%, por eso muchas multinacionales que quieren dar el salto a Europa, establecen su sede fiscal en ese país: Amazon, HP, Apple, ... o el caso de Facebook. El año pasado Facebook España facturó 3,9 millones de euros, todos ellos como servicio de apoyo a su filial irlandesa, Facebook Ireland Limited. Hacia Irlanda desvió casi todos los beneficios, exceptuando 84.114 euros (el chocolate del loro) de impuesto sobre beneficios que se quedaron en España.

El economista Gabriel Zucman explica en La riqueza oculta de las naciones (Pasado y presente, 2014) que los beneficios obtenidos en el extranjero por las empresas de los EEUU, el 50% procede de países con una fiscalidad favorable: Singapur, el Caribe, Suiza, Luxemburgo, Holanda o Irlanda. En 1982 era el 20%.

Grifols nos demuestra que el viaje de salida también funciona. El director financiero de la multinacional catalana por excelencia, Alfredo Arroyo, admitió que la decisión se ha tomado por las ventajas fiscales y la estabilidad de Irlanda. Ya lo dijo el actual presidente de la compañía, Victor Grifols: “Con firmeza y determinación se puede llegar muy lejos”, en este caso se refería al proceso soberanista: “No se arrugue, presidente” le dijo a Mas. Haciendo evidente el gran problema de nuestro sistema fiscal: el capital no tiene patria ni bandera. La globalización ha abierto todas las fronteras a la libre circulación del capital, una alfombra roja por el capital mientras las personas continúan jugando la vida para atravesar unas vallas cada vez más impermeables.

El proyecto BEPS de la OCDE quiere establecer criterios comunes entre todos los países a la hora de establecer las bases imponibles. Esto debería permitir evitar todas las vías de elusión fiscal vigente. “Es inaceptable que ciertas multinacionales hagan grandes beneficios a la UE y paguen muy poco o nada en impuestos dentro de nuestras fronteras”, decía Pierre Moscovici, comisionado de economía de la UE hace unos días al presentar el plan de lucha contra la evasión fiscal. Eso sí, también afirmaba que “no habrá tipos mínimos”, dejando nuevamente vía libre al dumping fiscal.

En el mientras tanto de esta discusión política eterna, los recursos se nos escapan, la desigualdad aumenta (el 1% ya tiene tanta riqueza como el 99% restante) y se nos continúa afirmando que la culpa es que no nos esforzamos lo suficiente, en un sistema que perpetúa el egoísmo institucionalizado.

Habrá pues que repensar de arriba abajo nuestro sistema impositivo si queremos que sirva por lo que fue creado: redistribuir la riqueza. La clave está en que las empresas paguen los impuestos allí donde facturan y generan beneficio y no donde tienen su sede fiscal. Y sí, señor Moscovici, serán necesarios acuerdos globales para aceptar tipos mínimos sino siempre nos encontraremos con el mismo: la ausencia de un sistema fiscal global y la capacidad de los más ricos de evadir impuestos hace y hará recaer toda la presión fiscal sobre las clases medias y bajas, cargándose todo principio de equidad, progresividad y mínima justicia social. Y sobre todo habrá que denunciar por egoísta, insolidaria y corta de miras decisiones como las de la empresa Grifols.