La cuestión de los derechos lingüísticos vuelve a estar en el centro del debate político. Hace unas semanas, a raíz de la sentencia sobre el modelo de inmersión lingüística en Catalunya, Pablo Casado declaró que era necesario defender los “derechos lingüísticos que consagran nuestra nación”. ¿Se están garantizando tales derechos para todos los ciudadanos por igual?

En España existe una desigualdad lingüística de base. Los derechos lingüísticos de los castellanohablantes están garantizados independientemente de donde se sitúen en el territorio del estado. Sin embargo, los derechos lingüísticos de los hablantes de las otras lenguas oficiales están territorialmente acotados. Esto caracterizaría España como un régimen de personalidad lingüística desigual. El principio de personalidad lingüística sostiene que los derechos lingüísticos de la ciudadanía se mantienen y garantizan por igual en un territorio determinado. En España, la constitución establece el conocimiento del castellano como obligación y su uso como derecho en todo el territorio estatal, un estatus confirmado en la jurisprudencia relevante y que no se aplica al resto de lenguas.

En buena medida, la protección de la riqueza lingüística mencionada en el artículo 3.3 de la Constitución española se externaliza a los gobiernos autonómicos, que pueden escoger entre regímenes de cooficialidad (por ejemplo, Catalunya, Euskadi o las Illes Balears) o de reconocimiento limitado (por ejemplo, Aragón en relación con el aragonés y el catalán o Asturias en relación con el asturiano).

En casos avanzados de cooficialidad, observamos una competencia por la prevalencia lingüística, es decir, una tensión entre la voluntad de promocionar las lenguas oficiales distintas al castellano y la preeminencia del castellano en el diseño lingüístico estatal. De hecho, las controversias lingüísticas emergen precisamente cuando la voluntad de priorizar la lengua cooficial en un ámbito determinado (como la educación en Catalunya) pone en cuestión la supremacía del castellano establecida en el régimen lingüístico español.

¿Cómo podemos evaluar este diseño? El régimen español de personalidad lingüística desigual ofrece importantes ventajas. Por ejemplo, facilita la movilidad territorial, la intercomprensión general entre la ciudadanía, y un grado de autonomía política significativo para que cada territorio pueda decidir, dentro de unos límites, cómo quiere regular esta cuestión. No obstante, este diseño plantea problemas en términos de justicia lingüística. El principal teórico en la materia, Philippe Van Parijs, identifica la injusticia lingüística como desigualdad (o falta de paridad) de trato según la lengua que uno hable. En el caso español, los hablantes de lenguas oficiales distintas al castellano viven una desigualdad de trato debido a la desigualdad de reconocimiento de derechos y preferencias lingüísticas.

Los ejemplos abundan. En lo que se refiere a las instituciones centrales del estado -que el legislador ha mantenido básicamente monolingües en castellano-, los diputados no pueden expresarse en las otras lenguas oficiales en el principal órgano de representación democrática de la ciudadanía, que es el Congreso de los Diputados. También encontramos ejemplos de esta desigualdad de trato en los territorios con régimen de cooficialidad, donde -tribunales mediante- se mantiene el deber de saber castellano, pero, en cambio, no existe el deber de ser competente en la otra lengua oficial.

Esta desigualdad, junto con las dinámicas sociolingüísticas que caracterizan la coexistencia entre una lengua dominante y las demás, genera un privilegio monolingüe. Es decir, algunos ciudadanos disponen de la prerrogativa de no aprender otras lenguas cuando vivan en territorios plurilingües, pero al mismo tiempo pueden obligar a otros ciudadanos a cambiar de lengua con tal de maximizar la intercomprensión.

Pero, siguiendo el argumento inicial de Pablo Casado, ¿no estarían los gobiernos autonómicos ofreciendo un trato desigual a los ciudadanos castellanohablantes en los territorios con regímenes de cooficialidad? ¿No sería la inmersión otro ejemplo de injusticia lingüística? Todos los sistemas educativos garantizan el derecho y deber de aprender castellano en todo el territorio estatal, independientemente de si el sistema escolar tiene como vehicular una lengua distinta del castellano. Los datos de competencias lingüísticas son contundentes en este sentido. Lo que pretenden los sistemas de inmersión es promover los proyectos plurilingües de las comunidades con lenguas distintas al castellano, garantizando el multilingüismo general y, sobre todo, el del alumnado al final del proceso educativo.

Nos gustaría sugerir que los elementos de desigualdad destacados en este artículo se incorporen al debate político sobre derechos lingüísticos. También consideramos que se deben tener en cuenta en el ámbito de la regulación de la diversidad lingüística, para que un estado en un territorio multilingüe sea de toda su ciudadanía. A nuestro parecer, en España haría falta desarrollar legislación que blinde los proyectos multilingües de las comunidades autónomas y los derechos lingüísticos de los hablantes de lenguas distintas al castellano. Es eso, o que, con razón, muchos ciudadanos sigan pensando que el estado representa los intereses de algunos, pero no de todos.

Que las diferentes maneras que se tienen de ver el país se expresen y compitan entre ellas por la hegemonía política no tiene porque ser un problema para el movimiento de emancipación

Parece mentira como la lejanía es capaz de crear una perspectiva diferente bajo la que evaluar las cosas que hasta hace bien poco vivías de tan cerca. Ahora ya hace unos meses que vivo en Bélgica y, inicialmente, me sorprendió ingratamente el debate sobre la lista única. Me parecía, en general, un debate estéril y, al mismo tiempo, estratégicamente inútil. Hubiera podido entender su utilidad estratégica para algunos de los actores favorables al proceso independentista, pero no acababa de comprender la adhesión de, por ejemplo, de otros agentes del independentismo organizado. Sin embargo, la distancia ayuda a poder hablar y a entender algunas cosas que, vividas de cerca, pueden ser más difíciles de comprender.

Me explico: el nacionalismo, como ideología política, no tiene una definición consensuada y aceptada en el mundo académico ni en el de las ideas políticas. Sin embargo, existe un tipo muy extendido y con un potencial emocional muy influyente, que entiende la nación como una especie de cuerpo colectivo trascendente que va más allá de la simple agregación de individuos. Esta visión se puede encontrar tanto en pensadores de raíz romántica (como el alemán Herder) como en otros de tradición ilustrada (como los jacobinos franceses), aunque los argumentos que justifican la nación son diferentes en cada caso. Esta tipología (que podríamos llamar “nacionalismo orgánico”) se fundamenta en la creencia de que las personas pertenecemos de manera natural en comunidades políticas que comparten algunos rasgos comunes y que tienen una determinada visión sobre cómo vivir la vida. Por tanto, para este tipo de nacionalismo, lo razonable es garantizar la continuidad de la forma de ser de esta colectividad a la que las personas, de una manera natural, estamos arraigadas, a través del autogobierno político (en general, la independencia política).

La consecuencia de este planteamiento es la tendencia a negar dentro la propia nación lo que sí existe hacia los que no forman parte de ella: el conflicto. La política existe como una herramienta de gestión de la convivencia, un instrumento para afrontar y solucionar conflictos. En concreto, en el caso de las democracias liberales europeas, la herramienta política que hemos establecido para gestionar estos conflictos y determinar las normas de convivencia ha sido la democracia parlamentaria. Sin embargo, este tipo de nacionalismo, en general, niega de raíz el conflicto entre los “nacionales”, porque estos forman, de una manera profunda, parte de un colectivo que comparte visiones similares sobre la vida, la moral, la historia o el futuro colectivo. Por lo tanto, el conflicto no existe dentro, sino que se da (o se puede dar), en todo caso, con los de “fuera”, los “otros”. Así, el autogobierno (y en extremo, la independencia) no se entiende, en este tipo de nacionalismo, como un campo de juego donde los conflictos políticos pueden tener una resolución democrática eficaz, sino que se entiende como una garantía de que estos conflictos no tendrán lugar o, cuando menos, pasarán a un lugar secundario. Una concepción que, no hace falta decirlo, interesa especialmente aquellos que son partidarios del status quo social en el seno de la nación. La paradoja de este tipo de nacionalismo es que consigue justo lo contrario de lo que, en teoría, se propone: a base de ignorar los conflictos que se producen en el seno de la nación, consigue que las partes de la nación que piden cambios políticos profundos acaben por sentirse excluidas del propio proyecto nacional. Lo mismo ocurre con otras ideologías. Un ejemplo también paradigmático es el de la “unidad de las izquierdas”. Se toma una unidad colectiva como dada y homogénea (la clase trabajadora) y se infiere que los principales intereses a defender en nombre de esta clase son los sociales, obviando a otros como podrían ser los de género o los nacionales. Ambos ejemplos nos sirven para entender cómo se minimiza la pluralidad social y se tiende a homogeneizar valores o intereses en el grupo que se dice defender (nación, clase, etc.), externalizando el conflicto hacia fuera.

Precisamente esta es la visión de fondo que algunos catalanes han adoptado y que una parte del nacionalismo catalán quiere estimular en su favor privado (y en contra, creo yo, del movimiento emancipador catalán). Esta preconcepción de la nación es la que hay detrás de argumentos como “Primero independencia, luego ya decidiremos” o “Déjemonos de pelear por tonterías y vayamos todos juntos”. Esta visión quiere obviar, premeditadamente, dos cosas: Que dentro del movimiento independentista hay diferencias enormes sobre cómo se entiende el país y como se ha de construir, y que en la sociedad catalana hay mucha gente que no se siente identificada con el movimiento y que lo peor que podemos hacer es reforzar la sensación de que dentro Catalunya existe un “nosotros, los patriotas” y uno los “otros”.

Negar el conflicto, pues, no es sólo negar el carácter plural de nuestra sociedad y del proceso de emancipación popular catalán, sino que es una estrategia perjudicial a medio plazo por el propio proceso. Dejemos, pues, de debatir sobre temas fútiles y estériles, que no llevan a ninguna parte y que desgastan más que suman. Hasta el 9N no había ido mal la unidad de acción desde la pluralidad, las encuestas bien que lo reflejaban.

Por tanto, que las diferentes maneras que se tienen de ver el país se expresen y compitan entre ellas por la hegemonía política no tiene porque ser un problema para el movimiento de emancipación. Vista la experiencia hasta antes del 9N, parece todo lo contrario. Incluido tenemos ejemplos empíricos en Europa sobre cómo la unidad de acción desde la pluralidad ha terminado con éxito los procesos de independencia. Estos han sido los casos de Kosovo, Eslovenia, Lituania y Estonia. En todos ellos se celebraron unas elecciones que fueron consideradas plebiscitarias y donde los partidos independentistas presentarse por separado, compitiendo para conseguir el máximo apoyo posible y, al mismo tiempo, compartiendo el objetivo independentista como punto en común. Todo lo contrario de lo que se hizo en Letonia, donde el movimiento independentista organizarse en una sola plataforma, sin ningún incentivo para intentar atraer a los que no estuvieran de acuerdo con el movimiento. Una posible consecuencia de esto puede haber sido la enajenación de parte de la población rusófona del país que, a diferencia de Estonia, sumó en muy poca medida a la reciente república independiente. Pluralidad, pues, al contrario de lo que se suele pensar, puede querer decir unir a largo plazo. Intentamos, pues, pensar a largo plazo en cómo queremos construir los proyectos colectivos y no nos dejemos deslumbrar por propuestas que no respondan a la complejidad de nuestras sociedades.

Que les diferents maneres que es tenen de veure el país s’expressin i competeixin entre elles per l’hegemonia política no té perquè ser un problema per al moviment d’emancipació

Sembla mentida com la llunyania és capaç de crear una perspectiva diferent sota la qual avaluar les coses que fins fa ben poc vivies de tan a prop. Ara ja fa uns mesos que visc a Bèlgica i, inicialment, em va sorprendre ingratament el debat sobre la llista única. Em semblava, en general, un debat estèril i, alhora, estratègicament inútil. Hagués pogut entendre la seva utilitat estratègica per a alguns dels actors favorables al procés independentista, però no acabava de comprendre l’adhesió de, per exemple, d’altres agents de l’independentisme organitzat. Tanmateix, la distància ajuda a poder enraonar i a entendre algunes coses que, viscudes de prop, poden ser més difícils de comprendre.

M’explico: el nacionalisme, com a ideologia política, no té una definició consensuada i acceptada en el món acadèmic ni en el de les idees polítiques. Tanmateix, n’existeix un tipus molt estès i amb un potencial emocional molt influent, que entén la nació com una espècie de cos col·lectiu transcendent que va més enllà de la simple agregació d’individus. Aquesta visió es pot trobar tant en pensadors d’arrel romàntica (com ara l’alemany Herder) com en d’altres de tradició il·lustrada (com ara els jacobins francesos), tot i que els arguments que justifiquen la nació són diferents en cada cas. Aquesta tipologia (que podríem anomenar “nacionalisme orgànic”) es fonamenta en la creença que les persones pertanyem d’una manera natural a comunitats polítiques que comparteixen alguns trets comuns i que tenen una determinada visió sobre com cal viure la vida. Per tant, per aquest tipus de nacionalisme, allò raonable és garantir la continuïtat de la manera de ser d’aquesta col·lectivitat en que les persones, d’una manera natural, estem arrelades, a través de l’autogovern polític (en general, la independència política).

La conseqüència, doncs, d’aquest plantejament és la tendència a negar dins la pròpia nació el que sí existeix vers els que no en formen part: el conflicte. La política existeix com una eina de gestió de la convivència, un instrument per afrontar i solucionar conflictes. En concret, en el cas de les democràcies liberals europees, l’eina política que hem establert per gestionar aquests conflictes i determinar les normes de convivència ha estat la democràcia parlamentària. Tanmateix, aquest tipus de nacionalisme, en general, nega d’arrel el conflicte entre els “nacionals”, perquè aquests formen, d’una manera profunda, part d’un col·lectiu que comparteix visions similars sobre la vida, la moral, la historia o el futur col·lectiu. Per tant, el conflicte no existeix dins, sinó que es dóna (o es pot donar), en tot cas, amb els de “fora”, els “altres”. Així, l'autogovern (i en extrem, la independència) no s'entén, en aquest tipus de nacionalisme, com un camp de joc on els conflictes polítics poden tenir una resolució democràtica eficaç, sinó que s'entén com una garantia que aquests conflictes no tindran lloc o, si més no, passaran a un lloc secundari. Una concepció que, no cal dir-ho, interessa especialment aquells que són partidaris de l'status quo social al si de la nació. La paradoxa d'aquest tipus de nacionalisme és que aconsegueix just el contrari del que, en teoria, es proposa: a força d'ignorar els conflictes que es produeixen al si de la nació, aconsegueix que les parts de la nació que demanen canvis polítics profunds acabin per sentir-se excloses del propi projecte nacional. Passa el mateix amb d’altres ideologies. Un exemple també paradigmàtic és el de la “unitat de les esquerres”. Es pren una unitat col·lectiva com a donada i homogènia (la classe treballadora) i s’infereix que els principals interessos a defensar en nom d’aquesta classe són els socials, obviant-ne d’altres com podrien ser els de gènere o els nacionals. Ambdós exemples ens serveixen per entendre com es minimitza la pluralitat social i es tendeix a homogeneïtzar valors o interessos dins el grup que es diu defensar (nació, classe, etc.), externalitzant el conflicte cap a fora.

Precisament aquesta és la visió de fons que alguns catalans han adoptat i que una part del nacionalisme català vol estimular en el seu favor privat (i en contra, crec jo, del moviment emancipador català). Aquesta preconcepció de la nació és la que hi ha darrera d’arguments com “Primer independència, després ja decidirem” o “Deixeu-vos de barallar per tonteries i anem tots junts”. Aquesta visió vol obviar, premeditadament, dues coses: Que dins el moviment independentista hi ha diferències enormes sobre com s’entén el país i com s’ha de construir, i que a la societat catalana hi ha molta gent que no se sent identificada amb el moviment i que el pitjor que podem fer és reforçar la sensació que dins Catalunya existeix un “nosaltres, els patriotes” i un els “altres”.

Negar el conflicte, doncs, no és només negar el caràcter plural de la nostra societat i del procés d’emancipació popular català, sinó que és una estratègia perjudicial a mitjà termini pel propi procés. Deixem, doncs, de debatre sobre temes fútils i estèrils, que no duen enlloc i que desgasten més que sumen. Fins el 9N no havia anat malament la unitat d’acció des de la pluralitat, les enquestes bé que ho reflectien.

Per tant, que les diferents maneres que es tenen de veure el país s’expressin i competeixin entre elles per l’hegemonia política no té perquè ser un problema per al moviment d’emancipació. Vista l’experiència fins abans del 9N, sembla tot el contrari. Inclòs tenim exemples empírics a Europa sobre com la unitat d’acció des de la pluralitat ha acabat amb èxit pels processos d’independència. Aquests han estat els casos de Kosovo, Eslovènia, Lituània i Estònia. En tots ells es van celebrar unes eleccions que van ser considerades plebiscitàries i on els partits independentistes van presentar-se per separat, competint per aconseguir el màxim suport possible i, alhora, compartint l’objectiu independentista com a punt en comú. Tot el contrari del que es va fer a Letònia, on el moviment independentista va organitzar-se en una sola plataforma, sense cap incentiu per intentar atreure als que no estiguessin d’acord amb el moviment. Una possible conseqüència d’això pot haver estat l’alienació de part de la població russòfona del país que, a diferencia d’Estònia, va sumar-se en molt poca mesura a la recent república independent. Pluralitat, doncs, al contrari del que se sol pensar, pot voler dir unir a llarg termini. Intentem, doncs, pensar a llarg termini en com volem construir els projectes col·lectius i no ens deixem enlluernar per propostes que no responguin a la complexitat de les nostres societats.