Esta semana se ha celebrado en la sede de Naciones Unidas en Nueva York la Cumbre sobre la Acción Climática que reunía a una multitud de líderes mundiales con el objetivo de poner freno a la crisis climática. Pero muchos de estos líderes no escuchan, no ven, no hablan. Parecen budas felices que posan para hacerse una foto.

Mientras tanto, durante esta semana, todo el mundo se mueve contra el cambio climático, se ha declarado la emergencia climática y este viernes hay huelgas y manifestaciones en todo el mundo para pedir a los líderes políticos que escuchen, vean y se comprometan. Desde los niños de tres años del colegio de mis hijos hasta el movimiento de Fridays for Future. Todos gritan fuerte y sin descanso para pedir a los líderes mundiales que reaccionen, pero ellos, repito, no escuchan, no ven, no hablan. Incluso algunos niegan que exista el cambio climático.

¿Y quién está pagando desproporcionadamente el precio de esta inacción? ¿Quién sufre las consecuencias del cambio climático? Son los países menos desarrollados los que están pagando el precio. Países como Somalia, Etiopía y Kenia se enfrentan a una sequía que ha dejado a 15 millones de personas a merced de la ayuda humanitaria para sobrevivir. En Mozambique, 2,6 millones de personas necesitan asistencia debido a varios ciclones. De hecho, los dos ciclones que golpearon Mozambique este año han provocado daños por valor de 3.200 millones de dólares, una cifra equivalente a más de una quinta parte del producto interior bruto (PIB) de ese país. Es como si 23 huracanes Katrina hubiesen asolado Estados Unidos.

Y está en manos de estos líderes mundiales, sobre todo de los países desarrollados, cambiar la situación. Son estos países los que principalmente generan los gases de efecto invernadero y, sin embargo, son los países más pobres los que sufren las consecuencias. Además, los países más ricos no están comprometiéndose con la financiación necesaria para que otras naciones, como Somalia o Mozambique, se preparen y tengan las herramientas para adaptarse al cambio climático y así reducir su impacto. De media, los países más pobres reciben aproximadamente tres dólares anuales por habitante (menos de un céntimo al día) para protegerse frente a los devastadores efectos de la crisis climática.

La desigualdad y el cambio climático están íntimamente relacionados: los ricos causan el problema, pero son los más pobres, que no son los responsables, los que lo sufren. Acabamos de saber que el efecto del cambio climático en los océanos es irreversible. Este cambio en los océanos generará más ciclones e inundaciones, así como la subida del nivel del mar. Y serán el Sahel, el Corredor Seco de Centro América y el Cuerno de África quienes sufran si los líderes mundiales no ponen remedio.

En 2009, los países ricos acordaron que, para 2020, destinarían 100.000 millones de dólares anuales a la lucha contra el cambio climático, con el objetivo de ayudar a los países más pobres a adaptarse a sus efectos y reducir sus emisiones. El pasado 13 de septiembre, los países desarrollados declararon haber aportado 71.000 millones de dólares, una cifra que con toda probabilidad está muy por encima de lo que al final aportarán y que, a pesar de ello, sigue siendo muy inferior al objetivo establecido.

Pero no es sólo la falta de financiación la que está impidiendo a las personas más vulnerables prepararse para enfrentar los efectos del cambio climático. El endeudamiento excesivo de países como Somalia y Mozambique les deja sin recursos para que puedan invertir en medidas de adaptación al cambio climático, así como para impulsar su desarrollo a través de un modelo bajo en emisiones de carbono. La deuda de Somalia asciende al 75% de su PIB, de manera que, si los fondos que recibe para luchar contra el cambio climático se canalizan a través de préstamos, el país corre el riesgo de endeudarse aún más. Según las estimaciones de Oxfam Intermón, aproximadamente dos terceras partes de los fondos para la lucha contra el cambio climático se aportan a través de préstamos que requieren su devolución.

Esta semana en la que las personas de todo el mundo se movilizan para parar la crisis climática, organizaciones como Oxfam Intermón piden a los líderes mundiales que reduzcan la emisión de los gases de efecto invernadero un 45% en 2030 respecto a 2010 para llegar a emisiones cero a mitad de siglo. Esto es clave para mantener el incremento de la temperatura terrestre por debajo del 1,5ºC.

También pedimos a los países más desarrollados que doblen su compromiso de financiación del Fondo Verde y que condonen la deuda a los países menos desarrollados para que puedan utilizar ese dinero en adaptar a las comunidades más vulnerables a enfrentarse a los fenómenos climáticos.

En cuanto a España, el Presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha comprometido en Naciones Unidas 150 millones de euros para el Fondo Verde, compromiso que esperemos pueda realizar nuestro país, sea quien sea quien gobierne. Esperemos también que sea el principio de un incremento de los fondos en un futuro.

Lo que estamos pidiendo es que los líderes mundiales abran los ojos, los oídos y actúen. Que dejen de ser budas felices.

Hoy se está celebrando en el Congreso de los Diputados el debate de la moción de censura al Gobierno. Definitivamente, la corrupción es uno de los problemas que más preocupa a la ciudadanía y problema que hay que atajar porque el dinero público debe invertirse para garantizar los derechos y satisfacer las necesidades de la población. 

Pero, hacer un debate de esta transcendencia debe aprovecharse para poner sobre la mesa los verdaderos problemas de la gente, los problemas que marcan el día a día de las personas. Tras los años de crisis económica, muchas personas han perdido el trabajo o han caído en la pobreza y la recuperación económica no les ha llegado, y no les ha llegado porque el 1% más rico capturó el 40% de toda la riqueza creada en España. Esta asimetría se debe a que los beneficios de las empresas se les entregan a los accionistas a costa de precarizar el mercado laboral. Este país tiene a más del 13% de la población trabajadora en pobreza, siendo las mujeres y los jóvenes los más afectados. El sistema fiscal es injusto y está mantenido por los trabajadores, los que cotizamos y el gasto público no está atendiendo a las necesidades de los más vulnerables. En 2016, España logró batir su propio record de personas en situación de pobreza, con más de 10,2 millones de personas cuyas rentas se sitúa por debajo del umbral de pobreza. 

Pero, además, hay vida más allá de nuestras fronteras, más de 128 millones de personas en todo el mundo dependen de la ayuda humanitaria. Se estima que los conflictos y los desastres naturales continuarán siendo las principales causas de las necesidades humanitarias. A su vez, más de 240 millones de personas están desplazadas en el mundo, de ellas 65,6 millones son desplazados forzosos que huyen de la pobreza o la violencia. 

¿Hablarán los diputados y representantes del Gobierno de estos problemas?, ¿girará el debate en torno a lo importante? De qué queremos que hablen nuestros políticos, y digo nuestros políticos porque su responsabilidad es responder a ls que necesita la ciudadanía. 

Por supuesto que quiero que hablen de cómo terminar con la corrupción. Pero yo también quiero que mis políticos, cuyo trabajo valoro enormemente, pongan en el centro del debate la lucha contra la desigualdad como medida para reducir la pobreza. Además, quiero oír en el debate que la maría actual de la política, la política exterior, adquiera más prioridad, quiero oír hablar de solidaridad, de proteger a las personas que se desplazan, del rol de España en el mundo. 

Me gustaría que en este debate se pidiera un plan Nacional de reducción de la desigualdad que tuviese como objetivos frenar la precariedad laboral, así como reducir las diferencias salariales entre los salarios de altos ejecutivos. Un plan que asegurase un sistema fiscal progresivo donde paguen más los que más tienen y que garantice que el dinero que se recauda se reparte de forma equitativa llegando a las personas más vulnerables.

Y quiero oír hablar más allá de nosotros mismos, de lo que sale en la prensa, quiero un debate de mirada alta, de buscar un papel relevante en el mundo. Para eso la política exterior tiene que dejar de ser política de segunda. Quiero oír que queremos ser un país al que se reconozca fuera por nuestra solidaridad, porque queremos acabar con la pobreza y la desigualdad en el mundo, porque queremos proteger a las personas que sufren violencia, porque somos un país comprometido con la defensa de los derechos humanos.

Esto pasa por asegurar un aumento sustancial de la ayuda oficial al desarrollo que alcance el 0,4% del PIB en 2020.  Además, es imprescindible desmantelar la política de externalización de fronteras tal y como está concebida en Europa, fomentando vías legales y seguras para personas migrantes y refugiadas. Y pasa por no vender armas a países que pueden utilizarla para causar daños irremediables a civiles.

Esto es lo que yo quiero oír a mis políticos en un debate de moción de censura. Quiero que hablen de lo importante.

Tras una noche electoral de infarto, como no la recuerdo desde hace muchos años, hoy tenemos una España distinta: la España de los pactos. Prácticamente ningún partido podrá gobernar en ninguna comunidad autónoma, ni en grandes ciudades, sin pactar con otros.

Los resultados electorales vuelven a dar la mayoría de votos al PP, seguido por el PSOE, pero entre ambos apenas superan el 50 por ciento, lo que implica que no podrán gobernar solos en la mayoría de los lugares más emblemáticos. Los nuevos partidos han surgido con fuerza. Tanto Podemos y las coaliciones apoyadas por ellos, como Ciudadanos, se abren camino en las instituciones y se convierten en llave de gobierno. Son los pactos de la izquierda los que tienen más posibilidades de progresar porque son los que más mayorías consiguen, tanto en comunidades autónomas como en las grandes ciudades.

También con pactos se gobernará en el puente aéreo Madrid-Barcelona, pero en las dos capitales principales de España el cambio es evidente. Dos mujeres: una activista de la PAH y una jueza retirada han hecho lo imposible, y en las primeras elecciones a las que ambas se presentan consiguen pasar de la nada a poder ser alcaldesas. Ambas tendrán que pactar para conseguirlo, pero el mensaje de los ciudadanos en estas dos ciudades es claro: queremos un cambio en el que las personas sean lo primero.

Parece que los analistas hablan de la pesadilla que se vivirá las próximas semanas para consolidar dichos pactos. ¿Pero de verdad un pacto entre partidos es tan difícil? Yo no lo creo. Si los distintos partidos ponen a las personas en el centro, si todo su afán no se reduce en lograr el poder sino en gobernar para las personas, los pactos serán seguros y fáciles de conseguir. En un país donde la desigualdad se ha incrementado exponencialmente, apostar por reducirla será la clave del éxito.

Para facilitar esos pactos, quiero recordar lo que hace un par de semanas pedían personas como Fainés, de Burundi, o Martha, de Sudán del Sur, FainésMartha que recordaban la importancia de que España sea un país solidario que apueste por la política de cooperación. Apenas hemos oído hablar a los candidatos en estas últimas semanas de cooperación y, sin embargo, esta es una política de pactos y lo ha sido durante muchos años. Pactar por la solidaridad es fácil y permite avanzar por el camino de las personas.

Beatriz, una madre de tres hijos que perdió su casa en un desahucio y no tiene ingresos suficientes para vivir, pide unos ingresos mínimos dignos y unas políticas sociales que le aseguren sus derechos básicos y los de sus hijos. También pide trabajo. Seguro que apostar por estas políticas facilitará a cualquier partido un pacto para luchar contra la desigualdad y la pobreza que se consolidará con fuerza.

Aurora, una mujer joven que lleva muchos años trabajando con salarios que no le permiten llegar a fin de mes, pide un salario digno que se consigue aumentando el salario mínimo y reduciendo la brecha salarial entre hombres y mujeres y entre los salarios más altos y el salario medio. Teniendo en cuenta que el salario medio en España está en torno a los 1.000 euros, no creo que haya muchos españoles que no apoyen los pactos que busquen un empleo y salario dignos.

Jesús, carpintero autónomo que las ha pasado canutas para mantener su negocio y que aún así ha tenido que seguir pagando más impuestos que las grandes empresas, pide que paguen más impuestos los que más tienen. Creo que no puede haber pacto que no ponga en el centro la justicia fiscal como gran medida redistributiva de la riqueza.

Irene y Carlos, dos activistas que piden mayor transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en las instituciones. La mayoría de los partidos han usado estas palabras en la campaña electoral, así que no será difícil pactar para conseguir unas instituciones más abiertas y que luchen contra la corrupción.

Sólo escuchando a las personas como Fainés, Martha, Beatriz, Aurora, Jesús, Irene y Carlos, y comprometiéndose con sus peticiones, los pactos podrán realizarse de una forma sencilla, segura y con un fuerte apoyo ciudadano. Espero que esto sea lo que mueva a los partidos políticos en las próximas semanas.