Hace sesenta años, en Roma, seis naciones profundamente heridas por dos guerras mundiales apostaron por huir de la confrontación hacia la armonía que los intereses industriales y comerciales comunes podrían generar. A través de una integración gradual de las sociedades europeas, fue un paso destinado a conformar rápidamente una comunidad política. Aun así, con el tiempo, la realidad mostró que la unión política no podía realizarse automáticamente con la integración económica, sino que requería de la construcción de un verdadero proceso político.

Hoy, aun haciendo frente a la crisis y a pesar de que la austeridad y los retrocesos democráticos han dañado seriamente el proyecto, la Unión Europea permanece como una de las más grandes ambiciones llevadas a cabo por los europeos y europeas. Significa un auténtico aliento de esperanza para todos los que estuvieron y siguen viviendo bajo la opresión de los regímenes autoritarios o en regiones empobrecidas. En un continente de pasado sangriento, el proyecto de integración, con sus altibajos, sigue constituyendo un pilar de paz y cooperación sin precedentes entre sus pueblos.

Hoy, nosotros y nosotras las europeas, podemos generalmente movernos y vivir libremente por toda la Unión Europea; compartimos recursos e ideamos reglas comunes, a través de instituciones comunes, y eso ha contribuido a mejorar considerablemente la vida diaria de 500 millones de personas; hemos dado la bienvenida a las democracias del sur, emancipadas de sus dictadores militares y hemos reunido un continente con el corazón rasgado por el Telón de Acero.

Por desgracia, estos logros no pueden ocultar que estos últimos años, la crisis amenazó muchos progresos sociales, democráticos y económicos y puso al descubierto la inhabilidad de la Unión Europea y sus Estados Miembros para ofrecer soluciones viables y compartidas. La insistencia obstinada en las políticas de austeridad, combinada con la falta de instrumentos y recursos comunes, así como procesos institucionales disfuncionales, dañaron progresivamente la cohesión y la promesa de solidaridad y prosperidad compartida, incrementaron la desigualdad y el desempleo, y generaron una deuda insostenible en muchos países como es el caso de España. Incluso la libre circulación de personas se está viendo ahora amenazada.

Políticamente debilitada, la UE establece por sí misma sus objetivos sociales y culturales sin los medios necesarios para conseguirlos; los derechos fundamentales están abiertamente cuestionados por algunos gobiernos ultraconservadores y de extrema derecha. Y peor, “Europa” es ahora percibida por un creciente número de europeos como una máquina burocrática que pone el bien común al servicio de intereses privados y de una competencia supuestamente intocable, incapaz de abordar adecuadamente los problemas comunes como la migración, la seguridad y la pobreza.

Asimismo, el establecimiento de una dinámica entre acreedores y deudores fruto de una zona euro mal diseñada y que requiere de urgentes reformas, origen de unos rescates que pusieron en grave riesgo los derechos y democracias de los europeos víctimas de las políticas de la Troika, es un capítulo que el proyecto europeo debe urgentemente dejar atrás.

Los retos de este siglo son globales: el clima, las migraciones, las tensiones y guerras, la tecnología digital, la evasión fiscal, la industria, la preservación de recursos, la contaminación, la biodiversidad, la agricultura, la corrupción y el crimen organizado no respetan las fronteras nacionales. Sí, la Unión Europea no es perfecta. Al igual que no lo es ningún Estado Miembro. Pero sigue siendo sin embargo nuestra mejor herramienta para defender la paz, la solidaridad y las conquistas sociales de la post-guerra y proyectarnos en el futuro.

La construcción de una Europa justa y democrática es nuestra elección. Nuestro deber es defenderla del repliegue nacionalista y de la extrema derecha. Nuestra voluntad es reafirmar su vigencia como hogar común y abierto. Nuestro objetivo es transformarla en estandarte único de tolerancia, integración, sostenibilidad y justicia social.

La mayor riqueza de Europa no yace en su poder económico, sino en el trabajo y valor de sus mujeres y hombres. Vive cada día a través de sus ciudadanos, trabajadores, estudiantes, emprendedores. Es para todos y cada uno de ellos que el proyecto europeo debe proveer razones para ser defendido.

La Unión Europea debe ser nuestro marco común capaz de agrandar el alcance de los derechos y libertades. Llevemos a cabo la transición ecológica contra las amenazas del cambio climático y la escasez de recursos, protegiendo el aire que respiramos, la comida que comemos, el agua que bebemos y la salud de cada uno de nosotros y nosotras. Invirtamos en la juventud, en educación, en nuevas actividades económicas y empleos de calidad, saliendo de la dependencia de las energías sucias y contaminantes. Peleemos por un presupuesto europeo real para construir solidaridad, redefinir el bienestar y luchar contra la exclusión y la pobreza. Ayudemos a la gente que huye de la guerra y la miseria, y llegan a nuestras costas. Recuperemos la ambición en la lucha contra la corrupción, el mal gobierno y la debilidad de la ley, así como buscando la cooperación frente a la competencia y desregulación.

Significa un nuevo ímpetu para una “Europa aún más unida”, resonando las esperanzas de hace 60 años. La UE debe ser transformada para convertirse en una efectiva democracia multinivel, liberada de la regla de la unanimidad y de los vetos mutuos. La sucesión de tratados intergubernamentales y sus enmiendas no será suficiente. ¿Por qué no apostar por un verdadero proceso constituyente europeo que organice la separación de poderes, consolide las libertades y derechos fundamentales, deje atrás los inefables años de la Troika y establezca los objetivos de la Unión dentro y fuera de sus fronteras?

Los Verdes europeos nos comprometemos a ser parte activa en una gran alianza entre los actores del cambio, los movimientos sociales y las fuerzas demócratas y progresistas para liderar un contrato social renovado para una mayor democracia en la UE. Para nosotros es un proyecto y horizonte compartido y debe convertirse en una herramienta indispensable para construir una sociedad justa y ecológica.

Sesenta años después, no es el momento de conmemoraciones, mucho menos de nostalgias. Es, más que nunca, el momento de dejar atrás los años oscuros de la austeridad y los retrocesos democráticos y escribir juntos un nuevo capítulo para nuestra historia común, más cohesionada y más sostenible.

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Ska Keller, copresidenta de Los Verdes/ALE en el Parlamento Europeo

Philippe Lamberts, copresidente de Los Verdes/ALE en el Parlamento Europeo

Florent Marcellesi, eurodiputado de EQUO en Los Verdes/ALE

Ernest Urtasun, eurodiputado de ICV en Los Verdes/ALE

El fracaso del diálogo no sería el único escenario catastrófico: el éxito en las negociaciones podría conducir a un resultado tanto o más dañino

El fracaso de las negociaciones actuales entre las instituciones y Grecia, terminando en suspensión de pagos del país heleno, no sería el único escenario catastrófico. Aunque a primera vista pueda parecer paradójico, lo que sería considerado el “éxito” de las conversaciones por parte de las instituciones podría llevar a un resultado tanto o más dañino para Grecia y Europa.

De hecho, si por “éxito de las negociaciones” entendemos, como afirman cada vez más comentaristas en toda Europa, que el gobierno griego finalmente “entraría en razón” y aceptaría las premisas de las peticiones del Eurogrupo y de la Troika, hay que saber que este supuesto éxito tiene muchas probabilidades de tener efectos tan devastadores, o incluso más, que un fracaso de las negociaciones entre las partes, y no solo para la sociedad griega, víctima de una crisis humanitaria sin tregua desde hace ya casi seis años, sino también para el resto de contribuyentes europeos.

Las peticiones del FMI y de los interlocutores europeos se basan en el éxito de la conclusión del programa actual en la fecha límite prevista de finales de junio para poder llevar a cabo el desbloqueo del tramo de nuevos préstamos por un valor de 7200 millones de euros, que permitirían a su vez a Grecia saldar sus deudas con el BCE y el FMI. Los parámetros de las instituciones, para que este desbloqueo sea posible, suponen que el gobierno griego y sus acreedores se pongan de acuerdo sobre un conjunto de condiciones relativas a las reformas de las instituciones y los mercados en Grecia, y sobre las medidas de saneamiento presupuestario destinadas a iniciar el camino de la reducción sostenible de los coeficientes de deuda pública. El debate sobre una posible nueva reestructuración de la deuda griega se dejaría para “más adelante”. Dicho de otro modo, se dejarían para después de la aplicación de las reformas que permitirán restaurar la confianza entre los socios.

Más concretamente, las medidas de consolidación presupuestaria solicitadas por los acreedores deberán significar en 2015 un esfuerzo total que permita un superávit primario del 1%. La Troika y el Eurogrupo han identificado dos objetivos principales para poder realizar dicho esfuerzo: el IVA y el sistema de pensiones. La Comisión Europea ha sugerido en las últimas horas que otras medidas que permitan alcanzar el mismo objetivo podrían resultar aceptables para los acreedores siempre que el esfuerzo presupuestario conserve la misma magnitud y, evidentemente, que las medidas alternativas resulten “creíbles”.

Esta auto-proclamada flexibilidad va acompañada de lo que los demás países europeos describen como una “gran concesión” hecha a Grecia, al reducirse la trayectoria de superávit primario para los próximos años (es decir, los objetivos relativos a los ingresos públicos menos los gastos, excluidos los cargos por intereses de la deuda pública). Sin embargo, se trata más bien de una concesión a la realidad que a Grecia, ya que la trayectoria de superávit prevista anteriormente se ha vuelto simplemente irrealizable en el contexto actual.

Estos dos elementos, “flexibilidad” en las medidas par alcanzar la consolidación exigida y la rebaja del objetivo de superávit primario, se repiten como un mantra en todos los medios como muestras tangibles de la “voluntad de acuerdo” de los socios europeos y el FMI y son invocados para pedirle al gobierno griego que entre en el juego, y que haga gala de “realismo” y de sentido de la responsabilidad mientras nos acercamos peligrosamente a la fecha límite de finales de junio.

Sin embargo, esta retórica aparentemente razonable se basa en la repetición de un mismo error de partida o, si queremos ser menos amables, en la constante negación de la realidad y lo que es aún peor, en la misma mala fe que las premisas de los planes de rescate anteriores a los que se ha sometido a Grecia. El propio FMI presentó hace poco entre líneas un mea culpa reconociendo que las medidas de austeridad draconianas impuestas por estos planes en los últimos años han tenido como efecto una disminución de la actividad económica mucho más pronunciada que la prevista por las tres instituciones de la Troika. El efecto de sus errores de estimación conllevaron a un aumento del coeficiente de deuda pública en relación con el PIB, producido por una caída muy severa del denominador del coeficiente (iniciando un retroceso de más del 25% en 6 años). Tras un breve período de calma en el que la caída parecía haber llegado a su fin, el país ha vuelto a caer en la espiral infernal de retroceso del PIB desde el último trimestre de 2014, es decir, antes de la elección del nuevo gobierno. Dada la experiencia anterior parece razonable preguntarse si las nuevas medidas de consolidación presupuestaria no tendrán un efecto destructivo similar al de las medidas de los dos primeros programas.

De hecho, esta es la pregunta que Martin Sandbu se hacía en un artículo reciente en el Financial Times la semana pasada, y la conclusión a la que llega es profundamente alarmante. Si partimos de supuestos y usando multiplicadores más bien optimistas para calcular el impacto de las medidas de consolidación presupuestaria sobre el PIB griego, veremos que los esfuerzos necesarios para alcanzar el objetivo del 1% de superávit primario en 2015 que exige ahora el Eurogrupo y la Troika conducirían a una nueva caída brutal de más del 5% del PIB para el mismo año. En un país ya devastado por la depresión económica, que ha visto su producción caer en más de una cuarta parte entre 2010 y finales de 2014, una caída de este tipo haría a su vez aumentar el coeficiente de deuda respecto al PIB en un 9%. En la medida en que el país ya está al borde de la bancarrota, es irreal esperar una mejora con estos indicadores en el corto plazo. En este escenario la situación de suspensión de pagos y una salida de jure o de facto de la moneda común, posibilidad que parece cada vez más probable, no haría más que retrasarse unos meses para convertirse en una situación prácticamente inevitable.

No hace falta señalar los efectos que este escenario tendría para los griegos, pero a veces se obvia por incómodo el impacto de estas medidas en los demás Estados Miembros. La mayor parte del saldo de la deuda en Grecia se socializó en el período 2010-2014. A pesar de la reestructuración de las deudas del sector privado, una parte muy sustancial de estas deudas se ha devuelto y sustituido con dinero prestado al Estado griego por los demás Estados Miembros de la zona euro y por el EFSF (European Financial Stability Facility), que es un vehículo garantizado por estos mismos Estados miembros. A España le toca su parte, a pesar de que el Gobierno español ha hinchado de forma malintencionada la cifra que le corresponde.

El eurosistema (constituido por el BCE y los bancos centrales nacionales que revierten sus eventuales beneficios netos a los gobiernos centrales ) también carga con una parte significativa del saldo de la deuda pública griega, y también se hizo acreedor a la altura de 100 000 millones de euros del sistema bancario griego. La solvencia del sistema bancario griego depende a su vez de la solvencia de las arcas públicas griegas, ya que una parte sustancial de los activos de estos bancos está garantizada por el Estado.

En caso de suspensión de pagos por parte de Grecia, se socializarán por lo tanto los costes entre todos los contribuyentes de la zona euro. Una situación que los defensores del dogmatismo neoliberal, sin duda alguna, aprovecharían para augurar nuevas profecías que justifiquen nuevas medidas de austeridad en los demás países de la zona euro, para hacer frente a estas pérdidas.

Creemos que en lugar de desear el supuesto “éxito” de las negociaciones con la imposición de las suicidas propuestas del eurogrupo y la Troika y su supuesta “flexibilidad”, queremos hacer un llamamiento a que el realismo se imponga al dogmatismo. Dicho de otro modo, en lugar de aplazar el problema contribuyendo así a su agravamiento, las premisas de un posible acuerdo deberían sustituirse por los siguientes tres elementos:

1. Garantizar para el año en curso una flexibilidad verdadera en el esfuerzo presupuestario, y vincular los objetivos presupuestarios futuros al crecimiento del PIB. El esfuerzo presupuestario necesario para alcanzar el objetivo del 1% de superávit primario debe ser modificado en su totalidad o reducirse a una proporción más modesta a no ser que las medidas de consolidación presupuestaria se compensen, por lo menos durante el primer año, con un programa de inversiones dirigido por la Unión. Dicho programa se centraría preferiblemente en los sectores con potencial de crecimiento, como la eficiencia de los recursos y las energías renovables;

2. Reestructurar la deuda, en especial a través de una prolongación de la duración de los créditos actuales y una reducción en los tipos de interés e, incluso, de la participación directa del Mecanismo Europeo de Estabilidad en el capital de los bancos griegos, elementos que deberían formar parte ya de las negociaciones actuales y no de hipotéticas negociaciones futuras.

3. Reformas a largo plazo para hacer frente a las patologías profundas del marco institucional griego. Sin embargo, estas reformas deben alejarse del programa neoliberal impulsado por el dogma europeo, como la reducción de las prestaciones sociales o la reducción de los salarios, y centrarse en un refuerzo del estado de derecho para garantizar la equidad y la legitimidad de los poderes públicos. Un seminario recientemente organizado nada menos que por la London School of Economics renegaba de las reformas impulsadas hasta ahora en el país e identificó y detalló una serie de reformas alternativas para instaurar un verdadero estado de derecho para darle la vuelta al viejo sistema clientelista griego que sucedió a la dictadura. Está claro que, desgraciadamente, los socios europeos no han considerado jamás que estas reformas sean prioritarias

"Una amplia mayoría de los diputados y de los gobiernos europeos está a punto de enterrar la que podría haber sido la mayor reforma bancaria de la historia de la Unión, en particular, la separación de las actividades bancarias", afirman los autores

Queremos dar la voz de alarma. Seis años después del inicio de la crisis financiera en Europa, una amplia mayoría de los diputados y de los gobiernos europeos está a punto de enterrar la que podría haber sido la mayor reforma bancaria de la historia de la Unión, en particular, la separación de las actividades bancarias. Tras este enunciado contundente se esconde, en realidad, una idea sencilla, realista y, sobre todo, innegablemente eficaz para evitar futuras crisis bancarias y proteger mejor a los contribuyentes europeos.

No obstante, antes de plantear la solución, hablemos primero de cuál es el problema. Actualmente el sector bancario europeo está dominado por un puñado de bancos denominados “sistémicos”, es decir, bancos de dimensiones tan enormes que la quiebra de tan solo uno de ellos podría poner en peligro al conjunto de la economía europea.

¿Cómo hemos llegado a esta situación? Durante los últimos 15 a 25 años, estos bancos han crecido de forma desproporcionada con respecto a la economía real, principalmente incrementando su volumen de actividades especulativas en los mercados financieros.

En la actualidad constituyen colosos bancarios “mixtos”, es decir, combinan las actividades de la banca minorista (el depósito de ahorros y la concesión de créditos a los hogares y a las empresas) con las de un banco de negocios (operaciones en el mercado, a menudo de carácter especulativo).

Esta confusión entre las categorías conlleva diversos efectos adversos. En particular, los grandes bancos utilizan los depósitos de sus clientes para financiar sus operaciones de especulación. Asimismo, corren riesgos excesivos porque saben que, si la apuesta les sale mal, los Estados no tendrán más remedio que rescatarles para evitar que sus depositarios sufran directamente las consecuencias. En pocas palabras, el hecho de permitir que los megabancos actúen como depositarios de los ahorros de los particulares mientras especulan en los mercados financieros es como permitir a un hipermercado que almacene, bajo un mismo techo, madera al lado de combustible.

Los efectos adversos no son sólo nocivos por el riesgo sistémico que genera en el sistema bancario. Las personas usuarias también se ven gravemente afectadas y en España hemos vivido el ejemplo más dramático: la estafa de las participaciones preferentes. Clientes de perfil evidente de ahorro minorista eran captados por las entidades financieras para sus actividades inversoras de riesgo. Y ante el colapso de las inversiones, han perdido total o parcialmente los ahorros de toda una vida.

Por este motivo, resulta necesaria una separación de las actividades bancarias. Este tipo de medida obligaría a los grandes bancos a fijar una separación inamovible entre sus actividades básicas para el público en general (depósito de ahorros y concesión de créditos) y sus actividades no básicas (operaciones en el mercado). Las primeras, que corresponderían a una entidad de «banca minorista», seguirían recibiendo apoyo público en caso de quiebra, mientras que las segundas, que corresponderían a una entidad de «banca de negocios», no disfrutarían de tal protección.

En enero de 2014, la Comisión Europea presentó un proyecto de Reglamento que constituía un paso en esa dirección. Sin duda, dejando a un lado cualquier automatización de la separación bancaria (la decisión final recaería exclusivamente en las autoridades supervisoras), el brazo ejecutivo de la Unión ha introducido  limitaciones importantes en su propuesta legislativa. No obstante, en lugar de optar por cubrir esas lagunas, una gran mayoría de diputados y de gobiernos europeos se está esforzando por agrandarlas. Incluso hasta el punto de rechazar la idea en sí de una separación de las actividades bancarias.

Los argumentos que emplean para justificar lo injustificable son de sobra conocidos: “Esta medida puede perjudicar a la competitividad de nuestros bancos”, “una regulación excesiva puede acabar con el crédito y, en consecuencia, perjudicar a la recuperación del crecimiento”, “la mayor parte de las operaciones que realizan los bancos en los mercados no son especulativas, sino que se centran en desarrollar productos financieros adaptados a las necesidades de las empresas”, etc.

Como cabía esperar, estos argumentos son idénticos a los empleados por los grupo de presión del sector bancario para luchar contra la idea de una separación bancaria.

El hecho de que la mayoría de los responsables políticos no tenga el menor problema en defender abiertamente los intereses de las grandes entidades bancarias se debe, en gran medida, a que actualmente ha disminuido notablemente la presión mediática y ciudadana que luchaba por una mayor regulación bancaria. Pocos de estos responsables se hubieran atrevido a oponerse a la separación bancaria si la medida se hubiera propuesto justo tras el inicio de la crisis financiera de 2008. Salvo que quisieran acabar de lleno con su carrera política.

Parece que el tiempo va en contra de la regulación bancaria. ¿Es necesario recordar que, desde 2008, los países europeos han destinado 1,6 billones de euros a ayudas estatales y garantías públicas para rescatar al sector bancario europeo? ¿O que el aumento de los déficits presupuestarios y de la deuda pública tras rescatar a la banca se han traducido luego en drásticos programas de austeridad cuyos efectos han afectado de forma desproporcionada a los segmentos más vulnerables de nuestra sociedad?

Si el 99% de los ciudadanos europeos, indefensos en la actualidad por la falta de regulación financiera, se dieran súbitamente cuenta de la mala pasada que está a punto de jugarles la mayoría de sus representantes electos, se movilizarían para acabar con este escándalo político.

La buena noticia es todavía no está todo perdido. Quienes sean partidarios de la separación bancaria tenemos una última oportunidad para inclinar la balanza en el otro sentido. Esta semana se reúnen los eurodiputados y eurodiputadas en la Comisión parlamentaria de asuntos económicos y monetarios para decidir por votación si van a enterrar o no el proyecto de reforma bancaria presentado por la Comisión. Los diputados y diputadas conservadores y liberales parecen haber decidido matar el texto, mientras que el grupo socialista permanece dividido, lo que podría traducirse en la adopción de un reglamento muy diluido que no deje en la práctica ninguna posibilidad para una separación real de actividades.

Si los socialistas deciden finalmente juntarse con el Grupo Verde, la Izquierda Unitaria y el Movimiento 5 estrellas, podríamos burlar la estrategia conservadora de terminar con el proyecto. Nos jugamos evitar nuevas estafas bancarias.