Se acaba de publicar el acuerdo firmado por el Partido Popular y VOX para gobernar conjuntamente en Extremadura. La presidenta Guardiola, que hace poco decía que no podía dejar entrar en el gobierno a quienes deshumanizan a los inmigrantes, no solo lo ha hecho, sino que se ha sumado a ello.

El acuerdo es xenófobo. Sin duda. No por las medidas que prevé, sino por el lenguaje que utiliza y las ideas que evidencia. Cualquier jurista que lo lea entenderá inmediatamente que tanto VOX como el Partido Popular querrían adoptar toda una serie de normas que implican una discriminación por razón de origen, religión o raza. Pero no lo van a hacer en Extremadura. Esencialmente porque ninguna de ellas es competencia de la comunidad autónoma. En ese sentido, la única manera de aplicar en esa región el programa excluyente de los ultras que ahora ha asumido también el partido conservador sería saltándose la ley. Como los firmantes -que no son tontos- lo saben, el texto del acuerdo está lleno de requiebros y medias palabras que demuestran que efectivamente, desde el punto de vista jurídico es tan solo papel mojado.

Efectivamente, el documento firmado tiene mas forma de folleto propagandístico que de un programa de gobierno. Literalmente, el compromiso en la mayoría de puntos es ‘instar’ o ‘exigir’ al gobierno de España a cambiar las normas; ‘trabajar activamente’ para conseguir sus objetivos. A lo sumo, ’poner el máximo celo’ en determinadas cuestiones.

Un buen ejemplo está en los relativo al reparto de menores inmigrantes tutelados por el Estado. El real decreto que regula la materia establece un mecanismo de ejecución forzoso, de modo que las comunidades autónomas no pueden negarse a recibir a un menor. El acuerdo firmado entre ultras y conservadores, recalca que la junta de Extremadura se opondrá a este reparto “por todos los medios legales, jurídicos y políticos”, especialmente no participando en reuniones destinadas a reformar o aplicar el sistema. Es decir, en la práctica toda esa oposición se plasmará en una declaración indignada por la que la junta dirá que se opone al reparto. Con eso se habrá cumplido el acuerdo, incluso aunque Extremadura continúe aplicando la ley y acogiendo a los menores que se le asignen.

Tampoco hay prevista ninguna medida que venga a modificar las normas de empadronamiento. Más allá de los titulares que leemos estos días, lo máximo a lo que se comprometen los nuevos gobernantes extremeños en este punto es a pedir al gobierno que reforme la ley de bases del régimen local. Y ya se sabe lo que hay contra el vicio de pedir…

Uno de los principales hallazgos propagandísticos de este acuerdo es la inclusión de expresiones de dudosa eficacia jurídica que dan a entender la posibilidad de adoptar normas discriminatorias. Así en los apartados referidos a la vivienda y la seguridad, se habla del “principio de prioridad nacional”. Sin embargo, al leer la letra pequeña del acuerdo, este principio se traduce tan solo en exigir un tiempo de empadronamiento previo en Extremadura para acceder a determinados servicios, como vivienda protegida. Esa restricción no afectará necesariamente a extranjeros, sino a cualquier ciudadano que se traslade a vivir a esa comunidad autónoma. Más aún, conscientes de que eso dificulta el retorno de los extremeños, que emigraron a otros lugares, se modera con el criterio de que también se puede acceder si se tienen familiares viviendo ya en Extremadura. Aplicado a los residentes extranjeros viene a ser una especie de procedimiento de arraigo o unificación familiar. Nada que se oponga a las leyes españolas en materia de inmigración; más bien lo contrario.

Incapaces de negar demasiado la evidencia, en otro punto los firmantes reconocen que la junta de Extremadura tiene “limitadas competencias ”para, promover acuerdos con países de origen. Así, a lo largo de todo el texto, hay compromisos de fomentar, promover, intentar, o similar. Se han aprobado directrices comunes políticas pero no jurídicas. No estamos ante un acuerdo que se vaya a concretar en gran medida en normas extremeñas en vigor, sino en posicionamientos de su gobierno. Básicamente la señora Guardiola se compromete a defender frente al gobierno de la nación y a su propio partido, los posicionamientos xenófobos de Vox en materia de inmigración.

Siendo rigurosos, sí es cierto que en un puñado de apartados se habla de medidas concretas que adoptará el gobierno o el parlamento extremeño. Sucede así, sobre todo, en materia de protección al medio ambiente que es competencia exclusiva de la comunidad autónoma. Lamentablemente, los partidos firmantes quieren cambiar las leyes de protección ambiental, de caza, de pesca y de espacios naturales, siempre fomentando el desarrollo desaforado y reduciendo la garantía del medio ambiente. Ahí podrán causar daños irreversibles. Sin embargo, en materia de migraciones y extranjería, por ahora, la falta de competencias hace imposible que desde Extremadura se amenace a la igualdad y los derechos humanos.

Esta vez disparan las salvas con munición de fogueo, pues. Pero estos fuegos artificiales son un anuncio de lo que podría pasar si tras las elecciones generales, se llegara a un acuerdo similar en el gobierno de España. Lo que anuncia ahora el Partido Popular es que está dispuesto a poner en marcha una legislación extremista y xenófoba si algún día su líder llega a la Moncloa. En este sentido, las aspiraciones que se reflejan en el acuerdo van mucho más allá de lo que prevén las normas en vigor en la mayoría de países europeos. Las reglas sobre inmigración y extranjería que le gustaría aplicar a la alianza entre populares y VOX solo tienen parangón, si acaso, en las de gobiernos extremistas, como los de Hungría o Polonia.

Más allá, las ideas que de pronto ha abrazado el que hasta ahora era un partido conservador democrático (de centroderecha, en su propia denominación) son en gran medida inconstitucionales. Algunas ideas que no se ha atrevido a plasmar de modo vinculante en el acuerdo, pero que defienden al presentarlo públicamente suponen una auténtica discriminación por origen prohibida por la constitución.

Si el partido popular en esta nueva deriva xenófoba llegara al poder en próximas elecciones generales, solo podría aplicar este programa que ahora anuncia modificando previamente la Constitución y reduciendo el ámbito de protección en España de los derechos fundamentales. Está por ver si se atreverán a tanto, pero este acuerdo anuncia un cielo muy oscuro para los derechos humanos en nuestro país.

La famosa novela de Augusto Roa Bastos 'Yo, el supremo' es una de las mejores recreaciones literarias sobre el autoritarismo. Trata la historia de un dictador decimonónico que gastaba ese apodo, pero estos días resulta inevitable poner en relación la historia del autor paraguayo con la deriva de nuestro propio Tribunal Supremo. Cada vez más ciudadanos tienen la impresión de que en España se está imponiendo una juristocracia en el que nuestros destinos quedan en manos de la voluntad de un grupo de magistrados que se arroga un poder excesivo. 

La condena al fiscal general del Estado es en esencia un recordatorio de que el tribunal que la ha dictado se llama supremo no porque tenga la última palabra, sino porque se considera por encima del control de cualquier poder. La sentencia nonata cuyo fallo conocemos no se presenta ante la sociedad como un acto jurídico, sino de mera voluntad. Ni está dictada con las garantías legales ni tiene nada que ver con imponer el respeto a la ley. Es un mero ejercicio de poder por el que cinco jueces demuestran que son ellos los que deciden cuándo puede seguir en su cargo el fiscal general del Estado. Un aviso para cualquier otra autoridad democráticamente elegida que no sea del agrado de los responsables de impartir justicia. 

En efecto, la sentencia en sí no ha sido completamente publicada. Solo su parte decisoria. Algunos juristas honestos se resisten, por ello, a comentar el fallo. Son juristas que, sin duda, quieren creer en la ley y el sistema judicial. Tienen la fe en el sistema de la que parece carecer el propio Tribunal Supremo. La ausencia de motivación de la decisión no sólo vulnera la Constitución, que señala literalmente que “las sentencias serán motivadas”. También va contra la esencia misma de la más elemental lógica jurídica que un tribunal decida primero cómo va a resolver el caso y deje para después el cómo argumentarlo.

Un tribunal de justicia que hace público el fallo antes de haber siquiera redactado las razones jurídicas en que se basa despierta suspicacias. Muchos interpretarán comprensiblemente que basa sus decisiones en la conveniencia política y solo a posteriori busca cómo darles apariencia jurídica. Si había un caso en el que el Tribunal Supremo de España estaba obligado a demostrar que su decisión sobre la inocencia o la culpabilidad del acusado era el resultado de una operación jurídica y no de una operación política era este.

En el libro de Roa Bastos llega un momento en el que el autócrata ya no se preocupa por ocultar que su poder no es ni justo ni legítimo. No sabemos si nuestro más alto tribunal de justicia está ya en ese punto. Como mínimo ha demostrado una profunda irresponsabilidad.

Es difícil no pensar que el fallo publicado es una decisión política. La multa y los dos años de inhabilitación específica para su cargo son el tiempo justo para que el fiscal no entre en prisión, pero tenga que dejar de ser fiscal general del Estado por el resto de la legislatura. Uno podría pensar que los magistrados no se han pasado esta escasa semana debatiendo sobre cuestiones legales, sino sobre cómo conseguir echar al fiscal, sin que pueda volver a ser nombrado y sin imponer una pena tan dura como para provocar una rebelión entre los pocos jueces que no comparten la actuación de la Sala Segunda. Mucho tendrá que argumentar el Supremo para convencernos de que es el resultado de la fría y neutral aplicación de la ley.

Mientras esperamos a que alguien escriba una argumentación que le dé un mínimo de apariencia jurídica a todo esto, es posible imaginar por donde irá la sentencia. De una parte, porque todos hemos podido seguir día a día los detalles del juicio. De otra, porque al fiscal lo ha juzgado un tribunal contaminado que ya había validado las suposiciones del juez instructor. Así que es de prever que siga la línea marcada por este. Es muy probable que la principal prueba de cargo sea el borrado de los mensajes del fiscal. Algo que hizo antes de que nadie se los pidiera. Sustentar cualquier acusación en el hecho de que el acusado no ha dejado pruebas es una grosera vulneración del derecho constitucional a la presunción de inocencia. Considerar incriminatorio el hecho de no poder saber si los mensajes demuestran la culpabilidad o no es como utilizar para lo mismo la negativa a declarar. Una barbaridad que desafía la esencia misma del juicio penal.

Más allá, el fallo demuestra que el tribunal no ha dado ninguna veracidad al testimonio exculpatorio de la decena de periodistas que declararon que la filtración no les había llegado del fiscal general del Estado. En este punto el Tribunal Supremo tiene la más absoluta libertad para valorar la credibilidad o no de cualquier testimonio, siempre que lo justifique, cosa que se supone que está intentando hacer en estos momentos. Sin embargo, una duda que sobrevuela este convencimiento: caso de que uno de los periodistas hubiera reconocido en el juicio que efectivamente quien les envió el correo fue el fiscal general del Estado, ¿el tribunal tampoco le habría dado ninguna credibilidad a ese testimonio? Si el lector o la lectora piensan que el testimonio acusador de cualquier periodista sí hubiera servido como prueba de cargo para la condena, entonces estará pensando que el Supremo solo le da credibilidad a quien dice lo que quiere escuchar.

En fin, España parece cada vez más una juristocracia. El Tribunal Supremo lo mostró durante el procés, con el diputado Alberto Rodríguez, cuando se negó a aplicar la reforma del delito de malversación, cuando se negó a aplicar la ley de amnistía… y ha vuelto a hacerlo ahora. Quienes creemos en el derecho intentamos convencernos de que son casos puntuales y de que en general el sistema funciona. Sin embargo, empieza a identificarse una tendencia inquietante. Lo peor de todo es que los ciudadanos parecemos mucho más preocupados por la pérdida de confianza en la justicia de lo que lo está el Tribunal Supremo.

Si todo juicio tiene algo de teatro, el del fiscal general del Estado que acaba de terminar ha parecido una representación de guiñoles. Jueces, abogados, fiscales y hasta el acusado, vestidos con sus togas negras tras unas mesas, parecían esconder bajo el tejido la mano que los movía, mientras otros recitaban sus textos. Y es que toda la vista oral ha tenido mucho de reiteración. No ha habido espacio para sorpresas. Tiene que haber sido especialmente aburrido para los jueces que ya habían revisado las actuaciones durante la instrucción, pese a que es algo prohibido por el derecho constitucional y europeo. En este ambiente de déja vu, el público nos hemos tenido que conformar con comentar las escasas anécdotas y aplaudir las interpretaciones de los actores más entregados.

No ha aparecido ninguna prueba nueva. Es decir, ninguna prueba. La acusación se basa tan solo en un dato: que el fiscal general tuvo la oportunidad de filtrar un correo electrónico. Durante las sesiones del juicio, las acusaciones se han empeñado en demostrar lo que ya se sabía: que el fiscal general tuvo acceso al texto de ese mensaje tras reclamarlo a sus subordinados. Él mismo ha reconocido que lo hizo para poder emitir una nota de prensa defendiendo con datos la honorabilidad de su institución. Sin embargo, desde el principio quedó claro que no se podía juzgar al fiscal general por dicha nota, que no era delictiva. Es, por cierto, algo que los representantes del Colegio de abogados de Madrid no han comprendido. Uno de los momentos más surrealistas del juicio fue escucharlos argumentar exclusivamente sobre esa nota, sin referirse en ningún momento a los hechos que sí se juzgan. En todo este caso, siempre se ha sabido que el fiscal general legítimamente pidió el correo electrónico y legítimamente lo utilizó para elaborar una nota de prensa. Lo que había que dilucidar es si, además de eso, envió el mensaje a la prensa. Ningún indicio real apunta a que lo hiciera.

En los primeros días de la vista, los medios de comunicación más cercanos al Partido Popular de Díaz Ayuso se agarraron a una frase de la fiscal jefe de Madrid, enemiga declarada del acusado, que afirmó haberle reprochado: “lo habéis filtrado”. Ella misma cuenta que su jefe – que niega esa conversación– no le confirmó haberlo hecho. Así que la frase no aporta nada, más que un bonito titular. Por su parte, los distintos jefes de prensa solo demostraron ser personas leales a quienes los contratan y tampoco por ahí pudo rascarse nada.

Sí que fue divertido escuchar al siempre chistoso jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso y al siniestro personaje con el que al parecer la presidenta de la Comunidad de Madrid comparte techo. El primero, el inefable Miguel Ángel Rodríguez, nos deleitó con sus invectivas siempre irritadas. Jurídicamente se limitó a corroborar que se había inventado el bulo de que el Gobierno no quería que la imputación del empresario defraudador se saldase con un acuerdo de conformidad. El segundo, el supuesto empresario que se enriqueció desproporcionadamente gracias a la pandemia, tuvo la intervención más teatral de estos días. Ese señor consiguió dos millones de euros simplemente por intermediar en un contrato de venta de mascarillas y otro material sanitario. Luego, parece que intentó no pagar a Hacienda y tuvo la osadía de falsificar una factura por un millón de euros. Cuentan de él también que intentó desgravar de Hacienda la compra de un Rólex, de un saxofón y hasta de hilo dental. Ahora intentó llevar su creatividad a la sala de vistas del Tribunal Supremo, convencido de estar interpretando un personaje shakespeariano. El resultado fue más bien de comedia de Alfredo Landa. Lacrimógeno, se quejó de que le habían hundido la vida: al fin y al cabo, para esta gente lo terrible no es defraudar, sino que se sepa. Protagonizó el momento más tragicómico del juicio, al decir que estaba valorando entre suicidarse o irse de España. El presidente del Tribunal, con cierta retranca, le pidió que lo consultase con su abogado. A cualquier otro la broma le habría podido suponer la entrada en prisión provisional por riesgo de fuga.

Más allá de estas intervenciones folklóricas, el grueso de la acusación se fiaba al testimonio de los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Fue decepcionante. No solo para quienes esperaban datos novedosos sino también para quienes creemos tener unos cuerpos policiales modernos e inocentemente pensamos que las películas de Torrente son pura ficción. No se trata solo de que todas las conclusiones de la policía descansaban en mera elucubración sin base fáctica, sino que además se puso en evidencia que en sus informes habían manipulado mensajes, cortando trozos, para que pareciera que decían cosas diferentes de lo que decían. Un disparate que en cualquier país serio sería un escándalo, pero que aquí es solo un detalle de esta trama de títeres. En plena representación teatral escuchamos a agentes de la Guardia Civil decir que la principal evidencia de que quien filtró fue el fiscal general es que él es el jefe de la Fiscalía. Como decir que en la policía solo delinquen los jefes. Por supuesto, la UCO no investigó a nadie más, ni intentó averiguar si había indicios de que alguna otra del centenar de personas que tenía el correo lo hubiera pasado a la prensa. Todo muy edificante.

Una vez más ha quedado en evidencia que el único indicio de la acusación es que el fiscal general borró sus correos y teléfonos móviles antes de que se los pidieran. A falta de otras evidencias, esa es la piedra angular del caso. En general, resulta endeble basar una acusación en que alguien no haya dejado pruebas ni rastros en su contra. Más aún, si no se han podido leer los mensajes, aunque sea por culpa el acusado, el derecho a la presunción de inocencia impide asumir que sean inculpatorios. Además, en este asunto, en el que los protagonistas ocupan altísimos puestos de responsabilidad y en un contexto en el que todos los documentos que se intervienen judicialmente aparecen inmediatamente en los medios de comunicación es posible imaginar muchos otros motivos para que un fiscal general quisiera impedir que nadie accediera a su correspondencia. Los testigos de la defensa han colaborado a explicar posibles causas para el borrado de mensajes con la intervención de expertos en seguridad de la fiscalía que respaldaron el hábito de borrarlo todo cada cierto tiempo. No es un argumento definitivo, pero tampoco le corresponde al acusado demostrar que es inocente, sino a la acusación probar que no lo es.

Otros testimonios exculpatorios han sido los de diversos periodistas que han declarado solemnemente y bajo juramento que no fue el fiscal general quien les hizo llegar el correo electrónico discutido. Es algo que el tribunal no está obligado a creer a pie juntillas. Aunque nadie duda de que si alguno de los informadores hubiera dado la campanada y señalado directamente al acusado como el origen de la filtración, el Supremo le daría credibilidad absoluta para condenar a García Ortiz. Existen motivos para sospechar que los jueces, o algunos de ellos, están deseando poder dictar una sentencia condenatoria. No solo porque desde el principio no hayan investigado a nadie más, ni porque hayamos llegado a juicio sin indicios mínimamente sólidos, sino incluso porque el propio presidente del Tribunal calificó de amenaza el que un periodista dijera enfrentarse a un dilema moral porque su obligación de guardar el secreto profesional sobre la fuente de sus informaciones pudiera llevar a la condena de un inocente, en alusión al fiscal.

En fin, el sainete duró hasta el final. La declaración del acusado tampoco tuvo mucha sustancia. Terminó con una frase que dijo haber acabado de escuchar por la calle y parecía sacada de una canción de Shakira. La verdad no se filtra, se defiende. Nadie ha sido capaz de entender qué quiso decir.

Con estos mimbres, los jueces tienen que dictar una sentencia de la que dependen muchas cosas. El futuro vital de varias personas y quizás hasta la estabilidad política del país. Juzguen ustedes.

A veces la basura solo sirve para tapar otra basura.

En 2024 se supo que un tal Alberto González Amador había presentado presuntamente decenas de facturas falsas para ahorrarse pagar a Hacienda por los dos millones de euros que había ganado como comisión traficando con mascarillas y bienes médicos durante la pandemia, mientras miles de compatriotas morían asfixiados en los hospitales o en sus residencias. Nada que sorprenda a nuestra sociedad, tan curada de espantos. Sabemos que cuanto más gana alguien, más miserable tiende a volverse. Quien se hace millonario aprovechando una circunstancia tan trágica como la epidemia de Covid no es extraño que intente también —presuntamente— engañar a Hacienda para ahorrarse los impuestos. El caso, que aún no ha sido siquiera juzgado, habría quedado ahí. Uno más de tantos pillos con poca ética que ensucian los negocios y la vida pública no hace la diferencia.

La diferencia, sin embargo, es que en esta ocasión el supuesto empresario es nada menos que la pareja de la líder del Partido Popular en Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Al saltar la noticia del fraude, el entorno de la presidenta tuvo miedo de que su carrera política se viera afectada. Al fin y al cabo, ella vive precisamente en un piso comprado por él con lo obtenido por sus comisiones y los beneficios de no pagar a Hacienda.

El caso sonaba lo bastante mal como para que el entorno de la lideresa conservadora buscara urgentemente algún montón de basura que tapara el hecho objetivo de su cercanía, incluso física, con la corrupción y la falta de ética. Su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, se inventó un bulo: que la Fiscalía había ofrecido un pacto al presunto defraudador para no llegar a juicio, pero el Gobierno había obligado a que los fiscales retiraran ese pacto, buscando un juicio espectáculo contra el novio de Ayuso. Así, los medios subvencionados por la Comunidad de Madrid y los que están directamente bajo su control podían soslayar temas como el supuesto fraude a Hacienda o las comisiones desproporcionadas a cambio de mascarillas y centrarse en hablar de cómo el Gobierno utiliza la Fiscalía para sus intereses políticos. Inventar un escándalo inexistente para tapar a otro real. 

Era una jugada política y la política es como el ajedrez: a cada jugada de un bando, responde otra del contrario. El encargado de mover ficha fue entonces el propio fiscal general del Estado, que se veía atacado por un bulo que ponía en duda su honorabilidad. Lo hizo mediante una nota de prensa en la que aclaraba la verdad: ni había orden política alguna ni había sido la Fiscalía quien ofreció el trato el propio novio de la presidenta madrileña, a través de su abogado, el que propuso confesar su delito a cambio de una pena más leve.

La nota de prensa hacía evidente que el supuesto empresario estaba dispuesto a confesar su fraude a Hacienda. Así que de nuevo les tocó jugar a los partidarios de Ayuso, intentando evitar como fuera que en la opinión pública se hablara demasiado de los presuntos delitos de su compañero. Lo hicieron denunciando al fiscal general por haber contestado. Y puesto que la nota de prensa era información veraz constitucionalmente protegida, solo pudieron ir contra él con otra invención del inefable jefe de gabinete: que aparte de esa nota, el fiscal general en persona había filtrado a la prensa un documento privado como es, en su opinión, el correo enviado por el abogado del presunto defraudador. Como otras ocurrencias de Miguel Ángel Rodríguez, esa acusación no tenía más base que su propia intuición. Las canas, como dice él.

La batalla entre los partidarios de Ayuso, deseosos de tapar el tema del fraude a Hacienda, y los del Gobierno, que se ven bombardeados con bulos, es política, no jurídica. Sin embargo, en esa fase, una vez que se presentó una querella, los peones de la derecha ya no eran solo periodistas comprados y serviles. Eran los jueces. En concreto, la derecha judicial.

En una discusión de bar cualquiera puede elucubrar acerca de quién filtró el famoso correo. En la doctrina jurídica puede discutirse con diversos argumentos si es o no delito. Pero los jueces del Tribunal Supremo, convertidos consciente o inconscientemente en actores políticos, han decidido ir más allá. A pesar de que no hay ninguna, absolutamente ninguna, prueba en su contra se han lanzado a la disparatada espiral de juzgar al fiscal general del Estado. Sujétame el cubata.

Y claro, cuando te metes en una batalla política, aunque seas juez, no haces prisioneros. Vas a degüello y prescindes incluso de las normas más básicas. 

Si algún actor jurídico quisiera indignarse por este juicio que acaba de empezar, tiene muchas razones para hacerlo. Un instructor que ha montado una causa sin prueba alguna; una acusación que, prescindiendo de la presunción de inocencia, utiliza como principal prueba de cargo el desconocer unos supuestos mensajes; incluso un tribunal de composición más que dudosa: los mismos jueces que ratificaron la discutidísima instrucción viendo y valorando los indicios reunidos, ahora se sientan en el tribunal que va a valorarlos. Poco importa que la jurisprudencia europea y española insista en que el juez que ha participado en la instrucción no puede ser el que juzgue sobre el fondo, porque eso vulnera la garantía de imparcialidad judicial. Más madera, que es la guerra, y a tomar por saco las garantías procesales.

En esta guerra parece que desgraciadamente ya no hay juristas, sino soldados. Jueces y fiscales conservadores, de esos que odian a Pedro Sánchez y por contaminación a “su” fiscal general del Estado, andan escandalizados con el juicio. No con la acumulación de disparates procesales, sino con el propio acusado. Algunos, anticipando el juicio, lo dan por culpable y lo tratan de delincuente. Otros, más razonables, lo acusan de no haber dimitido y exponer a la institución al bochorno de verse sentada en el banquillo de los acusados. Hay muchos molestos con la imagen que el juicio da de la justicia española. Aunque no tienen valor para señalar al culpable, y lo que les molesta no es la realidad de la justicia, sino que sus miserias se exponga en público.

Del primer día de juicio destacan el chascarrillo de una fiscal jefe que dejó caer que solo trabaja por las mañanas. Al parecer fue un lapsus y corrió a rectificar diciendo que por la tarde tampoco descansa. También el arrojo de un juez poco riguroso que puso en boca de esa misma fiscal jefe palabras que ella nunca había dicho. El salseo judicial no gusta a los togados, temerosos de que el resto de la sociedad imagine la realidad de su gremio.

El segundo día nos recuerda que no estamos asistiendo a un acto de justicia, sino de política. Nos ha traído a jefes de prensa indignados por los bulos y a otros reacios a rebatirlos si tienen su origen en quien les paga el jornal. También las actuaciones siempre divertidas de Miguel Ángel Rodríguez, que confunde sus intuiciones políticas con la verdad de las cosas. Incluso nos ha regalado el descaro del presunto defraudador que dice que Hacienda la tiene tomada con él por no aceptarle varias facturas falsas, una de las cuales ascendía a casi un millón de euros. El pobre se lamenta de que si al final se demuestra que engañó a Hacienda la gente lo tome por delincuente. Qué escándalo. 

Mucho salseo, pero hasta ahora ninguna prueba ni indicio siquiera de que el fiscal general del Estado haya cometido delito alguno. Parece que al fin y al cabo eso es lo menos importante. La batalla, aunque se libra en las salas del Tribunal Supremo, no es jurídica sino política. 

“Todos tienen derecho a una vivienda digna y adecuada”. Es lo que dice desde hace casi cincuenta años el artículo cuarenta y siete de la Constitución sin que en este tiempo haya servido para asegurarle a nadie el acceso a la vivienda. Mucho menos para impedir políticas públicas que permiten que los alquileres suban sin límite o frenar la burbuja inmobiliaria. No es porque la Constitución no sirva para nada, sino porque igual que contiene mandatos jurídicos inviolables también tiene apartados destinados específicamente a declamar principios espectaculares sin valor práctico.

Los derechos que están en los artículos 14 al 38 son intocables y tienen eficacia jurídica directa. Sin embargo, todo lo que está en el capítulo tercero –es decir en los artículos 39 al 52–, aunque se formule como derecho, es un mandato abierto a los poderes públicos que estos pueden cumplir o no. Si el Parlamento hace una ley que permita a quien no tenga casa exigir una, o que prohíba subir los precios del alquiler, se podrá invocar en los tribunales, lógicamente. Pero mientras esas leyes no existan, el derecho a la vivienda es, jurídicamente, agua de borrajas. Una mera declaración de intenciones que no mejora la vida de la gente.

Pues eso mismo es lo que el Gobierno que se autodenomina progresista quiere hacer ahora con el aborto. Los cálculos electorales y el afán propagandista por controlar el relato lo han llevado a presentar una propuesta de reforma de la Constitución que en el mejor de los casos no cambia absolutamente nada y que quizás incluso implique devaluar la protección jurídica del aborto. Nada menos.

En concreto, el Gobierno propone reformar el artículo 43 para introducir ahí el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. O sea, aspira a colocarlo en ese mismo capítulo tercero cuyos mandatos no pueden invocarse ante los tribunales de justicia. Aunque en la propuesta se lo denomina derecho, en la práctica pasaría a ser un mero objetivo social. La Constitución se limitaría a pedir a los poderes públicos que, en la medida de lo posible, garanticen el derecho al aborto y aseguren su prestación. Con una reforma de ese tipo solo sería inconstitucional una ley que quisiera a prohibir absolutamente el aborto. Pero igual que el derecho del artículo 47 a una vivienda digna no obliga a políticas de vivienda digna, el derecho al aborto en el 43 no hará obligatorias políticas públicas que aseguren en todo caso el derecho al aborto, ni su prestación estatal, ni siquiera que siga existiendo una ley de plazos.

Peor aún, la propuesta degrada el derecho al aborto respecto a lo que tiene dicho el Tribunal Constitucional. A día de hoy, el tribunal afirma reiteradamente que la interrupción voluntaria del embarazo forma parte del contenido protegido del derecho a la integridad física y moral (artículo 15 de la Constitución). Como ese derecho sí que es directamente exigible ante los tribunales de justicia, actualmente una mujer a la que se le deniegue su derecho al aborto puede acudir a un juez invocando directamente la Constitución y exigir que se le garantice. Puede incluso llegar al Tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo para reclamar que se le proteja como manifestación de un derecho fundamental. Si prospera la reforma propuesta por el Gobierno eso podría dejar de ser así. Nuestros tribunales podrían razonablemente interpretar que la voluntad del constituyente, a través de la reforma, ha sido que el aborto deje de ser derecho fundamental y, convertido en simple principio orientador, pierda toda su protección actual.

Este dislate se podría evitar si, en vez de reformar el artículo 43, lo que se cambiara fuese el 15, introduciendo en él el aborto como auténtico derecho fundamental garantizado tal y como viene sugiriendo el Tribunal Constitucional. ¿Por qué no se hace? Pues muy fácil. Porque la propuesta del Gobierno que preside Pedro Sánchez no busca prioritariamente garantizar el aborto, sino ahondar en las contradicciones en las que navega el Partido Popular en este tema. No busca proteger a las mujeres, sino forzar un debate en el que la oposición se siente incómoda, forzándola a votar contra el aborto y obteniendo el consecuente rédito electoral de ello.

También podrían hacerse las dos cosas: forzar a los populares a pronunciarse y proteger a las mujeres. El problema es que en ese caso el Gobierno podría verse forzado a disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas. La clave está en los procedimientos de reforma de la Constitución.

Para reformar el artículo cuarenta y tres el Gobierno necesita el voto de 210 diputados (tres quintos de la cámara). Si eligiera reformar el artículo 15, los votos necesarios serían 234 (dos tercios). No hay tanta diferencia: en uno u otro caso bastaría con un acuerdo con el Partido Popular y parte de la mayoría de investidura. Lo que le preocupa al Gobierno autodenominado de progreso es que si se opta porque el aborto sea un derecho de verdad, y al final el Partido Popular apoya la propuesta, las mujeres ganarían un derecho pero –según el procedimiento previsto para la reforma constitucional de esa sección concreta– inmediatamente sería necesario disolver las Cortes Generales y convocar elecciones. Por eso, prefiere recortar el derecho al aborto a correr el riesgo de no agotar la legislatura.

Los cálculos electoralistas y el efectismo a veces no son compatibles con la finura jurídica ni el compromiso real con los derechos fundamentales. Si el Gobierno estuviera un poco mejor asesorado incluso podrían haber pensado en opciones intermedias, como introducir un nuevo artículo 32 que permitiera al aborto tener la misma protección que la propiedad privada sin arriesgarse a convocar elecciones anticipadas.

Todo eso da igual. En el mundo del populismo y el espectáculo nuestros gobernantes priorizan el show mediático sobre la mejora efectiva de la vida de las personas. Están abordando la cuestión del aborto desde la única perspectiva del marketing político, seguros de que nadie les va a exigir responsabilidades si el resultado de su penosa estrategia es devaluar los derechos de las mujeres.

Puede que funcione a corto plazo, sobre todo porque gracias a la torpeza del Partido Popular la propuesta del Gobierno nunca entrará en vigor. Aun así, manosear la Constitución y arriesgarse a sacrificar el derecho fundamental al aborto por simples cálculos electoralistas nos acerca demasiado al abismo.

Una de dos: o el juez instructor del caso contra Begoña Gómez tiene una intuición mediática que ya quisieran para sí muchos expertos en comunicación política, o las casualidades lo persiguen. Sus decisiones tienen con frecuencia el impacto mediático adecuado y en el momento justo para causar ante la opinión pública el mayor daño posible al gobierno socialista y beneficiar al Partido Popular.

Hace unos meses consiguió tomar declaración al presidente del Gobierno en el palacio de la Moncloa aunque este no tuviera nada que declarar y, casualmente también, esa declaración se filtró a la prensa. También tomó declaración al ministro de justicia justo en los días en los que presentaba la más que necesaria reforma del sistema de acceso a la judicatura y sucedió de nuevo que se filtró ese trámite en el que debatía con muy mala educación con el ministro de su ramo.

Ahora, justo un día después de que se enviara a juicio a la pareja de la líder del Partido Popular en Madrid, el instructor se ha leído la ley del jurado.

Causa cierta melancolía jurídica recordar que la instrucción se inició porque en las portadas de unos panfletos ultra se acusaba a la mujer del presidente del gobierno de haber mediado para conseguir que se rescatara con millones de euros a una aerolínea y se dieran subvenciones millonarias a una empresa. A partir de ahí, el juez ha actuado con un celo y una diligencia extraordinarios, que contrastan con lo que le sucede cuando investiga a políticos conservadores y se le pasan los plazos para investigar. De ese modo, buceando en la vida de la investigada y con ayuda de las acusaciones ultraderechistas ha ido después encontrando indicios de numerosos otros posibles delitos. Hasta cinco, incluido el de intrusismo profesional, nada menos.

Ahora la acusa de malversación. Lo sostiene en que cree que disponía de una asistente en La Moncloa que además de atender a su agenda institucional la ayudaba en sus negocios particulares. Habría usado así el sueldo de esta funcionaria en beneficio propio.

Y justo este día el juez ha caído en la cuenta de que el juicio por malversación, de producirse, correspondería a un jurado y ha decidido que urge comunicar este dato a la interesada. Así, con ayuda de algunas notas redactadas de manera confusa, ha dado lugar a una noticia que ha saltado a todos los medios de comunicación, eclipsando las informaciones sobre el novio de Ayuso, y que desde entonces copa informativos y noticiarios.

La noticia no es tal. Se trata, a lo sumo, de un ejercicio de meros fuegos artificiales. El delito de malversación, efectivamente, corresponde juzgarlo a un jurado compuesto por ciudadanos. Eso es algo que no depende del juez Peinado, sino que viene tal cual en la ley. Más allá, no es ni mucho menos evidente que ese juicio vaya a tener lugar. Porque lo que sí depende en primera instancia del juez Peinado es decidir si el supuesto delito de malversación tiene relación con alguno de los otros que le imputa a Begoña Gómez. Si así fuera, estaría prohibido someterlo a un tribunal del jurado para evitar la posibilidad de dos sentencias contradictorias: una en la que el jurado la declare culpable de algo y otra en la que un juez de carrera la considere inocente de eso mismo. O viceversa.

También depende del juez Peinado considerar a la mujer del presidente como funcionario, porque si no lo es no puede cometer ese delito. Y, mucho más importante, también depende de él decidir si hay indicios suficientes. Visto desde fuera no parece que el hecho de que la asistente reconozca que alguna vez le hizo un favor y enviara en nombre de la señora Gómez un email personal sea suficiente para justificar un delito de malversación de caudales públicos. El instructor no parece ser tan tiquismiquis con la presunción de inocencia y ha decidido tirar p'alante.

Es, pues, muy incierto aún que este asunto llegue a juzgarse y, si lo hace, que corresponda a un jurado. Pero la (no)noticia, los fuegos artificiales, ha servido para abrir en la sociedad un debate sobre la legitimidad de este tribunal ciudadano que está haciendo a más de uno preguntarse ahora por una institución que lleva veinte años en vigor.

Históricamente, la atribución de determinados casos al jurado ha sido una reivindicación progresista y de la izquierda. En la Constitución de 1837 se atribuían al jurado los delitos de imprenta, para evitar que fueran los jueces reales los que decidieran qué se puede publicar y qué no. Sin embargo, la institución nunca ha llegado a consolidarse, en parte por el rechazo que ha causado siempre entre los conservadores. Existió jurado durante más de tres décadas, durante la restauración, pero quedó abolido con Primo de Rivera. La República intentó recuperarlo, pero nuevamente desapareció en el franquismo.

La Constitución actual prevé en su artículo 125 la existencia del jurado como un modo de participación ciudadana en la administración de justicia. Aun así no se desarrolló hasta 1995, cuando se reguló en una ley promovida y apoyada por el partido socialista que, como el resto de la izquierda, ha sido siempre partidario de que en algunos casos sean personas legas elegidas al azar quienes se pronuncien sobre si determinados hechos han sucedido o no. En ello se ha visto siempre un cierto contrapeso popular al poder de los jueces profesionales. Sin embargo, estos días parecen ser los propios progresistas quienes más sospechan de la institución.

Ciertamente, los datos estadísticos muestran una clara tendencia de los tribunales populares a dictar veredictos de culpabilidad en más del noventa por ciento de los casos. Las cifras reflejan quizás un exceso de furor justiciero entre una ciudadanía demasiado vulnerable a los discursos que constantemente exigen más mano dura.

Efectivamente, la polarización social nunca ha sido tan radical como ahora. Las redes sociales permiten que calen entre la población discursos simplistas y cada vez todos somos más proclives a preferir nuestros sentimientos sobre los hechos.

Siendo esto así, también hay que señalar que ese tipo de manipulaciones mediáticas no son nuevas. ¿Hace falta recordar que en 2001 un jurado popular condenó a quince años de prisión a Dolores Vázquez por un delito que no había cometido? En aquella ocasión los expertos reconocen que el relato mediático que presentaba a la acusada como una mujer fría, en contraste con la bella inocencia de la víctima, y las consideraciones sobre su condición sexual fueron decisivas para guiar el erróneo veredicto.

El jurado siempre ha tenido ese riesgo. Sobre todo en casos muy mediáticos. Es por ello razonable discutir sobre la vigencia del jurado como ideal democrático e, idealmente, sobre posibles mecanismos mitigadores o correctores. Sin embargo, no debe hacerse al hilo de un caso concreto. Mucho menos por miedo a que las personas que resulten seleccionadas en esta ocasión opinen de modo diferente a uno. Si queremos discutir sobre el jurado ha de hacerse en abstracto, para todos los asuntos y con argumentos generales. Legislar para una persona es en todos los casos un error y, a menudo, un abuso de poder. Mientras se aborda o no esta discusión, el jurado está en nuestras leyes procesales y debe seguir funcionando cuando corresponda. Lo que está por ver es si este es uno de esos casos.

Hoy es uno de esos días en los que es imposible no sentir orgullo de nuestra sociedad. Durante las últimas semanas, la indignación contra la participación en la vuelta ciclista a España de un equipo que intentaba blanquear las políticas de exterminio sionista ha ido creciendo por los territorios por los que pasaba. Gracias a ello, el acontecimiento deportivo se ha convertido en un escaparate de primer orden para mostrar la solidaridad popular con las decenas de miles asesinadas en Gaza. Los valores del deporte, esta vez, han sido los de la humanidad.

El impacto social del deporte lo convierte en una herramienta tremendamente útil para crear conciencia ante grandes cuestiones humanas. En la derrota del odioso sistema del apartheid en Sudáfrica tuvo mucho que ver la presión internacional y especialmente la deportiva. Lo saben bien quienes han excluido a Rusia de competiciones como La Vuelta: se trata de negar que el país que dirige Putin pueda mejorar su reputación a través del deporte mientras continúe la agresión a Ucrania, a la vez que hacer patente internamente el aislamiento internacional del régimen.

Prueba de la imposibilidad de separar deporte y política es que el multimillonario Sylvan Adams no dudó en invertir unos fondos más que considerables en un equipo ciclista creado exclusivamente para promocionar al Estado de Israel en este tipo de competiciones. La inscripción del equipo Israel Premier Tech en La Vuelta es un acto político. Tan político como la legítima protesta contra esta participación.

Que nadie se equivoque en este punto: las protestas propalestinas contra la vuelta a España han sido la respuesta social a una iniciativa política que pretendía lavar la imagen de un régimen político. Los mismos que prohibieron la presencia rusa, impulsaron la de Israel intentando disimular así los actos criminales de ese Estado. Son estos promotores los que politizaron el acontecimiento, no quienes se han limitado a responder a un acto tan objetivamente infamante.

Lo que molesta ahora a la derecha política española no es que se utilice la competición para hablar de Israel o Gaza, sino que la respuesta social haya sido tan masiva que al final ha logrado convertir un gesto de apoyo a las políticas genocidas sionistas en todo lo contrario. Quienes querían presentar a Israel como un país homologable al resto rabian porque en vez de eso han provocado que la mayoría de la ciudadanía exprese de manera multitudinaria y ante la mirada de todo el mundo el rechazo a la carnicería que está teniendo lugar en Gaza.

La mañana de la última etapa, la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acudió a saludar específicamente al equipo pro-israelí y se fotografió con sus componentes. También saludó a otros participantes, pero hizo hincapié en esa demostración pública de apoyo. No es casualidad que ese gesto lo haga una de las políticas más beligerantes en negar las atrocidades que está cometiendo el ejército de Israel, junto a su compañero de partido y alcalde de Madrid, que estos días ha insistido en negar públicamente el genocidio. Si La Vuelta hubiera acabado como si nada, por mucha bandera palestina que ondeara entre el público, el mensaje transmitido al mundo sería el del presentar a Israel como un país como los demás.

Por eso, ante el empeño de la organización y las autoridades en seguir adelante como si nada, la única respuesta posible era bloquear la competición. No es cierto que fuera solo una carrera ciclista. Los que apoyan o toleran las atrocidades en Gaza lo habían convertido en un acto político a su favor. Los espectadores no iban a asistir a una prueba de velocidad, sino a la normalización del Estado de Israel. Frente a ello no era suficiente mostrar solidaridad con Gaza y rechazo al genocidio del pueblo palestino. Era necesario demostrar que la indignación y la repulsa son mayores que el apoyo a los crímenes contra la humanidad y eso solo podía hacerse impidiendo que la carrera se desarrollara con normalidad y que su última etapa tuviera siquiera lugar.

Lo que vuelve realmente admirables estas protestas contra la utilización de la carrera ciclista española en favor de Israel es que toda esta demostración de dignidad popular que ha permitido frenar la Vuelta ha sido pacífica y proporcionada. La falsa indignación de quienes solo ven la paja en el ojo ajeno intenta poner el énfasis en que los manifestantes han invadido los carriles dedicados a los corredores o en que algunos agentes de la policía se han lastimado al intentar reprimirlos. Es un intento absurdo de reorientar la opinión pública promovido por los mismos que cuando les apetece se manifiestan sin autorización en la calle Ferraz o jalean las agresiones contra el presidente del Gobierno en Valencia.

El derecho a la protesta es esencial en un sistema democrático. Permite a la ciudadanía exponer públicamente sus posiciones y discrepancias como método de participación directa. Como dice el Tribunal Constitucional, el espacio urbano no es sólo un ámbito de circulación, sino también un espacio de participación. Para hacerlo de manera efectiva es necesario un cierto grado de provocación, que se concreta en trastornos y molestias para la colectividad. Si una protesta o reivindicación pasa desapercibida, difícilmente puede servir para alcanzar sus objetivos de visibilidad. En los casos más extremos, la protesta legítima se expresa mediante actos de desobediencia civil, que implican siempre una cierta confrontación con las normas y disposiciones estatales, pues se trata de poner en evidencia su carácter injusto.

En este caso, la mera ocupación del espacio público obstaculizando el normal desarrollo de la prueba ciclista no ha sido un acto gratuito intimidatorio o de violencia, sino que era el único modo de impedir que la vuelta ciclista se usase como instrumento legitimador del genocidio en Gaza. Ciertamente, en algunos puntos la presión de la ciudadanía hizo que se cayeran algunas vallas y hubo manifestantes que pacíficamente cortaron la carrera con sus pancartas. Desde las posiciones más conservadoras pueden intentar criminalizarse estas leves infracciones del orden público, pero no es más que una cortina de humo. Desde la perspectiva de la lucha de los derechos civiles se trata de actos de protesta que no han causado daño ni riesgo a ninguna persona y que han servido para conseguir un objetivo humanamente imprescindible: poner en evidencia la colaboración de nuestras autoridades deportivas y civiles con el genocidio.

Cuando muchos países europeos han decidido poner sordina al intento de exterminio de toda una población y hacer como que no ven los bombardeos indiscriminados que han causado ya la muerte de decenas de miles de niños y personas inocentes, el último reducto de la dignidad es la sociedad

En nuestro país, la presión popular ha conseguido que una competición deportiva que iba a ser utilizada políticamente para legitimar crímenes contra la humanidad se convierta en una constatación de la masiva indignación popular frente a estos crímenes. Y se ha conseguido sin violencia. Todos los que en el mundo entero creen en los derechos humanos miran estos días con admiración a nuestra sociedad. Pocas veces hemos tenido internacionalmente tan buena reputación como pueblo valiente, con conciencia y decidido a dar un paso para defender los derechos de los más vulnerables. Solo podemos estar orgullosos de haber paralizado La Vuelta y, sobre todo, de la ola de solidaridad con Palestina que estos días llena nuestras calles.

Con la apertura del juicio oral, se ha consumado la primera parte de la operación contra el fiscal general del Estado. La apariencia jurídica no debe hacernos olvidar que por encima de todo estamos ante un juicio político. 

La instrucción del asunto así lo demuestra. Desde el primer momento, resulta difícil de explicar el celo con el que se ha perseguido esta presunta filtración. Sobre todo, en un país en el que los juzgados son auténticos quesos gruyere desde los que a diario se hace llegar a la prensa conservadora cualquier dato o documento susceptible de dañar al bando político progresista, por muy privado que sea. Más allá, resulta incluso jurídicamente dudoso que el correo filtrado fuera un mensaje privado. Bien al contrario, en un país razonable, las conversaciones entre un abogado y la fiscalía en busca de un acuerdo por el que ambos acepten una pena para evitar el juicio deberían ser plenamente transparentes y públicos.

El juez instructor decidió muy pronto que el autor de la filtración había sido el Fiscal General del Estado, aunque no hubiera ningún indicio que así lo indicara. Buscando encontrar algo de lo que acusarlo, adoptó medidas tan desproporcionadas como la de registrar su despacho y revisar todos sus documentos, con o sin relación con el caso, de los últimos años. Pero ni aun así ha conseguido la mínima prueba de su implicación. A día de hoy no hay ni un solo elemento probatorio que señale a Álvaro García Ortiz por esa filtración. Se ha conseguido demostrar tan sólo que él era de las decenas de personas con acceso al correo electrónico en cuestión. Y hasta ahí.

El hecho de que a pesar de la orfandad probatoria patente el caso haya seguido adelante permite sospechar que en las decisiones judiciales haya pesado, siquiera de forma inconsciente, el deseo de dañar políticamente al gobierno socialista por encima del interés en hacer justicia. Sólo así se entiende la inversión del principio constitucional de presunción de inocencia: el juez instructor ha llegado a considerar que el hecho de no poder acceder a los correos electrónicos del acusado es una prueba de su culpabilidad. Sin conocer el contenido de esos mensajes, el magistrado en cuestión ha decidido que debían ser inculpatorios. Lo ha hecho incluso negando la evidencia de los muchos otros motivos por los que un investigado puede borrar sus mensajes. Desde los motivos de seguridad, hasta el deseo de que no caigan en manos de un juez sin escrúpulos que permita que se filtren detalles de su vida privada o política.

En el colmo de la incongruencia moral, mientras el juez investigaba al Fiscal General se han producido filtraciones de esas investigaciones tan graves como aquellas de las que se le acusa a él y que le han perjudicado, pero que no han sido siquiera mínimamente investigadas.

Por si fuera poco, en el mismo Auto de apertura del juicio oral se dice que no es posible suspender al Fiscal General del Estado porque “hay un vacío legal”. Es una forma deliberadamente dañina de ocultar la realidad: no se puede hacer, porque no está permitido. Sería lo mismo que decir que un vacío legal impide condenarlo al destierro o a ser azotado. Es algo que simplemente no se puede hacer, pero al llamarlo “vacío legal” el Auto judicial consigue transmitir la idea de que es algún tejemaneje socialista. 

Este cúmulo de irregularidades permite entender que efectivamente estamos ante un juicio político. Que se va a juzgar al Fiscal General del Estado, aunque no hay pruebas en su contra, para dañar al presidente del Gobierno que lo nombró. El objetivo, en este sentido, parece ser forzar la dimisión del Fiscal General; hacer pasar al gobierno por un ejecutivo delictivo y demostrarle que la derecha judicial no va a permitirle nunca que nombre a un Fiscal del Estado de su confianza, a pesar de que sea una característica esencial de nuestro sistema político.

El problema es que estos jueces, al intentar dañar a Sánchez (no sabemos si de manera consciente) vienen realmente a deslegitimar todo nuestro sistema democrático. El propio instructor, en el Auto de apertura de juicio oral se permite incluir un reproche moral diciendo que el fiscal general –de cuya culpabilidad no parece tener dudas, aunque tampoco pruebas- al delinquir “pone en cuestión el prestigio de la institución”. Seguramente esté ahí el quid de la cuestión. Tenemos magistrados que se creen con derecho a decidir qué daña y qué no al prestigio de la fiscalía. 

Pese a todo, lo cierto es que el hecho de que el fiscal general tenga que sentarse en el banquillo de los acusados daña el prestigio de nuestras instituciones. Aunque no lo haga por sus propios actos demostrados, sino por decisiones judiciales que no cuentan con indicios suficientes para ello… y que, como ya es habitual, funcionan con una sorprendente coordinación con el principal partido de la oposición. A nadie le extraña y que estas medidas judiciales hayan alimentado declaraciones incendiarias del Partido Popular en las que hablan de bochorno institucional y se rasgan las vestiduras por el hecho de que el fiscal sea juzgado. Unos toman decisiones poco jurídicas, los otros las convierten en munición política.

En todo caso, que se trate de un juicio político no permite esquivar la realidad: el máximo responsable de nuestra fiscalía va a tener que sentarse en el banquillo de los acusados; lo va a hacer, además, en un juicio en el que participan fiscales teóricamente sometidos a su autoridad.

En esta situación, aunque sea terriblemente injusto, quizás el Fiscal General deba empezar a valorar la posibilidad de su dimisión. Es cierto que eso supone darle a la caverna judicial y a su brazo político popular justo lo que está buscando: su cabeza. Sin embargo, cuando parte de nuestra judicatura parece convertida en hooligans derechistas dispuestos a reventar lo que haga falta para echar a los socialistas, alguien debe mantener la altura de miras y anteponer la estabilidad del sistema político a sus propios intereses.

A muchos de nuestros jueces, a la par con el Partido Popular, no les cuesta lo más mínimo dañar a España y debilitar la confianza en la justicia para alcanzar sus miserables objetivos políticos. Álvaro Ortiz, Fiscal General del Estado, debe ahora valorar la posibilidad de sacrificar su propia carrera para evitar el deterioro institucional que ellos han causado. La injusticia de la persecución que está sufriendo explicaría que no lo hiciera. Políticamente, tampoco debe ser fácil entregar esa presa a quienes desde hace meses se la quieren cobrar. Sin embargo, en un análisis de costes y beneficios, quizás haya llegado el momento, por sentido de Estado y responsabilidad institucional.

En Jumilla, Murcia, el Ayuntamiento ha aprobado una polémica moción. El concejal de Vox de esa localidad presentó una moción para defender lo que él y su partido consideran las raíces de nuestra sociedad, que no serían la democracia y el respeto a los derechos humanos sino la religión católica y la raza más o menos blanca. La mayoría del consistorio, del Partido Popular, reformuló la idea intentando a la vez contentar al partido extremista y que no se notaran los fundamentos aberrantes de su moción. Al final ha aprobado un llamamiento a que el gobierno municipal prohíba el uso religioso de sus instalaciones deportivas… Lo que hasta ahora solo se hacía en celebraciones musulmanas.

Constitucionalmente estamos ante una aberración.

Vaya por delante que la noción de derechos humanos o fundamentales surge para defender espacios de libertad susceptibles de sufrir recortes o amenazas. Por eso, en las sociedades democráticas, los derechos fundamentales protegen esencialmente a las minorías. La libertad de expresión no existe para poder decir aquello con lo que todos coinciden y que, por tanto, no molesta a nadie, sino para asegurar que quien vea las cosas de manera diferente a la mayoría no se vea perseguido por ponerlo de manifiesto. Del mismo modo, el sentido último del reconocimiento de la libertad religiosa no es el de poder profesar sin ser molestado una religión estatal o mayoritaria y aceptada por todos, sino proteger a aquellos cuyas prácticas religiosas o la ausencia de ellas puedan molestar al poder público o a amplias capas de la población.

Esta obviedad deja de serlo cuando el crecimiento de la xenofobia y el racismo estructural en nuestra sociedad lleva a tanta gente a defender en público que solo las confesiones verdaderas o las que representen a la mayoría de la población merecen respeto y protección. Es difícil pensar en una afirmación más opuesta a la idea de derechos humanos que esa.

La libertad religiosa, reconocida en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y garantizada en el 16 de nuestra Constitución, permite, básicamente, tener la religión que queramos o no tener ninguna. Tiene dos manifestaciones esenciales: de una el derecho a no ser discriminado, sufriendo un perjuicio, a causa de la opción religiosa propia. De otra, el derecho a practicar públicamente los actos de culto propios de dicha religión.

La garantía de no discriminación es absoluta y opera en el mundo ideal de las creencias. Prohíbe que los poderes públicos persigan o perjudiquen a nadie en razón de su ideología religiosa. Les impone una neutralidad que impide castigar a unas y proteger a otras.

La libertad de culto, en cambio, no se refiere a las ideas sino a las prácticas. Está limitada por el orden público, pues el hecho de calificar a una actividad de religiosa no impide que pueda prohibirse si daña intereses ajenos. Para decirlo de manera simple, no puede perseguirse a nadie por creer en el diablo, pero sí se pueden prohibir los sacrificios humanos.

Prácticas religiosas como hacer sonar una campana o un altavoz llamando a la oración por la noche, realizar procesiones que interrumpan el tráfico o sacrificar animales pueden someterse a límites no tanto por su naturaleza religiosa, sino porque dañan intereses generales.

La libertad de culto no obliga al Estado a facilitar sus medios para que sean usados en las prácticas de ninguna religión. La prohibición de discriminar, sin embargo, impide que el Estado facilite sus medios para los cultos de las religiones que le gustan y se los niegue a las que le disgustan.

Si el Ayuntamiento de Jumilla decide que sus instalaciones deportivas no pueden usarse para prácticas religiosas debe ser una decisión que se aplique a todas las confesiones religiosas por igual y que no se haya adoptado con la intención de perjudicar a una concreta.

Y evidentemente en este caso no lo es. Por mucho que el equipo de gobierno del Partido Popular haya intentado maquillar formalmente su propuesta, está claro por el contexto que se adopta con la intención de impedir actos de culto musulmán. No se trata solo de que forma parte de una iniciativa de Vox aprobada para defender las supuestas raíces religiosas cristianas de España, sino que además en este momento la única confesión que usaba esas instalaciones es la musulmana. Se trata a todas luces de una iniciativa dirigida contra quienes practican el islam y así se ha presentado en público. Eso basta para determinar que es constitucionalmente ilícita.

Jurídicamente, la moción es un simple llamamiento sin efectos prácticos hasta que se apruebe en forma de reglamento y sólo entonces, si es que eso sucede, podrá ser recurrida y anulada por los tribunales.

Sin embargo, más allá de lo jurídico, este hecho abre una terrible brecha capaz de poner en duda la supervivencia misma de nuestra democracia en el medio plazo. Si el principal partido de la oposición, con muchas posibilidades de gobernar, defiende políticas que solo pueden realizarse eliminando la libertad religiosa garantizada en la Constitución, nada garantiza la supervivencia del resto de derechos humanos.

Los mismos que aspiran a un Estado que prohíba el islam defienden que solo determinadas razas puedan vivir en nuestras ciudades. Quieren acabar con el derecho de asilo y hasta con la protección de la vida humana de los náufragos si su piel es de determinado color o practican determinadas religiones.

Los derechos humanos viven en Europa su peor momento desde la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, iniciativas como la del Ayuntamiento de Jumilla atacan a la base de nuestros valores democráticos. El Partido Popular tiene que decidir si está con la democracia y el respeto a la dignidad de las personas o abre la puerta a un nuevo orden en el que ni la vida ni los derechos de nadie estén asegurados. Eso es lo que nos jugamos. Nada menos.

En unos meses vamos a ver al fiscal general del Estado sentado en el banquillo de los acusados. Se le juzgará por la filtración a la prensa de un correo electrónico que envió a la Fiscalía el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso en el que proponía reconocer que había cometido un delito fiscal a cambio de que le rebajaran la pena. Sin embargo, hay muchas dudas de que efectivamente haya indicios suficientes no ya para condenar al fiscal general, sino incluso para abrir un juicio contra él. La Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo acaba de confirmarlo en una polémica y discutida resolución aprobada por la mínima.

La esencia del argumento de los dos jueces que votaron a favor es que la imputación contra la cabeza de nuestro Ministerio fiscal no es disparatada. Se trata de una justificación muy débil, que no debería tener cabida en nuestro sistema. Aquí lo importante para que el Estado pueda juzgarlo a uno no es que un juez se invente un relato de hechos que sea posible y no incluya contradicciones, sino que efectivamente la acusación se sustente en indicios suficientes. Peor aún, este par de magistrados da especial importancia al hecho de que el fiscal investigado hubiera borrado sus mensajes de WhatsApp. Invirtiendo el principio de presunción de inocencia, parecen decir que si no hay pruebas de nada, eso es señal de que es culpable.

Los medios de comunicación y las redes sociales han puesto el acento en este borrado con el autoritario razonamiento de que si no tuviera algo que esconder, no habría borrado sus conversaciones. De ese modo se viene a negar de plano su derecho a la intimidad y la posibilidad misma de que quisiera evitar el acceso ajeno a cualquier otro detalle de su vida privada.

En este contexto adquieren importancia las declaraciones de hasta siete periodistas de cuatro medios de comunicación distintos (incluido uno tan poco sospechosos de afinidad con el Gobierno como El Mundo) que vinieron a declarar que conocían el correo en cuestión antes de que llegara a manos del propio fiscal general del Estado. Uno de los periodistas, el primero en publicarlo, narró con detalle cómo horas antes de que el acusado pidiera y recibiera copia de ese mensaje, él contactó con una fuente que lo invitó a su despacho en el tercer piso de un edificio y le dejó ver y copiar el correo, aunque no le facilitó una copia ni le permitió fotografiarlo. Del testimonio de todos ellos se deduce, sin lugar a dudas, que la divulgación del email sucedió antes, desmontando la culpabilidad del investigado.

Sin embargo, los jueces en cuestión no se fían de todos esos periodistas. Creen que todos mienten. Y lo creen por dos cosas. La primera, que dicen ellos que si el periodista realmente hubiera leído el email varias horas antes lo habría publicado inmediatamente, sin esperar a esa noche. Es, claramente, la manera de pensar de alguien ajeno al mundo del buen periodismo y carente de una mínima cualificación profesional: el informador que recibe una información de ese calibre y que implica presentar públicamente al empresario como un defraudador a Hacienda necesita contrastar y verificar esa noticia antes de difundirla. Si los jueces del Supremo conocieran siquiera por encima la jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la información sabrían que a los periodistas se les exige contrastar especialmente ese tipo de noticias, potencialmente dañinas, antes de publicarlas. Ningún periodista decente al que no se le ha dejado copiar un email, solo leerlo, lanzaría la noticia de su contenido sin estar segurísimo de que el email existe y eso exige unas horas de trabajo.

El segundo argumento para negar credibilidad a los periodistas es mucho más preocupante. Se quejan estos magistrados de que los periodistas han dado detalles de cómo conocieron el contenido del correo electrónico antes, pero no han querido identificar a la fuente que se los facilitó. Al hacerlo demuestran que no conocen o, más probablemente, no respetan suficientemente la Constitución, que en su artículo 20.1 garantiza el derecho de los periodistas a no revelar sus fuentes.

El desprecio a este derecho constitucional de los periodistas no es exclusivo de los jueces, aunque estos sean su principal enemigo. El derecho al secreto profesional consiste, precisamente, en que en ningún caso se puede obligar a un periodista a identificar a quien le proporcione información. Aunque no lo parezca, se trata de una garantía esencial para la democracia. La manera de que puedan salir a la luz informaciones incómodas es que quien se las cuente a un periodista esté seguro de que nunca sufrirá represalias por ello, porque no hay forma alguna de forzar al informador a que diga quién ha sido. Está prohibido castigar al periodista que no identifica su fuente e incluso intervenir sus comunicaciones o sus notas para averiguarlo y gracias a eso vivimos en una sociedad en la que todo puede salir a la luz.

Corresponde, por supuesto, al informador comprobar que lo que le han contado es verdad antes de publicarlo. Pero puede hacerlo sin señalar a quien le facilitó la pista inicial. Y ese derecho molesta especialmente a los jueces que constantemente lo amenazan. Ellos quieren investigar las filtraciones que les molestan y soportan mal que un periodista sepa quién es la persona que ha pasado la información pero no puedan obligarlo a decirlo. Por eso hay constantes ataques judiciales a un derecho constitucional que les impide ser omnipotentes.

En esta ocasión los jueces del Supremo atacan el derecho a no revelar las fuentes quitándole credibilidad a declaraciones de los periodistas que incluían bastantes otros detalles verificables. Lo hacen en una resolución que, pese a su forma jurídica, tiene esencialmente motivaciones políticas: se trata de enjuiciar al fiscal general y hacer daño al Gobierno, aunque para ello haya que saltarse la presunción de inocencia, el secreto profesional de los periodistas y los principios básicos de nuestro sistema penal. Sin embargo, las amenazas para los periodistas vienen también de otros lugares.

Sin ir más lejos –entre el silencio de las asociaciones profesionales–, el Gobierno progresista está decidido a aprobar una ley del secreto profesional que supone prácticamente su desaparición al permitir que en determinados casos los jueces puedan levantarlo. Esos casos se convertirán en la norma y, si eso sigue así, pronto tendremos a periodistas en la cárcel por no querer revelar sus fuentes. Mientras eso sucede, la Constitución sigue en vigor y el ataque al Estado de Derecho que protagonizan nuestros propios jueces, convertidos en auténticos actores políticos, sólo puede llevar a desesperanza a cualquier ciudadano consciente.

La Casa Real ha informado de que la infanta Sofía, una vez terminado el bachillerato, estudiará ciencias políticas y relaciones internacionales. Lo hará en una universidad privada con sedes en Lisboa, París y Berlín. La número dos en la línea de sucesión al trono español estudiará, pues, dos carreras. Pero no lo hará en una universidad pública, ni en una universidad española. Esta decisión, meditada durante meses y en la que han participado numerosos asesores, es un desprecio a la ciencia y la educación españolas por parte de nuestro monarca. Con ella, el jefe del Estado traslada pública e internacionalmente el mensaje de que las universidades de nuestro país no proporcionan una formación de suficiente calidad.

Con un desparpajo insultante, las fuentes oficiales del palacio de la Zarzuela justifican la decisión diciendo que al fin y al cabo la infanta Sofía no es la heredera, que sí está más constreñida a formarse en España. De tan desafortunado argumento se puede colegir que, si la propia princesa Leonor opta por una educación española, es solo porque está obligada.

De poco sirve que en los actos oficiales la reina vista ropa de marcas españolas o que en los banquetes reales se sirvan vinos españoles. Cuando se trata de decisiones relativas a su propia vida, todos dejan claro que reniegan de España. Apoyar la universidad española sería un acto de patriotismo, pero también algo más. La universidad cumple dos funciones esenciales en el desarrollo de una sociedad. De una parte, es la institución de enseñanza superior que asegura un nivel cultural y profesional de la población que decida acceder a ella. De otra, es el núcleo de la ciencia y el pensamiento que impulsan y permiten crecer al país. Todo eso es lo que desprecia nuestra familia real.

Aunque los rankings internacionales de universidades son todos muy discutibles, lo cierto es que –a pesar de los recortes y la deficiente financiación– en todos ellos las universidades públicas españolas ocupan lugares destacados. Aun así, el margen para mejorar es grande y solo puede conseguirse con el apoyo de todos los poderes públicos, desde los propios profesores –que a veces anteponen su carrera profesional a la calidad docente– hasta la monarquía, pasando por los gobiernos estatal y autonómicos. Las universidades son el futuro de la nación y debe ser un objetivo común mejorar su excelencia como servicio público. Si el propio rey de España envía a su hija a estudiar en una universidad privada extranjera, difícilmente podremos esperar de algunos gobiernos autonómicos ultraliberales un compromiso con la educación pública de calidad que se plasme en inversiones y fomento.

El rey lo es a tiempo completo. Las disposiciones constitucionales que regulan su inviolabilidad hablan de ‘la persona’ del rey porque no ocupa su cargo unas horas al día. El rey personifica en sí mismo el Estado y el país, y debe actuar en todos los aspectos de su vida con la responsabilidad que ello implica. Si el rey y sus hijas no están dispuestos a apoyar a nuestras universidades y centros de investigación, faltan a su juramento de lealtad con España. Si con sus actos deciden conscientemente fomentar las universidades extranjeras y lanzar el mensaje de que el ideal al que el resto de la ciudadanía debe aspirar es a poder pagar un centro universitario extranjero, están incumpliendo sus obligaciones constitucionales. Del desprestigio internacional que causa la falta de confianza de nuestro propio monarca en nuestro sistema educativo, mejor no hablar.

Si a la infanta Sofía España se le queda chica y quiere ver mundo, como otros jóvenes de su edad, hay maneras de hacerlo más respetuosas con lo que conlleva su posición institucional. Podría estudiar sus grados en nuestro país y, eventualmente, realizar después alguna especialización en el exterior. Dejaría así claro su compromiso con la calidad de la base educativa sólida que proporcionan nuestros centros universitarios, antes de lanzarse a conocer otras realidades. Desgraciadamente, parece que tanta responsabilidad sería demasiada para esta familia. En este sentido, Felipe VI, que siempre ha hecho gala de mucha menos neutralidad política que su padre, ha aprendido poco del pasado. Con una inexplicable falta de sintonía con los tiempos que corren, da la impresión de seguir anclado en la peor altivez de esas rancias monarquías del siglo diecinueve. Esas cuyas familias reales se veían a sí mismas como ilustradas cosmopolitas obligadas a vivir en un país subdesarrollado al que despreciaban.

Uno diría que nuestro rey y su reducido círculo familiar, o son ciegos o simple y llanamente no les importa agrandar la profunda grieta que los separa de la población. No parecen conscientes del riesgo de que la ciudadanía los vea como miembros de esa panda de familiares sinvergonzones dedicados a vivir del cuento entre lujos y escándalos. Con decisiones como la que comentamos el rey y sus hijas se presentan como una élite arrogante y despreocupada de todo lo que no sea su propio confort, por encima de las obligaciones que implica su cargo. Quieren reinar sobre nosotros, pero carecen de la menor sensibilidad para identificarse con los problemas y las necesidades del país y no se sienten obligados a apoyar los objetivos colectivos que como sociedad nos hemos marcado.

Ser monarca no es una imposición. Si el rey y su familia desprecian al país y las instituciones que les pagan el sueldo y que son su razón de ser, quizás deberían plantearse la vía de la abdicación. Pero si se quedan, alguien debería recordarle a su majestad que ocupa un cargo constitucional, al servicio de los españoles y que conlleva determinadas obligaciones.

Hoy por hoy, Felipe VI, escorado a la derecha y tomando decisiones que desprecian a lo mejor de España, parece ser el mejor abogado de la causa republicana. Gracias a él, si no enmienda su desastrosa política de toma decisiones, quizás toda la familia acabe pronto viviendo para siempre en algunos de esos países a los que mandan a Sofía a estudiar.

Se le fue la mano. Al juez instructor que investiga a Begoña Gómez se le fue la mano en su última astracanada. Se ve que el magistrado en cuestión debe ser seguidor de Napoleón y se le subió a la cabeza la frase atribuida a este de que “el juez instructor es la persona más poderosa del imperio”. Cuando uno empieza una senda indebida suele hacerlo titubeante y con cierta prudencia. Sin embargo, a medida que avanza y ve que no pasa nada se va sintiendo más cómodo en la irregularidad. Al final acaba por embalarse.

Es lo que debe haberle pasado a este juez que empezó hace muchos meses una instrucción más que dudosa, investigando a la mujer del presidente del Gobierno en busca de cualquier delito posible. No se ha cortado de hacerlo del modo más lesivo para un partido político y el más conveniente para otro, despreciando con frecuencia creciente las normas jurídicas en vigor. Así lo demuestran incluso las sucesivas correcciones por órganos superiores.

Pero se ve que le ha ido cogiendo gusto. Y claro, cuando uno se siente cómodo procesando sin necesidad de pruebas al mismísimo ministro de Justicia en vísperas de una huelga judicial, pues acaba por descuidar las formas. Hasta el punto de elevar un escrito sin corregir, ininteligible y sin el más mínimo sustento. Y claro, pues llega un momento en que tu superior ya no puede apoyarte, por mucho cariño que te tenga.

El Tribunal Supremo español no es en estos momentos un órgano judicial que se caracterice por su imparcialidad. Desde los sucesos de Cataluña en 2017, sobre todo su Sala penal, se ha convertido en un auténtico actor político, ariete de las iniciativas conservadoras y uno de los principales activos del Partido Popular en su intento de alcanzar el poder. Pero incluso la intervención de los jueces en la política tiene un límite. En esta ocasión, ratificar una petición huérfana de cualquier argumentación, mal redactada y contradictoria solo podía acabar con el desprestigio del propio órgano supremo de nuestra jurisdicción y posiblemente un durísimo varapalo constitucional o europeo.

En esta tesitura, algún magistrado medianamente astuto del Supremo ha entendido que la torpeza del juez Peinado les ofrecía la posibilidad de un efectista lavado de cara. Han decidido ir con buena parte de su artillería contra el instructor desmelenado. Su Auto es contundente. Rechaza la posibilidad misma de acusar a alguien de falso testimonio cuando aún no se sabe lo que es verdadero o falso; destaca que no está que la asistente de la señora Begoña Gómez haya prevaricado, ni de que el ministro lo supiera y ni siquiera de que él hubiera tenido conocimiento de su nombramiento. Para terminar, destaca rotundamente la “absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotado de mínima verosimilitud”.

Quizás, destacando por una vez lo evidente, el tribunal busca legitimarse públicamente para decisiones mucho menos razonables. Algo de esto debe haber, visto que a los propagandistas habituales de la derecha judicial les ha faltado tiempo para salir en público a proclamar que esta decisión demuestra que el lawfare no existe. Así; sin ningún rubor y menos rigor. Inundan los espacios de opinión diciendo con rotundidad que el Tribunal Supremo es neutral y trata por igual a los cargos y activistas de uno u otro color político. Y lo dicen cuando sigue adelante la errática instrucción contra la mujer del presidente del Gobierno en este mismo asunto o el más que probable procesamiento del fiscal general del Estado por los mismos jueces que se han visto abocados a rechazar los disparates del instructor Peinado.

Más aún, si normalizamos que este juez instructor –tan olvidadizo que sus errores obligan a menudo a archivar los casos que le tocan contra cargos del Partido Popular– ha intentado procesar a un ministro sin el mínimo indicio y llevado en apariencia por su inquina personal se abren muchos interrogantes sobre el resto de sus actuaciones. Sobre todo, si tenemos en cuenta que normalmente no necesita pedir al Supremo que investigue a nadie y lo hace él mismo, sin ningún tipo de control.

Así las cosas, la ciudadanía puede, legítimamente hacerse un puñado de preguntas inquietantes. Cuando este instructor empieza una investigación contra la mujer del presidente del Gobierno a partir de titulares de prensa, intenta imputarla sucesivamente por cinco delitos distintos, obliga a declarar al presidente del gobierno en persona sin ninguna utilidad para el procedimiento y facilitando que se filtren las imágenes de esa declaración, etc… ¿lo hace con algún indicio y respaldo jurídico o es lo mismo que lo de Bolaños pero ligeramente menos burdo? Quizás el Tribunal Supremo no sea consciente y los periodistas de tribunales conservadores intenten taparlo, pero este Auto legitima muchas de las dudas de la ciudadanía sobre las erráticas actuaciones de un juez instructor aparentemente empeñado en perseguir al Gobierno aunque no haya datos que lo permitan.

El Auto no es una prueba de que no hay lawfare, sino justamente una constatación de que lo hay. Y lo de menos es que en este caso concreto el propio sistema se haya visto obligado a frenarlo antes de que llegar a más. Lo que se conoce como lawfare es, realmente, la utilización política del proceso judicial con fines políticos, es decir buscando alterar los resultados electorales. No implica necesariamente condena. De hecho, una modalidad cada vez más frecuentes de este tipo de interferencias ilegítimas del poder judicial son las instrucciones que se prolongan en el tiempo aunque no lleguen, en ocasiones, ni siquiera a materializarse en un proceso penal. Lawfare es investigar durante años, sin indicios suficientes, a la mujer del presidente del Gobierno, a la vicepresidenta del gobierno valenciano o a un actor que se ha cagado en Dios. Aunque después no haya condena ni juicio. Porque el daño reputacional ya está hecho. Y si no, que se lo digan a la espigada y elocuente diputada del Partido Popular que lleva pidiendo la dimisión de Bolaños desde que el instructor Peinado pergeñó su infame escrito.

No, no es decente intelectualmente utilizar este Auto en el que nuestro más alto tribunal ratifica lo que la mayoría de juristas ya habíamos advertido sobre el escrito del juez instructor para negar la politización del Tribunal Supremo, su pérdida de imparcialidad y el abuso constante de su posición constitucional para hacer política.

El Tribunal Supremo que ahora ha rechazado el disparatado intento de procesar al ministro Bolaños es el mismo que condenó a un diputado sin más prueba que la singular y errática afirmación apodíctica de un policía y que luego, vulnerando la autonomía del poder legislativo, amenazó a la Presidenta del Congreso si no ejecutaba la condena del modo más lesivo posible. Es el mismo Tribunal Supremo declarado en rebeldía frente al Parlamento que se niega a aplicar la ley de amnistía invocando una interpretación absurda que ruboriza a cualquier estudiante de derecho. Es, en definitiva, el mismo Tribunal Supremo que con ocasión del procés en Cataluña decidió que su papel no es aplicar la ley, sino defender a la patria de separatistas y rojos.

Afortunadamente, el Tribunal Supremo es también un órgano plural y entre sus más de ochenta magistrados hay juristas responsables que intentan ejercer sus funciones con imparcialidad y la moderación que les exige la separación de poderes y el sometimiento a la ley. Por ellos, y por la masa crítica jurídica que lee y comenta sus sentencias, en esta ocasión la sala de lo penal ha decidido que lo de Peinado era ya demasiado burdo. Es buena noticia saber que en algunos casos extremos la presión externa empuja incluso a los magistrados más montaraces a cumplir con su deber. Pero eso no puede hacernos olvidar la trágica posición en la que muchos jueces sin escrúpulos están colocando a la justicia española.

Se está discutiendo estos días una reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados que entre otras cosas introduce un listado de infracciones que pueden cometer los acreditados como periodistas en la Cámara y que pueden ser sancionadas incluso con la retirada de su credencial. Coloquialmente, los medios se refieren a la iniciativa señalando que busca echar del Parlamento a los pseudoperiodistas. A estos se les suele personificar en el señor Vito Quiles, ciudadano y activista político que goza de acceso al Congreso. Así planteado, puede parecer un intento inconstitucional de silenciar a la prensa crítica. Sin embargo, lo que se está debatiendo es solo cómo evitar que quien tenga una de estas credenciales la use para actividades ilícitas ajenas a la profesión periodística.

La expresión “pseudoperiodista” ha triunfado en el debate público. Este éxito no implica necesariamente que se trate de una categoría clara. Cometemos un grave error si la usamos para referirnos a aquellos informadores que, a nuestro juicio, no ejercen su profesión con la ética o la dedicación necesarias. En ese caso, los pseudoperiodistas siempre son los otros. Los que no escriben o preguntan lo que queremos y del modo que nos gustaría.

A partir de ahí, tienen razón quienes estos días alzan la voz alertando sobre la amenaza para la libertad de expresión que supondría el que un órgano político seleccione quiénes son buenos y malos periodistas. Peor aun si puede llegar a privar de acceso, nada menos que al Parlamento del país, a aquellos informadores que le resulten molestos o simplemente no gocen de su favor.

De hecho, las Cortes Generales no pueden castigar o sancionar a ningún periodista por el contenido de sus publicaciones. Se trataría de un atentado contra su libertad de informar libremente. Los periodistas y medios de comunicación pueden decidir libérrimamente el contenido y la orientación de los contenidos que difunden. Si en algún caso incluyen errores o falsedades y lastiman los derechos de otras personas, pierden la protección constitucional, pero eso es algo que solo puede ser apreciado judicialmente. En ningún caso le corresponde a un órgano político decidir si una información es o no objetiva, ni veraz.

Cualquier control que intente ejercer el Congreso sobre los contenidos que transmiten los periodistas acreditados en él sería frontalmente contrario a la Constitución. Y por eso son un gravísimo error las declaraciones de algunos diputados estos días, a propósito de la reforma del Reglamento. Se equivoca el diputado Rufián –habitualmente un gran parlamentario– cuando le exige a Quiles que haga determinadas preguntas a políticos de ultraderecha si quiere mantener su credencial. Mal iríamos si los diputados deciden cuándo un periodista es o no objetivo o, peor aun, deciden qué y a quién debe preguntar para seguir teniendo acceso al edificio donde reside la representación de la soberanía popular. Como él, yerran todos los que desde las filas de la izquierda quieren impedir ejercer su trabajo a este u otro informador porque sea miembro de determinado partido político o porque sus ideas resultan demasiado radicales. Ese uso de lo público solo para oír lo que nos gusta está, afortunadamente, prohibido por la Constitución.

Ahora bien, que ningún periodista pueda ser sancionado por el Parlamento por el contenido de sus informaciones no significa que no puedan serlo por otras conductas ilícitas, las haga quien las haga.

Si un ciudadano con acceso a los edificios del Congreso de los Diputados utiliza ese privilegio para, por ejemplo, colarse en el despacho privado de un diputado y leer sus documentos reservados, debe poder ser sancionado por ello. Del mismo modo, si alguien aprovecha que puede entrar en esos edificios para agredir a un compañero, para insultar a otras personas o para alterar sistemáticamente el orden es razonable que se le puede impedir el acceso para que cese en esas actividades ilícitas.

El problema del ciudadano Quiles y otros como él no es que hagan preguntas incómodas. El problema es, precisamente, que no hacen preguntas. Cuando tienen un micrófono en la mano, estos escuadristas los usan para lanzar ataques e improperios. No pretenden recabar la opinión de ninguno de los políticos con los que se enfrentan, sino acusarlos a modo de ataque político. Ni recogen ni transmiten información, sino que, actuando como auténticos miembros de la oposición, construyen bulos y acusaciones que lanzan sin posibilidad de respuesta. A esa actitud, ajena por completo al periodismo, suman una agresiva falta de respeto a la cortesía y las normas parlamentarias. En las ruedas de prensa se saltan el turno de preguntas e interrumpen a compañeros impidiéndoles hacer su trabajo; por los pasillos acosan y amedrentan a representantes, técnicos, periodistas y otros trabajadores. Faltan continuamente al respeto a las personas con las que se cruzan y boicotean el trabajo ajeno.

Así, del mismo modo que es inconstitucional censurar al señor Quiles y compañía por el sesgo, el tono o la orientación política de sus informaciones, sí que resulta justificado y jurídicamente legítimo el sancionarlos cuando alteren el buen orden de la cámara o atenten a la consideración de compañeros y otro personal.

Hace años, un periodista de un diario ultra se coló ilícitamente en los despachos de los diputados Pablo Iglesias e Irene Montero y grabó en vídeo los objetos y documentos privados que allí había. Fue sancionado con la retirada de su credencial. Sin embargo, poco después el Tribunal Supremo anuló la sanción argumentando básicamente que la sanción no estaba prevista en el Reglamento (también que no se había acreditado que el castigado fuera el autor de las fotografías, pero esa es una cuestión de hecho). Lo que intenta esta reforma es que eso no se repita.

Técnicamente, lo que se está discutiendo, y no se explica bien, es la propuesta de establecer una serie de sanciones para los periodistas que alteren el orden en las sesiones o ruedas de prensa, falten a la cortesía parlamentaria, agredan a otras personas o accedan a lugares a los que no les está permitido el paso. Solo eso. Se castigará a los violentos de derechas o izquierdas que pidan una credencial para trabajar como periodistas pero se dediquen a reventar la actividad informativa parlamentaria. No hay en la propuesta de modificación del reglamento ni una coma relativa a la objetividad periodística. Mucho menos a la veracidad o al enfoque de sus noticias.

Así que mienten –o están mal informados– quienes dicen que se trata de silenciar a los periodistas incómodos. Igual que mienten los diputados que condicionan su voto a que Vito Quiles trate mejor o peor a ningún partido político. La reforma no permite perseguir a ningún periodista por motivos ideológicos. La apoyan informadores de medios conservadores y progresistas porque ninguno de ellos ve en ella el mínimo riesgo de control ideológico, mande quien mande en el parlamento.

El señor Quiles puede estar tranquilo. Nadie va a afectarle un ápice su derecho a la libertad de información. Sólo su derecho a atacar, intimidar o agredir a compañeros u otras personas. Lo extraño es que a alguien esto le parezca mal.

La exposición razonada que ha dirigido al Tribunal Supremo el instructor de la causa contra Begoña Gómez es uno de los documentos jurídicos más vergonzantes emitidos por un juez español con relevancia pública. Son tres decenas de páginas inconexas plagadas de faltas de ortografía, sin lógica alguna y en su mayor parte imposibles de entender.

Como en una farsa cómica, el juez instructor ha hecho un corta y pega de docenas de páginas de declaración, todo colocado para que, a peso, parezca que dice algo. Todos esos folios que parecen la transcripción de un monólogo del célebre Mariano Ozores dan buena cuenta de la falta de seriedad de este movimiento. En realidad son solo relleno destinado a esconder tras la palabrería absurda una iniciativa preocupante.

Técnicamente, el origen de esta extravagante petición de que se investigue al ministro de Justicia está en la denuncia que unas organizaciones ultraderechistas pusieron contra la mujer del presidente del Gobierno por un supuesto delito de tráfico de influencias aportando como única prueba los titulares falsos de unas portadas de prensa. Eso bastó para que se iniciara una instrucción prospectiva en la que el juez responsable ha ido buscando pruebas de cualquier delito posible. En este año de indagación ha intentado acusarla de tráfico de influencias, de prevaricación, de malversación y hasta de intrusismo, sin lograr pruebas de nada de ello.

Sin embargo, en el curso de sus muchas investigaciones el juez instructor encontró un par de emails en los que parece que la asistente oficial de la mujer del presidente la apoyó en actividades privadas. Con ello, el juez –Juan Carlos Peinado– asume que quien contrató a esa asistente (igual a la que han disfrutado todas las mujeres de los anteriores presidentes del Gobierno) cometió un delito de malversación por contratar con dinero público a alguien que realizaba funciones privadas. Es un disparate, porque el magistrado en cuestión ni siquiera ha logrado el menor indicio de quién la contrató. Así que mucho menos tiene indicios de que quien lo hiciera sabía que iba a atender a la señora Gómez también en sus cuestiones privadas, si es que lo hizo.

Rizando el rizo, el juez parte de que posiblemente quien contrató a la asistente fue Félix Bolaños. El número de indicios que apoyan esta convicción es cero. De hecho, la lectura de las ininteligibles transcripciones de las declaraciones anteriores muestran a un juez instructor preguntando repetidamente a todo el mundo quién firmó ese contrato. Se lo preguntó en varias ocasiones al propio Bolaños, pero ni él ni ningún otro testigo le aportaron nada que pudiera clarificar la cuestión. Así que el mismo juez que hace una semana preguntaba por el autor del contrato, porque lo ignoraba, de pronto, sin que entre tanto haya pasado nada, sabe que fue el ministro. Imposible saber a qué obedece esa revelación, porque no lo explica.

Todo apunta a que esta acusación y la solicitud de que se lo investigue guarda alguna relación con la declaración del señor Bolaños que conocimos íntegramente porque, casualmente, todo lo que hace el juez Peinado acaba filtrado en medios de comunicación de derechas. Fue de una agresividad insólita. El instructor, perdida la compostura, mostraba con arrogancia y mala educación su malestar porque el ministro no respondía lo que él quería oír. Está claro que Peinado cree que Bolaños sabía más de lo que dijo y está seguro de que sus respuestas eran una tomadura de pelo. Sin embargo, lo relevante jurídicamente es que no tiene el más mínimo indicio de todo ello.

Por si nos quedara alguna duda, en otro salto al vacío desprovisto de base jurídica, también pide al Tribunal Supremo que lo investigue por un delito de falso testimonio. Aquí su argumento roza lo disparatado y explica el porqué de las decenas de páginas de relleno: según el magistrado, Bolaños afirmó que creía que el contrato lo había firmado un funcionario… pero ese funcionario dice que tampoco sabe quién la nombró. En la cabeza del juez instructor (pero solo ahí) eso es una demostración de que Bolaños miente.

La falta de lógica de todo el asunto es tan evidente que no hace falta ser jurista para entender el disparate. El juez instructor no tiene ni un solo indicio de ninguno de los dos delitos que imputa al ministro de Justicia. No aporta el más mínimo elemento que lleve a imaginar siquiera que él decidió el nombramiento de la asistente de Begoña Gómez, menos aún de que supiera que se iba a dedicar a cuestiones privadas. Respecto al delito de falso testimonio, lo único que dijo Bolaños es que no sabía quién era el responsable del nombramiento y que había un certificado firmado por una persona, cosa que es cierta.

La pregunta del millón que se debe hacer a estas alturas cualquier lector es: ¿qué lleva a un juez instructor a inventar unas acusaciones tan burdas y sin fundamento contra el ministro de Justicia e incluso a pedirle al Tribunal Supremo que lo investigue por ello?

Es imposible saberlo. No podemos –ni queremos– estar en la mente del juez Peinado. Pero es posible aventurar posibles explicaciones. La primera es visceral. Todos nos hemos cruzado alguna vez con ese personaje que en medio de una pelea que va perdiendo, impotente, amenaza al resto al grito de “cuidado conmigo, que estoy muy loco”. Quizás el juez Peinado sea uno de esos. Un movimiento jurídicamente tan zafio puede ser fruto de la desesperación. Ante la imposibilidad de descubrir al responsable del nombramiento de la asesora, cegado por la que él considera chulería de Bolaños resistiéndose a darle la contestación que exigía, decide castigarlo. En ese caso estaría usando la imputación, ahora investigación, como mecanismo para asustar y presionar a los testigos que no se adaptan a sus planes.

Junto a esa hay otra posible explicación, mucho más grave. Félix Bolaños es en este momento ministro de Justicia. En dos semanas los jueces han convocado una huelga de dudosa constitucionalidad contra sus propuestas de reforma de la Justicia. En este panorama alguien puede pensar que es tentador para el Tribunal Supremo utilizar este asunto, incluso planteado sin la mínima base fáctica, para amenazarlo y hacerle saber quién manda de verdad en este país.

Y sí, quizás quien manda no sea el pueblo español, del que emanan todos los poderes y en cuya representación actúa el Parlamento. Por encima cada vez se hace más evidente la voluntad de algunos jueces de usurpar la voluntad del Estado sustituyéndola por la suya propia.

En el peor de los escenarios, la resolución del juez Peinado sería un aviso de que los jueces no solo se pasan la voluntad del legislador por el arco del triunfo sino que, si hace falta, estarían dispuestos a abusar de sus poderes para amedrentar a los políticos con los que no comulgan.

Esperemos que el Tribunal Supremo ponga freno a esta tropelía y más temprano que tarde empecemos a recuperar el Estado de derecho, tan en riesgo en estos momentos.

Los mensajes de Santos Cerdán que demuestran que había en este Gobierno gentuza cobrando comisiones en las obras públicas e implicada en todo tipo de corrupciones son indignantes. Y más lo es la constancia de que este Gobierno ha amparado a sinvergüenzas de esa calaña.

Si la indignación es generalizada, los votantes –sobre todo de izquierda– que de un modo u otro hemos apoyado la formación o el mantenimiento de este Gobierno nos sentimos además defraudados. Pedro Sánchez llegó al poder con nuestro apoyo en una moción de censura precisamente para acabar con esta misma corrupción que ahora sabemos que ha amparado.

Ciertamente este Gobierno ha sufrido más ataques injustificados por parte de la derecha política, mediática y judicial que ningún otro. A pesar de los buenos datos económicos y de éxitos como la subida del salario mínimo interprofesional, la oposición ha negado la legitimidad misma del Gobierno desde el día mismo en que se constituyó. Ha despreciado los resultados electorales e intentado cualquier cosa para tumbarlo. A diario. Han difundido bulos descabellados. Se han inventado casos sin sustancia alguna como los que afectan a la mujer del presidente o al fiscal general del Estado… El Gobierno ha resistido. En gran medida gracias al apoyo de muchos y muchas demócratas que creemos en las urnas y que no le hemos dado pábulo a todas esas invenciones. El presidente Sánchez tiene que comprender la terrible desilusión de quienes ahora comprendemos que también hemos estado protegiendo a un puñado de ladrones que, desde el gobierno, el PSOE y las empresas constructoras, han aprovechado para robar y enriquecerse a costa de todos.

Ante eso no basta con que el presidente del Gobierno comparezca en público con rostro demacrado y aire compungido para pedir un perdón que solo sería auténtico si se hubiera presentado como un detallado reconocimiento de culpa. Cuesta tener que asumir que ni el presidente del Gobierno ni ninguno de sus ministros y asesores nunca vieron indicios de que su mano derecha y el número tres del partido estuvieran amañando contratos y sacando millones de euros para ellos, sus amantes y su familia. En todo caso, un penoso mensaje de disculpas y un puñado de cambios en el partido no son suficientes para recuperar nuestro apoyo. De volver a suscitar la más pequeña ilusión en la ciudadanía, ya ni hablamos.

El nivel de desengaño y la sensación de traición son tan profundos que en este momento el Gobierno solo puede continuar ejerciendo sus funciones si adopta medidas novedosas y radicales que demuestren dos cosas: que de verdad es capaz de luchar contra la corrupción y que merece la pena que lo apoyemos porque está dispuesto a transformar la sociedad.

Respecto a lo primero, si el presidente del Gobierno quiere tener un mínimo de credibilidad frente a la corrupción debe ser categórico y hacer gestos trascendentes. Quizás empezar expulsando ya y de manera fulminante del partido y del Gobierno a cualquiera que pueda estar lejanamente implicado en cualquier mala práctica. En vez de quedarse solo en una auditoría, abrir una vía fácil de denuncia y crear un cuerpo independiente de verificación. Si en las próximas semanas no hay destituciones, denuncias o expulsiones será difícil de creer que realmente está comprometido contra la corrupción. Y si el plan es decir que los únicos corruptos eran Koldo, Ábalos y Cerdán, mejor que dimita y convoque elecciones porque eso no se lo cree nadie.

La mera adjudicación de obras y el cobro de comisiones de estos tres solo ha podido realizarse con la connivencia de un sinfín de cargos intermedios o funcionarios. Si empiezan a irse todos a la calle y se investiga también a las empresas comisionistas quizás podamos creernos que el señor Sánchez sinceramente ha decidido no amparar a los corruptos.

La segunda condición para mantener el apoyo de una parte de la sociedad, de otras fuerzas políticas y, sobre todo, de sus propios afiliados es un giro copernicano en sus políticas. No es el momento de iniciativas trileras, de medias verdades o gestos cosméticos o pusilánimes. Las personas de izquierda somos mucho más intolerantes con la corrupción que los conservadores. Nos duele mucho más descubrir que estamos sosteniendo un sistema de aprovechados que ponen el estado al servicio de unos pocos. La única forma de que de algún modo traguemos con lo que ha pasado, además de convertir de ahora en adelante en real la intolerancia frente a la corrupción, es que creamos que tenemos un gobierno capaz de liderar una transformación social que merezca la pena.

Hasta ahora hemos tenido un consejo de ministros cobarde, servil con las grandes empresas (incluso con las corruptoras) y a menudo postergando los ideales de progreso social que deberían guiarlo. Sin un giro decisivo es imposible recuperar un mínimo de entusiasmo en su apoyo. Hay muchas medidas capaces de suscitar una nueva ilusión entre sus votantes, pero todas implican enfrentarse a los poderes establecidos. Algo que no parece ser el punto fuerte de quienes nos gobiernan.

Medidas posibles en este sentido serían, a modo de ejemplo: derogar de una vez y completamente las sanciones policiales de la ley mordaza; recuperar mecanismos de alquiler indefinido de viviendas, como los que existen en otros países europeos como Alemania; cambiar definitivamente el sistema de acceso a la judicatura, reduciendo las pruebas memorísticas y exigiendo experiencia previa en profesiones jurídicas; imponer ratios máximas de alumnos en la educación pública; renegociar el concordato con la Santa Sede,… Todas, molestando al Estado profundo.

Este tipo de iniciativas, tanto las que suponen desafiar con valentía a la corrupción como las que implican transformar la sociedad para hacerla más justa e igualitaria, supondrían enmendar el talante y la actitud del Gobierno actual. Posiblemente implicarían cambios de calado en el mismo. Pero a Pedro Sánchez se le acaban las opciones y los votantes progresistas empezamos a sentirnos terriblemente huérfanos. Estamos en el momento más crucial de la última década y, desgraciadamente, la inmensa mayoría de la ciudadanía empieza a creer que no tenemos un Gobierno a la altura del momento.

La opción fácil es abandonar, entregar el poder y huir. La difícil tener altura de miras, demostrar por primera vez de manera creíble que se va a combatir la corrupción y convertirse en un Gobierno de izquierdas.

No hay, esta vez, opciones intermedias. No valen los parches ni el ilusionismo, porque al borde del precipicio todo es, necesariamente, maximalista. O todo, o nada.

Cuando los magistrados del Tribunal Constitucional empiezan a debatir sobre un tema se basan en el borrador que presenta el magistrado designado ponente. Ese borrador es un documento interno, que carece de valor por sí mismo. Ningún borrador, jamás, se convierte en sentencia tal y como aparece redactado el primer día. Siempre sufre cambios más o menos trascendentes. En muchas ocasiones el borrador ni siquiera se parece a la decisión final.

Así que es una anomalía y un sinsentido que estos días sea noticia el supuesto primer borrador presentado por la ponente para empezar a discutir sobre la ley de amnistía. No sabemos si el texto que anda circulando por las redacciones de la mayoría de medios informativos es verdaderamente el que se ha repartido a los magistrados para que empiecen a reflexionar sobre el tema. Si así fuera, su filtración es un síntoma de la podredumbre que en los últimos años ensucia al máximo intérprete de nuestra Constitución. La lógica llevaría a pensar que el autor de la revelación es alguno o algunos de sus magistrados. Ninguna sorpresa: hace ya más de una década que la mayoría de las personas elegidas para integrar el supremo órgano jurisdiccional de nuestra arquitectura democrática está lejos de tener la altura ética e intelectual requerida para tal responsabilidad.

En todo caso, el texto –aunque ni de lejos sea definitivo– está estos días abriendo portadas de periódicos e informativos. Más allá, en la opinión pública se ha abierto un encendido debate sobre su contenido. No es de descartar que ese fuera precisamente el objetivo de la filtración: intentar provocar una reacción adversa para influir en las discusiones del tribunal.

Desde el punto de vista técnico-jurídico sería un atrevimiento rayano con la desvergüenza comentar los supuestos contenidos de un supuesto primer borrador de sentencia. Sin embargo, al hilo de ese texto apócrifo se están vertiendo en el debate público una serie de opiniones acerca de la Constitución que a menudo carecen del mínimo rigor científico. En el mundo de las redes sociales, las afirmaciones de cualquier tarado con miles de seguidores o suficiente desparpajo tienen más validez que las de los especialistas que han dedicado su vida a estudiar un tema. Esta semana todos los cuñados de España son expertos en derecho constitucional. Y muchos de los disparates que inventan para la ocasión, desgraciadamente, corren el riesgo de laminar nuestro sistema democrático.

Algunas de las ideas más repetidas estos días intentan rebatir la afirmación de que el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente. Los opinólogos más sofisticados equiparan esa idea a la “dictadura del Parlamento”. Sin embargo, para el derecho constitucional y la Ciencia Política no es ninguna novedad. Los ámbitos sobre los que puede pronunciarse el legislador no pueden estar tasados. No hace falta que la Constitución recoja la posibilidad de aprobar una reforma agraria o regular la inteligencia artificial para que las Cortes puedan dictar leyes sobre estos temas. Evidentemente, no cabe aprobar una ley sobre las materias que la Constitución atribuye a los poderes ejecutivo o judicial, igual que el Parlamento estatal no puede legislar sobre cuestiones constitucionalmente atribuidas a las comunidades autónomas. Pero fuera de los casos en los que la Constitución reserva una materia a otro poder o prohíbe determinadas soluciones, el Congreso puede legislar sobre aquello que considere necesario sin necesidad de una habilitación específica.

Así, resulta obvio que si no hay ninguna prohibición expresa de dictar amnistía, el mero hecho de que la Constitución guarde silencio sobre esta posibilidad no puede usarse para negar la posibilidad de la amnistía. Los cuñados más lenguaraces, como el jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, deducen de esto que sería constitucional aprobar la esclavitud, la ablación genital o la pederastia.

Decir chorradas es gratis y en los tiempos que vivimos, si cuadran con tus ideas, cualquiera está dispuesto a tomarlas por la verdad absoluta. Sin embargo, basta una lectura rápida a nuestro texto constitucional para descubrir que todos estos ejemplos sí son contrarios a normas constitucionales. El artículo 17 establece que nadie puede ser privado de su libertad, lo que suena a una prohibición directa y explícita de la esclavitud. El artículo 15 recoge el derecho a la integridad física, que no solo impide tratos degradantes y crueles sino que vuelve inconstitucional cualquier amputación sin consentimiento válido, como la ablación. Por su parte, el artículo 39 establece que los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales a la vez que el artículo 10 recoge el derecho al libre desarrollo de la personalidad, de modo que una despenalización absoluta de la pederastia resulta claramente inconstitucional.

El problema de estos argumentos absurdos es que el esfuerzo intelectual que requiere desmentirlos científicamente es mucho mayor que la facilidad con la que cualquier indocumentado los repite sin ningún tipo de base o argumentación. No se trata de que todo el mundo tenga que apoyar la ley de amnistía, sino de que quien la rechace debe argumentarlo de manera razonada. Es lícito estar en contra de la amnistía a los líderes del procés. Incluso es perfectamente legítimo y razonable argumentar jurídicamente que la ley de amnistía no contribuye al bien común. Creo que sería un argumento equivocado, porque en mi opinión es un medio adecuado para recuperar la concordia cívica en Cataluña, pero también sería un argumento técnicamente fundado que asumiría los principios básicos de nuestro sistema constitucional. Lo que no es de recibo en una sociedad democráticamente avanzada es poner en duda a cada momento las bases mismas de la convivencia si eso conviene para hacer daño al oponente político.

En fin, no sabemos aún como va a razonar el Tribunal Constitucional la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Entre tanto, todas esas idioteces que se difunden y ponen en tela de juicio la coherencia de nuestra democracia solo tienen un objetivo: crear confusión e impedir el regular funcionamiento de las instituciones en un intento desesperado de echar al gobierno salido de las últimas elecciones. Si algún magistrado del Tribunal Constitucional está jugando a manipular la opinión pública para impedir que se discuta con normalidad sobre esta ley, está traicionando a su país y a su institución. Hace ya demasiado tiempo que la gentuza dispuesta a cargarse todo el sistema para regalar cualquier mínima victoria a los suyos llega hasta los puestos más relevantes. Somos, hoy por hoy, un país de irresponsables.

Un conocido diario del siglo veintiuno nos está deleitando estos días con la publicación por entregas de algunos mensajes de WhatsApp intercambiados hace años entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y quien fue su hombre de confianza y ministro, José Luis Ábalos.

No se sabe por ahora quién ni cómo ha conseguido los mensajes. Uno de los participantes en la conversación defiende que estaban recogidos en un dispositivo de memoria que le fue incautado por la Guardia Civil. Por lo que se sabe, al menos aún no han sido transcritos por este cuerpo policial ni entregados a las partes en el procedimiento penal en el que se autorizó su requisa. De ser cierta la versión de Ábalos, se trataría de una filtración de documentación privada conseguida con autorización judicial y custodiada por las fuerzas de seguridad del Estado. En ese caso, quien haya accedido al contenido de esas charlas y se la haya remitido al diario en cuestión podría haber cometido un delito. Incluso, si fuera el propio periódico el que hubiera incitado a que se consiguieran o pagado por hacerlo también podría incurrir en una conducta delictiva. Más allá de la necesidad de investigar los hechos y, si se probara que algo de esto ha pasado, para juzgarlos hay consideraciones que trascienden el derecho penal. La divulgación de los secretos de la intimidad de cualquier persona puede causar un daño exigible civilmente. Incluso yendo todavía más allá, la ligereza y el regocijo con la que gran parte de la sociedad está tomando este ataque a la vida privada plantea un interrogante extremadamente trascendente sobre el modelo de sociedad que queremos y la vigencia en la misma de los derechos humanos fundamentales.

Frivolizar con derechos como el de la intimidad es algo que se paga muy caro. La intimidad es necesaria para la vida misma, que no es posible desarrollar con el mínimo de dignidad necesario cuando uno está permanentemente expuesto a la curiosidad ajena. Una vida libre y plena necesita de momentos que no sean accesibles a los demás, porque solo en ellos somos plenamente libres. Cuando cualquiera de nosotros entra, por ejemplo, en un ascensor solitario realiza ante el espejo gestos que seguramente no haría si hubiera otros pasajeros en el cubículo. Eso es así porque la libertad personal es más real cuando nadie nos ve, nos oye, ni, sobre todo, nos puede juzgar. ¿Alguien se imagina un mundo en el que necesariamente tuviéramos que dejar abierta la puerta del cuarto de baño cuando entramos en él permitiendo que cualquiera viera todo lo que hacemos dentro? Lo mismo sucede cuando mostramos nuestro cuerpo, al hablar de las enfermedades que padecemos, al practicar sexo en muchas otras ocasiones. El derecho a la intimidad asegura precisamente eso: que tengamos espacios libres de la mirada ajena. Porque necesitamos que haya momentos y aspectos de nuestra vida en los que disfrutemos la tranquilidad de que nadie que no queramos sepa lo que hacemos ni pueda juzgarnos por ello.

Hay, pues, una parte de nuestra vida que podemos proteger frente al conocimiento ajeno. Como mínimo, aquella que conforme a nuestros usos sociales se considera privada. Además, la Constitución también ha querido que se consideren privadas todas las comunicaciones, con independencia de su contenido. Eso significa que una charla mantenida a través del teléfono es íntima incluso aunque no aborde cuestiones privadas. Carece de importancia que se refiera o no a cuestiones con relevancia pública.  El artículo 18 de la Constitución prohíbe absolutamente que nadie ajeno a la conversación tenga acceso inconsentido a ella. Sólo los participantes tienen acceso a la conversación y solo ellos puedan permitir que terceras personas la conozcan, como hizo, legítimamente, Luis Bárcenas cuando remitió al mismo diario los SMS que había recibido del entonces presidente del gobierno. Al intercambio comunicativo se le atribuye así un régimen similar al del domicilio, en el que no pueden entrar personas ajenas con independencia de que lo hagan buscando algo con trascendencia social. Tanto para entrar en el lugar en el que alguien habita como para leer su correspondencia o escuchar sus mensajes es necesario que lo autorice un juez. Y esta particularidad constitucional tiene un sentido profundo.

Si aceptamos un modelo de sociedad en el que cualquiera pueda tener acceso a nuestras conversaciones, estaremos renunciando a la posibilidad misma de hablar con nadie con total libertad. Permitir que las conversaciones ajenas se publiquen cada vez que el resto creamos que tienen interés, supondría que ya nadie se sintiera libre de decir jamás a otro lo que realmente piensa, ante la eventualidad de que más tarde haya quien lo considere relevante y pueda difundirlo legítimamente.

¿Necesita el presidente del Gobierno sentirse libre para opinar con franqueza cuando habla con su familia o sus colaboradores cercanos sobre las vicisitudes de su trabajo? Al normalizar que mañana cualquiera de sus conversaciones pueda aparecer con impunidad en la portada de algún periódico, le quitamos el derecho a ser franco incluso en la intimidad.  Ahí radica la contradictoria ironía de esta cuestión: lo que algunos alegan estos días para justificar la publicación de los mensajes es que tiene interés público conocer cómo se expresa el presidente en privado. Justo cuando él sabe que la Constitución impide que nadie indeseado lo escuche sin autorización judicial.

Cuando se publican internet las imágenes de alguna persona teniendo sexo o simplemente desnuda, robadas de su teléfono, se hace por el morbo de ver cómo es esa persona en los momentos en que nadie está autorizado a verla sin su consentimiento. Es exactamente la misma curiosidad morbosa que sentimos por acceder a las ideas que Pedro Sánchez expresa solo a sus más íntimos. En términos constitucionales, dar a conocer sus mensajes sin tener para ello el permiso de un juez es exactamente igual que si difundiéramos su imagen desnudo o manteniendo relaciones sexuales. Eso vale para Pedro Sánchez, pero también para Isabel Díaz Ayuso, su novio y el último de los lectores de este artículo. La banalización de la intimidad significa entrar en una pendiente que nos afecta a todos. Demasiadas amenazas acosan hoy día a nuestra privacidad como para empezar a normalizar que cualquiera de nuestras conversaciones pueda aparecer reproducida en primera página. Les aseguro, además, que si así fuera ninguno saldríamos bien parado. Precisamente porque cuando nos comunicamos con alguien lo hacemos con la libertad de saber que la Constitución nos protege. O al menos, hasta ahora nos protegía.

No tengo muy claro cuál sería la mejor solución para el Valle de los Caídos. Es un problema tan complejo que no tengo formada una opinión contundente al respecto. El valle se construyó, con trabajo forzado, como homenaje a la barbarie, el fascismo y la dictadura. Sin embargo, ya está ahí y también nos enseña sobre nuestro pasado. Así que prefiero confiar en las opiniones y sugerencias de los expertos e historiadores sobre cómo debemos gestionarlo ahora. 

Lo que sí tengo claro es que en esto, como en cualquier cuestión, es imprescindible poder tener un debate social en libertad. Y tengo claro que nadie debe ser perseguido por expresar una opinión u otra sobre qué hacer con el Valle de los Caídos. Aun así, en España, en los tiempos trumpistas que vivimos, ya hay al menos dos personas encausadas judicialmente por opinar sobre el tema. Al auge del autoritarismo se le suman los efectos de la escasa calidad de muchos de nuestros jueces, incapaces de resistirse a abusar de su posición como poder del Estado para imponer su propia ideología. Así que he decidido que mientras haya en nuestro país personas perseguidas por decirlo, por militancia democrática, también yo voy a decir públicamente que hay que dinamitar el Valle de los Caídos. En este momento el debate no es ya sobre el monumento fascista en cuestión; es ahora un debate sobre la libertad de expresión.

Frente a esto hay quien dice que “el valle no se toca”. Algunos de ellos se han encargado de dejarme claro estos días –incluso en las paredes de mi despacho en la universidad–  que son nostálgicos del fascismo y que añoran la brutal represión y el asesinato en frío de decenas de miles de españoles por pensar diferente. Me parece importante que incluso estos tipos puedan expresar su opinión y personalmente no me supone ningún coste discutir con ellos sobre el tema. Sin amenazas ni intimidaciones.

En la concepción radical de la libertad de expresión, todos debemos poder expresarnos libremente. El hecho de que una opinión resulte molesta no es motivo para prohibirla. No me gusta oír a nadie ensalzando el genocidio y creo que es un discurso peligroso, pero prefiero combatirlo con palabras antes que prohibirlo. A cambio, espero que si alguien le molesta mi opinión dinamitera, actúe igual. Los falangistas que decoraron mi despacho con pegatinas que dicen “Dios con nosotros” creen sinceramente que el todopoderoso existe y es franquista. Por eso les duele que alguien proponga acabar con el mayor monumento al dictador. Les duele tanto que lo consideran como una blasfemia o un insulto a ese Dios suyo ultraderechista. Tienen que saber que eso, sin embargo, no los legitima para intimidar ni amenazar a nadie.

La expresión de ideas no tiene límites. Los actos sí los tienen. Cuando se castiga a quien con una pintada anticlerical daña un muro de valor histórico no se lo está persiguiendo por sus ideas, sino por sus actos. Igualmente, quien insulta o amenaza no está lanzando una idea al espacio público para su debate colectivo, sino actuando sobre una persona para doblegar su voluntad o humillarla. Y con la misma fuerza con la que defiendo la libertad de expresión defiendo también la libertad y la dignidad de todos y de todas. Así, la cuestión de la libertad de expresión se convierte en la cuestión sobre los derechos en general. Y en ese terreno la sociedad está sufriendo un peligroso retroceso que se manifiesta con especial intensidad en el seno de la Universidad.

La Universidad ha sido siempre un espacio politizado y radicalizado. Es una etapa vital de aprendizaje humano que va más allá de las clases y tal intensidad y riqueza resulta incluso beneficiosa. El problema actual no es, pues, el radicalismo sino la pérdida de los consensos mínimos que definen el marco en el que nos movemos, determinado por los derechos humanos fundamentales: en los últimos años, el auge de ideologías extremistas está extendiendo por la sociedad la idea de que los conflictos no se resuelven con el diálogo o la ley, sino con la violencia y la intimidación.

Soy profesor de derecho constitucional y cada vez es más frecuente encontrarme con estudiantes que defienden que si la policía cree que alguien es un delincuente es legítimo que lo mate directamente. Sin juicio y sin proporcionalidad. Muchos de estos estudiantes –hombres en su mayoría—van a ser en el futuro jueces o abogados, pero creen firmemente que se debe prohibir la religión musulmana. O que es lícito discriminar a los homosexuales.

O que una forma de dialogar es darle una paliza a quien no piense como ellos.

Sería un error plantear esto como un conflicto entre izquierda y derecha. Hay que huir de cualquier versión maniquea en la que parezca que solo las personas de izquierda respetan los derechos humanos, porque es un disparate. Los derechos y la democracia son de todos. Constituyen el marco dentro del cual cada uno puede empujar para que la sociedad vaya en la dirección que le parece más apropiada. La democracia no es un resultado sino un método.

Quienes creemos en una sociedad libre, donde quepa todo el mundo y de la que esté desterrada la violencia somos la inmensa mayoría. Gente de todas las ideologías, que discutimos y nos enfrentamos incluso con acritud y exageración, pero siempre en el terreno de la lucha de ideas. A la hora de la verdad, cuando está en juego vivir en un mundo decente, progresistas y conservadores coincidimos y, felizmente, nos respaldamos mutuamente frente a los intolerantes. Por eso no podemos permitir que una minoría agresiva e irrespetuosa se adueñe de los campus universitarios ni del futuro de nuestra juventud.

Las redes sociales han hecho mucho daño. Está llegando ahora a las aulas universitarias una generación que ha socializado en un mundillo en el que el anonimato propicia el insulto, la amenaza y el desprecio a la argumentación científica. Y ahora parece que intentan llevar esas mismas dinámicas a la vida real. Cada vez más compañeros, y sobre todo compañeras, se enfrentan en clase a actitudes desafiantes de estudiantes que se niegan a argumentar, que rechazan la evidencia técnica y se empeñan en sus ideas preconcebidas. Sentimientos frente a argumentación y arrogancia frente a aprendizaje.

Es responsabilidad colectiva frenar esta dinámica antes de que vaya a peor. El problema no es que un grupúsculo fascista (creo que puedo usar con propiedad esa palabra cuando me refiero a la Falange Española) intente intimidar a un profesor. El problema es la generalización de actitudes antidemocráticas que niegan la dignidad misma de la persona. Y eso es algo que no podemos frenar exclusivamente quienes nos dedicamos a la enseñanza, sino una tarea colectiva. En ese sentido, seguramente sea más útil y más pedagógico señalar las conductas peligrosas, y hacerles notar un extenso reproche social, que castigarlas o perseguirlas. Creo que vamos por buen camino cuando la Universidad y la sociedad civil reaccionan sin dudar ante intimidaciones que en sí mismas no son graves, pero que denotan una situación preocupante.

Por mi parte, creo que me toca reiterar mi postura. Mientras más gente se crea con derecho a impedir que se siga diciendo en público que hay que dinamitar el Valle de los Caídos, más fuerte voy a decirlo yo. Eso sí, estaré encantado de discutir, en libertad y sin presiones, con quien frente a mí diga que el Valle no se toca. Porque así, discutiendo, se construye la democracia.

“¿Pero cuánto tiempo le estuvo chupando las tetas?”, pregunta –literalmente– el juez a la mujer que ha denunciado una agresión sexual. Luego, muy baboso, con supuesta ironía, sigue: “¿Sabe usted para qué se sacó el miembro viril?”. Por fin, burlándose ya abiertamente de la víctima, quiere saber por qué, si estaba tan traumatizada, tardó tanto tiempo en denunciar.

Otro juez, cuando interroga a un humorista acusado de delito de odio por hacer una broma respecto a la posibilidad de dinamitar la cruz del Valle de los Caídos, lo equipara a decir que habría que dinamitar la plaza de Pedro Zerolo y aprovecha para deslizar la infamia de que la homosexualidad va ligada a la pederastia.

Un tercer juez prohíbe sistemáticamente a la fiscal en un caso de abusos sexuales preguntar todo lo que favorezca a su acusación. Cuando un testigo lo contradice, corta diciendo: “Me tienen agotado. No me entero de nada. Vamos a dar por acabado el día de hoy”. Ese mismo juez, que trata con desdén y displicencia a todas las partes, al acabar el juicio le da la mano y despide efusivamente al acusado.

Esto son solo varios ejemplos recientes de cómo se comportan muchos jueces españoles cuando están en la sala de vistas. Sus diálogos parecen los de cualquier personaje de facha casposo en una película de Torrente. Pero son la realidad de los tribunales españoles en el año 2025. Hay muchos jueces que nunca se comportarían así, pero no se trata de casos aislados. Cualquier abogado en ejercicio en nuestro país puede dar fe de que los comportamientos chulescos, machistas y retrógrados de nuestros magistrados son algo frecuente. De hecho, estos ejemplos han salido a la luz tan solo porque, casualmente, se trata de los tres asuntos en los que las grabaciones del juicio se han hecho públicas en las últimas semanas. Si se difundieran con más frecuencia las intervenciones de los jueces durante los procedimientos orales veríamos que no es nada inhabitual.

El problema, no nos engañemos, no es que los jueces sean fachas. Sino que, demasiado a menudo, son unos sinvergüenzas. Estas manifestaciones y comportamientos se producen en el seno de la actividad judicial. Por eso, daría igual que el magistrado en vez de odiar a los homosexuales o menospreciar a las mujeres que denuncian agresiones sexuales se dedicara a ironizar sobre los cayetanos o burlarse de la sagrada trinidad. No lo hacen nunca porque todos sabemos de qué pie cojea ideológicamente nuestra judicatura, pero democráticamente sería igual de criticable. Porque, más allá de la anécdota, estos excesos suscitan graves dudas acerca del funcionamiento mismo del sistema democrático.

Los jueces en la sala de juicio no tienen libertad de expresión. Cuando un juez o una jueza actúan como un poder del Estado no pueden pronunciarse ideológicamente. Tienen que ser imparciales y les está vedado manifestar su cercanía ideológica con una u otra creencia. En la calle, el juez y el humorista pueden medir sus capacidades dialécticas discutiendo si violan a más niños los curas o los homosexuales. Pero, dentro, el señor con toga y puñetas no es un ciudadano, sino el poder público más terrible que existe y el que más obligado está a ejercer sus funciones con neutralidad.

El problema de nuestros jueces es, sencillamente, que no saben diferenciar cuándo son ciudadanos y cuándo actúan como poder. No han aprendido a hacerlo, porque desgraciadamente no se les exige esa capacidad para convertirse en juez ni se les sanciona de ningún modo cuando mezclan su propia ideología con la facultad de juzgar que les hemos dado entre todos.

Hace tiempo que algunos venimos avisando de que el problema en España no es que los jueces estén politizados sino que no saben ser imparciales. Me da igual que un juez sea un fascista. Como si quiere ser del Betis o satánico. Lo que me molesta es que en sus sentencias se demuestre que lo es. Porque eso significa que es un mal juez. Y tenemos demasiados jueces malos.

Este tipo de anécdotas en las que vemos a jueces opinar y actuar como auténticos cuñados son el síntoma de algo más grave: las deficiencias de nuestro sistema a la hora de seleccionar a los jueces, de formarlos y de sancionar las irregularidades que cometen.

En nuestro país un jurista se convierte en juez demostrando, exclusivamente, su capacidad de cantar y recitar de memoria unos cientos de temas. No se controla su estabilidad mental, ni su capacidad de empatía, ni se los prepara para ser imparciales y respetuosos. A menudo, ni siquiera se les da una formación suficiente en materia de derechos fundamentales. Sin embargo, ellos, en cuanto demuestran su capacidad memorística se creen éticamente superiores y capacitados para dar lecciones de moral. Porque no están formados para resistir que se les suba a la cabeza.

Se dice a menudo que los jueces necesitan formación en materia de violencia de género, pero el problema va más allá: una persona sin capacidad de empatía no puede entender los procesos complejos que dan lugar a los delitos ni resolver los asuntos con un mínimo de equidad. Pero es que, más allá, ni siquiera saben aplicar adecuadamente las leyes. Nuestra judicatura adolece en general de un profundo desconocimiento sobre todo lo relacionado con los derechos fundamentales. Muchos jueces no han estudiado el valor de los derechos, ni entienden su eficacia frente a todos los poderes. Lo mismo se pasan por el forro la intimidad, que el derecho a no declarar que la integridad mental. No son capaces de identificar a un colectivo vulnerable y creen que el mandato de no discriminación es un principio genérico sin eficacia práctica. No aceptan que con la aprobación de la Constitución los derechos impregnan completamente el ordenamiento y todas sus reglas han de ser interpretadas conforme a ellos. Y sobre todo, no aceptan que son servidores públicos. No están al servicio de la ciudadanía, a la que desprecian. Ni se ven a sí mismos como los esclavos de la ley, sino como sus dueños. Y la usan a su antojo.

Viendo los resultados, a menudo parece que la arrogancia, la mala educación y la altivez fueran requisitos necesarios para ser un juez muy español. Basta con ver a quien es el modelo en el que se mira la mayoría de ellos: la presidenta de la asociación mayoritaria de jueces, elogiada y admirada de forma abrumadora en la carrera judicial. Es una persona ultraconservadora, que no se corta en mostrar en público su apoyo incondicional a los partidos de derecha y a la iglesia católica; aficionada a insultar a los políticos y las ideas progresistas; y que se relaciona en público con la misma chulería y falta de respeto a la ciudadanía de la que hacen gala sus compañeros en los vídeos que comentamos.

Urge cambiar el modelo español de juez. Buscar modos de selección que tengan en cuenta algo más que la memoria; mejorar la formación continua en cuestiones relacionadas con la actitud y el decoro que deben guardar; crear mecanismos de sanción eficientes en los que no se cubran unos a otros. Sólo así podremos tener una judicatura democrática, más allá de los desquiciados, psicópatas y arrogantes que a veces dirigen los juicios. 

Entre tanto, estimado lector o lectora, tenga cuidado. Si por alguna razón le toca acudir a un tribunal se puede encontrar con que lo preside un tipo que podría ir con un palillo de dientes en la boca, mirarle las tetas y eructar comentarios terraplanistas. Si no es capaz de distinguirlo a simple vista, porque el juez va disfrazado de persona decente, no se preocupe; en cuanto abre la boca se descubre al juez Torrente. Si le sirve de consuelo piense que en esto, como en tantas cosas, España es diferente.

Las catástrofes sociales no son como los maremotos. No llegan por sí solas. Ni son impredecibles, ni surgen por casualidad. Las guerras, los genocidios y las matanzas responden a causas humanas. Son la culminación de procesos sociales que se gestan durante un tiempo y estallan solo porque nadie es capaz de frenarlos. Esta certeza es especialmente evidente a propósito de la persecución de minorías y los intentos de aniquilarlas que periódica pero constantemente tiñen de sangre la historia de la humanidad. El linchamiento de pueblos enteros, que solo en la actualidad calificamos de genocidio, ha sido –y aún es a veces– una práctica frecuente.

Lo saben bien las minorías. Los pogromos contra judíos, moros o gitanos son una constante histórica en Europa. Durante siglos estas comunidades han pagado caro el ser diferentes y nuestras sociedades han desahogado en ellas muchas de sus frustraciones. Las excusas más diversas han servido para que turbas de los nuestros quemen, violen, torturen y asesinen a sus mujeres y sus niños. Se ha hecho cargar sobre ellos nuestros miedos acusándolos sin razón de traer la peste, secuestrar niños, pactar con el diablo, provocar hambrunas… mentiras, que hoy llamaríamos bulos y que se sustentan en el miedo. Las víctimas de las matanzas étnicas siempre son antes percibidas como una amenaza terrible que necesita de acciones que normalmente irían contra nuestros principios. 

En el siglo veinte algunas de estas persecuciones adquirieron un nivel tan infernal que nos hicieron enfrentarnos cara a cara con lo peor del ser humano. Por encima de todas, el Holocausto de los judíos en la Alemania nazi. También, entre otras, el intento de exterminio de los armenios en Turquía, la masacre de un millón de tutsis en Ruanda o los miles de musulmanes ejecutados en Bosnia. Estos asesinatos masivos de millones de personas resultan tan abominables que se han convertido en un símbolo de la mayor degradación posible. En ellos nos impresiona el número inabarcable de víctimas y la infamia de un exterminio sistemático y organizado por el Estado. Sin embargo, no es más que la reproducción a gran escala de las dinámicas de las persecuciones de siempre. Gracias a ellas, a día de hoy sabemos perfectamente cómo se manipula a una sociedad hasta llevar a mucha gente decente y con valores a aceptar la expulsión o el exterminio de personas inocentes. 

En la Alemania nazi se exacerbó el odio secular contra los judíos utilizando mecanismos de propaganda para atribuirles los males de la economía del país y presentarlos como una raza explotadora, enriquecida a costa del alemán corriente. En Ruanda, el gobierno hutu utilizó la radio de las mil colinas para deshumanizar a los tutsis, a los que llamaba siempre cucarachas, y acusarlos de crímenes inexistentes. Jugó un papel tan importante en el genocidio que varios de sus periodistas fueron condenados por ello por el Tribunal Penal Internacional. En Bosnia, en los años noventa, las autoridades serbias inventaron y difundieron entre sus conciudadanos el falso rumor de que sus vecinos musulmanes estaban reuniendo armas y preparándose para matarlos e instaurar la sharía. Así que ellos, asustados, decidieron anticiparse y masacraron sin piedad a ancianos, mujeres y niños por el simple hecho de ser musulmanes.

Los ejemplos son interminables, a diversa escala. En todos los casos se abusa de los prejuicios preexistentes contra una comunidad; en momentos de crisis, se desbordan con rumores falsos, provocando odio y la violencia. Sin embargo, a menudo lo que en un país o época lejanos nos parece una barbaridad, lo aceptamos con normalidad si sucede en nuestro entorno más cercano. En muchos pueblos españoles todavía sucede que el rumor de que un gitano ha matado a alguien obligue a toda una comunidad de esa raza a huir para evitar consecuencias peores. Para muchos lectores no será un caso comparable, porque pensarán que los gitanos en verdad son agresivos y peligrosos. Ese es el problema.

El miedo a las minorías lo llevamos todos dentro. Tan dentro que nos cuesta reconocer que su único sustento real es el prejuicio. Desgraciadamente es tan irracional que da igual que los datos demuestren que, por ejemplo, la mayoría de los gitanos no delinquen jamás. Todos estamos seguros de conocer el mundo mejor de lo que nos digan esos datos. Somos tan ciegos que vemos en las minorías un colectivo único y común, a la vez que negamos serlo nosotros mismos. Nos es fácil aceptar que todos los moros o los chinos son iguales; tienen sus cosas. En cambio, nos indigna que nadie nos incluya a nosotros mismos en colectivo alguno.

Así que si la discriminación de las minorías está en el origen de los hechos más terribles de la humanidad, su origen son los prejuicios que desarrollamos inevitablemente contra el diferente. Quienes voluntariamente los fomentan crean el caldo de cultivo para las tragedias. Este es el concepto esencial.  La forma de crear un caldo de cultivo para el odio es extendiendo el miedo. Los gitanos nos van a robar, los moros van a violar a las mujeres, los musulmanes van a acabar con nuestro modo de vida, los negros van a debilitar nuestra raza… al presentarlos como amenazas de las que nos tenemos que defender, nos mueven a discriminarlos. 

Es exactamente lo que está haciendo ahora en Europa y en España la ultraderecha. Sus partidos son una amenaza para la democracia porque no se limitan a defender las virtudes de un modelo u otro. Más que eso, deliberadamente socavan las bases humanistas de la sociedad, intentan crear las condiciones para que desaparezcan los derechos humanos y fomentan la discriminación. Son los encargados de crear el caldo de cultivo para cosas mucho peores.

La libertad de expresión ampara la libre circulación de todo tipo de ideas, hasta las más extremas. Sin embargo, quienes deshumanizan a un colectivo no están aportando una idea al debate social, sino manipulando la sociedad para incitar a actos de violencia o discriminación. Por eso, nuestro código penal castiga a quien comete estas acciones.

Es lo que ha hecho estos días la diputada de Vox Rocío De Meer. Cuando los medios informaron de que en Vega de Villalobos, un pueblo vaciado de Zamora, había nacido un niño por primera vez en dos décadas la parlamentaria destacó que el bebé se llama Ayoub. Escribió el nombre en caracteres árabes para acentuar que es musulmán y sentenció que el futuro de España es tenebroso, que significa sombrío, oscuro, amenazado. Venía a decir que los musulmanes, por el mero hecho de nacer o vivir aquí son un peligro difuso para todos. De ese modo, ayudaba a azuzar el miedo a los musulmanes y fomentar que se los discrimine. Su intención es, como mínimo, conseguir que se los expulse de nuestro país. Son todos una amenaza; incluido el pequeño Ayoub de apenas un mes de vida y recibido con cariño por todo su pueblo.

Poco importa que los inmigrantes musulmanes sean solo un 2,5% de la población española sin que haya visos de que vayan a convertirse jamás en mayoría en nada. Poco importa que los extranjeros musulmanes en este caso estén ayudando a que salgan adelante pueblos donde no hay mano de obra ni niños. La señora De Meer intenta simplemente deslizar la idea de que su religión es peligrosa y hay que acabar con ellos. Su mensaje fue escuchado y al instante las redes se llenaron de miles de españoles convencidos de que efectivamente ese porcentaje ínfimo de personas es culpable de la pérdida de nuestros valores, el hundimiento de nuestra economía y un supuesto crecimiento de la delincuencia desmentido por todos los datos.

Son las mismas técnicas racistas aplicadas siempre por el fascismo. Y una vez más están consiguiendo convencer a demasiada gente. Por eso es necesario aplicar la ley y perseguir estos mensajes. Porque no difunden ideas, sino que incitan al odio, la violencia y la discriminación. Nuestros fiscales, sin embargo, demuestran en estos delitos una pasividad pasmosa que contrasta con su habitual diligencia.

En esta ocasión la autora ha sido denunciada por una asociación civil de defensa de los derechos humanos, Acción Contra el Odio, aunque la iniciativa no tenga visos de prosperar. La diputada De Meer goza de inviolabilidad parlamentaria. Los tribunales españoles interpretan a veces de manera amplia este privilegio de los diputados, extendiéndolo no solo a la difusión de opiniones sino a otras conductas como la incitación. Así que seguramente ella no pueda ser perseguida por sus actos discriminatorios. Eso no significa que no haya cometido un delito, sino simplemente que no se la podrá juzgar por ello. Sigue siendo importante llamar la atención sobre que se trata de conductas extremadamente peligrosas y prohibidas. El neofascismo de estos personajes tiene una cara más amable y ha cambiado unas víctimas por otras, pero su objetivo es el mismo. Al difundir bulos falsos que nos ratifican en nuestras convicciones intentan que olvidemos la realidad y los datos. Así crean el caldo de cultivo para la peor de las sociedades posibles.