De la sentencia que ha dictado la Audiencia Provincial de Badajoz solo se recordará una cosa: que condena al hermano del presidente del Gobierno.

Quizás eso sea realmente lo único que importa. El jurista que pacientemente se lea sus casi cuatro centenares de páginas (prescindibles la mayor parte) puede quedarse con la sensación de que esa era su única intención. Sin condena a Sánchez Castejón no merecía la pena todo este despliegue. Así las cosas, no es desaventurado pensar que en el germen y la razón de ser misma de esta resolución hay una motivación política.

Se presenta, eso sí, como sentencia. Un documento jurídico. Y no precisamente grosero o carente de toda argumentación. Todo indica que parte razonablemente de un hecho irregular al que incluso coloquialmente se puede llamar corrupción. Pero la condena final es política, porque no puede ser jurídica: ni es coherente ni aparece justificada.

Obviando los centenares de páginas de relleno, el núcleo de la sentencia sostiene que hay indicios indirectos suficientes para concluir que responsables de la Diputación de Badajoz vulneraron conscientemente la ley para adjudicar una plaza irregularmente a David Sánchez Pérez-Castejón y que, además, luego la modificaron para complacerlo. Un delito de prevaricación.

Reconoce la sentencia que no hay prueba de cargo directa. Sí enuncia algunos indicios de que la plaza se creó específicamente para dársela a él: que el propio Sánchez estaba ya buscando casa en Badajoz antes de que se resolviera el concurso; que había rumores de que la plaza iba a ser para “el hermanísimo”; que una vez nombrado, Sánchez faltó frecuentemente al trabajo.

En efecto, la convocatoria huele mal. Pero, aunque se creara pensando en él y se le adjudicara a dedo, eso no implica necesariamente un delito de prevaricación, que consiste en dictar una resolución injusta a sabiendas. Ni siempre que se crea un puesto pensando en dárselo a alguien es ilegal, ni toda ilegalidad —aunque podamos denominarla corrupción—es delito.

El tribunal es consciente. Por eso añade lo que le parece el argumento de peso: que la plaza de coordinador de actividades de conservatorio era innecesaria y carente de contenido. Ahí es donde la sentencia empieza a flaquear. La tarea de coordinar las actividades de los conservatorios extremeños la desempeñaba hasta 2010 un funcionario. Una vez que este se jubiló, pasaron a asumirla los propios directores de conservatorios. Evidentemente, no corresponde a tres jueces penales decidir si un puesto de la administración es necesario o no. Eso es una decisión política, que deben tomar los responsables políticos elegidos para ello. Podría llegar a ser corregida por arbitraria si fuera del todo disparatada o una mera apariencia, pero no es el caso, puesto que existió ya antes.

Democráticamente, a la ciudadanía nos importa un pepino lo que opinen los jueces de la sección penal sobre si es conveniente o necesario que vuelva a haber un coordinador de actividades de conservatorios en Extremadura. Desde esa confusión entre lo judicial y lo político es desde donde la sentencia pergeña una condena tan injustificada como irrazonable.

Sostiene que el nombramiento fue innecesario y que también fue caprichoso modificar después las tareas asignadas a la plaza para cumplir con los deseos del director de orquesta contratado. Creen que si la administración contrata para coordinar actividades a un señor que sabe mucho de ópera, después no puede intentar aprovechar esos conocimientos poniéndolo a montar un programa de ópera. Uno puede estar de acuerdo en esa crítica. Cualquiera desde la barra de un bar puede opinar cuál sería la mejor manera de gestionar lo público, pero es un razonamiento insuficiente para justificar una condena penal.

Si una actuación administrativa es irregular, está la jurisdicción contencioso-administrativa para corregirla. Eso no significa que sea prevaricación. Nuestros egregios jueces nos machacan cada día con que las sentencias disparatadas que dictan algunos de sus compañeros, especialmente las que tienen una base ideológica, no son prevaricación. Dicen que lo suyo es recurrirla y que se corrija. Pero cuando lo mismo sucede en la administración extremeña, les basta un puñado de indicios interpretables para ver el delito.

Al menos, en este caso. En nuestro país no es raro que ayuntamientos, universidades, ministerios o entes públicos convoquen plazas de las que de antemano se sabe quién será el beneficiario. A menudo las convocatorias son incluso anuladas por la jurisdicción contencioso-administrativa porque son chanchullos descarados. Pero nunca hay nadie condenado por prevaricar. Solo en esta ocasión. No es una locura pensar que tiene que ver con la cercanía al presidente del Gobierno.

Un indicio de ello es que la sentencia está radicalmente huérfana de justificación en dos de sus elementos esenciales. En primer lugar, la Audiencia no explica por qué descarta que los condenados pensaran que lo que hacían entraba dentro de las facultades discrecionales que les permite la ley. O sea, que no sabemos ni se nos aclara si eran todos ellos conscientes de estar aprobando algo ilegal.

En segundo lugar, peor aún, no hay la más mínima explicación de la condena a David Sánchez. La prevaricación la cometen los que convocan una plaza para beneficiarlo. De él se dice que era colaborador necesario… ¡porque se presentó a la plaza! Se le acusa de haber rellenado la solicitud, de haber aportado documentación y de haber asumido las nuevas tareas encomendadas, sin explicar de dónde sacan que hizo todo eso sabiendo que era un chanchullo ilegal. Ese salto lógico no es baladí: se trata del invento que permite condenar al hermano del presidente. Es muy burdo, pero imagínense montar todo este lío —convertir en delito excepcionalmente una corruptela administrativa, someter a los jueces a desgaste público, llamar a declarar a numerosos testigos, redactar una sentencia de cuatrocientas páginas— si al final no se consigue un titular que haga daño al presidente del Gobierno. No tendría sentido.

Por si quedara alguna duda, los magistrados que redactan la sentencia no dudan en saltarse su apariencia de neutralidad técnica para incluir unas insinuaciones dañinas de las que reconocen no tener la mínima prueba: dejan caer que quizás la plaza se creo por presión de Pedro Sánchez o para congraciarse con él. Afirman que es una mera impresión carente de toda base fáctica, pero ahí lo ponen.

En fin. No es ningún disparate pensar que los que crearon la plaza de coordinador musical lo hicieron para dársela a David Sánchez. Seguramente estamos ante una de tantas corruptelas que son el mal endémico de este país. Pero sí que es un disparate jurídico concluir que estamos ante un delito de prevaricación y, sobre todo, carece de todo sustento condenar por ello al hermano del presidente. El que pueda hacer, que haga.

El líder oficial del Partido Popular acaba de presentar con toda la pompa y solemnidad de la que es capaz su intención de aprobar una ley estatal del concebido no nacido. Promete hacerlo en cuanto sea elegido presidente del Gobierno, algo que según sus cálculos sucederá el año que viene. Por ahora estamos ante un presidente no nacido.

El anuncio de Núñez Feijóo debe interpretarse en clave interna. El candidato conservador está en permanente pelea por el liderazgo de su partido y de la derecha española. Sobre todo, frente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que casualmente dio a conocer hace unos días la puesta en marcha de una ley igual. Tuvo una acogida entusiasta entre grupos católicos y extremistas.

Ahora el gallego intenta posicionarse ideológicamente a su misma altura y directamente le ha robado la idea alegando que a él se le ocurrió primero. La propuesta de ley, pues, hay que entenderla exclusivamente en este contexto en el que uno y otra se zancadillean constantemente intentando presentarse como el referente de la derecha tradicional. El propósito de la ley parece más propagandista que real. Es ideológica en el peor sentido de la expresión: no por responder a unos valores sino al deseo de aparentarlos.

Así que desde un primer momento parece claro que lo importante de esta ley que nos cuentan no son sus efectos, casi insignificantes, sino el nombre.

Técnicamente, la ley es de una simpleza abrumadora. Se trata, exclusivamente, de adelantar unos meses todas las prestaciones y beneficios previstos para el nacimiento de un hijo. En el caso de la ley madrileña, la presidenta de la comunidad ha insistido en que podrá hacerse desde el momento mismo de la concepción. No se sabe si valdrá con presentar un predictor positivo para pasar a ser familia numerosa, visto que su jefe de gabinete dice que al acabar de tener sexo, “antes de ducharse”, ya se tendrá por aumentada la familia. La ley gallega que aprobó Núñez Feijóo, por su parte, apenas adelanta las prestaciones cinco meses.

Con aspiraciones tan pobres parece claro que los objetivos de la ley anunciada no son los que dicen. Ni se trata de proteger a las familias, ni de fomentar la natalidad.

Para proteger a la familia seguramente sería más eficaz aprobar una ley que haga frente a la pobreza infantil, que en España afecta al 33% de los niños. Y si es verdad que algunas de quienes más la sufren son las familias numerosas, eso no se arregla adelantando unas semanas unas prestaciones ridículas. El paripé no se sostiene.

En cuanto a la natalidad los datos son tozudos. Desde que Núñez Feijóo aprobó en Galicia una ley igual el descenso de la natalidad en esa comunidad no ha sufrido ni el más mínimo frenazo perceptible. Si acaso al revés.

Evidentemente, no va de eso. El objetivo comunicativo es poner el acento en el embrión. De ahí el pomposo nombre de Ley del Concebido No Nacido. Da igual que no sirva más que para anticipar unos pocos meses un puñado de ayudas. Lo destacable es que, según su título, se dirige al no nacido y lo coloca en el centro de la acción política. Es simplemente una forma de situarse simbólicamente contra el aborto. En cierto modo, también contra la Constitución. Hace veinte años que el Tribunal Constitucional insiste en la idea de que en nuestro sistema democrático el nasciturus no es una persona ni puede tener derechos. Por supuesto que es un bien jurídico y debe ser protegido. Más mientras más avanza la gestación. Pero igualarlo jurídicamente a un niño es inconsistente con el modo en que se viene interpretando nuestra norma fundamental y solo puede buscar acabar con el derecho al aborto.

La oposición al aborto es desde hace años, junto a su componente religioso, una de las señas de identidad de la derecha española. La única que la llevó a ocupar masivamente las calles en 1985, contra la primera ley que lo despenalizó. Volvió a hacerlo en 2009 cuando el Gobierno de Rodríguez Zapatero sacó adelante la ley de plazos. Desde entonces ha llovido mucho. La interrupción voluntaria del embarazo es ya un derecho normalizado por todas las mujeres españolas. Incluidas las que votan al Partido Popular. A medida que la sociedad lo integraba como algo irrenunciable, las protestas en su contra se han ido desinflando hasta convertirse en algo testimonial; más folclórico que político.

Se equivoca Núñez Feijóo si piensa que esta ley provocativa consigue algo más que alejarlo del centro político. Lo acerca solo al votante madrileño de Díaz Ayuso, a los medios radicales de dentro de la M30 y a algunos simpatizantes de Vox. Y más vale que se ande con cuidado con estos experimentos. En 2014, el ínclito Alberto Ruiz-Gallardón, entonces ministro de Justicia, anunció su idea de reformar la ley del aborto y recortar el derecho. Le salió tan mal que tuvo que dimitir. Una cosa es manifestarse en la calle con los obispos y otra empeorar deliberadamente la vida de las mujeres. Ya se ha dicho: a estas alturas, en nuestro país, el de la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho difícilmente reversible.

Hay que imaginar que tanto Díaz Ayuso como Núñez Feijóo lo saben. Por eso sacan una ley que es como un petardo; hace mucho ruido y se queda en nada. No parecen capaces de enfrentarse con las decenas de miles de mujeres de todo signo que abortan voluntariamente cada año y vuelven a actuar como lo que su socio ultraderechista llama la “derechita cobarde”; golpes de pecho y falsa indignación.

El precedente, sin embargo, es muy peligroso. Cuando la derecha moderada deja de serlo y juega la carta iliberal, a menudo solo está poniendo las bases para que detrás lleguen los totalitarios de verdad. Los que recortarán derechos de las mujeres y serán capaces de volver a encarcelar a las que aborten.

El problema de anunciar con tanto bombo estas leyes del no nacido es que la coherencia de sus principios llevaría a acabar con la posibilidad de interrumpir libremente el embarazo. Si el embrión es un miembro de la familia, como dice ahora el Partido Popular, abortar su gestación debería ser delito. Por el momento les beneficia jugar con la ambigüedad para quedar bien con una idea y la contraria. Si algún día gobiernan, tendrán que tomar medidas. Visto lo que está pasando en Andalucía todo parece presagiar que ni necesitan los votos de la ultraderecha no vacilarán: ni en negar el cambio climático o imponer el racismo institucional, ni en quitarles derechos a las mujeres. Están jugando con fuego, y lo saben.

El proceso de regularización de inmigrantes es algo más que una de las medidas estrella de Gobierno de Pedro Sánchez. Se trata de una de esas iniciativas que marcan políticamente todo un gobierno. Sobre todo, porque afronta de manera audaz una cuestión que sus oponentes han traído al centro del debate político. Y lo hace rompiendo con las asunciones que sus contrincantes ideológicos han venido presentando como indiscutibles. Una vez que en toda Europa la ultraderecha ha colocado a la inmigración en el centro de las preocupaciones ciudadanas, los conservadores se han limitado a comprar el discurso de las expulsiones. Frente a ellos, Sánchez opta por la regularización y abre la posibilidad de un paradigma totalmente diferente.

Así es como se hace la auténtica política, se esté o no de acuerdo con el contenido. Elegimos a nuestros representantes para que desarrollen iniciativas como esa.

La regularización ha cogido con el paso cambiado a los gobiernos de otros países que se habían resignado a la mano dura y ha incendiado a la derecha patria. Convencidos de que ellos debieron ganar las elecciones, Vox y PP consideran ilegítimo al Gobierno de Pedro Sánchez desde el día mismo de su designación parlamentaria. Es un sentimiento que se exacerba las pocas veces que el ejecutivo toma medidas verdaderamente políticas capaces de transformar la sociedad.

Sin embargo, la lógica de nuestro sistema constitucional es la que es. Y ni con los diputados que ahora tienen ni con las encuestas de previsión de votos pueden hacer nada para evitar que el Gobierno gobierne.

O casi nada. Porque, desde hace décadas, en nuestro país cuando a un grupo no le gusta las medidas que legítimamente toma un gobierno de signo contrario lo lleva a los tribunales. Es lo que los académicos llaman judicialización de la política.

Formalmente, se trata de controlar la regularidad de las medidas de gobierno y es algo legítimo. Cada vez más, sin embargo, es un modo de sustituir la acción política por la judicial. A demasiados jueces les puede el activismo. Renuncian a autorrestringirse y resuelven aplicando una interpretación ideológica de las normas, por decirlo suavemente. Aunque lo revistan de argumentación jurídica, en esencia sustituyen las valoraciones de los órganos políticos y administrativos por las suyas propias.

Las primeras demandas contra el proceso de regularización las presentaron Vox y la Comunidad de Madrid.

El tema de fondo aún se está tramitando, pero en este caso la pelea trascendental es la de la suspensión: los recurrentes no buscan tanto tener razón como que, mientras se decide si la tienen, la justicia deje en suspense la aplicación de la norma. De esa manera paralizan el proceso e impiden que ningún extranjero regularice su situación por ahora. O definitivamente, si alcanzan la victoria en las elecciones del año que viene y anulan la medida antes de que vuelva a estar en vigor.

La primera batalla la perdieron hace unos meses. Resolviendo sobre el recurso de Vox y la Comunidad de Madrid, una mayoría de jueces entendió que no había riesgo de un daño irreversible que aconsejara interrumpir cautelarmente el proceso de regularización.

Hubo dos magistrados disidentes. Estaban a favor de dejar en suspenso la regularización y lo hacían con argumentos sobre su maldad. Evidentemente, la regularización no les gusta. Casualmente, se trata de dos jueces muy cercanos al Partido Popular. Y casualmente, esos mismos dos jueces, junto al que fue la punta de lanza de los populares en el Supremo durante años, acaban de poner en marcha una estratagema aprovechando que ahora tienen que resolver los recursos presentados por la Comunidad Valenciana y Aragón. Básicamente, antes de decidir sobre la suspensión van a preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si la regularización se opone a alguna norma europea.

Plantear una cuestión judicial ante el máximo órgano judicial de la Unión Europea es una libre facultad de todo juez que crea que una norma española se opone a otra de derecho comunitario. Sin embargo, los tres magistrados disidentes fundamentan esta contradicción con argumentos estrictamente políticos o cogidos por los pelos.

Sin citar reglas europeas específicas, plantean que ningún país de la UE puede aprobar una regularización por sí solo. Contra la decisión del Gobierno español invocan principios genéricos como la obligación de hacer una “gestión eficaz” del retorno de irregulares. O el principio de “cooperación leal”, que creen que impondría haber negociado antes con la Comisión. Incluso alegan un supuesto “principio de solidaridad” con otros países. En definitiva, conceptos vagos que los tres magistrados montaraces interpretan según su propia visión del mundo y de la inmigración. Reiteradamente, se quejan de que el Gobierno español está actuando por razones políticas y no por lo que ellos creen que es el interés general pero no es más que su propia ideología.

Lo cierto es que ningún precepto del pacto migratorio aprobado en el 2024 ni del resto de normativa en vigor prohíbe a un Estado tener su propia política en materia de regularización. De hecho, el acervo comunitario se preocupa más de recoger unos derechos mínimos de los inmigrantes que de poner un tope a que se les amplíen. Incluso el art. 6.4 de la Directiva de Retorno reconoce expresamente que el Estado puede eximir al migrante de la obligación de retorno o paralizar una expulsión ya decretada.

Da igual. Porque no se trata de derecho.

Estos jueces del Tribunal Supremo simplemente no comparten la política de inmigración del Gobierno. Su iniciativa es política, aunque la revistan con ropajes jurídicos construidos a posteriori. Todo indica que quieren usar la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para argumentar sobre los males catastróficos de la regularización y presionar así para suspender su aplicación, ahora que 1,2 millones de personas han formalizado sus solicitudes.

No sabemos si lo conseguirán. Pero sí sabemos que el sistema democrático exige que las decisiones políticas las tomen órganos con legitimidad democrática para ello.

A los jueces les corresponde aplicar las normas aprobadas por el poder político. Solo pueden anularlas o inaplicarlas si se oponen a otras normas. Por más que muchos magistrados se sientan activistas llamados a hacer lo que puedan contra el Gobierno de izquierdas, esa no es su función constitucional. Por el mero hecho de haber aprobado una oposición, no pueden imponernos al resto de la sociedad sus ideas. Tampoco pueden impedir que el Gobierno gobierne. Si de verdad quieren funcionar así, en vez de dictar estas resoluciones desvergonzadas lo que tienen que hacer es presentarse a las elecciones. Lo contrario resulta todo menos democrático.

Por fin el juez Peinado ha concluido su investigación sobre Begoña Gómez y enviado el asunto a juicio. Acaban más de dos años de instrucción, en los que de manera irregular se han ido investigando y descartando sucesivamente numerosos delitos. Si alguien esperaba que su señoría fuera a despachar este último trámite sin una sonora campanada, no ha entendido de qué va el asunto.

Cualquiera que haya seguido este procedimiento casi inquisitorial plagado de errores y disparates jurídicos puede razonablemente tener la impresión de que su objetivo principal no es la realización de la justicia. Hay razones de sobra para que gran parte de la ciudadanía sospeche que de lo que se trata en realidad es de intentar tumbar al gobierno.

El empeño del instructor en hurgar en cada detalle de la vida de la esposa del presidente del Gobierno en busca de posibles actos reprobables está fuera de toda duda. Comenzó siendo investigada por recortes de prensa que le atribuían haber participado en la concesión del rescate estatal a una línea aérea. En el auto de 84 páginas que acabamos de conocer no queda rastro de aquello. Se le acusa, en cambio, de haber conseguido una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, de haber registrado a su nombre un software elaborado en ese marco y de que la asistente de la que dispone para su tarea institucional se dedicara también a ayudarla en cuestiones privadas. Las pruebas son esencialmente inconsistentes en todos los delitos. En todo caso, su fundamento tendrá ya que discutirse en un juicio.

Lo que ha llamado la atención, más allá de las acusaciones, es la instrucción en sí misma. A veces ha dado la impresión de que el manejo de los tiempos por este juez peculiar obedeciera al deseo de dañar la fama y la reputación del presidente del Gobierno. Llegó a forzarlo a declarar en un trámite que no aportaba nada a la causa y cuyas imágenes fueron inmediatamente filtradas sin que el magistrado tomara ninguna medida para impedirlo o castigarlo. Incluso imputó sin base alguna al mismísimo ministro de Justicia, en una resolución corregida por la Audiencia Provincial que parecía tener más de vendetta que de Justicia. En fin, los indicios de contaminación política son tantos y tan espectaculares que no merece la pena mencionarlos en detalle.

Con estos antecedentes era de prever que su actuación terminara con unos fuegos artificiales a la altura del personaje. Sobre todo en una semana en la que se empezaba a hablar de nuevo de las presuntas corruptelas de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Así ha sido: el instructor ha decidido nada menos que retirarle el pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno.

La decisión es difícil de defender con las leyes en la mano. Resulta obvio recordar que no es una sanción. Begoña Gómez no puede ser castigada por nada, puesto que mantiene incólume su presunción de inocencia. Privarla de su pasaporte es tan solo una medida de cautela para asegurar que se la pueda juzgar en su momento, reduciendo el riesgo de fuga.

Sin embargo, constitucionalmente constituye una restricción de derechos fundamentales. Eso significa que solo puede imponerse si realmente es necesaria, no cabe otra opción menos lesiva y no resulta desproporcionada para el fin que se persigue. Nada de eso se cumple en este caso.

Por un lado el propio juez reconoce que incluso en la eventualidad de que la señora Gómez fuera hallada culpable de sus delitos eso no implicaría necesariamente su entrada en prisión. De otra parte, la mera obligación de acudir a firmar al juzgado cada dos semanas serviría de manera similar para esa finalidad. Más allá, parece a todas luces evidente que el riesgo de fuga en este caso es prácticamente nulo.

En ninguna cabeza razonable cabe la idea de que la mujer del presidente del Gobierno en ejercicio huya por sorpresa a algún país lejano. Sus funciones públicas y el impacto que ello tendría en el cargo de su cónyuge hacen que se trate de una hipótesis fantasiosa. En el peor de los casos, resulta que esta señora está todo el día controlada y protegida por agentes de policía. Todo esto lo sabe el juez y lo contesta con el único argumento de que la policía no es de fiar y podría ayudarla a escapar. Un nuevo dislate jurídico de los suyos.

Seguramente sea absurdo rebatir jurídicamente su decisión y evidenciar por qué carece de todo respaldo normativo. Ante la sensación de que se trata de una instrucción con finalidad esencialmente política, los argumentos jurídicos tienen muy poco peso.

Desde esa perspectiva, la decisión del magistrado Peinado supone una gravísima intromisión en el poder Ejecutivo. La retirada del pasaporte de Begoña Gómez impide que pueda participar en eventos internacionales a los que sea invitada con su pareja. Se evidenciará así, incluso visualmente la soledad del presidente del Gobierno, dando pie a que se extienda por la ciudadanía y los medios incluso internacionales la impresión de que se trata de un gobernante corrupto. Al juez le correspondía dirigir la instrucción con el máximo respeto a los derechos de las personas, incluidas la fama y la reputación de quien aún es inocente y de sus familias. Parece que no ha sido capaz.

Los jueces de instrucción gozan en nuestro sistema de un poder prácticamente ilimitado. Eso es así porque nuestro sistema está pensado para un modelo de jueces responsables y con capacidad de autolimitación. Algo desgraciadamente más escaso cada día en nuestro país.

No es un problema solo del juez Peinado. Gran parte de la judicatura española no tiene ningún escrúpulo en salir a la calle a participar en manifestaciones políticas ultras vestida con sus togas. Entre nuestros jueces se ha convertido en costumbre presumir en espacios públicos y redes sociales de su ideología conservadora. Lo mismo se niegan aplicar leyes aprobadas por el Parlamento que aplican diferente vara de medir en sus decisiones según su coincidencia ideológica con los afectados. A la vista de todo ello uno diría que son muchos los que de entre ellos han renunciado a actuar con la necesaria imparcialidad.

En este contexto, se hace muy difícil salir a defender a un juez de instrucción cuyas decisiones, por lo que sea, coinciden, además, con las instrucciones de un oscuro personaje que anunció hace tiempo que Begoña iba p'alante.

Tenemos, pues, un problema con la justicia. Multitud de magistrados y magistradas parecen empeñados con togas y a lo loco en una campaña de desprestigio contra su profesión. Quieren ser obedecidos por su posición pero han renunciado a toda autoridad moral y legitimación de ejercicio. Es un problema sin solución: no hay alternativa, más que esperar que aprendan a autolimitarse y comportarse como exige su cargo. Cualquier tentación de controlar a los jueces desde fuera nos acerca a la autocracia, así que solo queda esperar por jueces más imparciales.

La interferencia en las funciones del presidente del Gobierno, alterando su agenda y dañando injustificadamente su reputación, puede ser corregida. Contra la decisión cabe recurso. En todo caso, son malos momentos para la democracia.

La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha sacudido como un terremoto la vida política del país. Se trata, sin duda, de uno de los grandes referentes de la izquierda española, de modo que la noticia de que está siendo formalmente investigado ha causado tanto entusiasmo en un bando como desasosiego en el otro. En las filas progresistas, la reacción en un primer momento fue de incredulidad e incluso sospecha frente a la actuación judicial. A medida que se han ido conociendo más datos se extiende la sensación de decepción. En palabras del diputado Rufián, “si es verdad, es una mierda, y si es mentira, es una mierda también”. En momentos así resulta especialmente útil una visión jurídica que ayude a entender, en la medida de lo posible, qué está realmente pasando.

La primera idea, desde este punto de vista, es que en este caso no se puede hablar sin más de lawfare o guerra sucia judicial. La investigación contra Rodríguez Zapatero no la pone en marcha ninguna asociación como Manos Limpias ni obedece a primera vista a intereses políticos. En el curso de la investigación judicial sobre la regularidad de las ayudas que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra aparecen unos mensajes en los que los directivos de la compañía comentan primero la posibilidad de recurrir a la influencia del expresidente y más adelante se van refiriendo a diversas gestiones realizadas por él. A partir de ahí, es normal que el juez instructor y la Fiscalía Anticorrupción promuevan que se le investigue. Sería disparatado no hacerlo. Más aun, el hecho de que el instructor haya esperado a que pasen las elecciones andaluzas para hacer público el caso demuestra un intento de, precisamente, no influir en ellas.

La segunda idea es que hay indicios de que se hubieran podido cometer delitos de tráfico de influencias o blanqueo de capitales, pero no son, ni muchísimo menos, concluyentes. Ni siquiera en términos de opinión pública puede decirse en este momento que sea claro que Rodríguez Zapatero ha cometido ningún delito. Al contrario de otros casos de corrupción en los que las pruebas eran muchos más claras (basta pensar en los de Ábalos o la trama Gürtel), por ahora es difícil incluso opinar. En este punto, el auto de la Audiencia Nacional peca quizás de temerario en algunas de sus expresiones. El instructor no debería afirmar con tanta seguridad y reiteración que ZP está en la cúpula de una organización delictiva. Es solo una hipótesis suya que ni se desprende necesariamente de los hechos demostrados ni es la única plausible con lo que conocemos. Por ello, sería de agradecer un lenguaje más neutro que, a efectos de la percepción social y mediática, no diera por supuesta una versión que es solo una posibilidad entre varias.

En nuestro ordenamiento, el delito de tráfico de influencias se comete cuando alguien interviene para orientar la decisión de la administración en un asunto concreto. Incluso aunque no se consiga. O aunque no se cobre por ello. O hasta si la ayuda concedida es legal. Lo que se persigue es intentar hacer que las decisiones administrativas vayan en determinado sentido. No hay ninguna evidencia de que el expresidente lo haya hecho. De las conversaciones incorporadas a las actuaciones (si son ciertas) se deduce que habría facilitado el acceso de los empresarios a algunas personas e instituciones moviéndose para que los recibieran. Concertar una reunión o recordarle a alguien que debe tomar una decisión sobre algo no es tráfico de influencias, ni siquiera aunque se cobre por ello. Así pues, el juez debe demostrar, para sostener la eventual acusación, que efectivamente presionó a alguna institución para que se concedieran las ayudas a la aerolínea. Más aun, el delito de blanqueo exige que el dinero que se haya intentado ocultar provenga de una actividad delictiva, de modo que si no hay tráfico de influencias no hay nada.

La investigación está muy avanzada, pero en el punto concreto de Rodríguez Zapatero hay muy poco. Hay indicios de que ha cobrado algún dinero, pero él lo justifica en unos informes elaborados. Hay indicios de que pudiera haber impulsado la creación de una sociedad en Dubái, pero no de que lo hiciera para nada delictivo. Así pues, lo que sabemos está muy lejos de servir para condenar, incluso públicamente, al expresidente de la ceja.

La tercera conclusión, a estas alturas, tiene que ver con las dudas morales en torno a la falta de regulación de las actividades de los expresidentes del gobierno. La experiencia demuestra que al abandonar el cargo llega a menudo la tentación de hacer dinero con los contactos, los conocimientos y la visión que se tienen. Todo expresidente cuenta con una experiencia válida y es normal que sea reclamado constantemente para dar conferencias o analizar la vida política. Depende de cada uno el usarlo o no para forrarse. Prácticamente todos acaban por hacerlo y cobran sumas disparatadas. Se olvidan así de que en gran medida sus conocimientos y su agenda los consiguieron gracias a la ciudadanía y en su representación. No se les paga tanto por lo que son como por el lugar en el que entre todos los colocamos. Pero es un reproche ético o político. Antes que jurídico.

Más allá, el auténtico problema y las posibles responsabilidades llegan después. La mayoría pasa pronto de cobrar por conferencias a hacerlo por consejos y sugerencias emitidos en privado. A menudo en el seno de grandes empresas que los retribuyen generosamente. En esas, no es sorprendente que se cruce la fina línea que separa la asesoría estratégica del tráfico de influencias. La capacidad de lobby de una persona que ha dirigido el país, ha repartido favores por doquier y se relaciona con personalidades internacionales es enorme y se mueve en un terreno gris en el que es difícil determinar en qué consiste.

Para evitarlo, visto que a los expresidentes se les proporciona una oficina con empleados y se les permite estar en determinadas instituciones quizás no estaría de más incluir también determinadas prohibiciones o límites respecto a su capacidad de cobrar por asesorar. Si se hiciera así se evitarían casos como el actual. Es muy posible que el asunto termine sin pruebas suficientes para condenar a Rodríguez Zapatero, pero también lo es que su prestigio quede dañado irremediablemente. 

Independientemente de su legalidad, es difícil acostumbrarse a la voracidad económica de todas estas personas que durante un tiempo rigieron los destinos del país, personificaron nuestras esperanzas y hasta permitieron que nos sintiéramos orgullosos de ellos.

Un juzgado de Madrid acaba de absolver del delito de injurias a la activista ultra que había acusado a la mujer del presidente del Gobierno de estar involucrada en cuestiones de narcotráfico al tiempo que la llamaba reiteradamente “Begoño” y se refería a ella en masculino.

El apelativo no es gratuito ni ocasional. En el submundo ultraderechista patrio se ha extendido cómo una forma de denigrarla aludiendo al bulo de que en realidades una mujer transexual que nació y se crio como hombre. El objetivo es dañar la reputación del máximo dirigente político del país a través de la humillación de su mujer. Una estrategia bien estudiada y que antes de llegar aquí ya se ha utilizado en otros países.

En torno 2015 se extendió por los grupos radicales de derecha de los Estados Unidos la falsedad de que Michelle Obama era un hombre travestido. La mentira se sustentaba en prejuicio racistas y machistas, cuestionando la femineidad de mujeres negras destacadas, a la vez que se ponía en duda la propia sexualidad del presidente. Con la misma base machista y pretendidamente humillante se aplicó un lustro después a Brigitte Macron.

El fenómeno es tan extendido que tiene nombre propio: transvestigación. En todos los casos pretende poner en duda la integridad de los jefes de gobierno y vincularlos a conspiraciones elitistas. Al mismo tiempo se resalta un supuesto papel central de sus consortes en su toma de decisiones, que estaría justificado por su masculinidad de origen. En todos los casos los instigadores pruebas falsas similares. De Begoña Gómez circulan fotos manipuladas en las que aparece como un muchacho; incluso se han llegado a inventar cuál era su nombre anterior y en qué momento pasó a presentarse públicamente como mujer.

Al llamarla Begoño se quiere evocar toda esta teoría que niega la dignidad misma de la mujer del presidente del Gobierno, presentándola como una persona mentirosa que se hace pasar por quien no es, finge una feminidad que no posee y sobre la que se insinúa la misma depravación moral que en los círculos ultra se atribuye a las personas transexuales. Todo eso buscaba Pilar Baselga, la versión española de la conocida activista de ultraderecha Candence Owen, que fuera denunciada por la primera dama francesa por expresiones muy similares. Y todo eso es claramente injurioso, en cuanto menoscaba sin base alguna la dignidad ajena.

No lo ve así la jueza encargada de resolver el caso. Comienza por atribuirse la facultad de valorar libremente cuándo un insulto es o no desproporcionado. Literalmente, escribe que solo es posible condenar “cuando los términos usados son desmesurados respecto del legítimo objeto de la crítica”. Y para ella llamar Begoño a la consorte del presidente del Gobierno, con la carga que ello conlleva, no es en absoluto desmesurado. Bien al contrario, cree la magistrada que se trata de mero humor satírico; una simple gracieta, dice, aplicando su propia visión del mundo a los hechos. Ninguna sorpresa.

Hace unos meses tuve ocasión de comparecer ante una comisión reservada del Parlamento Europeo destinada a evaluar la situación del Estado de derecho español. En la misma intervino también la presidenta de la asociación mayoritaria de jueces españoles que es además decana de los juzgados de Madrid. Allí, en la sede de la soberanía europea si es que tal cosa existe, esta señora jueza también usó con desparpajo el mismo apelativo referido a la cónyuge del presidente Sánchez. Todo lleva a pensar que es una expresión frecuente entre jueces retrógrados. Su ilicitud no debería depender de que a los jueces les parezca gracioso o incluso estén de acuerdo con ella. Lo relevante es que, como prevé la ley, es un ataque contra la dignidad. Para aceptarlo así haría falta una capacidad de imparcialidad y profesionalidad poco frecuente en nuestro sistema judicial.

Técnicamente, la sentencia es un desastre. Respecto a la imputación de conexiones con el narcotráfico dice que no se ha demostrado dolo (mala intención) suficiente. El Código Penal, sin embargo, señala que para que haya delito basta con que las afirmaciones se hayan realizado con temerario desprecio a la verdad, es decir -en palabras del Tribunal Constitucional— sin el mínimo contraste de su veracidad. Justo lo que sucedió en este caso, aunque la jueza no lo tenga en cuenta.

Parece incluso que intente dar un poco de caña a la mujer del presidente, a pesar de que en esta ocasión ella es la víctima del delito. Reprochándole no haber declarado personalmente durante el juicio, introduce la disparatada idea de que una jueza no puede saber si una expresión daña la dignidad de alguien o perjudica su fama a menos que interrogue personalmente a la víctima. Así, confunde la percepción del daño sufrido con su misma existencia. El hecho de que la afectada se haya querellado contra la activista conspiranoide debe bastar para demostrar que se ha sentido subjetivamente dañada. A partir de ahí corresponde al juez examinar objetivamente si se trataba de expresiones dañinas o perjudiciales para la reputación de cualquiera. 

La suma de todos estos saltos lógicos permite preguntarse si de ser la perjudicada otra persona, ideológicamente más cercana a la jueza, su criterio habría sido igual de laxo. Así ha sucedido en las redes sociales; parte de la opinión pública parece convencida de que difícilmente resultaría absuelto quien, por ejemplo, acusara sin base alguna a una jueza de esconder su transexualidad o tener vínculos con el narcotráfico.

Es una duda legítima, habida cuenta de la evidencia cada vez mayor de que muchos de los miembros del poder judicial español son incapaces, por formación, de desprenderse de sus sesgos y resolver los asuntos que se les someten con la debida imparcialidad. No prevarican porque no lo hacen a sabiendas y ese es precisamente el problema: no se dan ni cuenta de que resuelven los asuntos en función de sus propias convicciones.  

Como dice Heinrich Boll en un libro de título parecido al de este artículo, la violencia de las palabras a veces puede ser peor qué las de las bofetadas. Esta sentencia no es peligrosa porque deje impune la violencia de una agitadora ultra. Lo es porque abre la duda de si todos -con independencia de la ideología que tengamos- gozamos de la misma protección frente a quienes atacan nuestros derechos.

Se acaba de publicar el acuerdo firmado por el Partido Popular y VOX para gobernar conjuntamente en Extremadura. La presidenta Guardiola, que hace poco decía que no podía dejar entrar en el gobierno a quienes deshumanizan a los inmigrantes, no solo lo ha hecho, sino que se ha sumado a ello.

El acuerdo es xenófobo. Sin duda. No por las medidas que prevé, sino por el lenguaje que utiliza y las ideas que evidencia. Cualquier jurista que lo lea entenderá inmediatamente que tanto VOX como el Partido Popular querrían adoptar toda una serie de normas que implican una discriminación por razón de origen, religión o raza. Pero no lo van a hacer en Extremadura. Esencialmente porque ninguna de ellas es competencia de la comunidad autónoma. En ese sentido, la única manera de aplicar en esa región el programa excluyente de los ultras que ahora ha asumido también el partido conservador sería saltándose la ley. Como los firmantes -que no son tontos- lo saben, el texto del acuerdo está lleno de requiebros y medias palabras que demuestran que efectivamente, desde el punto de vista jurídico es tan solo papel mojado.

Efectivamente, el documento firmado tiene mas forma de folleto propagandístico que de un programa de gobierno. Literalmente, el compromiso en la mayoría de puntos es ‘instar’ o ‘exigir’ al gobierno de España a cambiar las normas; ‘trabajar activamente’ para conseguir sus objetivos. A lo sumo, ’poner el máximo celo’ en determinadas cuestiones.

Un buen ejemplo está en los relativo al reparto de menores inmigrantes tutelados por el Estado. El real decreto que regula la materia establece un mecanismo de ejecución forzoso, de modo que las comunidades autónomas no pueden negarse a recibir a un menor. El acuerdo firmado entre ultras y conservadores, recalca que la junta de Extremadura se opondrá a este reparto “por todos los medios legales, jurídicos y políticos”, especialmente no participando en reuniones destinadas a reformar o aplicar el sistema. Es decir, en la práctica toda esa oposición se plasmará en una declaración indignada por la que la junta dirá que se opone al reparto. Con eso se habrá cumplido el acuerdo, incluso aunque Extremadura continúe aplicando la ley y acogiendo a los menores que se le asignen.

Tampoco hay prevista ninguna medida que venga a modificar las normas de empadronamiento. Más allá de los titulares que leemos estos días, lo máximo a lo que se comprometen los nuevos gobernantes extremeños en este punto es a pedir al gobierno que reforme la ley de bases del régimen local. Y ya se sabe lo que hay contra el vicio de pedir…

Uno de los principales hallazgos propagandísticos de este acuerdo es la inclusión de expresiones de dudosa eficacia jurídica que dan a entender la posibilidad de adoptar normas discriminatorias. Así en los apartados referidos a la vivienda y la seguridad, se habla del “principio de prioridad nacional”. Sin embargo, al leer la letra pequeña del acuerdo, este principio se traduce tan solo en exigir un tiempo de empadronamiento previo en Extremadura para acceder a determinados servicios, como vivienda protegida. Esa restricción no afectará necesariamente a extranjeros, sino a cualquier ciudadano que se traslade a vivir a esa comunidad autónoma. Más aún, conscientes de que eso dificulta el retorno de los extremeños, que emigraron a otros lugares, se modera con el criterio de que también se puede acceder si se tienen familiares viviendo ya en Extremadura. Aplicado a los residentes extranjeros viene a ser una especie de procedimiento de arraigo o unificación familiar. Nada que se oponga a las leyes españolas en materia de inmigración; más bien lo contrario.

Incapaces de negar demasiado la evidencia, en otro punto los firmantes reconocen que la junta de Extremadura tiene “limitadas competencias ”para, promover acuerdos con países de origen. Así, a lo largo de todo el texto, hay compromisos de fomentar, promover, intentar, o similar. Se han aprobado directrices comunes políticas pero no jurídicas. No estamos ante un acuerdo que se vaya a concretar en gran medida en normas extremeñas en vigor, sino en posicionamientos de su gobierno. Básicamente la señora Guardiola se compromete a defender frente al gobierno de la nación y a su propio partido, los posicionamientos xenófobos de Vox en materia de inmigración.

Siendo rigurosos, sí es cierto que en un puñado de apartados se habla de medidas concretas que adoptará el gobierno o el parlamento extremeño. Sucede así, sobre todo, en materia de protección al medio ambiente que es competencia exclusiva de la comunidad autónoma. Lamentablemente, los partidos firmantes quieren cambiar las leyes de protección ambiental, de caza, de pesca y de espacios naturales, siempre fomentando el desarrollo desaforado y reduciendo la garantía del medio ambiente. Ahí podrán causar daños irreversibles. Sin embargo, en materia de migraciones y extranjería, por ahora, la falta de competencias hace imposible que desde Extremadura se amenace a la igualdad y los derechos humanos.

Esta vez disparan las salvas con munición de fogueo, pues. Pero estos fuegos artificiales son un anuncio de lo que podría pasar si tras las elecciones generales, se llegara a un acuerdo similar en el gobierno de España. Lo que anuncia ahora el Partido Popular es que está dispuesto a poner en marcha una legislación extremista y xenófoba si algún día su líder llega a la Moncloa. En este sentido, las aspiraciones que se reflejan en el acuerdo van mucho más allá de lo que prevén las normas en vigor en la mayoría de países europeos. Las reglas sobre inmigración y extranjería que le gustaría aplicar a la alianza entre populares y VOX solo tienen parangón, si acaso, en las de gobiernos extremistas, como los de Hungría o Polonia.

Más allá, las ideas que de pronto ha abrazado el que hasta ahora era un partido conservador democrático (de centroderecha, en su propia denominación) son en gran medida inconstitucionales. Algunas ideas que no se ha atrevido a plasmar de modo vinculante en el acuerdo, pero que defienden al presentarlo públicamente suponen una auténtica discriminación por origen prohibida por la constitución.

Si el partido popular en esta nueva deriva xenófoba llegara al poder en próximas elecciones generales, solo podría aplicar este programa que ahora anuncia modificando previamente la Constitución y reduciendo el ámbito de protección en España de los derechos fundamentales. Está por ver si se atreverán a tanto, pero este acuerdo anuncia un cielo muy oscuro para los derechos humanos en nuestro país.

La famosa novela de Augusto Roa Bastos 'Yo, el supremo' es una de las mejores recreaciones literarias sobre el autoritarismo. Trata la historia de un dictador decimonónico que gastaba ese apodo, pero estos días resulta inevitable poner en relación la historia del autor paraguayo con la deriva de nuestro propio Tribunal Supremo. Cada vez más ciudadanos tienen la impresión de que en España se está imponiendo una juristocracia en el que nuestros destinos quedan en manos de la voluntad de un grupo de magistrados que se arroga un poder excesivo. 

La condena al fiscal general del Estado es en esencia un recordatorio de que el tribunal que la ha dictado se llama supremo no porque tenga la última palabra, sino porque se considera por encima del control de cualquier poder. La sentencia nonata cuyo fallo conocemos no se presenta ante la sociedad como un acto jurídico, sino de mera voluntad. Ni está dictada con las garantías legales ni tiene nada que ver con imponer el respeto a la ley. Es un mero ejercicio de poder por el que cinco jueces demuestran que son ellos los que deciden cuándo puede seguir en su cargo el fiscal general del Estado. Un aviso para cualquier otra autoridad democráticamente elegida que no sea del agrado de los responsables de impartir justicia. 

En efecto, la sentencia en sí no ha sido completamente publicada. Solo su parte decisoria. Algunos juristas honestos se resisten, por ello, a comentar el fallo. Son juristas que, sin duda, quieren creer en la ley y el sistema judicial. Tienen la fe en el sistema de la que parece carecer el propio Tribunal Supremo. La ausencia de motivación de la decisión no sólo vulnera la Constitución, que señala literalmente que “las sentencias serán motivadas”. También va contra la esencia misma de la más elemental lógica jurídica que un tribunal decida primero cómo va a resolver el caso y deje para después el cómo argumentarlo.

Un tribunal de justicia que hace público el fallo antes de haber siquiera redactado las razones jurídicas en que se basa despierta suspicacias. Muchos interpretarán comprensiblemente que basa sus decisiones en la conveniencia política y solo a posteriori busca cómo darles apariencia jurídica. Si había un caso en el que el Tribunal Supremo de España estaba obligado a demostrar que su decisión sobre la inocencia o la culpabilidad del acusado era el resultado de una operación jurídica y no de una operación política era este.

En el libro de Roa Bastos llega un momento en el que el autócrata ya no se preocupa por ocultar que su poder no es ni justo ni legítimo. No sabemos si nuestro más alto tribunal de justicia está ya en ese punto. Como mínimo ha demostrado una profunda irresponsabilidad.

Es difícil no pensar que el fallo publicado es una decisión política. La multa y los dos años de inhabilitación específica para su cargo son el tiempo justo para que el fiscal no entre en prisión, pero tenga que dejar de ser fiscal general del Estado por el resto de la legislatura. Uno podría pensar que los magistrados no se han pasado esta escasa semana debatiendo sobre cuestiones legales, sino sobre cómo conseguir echar al fiscal, sin que pueda volver a ser nombrado y sin imponer una pena tan dura como para provocar una rebelión entre los pocos jueces que no comparten la actuación de la Sala Segunda. Mucho tendrá que argumentar el Supremo para convencernos de que es el resultado de la fría y neutral aplicación de la ley.

Mientras esperamos a que alguien escriba una argumentación que le dé un mínimo de apariencia jurídica a todo esto, es posible imaginar por donde irá la sentencia. De una parte, porque todos hemos podido seguir día a día los detalles del juicio. De otra, porque al fiscal lo ha juzgado un tribunal contaminado que ya había validado las suposiciones del juez instructor. Así que es de prever que siga la línea marcada por este. Es muy probable que la principal prueba de cargo sea el borrado de los mensajes del fiscal. Algo que hizo antes de que nadie se los pidiera. Sustentar cualquier acusación en el hecho de que el acusado no ha dejado pruebas es una grosera vulneración del derecho constitucional a la presunción de inocencia. Considerar incriminatorio el hecho de no poder saber si los mensajes demuestran la culpabilidad o no es como utilizar para lo mismo la negativa a declarar. Una barbaridad que desafía la esencia misma del juicio penal.

Más allá, el fallo demuestra que el tribunal no ha dado ninguna veracidad al testimonio exculpatorio de la decena de periodistas que declararon que la filtración no les había llegado del fiscal general del Estado. En este punto el Tribunal Supremo tiene la más absoluta libertad para valorar la credibilidad o no de cualquier testimonio, siempre que lo justifique, cosa que se supone que está intentando hacer en estos momentos. Sin embargo, una duda que sobrevuela este convencimiento: caso de que uno de los periodistas hubiera reconocido en el juicio que efectivamente quien les envió el correo fue el fiscal general del Estado, ¿el tribunal tampoco le habría dado ninguna credibilidad a ese testimonio? Si el lector o la lectora piensan que el testimonio acusador de cualquier periodista sí hubiera servido como prueba de cargo para la condena, entonces estará pensando que el Supremo solo le da credibilidad a quien dice lo que quiere escuchar.

En fin, España parece cada vez más una juristocracia. El Tribunal Supremo lo mostró durante el procés, con el diputado Alberto Rodríguez, cuando se negó a aplicar la reforma del delito de malversación, cuando se negó a aplicar la ley de amnistía… y ha vuelto a hacerlo ahora. Quienes creemos en el derecho intentamos convencernos de que son casos puntuales y de que en general el sistema funciona. Sin embargo, empieza a identificarse una tendencia inquietante. Lo peor de todo es que los ciudadanos parecemos mucho más preocupados por la pérdida de confianza en la justicia de lo que lo está el Tribunal Supremo.

Si todo juicio tiene algo de teatro, el del fiscal general del Estado que acaba de terminar ha parecido una representación de guiñoles. Jueces, abogados, fiscales y hasta el acusado, vestidos con sus togas negras tras unas mesas, parecían esconder bajo el tejido la mano que los movía, mientras otros recitaban sus textos. Y es que toda la vista oral ha tenido mucho de reiteración. No ha habido espacio para sorpresas. Tiene que haber sido especialmente aburrido para los jueces que ya habían revisado las actuaciones durante la instrucción, pese a que es algo prohibido por el derecho constitucional y europeo. En este ambiente de déja vu, el público nos hemos tenido que conformar con comentar las escasas anécdotas y aplaudir las interpretaciones de los actores más entregados.

No ha aparecido ninguna prueba nueva. Es decir, ninguna prueba. La acusación se basa tan solo en un dato: que el fiscal general tuvo la oportunidad de filtrar un correo electrónico. Durante las sesiones del juicio, las acusaciones se han empeñado en demostrar lo que ya se sabía: que el fiscal general tuvo acceso al texto de ese mensaje tras reclamarlo a sus subordinados. Él mismo ha reconocido que lo hizo para poder emitir una nota de prensa defendiendo con datos la honorabilidad de su institución. Sin embargo, desde el principio quedó claro que no se podía juzgar al fiscal general por dicha nota, que no era delictiva. Es, por cierto, algo que los representantes del Colegio de abogados de Madrid no han comprendido. Uno de los momentos más surrealistas del juicio fue escucharlos argumentar exclusivamente sobre esa nota, sin referirse en ningún momento a los hechos que sí se juzgan. En todo este caso, siempre se ha sabido que el fiscal general legítimamente pidió el correo electrónico y legítimamente lo utilizó para elaborar una nota de prensa. Lo que había que dilucidar es si, además de eso, envió el mensaje a la prensa. Ningún indicio real apunta a que lo hiciera.

En los primeros días de la vista, los medios de comunicación más cercanos al Partido Popular de Díaz Ayuso se agarraron a una frase de la fiscal jefe de Madrid, enemiga declarada del acusado, que afirmó haberle reprochado: “lo habéis filtrado”. Ella misma cuenta que su jefe – que niega esa conversación– no le confirmó haberlo hecho. Así que la frase no aporta nada, más que un bonito titular. Por su parte, los distintos jefes de prensa solo demostraron ser personas leales a quienes los contratan y tampoco por ahí pudo rascarse nada.

Sí que fue divertido escuchar al siempre chistoso jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso y al siniestro personaje con el que al parecer la presidenta de la Comunidad de Madrid comparte techo. El primero, el inefable Miguel Ángel Rodríguez, nos deleitó con sus invectivas siempre irritadas. Jurídicamente se limitó a corroborar que se había inventado el bulo de que el Gobierno no quería que la imputación del empresario defraudador se saldase con un acuerdo de conformidad. El segundo, el supuesto empresario que se enriqueció desproporcionadamente gracias a la pandemia, tuvo la intervención más teatral de estos días. Ese señor consiguió dos millones de euros simplemente por intermediar en un contrato de venta de mascarillas y otro material sanitario. Luego, parece que intentó no pagar a Hacienda y tuvo la osadía de falsificar una factura por un millón de euros. Cuentan de él también que intentó desgravar de Hacienda la compra de un Rólex, de un saxofón y hasta de hilo dental. Ahora intentó llevar su creatividad a la sala de vistas del Tribunal Supremo, convencido de estar interpretando un personaje shakespeariano. El resultado fue más bien de comedia de Alfredo Landa. Lacrimógeno, se quejó de que le habían hundido la vida: al fin y al cabo, para esta gente lo terrible no es defraudar, sino que se sepa. Protagonizó el momento más tragicómico del juicio, al decir que estaba valorando entre suicidarse o irse de España. El presidente del Tribunal, con cierta retranca, le pidió que lo consultase con su abogado. A cualquier otro la broma le habría podido suponer la entrada en prisión provisional por riesgo de fuga.

Más allá de estas intervenciones folklóricas, el grueso de la acusación se fiaba al testimonio de los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Fue decepcionante. No solo para quienes esperaban datos novedosos sino también para quienes creemos tener unos cuerpos policiales modernos e inocentemente pensamos que las películas de Torrente son pura ficción. No se trata solo de que todas las conclusiones de la policía descansaban en mera elucubración sin base fáctica, sino que además se puso en evidencia que en sus informes habían manipulado mensajes, cortando trozos, para que pareciera que decían cosas diferentes de lo que decían. Un disparate que en cualquier país serio sería un escándalo, pero que aquí es solo un detalle de esta trama de títeres. En plena representación teatral escuchamos a agentes de la Guardia Civil decir que la principal evidencia de que quien filtró fue el fiscal general es que él es el jefe de la Fiscalía. Como decir que en la policía solo delinquen los jefes. Por supuesto, la UCO no investigó a nadie más, ni intentó averiguar si había indicios de que alguna otra del centenar de personas que tenía el correo lo hubiera pasado a la prensa. Todo muy edificante.

Una vez más ha quedado en evidencia que el único indicio de la acusación es que el fiscal general borró sus correos y teléfonos móviles antes de que se los pidieran. A falta de otras evidencias, esa es la piedra angular del caso. En general, resulta endeble basar una acusación en que alguien no haya dejado pruebas ni rastros en su contra. Más aún, si no se han podido leer los mensajes, aunque sea por culpa el acusado, el derecho a la presunción de inocencia impide asumir que sean inculpatorios. Además, en este asunto, en el que los protagonistas ocupan altísimos puestos de responsabilidad y en un contexto en el que todos los documentos que se intervienen judicialmente aparecen inmediatamente en los medios de comunicación es posible imaginar muchos otros motivos para que un fiscal general quisiera impedir que nadie accediera a su correspondencia. Los testigos de la defensa han colaborado a explicar posibles causas para el borrado de mensajes con la intervención de expertos en seguridad de la fiscalía que respaldaron el hábito de borrarlo todo cada cierto tiempo. No es un argumento definitivo, pero tampoco le corresponde al acusado demostrar que es inocente, sino a la acusación probar que no lo es.

Otros testimonios exculpatorios han sido los de diversos periodistas que han declarado solemnemente y bajo juramento que no fue el fiscal general quien les hizo llegar el correo electrónico discutido. Es algo que el tribunal no está obligado a creer a pie juntillas. Aunque nadie duda de que si alguno de los informadores hubiera dado la campanada y señalado directamente al acusado como el origen de la filtración, el Supremo le daría credibilidad absoluta para condenar a García Ortiz. Existen motivos para sospechar que los jueces, o algunos de ellos, están deseando poder dictar una sentencia condenatoria. No solo porque desde el principio no hayan investigado a nadie más, ni porque hayamos llegado a juicio sin indicios mínimamente sólidos, sino incluso porque el propio presidente del Tribunal calificó de amenaza el que un periodista dijera enfrentarse a un dilema moral porque su obligación de guardar el secreto profesional sobre la fuente de sus informaciones pudiera llevar a la condena de un inocente, en alusión al fiscal.

En fin, el sainete duró hasta el final. La declaración del acusado tampoco tuvo mucha sustancia. Terminó con una frase que dijo haber acabado de escuchar por la calle y parecía sacada de una canción de Shakira. La verdad no se filtra, se defiende. Nadie ha sido capaz de entender qué quiso decir.

Con estos mimbres, los jueces tienen que dictar una sentencia de la que dependen muchas cosas. El futuro vital de varias personas y quizás hasta la estabilidad política del país. Juzguen ustedes.

A veces la basura solo sirve para tapar otra basura.

En 2024 se supo que un tal Alberto González Amador había presentado presuntamente decenas de facturas falsas para ahorrarse pagar a Hacienda por los dos millones de euros que había ganado como comisión traficando con mascarillas y bienes médicos durante la pandemia, mientras miles de compatriotas morían asfixiados en los hospitales o en sus residencias. Nada que sorprenda a nuestra sociedad, tan curada de espantos. Sabemos que cuanto más gana alguien, más miserable tiende a volverse. Quien se hace millonario aprovechando una circunstancia tan trágica como la epidemia de Covid no es extraño que intente también —presuntamente— engañar a Hacienda para ahorrarse los impuestos. El caso, que aún no ha sido siquiera juzgado, habría quedado ahí. Uno más de tantos pillos con poca ética que ensucian los negocios y la vida pública no hace la diferencia.

La diferencia, sin embargo, es que en esta ocasión el supuesto empresario es nada menos que la pareja de la líder del Partido Popular en Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Al saltar la noticia del fraude, el entorno de la presidenta tuvo miedo de que su carrera política se viera afectada. Al fin y al cabo, ella vive precisamente en un piso comprado por él con lo obtenido por sus comisiones y los beneficios de no pagar a Hacienda.

El caso sonaba lo bastante mal como para que el entorno de la lideresa conservadora buscara urgentemente algún montón de basura que tapara el hecho objetivo de su cercanía, incluso física, con la corrupción y la falta de ética. Su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, se inventó un bulo: que la Fiscalía había ofrecido un pacto al presunto defraudador para no llegar a juicio, pero el Gobierno había obligado a que los fiscales retiraran ese pacto, buscando un juicio espectáculo contra el novio de Ayuso. Así, los medios subvencionados por la Comunidad de Madrid y los que están directamente bajo su control podían soslayar temas como el supuesto fraude a Hacienda o las comisiones desproporcionadas a cambio de mascarillas y centrarse en hablar de cómo el Gobierno utiliza la Fiscalía para sus intereses políticos. Inventar un escándalo inexistente para tapar a otro real. 

Era una jugada política y la política es como el ajedrez: a cada jugada de un bando, responde otra del contrario. El encargado de mover ficha fue entonces el propio fiscal general del Estado, que se veía atacado por un bulo que ponía en duda su honorabilidad. Lo hizo mediante una nota de prensa en la que aclaraba la verdad: ni había orden política alguna ni había sido la Fiscalía quien ofreció el trato el propio novio de la presidenta madrileña, a través de su abogado, el que propuso confesar su delito a cambio de una pena más leve.

La nota de prensa hacía evidente que el supuesto empresario estaba dispuesto a confesar su fraude a Hacienda. Así que de nuevo les tocó jugar a los partidarios de Ayuso, intentando evitar como fuera que en la opinión pública se hablara demasiado de los presuntos delitos de su compañero. Lo hicieron denunciando al fiscal general por haber contestado. Y puesto que la nota de prensa era información veraz constitucionalmente protegida, solo pudieron ir contra él con otra invención del inefable jefe de gabinete: que aparte de esa nota, el fiscal general en persona había filtrado a la prensa un documento privado como es, en su opinión, el correo enviado por el abogado del presunto defraudador. Como otras ocurrencias de Miguel Ángel Rodríguez, esa acusación no tenía más base que su propia intuición. Las canas, como dice él.

La batalla entre los partidarios de Ayuso, deseosos de tapar el tema del fraude a Hacienda, y los del Gobierno, que se ven bombardeados con bulos, es política, no jurídica. Sin embargo, en esa fase, una vez que se presentó una querella, los peones de la derecha ya no eran solo periodistas comprados y serviles. Eran los jueces. En concreto, la derecha judicial.

En una discusión de bar cualquiera puede elucubrar acerca de quién filtró el famoso correo. En la doctrina jurídica puede discutirse con diversos argumentos si es o no delito. Pero los jueces del Tribunal Supremo, convertidos consciente o inconscientemente en actores políticos, han decidido ir más allá. A pesar de que no hay ninguna, absolutamente ninguna, prueba en su contra se han lanzado a la disparatada espiral de juzgar al fiscal general del Estado. Sujétame el cubata.

Y claro, cuando te metes en una batalla política, aunque seas juez, no haces prisioneros. Vas a degüello y prescindes incluso de las normas más básicas. 

Si algún actor jurídico quisiera indignarse por este juicio que acaba de empezar, tiene muchas razones para hacerlo. Un instructor que ha montado una causa sin prueba alguna; una acusación que, prescindiendo de la presunción de inocencia, utiliza como principal prueba de cargo el desconocer unos supuestos mensajes; incluso un tribunal de composición más que dudosa: los mismos jueces que ratificaron la discutidísima instrucción viendo y valorando los indicios reunidos, ahora se sientan en el tribunal que va a valorarlos. Poco importa que la jurisprudencia europea y española insista en que el juez que ha participado en la instrucción no puede ser el que juzgue sobre el fondo, porque eso vulnera la garantía de imparcialidad judicial. Más madera, que es la guerra, y a tomar por saco las garantías procesales.

En esta guerra parece que desgraciadamente ya no hay juristas, sino soldados. Jueces y fiscales conservadores, de esos que odian a Pedro Sánchez y por contaminación a “su” fiscal general del Estado, andan escandalizados con el juicio. No con la acumulación de disparates procesales, sino con el propio acusado. Algunos, anticipando el juicio, lo dan por culpable y lo tratan de delincuente. Otros, más razonables, lo acusan de no haber dimitido y exponer a la institución al bochorno de verse sentada en el banquillo de los acusados. Hay muchos molestos con la imagen que el juicio da de la justicia española. Aunque no tienen valor para señalar al culpable, y lo que les molesta no es la realidad de la justicia, sino que sus miserias se exponga en público.

Del primer día de juicio destacan el chascarrillo de una fiscal jefe que dejó caer que solo trabaja por las mañanas. Al parecer fue un lapsus y corrió a rectificar diciendo que por la tarde tampoco descansa. También el arrojo de un juez poco riguroso que puso en boca de esa misma fiscal jefe palabras que ella nunca había dicho. El salseo judicial no gusta a los togados, temerosos de que el resto de la sociedad imagine la realidad de su gremio.

El segundo día nos recuerda que no estamos asistiendo a un acto de justicia, sino de política. Nos ha traído a jefes de prensa indignados por los bulos y a otros reacios a rebatirlos si tienen su origen en quien les paga el jornal. También las actuaciones siempre divertidas de Miguel Ángel Rodríguez, que confunde sus intuiciones políticas con la verdad de las cosas. Incluso nos ha regalado el descaro del presunto defraudador que dice que Hacienda la tiene tomada con él por no aceptarle varias facturas falsas, una de las cuales ascendía a casi un millón de euros. El pobre se lamenta de que si al final se demuestra que engañó a Hacienda la gente lo tome por delincuente. Qué escándalo. 

Mucho salseo, pero hasta ahora ninguna prueba ni indicio siquiera de que el fiscal general del Estado haya cometido delito alguno. Parece que al fin y al cabo eso es lo menos importante. La batalla, aunque se libra en las salas del Tribunal Supremo, no es jurídica sino política. 

“Todos tienen derecho a una vivienda digna y adecuada”. Es lo que dice desde hace casi cincuenta años el artículo cuarenta y siete de la Constitución sin que en este tiempo haya servido para asegurarle a nadie el acceso a la vivienda. Mucho menos para impedir políticas públicas que permiten que los alquileres suban sin límite o frenar la burbuja inmobiliaria. No es porque la Constitución no sirva para nada, sino porque igual que contiene mandatos jurídicos inviolables también tiene apartados destinados específicamente a declamar principios espectaculares sin valor práctico.

Los derechos que están en los artículos 14 al 38 son intocables y tienen eficacia jurídica directa. Sin embargo, todo lo que está en el capítulo tercero –es decir en los artículos 39 al 52–, aunque se formule como derecho, es un mandato abierto a los poderes públicos que estos pueden cumplir o no. Si el Parlamento hace una ley que permita a quien no tenga casa exigir una, o que prohíba subir los precios del alquiler, se podrá invocar en los tribunales, lógicamente. Pero mientras esas leyes no existan, el derecho a la vivienda es, jurídicamente, agua de borrajas. Una mera declaración de intenciones que no mejora la vida de la gente.

Pues eso mismo es lo que el Gobierno que se autodenomina progresista quiere hacer ahora con el aborto. Los cálculos electorales y el afán propagandista por controlar el relato lo han llevado a presentar una propuesta de reforma de la Constitución que en el mejor de los casos no cambia absolutamente nada y que quizás incluso implique devaluar la protección jurídica del aborto. Nada menos.

En concreto, el Gobierno propone reformar el artículo 43 para introducir ahí el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. O sea, aspira a colocarlo en ese mismo capítulo tercero cuyos mandatos no pueden invocarse ante los tribunales de justicia. Aunque en la propuesta se lo denomina derecho, en la práctica pasaría a ser un mero objetivo social. La Constitución se limitaría a pedir a los poderes públicos que, en la medida de lo posible, garanticen el derecho al aborto y aseguren su prestación. Con una reforma de ese tipo solo sería inconstitucional una ley que quisiera a prohibir absolutamente el aborto. Pero igual que el derecho del artículo 47 a una vivienda digna no obliga a políticas de vivienda digna, el derecho al aborto en el 43 no hará obligatorias políticas públicas que aseguren en todo caso el derecho al aborto, ni su prestación estatal, ni siquiera que siga existiendo una ley de plazos.

Peor aún, la propuesta degrada el derecho al aborto respecto a lo que tiene dicho el Tribunal Constitucional. A día de hoy, el tribunal afirma reiteradamente que la interrupción voluntaria del embarazo forma parte del contenido protegido del derecho a la integridad física y moral (artículo 15 de la Constitución). Como ese derecho sí que es directamente exigible ante los tribunales de justicia, actualmente una mujer a la que se le deniegue su derecho al aborto puede acudir a un juez invocando directamente la Constitución y exigir que se le garantice. Puede incluso llegar al Tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo para reclamar que se le proteja como manifestación de un derecho fundamental. Si prospera la reforma propuesta por el Gobierno eso podría dejar de ser así. Nuestros tribunales podrían razonablemente interpretar que la voluntad del constituyente, a través de la reforma, ha sido que el aborto deje de ser derecho fundamental y, convertido en simple principio orientador, pierda toda su protección actual.

Este dislate se podría evitar si, en vez de reformar el artículo 43, lo que se cambiara fuese el 15, introduciendo en él el aborto como auténtico derecho fundamental garantizado tal y como viene sugiriendo el Tribunal Constitucional. ¿Por qué no se hace? Pues muy fácil. Porque la propuesta del Gobierno que preside Pedro Sánchez no busca prioritariamente garantizar el aborto, sino ahondar en las contradicciones en las que navega el Partido Popular en este tema. No busca proteger a las mujeres, sino forzar un debate en el que la oposición se siente incómoda, forzándola a votar contra el aborto y obteniendo el consecuente rédito electoral de ello.

También podrían hacerse las dos cosas: forzar a los populares a pronunciarse y proteger a las mujeres. El problema es que en ese caso el Gobierno podría verse forzado a disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas. La clave está en los procedimientos de reforma de la Constitución.

Para reformar el artículo cuarenta y tres el Gobierno necesita el voto de 210 diputados (tres quintos de la cámara). Si eligiera reformar el artículo 15, los votos necesarios serían 234 (dos tercios). No hay tanta diferencia: en uno u otro caso bastaría con un acuerdo con el Partido Popular y parte de la mayoría de investidura. Lo que le preocupa al Gobierno autodenominado de progreso es que si se opta porque el aborto sea un derecho de verdad, y al final el Partido Popular apoya la propuesta, las mujeres ganarían un derecho pero –según el procedimiento previsto para la reforma constitucional de esa sección concreta– inmediatamente sería necesario disolver las Cortes Generales y convocar elecciones. Por eso, prefiere recortar el derecho al aborto a correr el riesgo de no agotar la legislatura.

Los cálculos electoralistas y el efectismo a veces no son compatibles con la finura jurídica ni el compromiso real con los derechos fundamentales. Si el Gobierno estuviera un poco mejor asesorado incluso podrían haber pensado en opciones intermedias, como introducir un nuevo artículo 32 que permitiera al aborto tener la misma protección que la propiedad privada sin arriesgarse a convocar elecciones anticipadas.

Todo eso da igual. En el mundo del populismo y el espectáculo nuestros gobernantes priorizan el show mediático sobre la mejora efectiva de la vida de las personas. Están abordando la cuestión del aborto desde la única perspectiva del marketing político, seguros de que nadie les va a exigir responsabilidades si el resultado de su penosa estrategia es devaluar los derechos de las mujeres.

Puede que funcione a corto plazo, sobre todo porque gracias a la torpeza del Partido Popular la propuesta del Gobierno nunca entrará en vigor. Aun así, manosear la Constitución y arriesgarse a sacrificar el derecho fundamental al aborto por simples cálculos electoralistas nos acerca demasiado al abismo.

Una de dos: o el juez instructor del caso contra Begoña Gómez tiene una intuición mediática que ya quisieran para sí muchos expertos en comunicación política, o las casualidades lo persiguen. Sus decisiones tienen con frecuencia el impacto mediático adecuado y en el momento justo para causar ante la opinión pública el mayor daño posible al gobierno socialista y beneficiar al Partido Popular.

Hace unos meses consiguió tomar declaración al presidente del Gobierno en el palacio de la Moncloa aunque este no tuviera nada que declarar y, casualmente también, esa declaración se filtró a la prensa. También tomó declaración al ministro de justicia justo en los días en los que presentaba la más que necesaria reforma del sistema de acceso a la judicatura y sucedió de nuevo que se filtró ese trámite en el que debatía con muy mala educación con el ministro de su ramo.

Ahora, justo un día después de que se enviara a juicio a la pareja de la líder del Partido Popular en Madrid, el instructor se ha leído la ley del jurado.

Causa cierta melancolía jurídica recordar que la instrucción se inició porque en las portadas de unos panfletos ultra se acusaba a la mujer del presidente del gobierno de haber mediado para conseguir que se rescatara con millones de euros a una aerolínea y se dieran subvenciones millonarias a una empresa. A partir de ahí, el juez ha actuado con un celo y una diligencia extraordinarios, que contrastan con lo que le sucede cuando investiga a políticos conservadores y se le pasan los plazos para investigar. De ese modo, buceando en la vida de la investigada y con ayuda de las acusaciones ultraderechistas ha ido después encontrando indicios de numerosos otros posibles delitos. Hasta cinco, incluido el de intrusismo profesional, nada menos.

Ahora la acusa de malversación. Lo sostiene en que cree que disponía de una asistente en La Moncloa que además de atender a su agenda institucional la ayudaba en sus negocios particulares. Habría usado así el sueldo de esta funcionaria en beneficio propio.

Y justo este día el juez ha caído en la cuenta de que el juicio por malversación, de producirse, correspondería a un jurado y ha decidido que urge comunicar este dato a la interesada. Así, con ayuda de algunas notas redactadas de manera confusa, ha dado lugar a una noticia que ha saltado a todos los medios de comunicación, eclipsando las informaciones sobre el novio de Ayuso, y que desde entonces copa informativos y noticiarios.

La noticia no es tal. Se trata, a lo sumo, de un ejercicio de meros fuegos artificiales. El delito de malversación, efectivamente, corresponde juzgarlo a un jurado compuesto por ciudadanos. Eso es algo que no depende del juez Peinado, sino que viene tal cual en la ley. Más allá, no es ni mucho menos evidente que ese juicio vaya a tener lugar. Porque lo que sí depende en primera instancia del juez Peinado es decidir si el supuesto delito de malversación tiene relación con alguno de los otros que le imputa a Begoña Gómez. Si así fuera, estaría prohibido someterlo a un tribunal del jurado para evitar la posibilidad de dos sentencias contradictorias: una en la que el jurado la declare culpable de algo y otra en la que un juez de carrera la considere inocente de eso mismo. O viceversa.

También depende del juez Peinado considerar a la mujer del presidente como funcionario, porque si no lo es no puede cometer ese delito. Y, mucho más importante, también depende de él decidir si hay indicios suficientes. Visto desde fuera no parece que el hecho de que la asistente reconozca que alguna vez le hizo un favor y enviara en nombre de la señora Gómez un email personal sea suficiente para justificar un delito de malversación de caudales públicos. El instructor no parece ser tan tiquismiquis con la presunción de inocencia y ha decidido tirar p'alante.

Es, pues, muy incierto aún que este asunto llegue a juzgarse y, si lo hace, que corresponda a un jurado. Pero la (no)noticia, los fuegos artificiales, ha servido para abrir en la sociedad un debate sobre la legitimidad de este tribunal ciudadano que está haciendo a más de uno preguntarse ahora por una institución que lleva veinte años en vigor.

Históricamente, la atribución de determinados casos al jurado ha sido una reivindicación progresista y de la izquierda. En la Constitución de 1837 se atribuían al jurado los delitos de imprenta, para evitar que fueran los jueces reales los que decidieran qué se puede publicar y qué no. Sin embargo, la institución nunca ha llegado a consolidarse, en parte por el rechazo que ha causado siempre entre los conservadores. Existió jurado durante más de tres décadas, durante la restauración, pero quedó abolido con Primo de Rivera. La República intentó recuperarlo, pero nuevamente desapareció en el franquismo.

La Constitución actual prevé en su artículo 125 la existencia del jurado como un modo de participación ciudadana en la administración de justicia. Aun así no se desarrolló hasta 1995, cuando se reguló en una ley promovida y apoyada por el partido socialista que, como el resto de la izquierda, ha sido siempre partidario de que en algunos casos sean personas legas elegidas al azar quienes se pronuncien sobre si determinados hechos han sucedido o no. En ello se ha visto siempre un cierto contrapeso popular al poder de los jueces profesionales. Sin embargo, estos días parecen ser los propios progresistas quienes más sospechan de la institución.

Ciertamente, los datos estadísticos muestran una clara tendencia de los tribunales populares a dictar veredictos de culpabilidad en más del noventa por ciento de los casos. Las cifras reflejan quizás un exceso de furor justiciero entre una ciudadanía demasiado vulnerable a los discursos que constantemente exigen más mano dura.

Efectivamente, la polarización social nunca ha sido tan radical como ahora. Las redes sociales permiten que calen entre la población discursos simplistas y cada vez todos somos más proclives a preferir nuestros sentimientos sobre los hechos.

Siendo esto así, también hay que señalar que ese tipo de manipulaciones mediáticas no son nuevas. ¿Hace falta recordar que en 2001 un jurado popular condenó a quince años de prisión a Dolores Vázquez por un delito que no había cometido? En aquella ocasión los expertos reconocen que el relato mediático que presentaba a la acusada como una mujer fría, en contraste con la bella inocencia de la víctima, y las consideraciones sobre su condición sexual fueron decisivas para guiar el erróneo veredicto.

El jurado siempre ha tenido ese riesgo. Sobre todo en casos muy mediáticos. Es por ello razonable discutir sobre la vigencia del jurado como ideal democrático e, idealmente, sobre posibles mecanismos mitigadores o correctores. Sin embargo, no debe hacerse al hilo de un caso concreto. Mucho menos por miedo a que las personas que resulten seleccionadas en esta ocasión opinen de modo diferente a uno. Si queremos discutir sobre el jurado ha de hacerse en abstracto, para todos los asuntos y con argumentos generales. Legislar para una persona es en todos los casos un error y, a menudo, un abuso de poder. Mientras se aborda o no esta discusión, el jurado está en nuestras leyes procesales y debe seguir funcionando cuando corresponda. Lo que está por ver es si este es uno de esos casos.

Hoy es uno de esos días en los que es imposible no sentir orgullo de nuestra sociedad. Durante las últimas semanas, la indignación contra la participación en la vuelta ciclista a España de un equipo que intentaba blanquear las políticas de exterminio sionista ha ido creciendo por los territorios por los que pasaba. Gracias a ello, el acontecimiento deportivo se ha convertido en un escaparate de primer orden para mostrar la solidaridad popular con las decenas de miles asesinadas en Gaza. Los valores del deporte, esta vez, han sido los de la humanidad.

El impacto social del deporte lo convierte en una herramienta tremendamente útil para crear conciencia ante grandes cuestiones humanas. En la derrota del odioso sistema del apartheid en Sudáfrica tuvo mucho que ver la presión internacional y especialmente la deportiva. Lo saben bien quienes han excluido a Rusia de competiciones como La Vuelta: se trata de negar que el país que dirige Putin pueda mejorar su reputación a través del deporte mientras continúe la agresión a Ucrania, a la vez que hacer patente internamente el aislamiento internacional del régimen.

Prueba de la imposibilidad de separar deporte y política es que el multimillonario Sylvan Adams no dudó en invertir unos fondos más que considerables en un equipo ciclista creado exclusivamente para promocionar al Estado de Israel en este tipo de competiciones. La inscripción del equipo Israel Premier Tech en La Vuelta es un acto político. Tan político como la legítima protesta contra esta participación.

Que nadie se equivoque en este punto: las protestas propalestinas contra la vuelta a España han sido la respuesta social a una iniciativa política que pretendía lavar la imagen de un régimen político. Los mismos que prohibieron la presencia rusa, impulsaron la de Israel intentando disimular así los actos criminales de ese Estado. Son estos promotores los que politizaron el acontecimiento, no quienes se han limitado a responder a un acto tan objetivamente infamante.

Lo que molesta ahora a la derecha política española no es que se utilice la competición para hablar de Israel o Gaza, sino que la respuesta social haya sido tan masiva que al final ha logrado convertir un gesto de apoyo a las políticas genocidas sionistas en todo lo contrario. Quienes querían presentar a Israel como un país homologable al resto rabian porque en vez de eso han provocado que la mayoría de la ciudadanía exprese de manera multitudinaria y ante la mirada de todo el mundo el rechazo a la carnicería que está teniendo lugar en Gaza.

La mañana de la última etapa, la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acudió a saludar específicamente al equipo pro-israelí y se fotografió con sus componentes. También saludó a otros participantes, pero hizo hincapié en esa demostración pública de apoyo. No es casualidad que ese gesto lo haga una de las políticas más beligerantes en negar las atrocidades que está cometiendo el ejército de Israel, junto a su compañero de partido y alcalde de Madrid, que estos días ha insistido en negar públicamente el genocidio. Si La Vuelta hubiera acabado como si nada, por mucha bandera palestina que ondeara entre el público, el mensaje transmitido al mundo sería el del presentar a Israel como un país como los demás.

Por eso, ante el empeño de la organización y las autoridades en seguir adelante como si nada, la única respuesta posible era bloquear la competición. No es cierto que fuera solo una carrera ciclista. Los que apoyan o toleran las atrocidades en Gaza lo habían convertido en un acto político a su favor. Los espectadores no iban a asistir a una prueba de velocidad, sino a la normalización del Estado de Israel. Frente a ello no era suficiente mostrar solidaridad con Gaza y rechazo al genocidio del pueblo palestino. Era necesario demostrar que la indignación y la repulsa son mayores que el apoyo a los crímenes contra la humanidad y eso solo podía hacerse impidiendo que la carrera se desarrollara con normalidad y que su última etapa tuviera siquiera lugar.

Lo que vuelve realmente admirables estas protestas contra la utilización de la carrera ciclista española en favor de Israel es que toda esta demostración de dignidad popular que ha permitido frenar la Vuelta ha sido pacífica y proporcionada. La falsa indignación de quienes solo ven la paja en el ojo ajeno intenta poner el énfasis en que los manifestantes han invadido los carriles dedicados a los corredores o en que algunos agentes de la policía se han lastimado al intentar reprimirlos. Es un intento absurdo de reorientar la opinión pública promovido por los mismos que cuando les apetece se manifiestan sin autorización en la calle Ferraz o jalean las agresiones contra el presidente del Gobierno en Valencia.

El derecho a la protesta es esencial en un sistema democrático. Permite a la ciudadanía exponer públicamente sus posiciones y discrepancias como método de participación directa. Como dice el Tribunal Constitucional, el espacio urbano no es sólo un ámbito de circulación, sino también un espacio de participación. Para hacerlo de manera efectiva es necesario un cierto grado de provocación, que se concreta en trastornos y molestias para la colectividad. Si una protesta o reivindicación pasa desapercibida, difícilmente puede servir para alcanzar sus objetivos de visibilidad. En los casos más extremos, la protesta legítima se expresa mediante actos de desobediencia civil, que implican siempre una cierta confrontación con las normas y disposiciones estatales, pues se trata de poner en evidencia su carácter injusto.

En este caso, la mera ocupación del espacio público obstaculizando el normal desarrollo de la prueba ciclista no ha sido un acto gratuito intimidatorio o de violencia, sino que era el único modo de impedir que la vuelta ciclista se usase como instrumento legitimador del genocidio en Gaza. Ciertamente, en algunos puntos la presión de la ciudadanía hizo que se cayeran algunas vallas y hubo manifestantes que pacíficamente cortaron la carrera con sus pancartas. Desde las posiciones más conservadoras pueden intentar criminalizarse estas leves infracciones del orden público, pero no es más que una cortina de humo. Desde la perspectiva de la lucha de los derechos civiles se trata de actos de protesta que no han causado daño ni riesgo a ninguna persona y que han servido para conseguir un objetivo humanamente imprescindible: poner en evidencia la colaboración de nuestras autoridades deportivas y civiles con el genocidio.

Cuando muchos países europeos han decidido poner sordina al intento de exterminio de toda una población y hacer como que no ven los bombardeos indiscriminados que han causado ya la muerte de decenas de miles de niños y personas inocentes, el último reducto de la dignidad es la sociedad

En nuestro país, la presión popular ha conseguido que una competición deportiva que iba a ser utilizada políticamente para legitimar crímenes contra la humanidad se convierta en una constatación de la masiva indignación popular frente a estos crímenes. Y se ha conseguido sin violencia. Todos los que en el mundo entero creen en los derechos humanos miran estos días con admiración a nuestra sociedad. Pocas veces hemos tenido internacionalmente tan buena reputación como pueblo valiente, con conciencia y decidido a dar un paso para defender los derechos de los más vulnerables. Solo podemos estar orgullosos de haber paralizado La Vuelta y, sobre todo, de la ola de solidaridad con Palestina que estos días llena nuestras calles.

Con la apertura del juicio oral, se ha consumado la primera parte de la operación contra el fiscal general del Estado. La apariencia jurídica no debe hacernos olvidar que por encima de todo estamos ante un juicio político. 

La instrucción del asunto así lo demuestra. Desde el primer momento, resulta difícil de explicar el celo con el que se ha perseguido esta presunta filtración. Sobre todo, en un país en el que los juzgados son auténticos quesos gruyere desde los que a diario se hace llegar a la prensa conservadora cualquier dato o documento susceptible de dañar al bando político progresista, por muy privado que sea. Más allá, resulta incluso jurídicamente dudoso que el correo filtrado fuera un mensaje privado. Bien al contrario, en un país razonable, las conversaciones entre un abogado y la fiscalía en busca de un acuerdo por el que ambos acepten una pena para evitar el juicio deberían ser plenamente transparentes y públicos.

El juez instructor decidió muy pronto que el autor de la filtración había sido el Fiscal General del Estado, aunque no hubiera ningún indicio que así lo indicara. Buscando encontrar algo de lo que acusarlo, adoptó medidas tan desproporcionadas como la de registrar su despacho y revisar todos sus documentos, con o sin relación con el caso, de los últimos años. Pero ni aun así ha conseguido la mínima prueba de su implicación. A día de hoy no hay ni un solo elemento probatorio que señale a Álvaro García Ortiz por esa filtración. Se ha conseguido demostrar tan sólo que él era de las decenas de personas con acceso al correo electrónico en cuestión. Y hasta ahí.

El hecho de que a pesar de la orfandad probatoria patente el caso haya seguido adelante permite sospechar que en las decisiones judiciales haya pesado, siquiera de forma inconsciente, el deseo de dañar políticamente al gobierno socialista por encima del interés en hacer justicia. Sólo así se entiende la inversión del principio constitucional de presunción de inocencia: el juez instructor ha llegado a considerar que el hecho de no poder acceder a los correos electrónicos del acusado es una prueba de su culpabilidad. Sin conocer el contenido de esos mensajes, el magistrado en cuestión ha decidido que debían ser inculpatorios. Lo ha hecho incluso negando la evidencia de los muchos otros motivos por los que un investigado puede borrar sus mensajes. Desde los motivos de seguridad, hasta el deseo de que no caigan en manos de un juez sin escrúpulos que permita que se filtren detalles de su vida privada o política.

En el colmo de la incongruencia moral, mientras el juez investigaba al Fiscal General se han producido filtraciones de esas investigaciones tan graves como aquellas de las que se le acusa a él y que le han perjudicado, pero que no han sido siquiera mínimamente investigadas.

Por si fuera poco, en el mismo Auto de apertura del juicio oral se dice que no es posible suspender al Fiscal General del Estado porque “hay un vacío legal”. Es una forma deliberadamente dañina de ocultar la realidad: no se puede hacer, porque no está permitido. Sería lo mismo que decir que un vacío legal impide condenarlo al destierro o a ser azotado. Es algo que simplemente no se puede hacer, pero al llamarlo “vacío legal” el Auto judicial consigue transmitir la idea de que es algún tejemaneje socialista. 

Este cúmulo de irregularidades permite entender que efectivamente estamos ante un juicio político. Que se va a juzgar al Fiscal General del Estado, aunque no hay pruebas en su contra, para dañar al presidente del Gobierno que lo nombró. El objetivo, en este sentido, parece ser forzar la dimisión del Fiscal General; hacer pasar al gobierno por un ejecutivo delictivo y demostrarle que la derecha judicial no va a permitirle nunca que nombre a un Fiscal del Estado de su confianza, a pesar de que sea una característica esencial de nuestro sistema político.

El problema es que estos jueces, al intentar dañar a Sánchez (no sabemos si de manera consciente) vienen realmente a deslegitimar todo nuestro sistema democrático. El propio instructor, en el Auto de apertura de juicio oral se permite incluir un reproche moral diciendo que el fiscal general –de cuya culpabilidad no parece tener dudas, aunque tampoco pruebas- al delinquir “pone en cuestión el prestigio de la institución”. Seguramente esté ahí el quid de la cuestión. Tenemos magistrados que se creen con derecho a decidir qué daña y qué no al prestigio de la fiscalía. 

Pese a todo, lo cierto es que el hecho de que el fiscal general tenga que sentarse en el banquillo de los acusados daña el prestigio de nuestras instituciones. Aunque no lo haga por sus propios actos demostrados, sino por decisiones judiciales que no cuentan con indicios suficientes para ello… y que, como ya es habitual, funcionan con una sorprendente coordinación con el principal partido de la oposición. A nadie le extraña y que estas medidas judiciales hayan alimentado declaraciones incendiarias del Partido Popular en las que hablan de bochorno institucional y se rasgan las vestiduras por el hecho de que el fiscal sea juzgado. Unos toman decisiones poco jurídicas, los otros las convierten en munición política.

En todo caso, que se trate de un juicio político no permite esquivar la realidad: el máximo responsable de nuestra fiscalía va a tener que sentarse en el banquillo de los acusados; lo va a hacer, además, en un juicio en el que participan fiscales teóricamente sometidos a su autoridad.

En esta situación, aunque sea terriblemente injusto, quizás el Fiscal General deba empezar a valorar la posibilidad de su dimisión. Es cierto que eso supone darle a la caverna judicial y a su brazo político popular justo lo que está buscando: su cabeza. Sin embargo, cuando parte de nuestra judicatura parece convertida en hooligans derechistas dispuestos a reventar lo que haga falta para echar a los socialistas, alguien debe mantener la altura de miras y anteponer la estabilidad del sistema político a sus propios intereses.

A muchos de nuestros jueces, a la par con el Partido Popular, no les cuesta lo más mínimo dañar a España y debilitar la confianza en la justicia para alcanzar sus miserables objetivos políticos. Álvaro Ortiz, Fiscal General del Estado, debe ahora valorar la posibilidad de sacrificar su propia carrera para evitar el deterioro institucional que ellos han causado. La injusticia de la persecución que está sufriendo explicaría que no lo hiciera. Políticamente, tampoco debe ser fácil entregar esa presa a quienes desde hace meses se la quieren cobrar. Sin embargo, en un análisis de costes y beneficios, quizás haya llegado el momento, por sentido de Estado y responsabilidad institucional.

En Jumilla, Murcia, el Ayuntamiento ha aprobado una polémica moción. El concejal de Vox de esa localidad presentó una moción para defender lo que él y su partido consideran las raíces de nuestra sociedad, que no serían la democracia y el respeto a los derechos humanos sino la religión católica y la raza más o menos blanca. La mayoría del consistorio, del Partido Popular, reformuló la idea intentando a la vez contentar al partido extremista y que no se notaran los fundamentos aberrantes de su moción. Al final ha aprobado un llamamiento a que el gobierno municipal prohíba el uso religioso de sus instalaciones deportivas… Lo que hasta ahora solo se hacía en celebraciones musulmanas.

Constitucionalmente estamos ante una aberración.

Vaya por delante que la noción de derechos humanos o fundamentales surge para defender espacios de libertad susceptibles de sufrir recortes o amenazas. Por eso, en las sociedades democráticas, los derechos fundamentales protegen esencialmente a las minorías. La libertad de expresión no existe para poder decir aquello con lo que todos coinciden y que, por tanto, no molesta a nadie, sino para asegurar que quien vea las cosas de manera diferente a la mayoría no se vea perseguido por ponerlo de manifiesto. Del mismo modo, el sentido último del reconocimiento de la libertad religiosa no es el de poder profesar sin ser molestado una religión estatal o mayoritaria y aceptada por todos, sino proteger a aquellos cuyas prácticas religiosas o la ausencia de ellas puedan molestar al poder público o a amplias capas de la población.

Esta obviedad deja de serlo cuando el crecimiento de la xenofobia y el racismo estructural en nuestra sociedad lleva a tanta gente a defender en público que solo las confesiones verdaderas o las que representen a la mayoría de la población merecen respeto y protección. Es difícil pensar en una afirmación más opuesta a la idea de derechos humanos que esa.

La libertad religiosa, reconocida en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y garantizada en el 16 de nuestra Constitución, permite, básicamente, tener la religión que queramos o no tener ninguna. Tiene dos manifestaciones esenciales: de una el derecho a no ser discriminado, sufriendo un perjuicio, a causa de la opción religiosa propia. De otra, el derecho a practicar públicamente los actos de culto propios de dicha religión.

La garantía de no discriminación es absoluta y opera en el mundo ideal de las creencias. Prohíbe que los poderes públicos persigan o perjudiquen a nadie en razón de su ideología religiosa. Les impone una neutralidad que impide castigar a unas y proteger a otras.

La libertad de culto, en cambio, no se refiere a las ideas sino a las prácticas. Está limitada por el orden público, pues el hecho de calificar a una actividad de religiosa no impide que pueda prohibirse si daña intereses ajenos. Para decirlo de manera simple, no puede perseguirse a nadie por creer en el diablo, pero sí se pueden prohibir los sacrificios humanos.

Prácticas religiosas como hacer sonar una campana o un altavoz llamando a la oración por la noche, realizar procesiones que interrumpan el tráfico o sacrificar animales pueden someterse a límites no tanto por su naturaleza religiosa, sino porque dañan intereses generales.

La libertad de culto no obliga al Estado a facilitar sus medios para que sean usados en las prácticas de ninguna religión. La prohibición de discriminar, sin embargo, impide que el Estado facilite sus medios para los cultos de las religiones que le gustan y se los niegue a las que le disgustan.

Si el Ayuntamiento de Jumilla decide que sus instalaciones deportivas no pueden usarse para prácticas religiosas debe ser una decisión que se aplique a todas las confesiones religiosas por igual y que no se haya adoptado con la intención de perjudicar a una concreta.

Y evidentemente en este caso no lo es. Por mucho que el equipo de gobierno del Partido Popular haya intentado maquillar formalmente su propuesta, está claro por el contexto que se adopta con la intención de impedir actos de culto musulmán. No se trata solo de que forma parte de una iniciativa de Vox aprobada para defender las supuestas raíces religiosas cristianas de España, sino que además en este momento la única confesión que usaba esas instalaciones es la musulmana. Se trata a todas luces de una iniciativa dirigida contra quienes practican el islam y así se ha presentado en público. Eso basta para determinar que es constitucionalmente ilícita.

Jurídicamente, la moción es un simple llamamiento sin efectos prácticos hasta que se apruebe en forma de reglamento y sólo entonces, si es que eso sucede, podrá ser recurrida y anulada por los tribunales.

Sin embargo, más allá de lo jurídico, este hecho abre una terrible brecha capaz de poner en duda la supervivencia misma de nuestra democracia en el medio plazo. Si el principal partido de la oposición, con muchas posibilidades de gobernar, defiende políticas que solo pueden realizarse eliminando la libertad religiosa garantizada en la Constitución, nada garantiza la supervivencia del resto de derechos humanos.

Los mismos que aspiran a un Estado que prohíba el islam defienden que solo determinadas razas puedan vivir en nuestras ciudades. Quieren acabar con el derecho de asilo y hasta con la protección de la vida humana de los náufragos si su piel es de determinado color o practican determinadas religiones.

Los derechos humanos viven en Europa su peor momento desde la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, iniciativas como la del Ayuntamiento de Jumilla atacan a la base de nuestros valores democráticos. El Partido Popular tiene que decidir si está con la democracia y el respeto a la dignidad de las personas o abre la puerta a un nuevo orden en el que ni la vida ni los derechos de nadie estén asegurados. Eso es lo que nos jugamos. Nada menos.

En unos meses vamos a ver al fiscal general del Estado sentado en el banquillo de los acusados. Se le juzgará por la filtración a la prensa de un correo electrónico que envió a la Fiscalía el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso en el que proponía reconocer que había cometido un delito fiscal a cambio de que le rebajaran la pena. Sin embargo, hay muchas dudas de que efectivamente haya indicios suficientes no ya para condenar al fiscal general, sino incluso para abrir un juicio contra él. La Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo acaba de confirmarlo en una polémica y discutida resolución aprobada por la mínima.

La esencia del argumento de los dos jueces que votaron a favor es que la imputación contra la cabeza de nuestro Ministerio fiscal no es disparatada. Se trata de una justificación muy débil, que no debería tener cabida en nuestro sistema. Aquí lo importante para que el Estado pueda juzgarlo a uno no es que un juez se invente un relato de hechos que sea posible y no incluya contradicciones, sino que efectivamente la acusación se sustente en indicios suficientes. Peor aún, este par de magistrados da especial importancia al hecho de que el fiscal investigado hubiera borrado sus mensajes de WhatsApp. Invirtiendo el principio de presunción de inocencia, parecen decir que si no hay pruebas de nada, eso es señal de que es culpable.

Los medios de comunicación y las redes sociales han puesto el acento en este borrado con el autoritario razonamiento de que si no tuviera algo que esconder, no habría borrado sus conversaciones. De ese modo se viene a negar de plano su derecho a la intimidad y la posibilidad misma de que quisiera evitar el acceso ajeno a cualquier otro detalle de su vida privada.

En este contexto adquieren importancia las declaraciones de hasta siete periodistas de cuatro medios de comunicación distintos (incluido uno tan poco sospechosos de afinidad con el Gobierno como El Mundo) que vinieron a declarar que conocían el correo en cuestión antes de que llegara a manos del propio fiscal general del Estado. Uno de los periodistas, el primero en publicarlo, narró con detalle cómo horas antes de que el acusado pidiera y recibiera copia de ese mensaje, él contactó con una fuente que lo invitó a su despacho en el tercer piso de un edificio y le dejó ver y copiar el correo, aunque no le facilitó una copia ni le permitió fotografiarlo. Del testimonio de todos ellos se deduce, sin lugar a dudas, que la divulgación del email sucedió antes, desmontando la culpabilidad del investigado.

Sin embargo, los jueces en cuestión no se fían de todos esos periodistas. Creen que todos mienten. Y lo creen por dos cosas. La primera, que dicen ellos que si el periodista realmente hubiera leído el email varias horas antes lo habría publicado inmediatamente, sin esperar a esa noche. Es, claramente, la manera de pensar de alguien ajeno al mundo del buen periodismo y carente de una mínima cualificación profesional: el informador que recibe una información de ese calibre y que implica presentar públicamente al empresario como un defraudador a Hacienda necesita contrastar y verificar esa noticia antes de difundirla. Si los jueces del Supremo conocieran siquiera por encima la jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la información sabrían que a los periodistas se les exige contrastar especialmente ese tipo de noticias, potencialmente dañinas, antes de publicarlas. Ningún periodista decente al que no se le ha dejado copiar un email, solo leerlo, lanzaría la noticia de su contenido sin estar segurísimo de que el email existe y eso exige unas horas de trabajo.

El segundo argumento para negar credibilidad a los periodistas es mucho más preocupante. Se quejan estos magistrados de que los periodistas han dado detalles de cómo conocieron el contenido del correo electrónico antes, pero no han querido identificar a la fuente que se los facilitó. Al hacerlo demuestran que no conocen o, más probablemente, no respetan suficientemente la Constitución, que en su artículo 20.1 garantiza el derecho de los periodistas a no revelar sus fuentes.

El desprecio a este derecho constitucional de los periodistas no es exclusivo de los jueces, aunque estos sean su principal enemigo. El derecho al secreto profesional consiste, precisamente, en que en ningún caso se puede obligar a un periodista a identificar a quien le proporcione información. Aunque no lo parezca, se trata de una garantía esencial para la democracia. La manera de que puedan salir a la luz informaciones incómodas es que quien se las cuente a un periodista esté seguro de que nunca sufrirá represalias por ello, porque no hay forma alguna de forzar al informador a que diga quién ha sido. Está prohibido castigar al periodista que no identifica su fuente e incluso intervenir sus comunicaciones o sus notas para averiguarlo y gracias a eso vivimos en una sociedad en la que todo puede salir a la luz.

Corresponde, por supuesto, al informador comprobar que lo que le han contado es verdad antes de publicarlo. Pero puede hacerlo sin señalar a quien le facilitó la pista inicial. Y ese derecho molesta especialmente a los jueces que constantemente lo amenazan. Ellos quieren investigar las filtraciones que les molestan y soportan mal que un periodista sepa quién es la persona que ha pasado la información pero no puedan obligarlo a decirlo. Por eso hay constantes ataques judiciales a un derecho constitucional que les impide ser omnipotentes.

En esta ocasión los jueces del Supremo atacan el derecho a no revelar las fuentes quitándole credibilidad a declaraciones de los periodistas que incluían bastantes otros detalles verificables. Lo hacen en una resolución que, pese a su forma jurídica, tiene esencialmente motivaciones políticas: se trata de enjuiciar al fiscal general y hacer daño al Gobierno, aunque para ello haya que saltarse la presunción de inocencia, el secreto profesional de los periodistas y los principios básicos de nuestro sistema penal. Sin embargo, las amenazas para los periodistas vienen también de otros lugares.

Sin ir más lejos –entre el silencio de las asociaciones profesionales–, el Gobierno progresista está decidido a aprobar una ley del secreto profesional que supone prácticamente su desaparición al permitir que en determinados casos los jueces puedan levantarlo. Esos casos se convertirán en la norma y, si eso sigue así, pronto tendremos a periodistas en la cárcel por no querer revelar sus fuentes. Mientras eso sucede, la Constitución sigue en vigor y el ataque al Estado de Derecho que protagonizan nuestros propios jueces, convertidos en auténticos actores políticos, sólo puede llevar a desesperanza a cualquier ciudadano consciente.

La Casa Real ha informado de que la infanta Sofía, una vez terminado el bachillerato, estudiará ciencias políticas y relaciones internacionales. Lo hará en una universidad privada con sedes en Lisboa, París y Berlín. La número dos en la línea de sucesión al trono español estudiará, pues, dos carreras. Pero no lo hará en una universidad pública, ni en una universidad española. Esta decisión, meditada durante meses y en la que han participado numerosos asesores, es un desprecio a la ciencia y la educación españolas por parte de nuestro monarca. Con ella, el jefe del Estado traslada pública e internacionalmente el mensaje de que las universidades de nuestro país no proporcionan una formación de suficiente calidad.

Con un desparpajo insultante, las fuentes oficiales del palacio de la Zarzuela justifican la decisión diciendo que al fin y al cabo la infanta Sofía no es la heredera, que sí está más constreñida a formarse en España. De tan desafortunado argumento se puede colegir que, si la propia princesa Leonor opta por una educación española, es solo porque está obligada.

De poco sirve que en los actos oficiales la reina vista ropa de marcas españolas o que en los banquetes reales se sirvan vinos españoles. Cuando se trata de decisiones relativas a su propia vida, todos dejan claro que reniegan de España. Apoyar la universidad española sería un acto de patriotismo, pero también algo más. La universidad cumple dos funciones esenciales en el desarrollo de una sociedad. De una parte, es la institución de enseñanza superior que asegura un nivel cultural y profesional de la población que decida acceder a ella. De otra, es el núcleo de la ciencia y el pensamiento que impulsan y permiten crecer al país. Todo eso es lo que desprecia nuestra familia real.

Aunque los rankings internacionales de universidades son todos muy discutibles, lo cierto es que –a pesar de los recortes y la deficiente financiación– en todos ellos las universidades públicas españolas ocupan lugares destacados. Aun así, el margen para mejorar es grande y solo puede conseguirse con el apoyo de todos los poderes públicos, desde los propios profesores –que a veces anteponen su carrera profesional a la calidad docente– hasta la monarquía, pasando por los gobiernos estatal y autonómicos. Las universidades son el futuro de la nación y debe ser un objetivo común mejorar su excelencia como servicio público. Si el propio rey de España envía a su hija a estudiar en una universidad privada extranjera, difícilmente podremos esperar de algunos gobiernos autonómicos ultraliberales un compromiso con la educación pública de calidad que se plasme en inversiones y fomento.

El rey lo es a tiempo completo. Las disposiciones constitucionales que regulan su inviolabilidad hablan de ‘la persona’ del rey porque no ocupa su cargo unas horas al día. El rey personifica en sí mismo el Estado y el país, y debe actuar en todos los aspectos de su vida con la responsabilidad que ello implica. Si el rey y sus hijas no están dispuestos a apoyar a nuestras universidades y centros de investigación, faltan a su juramento de lealtad con España. Si con sus actos deciden conscientemente fomentar las universidades extranjeras y lanzar el mensaje de que el ideal al que el resto de la ciudadanía debe aspirar es a poder pagar un centro universitario extranjero, están incumpliendo sus obligaciones constitucionales. Del desprestigio internacional que causa la falta de confianza de nuestro propio monarca en nuestro sistema educativo, mejor no hablar.

Si a la infanta Sofía España se le queda chica y quiere ver mundo, como otros jóvenes de su edad, hay maneras de hacerlo más respetuosas con lo que conlleva su posición institucional. Podría estudiar sus grados en nuestro país y, eventualmente, realizar después alguna especialización en el exterior. Dejaría así claro su compromiso con la calidad de la base educativa sólida que proporcionan nuestros centros universitarios, antes de lanzarse a conocer otras realidades. Desgraciadamente, parece que tanta responsabilidad sería demasiada para esta familia. En este sentido, Felipe VI, que siempre ha hecho gala de mucha menos neutralidad política que su padre, ha aprendido poco del pasado. Con una inexplicable falta de sintonía con los tiempos que corren, da la impresión de seguir anclado en la peor altivez de esas rancias monarquías del siglo diecinueve. Esas cuyas familias reales se veían a sí mismas como ilustradas cosmopolitas obligadas a vivir en un país subdesarrollado al que despreciaban.

Uno diría que nuestro rey y su reducido círculo familiar, o son ciegos o simple y llanamente no les importa agrandar la profunda grieta que los separa de la población. No parecen conscientes del riesgo de que la ciudadanía los vea como miembros de esa panda de familiares sinvergonzones dedicados a vivir del cuento entre lujos y escándalos. Con decisiones como la que comentamos el rey y sus hijas se presentan como una élite arrogante y despreocupada de todo lo que no sea su propio confort, por encima de las obligaciones que implica su cargo. Quieren reinar sobre nosotros, pero carecen de la menor sensibilidad para identificarse con los problemas y las necesidades del país y no se sienten obligados a apoyar los objetivos colectivos que como sociedad nos hemos marcado.

Ser monarca no es una imposición. Si el rey y su familia desprecian al país y las instituciones que les pagan el sueldo y que son su razón de ser, quizás deberían plantearse la vía de la abdicación. Pero si se quedan, alguien debería recordarle a su majestad que ocupa un cargo constitucional, al servicio de los españoles y que conlleva determinadas obligaciones.

Hoy por hoy, Felipe VI, escorado a la derecha y tomando decisiones que desprecian a lo mejor de España, parece ser el mejor abogado de la causa republicana. Gracias a él, si no enmienda su desastrosa política de toma decisiones, quizás toda la familia acabe pronto viviendo para siempre en algunos de esos países a los que mandan a Sofía a estudiar.

Se le fue la mano. Al juez instructor que investiga a Begoña Gómez se le fue la mano en su última astracanada. Se ve que el magistrado en cuestión debe ser seguidor de Napoleón y se le subió a la cabeza la frase atribuida a este de que “el juez instructor es la persona más poderosa del imperio”. Cuando uno empieza una senda indebida suele hacerlo titubeante y con cierta prudencia. Sin embargo, a medida que avanza y ve que no pasa nada se va sintiendo más cómodo en la irregularidad. Al final acaba por embalarse.

Es lo que debe haberle pasado a este juez que empezó hace muchos meses una instrucción más que dudosa, investigando a la mujer del presidente del Gobierno en busca de cualquier delito posible. No se ha cortado de hacerlo del modo más lesivo para un partido político y el más conveniente para otro, despreciando con frecuencia creciente las normas jurídicas en vigor. Así lo demuestran incluso las sucesivas correcciones por órganos superiores.

Pero se ve que le ha ido cogiendo gusto. Y claro, cuando uno se siente cómodo procesando sin necesidad de pruebas al mismísimo ministro de Justicia en vísperas de una huelga judicial, pues acaba por descuidar las formas. Hasta el punto de elevar un escrito sin corregir, ininteligible y sin el más mínimo sustento. Y claro, pues llega un momento en que tu superior ya no puede apoyarte, por mucho cariño que te tenga.

El Tribunal Supremo español no es en estos momentos un órgano judicial que se caracterice por su imparcialidad. Desde los sucesos de Cataluña en 2017, sobre todo su Sala penal, se ha convertido en un auténtico actor político, ariete de las iniciativas conservadoras y uno de los principales activos del Partido Popular en su intento de alcanzar el poder. Pero incluso la intervención de los jueces en la política tiene un límite. En esta ocasión, ratificar una petición huérfana de cualquier argumentación, mal redactada y contradictoria solo podía acabar con el desprestigio del propio órgano supremo de nuestra jurisdicción y posiblemente un durísimo varapalo constitucional o europeo.

En esta tesitura, algún magistrado medianamente astuto del Supremo ha entendido que la torpeza del juez Peinado les ofrecía la posibilidad de un efectista lavado de cara. Han decidido ir con buena parte de su artillería contra el instructor desmelenado. Su Auto es contundente. Rechaza la posibilidad misma de acusar a alguien de falso testimonio cuando aún no se sabe lo que es verdadero o falso; destaca que no está que la asistente de la señora Begoña Gómez haya prevaricado, ni de que el ministro lo supiera y ni siquiera de que él hubiera tenido conocimiento de su nombramiento. Para terminar, destaca rotundamente la “absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotado de mínima verosimilitud”.

Quizás, destacando por una vez lo evidente, el tribunal busca legitimarse públicamente para decisiones mucho menos razonables. Algo de esto debe haber, visto que a los propagandistas habituales de la derecha judicial les ha faltado tiempo para salir en público a proclamar que esta decisión demuestra que el lawfare no existe. Así; sin ningún rubor y menos rigor. Inundan los espacios de opinión diciendo con rotundidad que el Tribunal Supremo es neutral y trata por igual a los cargos y activistas de uno u otro color político. Y lo dicen cuando sigue adelante la errática instrucción contra la mujer del presidente del Gobierno en este mismo asunto o el más que probable procesamiento del fiscal general del Estado por los mismos jueces que se han visto abocados a rechazar los disparates del instructor Peinado.

Más aún, si normalizamos que este juez instructor –tan olvidadizo que sus errores obligan a menudo a archivar los casos que le tocan contra cargos del Partido Popular– ha intentado procesar a un ministro sin el mínimo indicio y llevado en apariencia por su inquina personal se abren muchos interrogantes sobre el resto de sus actuaciones. Sobre todo, si tenemos en cuenta que normalmente no necesita pedir al Supremo que investigue a nadie y lo hace él mismo, sin ningún tipo de control.

Así las cosas, la ciudadanía puede, legítimamente hacerse un puñado de preguntas inquietantes. Cuando este instructor empieza una investigación contra la mujer del presidente del Gobierno a partir de titulares de prensa, intenta imputarla sucesivamente por cinco delitos distintos, obliga a declarar al presidente del gobierno en persona sin ninguna utilidad para el procedimiento y facilitando que se filtren las imágenes de esa declaración, etc… ¿lo hace con algún indicio y respaldo jurídico o es lo mismo que lo de Bolaños pero ligeramente menos burdo? Quizás el Tribunal Supremo no sea consciente y los periodistas de tribunales conservadores intenten taparlo, pero este Auto legitima muchas de las dudas de la ciudadanía sobre las erráticas actuaciones de un juez instructor aparentemente empeñado en perseguir al Gobierno aunque no haya datos que lo permitan.

El Auto no es una prueba de que no hay lawfare, sino justamente una constatación de que lo hay. Y lo de menos es que en este caso concreto el propio sistema se haya visto obligado a frenarlo antes de que llegar a más. Lo que se conoce como lawfare es, realmente, la utilización política del proceso judicial con fines políticos, es decir buscando alterar los resultados electorales. No implica necesariamente condena. De hecho, una modalidad cada vez más frecuentes de este tipo de interferencias ilegítimas del poder judicial son las instrucciones que se prolongan en el tiempo aunque no lleguen, en ocasiones, ni siquiera a materializarse en un proceso penal. Lawfare es investigar durante años, sin indicios suficientes, a la mujer del presidente del Gobierno, a la vicepresidenta del gobierno valenciano o a un actor que se ha cagado en Dios. Aunque después no haya condena ni juicio. Porque el daño reputacional ya está hecho. Y si no, que se lo digan a la espigada y elocuente diputada del Partido Popular que lleva pidiendo la dimisión de Bolaños desde que el instructor Peinado pergeñó su infame escrito.

No, no es decente intelectualmente utilizar este Auto en el que nuestro más alto tribunal ratifica lo que la mayoría de juristas ya habíamos advertido sobre el escrito del juez instructor para negar la politización del Tribunal Supremo, su pérdida de imparcialidad y el abuso constante de su posición constitucional para hacer política.

El Tribunal Supremo que ahora ha rechazado el disparatado intento de procesar al ministro Bolaños es el mismo que condenó a un diputado sin más prueba que la singular y errática afirmación apodíctica de un policía y que luego, vulnerando la autonomía del poder legislativo, amenazó a la Presidenta del Congreso si no ejecutaba la condena del modo más lesivo posible. Es el mismo Tribunal Supremo declarado en rebeldía frente al Parlamento que se niega a aplicar la ley de amnistía invocando una interpretación absurda que ruboriza a cualquier estudiante de derecho. Es, en definitiva, el mismo Tribunal Supremo que con ocasión del procés en Cataluña decidió que su papel no es aplicar la ley, sino defender a la patria de separatistas y rojos.

Afortunadamente, el Tribunal Supremo es también un órgano plural y entre sus más de ochenta magistrados hay juristas responsables que intentan ejercer sus funciones con imparcialidad y la moderación que les exige la separación de poderes y el sometimiento a la ley. Por ellos, y por la masa crítica jurídica que lee y comenta sus sentencias, en esta ocasión la sala de lo penal ha decidido que lo de Peinado era ya demasiado burdo. Es buena noticia saber que en algunos casos extremos la presión externa empuja incluso a los magistrados más montaraces a cumplir con su deber. Pero eso no puede hacernos olvidar la trágica posición en la que muchos jueces sin escrúpulos están colocando a la justicia española.

Se está discutiendo estos días una reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados que entre otras cosas introduce un listado de infracciones que pueden cometer los acreditados como periodistas en la Cámara y que pueden ser sancionadas incluso con la retirada de su credencial. Coloquialmente, los medios se refieren a la iniciativa señalando que busca echar del Parlamento a los pseudoperiodistas. A estos se les suele personificar en el señor Vito Quiles, ciudadano y activista político que goza de acceso al Congreso. Así planteado, puede parecer un intento inconstitucional de silenciar a la prensa crítica. Sin embargo, lo que se está debatiendo es solo cómo evitar que quien tenga una de estas credenciales la use para actividades ilícitas ajenas a la profesión periodística.

La expresión “pseudoperiodista” ha triunfado en el debate público. Este éxito no implica necesariamente que se trate de una categoría clara. Cometemos un grave error si la usamos para referirnos a aquellos informadores que, a nuestro juicio, no ejercen su profesión con la ética o la dedicación necesarias. En ese caso, los pseudoperiodistas siempre son los otros. Los que no escriben o preguntan lo que queremos y del modo que nos gustaría.

A partir de ahí, tienen razón quienes estos días alzan la voz alertando sobre la amenaza para la libertad de expresión que supondría el que un órgano político seleccione quiénes son buenos y malos periodistas. Peor aun si puede llegar a privar de acceso, nada menos que al Parlamento del país, a aquellos informadores que le resulten molestos o simplemente no gocen de su favor.

De hecho, las Cortes Generales no pueden castigar o sancionar a ningún periodista por el contenido de sus publicaciones. Se trataría de un atentado contra su libertad de informar libremente. Los periodistas y medios de comunicación pueden decidir libérrimamente el contenido y la orientación de los contenidos que difunden. Si en algún caso incluyen errores o falsedades y lastiman los derechos de otras personas, pierden la protección constitucional, pero eso es algo que solo puede ser apreciado judicialmente. En ningún caso le corresponde a un órgano político decidir si una información es o no objetiva, ni veraz.

Cualquier control que intente ejercer el Congreso sobre los contenidos que transmiten los periodistas acreditados en él sería frontalmente contrario a la Constitución. Y por eso son un gravísimo error las declaraciones de algunos diputados estos días, a propósito de la reforma del Reglamento. Se equivoca el diputado Rufián –habitualmente un gran parlamentario– cuando le exige a Quiles que haga determinadas preguntas a políticos de ultraderecha si quiere mantener su credencial. Mal iríamos si los diputados deciden cuándo un periodista es o no objetivo o, peor aun, deciden qué y a quién debe preguntar para seguir teniendo acceso al edificio donde reside la representación de la soberanía popular. Como él, yerran todos los que desde las filas de la izquierda quieren impedir ejercer su trabajo a este u otro informador porque sea miembro de determinado partido político o porque sus ideas resultan demasiado radicales. Ese uso de lo público solo para oír lo que nos gusta está, afortunadamente, prohibido por la Constitución.

Ahora bien, que ningún periodista pueda ser sancionado por el Parlamento por el contenido de sus informaciones no significa que no puedan serlo por otras conductas ilícitas, las haga quien las haga.

Si un ciudadano con acceso a los edificios del Congreso de los Diputados utiliza ese privilegio para, por ejemplo, colarse en el despacho privado de un diputado y leer sus documentos reservados, debe poder ser sancionado por ello. Del mismo modo, si alguien aprovecha que puede entrar en esos edificios para agredir a un compañero, para insultar a otras personas o para alterar sistemáticamente el orden es razonable que se le puede impedir el acceso para que cese en esas actividades ilícitas.

El problema del ciudadano Quiles y otros como él no es que hagan preguntas incómodas. El problema es, precisamente, que no hacen preguntas. Cuando tienen un micrófono en la mano, estos escuadristas los usan para lanzar ataques e improperios. No pretenden recabar la opinión de ninguno de los políticos con los que se enfrentan, sino acusarlos a modo de ataque político. Ni recogen ni transmiten información, sino que, actuando como auténticos miembros de la oposición, construyen bulos y acusaciones que lanzan sin posibilidad de respuesta. A esa actitud, ajena por completo al periodismo, suman una agresiva falta de respeto a la cortesía y las normas parlamentarias. En las ruedas de prensa se saltan el turno de preguntas e interrumpen a compañeros impidiéndoles hacer su trabajo; por los pasillos acosan y amedrentan a representantes, técnicos, periodistas y otros trabajadores. Faltan continuamente al respeto a las personas con las que se cruzan y boicotean el trabajo ajeno.

Así, del mismo modo que es inconstitucional censurar al señor Quiles y compañía por el sesgo, el tono o la orientación política de sus informaciones, sí que resulta justificado y jurídicamente legítimo el sancionarlos cuando alteren el buen orden de la cámara o atenten a la consideración de compañeros y otro personal.

Hace años, un periodista de un diario ultra se coló ilícitamente en los despachos de los diputados Pablo Iglesias e Irene Montero y grabó en vídeo los objetos y documentos privados que allí había. Fue sancionado con la retirada de su credencial. Sin embargo, poco después el Tribunal Supremo anuló la sanción argumentando básicamente que la sanción no estaba prevista en el Reglamento (también que no se había acreditado que el castigado fuera el autor de las fotografías, pero esa es una cuestión de hecho). Lo que intenta esta reforma es que eso no se repita.

Técnicamente, lo que se está discutiendo, y no se explica bien, es la propuesta de establecer una serie de sanciones para los periodistas que alteren el orden en las sesiones o ruedas de prensa, falten a la cortesía parlamentaria, agredan a otras personas o accedan a lugares a los que no les está permitido el paso. Solo eso. Se castigará a los violentos de derechas o izquierdas que pidan una credencial para trabajar como periodistas pero se dediquen a reventar la actividad informativa parlamentaria. No hay en la propuesta de modificación del reglamento ni una coma relativa a la objetividad periodística. Mucho menos a la veracidad o al enfoque de sus noticias.

Así que mienten –o están mal informados– quienes dicen que se trata de silenciar a los periodistas incómodos. Igual que mienten los diputados que condicionan su voto a que Vito Quiles trate mejor o peor a ningún partido político. La reforma no permite perseguir a ningún periodista por motivos ideológicos. La apoyan informadores de medios conservadores y progresistas porque ninguno de ellos ve en ella el mínimo riesgo de control ideológico, mande quien mande en el parlamento.

El señor Quiles puede estar tranquilo. Nadie va a afectarle un ápice su derecho a la libertad de información. Sólo su derecho a atacar, intimidar o agredir a compañeros u otras personas. Lo extraño es que a alguien esto le parezca mal.

La exposición razonada que ha dirigido al Tribunal Supremo el instructor de la causa contra Begoña Gómez es uno de los documentos jurídicos más vergonzantes emitidos por un juez español con relevancia pública. Son tres decenas de páginas inconexas plagadas de faltas de ortografía, sin lógica alguna y en su mayor parte imposibles de entender.

Como en una farsa cómica, el juez instructor ha hecho un corta y pega de docenas de páginas de declaración, todo colocado para que, a peso, parezca que dice algo. Todos esos folios que parecen la transcripción de un monólogo del célebre Mariano Ozores dan buena cuenta de la falta de seriedad de este movimiento. En realidad son solo relleno destinado a esconder tras la palabrería absurda una iniciativa preocupante.

Técnicamente, el origen de esta extravagante petición de que se investigue al ministro de Justicia está en la denuncia que unas organizaciones ultraderechistas pusieron contra la mujer del presidente del Gobierno por un supuesto delito de tráfico de influencias aportando como única prueba los titulares falsos de unas portadas de prensa. Eso bastó para que se iniciara una instrucción prospectiva en la que el juez responsable ha ido buscando pruebas de cualquier delito posible. En este año de indagación ha intentado acusarla de tráfico de influencias, de prevaricación, de malversación y hasta de intrusismo, sin lograr pruebas de nada de ello.

Sin embargo, en el curso de sus muchas investigaciones el juez instructor encontró un par de emails en los que parece que la asistente oficial de la mujer del presidente la apoyó en actividades privadas. Con ello, el juez –Juan Carlos Peinado– asume que quien contrató a esa asistente (igual a la que han disfrutado todas las mujeres de los anteriores presidentes del Gobierno) cometió un delito de malversación por contratar con dinero público a alguien que realizaba funciones privadas. Es un disparate, porque el magistrado en cuestión ni siquiera ha logrado el menor indicio de quién la contrató. Así que mucho menos tiene indicios de que quien lo hiciera sabía que iba a atender a la señora Gómez también en sus cuestiones privadas, si es que lo hizo.

Rizando el rizo, el juez parte de que posiblemente quien contrató a la asistente fue Félix Bolaños. El número de indicios que apoyan esta convicción es cero. De hecho, la lectura de las ininteligibles transcripciones de las declaraciones anteriores muestran a un juez instructor preguntando repetidamente a todo el mundo quién firmó ese contrato. Se lo preguntó en varias ocasiones al propio Bolaños, pero ni él ni ningún otro testigo le aportaron nada que pudiera clarificar la cuestión. Así que el mismo juez que hace una semana preguntaba por el autor del contrato, porque lo ignoraba, de pronto, sin que entre tanto haya pasado nada, sabe que fue el ministro. Imposible saber a qué obedece esa revelación, porque no lo explica.

Todo apunta a que esta acusación y la solicitud de que se lo investigue guarda alguna relación con la declaración del señor Bolaños que conocimos íntegramente porque, casualmente, todo lo que hace el juez Peinado acaba filtrado en medios de comunicación de derechas. Fue de una agresividad insólita. El instructor, perdida la compostura, mostraba con arrogancia y mala educación su malestar porque el ministro no respondía lo que él quería oír. Está claro que Peinado cree que Bolaños sabía más de lo que dijo y está seguro de que sus respuestas eran una tomadura de pelo. Sin embargo, lo relevante jurídicamente es que no tiene el más mínimo indicio de todo ello.

Por si nos quedara alguna duda, en otro salto al vacío desprovisto de base jurídica, también pide al Tribunal Supremo que lo investigue por un delito de falso testimonio. Aquí su argumento roza lo disparatado y explica el porqué de las decenas de páginas de relleno: según el magistrado, Bolaños afirmó que creía que el contrato lo había firmado un funcionario… pero ese funcionario dice que tampoco sabe quién la nombró. En la cabeza del juez instructor (pero solo ahí) eso es una demostración de que Bolaños miente.

La falta de lógica de todo el asunto es tan evidente que no hace falta ser jurista para entender el disparate. El juez instructor no tiene ni un solo indicio de ninguno de los dos delitos que imputa al ministro de Justicia. No aporta el más mínimo elemento que lleve a imaginar siquiera que él decidió el nombramiento de la asistente de Begoña Gómez, menos aún de que supiera que se iba a dedicar a cuestiones privadas. Respecto al delito de falso testimonio, lo único que dijo Bolaños es que no sabía quién era el responsable del nombramiento y que había un certificado firmado por una persona, cosa que es cierta.

La pregunta del millón que se debe hacer a estas alturas cualquier lector es: ¿qué lleva a un juez instructor a inventar unas acusaciones tan burdas y sin fundamento contra el ministro de Justicia e incluso a pedirle al Tribunal Supremo que lo investigue por ello?

Es imposible saberlo. No podemos –ni queremos– estar en la mente del juez Peinado. Pero es posible aventurar posibles explicaciones. La primera es visceral. Todos nos hemos cruzado alguna vez con ese personaje que en medio de una pelea que va perdiendo, impotente, amenaza al resto al grito de “cuidado conmigo, que estoy muy loco”. Quizás el juez Peinado sea uno de esos. Un movimiento jurídicamente tan zafio puede ser fruto de la desesperación. Ante la imposibilidad de descubrir al responsable del nombramiento de la asesora, cegado por la que él considera chulería de Bolaños resistiéndose a darle la contestación que exigía, decide castigarlo. En ese caso estaría usando la imputación, ahora investigación, como mecanismo para asustar y presionar a los testigos que no se adaptan a sus planes.

Junto a esa hay otra posible explicación, mucho más grave. Félix Bolaños es en este momento ministro de Justicia. En dos semanas los jueces han convocado una huelga de dudosa constitucionalidad contra sus propuestas de reforma de la Justicia. En este panorama alguien puede pensar que es tentador para el Tribunal Supremo utilizar este asunto, incluso planteado sin la mínima base fáctica, para amenazarlo y hacerle saber quién manda de verdad en este país.

Y sí, quizás quien manda no sea el pueblo español, del que emanan todos los poderes y en cuya representación actúa el Parlamento. Por encima cada vez se hace más evidente la voluntad de algunos jueces de usurpar la voluntad del Estado sustituyéndola por la suya propia.

En el peor de los escenarios, la resolución del juez Peinado sería un aviso de que los jueces no solo se pasan la voluntad del legislador por el arco del triunfo sino que, si hace falta, estarían dispuestos a abusar de sus poderes para amedrentar a los políticos con los que no comulgan.

Esperemos que el Tribunal Supremo ponga freno a esta tropelía y más temprano que tarde empecemos a recuperar el Estado de derecho, tan en riesgo en estos momentos.