Desalojos forzosos, especulación urbanística, brutalidad policial, torturas, encarcelamientos arbitrarios, discriminación por cuestión de género u orientación sexual, violación sistemática de los derechos humanos y laborales son algunas de las características que parecen tener en común los países elegidos por la FIFA para hospedar Mundiales, al menos, desde 2010. 

Otra de las constantes pasa por lo cuestionable de los procesos de votación para seleccionar a los ganadores. Por un lado, Alemania, Sudáfrica, Rusia y Qatar fueron acusados de sobornar a diversos miembros de la FIFA para garantizar que organizarían sus respectivas Copas del Mundo. Estados Unidos, por su parte, se vio inmerso en una polémica relacionada con incumplimiento de una norma de la propia FIFA basada en el conflicto de intereses de algunas de las federaciones que debían emitir su voto, además de una amenaza velada por parte de Donald Trump hacia aquellos que no apoyaran su candidatura para 2026. 

El pasado 11 de diciembre, se anunció la concesión de la sede de este torneo en 2030 para la candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos (con Argentina, Uruguay y Paraguay hospedando tres partidos de la fase de grupos para conmemorar el centenario de este evento, que se celebró por primera vez en 1930 en Uruguay) y en 2034 para Arabia Saudí; una revelación exenta de sorpresa dado que eran los únicos postulantes para sus respectivos años. La pregunta es: ¿cumplen estas sedes con los requisitos implícitos que parece tener en cuenta la FIFA a la hora de elegir a los ganadores?

España, Portugal, Marruecos 2030

Inicialmente presentada por España y Portugal en 2021, la candidatura sumó a Ucrania como “gesto simbólico por la paz”. Sin embargo, en 2023 este último se retiró, con el argumento oficial de que podría no estar en condiciones debido a la guerra con Rusia, aunque las acusaciones de fraude y lavado de dinero que llevaron a la cárcel al presidente de la federación ucraniana de fútbol también podrían haber tenido algo que ver en esta decisión. Marruecos terminó sustituyendo al país eslavo, lo que fue calificado como “una gran noticia” por parte del Gobierno español. Una gran noticia, ¿para quién?

Según un informe publicado por Amnistía Internacional el pasado mes de junio, “las estrategias de derechos humanos presentados para el torneo de 2030, elaboradas sin consultar a las organizaciones de derechos humanos ni a los representantes de las aficiones, no formulan compromisos pormenorizados de los riesgos que se abordarán”.

Y es que, de acuerdo con esta ONG, “la candidatura conjunta de España, Marruecos y Portugal comporta riesgos para los derechos humanos, relacionados principalmente con los derechos laborales, la discriminación, la libertad de expresión y de reunión, la actuación policial, la privacidad y la vivienda”, además de advertir que esta concesión debería usarse “como catalizador en la lucha contra la discriminación racista, sexista y homófoba que con demasiada frecuencia ha empañado el fútbol en los tres países”.

Por otro lado, un Mundial en seis países de tres continentes distintos no parece la fórmula más eficiente, menos aún la más sostenible, para organizarlo. Luego, ¿qué ha podido llevar a la FIFA a tomar semejante decisión?

Arabia Saudí y la FIFA: 'quid pro quo'

En febrero de 2023 la FIFA anunció que el Mundial de Clubes de ese año tendría lugar en Arabia Saudí. Un mes más tarde, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, informó de que, tras varias conversaciones, Visit Saudi no sería patrocinador de la organización que preside. Una decisión forzada por la amenaza de decenas de jugadoras de distintas selecciones con negarse a participar en el Mundial de Australia de 2023 si este acuerdo llegaba a concretarse. Apenas seis meses después, la federación australiana, único rival de Arabia Saudí para el Mundial de 2034, decide no ser candidata para el torneo masculino; consideraron inviable intentarlo, ya que Infantino había acelerado los plazos y solo contaban con un mes para poder presentar su propuesta. La candidatura saudí tampoco parecía estar demasiado desarrollada, ya que, de los 15 estadios en los que prometieron que se jugaría el torneo, once aún no estaban construidos y cuatro necesitaban remodelaciones.

En abril de 2024 Infantino logra, por fin, su acuerdo de patrocinio con una compañía saudí, la petrolera estatal Aramco, hasta 2027. Esto llevó a más de 130 futbolistas, de nuevo, mujeres, a firmar una carta de protesta no solo porque esta empresa “desempeña un papel importante en el fomento de la crisis climática”, sino también por pertenecer “en un 98,5% a Arabia Saudí, que tiene un historial de violaciones de derechos humanos contra mujeres y otras minorías, incluida la comunidad LGTBIQA+”.

Como respuesta, además de un comunicado en el que se jactaban de invertir ese dinero en ayudar a desarrollar el fútbol a todos los niveles, incluido el femenino, el mes pasado la FIFA publicó el informe de evaluación por el que se le otorgaba a Arabia Saudí una puntuación de 4,2 sobre 5, la más alta hasta la fecha. No explicaron qué propició semejante puntaje a pesar de que en el propio informe se considerara la candidatura como de riesgo medio para los derechos humanos o por qué se estimó de bajo riesgo para la protección del medioambiente. Podría influir el hecho de que la plataforma de streaming de origen británico DAZN fuera la única empresa que pujó por los derechos televisivos de la Copa Mundial de Clubes de 2025 (que tendrá lugar en Estados Unidos) por los que pagará 950 millones de euros para retransmitir esta competición gratuitamente a nivel global. Una suma que pudieron permitirse gracias a la inversión del Fondo de Inversión Pública, el fondo soberano saudita.

Tras hacerse oficial la concesión de la sede del Mundial 2034, 21 organizaciones publicaron una declaración conjunta en la que denunciaron que “la imprudente decisión de la FIFA de adjudicar la Copa Mundial 2034 a Arabia Saudí sin asegurarse de que existen protecciones adecuadas para los derechos humanos pondrá muchas vidas en peligro. Basándonos en pruebas claras disponibles hasta la fecha, la FIFA sabe que, si no se llevan a cabo reformas fundamentales en Arabia Saudí, los trabajadores serán explotados e incluso morirán, y aun así ha optado por seguir adelante sin tener esto en cuenta. La organización corre el riesgo de tener una importante responsabilidad respecto a los numerosos abusos contra los derechos humanos que se cometerán”.

FIFA, Israel, Qatar

El artículo 4 de los estatutos de la FIFA establece que “cualquier discriminación contra un país o un grupo de personas” puede ser castigada por esta institución con “suspensión o expulsión”. Basándose en ello, el pasado mes de mayo la Federación Palestina de Fútbol acusó al Estado de Israel de “violaciones de los derechos humanos” y a la Federación Israelí de Fútbol (IFA), de “complicidad”, por lo que solicitó ante dicha organización que se los sancionara. En un principio, la FIFA debería haber emitido su resolución en julio, pero lo pospusieron y contrataron a “expertos independientes” para que los asesoraran. La decisión debería haberse tomado durante una reunión que tuvo lugar en Zúrich a principios de octubre, aunque la volvieron a aplazar con el argumento de que debían actuar con cautela ante las implicaciones de cualquier determinación. Tanto la federación como los clubes rusos fueron suspendidos cuatro días después del inicio de la guerra con Ucrania.

En noviembre de 2024 la FIFA publicó al fin el informe que prometió tras la finalización del Mundial de Qatar. Aquí se determinó que si bien la FIFA tomó una serie de medidas para que las autoridades qataríes mejoraran las condiciones de los trabajadores migrantes, “se produjeron una serie de impactos graves en los derechos humanos entre 2010 y 2022” y que es plausible concluir que la FIFA contribuyó a algunos de ellos, por lo que “tienen la responsabilidad” de compensarlos económicamente, si bien la mayor cuota recae sobre el Gobierno de Qatar. Dos días antes de la publicación de dicho informe, la FIFA había anunciado la creación del Fondo del Legado de la Copa Mundial de Qatar 2022 por valor de 50 millones de dólares, que se usarían para proyectos de desarrollo internacional. Varias organizaciones de derechos humanos, sindicatos, grupos representativos de aficionados y sindicatos de jugadores habían solicitado que la FIFA proporcionara a los trabajadores al menos 440 millones de dólares (el equivalente a los premios que recibieron los equipos que competieron) en concepto de indemnización.

Cuando Infantino se hizo con la presidencia de la FIFA, tras el FIFAGate, prometió que los procesos de elección de las sedes de los Mundiales se llevarían a cabo con transparencia y que su organización se volvería más democrática. Tras el escándalo surgido por la celebración de Qatar 2022, prometió que se esforzaría por reforzar los requisitos que deberían cumplir los candidatos sobre derechos humanos. 

Ninguna de las sedes elegidas para hospedar los torneos de 2030 y 2034 cumple con el reglamento de licitación de la FIFA, que el propio documento define como “jurídicamente vinculante”; tampoco parece cumplir con el artículo 4 de sus estatutos y ha ignorado su propio informe respecto a su responsabilidad sobre la sistemática vulneración de derechos que tuvo lugar antes y durante la celebración de Qatar 2022. Si bien la FIFA ha tenido en su mano la oportunidad de cambiar la narrativa, los hechos indican que parece más interesada en perpetuarla.

A pesar del dolor que todavía hoy sienten las víctimas de ETA y los GAL que participaron en este acto, de sus intervenciones no se desprendía ánimo de venganza, sino una firme voluntad de conciliación.

El conflicto vasco es, probablemente, uno de los problemas de la sociedad española más complicado de abordar, especialmente cuando se es consciente de que se hace desde fuera, sin tener la menor idea de lo que significa vivir amenazado, o sin haber sido torturado o sin que nadie de tu entorno haya sido asesinado. Tanto por ETA como por los GAL. O sin saber lo que significa vivir bajo una permanente persecución por parte del Gobierno, por ser sospechoso (e, incluso, acusado y encarcelado por ello) de ser miembro una organización terrorista, solo por formar parte de la izquierda abertzale o por el mero hecho estar de acuerdo con la independencia de Euskal Herria, tal y como sigue sucediendo todavía.

Este, entre otros, es uno de los motivos por los que fue tan relevante el II Encuentro por la Paz y la Convivencia en Euskal Herria, organizado por el C.P. San Carlos Borromeo y celebrado este viernes en el auditorio “Marcelino Camacho” de Comisiones Obreras de Madrid. Como ponentes de la mesa redonda se encontraban: Axun Lasa, víctima de tortura y hermana de Joxean Lasa, secuestrado, torturado y asesinado por los GAL; Karmen Galdeano, hija de Xabier Galdeano, fundador del diario Egin y asesinado por los GAL; Rosa Rodero, viuda del ertzaina Joseba Goikoetxea, asesinado por ETA; y Luis Otero, excomandante del Ejército español, fundador de la Unión Militar Democrática. También había sido invitada Rosa Lluch (hija de Ernest Lluch, político socialista asesinado por ETA), quien por cuestiones de salud no pudo asistir, pero que mandó una emotiva carta explicando los motivos por los que consideraba que debían celebrarse actos como este. Incluso Lucía Carrero, nieta de Carrero Blanco (que ya había acudido al primer encuentro), envió un escrito de apoyo a este acto.

Àngels Barceló, moderadora de la mesa redonda, pidió a cada una de las participantes que contara su historia. Los relatos de ellas fueron conmovedores, pero también profundamente inspiradores. De sus intervenciones se desprendía un dolor desgarrador que, a pesar del tiempo transcurrido, no había remitido, pero ni un ápice de rencor. Eran mujeres que habían tenido la desgracia de vivir situaciones espantosas, entre las que estaban las amenazas, las torturas y el asesinato de sus seres queridos, pero no personas en busca de una venganza mediante la que resarcir su daño. Eran historias narradas desde la honestidad con el objetivo de compartir para entender y hacerse entender y, desde ahí, encontrar un lugar desde el que poder avanzar, todos juntos, en pos de la resolución del conflicto, de una sociedad mejor.

Ante semejantes testimonios, no se puede evitar pensar que, quizás, si en lugar de estar preocupados por encontrar un ganador y un perdedor del conflicto vasco, en lugar de clasificar a quienes sufrieron tanto en víctimas de primera y víctima de segunda, nos afanáramos más por escuchar al otro y por entender el dolor ajeno, quizás fuera más fácil lograr una convivencia basada en el respeto. Así lo recalcó Karmen Galdeano, quien aseveró que puede que este tipo de encuentros (que son mucho más frecuentes en el País Vasco) no sirvan ni para que todas las partes se pongan de acuerdo ni para que nadie cambie su forma de pensar, pero sí para entender que “yo no soy la que más ha sufrido”. Si ellas son capaces de hacerlo, cómo no vamos a poder los demás.

Siempre digo que, de todas las que he visto, la única película que me ha cambiado la vida ha sido la de Asier ETA biok, codirigida por Amaia y Aitor Merino, quienes también acudieron como público a este acto. Hay otras que, por supuesto, me han emocionado o han significado mucho para mí, pero esta ha sido la única que ha hecho que me replantee mi papel como ciudadana respecto a este problema. La intención de los directores de esta película de no-ficción era la de contribuir a que la gente, especialmente de fuera del País Vasco, se preguntara si su visión sobre el conflicto vasco era parcial. Nada más. Una propuesta que, desafortunadamente, se ha entendido mejor en aquellos países extranjeros a los que han ido a mostrar su trabajo que en España. Cuando se estrenó, a principios de 2014, Aitor Merino se lamentaba por el hecho de que, sin verla, las distribuidoras se hubieran negado a exhibirla en sus salas, “más por lo que parece que es que por lo que en realidad es”.

Teniendo en cuenta que vivimos en un sistema capitalista, es probable que el prejuicio de las distribuidoras no fuera ideológico, sino económico. Si la gente relaciona la película con ETA, no van a querer ir a verla y, por tanto, se quedan sin clientes. Y, probablemente también, ese prejuicio que pudieran tener muchos de los potenciales espectadores venga motivado en gran parte por los medios y por las propias instituciones públicas. Respecto a los comunicadores, Aitor Merino contaba, en el coloquio posterior al estreno de la película, que la mayoría de ellos “han ofrecido una versión de los hechos que se corresponde únicamente con un sector de los implicados, pero faltan periodistas que aborden este asunto de manera global, que tenga en cuenta todas las realidades”.

La actitud del Gobierno puede resumirse con lo ocurrido precisamente en relación a este II Encuentro por la Paz y la Convivencia en Euskal Herria. En un primer momento, el C.P. San Carlos Borromeo solicitó celebrar este acto en la sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados donde en un primer momento -y por unanimidad- se dio el visto bueno. Sin embargo, dadas las múltiples protestas públicas de asociaciones como la Asociación de Víctimas del Terrorismo o Dignidad y Justicia, los diputados del PP y del PSOE decidieron revocar su inicial autorización y vetar el encuentro. Además del hecho de que, si hubieran mantenido su resolución, habría sido una forma de admitir, de alguna manera, que el conflicto vasco también es un conflicto político, lo que se demostró con esta actitud fue que no tienen ningún tipo de voluntad no solo para solucionar el conflicto, sino incluso para habilitar un espacio desde el que dialogar. Una lástima, porque si hay algún agente que tiene la responsabilidad de hacer pedagogía y propiciar, cuanto antes, un entorno desde el que poder encontrar una solución es, precisamente, el Gobierno.

Cuando se abrió el turno de preguntas, la corresponsal de La Tribune de Genève, Cécile Thibaud, quiso saber cuál era la idea final a la que habían llegado. “Cada uno de los ponentes ha contado su historia y ha explicado por qué cree que celebrar este tipo de actos es importante, pero ¿cuál es la conclusión de todo esto?”. Desafortunadamente, aún estamos muy lejos de poder, siquiera, exponer las posibles claves que puedan llevar a la sociedad española a resolver este problema. Más bien, estamos en la fase cuyo objetivo es que todas las partes implicadas, directa o indirectamente, se sienten a conversar. Y gracias a este encuentro se logró. Por primera vez, Madrid acogió un diálogo conmovedor entre víctimas del GAL y de ETA al que, entre otros, acudieron como público José Amedo -condenado a 108 años de cárcel por formar parte de los GAL- y varios expresos de ETA. Si hay que sacar una conclusión, me quedo con la que me dio Amaia Merino al terminar el acto: “Ha habido momentos en los que he sentido que este es un día histórico”.