Al pensar en la complejidad de la cadena de producción por la que pasa cada prenda hasta llegar a los escaparates, parece difícil creer que hoy compremos un 60% más de artículos que hace tan sólo 15 años. Este aumento del consumo tan solo puede explicarse por un descenso vertiginoso de los precios de las prendas, pero ¿son esos sus precios reales? y, si no lo son ¿quién está pagando el precio real de la ropa con que nos vestimos?

Hoy conmemoramos el aniversario de la catástrofe de Rana Plaza, en la que hace cinco años murieron 1134 personas en el derrumbe de un edificio de talleres textiles en Bangladesh. En la fábrica se producían prendas que serían más tarde vendidas por marcas internacionales en todo el mundo; entre ellas el Corte Inglés, Mango, o Inditex. El desastre supuso para muchos un despertar: sólo ajustando cada céntimo se consiguen los precios -y los beneficios- de una industria como la de la “fast fashion”; y ajustar cada céntimo es un eufemismo que enmascara más horas extra, aguantar unos meses más antes de cambiar una escalera de incendios oxidada, o ahorrar unos días en las jornadas de formación sobre el trabajo con productos químicos peligrosos.

En efecto, la industria textil es la segunda más contaminante del planeta tras la del petróleo y  la que mayor número de niños trabajadores explota. ¿Son todas las empresas de la industria textil culpables de ello? Evidentemente no, pero datos agregados tan escalofriantes no pueden esconder sino verdades incómodas. Y es la responsabilidad de los poderes públicos atajar un problema de cuya solución depende la vida de millones de personas y la confianza de los consumidores europeos que quieren poder comprar artículos con la tranquilidad de que ninguno de ellos ha sido cosido con trabajo esclavo o pagado con sangre.

El año pasado el Parlamento Europeo dio un paso adelante decisivo con la aprobación de una Resolución sobre el sector de la confección (2016/2140(INI)) en que pedía a la Comisión Europea una propuesta legislativa. El Parlamento expresó una posición clara: las iniciativas de empresas que, voluntariamente, deciden actuar de forma más responsable son loables, pero insuficientes. Deben ser complementadas con una iniciativa legislativa que exija a las empresas procedimientos de obligado cumplimiento y que tenga capacidad de establecer   responsabilidades para las que no los respeten en una justicia extraterritorial. La comunidad internacional está negociando en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de Ginebra la elaboración de una Norma internacional obligatoria que asegure el cumplimiento de los derechos humanos a través de su protección, su respeto y su reparación en todo el mundo. Esa es también nuestra exigencia.

Ha pasado un año y la Comisión no ha avanzado aún hacia la elaboración de esta legislación, pero muchos eurodiputados seguimos insistiendo en la urgencia de ello. No podemos seguir de brazos cruzados lamentándonos de que “estas sean las reglas del juego en el mundo globalizado”. La globalización es un hecho y es nuestra responsabilidad adaptar la legislación europea e internacional a este nuevo contexto. Es un derecho para los consumidores, que merecen que nadie les haga cómplices de estos hechos; para las pequeñas empresas que quieren reglas claras y una justa competencia para todos; y, sobre todo, para las víctimas, porque otro Rana Plaza no debe repetirse. Porque entre todos tenemos que evitar la explotación y la esclavitud laboral y la vulneración de las normas internaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los derechos humanos.

Desde que la constitución de la Organización Mundial del Comercio y su Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) sentaron las bases del actual sistema de patentes, éste se ha mostrado poco efectivo a la hora de desarrollar innovaciones centradas en las necesidades de la población, así como ineficiente e injusto por la centralidad del beneficio económico en el sistema actual de innovación biomédica.

En efecto, los precios no reflejan ni el valor terapéutico del producto ni los costes de I+D, sino que vienen fijados por criterios de marketing. Parece evidente que la forma de fijar los precios de un medicamento, cuya función, no lo olvidemos, es salvar vidas, no debería obedecer a los mismos criterios que otros mercados de bienes o servicios como el de televisores o muebles. Existe en definitiva un abismo moral entre el precio de un medicamento y el coste de su producción, reconocido incluso por algunos altos ejecutivos de la industria como Mike Kelly, CEO de Kantar Health: “El coste de producción de un medicamento es ínfimo en comparación con su precio de mercado”.

En los últimos años, el sistema fallido de innovación biomédica, que antes parecía afectar solamente a los países de rentas medias-bajas y bajas, ha comenzado a afectar también a los países de rentas medias-altas y altas, con el claro ejemplo de los nuevos medicamentos de acción directa para el tratamiento de la hepatitis C, o los nuevos medicamentos antitumorales, cuyos elevados precios ponen en riesgo la sostenibilidad y la solvencia de los sistemas sanitarios públicos de estos países.

El problema de fondo es que, al aplicar las leyes del mercado al sector farmacéutico, aparece lo que en la industria se califica como “fallos de mercado”, y que en realidad significa miles de vidas perdidas por culpa de las llamadas “enfermedades desatendidas” como el chagas, ébola y zika. Estos “fallos de mercado” están también en el origen de una de las mayores crisis de salud global a las que nos enfrentamos: la resistencia microbiana a antibióticos. La industria farmacéutica ha destinado pocos recursos al desarrollo de una nueva generación de antibióticos porque estos tratamientos tienden a ser cortos y no les ofrecen la rentabilidad de las enfermedades crónicas.

¿Qué debemos hacer? ¿Cómo hacer frente a un sistema que está diseñado para que los beneficios económicos sean los que guíen la investigación y desarrollo de nuevos fármacos? ¿De qué manera visibilizar los esfuerzos de investigación que se hacen con dinero público para que reviertan en un mejor acceso de la población a los medicamentos? ¿Cómo eliminar los rastros de corrupción dentro de la negociación-imposición de los precios de los medicamentos? ¿Cómo hacer que el acceso a los medicamentos como parte del derecho a la salud se conjugue con la existencia de incentivos que animen a la investigación de nuevos medicamentos?

Las respuestas a todas estas preguntas no son sencillas, pero al menos son preguntas que ya están siendo reconocidas, no sólo como legítimas, sino también como piedra angular de las políticas de innovación y legislación sobre medicamentos en los próximos años dentro de la Unión Europea y los Estados Miembros. Un informe publicado y presentado por los ministros de sanidad de Holanda y Bélgica concluyó que “mientras que generalmente se aceptan y reconocen los retos, no hay consenso en torno a si los elevados precios son resultado de una lógica de políticas de precio mal concebidas, un fracaso más generalizado de todo el sistema de desarrollo de medicamentos, o incluso resultado de valores y principios deshonestos sobre los que reposa el sistema de desarrollo de medicamentos”.

Este jueves el Parlamento Europeo ha votado un informe titulado Opciones para mejorar el acceso a medicamentos. En él se reconoce la necesidad de reformar el modelo actual de innovación en biomedicina para que responda a las necesidades reales de salud pública. A pesar de ser un paso en la dirección adecuada, queda mucho camino por recorrer, ya que aunque la UE tiene una oportunidad de oro para situarse a la vanguardia de la lucha por un modelo más justo, se enfrenta al modelo anacrónico e insolidario guiado por los criterios de mercado.

Diferentes colectivos de la sociedad civil se han esforzado para que dicho informe recogiera una apuesta real por la transparencia en los procedimientos de fijación de precios, por la introducción de criterios de interés público en la distribución de ayudas de investigación y por la creación de un nuevo marco de investigación biomédica que deje atrás el sistema de patentes y se centre en las necesidades en salud y la sostenibilidad de los sistemas sanitarios públicos. Sin embargo, la presión de la industria y de colectivos que siguen viendo en el ámbito del medicamento una oportunidad para vehiculizar importantes oportunidades de negocio hacen que esto no sea tan sencillo.

Con este artículo queremos clarificar cuáles creemos que han de ser los pilares fundamentales en los que se base un modelo de innovación biomédica que sirva para facilitar el acceso a los medicamentos y mejorar la salud de la población:

Transparencia y rendición de cuentas en los procedimientos de investigación, tanto con fondos públicos como privados, con importancia nuclear de las políticas de declaración y control de los conflictos de interés, así como de las políticas de publicación de datos en abierto para la potenciación del conocimiento compartido.

Fijación de criterios de interés público en el establecimiento de las líneas estratégicas de la Unión Europea y los estados miembros.

Impulso a la investigación con fondos públicos, vinculándola en su diseño a la detección de necesidades y facilitando los procesos de traslación a su aplicación clínica. En la actualidad, la investigación y desarrollo con fondos privados parasita a la realizada con fondos públicos, no viéndose representada esta última en la fijación de precios de medicamentos que, aunque en sus fases finales se hayan desarrollado por parte de la industria farmacéutica privada, se gestaron en sus fases de investigación básica a partir de fondos públicos. La realidad es que los europeos pagan dos veces por sus medicamentos: una a través de sus impuestos y otra cuando los compran.

Diseño de herramientas estandarizadas de cálculo de los costes de investigación y fabricación de medicamentos, de modo que el establecimiento de los precios no dependa de las cantidades dadas de forma unilateral por la industria fabricante de dichos productos.

Establecimiento de mecanismos de transparencia en la negociación y la fijación de precios de medicamentos; impulso a los procesos de compras comunes que logren disminuciones de los precios unitarios y la desvinculación de estos con los costes de producción (fabricación e investigación).

El desarrollo de estas medidas ha de hacerse monitorizando su impacto sobre la equidad y su distribución basada en la cobertura de las necesidades en salud de la población, sin convertir a los pacientes en el combustible de un sistema que hasta ahora se ha centrado en maximizar beneficios centrándose en las necesidades de rentabilidad y no de salud.

Hablando en plata, el actual sistema de innovación en biomedicina descansa habitualmente sobre resultados científicos manipulados, tiende a impedir la innovación derivada, obedece a principios de confidencialidad que privan al proceso científico de transparencia. Es, además, masivamente derrochador debido a la ausencia de datos compartibles, el solapamiento de investigación clínica y el derroche de gasto en marketing en detrimento de la I+D. Tal y como afirma Ian Chalmers, fundador de la Cochrane Collaboration, “más del 85% de los recursos invertidos son desperdiciados por causas prevenibles”.

Además, los conflictos de interés permean todo el proceso de desarrollo, aprobación y marketing de nuevos medicamentos. Puesto que el 89% de los fondos de la Agencia Europea de Medicamentos dependen de las tasas cobradas a la industria farmacéutica, no es sorprendente que muchos altos funcionarios de la EMA sean producto de “puertas giratorias”. La situación es tan grave que la Defensora del Pueblo Europeo ya ha expresado su preocupación y comenzado a investigar.

También las asociaciones de profesionales de la salud, e incluso de pacientes, son cortejados por la industria farmacéutica. El propio Consejo de Europa se ha quejado sobre los “efectos nocivos de la interacción entre la industria farmacéutica y los responsables de tomas de decisiones políticas en el sector de la salud”.

Cientos de lobistas de la industria ejercen una influencia asfixiante sobre las políticas públicas y menguan los esfuerzos de los defensores de la salud pública y representantes de la sociedad civil. Es urgente que se ponga la transparencia, la investigación pública y las necesidades en salud de la población en el centro del modelo de innovación biomédica y de la introducción de las innovaciones farmacéuticas en los sistemas públicos de salud, pero esto no se logrará manteniendo el actual marco de poder existente entre la Unión Europea, los estados miembros y las diferentes industrias que juegan un papel destacado en este ámbito. Para lograrlo es fundamental generar cambios dentro de los repartos de poder; las instituciones públicas han de hacer uso de posiciones dominantes de poder respecto a la industria farmacéutica, no solo por la institución, sino principalmente por las personas a las que representan. Las patentes no pueden estar por delante de los pacientes, así como el lucro no puede estar por delante de las necesidades en salud.

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Lola Sánchez Caldentey, diputada del Parlamento Europeo por Podemos.

Marta Sibina Camps, diputada por Barcelona G.P. Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Rita Bosaho Gori, diputada por Alicante G.P. Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Hay ocasiones en que las contradicciones de la política económica de la Unión Europea se hacen aún más tangibles de lo habitual. La semana pasada tuvo lugar uno de esos momentos en que, a pesar de llevar ya tres años trabajando en el Parlamento Europeo, sus paradojas me indignaron como el primer día.

El martes pasado la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo dio su visto bueno al CETA, el macro tratado comercial negociado entre Canadá y la Unión Europea. Este era el último paso que faltaba antes de que el CETA estuviese listo para votarse en la sesión plenaria del Parlamento Europeo el 14 de febrero. Lo paradójico es que un día después, en la Comisión de Desarrollo del Parlamento, se presentaba el borrador de un estudio sobre el impacto de CETA en los países en desarrollo. Un borrador que, como reconoce su autor, se encuentra como primer obstáculo con que en los estudios que se habían hecho hasta entonces no se habían recopilado ni tenido en cuenta datos específicos sobre cómo afectará el tratado a estos países. Ante la falta de datos el estudio se limita a sacar conclusiones aproximadas de fuentes secundarias, o deducir posibles efectos a partir de los estudios que se han hecho para otros acuerdos. Y estas pocas conclusiones son nefastas para los países en desarrollo.

Se trata de uno de los ejemplos más sangrantes de cómo la Unión Europea no tiene reparos para violar sus propios principios elementales cuando el beneficio de los lobbies está en juego. Este futuro estudio en profundidad llegará tarde, si es que llega, y sólo nos quedará la posibilidad de luchar para poner parches al destrozo que vamos a provocar en medio mundo con la puesta en práctica de este tratado.

El artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea estipula explícitamente que “la Unión tendrá en cuenta los objetivos de la Cooperación para el Desarrollo al aplicar las políticas que puedan afectar a los países en desarrollo”. Sin embargo, esta semana hemos tenido la ocasión de comprobar una vez más cómo el impacto de las políticas de la Unión Europea en los países en desarrollo es la última de las preocupaciones de la Comisión. Y también a pesar de haber firmado y ratificado acuerdos como el de París, sobre el clima, o los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el seno de la ONU, ninguno de estos compromisos se interpone en el camino de los negocios. La incoherencia y el cinismo de las instituciones europeas –de quienes las gobiernan– no tienen límites.

¿Y a partir de ahora, qué?

Que el CETA sea aprobado o no por el Parlamento Europeo dependerá ahora de para quién tengan oídos los Eurodiputados. Al igual que la Comisión de Comercio Internacional se ha pronunciado a favor del CETA, la Comisión de Empleo se pronunció en diciembre en contra. Ante la evidencia de que CETA tan sólo puede beneficiar a una minoría empresarial –y que se cobrará estos beneficios en puestos de trabajo y condiciones laborales de la mayoría– se unió así a los más de tres millones de ciudadanos, tres mil municipios y cientos de ONG que están contra del tratado.

Queda por ver en febrero cuál de las dos opciones se impone en la plenaria.

Debemos estar preparados para reaccionar ante la posibilidad –más que probable– de que los engranajes de la gran coalición sigan intactos y que el Parlamento Europeo vote a favor del CETA. En cuyo caso ¿cuál sería la situación?

Aunque el CETA entraría en vigor provisionalmente desde ese momento, seguiría requiriendo ser ratificado por Parlamentos nacionales y regionales y, en algunos países, esta aprobación estaría sujeta a la celebración de un referéndum. Es decir, la ciudadanía europea todavía puede ganar la batalla en el terreno en que más difícil es para la Comisión imponer su estrategia de secretismo, y para la Gran Coalición pasar el rodillo que utiliza en el Parlamento Europeo: el de los Parlamentos nacionales y regionales.

Así que, aunque la batalla en Bruselas esté previsiblemente perdida, especialmente gracias al grupo socialdemócrata, aquí no acaba la guerra. Al CETA le queda por sortear más de treinta filtros democráticos, y más de un referéndum vinculante. No lo tiene nada fácil, sobre todo si la sociedad civil organizada –la misma que ha herido de muerte al TTIP– gira sus miradas de Bruselas hacia los Estados de la Unión para ejercer presión sobre los Parlamentos e informar a la ciudadanía.

Lo más triste de todo es que sean las ONG y otros actores los que tengan que recordar a los que gobiernan que están atados a unos principios y valores superiores a cualquier interés privado, intentando poner cordura en esta locura. Que desde esta Casa de la Democracia algunas tengamos que repetir hasta la saciedad que los Derechos Humanos deben ser la guía de nuestras políticas. Que tengamos que pelear por lo que debería ser obvio. Si nuestros gobernantes y representantes europeos no tienen en cuenta la dignidad de los europeos, ¿cómo van a considerar la de los ciudadanos de países pobres?

Sólo el pueblo salva al pueblo. Y sólo los más estúpidos políticos seguirán defendiendo un modelo comercial y económico que, además de dañar profundamente los pilares de la Democracia y violar los Derechos Humanos, provocan el renacimiento del fascismo en Europa y de fenómenos tan peligrosos como Trump en Estados Unidos. Los CETAs engendran monstruos.

Reflexiones tras una misión parlamentaria al interior de Tanzania, para monitorizar planes de desarrollo alimentario financiados por la UE

Dejar atrás África se parece a cuando te despides de la casa de tus padres, tu casa de siempre, antes de un largo viaje. Sabes que volverás, antes o después. Nunca te despides para siempre.

Es alucinante cómo esta tierra te hace sentir en casa, a pesar de la distancia cultural con sus habitantes, sobre todo por las complicadas, y a la vez sencillas, vidas que llevan. No he visto una sola señal de agresividad, miedo o rechazo hacia ningún compañero de la misión (cuatro eurodiputados, dos funcionarios del Parlamento y dos técnicos de grupos parlamentarios), sino todo lo contrario.

Con mi cultura y mis mochilas, yo no podría soportar que alguien de fuera, soberbiamente, viniera a mi casa a decirme cómo he de vivir. Ellos te abren las puertas de su mundo, te agradecen tu presencia y hasta que les ayudes y les dirijas, y siempre, siempre, con una sonrisa en sus labios. Puede ser simplemente ignorancia, falta de conocimiento acerca del daño que históricamente les hemos hecho y del que les seguimos haciendo desde Occidente. Pero aun así, aparecer en una aldea con grandes coches que levantan polvaredas en sus caminos, con modernos móviles, gafas de sol, nuestra piel del color de las nubes y examinando su forma de vida, en cualquier otra comunidad provocaría rechazo y un sentimiento de humillación y de inferioridad. En ellos no. Tienen una dignidad como nunca vi. Ese contraste entre nosotros y ellos no provoca envidias ni desconfianza. Sus casas son de adobe y sus niños andan descalzos, pero no se avergüenzan. Sonríen y te invitan a entrar. En la entrada hay tendederos con telas increíblemente bellas, secándose al sol y perfumando el ambiente.

El virus de la competición y de la ambición por ser mejor que el otro (entendido como tener más) aún no ha hecho mella en esta parte (quizás, pequeñas partes) de África, y es una fuente de esperanza para mí que el capitalismo aún tenga lagunas en el mundo.

Los famélicos pollos y vacas merodean por las aldeas como otros habitantes más, sin vallas, sin cercados, sin marcas que señalen quién es su dueño. Los niños y niñas, incluso de muy corta edad, se pasean libremente por los caminos porque todo el mundo sabe que esos niños son de todos, que están protegidos en todo momento.

Las tiendas y mercaderes ofrecen sus productos en medio de la calle principal en cada pueblo, sin apenas vigilancia, y por las noches hay incluso quienes no encierran el género tras candados. Recuerdo un taller de aluminio que dejaba cientos de perfiles apoyados en su fachada, cerrada la tienda. A la mañana siguiente seguirán allí. Es de una dignidad infinita que entre tanta pobreza nadie ose coger lo del otro, ni lo de todos. La confianza en la comunidad es lo que tristemente hemos perdido los desarrollados.

Desde luego, no toda África es así y en otros lugares ocurre lo contrario, la vida no vale nada y la ley de la selva impera desde que nacen.

Pero me alegra que existan aún santuarios de humanidad, si se me permite. Y deberíamos conservarlos, como quien conserva el ADN de semillas perdidas, confiando en que algún día sea posible revivirlas. Por eso, nuestra influencia sobre estas comunidades debería ser exquisitamente delicada y respetuosa. Nuestro concepto de desarrollo debe ser revisado, especialmente sus objetivos, que están basados en lo que nosotros entendemos por pobreza y riqueza, en conceptos capitalistas y por tanto economicistas, y no en lo que entienden ellos por vida digna.

Pero nuestra soberbia es infinita y permitimos que, bajo el paraguas del desarrollo, de la ayuda al desarrollo, se inoculen en estas comunidades virus muy peligrosos: el concepto de propiedad de la tierra, las vallas, los límites entre lo tuyo y lo mío.

El Gobierno de Tanzania está implementando uno de los compromisos que el G8 exige para acceder a la mal llamada ‘Nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria’, un programa de ayudas al desarrollo en ciertos países con problemas de alimentación. Ese compromiso tan peligroso está acompañado de otros muchos, como elaborar un catastro de las tierras, y así poder otorgar títulos de propiedad a los campesinos. Esto, que en principio parece una buena idea, aplicado a estas comunidades tan cohesionadas, puede provocar conflictos –de hecho los está provocando ya–, pues ese concepto de propiedad que en Occidente nos parece tan 'natural' no lo es aquí, donde muchas tierras son de uso comunal desde tiempos inmemoriales, donde los usos y costumbres sociales no se parecen en absoluto a los nuestros. La estructura social no puede absorber sin conflicto un concepto que choca con su propia cultura frontalmente.

Siglos después, Occidente exporta a África su Historia del S.XVI, cuando en Inglaterra se empezaron a cercar las tierras, los pastos, los bosques, y nace una distinción clara entre los terratenientes y los que no tienen nada, entre el propietario y el desposeído. La Enclosure Act, o Ley de cercados, de 1727, acabó por dinamitar la propiedad colectiva, y toda Inglaterra se llenó de muros y gentes sin tierra.

Estos cambios en los usos de la tierra en Tanzania afectarán a las comunidades de pastores, numerosas en estas tierras, como las tribus masáis, y que en algunos casos se convertirán en gente sin tierra al no poder acceder, por derecho consuetudinario, a las tierras en las que habitan y cultivan desde hace siglos. Encontrarán vallas y límites por el camino y se verán obligados a dejar de ser pastores nómadas. La humanidad y la tierra perderán toda una cultura que además es sostenible y a la que deberíamos defender, también aquí en Europa.

Otros de los compromisos firmados y en proceso de implementación son bajar impuestos a las empresas extranjeras, reducir o eliminar el ‘IVA’ sobre el comercio de semillas, facilitar la entrada de semillas patentadas, de agroquímicos y de maquinaria agrícola. Crear un Banco de Tierras, y facilitar al inversor el acceso a grandes extensiones de tierras a bajo precio. Construir infraestructuras hídricas y de comunicación.

Por supuesto, aquí están las grandes: Sygenta, Unilever, Monsanto o el bonito Fósforos Unidos Ltd. Con cada uno de estos monstruos de capital, el Gobierno de Tanzania ha asumido otra serie de compromisos, más concretos y detallados que el marco general mencionado anteriormente, adaptados a sus intereses específicos. En el caso de Unilever, este contrato se llama memorándum de entendimiento, como si Unilever fuera un sujeto internacional equiparable al Estado de Tanzania.

A grandes pinceladas, el plan de la New Alliance es el siguiente: las multinacionales del agrobusiness ponen en producción grandes extensiones, enseñan a los campesinos a cultivar en sus propiedades especies desconocidas por ellos, que a veces no se comen, pero que tienen mayores beneficios en el mercado –como el té o el algodón–, les venden las semillas transgénicas y estériles, además de los químicos que contaminan y acaban quemando la tierra, y al final les compran la cosecha. Cobrarán a través de una aplicación de móvil, por lo que se tendrán que comprar uno y contratar con Vodafone, que está también metida en el tinglado de la New Alliance, y es quien posee esa aplicación.

Estando en el poblado de Ikwega, en el interior de Tanzania, escuchamos por fin la voz de los campesinos. Estaban contentos porque sabían que veníamos y nos recibieron cantando y bailando, éramos la sensación del pueblo. Tuve sentimientos extraños, me recordó a Bienvenido Míster Marshall, y me sentí miserable.

Una mujer campesina nos leyó un comunicado acerca de las muchas cosas que aprendían acerca del té en la escuela de Unilever, y al terminar, ya sin leer, se quejó modestamente de no tener para comer, ya que donde antes plantaba comida hoy hay té y lo que le pagan por el té no les da para comer. Toda una mejora. Esto no es desarrollo, es capitalismo.

Los que gobiernan las instituciones europeas de forma casi dictatorial son hoy líderes mundiales en la competición internacional por ver quién desmantela con más precisión y rapidez los Estados de Bienestar

Últimamente se habla mucho de la falta de democracia en las instituciones europeas. Hemos vivido con espanto los chantajes y humillaciones al pueblo griego, o las 'recomendaciones' por parte del presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, (al que ninguno podemos votar), sobre a quién votar y qué coalición debe gobernar, en las elecciones generales de Portugal o de nuestro país. O que a pesar del evidente fracaso de las políticas de recortes y de control del déficit, sigan desde Bruselas exigiendo aún menos gasto público en los presupuestos generales. ¿A qué intereses responden? ¿A quién representan?

Ellos tienen un plan, y lo están aplicando con mano de hierro y corazón de hiel.

Los que gobiernan las instituciones europeas de forma casi dictatorial son hoy líderes mundiales en la competición internacional por ver quién desmantela con más precisión y rapidez los Estados de Bienestar, y quién bloquea mejor los procesos democráticos.

El TiSA (Trade in Services Agreement o Acuerdo para el Comercio de Servicios) uno de los varios tratados que están siendo negociados, es un ejemplo a sumar a la larga lista de proyectos legislativos que facilitan el camino para la dictadura de las multinacionales. Éste en concreto implicará a unos 50 países y persigue la liberalización del mercado de servicios a un nivel nunca visto.

Esta semana hemos votado en sesión plenaria el informe que el Parlamento Europeo elabora con la intención de marcar las líneas de negociación a la Comisión Europea, que es quien tiene competencia para negociar y redactar los acuerdos comerciales en nombre de los 28 Estados miembros. Pero este informe es solo una recomendación a los negociadores, y no una orden, a pesar de que el Parlamento sea la única institución europea que podemos elegir los ciudadanos. La Comisión puede, o no, hacernos caso. La Comisión es todopoderosa.

El TiSA se lleva negociando desde hace varios años en absoluto secreto. En secreto, como siempre, para la ciudadanía, no para las multinacionales, que son las grandes impulsoras de esta idea, y las que se sientan a la mesa con los funcionarios que redactan, principalmente, sus deseos. Conocemos más del TiSA por las filtraciones a WikiLeaks que por la propia Comisión Europea, los gobiernos nacionales o los principales partidos. Y cuando se oculta algo, y algo de tamaña importancia, es que hay temores fundados de que no guste a casi nadie.

El TiSA, este macro-acuerdo, mastodóntico en sus dimensiones geográficas, poblacionales y económicas, es un hermano del TTIP (acuerdo de inversiones entre EEUU y la UE, en negociación), y del TPP (acuerdo de inversiones entre EEUU y 11 países del Pacífico, ya redactado y a la espera de ser ratificado), y sus pretensiones son las mismas: favoreces a las multinacionales y a los fondos de inversión.

Cuando los foros multilaterales no salen al gusto de los grandes, como ha ocurrido con la Ronda de Doha en el seno de la OMC, la solución es saltarse esos foros y hacer las cosas por su cuenta. La OMC ha dejado de ser un foro válido para EEUU y la UE porque los países en vías de desarrollo tienen voz y voto, y con el mismo peso que ellos. Setenta y siete de los países menos desarrollados del mundo hicieron piña para evitar que la globalización fuera marcada solo por los grandes; básicamente para intentar salir de su situación como países-despensa de los pocos afortunados que vivimos en el primero de los primeros mundos. Occidente ha hecho lo que le ha dado la gana durante toda la vida en el hemisferio sur, y no soportan que países como Sudáfrica, Brasil o Nigeria vengan ahora a decidir también sobre el futuro del globo. Ésta es la razón de ser del TiSA. Si voy perdiendo en el juego, corto la partida, lo recojo y me lo llevo.

Si las formas son malas, el fondo no es mejor. El desarrollo de internet y del comercio mundial impulsado por él, hace necesario establecer algún tipo de regulación al respecto. En eso estamos todos de acuerdo. Pero el camino no es liquidar la regulación existente, sino mejorarla, para que ese real y potencial comercio mejore la vida del mayor número de gente posible, en todas partes. Pero ese no es el objetivo, ya que quienes dirigen esta Europa no trabajan para nosotros.

Cuando nuestros líderes europeos trabajan mano a mano con Monsanto, Goldman Sachs, British American Tobacco o Repsol, es que no están pensando en la gente corriente que intenta sobrevivir, a duras penas, a esta crisis originada por esos mismos gigantes del capital, y a sus insensatas soluciones económicas que profundizan en la recesión, pero que aumentan sus ganancias.

Algunas de las disposiciones de este acuerdo tratan de establecer mecanismos para que éstas y otras empresas puedan eludir las normativas nacionales sobre el comercio de servicios. Es un acuerdo que intenta hacer un by-pass a los procesos democráticos, que son un verdadero dolor de cabeza para las compañías, puesto que los parlamentos se dedican, básicamente, a regular todo tipo de actividad, como es lógico si no eres un animal selvático. Que haya normas para limitar las emisiones de CO2, para regular las actividades financieras, o para diseñar la compra pública, son solo un ejemplo de lo que ellos mismos llaman 'obstáculos al comercio'. Son todas aquellas normas que limitan su capacidad de acción, que les constriñen y les queman. Les arde el Estado en su faceta de protector de su gente y de su medioambiente. Pero no quieren acabar con él, quieren que trabaje para ellos.

El TiSA es una herramienta más para conseguir este objetivo. Que el Estado siga construyendo hospitales, colegios, comprando ordenadores y contratando gente, pero que ellos, los grandes, los muy grandes del mundo de las empresas, sean los únicos proveedores. Quieren que todo sea privatizable y privatizado, y que sea imposible devolverlos luego a las manos públicas. El Estado es una máquina de gastar, y ya está bien de que sea el Parlamento, la voluntad popular, quien decida cómo y dónde se gasta ese dinero público. Los ayuntamientos no podrán discriminar positivamente al proveedor local, que suele ser la opción más lógica y común, a la hora de hacer sus compras y licitaciones. Ninguna administración pública podrá tratar de forma diferente a la IBM que a Pepe, el de la tienda de informática del pueblo.

Es solo un ejemplo de hasta qué punto estos tratados comerciales modificarán profundamente nuestra forma de vivir y trabajar. Y esto no lo digo solo yo, pues son palabras del Secretario de Comercio norteamericano, refiriéndose al TTIP. Yo añado que también modificarán la forma en que nos gobernamos y legislamos. Dejará sin sentido el voto, pues dará igual quién se siente en los escaños. Podríamos, directamente, poner maniquíes en el Congreso de los Diputados, pues servirían para lo mismo: para nada.

Estas reglas del juego, donde unos pocos gigantes deciden el futuro de millones de personas sin ni siquiera informarles, no pueden continuar.

Y es entonces cuando se hace aún más evidente la necesidad de repensar y analizar por qué nuestros dirigentes, especialmente a nivel europeo, no piensan en Pepe, ni en su pueblo, y sí en la IBM. Ésta no es la Europa que todas tenemos en nuestro imaginario, es una Europa secuestrada, que se ha convertido en enemiga de los más débiles y compañera de entes avaros e inconscientes. Hace 70 años nos dimos una Carta de Derechos Humanos que ésta gente está despedazando, sin ni siquiera darnos cuenta, en nuestro patio de atrás. Urge reflexionar sobre ello y hacer algo al respecto.

Si ellos tienen un plan, nosotros, la gente y la Tierra, necesitamos otro. Un plan alternativo a esta deriva neoliberal y cruel. No podemos quedarnos sentados lamentándonos y observando las barbaridades que se les ocurren a los fondos de inversión para maximizar sus beneficios a costa de lo que sea.

Yo digo que ya basta. Ese plan alternativo, ese Plan B, ya está en nuestras mentes, aún desperdigadas, pero puede hacerse real cuando nos unamos, ponerlo en papel entre todos y todas, y llevarlo a las calles y a las instituciones. Llevarlo a todas partes: a las universidades, a los centros de trabajo, a los medios de comunicación. Es el Plan de la dignidad y del respeto por los derechos y libertades alcanzados durante décadas de lucha de nuestras madres, abuelos y bisabuelas. Se puede, claro que se puede, porque juntos somos más fuertes. Podemos protegernos y proteger nuestra Casa.

Creo que es hora de que nosotros, los de abajo, que somos muchos más, recojamos el juego y nos lo llevemos.

"La Unión Europea, en su superioridad política y sobre todo económica, se impone como un monstruo neocolonizador en aquellas regiones y Estados que aún creen que somos, o podemos ser, una versión humana del capitalismo y del libre comercio", defiende Sánchez

El 10 de diciembre se celebraron los 67 años de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de Naciones Unidas. Casi 70 años en los que hemos avanzado en la extensión y profundización de los derechos y libertades que recoge esta Carta. Aunque no tanto como, seguro, pensaron sus redactores, entre los que se encontraba, por ejemplo, Eleanor Roosevelt, o el vasco-francés René Cassin, que consagró su vida a la defensa de la paz y la justicia, y que elaboró el primer borrador de la Declaración, recibiendo por ello el Nobel de la Paz en 1968.

Pero como bien decía Miguel de Unamuno, a veces, una cosa, de tanto sabida, se olvida.

Desde que llegué al Parlamento Europeo, hace ya año y medio, no he parado de pelear a brazo partido para que los Derechos Humanos sean reconocidos y respetados por esta respetable casa, que alardea sin descanso de ser una exportadora de derechos y libertades al resto del mundo.

Nada más lejos de la realidad. La Unión Europea, en su superioridad política y sobre todo económica, se impone como un monstruo neocolonizador en aquellas regiones y Estados que aún creen que somos, o podemos ser, una versión humana del capitalismo y del libre comercio. Y eso no existe.

La Unión Europea no nació para esto. Pero hoy su principal función es atornillar al suelo de muchos países en vías de desarrollo alfombras rojas para que nuestras grandes empresas - y a veces no tan grandes - tengan vía libre para explotar, especular y endeudar el futuro de muchas personas. A través de los tratados de libre comercio consiguen blindar los supuestos derechos de los inversores europeos en aquellos países que buscan desesperádamente el desarrollo y el bienestar de sus gentes, salir de la pobreza y de la inseguridad. Quieren, con toda legitimidad, disfrutar de las comodidades y beneficios de una sociedad económica, social y tecnológicamente avanzada como las nuestras.

Pero ese no es el camino que les lleva a un desarrollo justo, respetuoso con los Derechos Humanos, con la Tierra, ni con los pueblos. Estos tratados son muchas veces impuestos a la fuerza con amenazas comerciales o con retiradas de ayudas al desarrollo, como se comprobó en el caso de Ecuador gracias a una filtración. Hoy, Ecuador está dispuesto a unirse al tratado que la UE ya firmó con Perú y Colombia, y que ha traído mucho dolor a miles de personas, algunas expulsadas de sus tierras, otras amenazadas - o asesinadas - por sicarios del capital, por el hecho de defender los derechos laborales o de los pueblos indígenas. Son noticias que no ocuparán nunca las portadas de los periódicos, pero están pasando, cada día. Y detrás estamos nosotros, los europeos, nuestras instituciones, nuestros políticos y nuestras empresas.

Pero ojo, el objetivo de este capitalismo inhumano no son solo los países pobres. Todos lo somos. En Europa, EE.UU. y en el resto de países ricos estamos viviendo todo un proceso ofensivo por parte de los grandes poderes económicos, y lo peor de todo es que ni siquiera nos estamos enterando, tan inmersos como estamos en nuestras respectivas peceras de aparente bienestar, y digo aparente porque las políticas de austeridad son el primer escalón de este brutal ataque a la igualdad. Y miles de familias ya viven, en la práctica, fuera de los estados de bienestar.

Debemos medir correctamente la magnitud de la amenaza que representan los tratados comerciales y de inversión que se están negociando, y organizarnos desde todos los rincones de la sociedad para detenerlos.

El TTIP entre la UE y EE.UU.; el TiSA - tratado para liberalizar el comercio de servicios - entre más de 50 países, incluidos los de la UE; o el ya redactado TPP, entre EE.UU. y varios países del Pacífico, constituyen todo un entramado legal que pretende vaciar de capacidad legislativa a los parlamentos, además de adelgazar los derechos conquistados, tras muchas décadas, por muchas generaciones. Derechos que son considerados obstáculos al comercio por parte de algunas empresas para las que son una molestia - y un freno a su avaricia - conceptos como el salario mínimo, las subvenciones públicas a determinados sectores o la mera existencia de empresas y servicios públicos. Esto no son suposiciones mías, esto es lo que leo cada día en los documentos a los que tenemos acceso, así como en las cartas y correos que nos llegan desde los 'lobbies', donde con palabras muy cuidadas y bonitas dejan claro cuál es su lista de deseos. Cuando entro en la 'Reading Room' - sala de lectura donde se confiscan algunos documentos de la negociación del TTIP y a la que accedemos los eurodiputados como a una cámara secreta, sin móvil y vigilados por un funcionario – veo que han conseguido que su lista para los Reyes Magos se ponga sobre papel, formando parte de las exigencias de la UE al gobierno de los EE.UU., y viceversa.

A muchos inversores les molestan las limitaciones que los Estados les imponen con el fin de proteger al consumidor, al trabajador, al medio ambiente. Les molesta tener que cumplir con las leyes con las que cumplimos todos, y juegan con la fuerza que les da su enorme capital, capaz de desestabilizar el mercado de valores de un país o de hacer que suba su prima de riesgo. Tienen la sartén por el mango. Con tanto capital es también fácil comprar voluntades políticas.

El golpe maestro es una armadura legal que acompaña a estos tratados y centrado en la protección al inversor. Este es el Caballo de Troya de la ofensiva neoliberal. Estas cláusulas permiten a una empresa o inversor extranjero - y solo extranjero - demandar a un Estado si considera que una legislación le perjudica por impedir la obtención de los beneficios que esperaba. Sí, que esperaba. solo demostrando la intención que tenía de invertir y sus expectativas de ganancia es suficiente para iniciar una demanda de este tipo.

Pero aún puede ser peor. Estos casos no los dirime un tribunal doméstico y público, sino una corte privada formada por tres árbitros. ¿Y qué ley aplicarán? ¿Se basarán en la legislación del Estado en cuestión, estudiarán las normas internas o revisarán la jurisprudencia? No. Estos árbitros privados solo aplicarán los principios del tratado, aunque con ello contradigan o violen la jurisdicción interna del país. En resumen, estos tratados crean una justicia privada y paralela, superior a cualquier ordenamiento interno y a cualquier otro tratado ratificado, y les otorga a los inversores el poder de cuestionar la capacidad legislativa de un Estado, vaciándolo de facto de todo sentido, atacando directamente a los cimientos de la soberanía.

¿Y aquí acaba todo? No, falta la guinda. Si la corte de árbitros decide fallar a favor del inversor, el Estado deberá indemnizarle con dinero público. Estas indemnizaciones son todas millonarias, como millonaria es la defensa, que no suele bajar de los 8 millones de euros.

¿Y qué tiene que ver todo esto con el aniversario de la Declaración de Derechos Humanos? Todo.

Si en el año 1948 se consiguió consagrar en un solo documento los derechos que hoy todos consideramos básicos, fundamentales, incuestionables, nos despertamos hoy con un atentado directo a esta corriente que puso la dignidad de las personas por encima de cualquier otro valor. El comercio no puede ser un derecho superior a los Derechos Humanos, no puede estar por encima de la soberanía de los Estados, no puede vaciar de contenido toda la malla legal - vinculante o no vinculante - que nos hemos ido dando durante sucesivas décadas para proteger a las personas y a la Tierra de los abusos del poder, ya fuera político, militar o económico. De repente, el comercio se convierte en un dios, se pone en un altar y se le rodea de una valla con pinchos que hacen estallar algo tan básico e inmutable como el Estado de Derecho. Esto tampoco lo digo yo, lo dice Alfred de Zayas, relator independiente de Naciones Unidas, que en su último informe a la Asamblea General expone con toda claridad de qué manera estas cláusulas de protección al inversor minan claramente los Derechos Humanos. Este experto usa la frase “vértigo moral” para definir su sensación al haber estado más de dos años estudiando este tema.

No estamos en contra del comercio. Pero no es éste el comercio que queremos y que necesitamos. No es éste el tipo de comercio que facilita la extensión y profundización en el bienestar de las personas, ni el que respeta los derechos y libertades adquiridos, ni el que cuida el medio ambiente que es la única casa que tenemos, ni el que permite a los Parlamentos legislar según el mandato dado por los ciudadanos. No podemos permitir que llegue un día en el que votar no sirva de nada porque la soberanía ya no esté en manos de los pueblos sino en las de tres árbitros que nadie puede ni votar ni vetar.

Por eso es tan importante descubrir la posición de los partidos políticos ante estos tratados que pueden cambiar nuestras Democracias. Es fácil comprobar que los partidos tradicionales son cómplices de la opacidad y falta de información pública sobre ellos, sin embargo en el Parlamento Europeo se han retratado en múltiples ocasiones votando a favor de los intereses de los más grandes y en contra de los derechos de la mayoría. En Podemos lo tenemos claro, nuestro programa incluye sin dobleces la supremacía de los Derechos Humanos sobre cualquier interés económico de unos pocos que ya lo tienen todo.

Parece que esto de los Derechos Humanos, algunos no lo tienen tan sabido, aún no.

La situación en Grecia recuerda a los fascismos del siglo XX. Poblaciones sometidas a los dictados de poderes externos y no elegidos; poderes que valoran la vida humana menos que un bono del Estado

La austeridad impuesta es una estrategia implacable para desmantelar los estados de bienestar, que es el principal escudo contra las desigualdades, desequilibrios y consecuencias injustas producidas por la economía de mercado

La izquierda europea tiene una enorme responsabilidad a la hora de parar esta escalada. Si fallamos a la gente, vendrán detrás otros movimientos peligrosos

Hace unas semanas fui a Polonia, invitada por la Universidad de Cracovia, para explicar el contenido y el estado de las negociaciones del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión entre la Unión Europea y estados Unidos - TTIP.

Así que aproveché y fui a visitar Auschwitz, cerca de Cracovia.

Ver Auschwitz con mis propios ojos fue doloroso, y me provocó una enorme rabia, pero salí pensando que algo como aquello no volvería a pasar, al menos no en el corazón de Europa y en ningún otro lugar con tal escala de crueldad.

Llegué a Atenas directa desde Polonia, sólo un día después.

Estaba en la terraza del apartamento que alquilamos, ya entrada la noche, cuando un hombre comenzó a gritar amargamente desde algún balcón. Hablaba en griego, por lo que no podía entender lo que decía, pero realmente no hacía falta. Estaba enfadado, desesperado, triste, absolutamente desesperanzado. Lloraba hacia el cielo, en voz alta pero lentamente, con la voz rota intentando aguantar las lágrimas.

Repentinamente, Atenas, y toda Grecia, se apareció ante mis ojos como un enorme campo de concentración, como un enorme gueto.

La situación en Grecia recuerda a los fascismos del siglo XX. Poblaciones, como la polaca, sometidas a los dictados de poderes externos y no elegidos, agresivos y sin piedad; poderes que valoran la vida humana menos que un bono del Estado: una perversa escala de valores, una ausencia absoluta de empatía y de humanidad, tal y como nos mostraron aquellos fascistas del siglo pasado.

Hoy día en Europa, el mecanismo para poner de rodillas a la gente no es la violencia física sino la económica. Los tanques han sido reemplazados por primas de riesgo y los ataques aéreos por deudas imposibles de pagar.

Pero el fascismo económico es también una puerta al fascismo político.

La austeridad impuesta es una estrategia implacable para desmantelar los Estados de Bienestar, que es el principal escudo contra las desigualdades, desequilibrios y consecuencias injustas producidas por la economía de mercado. Cuando perdemos ese escudo protector se rompen los acuerdos sociales, y abrimos la puerta a la ley de la selva.

La pobreza y la desigualdad generalizadas, aplicadas a la fuerza sobre una población a través de oscuras -y a veces secretas- decisiones económicas, avivan la llama de la rabia y la desesperación, que pueden llevar fácilmente a abrir el camino de las ideologías del odio, como la Neo-Nazi de Amanecer Dorado.

Pero el caso de Grecia es aún más estremecedor, pues la gente habló hace ya unos meses en las urnas, expresando alto y claro que no quieren -ni pueden- soportar más esta situación. Se hace aún más impactante siendo Grecia la madre de la Democracia. Luego, estos terribles ataques son un aviso a cualquier democracia europea que ose oponerse a la ideología neoliberal dominante.

En un inquietante giro, los poderes económicos no democráticos hacen suyo el poder político democrático. Y esto sucede porque nosotros, los votantes, los ciudadanos, quienes ostentamos la soberanía, hemos delegado el poder por demasiado tiempo a unas élites políticas que se han sentido libres del control popular. Hemos dejado un hueco entre nosotros y nuestros representantes, un espacio vacío que los poderes económicos han llenado, haciendo que los políticos y las instituciones trabajen para ellos.

Son ellos quienes dictan las políticas públicas, con la finalidad de privatizar beneficios y socializar pérdidas. Son ellos los que llevan a cabo transacciones de alto riesgo, jugando al casino con los Estados, con los alimentos o con el medio ambiente, sabiendo que gracias a esta colusión con el poder político, pueden contar con el respaldo de la población para hacer frente a su infinita avaricia, si la cosa sale mal. Se comportan sabiendo que nunca van a perder.

La semilla del fascismo está sembrada.

La izquierda europea tiene una enorme responsabilidad a la hora de parar esta escalada. Si fallamos a la gente, vendrán detrás  otros movimientos peligrosos, e intentarán utilizar el enfado de la gente para llevárselos a su lado, el lado más oscuro, dañino e inhumano de nuestra especie.

La izquierda europea está en pie contra esta deriva, pero además, sólo nosotros tenemos respuesta a las necesidades reales de la gente. Somos los únicos cuya prioridad son los Derechos Humanos. La gente nos necesita, nosotros les necesitamos, pero para ello no podemos fallarles.

No podemos dejar a aquel hombre solo y gritando al cielo. Nos necesita, pero nos necesita ya. Y necesita creer en la Democracia, porque para él, Auschwitz no está tan lejos.

Traducción de la ponencia en Lola Sánchez Caldentey en “Another Europe is possible - Fighting austerity, inequalities and imbalances”, GUE/NGL Study Days, Atenas 3 Junio 2015

El jueves se votó en Comisión la inclusión o exclusión de la cláusula maldita dentro del TTIP. Y una enorme amnesia recorrió la bancada socialista, de forma que votaron un compromiso que la incluye, aunque maquillada

A veces se dan situaciones por las que comprendo a la perfección el nivel de desprestigio que conlleva la actividad política y la palabra político. Algunos han conseguido convertirla en sinónimo de mentiroso, a veces hasta compulsivo, enfermizo.

Por supuesto la corrupción estructural es la principal causa de ello, pero no la única. Estamos hartos de sufrir los continuos incumplimientos de los programas electorales, de las promesas y compromisos varios, que los politicuchos (pues no merecen ser llamados políticos, aunque algunos lleguen a ministros y presidentes), lanzan en campaña a diestro y siniestro, para sufrir al poco tiempo una amnesia terrible que entierra en su honor aquellas promesas. Gente con un enorme cementerio en su boca.

Otras veces se da el caso contrario, esto es, cuando el político ejecuta y después pretende convencer a los demás de que no ha hecho lo que hizo. Y ésta semana estamos viviendo una de estas últimas situaciones.

El jueves tuvimos votación en la Comisión de Comercio Internacional del parlamento europeo. Votábamos una posición sobre el TTIP, el acuerdo comercial que está siendo negociado con total oscurantismo y nulo conocimiento por parte de la ciudadanía.

Uno de los puntos más peligrosos para nuestra democracia (sí, para toda ella en todas sus dimensiones, así de bruto es el tratado), es el ISDS o el mecanismo para resolver conflictos entre compañías extranjeras y los Estados en los que invierten. Según este mecanismo, una empresa puede demandar a un Estado si considera que cierta legislación perjudica a los beneficios que estaba esperando. Estas disputas las resolverá una corte privada de árbitros, que suelen pertenecer a los grandes lobbies legales, y que por supuesto cobran cantidades indecentes por cada caso. Si estos árbitros acaban fallando a favor de la empresa, el Estado tendrá que indemnizarla con el dinero que es de todos (eso significa dinero público aunque a muchos les cueste entender este concepto, o respetarlo).

La polémica cláusula ISDS, con toda lógica, es objeto de discusión y enfrentamiento entre los diferentes grupos parlamentarios. En el arco las posiciones han estado claras desde un principio. ¿En todos los grupos? No, en todos menos en los socialdemócratas, S&D, que han estado jugando con la ambigüedad hasta hace poco, cuando (¡por fin!) tomaron la decisión de rechazar el ISDS. Pensábamos que habíamos ganado una primera batalla contra el TTIP, eliminando uno de sus contenidos más letales para la soberanía, la igualdad y la justicia.

Como decía al principio, el jueves se votó en Comisión, entre otras, la inclusión o exclusión de la cláusula maldita dentro del TTIP. Y una enorme amnesia recorrió la bancada socialista, de forma que votaron un compromiso que la incluye, aunque maquillada.

Como decía al principio, después de la votación, el Partido Socialista nos quiere convencer de que ocurrió lo contrario. Llegan a decir en sus redes sociales y en los medios, que gracias a ellos el ISDS quedará fuera del TTIP.

Y yo digo basta. Basta porque con el TTIP no se juega. Basta porque este tratado no se está tomando, ni siquiera por parte de los partidos que lo defienden, con la seriedad con la que deberíamos. El TTIP puede acabar cambiando nuestras vidas, en todos los ámbitos y en todos los lugares, hasta unos límites que nadie conoce ni puede conocer, por muchos estudios de impacto o proyecciones que se realicen.

El PSOE miente. Miente con la boca llena. Miente y vuelve a mentir, porque decir que ellos han sacado el ISDS del tratado es simplemente decir una gran mentira.

El compromiso que respaldaron, junto con el PP, liberales y conservadores, dice claramente que el mecanismo de arbitraje será construido a partir del nuevo marco presentado por la Comisaria Malmström. Esta presentó el 7 de mayo una 'nueva' propuesta de ISDS, obligada por la enorme presión social y por los resultados de una consulta pública que dejó clara la enorme oposición (97%) a dicho mecanismo. Pero lo que hizo fue maquillarlo. Colorete por aquí, carmín por allá, y listo. Pintamos de transparencia el proceso, incluimos un código ético para los árbitros (¿y un diccionario para que conozcan ese concepto?), y lo mejor de todo, el brindis al sol más grande de los que he visto en un año en el Parlamento Europeo: la futura creación de un tribunal internacional independiente para la solución de los conflictos empresa-Estado.

EEUU tardó un día en decir que por ahí no pasaban, que de eso nada, ni hablar del peluquín. Era de esperar. Pero eso merece un análisis más profundo y no es a donde quiero llegar hoy.

El grupo socialista europeo votó a favor del compromiso que incluye ambas propuestas: Malmström (ISDS 'tuneado') y tribunal internacional (que nace muerto). Pero se les llena la boca, y llenan las redes diciendo que son los salvadores de la democracia.

Había otro compromiso, respaldado por los verdes, la izquierda europea y 5 Stelle que, de forma explícita y sin ningún tipo de ambigüedad, exigía la exclusión del ISDS. Sin paliativos, sin duda ninguna y con toda la firmeza. Los socialistas no dieron la oportunidad de llegar a votar este compromiso, pues al apoyar la primera y alcanzar la mayoría gracias a sus votos, consiguieron que las demás decayeran.

Si los socialistas no querían ISDS debieron haber votado este compromiso, el de los Verdes, el de la izquierda, el de la gente por encima de los beneficios de unos pocos. Si los socialistas fueran socialistas, habrían votado este compromiso.

Saben que han metido la pata, mucho, demasiado para un partido socialista que ha ido enterrando en mentiras toda su ideología socialista, y en políticas económicas toda la defensa del obrero. Seguirán intentando convencernos con su cansino mantra sobre el TTIP: hemos conseguido nuestra exigencia de eliminar el ISDS. No, no lo han hecho, sino todo lo contrario.

Además de faltar a la verdad, mentir compulsivamente, las acciones de muchos representantes socialistas en esta votación, supone una alta traición a los ciudadanos, a la gente y a los intereses de la mayoría.

Inventemos otra palabra para definir al que hace política, porque yo no quiero que me llamen como a ellos.