Mientras que los andaluces aplaudíamos en los balcones a cajeras, al personal sanitario, a los transportistas, a las limpiadoras y a todo el personal esencial, Moreno Bonilla estaba gestionando el ‘pandemiazo’ como si fuera el gerente de la sanidad privada y no el presidente de todos y todas las andaluzas. Siendo esto grave, lo es todavía más la reciente publicación de la Orden de la Junta de Andalucía que fija unas tarifas de 65 euros por consultas de atención de primaria; 150 euros por primeras consultas de especialidad; 90 por sucesivas consultas y 215 euros por las de alta resolución.

En su defensa, el Gobierno andaluz ha afirmado que ningún andaluz pagará nada y que la gratuidad del sistema público no se tocará. Y es aquí donde está la trampa y por lo que este sábado tenemos que llenar las calles de todas las provincias andaluzas en defensa de la sanidad pública que, sin duda, es la mejor herencia que nos han dejado nuestros padres y madres y lo que justifica por sí solo el adjetivo “democrático y social” de la Constitución Española de 1978 y el propio autogobierno andaluz.

La Orden aprobada por Moreno Bonilla tiene afán de lucro

La trampa de la Orden de privatización de la atención primaria, más allá del precio y de quién lo vaya a pagar, es que rompe el ingrediente principal que ha hecho del sistema público de salud de España el mejor del mundo: la confianza. No se trata de que sea o no gratuito, sino de que no tenga afán de lucro. La Orden aprobada por Moreno Bonilla tiene afán de lucro, porque a partir de ahora las consultas gestionadas por las clínicas privadas ya no estarán basadas en la confianza entre el paciente y el médico, sino en la desconfianza entre quien vende y quien compra.

Hay otros países donde la sanidad es gratuita para los usuarios, pero tiene afán de lucro, y los pacientes dejan de ir al médico porque si es muy barata su dolencia no son atendidos de forma satisfactoria al no ser rentables. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el sistema de mutualidades, donde los pacientes, cuando tienen una enfermedad grave, desean ser atendidos por el sistema público porque es donde existen todas las garantías, las mejores máquinas y la mejor atención.

En el modelo de Moreno Bonilla, en lugar de pacientes, habrá clientes y es ahí donde hay que poner pie en pared. Lo que ha conseguido que España sea el segundo país del mundo con mayor esperanza de vida -solo por debajo de Japón-, a pesar de tener niveles de desigualdad elevados, es precisamente disponer de un sistema sanitario público, que a su vez se coordina directamente con los servicios sociales, los sistemas educativos y hasta con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El sistema público de salud de España no sólo cura, que también, sino que previene la enfermedad gracias a una red de centros de atención primaria, bien dotados y cerca del domicilio del paciente, que hace que el personal sanitario y los cuidados formen parte de la cotidianidad de los ciudadanos.

Lo que Moreno Bonilla está rompiendo con esta Orden de privatización de la sanidad pública es la confianza entre médico y paciente

Si una persona no confía en su médico de cabecera, porque teme que no le derive a hacerse una prueba diagnóstica porque no es rentable, seguramente no acuda cuando tenga un dolor estomacal leve para que le hagan una colonoscopia que prevenga un cáncer de colon. Si se rompe la confianza, el paciente será derivado a una colonoscopia cuando haya sangrado en las heces y quizás sea tarde para frenar el avance de un posible tumor.

Lo que nos estamos jugando los andaluces no es que tengamos que pagar o no en la consulta, sino la confianza en el sistema de salud. Lo que Moreno Bonilla está rompiendo con esta Orden de privatización de la sanidad pública es la confianza entre médico y paciente al someter la relación sanitaria al afán de lucro y a la desconfianza que se crea cuando se compran o venden cosas.

Las personas y nuestra salud no somos un bien de mercado, sino sujetos con derechos a proteger tanto por la Constitución Española como por el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Con el dinero que Moreno Bonilla pretende regalarles a las clínicas privadas se podría contratar a todo el personal sanitario necesario para terminar con las listas de espera y que la confianza siga siendo la única moneda que un paciente le enseñe a su médico en la consulta.

Estos días resuenan en mi cabeza y en mi corazón los recuerdos que tengo del proceso autonomista. Yo entonces era un niño, pero tengo grabado a fuego la imagen de mi madre atando al palo de una escoba una sábana en forma de bandera de Andalucía y a mi padre canturreando ‘La murga del currelante’ de Carlos Cano, compuesta en 1977. La letra de la canción, a modo de resumen, decía “María, coge la rienda la Autonomía, que los paraos quieren currelo” y que “se acabe el paro y haiga trabajo, escuela gratis, medicina y hospital”.

Cuando mi padre tarareaba la canción de Carlos Cano, lo que estaba diciendo es que la autonomía tenía que servirle al pueblo, que la autonomía era sobre todo una lucha por la igualdad, por ser autónomos para que los andaluces fuéramos como los que más y no para que fuéramos como los que menos. Aquello sirvió.

Donde había sanatorios, hoy hay centros de salud; donde había caminos, hoy hay carreteras; donde había analfabetismo, hoy hay gente formada y escuelas públicas; donde había emigración, hoy hay universidades públicas; donde había subdesarrollo, hoy hay una Andalucía que mira al mundo de tú a tú y con orgullo. Se ha conseguido mucho gracias a la Autonomía, demasiado para la derecha que hoy trabaja contra todo lo conquistado.

Las banderas son importantes en tanto en cuanto significaban la defensa de la igualdad. La conciencia de pueblo de los andaluces, entonces y ahora, es la conciencia de que éramos desiguales, de que nos tratan peor que a otros territorios y de que tenemos una economía colonizada que exporta mucho porque nuestras materias primas se transforman fuera, dejando a otros el valor añadido que genera lo que producimos con nuestro esfuerzo. Por eso cuando salimos a la calle, a defender la sanidad o educación públicas, abundan las banderas de Andalucía entre los manifestantes.

Mi madre no amarró la bandera de Andalucía al palo de una escoba, para ponerla en el balcón y defender el sí en la campaña del referéndum del 28F de 1981, para perdonarle los impuestos al 1% de millonarios y pagarle las clases particulares a las familias que cobran más de 60.000 euros. Mi padre no canturreaba ‘La murga del currelante’ para que el lobby de la sanidad privada multiplicara por cuatro sus beneficios.

El pueblo andaluz no se echó las calles y llenó las urnas para que los fondos europeos dedicados al fomento de las energías renovables fueran destinados a multinacionales como Endesa o Iberdrola que tienen a barrios enteros de Andalucía a oscuras, mientras baten récords de beneficios. Carlos Cano no compuso el himno popular del proceso autonomista para que las riendas de la autonomía sirvieran para que la Junta de Andalucía recurriera ante el Tribunal Constitucional el impuesto estatal a las grandes fortunas.

El 28F significa igualdad, libertad, sanidad y educación públicas, servicios sociales, tejido productivo propio, transformación de las materias primas que se producen en nuestra tierra, becas, subida del salario mínimo, vivienda como derecho, independencia de las mujeres, defensa de los pequeños y medianos empresarios frente a las grandes multinacionales que destruyen nuestros sectores productivos, protección del medio ambiente y también la inclusión de la salud mental como un parte fundamental de la salud pública.

Nuestros mayores no pusieron la bandera en el balcón porque pensaran que Andalucía tenía que diferenciarse de España, sino para igualarse a los niveles de desarrollo del resto de España y Europa. 43 años después del 28F, en el que la derecha dijo no a Andalucía, tenemos a los herederos de quienes nos negaron ser como los que más usando a su antojo los símbolos y las instituciones en las que nunca creyeron para darle la vuelta al espíritu del 4D de 1977 y del 28F de 1980.

La Autonomía de Andalucía no fue obra de un grupo de cuatro políticos en un despacho, sino un proyecto del pueblo, de los de abajo, de quienes como mi madre o mi padre ataron la bandera de Andalucía a un palo de escoba para defender otra Andalucía diferente a la de la emigración, el atraso, el colonialismo económico y la dependencia con el exterior.

Detrás de la retórica andalucista del PP lo que se esconde es la intención de subvertir el significado del 28F y del 4D. El proyecto neoliberal del PP andaluz no es otra cosa que la ruptura de los consensos que nos dimos los andaluces votando el 28F de 1981 y que están incluidos en el Estatuto de Autonomía. El proyecto de Moreno Bonilla, con sonrisa, buen rollo y amabilidad, es un proceso contra todo el proceso autonomista, pero vampirizando los símbolos, la bandera y las instituciones. Con la inestimable ayuda de Canal Sur y de la propaganda institucional.

Quieren hacernos creer que la Autonomía andaluza se conquistó para rebajarles los impuestos a los millonarios y no para que éstos pagaran los impuestos que deben pagar para tener una sanidad pública y de calidad, carreteras dignas, educación, derechos y un modelo productivo que nos libere de ser la mano de obra barata y pobre de España y del resto de Europa.

Si Blas Infante levantara la cabeza y viera que su ‘Ideal andaluz’ está siendo utilizado por la derecha para aumentar la desigualdad, destrozar la sanidad pública, degradar las escuelas y perdonarle los impuestos al 1% de millonarios, no tendría ninguna duda en recordarle a Moreno Bonilla que el andalucismo no va de banderas, sino de derechos; que el andalucismo no fue nunca de la burguesía, sino del pueblo; que el andalucismo es el patrimonio de quienes ataron la bandera a un palo de escoba y no de quienes usan esta tierra como si fuera una mina a cielo abierto: a la que vienen, extraen sus riquezas con mano de obra de barata, se las llevan para que las transformen fuera y unas pocas empresas se enriquezcan a nuestra costa.

En 1995, los trabajadores de Astilleros de la Bahía de Cádiz echaron un pulso al Gobierno de Felipe González, que presentó un plan, ampulosamente llamado 'Plan Estratégico de Competitividad', para despedir a 5.200 empleados, lo que de facto significaría echar el cierre a la planta de Cádiz y todo el ecosistema auxiliar que respiraba por los pulmones de los astilleros públicos.

Por aquellos años, la provincia de Cádiz tenía, según cifras oficiales, a 4 de cada 10 ciudadanos con edad de trabajar en paro. A este proceso de deforestación industrial de Cádiz, en Andalucía se le llamó eufemísticamente “reconversión industrial”. Nunca hubo reconversión, sino intercambio. Los países del centro y norte de Europa serían las fábricas de la Unión Europea y en el sur seríamos los camareros, cocineros, limpiadoras y taxistas. En el centro y norte de Europa tendrían los altos salarios, la tecnología, la ciencia y las fábricas y en el sur nos quedaríamos con los hoteles, las urbanizaciones, la especulación, la precariedad, lo sueldos de miseria, los karaokes y los casinos.

Para la gente de mi edad que crecimos en la Bahía de Cádiz están grabadas a fuego las luchas sindicales de nuestros padres, abuelos, tíos, primos o vecinos en aquellos aciagos días de 1995. Durante tres meses los trabajadores gaditanos dieron una batalla por su propia vida, por la de sus familias y también por la provincia de Cádiz. Ganaron, Felipe González tuvo que retirar su plan furibundo, y un cuarto de siglo después los astilleros siguen abiertos, aunque la industria ha externalizado muchas partes de su producción a empresas externas donde los operarios ganan 1.200 euros al mes por tirarse ocho y diez horas soldando estructuras de barcos con un casco en la oscuridad de una nave industrial.

Astilleros no lo terminaron de cerrar, aunque ya ni de lejos trabajan las 37.000 personas que llegaron a comer del oficio de fabricar barcos, pero cerraron Delphi, Cádiz Electrónica, Gadir Solar, Tabacalera o Airbus, que aunque no ha abandonado la Bahía de Cádiz, recientemente ha aprobado el cierre de la planta de Puerto Real y con ello irán al paro los trabajadores que prestaban sus servicios en las empresas auxiliares que daban servicio a la empresa matriz. 

Los gaditanos y gaditanas que éramos niños en los 80 y 90 crecimos con el sonido de la bocina del bocadillo y del fin y comienzo de los turnos de trabajo en las fábricas que inundaban la Bahía de Cádiz y que hoy es un reguero de naves abandonadas que se acompañan de una tasa estructural de desempleo que supera en 10 puntos a la media estatal y unos niveles de pobreza que afectan al 40% de la población, cuya traducción a lo humano es que un 40% de las personas en mi tierra no pueden comer pescado, fruta o carne como sería recomendable.  

En la crisis de 2008, las políticas de austeridad en el gasto, primero de PSOE y luego de PP, provocó decenas de despidos de la industria gaditana por freno a la actividad y con ello las cifras de paro llegaron de nuevo al 40%, como en la crisis de los 90, doblando la tasa de desempleo del resto de España. Los comedores sociales y las ventanillas de servicios sociales daban la vuelta a la esquina y el dolor de Cádiz se hizo insoportable mientras el discurso oficial era que la ciudadanía había vivido por encima de sus posibilidades.

Las manifestaciones de estos días no las protagonizan los trabajadores de grandes empresas como Airbus, Astilleros o Alestis, sino los trabajadores que trabajar para estas empresas a través de subcontratas cuyas ganancias están en la precarización de las condiciones laborales y salarios ínfimos de sus profesionales. Donde antes había un trabajador de Astilleros con sindicalización, buen salario y derechos laborales, hoy hay un joven soldador de 30 o 40 años que trabaja 10 y 12 horas al día por un salario de 1.200 euros que no llena la nevera y una temporalidad en la contratación que le impide organizar con salud mental un proyecto viable de vida.

Esto ha provocado, en el mejor de los casos, que cientos de profesionales hayan abandonado Cádiz y hoy estén trabajando en fábricas suecas, alemanas o francesas, donde se respeta la profesionalidad a cambio de buenos salarios y condiciones dignas de trabajo. La realidad de Cádiz es una provincia donde los jóvenes no tienen oportunidad laboral, salvo los tres o cuatro meses en un chiringuito en la playa, y donde ni teniendo un trabajo se llega a fin de mes.

Las gripes económicas de España en Cádiz se acaban convirtiendo en neumonías, porque en Cádiz del metal comemos todos y todas: la peluquera, el tendero, el albañil, el librero, el taxista, el funcionario y el mecánico. La economía es una cadena que si se para en una parte, deja de funcionar el mecanismo entero. 

Por eso fuera de Cádiz es imposible entender lo que está pasando y tampoco ayudan nada unos medios de comunicación que explican que arden contenedores sin explicar las causas por las que los trabajadores del metal han declarado una huelga indefinida a unos empresarios que se niegan a subir el salario un 2,5%, a pesar de que tienen beneficios año tras año y de que recibirán jugosos fondos europeos para la reactivación económica.

El dolor de Cádiz lleva camino de hacerse insoportable porque nos sabemos abandonados y víctimas de una mal llamada “reconversión industrial”, que en realidad fue una desmantelación del modo de vida con las que nos ganábamos el pan con el que alimentábamos a nuestros hijos. Cádiz no quiere ser Benidorm, quiere volver a ser Cádiz. Para ello es importante que nuestro país se tome en serio la reindustrialización y que la patronal haga un acto de patriotismo, acepte la subida salarial que reclaman y merecen los trabajadores del metal y toda una provincia que quiere futuro, no ser destino turístico para jubilados holandeses o despedidas de solteros ingleses. No habrá tanquetas suficientes para frenar a los gaditanos que luchan por llenar la nevera de sus hijos.

En el año 1986, bajo la tensión de una etapa que se caracterizó por el “ruido de sables” y con todavía en la retina de la ciudadanía las imágenes de la intentona golpista del 23-F, se aprueba la Ley Orgánica de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS). En ella se determinaron las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las FCS. Desde entonces se han llevado a cabo pocas reformas de gran calado en la política de Seguridad Ciudadana para adaptar nuestro modelo policial a la realidad social de nuestro territorio. 

Aunque aquella Ley supuso en su momento un avance importante para adaptar nuestros cuerpos de seguridad al orden constitucional, lo cierto es que no hubo en el modelo policial una ruptura total entre el franquismo y la recién estrenada democracia. Hoy, sin ninguna duda, nuestros policías y Guardias Civiles son un reflejo de la sociedad y han dado con creces ejemplo de profesionalidad y compromiso con el Estado de derecho. No ocurre lo mismo con parte de las estructuras de ambos cuerpos puesto que a día de hoy continúan en plena vigencia algunas normas de la etapa pre-constitucional.

A título de ejemplo, cabría recordar la norma por la que en ambos cuerpos se conceden las medallas. En el caso de la Policía Nacional su regulación pertenece al año 1964; en el de la Guardia Civil, al año 1976 (aunque esta última fue modificada levemente en la etapa de Fernández Díaz. Lo que vino después ya lo conocemos: la concesión de medallas a Vírgenes y amigotes. 

Hemos tenido la oportunidad de ver las dificultades que crean estas normas a la hora de retirar reconocimientos, medallas y recompensas a quienes fueron premiados por oponerse a la llegada de las libertades a nuestro país. El caso de Billy el niño es el más conocido, pero también podemos recordar las que entregó el Gobierno de Rajoy a siete policías, ahora imputados, por participar en una de las mayores tramas de corrupción policial, la conocida como “policía patriótica” cuyo miembro más conocido es Villarejo. Adjetivar como “patriótica” esa policía que se salta la Constitución demuestra igualmente cómo la derecha confunde la patria con sus intereses particulares. Por no hablar de la utilización de la policía con fines políticos durante la etapa del Partido Popular en el gobierno, que ha acabado con parte de la cúpula de la policía nacional entre rejas. 

Pero estos son sólo la punta del iceberg de muchos otros casos con las mismas características. El objetivo de las medallas en ambos cuerpos es el de resaltar servicios de especial relevancia, sacrificio y compromiso en favor de nuestra ciudadanía. No lo contrario. 

La cuestión es que necesitamos mecanismos ágiles para la retirada de esos reconocimientos a quienes incumplen esos principios. Es nuestra obligación crear la norma que no deje en la estacada a miles de agentes honrados y decentes que se quedan esperando una medalla por culpa del sistema actual. Medalla que casi siempre acaba en la pechera de personas que en pocas ocasiones han pisado la calle.

Pero el tema de las medallas supone una milésima parte de las cuestiones a abordar sobre nuestro modelo policial. Existen otros asuntos importantes: el despliegue territorial, las duplicidades en las funciones, el manejo de los fondos reservados, la descoordinación y cooperación entre las diferentes FCS, el uso y abuso de las vacantes de libre designación, la escasez de mujeres en ambos cuerpos, la falta de medios para trabajar o la falta de mecanismos eficaces que protejan algunos de los derechos de sus agentes, especialmente en la Guardia Civil. En definitiva, está pendiente una modernización y democratización efectiva, así como la adaptación de ambos cuerpos a la realidad y necesidades actuales.

Nuestro actual modelo policial hace aguas por muchas vías. Fijémonos en la situación de la España vaciada. Nos encontramos con cientos de pueblos de la zona rural que se encuentran desde hace años prácticamente abandonados, sin el servicio básico de seguridad ciudadana que el estado tiene la obligación de garantizar a todos los ciudadanos, vivan donde vivan, convirtiéndoles con esa escasez de servicios en ciudadanos de segunda. Hay pueblos que, ante la ausencia de un servicio permanente de Guardia Civil o Policía, son los propios vecinos los que, al no recibir una respuesta de las administraciones, han optado por crear sus propias patrullas vecinales, situándose al margen de la ley y asumiendo un grave riesgo al enfrentarse a esa labor. Estas salidas desesperadas e inconvenientes expresan perfectamente las carencias de nuestro modelo, que en el caso de la Guardia Civil, sigue manteniendo, ya en la segunda década del siglo XXI, un despliegue más cercano al de su fundación en el siglo XIX.

Los atentados del 11M  o los sucedidos en Barcelona y Cambrils en 2017, dejaron al descubierto la importante descoordinación y falta de cooperación entre todas las fuerzas y cuerpos de seguridad en España, otro de los problemas que acucian a nuestras FCS y que hasta ahora no se ha querido abordar en serio. 

No nos equivocamos al afirmar que, a pesar de aquellas conclusiones y transcurridos ya 17 años, no se han producido todavía avances importantes y de calado para dar respuesta a aquellas carencias que quedaron evidenciadas en aquellos trágicos episodios que incluyen los mayores atentados terroristas de la historia de España.

El problema no es de número. Si observamos los datos de la ratio del número de policías respecto a Europa, España se encuentra por encima de la media Europea. Según la Agencia Europea de Estadística (Eurostat) la media en la UE es de 318 policías por cada 100.000 habitantes. España cuenta con 361 por 100.000 habitantes, de manera que no solo estamos por encima de la media, si no que somos uno de los primeros países a nivel mundial en lo que se refiere a la ratio de agentes. Esto sin contar que desde que comenzó la crisis de 2008, y especialmente bajo el gobierno del PP, España ha perdido casi 20.000 agentes. Prácticamente ninguna unidad ha podido aún recuperarse de aquel desmantelamiento de lo público que llevó a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy también en el área de seguridad. Es ahora cuando comienzan a recuperarse las plantillas de ambos cuerpos. Si somos uno de los países como mayor ratio de policías ¿cómo es posible entonces que se esté demandando constantemente agentes para cubrir las necesidades de seguridad ciudadana? El caso más ilustrativo lo encontramos en la España vaciada, como he comentado antes, pero también podríamos hablar de la zona del Campo de Gibraltar o de las unidades de élite de la Guardia Civil y la Policía Nacional, donde también existe un importante déficit. Parece que la clave está principalmente en el despliegue actual, en la duplicidad de competencias y en la falta de coordinación y cooperación. 

Hemos visto demasiadas veces la utilización con fines políticos de las FCS, hemos asistido a demasiados casos graves de descoordinación, hemos sufrido la falta de transparencia y el obsoleto despliegue. Ya es hora de que se salde esa cuenta pendiente para dar respuesta a todos estos problemas que nacen como consecuencia de un modelo policial desfasado, y que perjudican a los miembros de las FCS y a toda la ciudadanía.

Cuando propongo abordar el estudio y reforma de nuestro modelo policial no hablo de dar solución a los problemas que el anterior gobierno del PP ha dejado en el Ministerio del Interior. Esos asuntos, que dañan la imagen de España, van por otra vía y algunos de ellos ya se están resolviendo en los juzgados. La apuesta es más ambiciosa. Se trata de  abrir en canal nuestro modelo policial, de poner en marcha una gran conversación sobre la seguridad en el siglo XXI y, finalmente, consensuar el modelo que necesitamos para las próximas décadas. La modernización y actualización de nuestro modelo policial es una cuestión pendiente y urgente. Tarde o temprano tendrá que abordarse. ¿Para qué retrasarlo? Hay que hacerlo pensando en los ciudadanos, en los retos de futuro y en nuestro estado de derecho.  La democracia que no democratiza su seguridad difícilmente podrá democratizar el mandato social de nuestra Constitución.

Coincidiendo con el día de la Pascua Militar en el que, como ya es tradición desde 1872, el Rey Felipe VI y la ministra Cospedal dedican unas palabras a nuestras Fuerzas Armadas durante su discurso en el Salón del Trono del Palacio Real de Madrid, como portavoz de Unidos Podemos en la comisión de Defensa del Congreso no quiero desperdiciar la ocasión de compartir algunas reflexiones en torno a la situación de nuestra política de Defensa. Unas reflexiones que mucho me temo que no se escucharán entre las cuatro paredes del Palacio pero que afectan al día a día de nuestra Defensa, y de las personas y familias que trabajan para garantizarla.

Como ya pude anticiparle a la Ministra Cospedal durante su comparecencia de hace unas semanas, esta legislatura es crucial en el ámbito de la Defensa, y va a tener que dar respuesta a varios problemas que no se han respondido en los últimos cuatro años por parte de su predecesor, Pedro Morenés. Muchos de ellos vienen de lejos o se han agravado con los últimos cuatro años del Gobierno de Rajoy, en el que la mayoría absoluta dificultó la necesaria rendición de cuentas al parlamento y una fiscalización del Ejecutivo que desde Unidos Podemos vamos a realizar con nuestro mayor empeño. Igual han perdido ya la costumbre pero la Ministra, y el Gobierno en su conjunto, entenderán que el control parlamentario es una labor fundamental tanto para nuestra seguridad y defensa, como para el funcionamiento de nuestra democracia.

Una de los temas que va a tener que abordar la Ministra es el derecho que tienen los miembros de nuestra Fuerzas Armadas a una carrera profesional digna, cualquiera que sea el ejército, escala o empleo que ostente. Así, no hay motivo para discriminaciones impuestas por límites de edad, como las que afectan al personal de tropa y marinería con la limitación de los 45 años. Como conozco de primera mano, esa purga trasnochada que están llevando a cabo no se mantiene en otros cuerpos (Policía Nacional, bomberos o Guardia Civil), por lo que la inclusión de nuestro personal de tropa y marinería en la carrera profesional es una asignatura pendiente que vamos a tener que abordar. La aplicación de la ley de tropa y marinería en sólo una parte –es decir, en la finalización del compromiso a los 45 años para los militares temporales-, sin que se haya implementado de forma decidida y suficiente la otra parte –preparación, titulación y acuerdos con administraciones públicas y empresas‒ deja a estos ciudadanos militares en precariedad social y sin expectativas de integración laboral.

Por lo tanto, es fundamental una ley integral para refundir a todos los militares en una ley de carrera única. Y urgen medidas encaminadas a la reinserción laboral (recogidas en la propia ley), y un plan transitorio.

Sobre el derecho de asociación y participación también hay mucho que mejorar durante estos cuatro años. El derecho de reunión y manifestación están restringidos de forma efectiva entre nuestros militares, intentándose en la actualidad incluso su prohibición. Para nuestro grupo parlamentario es imprescindible que el cumplimiento de este derecho de participación democrática sea preferente y efectivo.

Otro de los grandes retos que desde Unidos Podemos consideramos que hay que hacer frente esta legislatura es la necesidad de dejar atrás el modelo de Defensa opaco e insostenible al que nos ha llevado tanto el PP como el PSOE. El ejemplo paradigmático de lo que representa su nefasta política de Defensa son los Programas Especiales de Armamento (PEA's). Estos planes ahogan el presupuesto de Defensa de nuestro país y, por lo tanto, de nuestra propia seguridad en los próximos años. Lejos de modernizar nuestro sistema de Defensa, como supuestamente pretendían, las políticas del PP y el PSOE han condicionado el presupuesto del Ministerio (y otros) hasta 2025 con estos programas que representan una losa para nuestro presupuesto. Ello, además, supone un coste de oportunidad para la adquisición de nuevos armamentos y tecnologías más apropiadas para los retos de seguridad actuales, como las ciberamenazas.

A la insostenibilidad a la que han sometido el presupuesto de Defensa con estas compras, hay que añadirle la opacidad que han practicado en los últimos años para los pagos de los PEA's. Así, el Gobierno de Rajoy ha recurrido a practicar un camuflaje contable a través de otras partidas presupuestarias, y ha obviado la necesaria rendición de cuentas para aclarar las cifras exactas de las refinanciaciones o las negociaciones con los fabricantes. ¿A cuánto asciende la factura total de los PEA's? ¿A cuánto equivalen los sobrecostes que se han producido desde los 27 000 millones de euros iniciales? ¿Cuánto se ha refinanciado desde entonces?

Hasta que el Tribunal Constitucional no les ha parado los pies este verano han recurrido varios años a una práctica presupuestaria irregular y vergonzosa en cualquier país democrático serio: pagar una factura que se sabe desde hace más de dos décadas que había que hacer frente con un fondo para imprevistos (el Fondo de Contingencia). Por si fuera poco, también en verano, otro tribunal ha puesto nuevamente en evidencia la gestión ineficaz del Gobierno con este asunto. Como señala un informe publicado por el Tribunal de Cuentas la dotación de personal que tiene el Ministerio de Defensa asignado para la gestión de los PEA´s, es insuficiente y con una rotación elevada.

Tras el freno de la justicia a estas prácticas irregulares de maquillaje financiero que llevó a cabo el Gobierno en las últimas legislaturas, el pago previsto para 2016 se pagará el próximo año, sumándose la factura de este año con la de 2017. ¿Qué coste va a tener este retraso en los pagos por la incompetencia y la opacidad del Gobierno? ¿A qué tipo de transacción se ha llegado con los fabricantes para que accedan al retraso en los pagos? Nosotros abogamos por acabar con la opacidad y abrir paso a una modernización inteligente, eficaz y transparente. Una modernización acorde a las amenazas actuales y no a un tipo de conflicto arcaico. Por eso, nos parece crucial abrir un debate amplio con expertos y colectivos de la sociedad civil a este respecto, y adecuar nuestro modelo de defensa a un mundo en cambio constante.

Para acabar, no puedo dejar de hacerme eco del dictamen del Consejo de Estado que se ha hecho público esta semana sobre la tragedia del Yak-42 en la que fallecieron 62 de nuestros soldados volviendo de una misión en Afganistán el 26 de mayo de 2003. En el dictamen se señala por unanimidad al que por aquel entonces era Ministro de Defensa, Federico Trillo, como responsable de la mayor catástrofe de nuestras Fuerzas Armadas en tiempos de paz. Por ello, mantener a este señor todavía hoy como máximo representante del Estado Español en el Reino Unido no sólo es un insulto para aquellos que nos consideramos patriotas, sino también una muestra de insensibilidad total hacia las familias. Aunque ahora que se renuevan a los embajadores el Gobierno quiera disfrazar su relevo con un “pseudo-cese”, la responsabilidad política de Federico Trillo en una tragedia de esta magnitud, y su gestión posterior, debe traducirse en un gesto rotundo y sin más engaños a la ciudadanía.

Por eso, coincidiendo con el día de la Pascua Militar quiero decirle a nuestros militares, y a la ciudadanía en general, lo que ya le avisé a la Ministra Cospedal hace unos días. El Gobierno no nos va a tener para seguir alimentando la opacidad, el retroceso en derechos o los chanchullos contables. Tampoco para alimentar las puertas giratorias en el sector. Ni para alimentar el falso patriotismo que este Gobierno practica una vez al año en los flamantes desfiles militares.

Ahora bien, sí vamos a estar para modernizar las Fuerzas Armadas frente a las amenazas actuales, para saber y trabajar qué modelo de FFAA queremos y necesitamos. Para dignificar las condiciones sociolaborales de nuestros militares, y estar con ellos en los buenos, y sobre todo en los peores momentos. Para que la democracia y los derechos entren en los cuarteles, y en el Ministerio. Porque para nosotros esa es la mejor forma de hacer patria.

Juan Antonio Delgado Ramos

Portavoz de la Comisión de Defensa por Unidos Podemos

"Espero que los nuevos y emergentes partidos y plataformas ciudadanas se

mojen

y se impliquen en el cambio necesario para la modernización y democratización de la Guardia Civil, que sería también la del propio país", afirma el autor

Llega el cambio, ¿se olvidarán otra vez de nosotros?

El resultado de las elecciones municipales y autonómicas del pasado 24 de mayo ha venido a confirmar el cambio político en este país. Se acabaron, de momento, las mayorías absolutas, y con ello le decimos adiós al despotismo que se había implantado en la política española y que venían practicando especialmente los dos grandes partidos. Esta es la primera consecuencia del cambio que exigen los ciudadanos. Ahora deberán hacer más uso del dialogo entre partidos, obligados al entendimiento si es que quieren llegar a alguna parte.

Pero, además, el renovado escenario que han dejado las urnas debe rescatar muchas cuestiones que, por nuevas que nos parezcan, están recogidas en la Constitución del 78: el derecho a una vivienda, un trabajo digno, etcétera. Porque las cosas más básicas que los ciudadanos necesitan ya están plasmada en la Carta Magna. Otra cosa es que se quieran poner en práctica.

En realidad, este no es el primer cambio político importante que ha experimentado España. En 1982, con la llegada al poder del PSOE de Felipe González, se produjo el mayor vuelco electoral que posiblemente hayamos visto en este país hasta el momento. Es verdad que a los pocos años de gestión socialista comenzaron a conocerse casos de corrupción en los más altos niveles, alcanzando incluso el terrorismo de Estado. Nombres y casos como Filesa, Roldán, Banco de España, los GAL, etcétera, acabarían salpicando a buena parte de aquella generación que había luchado políticamente contra el franquismo.

De aquella etapa de cambio quedó una cuenta sin saldar, la de los trabajadores de la Guardia Civil. En su programa electoral, el PSOE que ganó su primera mayoría absoluta se comprometía a la desmilitarización de la Guardia Civil, a modernizar la Institución y a dotar a sus trabajadores de los mismos derechos de los que disfrutaban ya el resto de ciudadanos de este país.

Al poco tiempo, el Gobierno de Felipe González “descubrió” la Guardia Civil, una policía donde se aplicaba una férrea disciplina militar, lo que la hacía especialmente obediente (no te quedaba otra) y muy barata (reivindicar suponía el ingreso en penales militares y/o la expulsión del Cuerpo). Es decir, unos trabajadores sin derechos y algunos altos mandos dispuestos a casi todo por unas cuantas medallas, incluso a montar de forma ilegal los GAL, un grupo de terrorismo de Estado, tal y como recogen las sentencias (el General Galindo es el militar más condecorado de todos los tiempos en la Guardia Civil por poner en marcha los GAL).

Felipe González pasó de ser la ilusión y la esperanza de la inmensa mayoría de los trabajadores de la Guardia Civil a convertirse en el primer político que traicionó a los agentes. En aquella etapa nació el clandestino Sindicato Unificado de la Guardia Civil, el mismo que con el visto bueno de aquel PSOE fue reprimido duramente. Sus miembros fueron expedientados, encarcelados y expulsados, no antes sin pasar por un verdadero calvario personal y profesional. Y todo por demandar mejoras laborales para sus compañeros.

En la siguiente legislatura, el PSOE ya había suprimido de su programa la propuesta de desmilitarizar la Guardia Civil. Cuando los socialistas pasaron a la oposición, continuaron dando esperanza a los trabajadores del Cuerpo recurriendo a la ambigüedad, pero ya nunca más hablaron abiertamente de desmilitarización. Y si se comprometían a otras reformas cuando estaban en la oposición, al volver al poder sus palabras siempre se convertían en papel mojado.

De la etapa de Aznar mejor ni hablamos, ya que sólo supuso la remilitarización y el aumento de la brecha discriminatoria entre los guardias civiles y el resto de agentes de los distintos cuerpos de policías que operan en España.

La era Zapatero supuso tímidos avances, aunque siempre contra las negativas opiniones del millonario Bono y de Rubalcaba, quien fuera ministro del interior con Zapatero y que años antes ocupara el cargo de Portavoz del Gobierno de Felipe González en la etapa de los GAL. En aquellos años se produjo la mayor movilización de guardias civiles. Fue el 20 de enero de 2007, cuando miles de agentes salieron a la calle de uniforme para reclamar derechos. Fruto de aquella movilización llegaron esos tímidos avances.

Sin embargo, con la nueva llegada del PP al poder los guardias civiles no hemos hecho sino comprobar cómo retrocedían nuestros derechos y libertades bajo la gestión del actual ministro del Interior, cuyos principales méritos al frente de su cartera son los de construir en el pueblo de su madre un innecesario cuartel de la Guardia Civil, a pocos kilómetros de otro; instalar las concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla; mandar una comisión de guardias civiles a peregrinar a Lourdes con todos los gastos pagados; participar en la entrega de una bandera bordada en oro a la Guardia Civil de Álava que ha costado 37.000 euros; permitir que los agentes de la Guardia Civil se tengan que comprar ellos mismos sus chalecos antibalas y permitir que para llevar a cabo su trabajo tengan que conducir vehículos con más de 500.000 kilómetros, entre otros.

Han pasado 33 años desde aquel 1982, y todavía los trabajadores de la Guardia Civil seguimos esperando un gobierno que afronte con valentía la situación actual de la Institución, una verdadera revolución que lleve al cuerpo al siglo XXI, que lo democratice y lo modernice en todos los aspectos. Por dar a conocer algunos datos que revelan la presión que sufren los guardias civiles por esta situación, cabe decir que en la Guardia Civil se produce un suicidio cada 26 días, lo que hace que desde 1982 se hayan quitado la vida 447 agentes, más víctimas de lo que ha supuesto el terrorismo de ETA. Estas cifras, que multiplican por cinco los datos respecto al resto de la sociedad, y que también se sitúan por encima del resto de cuerpos policiales, deben obligar a los responsables políticos a una muy seria reflexión.

Los guardias civiles tienen vedados algunos derechos importantes que sí disfrutan el resto de ciudadanos de este país: la posibilidad de contar con sindicatos, el derecho a huelga, a reivindicar, a la negociación colectiva y, con una última modificación legislativa, incluso a manifestarse.

Además, los guardias civiles estamos sujetos al Código Penal Militar, cuya aplicación, al no depender del Poder Judicial, sino de la “Justicia” Militar (y, por tanto, del Poder Ejecutivo), rompe el principio de independencia e imparcialidad que debe presidir cualquier proceso judicial.

Espero que en esta nueva etapa, los partidos “viejos” cambien definitivamente su actitud con los trabajadores de la Guardia Civil, y que los nuevos y emergentes partidos y plataformas ciudadanas se mojen y se impliquen en el cambio necesario para la modernización y democratización de la Guardia Civil, que sería también la del propio país.

Porque los españoles, para los que la Guardia Civil es la institución más valorada, según el último barómetro del CIS, deben saber que todavía hoy, cuarenta años después del fin de la dictadura, los trabajadores de la Benemérita siguen siendo ciudadanos de segunda, privados de importantes derechos. Y es importante que lo sepan también los nuevos representantes de los ciudadanos recién salidos de las urnas, porque hasta que la democracia no entre en los cuarteles, España no habrá entrado de lleno en la democracia.