El Gobierno de Aragón ha abierto un expediente sancionador contra la explotación ganadera Agra Pur SL, dedicada a la cría y engorde de cerdos, ubicada en Alfamén, Zaragoza. La carne de Agra Pur se destina principalmente a la producción del Jamón de Teruel D.O.P., que se distribuye en grandes cadenas de supermercados.

El expediente se inicia tras las verificaciones realizadas por las autoridades competentes, que confirmaron las irregularidades denunciadas por la organización Igualdad Animal.

Las pruebas gráficas obtenidas evidencian situaciones graves de canibalismo, agresividad, lesiones, heridas abiertas y deformidades debido a la falta de vigilancia y de atención veterinaria, desnutrición, condiciones insalubres y de hacinamiento extremo, agua sucia, temperaturas extremas, presencia de ratas y raticida, y cadáveres abandonados y sin retirar en las áreas comunes, lo que supone también un serio riesgo sanitario.

Las conductas infractoras detectadas contravienen normativas de bienestar y sanidad animal, pero también de seguridad e higiene alimentaria, debido a que todos estos cerdos se encontraban destinados a la cadena de consumo, conllevando multas económicas de hasta 100.000 euros en materia de bienestar animal, la clausura del establecimiento y la retirada de la autorización administrativa.

Estas condiciones parecen ser recurrentes, por lo que Igualdad Animal ha solicitado la trazabilidad completa de los cerdos objeto de las imágenes para rastrear su origen y destino, lo que proporciona un control integral sobre los animales y asegura la transparencia en la cadena de suministro.

En este caso, las pruebas de los hechos denunciados se produjeron meses antes de la inspección realizada a la explotación, lo que evidencia que las irregularidades han persistido en el tiempo. Al respecto, recordemos que las disposiciones establecidas en la legislación resultan ineficaces si no se llevan a cabo inspecciones, ya que estas son cruciales para garantizar la eficacia de la normativa, dada su naturaleza preventiva. Sin embargo, el Programa Nacional de Control Oficial del Bienestar Animal en las Explotaciones Ganaderas, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, exige una tasa mínima muy baja de las inspecciones, que dependerá de las circunstancias y recursos disponibles por las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas y, en todo caso, “a fin de controlar el 3 % del total de las subexplotaciones inspeccionables, siendo deseable alcanzar el 5 % y superar en cualquier caso el 1 % de las mismas”.

Queremos resaltar la insuficiencia de las inspecciones y la falta de seguimiento, que permite que estas prácticas ilegales continúen sin ser detectadas a tiempo.

En su página web, Agra Pur asegura contar con los certificados de bienestar animal IAWS (Interporc Animal Welfare Spain), IBAW (Ibérico Animal Welfare) y WELFAIR (Bienestar Animal Welfare), que acreditan que se cumple con unas normas concretas que superan la normativa legal vigente, favoreciendo una mejora continua que garantiza a los consumidores que estos animales han sido criados siguiendo las mejores prácticas de producción. Sin embargo, a pesar de que la explotación porcina afirma cumplir con altos estándares de bienestar animal, a través de diversos sellos independientes, las pruebas obtenidas por Igualdad Animal evidencian condiciones completamente opuestas, lo que, como mínimo, cuestiona la validez de dichos sellos.

La otra granja denunciada, a la que el Gobierno aragonés ha abierto expediente sancionador, está ubicada en el municipio de Ontiñena (Huesca) y presuntamente vinculada a la empresa Joaquín Bayona y CIA; paradójicamente, esta empresa anuncia en su página oficial haber sido la primera del sector en obtener el sello en Bienestar Animal certificado por AENOR.

Los hallazgos obtenidos muestran una vez más que las condiciones extremas, la falta de atención e insalubridad, y el maltrato que padecen los animales en España no son excepciones sino la norma. Igualdad Animal ha documentado repetidamente, en numerosas investigaciones llevadas a cabo durante más de quince años, prácticas similares en la industria porcina en España.

Como sociedad, no podemos quedarnos indiferentes ante esta violencia. Es fundamental tomar medidas tanto colectivas como individuales. Mientras seguimos trabajando en la protección legal de los animales y exigiendo reformas profundas, debemos recordar la importancia de nuestro rol como consumidores de alimentos para enfrentar esta industria tan cruel.

El actual Proyecto de Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales contempla aspectos relativos a los parques zoológicos en los artículos 32.2, 32.5 y 32.6, así como en la disposición transitoria sexta, en los siguientes términos:

Artículo 32. Condiciones específicas (animales silvestres en cautividad)

 El artículo 32.1, relativo a las condiciones específicas de los animales silvestres en cautividad, prohíbe de forma expresa la tenencia, cría y comercio de animales de fauna silvestre en cautividad fuera de los supuestos admitidos en esta Ley. La anterior prohibición también queda exceptuada en el art. 32.2 cuando se trate de la tenencia, el intercambio y la cría en cautividad de animales en parques zoológicos o similares, en el marco de los programas previstos en la Ley 31/2003, de 27 de octubre, de parques zoológicos (programa de conservación «ex situ» orientado a contribuir a la conservación de la biodiversidad, programa de educación y programa de atención veterinaria) y en el marco de programas de conservación de especies amenazadas en los que participen las administraciones competentes.

El mismo precepto (art. 32.5) prevé la intervención y puesta a disposición de animales silvestres en centros de protección de animales silvestres, entidades de protección animal y zoológicos. En este último caso, dicho depósito solo será posible si no afecta a la capacidad del zoo para cumplir con los programas previstos en el la Ley 31/2003. 

Por otra parte, el apartado 6 del art. 32 regula la cría y mantenimiento de cetáceos en cautividad, limitándose a finalidades de investigación y conservación, y su uso en espectáculos sólo podrá realizarse bajo supervisión de sus cuidadores y profesionales relacionados. La Administración General del Estado, junto con las Comunidades Autónomas elaborarán directrices de gestión y condiciones de cautividad de los ejemplares de cetáceos vinculados a las finalidades de investigación y conservación. Todo ello en el marco de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, previo informe del Comité Científico y Técnico.

Disposición transitoria sexta

Aquellos cetáceos que, en el momento de entrada en vigor de esta Ley, sean objeto de tenencia en cautividad fuera de los centros de conservación referidos en el artículo 32.6, hasta su fallecimiento o hasta que sean cedidos a un centro para finalidades de investigación, podrán permanecer en sus emplazamientos actuales atendidos por sus titulares siempre que no sean reintroducibles en el medio natural, se preserven sus condiciones de bienestar y se respeten los términos recogidos en esta disposición, pudiendo ser utilizados en espectáculos, interacciones comerciales o gratuitas siempre que sea con sus cuidadores o profesionales relacionados.

La Fundación Franz Weber propone a los grupos políticos en el Senado una enmienda de supresión de dichos preceptos y disposiciones.

En primer lugar, hay que advertir que los preceptos señalados no estaban en el texto que se sometió a información pública, ni en el aprobado en el Consejo de Ministros, ni tampoco en posteriores trámites. Ha aparecido en el último momento, sin posibilidad de tener un verdadero debate parlamentario o social.

El texto de la nueva Ley no cambia en nada la Ley 31/2003 de zoos, ya que sigue permitiendo la tenencia, el intercambio y la cría en cautividad de animales en parques zoológicos. Más bien, esta reforma viene a defender el modelo actual de zoos. Tampoco implica diferenciación alguna respecto a la realidad actual de depositar animales decomisados en estos espacios. En cuanto a los cetáceos, el proyecto de Ley respalda completamente, no solo su tenencia, sino su uso en espectáculos, bajo la falsedad de finalidades de investigación y conservación.

El texto avala prácticas de espectáculos e interacciones comerciales de cetáceos, una situación ya de por sí inadmisible, como es perpetuar su tenencia en parques zoológicos y acuarios.

La introducción de esta disposición exclusivamente para los cetáceos es una clara maniobra de última hora de los lobbies de los zoos, que ven peligrar su negocio basado en la explotación de estos animales, permitiendo que los delfinarios sigan, como hasta ahora, reproduciendo y haciendo espectáculos con animales. Se llega a la paradoja de mezclar, dentro de la misma disposición, la conservación de los cetáceos con los espectáculos con cetáceos. Es una absoluta contradicción, conseguida por estos lobbies: por algo España es uno de los países europeos con más cetáceos en cautividad.

Incluso la disposición transitoria novena ampara el mantenimiento y los espectáculos de cetáceos cautivos en centros distintos de conservación. Por tanto, hasta se han esforzado en proteger a cualquiera que tenga cetáceos en cautividad para que se siga lucrando con ellos. Hay que advertir que no hay ninguna definición de “centros de conservación” en el referido artículo 32.6, ni tampoco en el apartado de definiciones de la Ley, por lo que existe una evidente inseguridad jurídica respecto a la delimitación de los lugares donde se podrán tener cetáceos hasta su fallecimiento o cesión, pudiéndose someter a interpretaciones diversas perjudiciales para los animales.

Lo único novedoso es la posibilidad de reintroducción de dichos individuos en la naturaleza, pero el éxito de dicha reintroducción de cetáceos que han vivido en cautividad bajo duros entrenamientos ya de por sí presenta muchas dificultades.

Sobre esta cuestión, es importante tener en cuenta que, si bien se han desarrollado protocolos científicos para la liberación de cetáceos rescatados y rehabilitados a corto plazo para garantizar que se optimice la capacidad de supervivencia, la literatura científica para la liberación de cetáceos bajo cuidado humano a largo plazo es escasa y los resultados de los pocos proyectos de liberación realizados científicamente informan resultados que difieren mucho unos de otros. Los principales temas de preocupación en estas situaciones incluyen la transmisión de enfermedades entre animales liberados y animales salvajes; el intercambio genético no deseado entre los cetáceos liberados y las poblaciones silvestres; la eliminación de conductas desarrolladas en el cuidado humano que pueden afectar negativamente la capacidad de supervivencia; y la capacidad del animal liberado para alimentarse adecuadamente por sí mismo, defenderse de los depredadores e integrarse en el grupo social.

Adicionalmente, en España, la reintroducción de cetáceos es una acción con ejemplos inexistentes. Por lo que actualmente no se cuenta con el suficiente conocimiento ni consenso para afirmar que la reintroducción es una práctica con potencial generalizado para ser aplicada.

La Proposición de Ley de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales, ha sido aprobada definitivamente el día 2 de diciembre de 2021 por el Pleno del Congreso de los Diputados, después de una intensa tramitación iniciada en el año 2017, y que se vio interrumpida por el cambio de legislatura en marzo de 2019. Ello, sin embargo, permitió mejorar más el texto inicial cuando se retomaron los trabajos en la nueva legislatura, pudiendo introducir nuevas enmiendas, a las ya incorporadas durante la anterior, hasta el resultado final, con el consiguiente avance histórico para los animales.

La norma reconoce expresamente a los animales como seres vivos dotados de sensibilidad (y solo les será aplicable el régimen jurídico de los bienes en la medida en que sea compatible con su naturaleza o con las disposiciones destinadas a su protección), y que un rasgo que debería singularizar la normativa ambiental y la de protección animal es la vinculación a los datos científicos. Son éstos los que nos señalan los estándares que deben legislarse y los que orientan las políticas a emprender o corregir.

Como primera premisa, es importante destacar que este principio de que la naturaleza de los animales es diferente de la naturaleza de las cosas o bienes debería presidir la interpretación de todo el ordenamiento jurídico. Tampoco hay que pasar por alto que la legislación sectorial de los últimos años ha marcado una decidida tendencia hacia el reconocimiento de la sintiencia de los animales como fundamentación jurídica que permita articular derechos en la materia. La primera ley en reconocer la sintiencia de los animales fue la Ley de protección de los animales de Catalunya (1988), pionera en introducir la concepción de los animales como “seres vivos dotados de sensibilidad física y psíquica” (2003) y modificar su código civil (2006) en consecuencia.

El estatus y el trato legal de los animales como cosas por el ordenamiento jurídico ha perdurado demasiado tiempo en el Código Civil estatal (desde su aprobación en el año 1889, fruto de la concepción del derecho romano), en contra de los datos ofrecidos por la comunidad científica que demuestran que los animales tienen una apreciación del entorno a través de los sentidos y que experimentan emociones como placer, miedo, estrés, ansiedad o felicidad, ya sea en soledad o en sus relaciones con otros seres vivos, tanto de la su especie como de otras, incluyendo el ser humano.

Esta reforma, en su esencia, supone adecuar a la realidad jurídica la naturaleza de los animales. Este cambio de estatuto jurídico y el reconocimiento expreso de que los animales son seres sintientes tiene fuertes implicaciones en diversos ámbitos que van más allá de la convivencia responsable de los animales, y que sin duda ha de repercutir en otras leyes civiles, en la normativa administrativa y en el Código Penal. Con esta norma de “descosificación” de los animales, nunca más podrán ser asimilados a las cosas con la consiguiente desprotección legal que de ello se derivaba.

España se une así a otros ordenamientos jurídicos del mundo que ya han aprobado iniciativas legislativas para abandonar la calificación de los animales como bienes o cosas.

Esta norma no se limita al cambio de estatus jurídico, sino que establece limitaciones en el régimen jurídico de la propiedad con el fin de proteger los animales y salvaguardarlos de prácticas abusivas durante la tenencia, convivencia, pérdida y hallazgo y venta de los animales.

También afecta a la inembargabilidad y a la no constitución de hipoteca sobre los animales de compañía (modificación en la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley hipotecaria); a que el interés del animal, el reparto de los tiempos de convivencia y las cargas asociadas al cuidado del animal, pueda tenerse en cuenta en las decisiones judiciales sobre disoluciones de matrimonios o parejas de hecho; a que el derecho de indemnización comprenda el daño moral por la pérdida o menoscabo grave de su salud -física o psíquica- de un animal; al derecho a percibir los gastos destinados a la curación y el cuidado de un animal herido o abandonado por quien los haya pagado; a la responsabilidad del vendedor del animal por lesiones, enfermedades o alteraciones significativas de la conducta que tiene origen anterior a la venta; el cuidado de los animales cuando falten sus responsables mediante la previsión pertinente en las disposiciones testamentarias; a la no obligación de restituir a un animal a su propietario o responsable cuando existan indicios fundados de que el animal es o ha sido objeto de malos tratos o abandono.

Con este nuevo estatus de los animales como seres que sienten, siguen siendo apropiables por las personas y objeto de relaciones comerciales, pero cualquier facultad sobre el animal amparada por esta relación de propiedad, deberá respetar esta cualidad, además de la legislación sectorial sobre protección animal, por lo que el propietario, el poseedor o el titular del animal debe ejercitar sus derechos y deberes sobre los animales atendiendo a su protección, cuidado, bienestar y evitando el maltrato, el abuso o el abandono.

Algo que destacar por ser completamente novedoso en el ámbito de la violencia doméstica, es la apreciación de la existencia de malos tratos a los animales, o la amenaza de causarlos, como medio para controlar o victimizar al otro cónyuge o a los hijos/as, para denegar la guarda conjunta de cualquiera de los progenitores.

Los legisladores se valen de la existencia de un vínculo emocional y afectivo más intenso y cercano entre las personas y los animales de familia para aprobar esta normativa de protección de los animales. Pero esta reforma también tiene afectaciones en los animales con los que no conviven las personas normalmente, y en concreto, en los animales “colocados o destinados a una finca dedicada a la explotación ganadera, industrial o de recreo”, sobre los que no se podrá constituir hipoteca como regla general (modificación de la Ley hipotecaria).

La importancia que poseen los animales en nuestra comunidad se demuestra en la regulación actual, que debe ser sistemática e integradora. Por eso, nos alegramos mucho de que por fin esta reforma haya salido adelante; y a pesar de estos avances notables, hay que seguir en otros ámbitos en leyes administrativas y penales para que la sensibilidad social quede reflejada mediante un ordenamiento coherente y completo.

Para ampliar la información, ver este enlace de Intercids, operadores jurídicos por los animales.

Se confirma la opacidad financiera del sector taurino con el incumplimiento de obligaciones mercantiles. La turbia relación de las empresas taurinas con la Ley vuelve a protagonizar otro episodio que se inició con Sevilla Pagés, S.L., a la que descubrieron incumpliendo obligaciones legales de carácter mercantil. Esta vez ha sido la sociedad Taurodelta, S.A. a quien el Ministerio de Economía y Competitividad ha incoado expediente sancionador por falta de presentación de las cuentas anuales y la documentación complementaria del ejercicio 2013 (de momento) en el Registro Mercantil para su depósito y publicación.

El expediente sancionador se inicia a instancia de la denuncia presentada el pasado mes de abril por la asesoría legal de la Fundación Franz Weber y la Asociación Animalista Libera!, ante lo que consideraron una conducta que oculta al mercado, a los socios, a los acreedores y a los eventuales contratantes la verdadera situación de la entidad, que conllevaría la imposición de las sanciones pertinentes de acuerdo con la Ley (Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital). De conformidad con este cuerpo legal, el incumplimiento por el órgano de administración de la obligación de depositar, dentro del plazo establecido, los documentos a que se refiere este capítulo también dará lugar a la imposición a la sociedad de una multa por importe de 1.200 a 60.000 euros, atendiendo al importe total de las partidas del activo y de su cifra de ventas declarado a la Administración tributaria.

Como abogada que ha llevado el asunto por parte de los denunciantes, recuerdo que la Ley de Sociedades de Capital obliga a las empresas a presentar las cuentas anuales en el Registro Mercantil para, entre otras cuestiones, prevenir la evasión fiscal o el pago de beneficios u obligaciones con los empleados.

Taurodelta, la empresa denunciada, ejerce diversas actividades empresariales y es propietaria de una ganadería de toros. Entre sus actividades está ni más ni menos que la gestión de la plaza de toros de Las Ventas en Madrid, la plaza de toros más grande de España, considerada el centro internacional del toreo, además de las de Badajoz (de la que en 2013 era propietaria) y Salamanca (de la que en 2013 era copropietaria), así como el apoderamiento de diversos “matadores de toros”. Asimismo, Taurodelta colabora estrechamente con las escuelas taurinas de la Comunidad de Madrid y desde sus comienzos al frente de la plaza de toros de Las Ventas, apoyó, promovió y participó activamente en la formación de los alumnos, una actividad que según Naciones Unidas vulnera los derechos del niño.

La Fundación Franz Weber sostiene que estas conductas tendrían que incorporarse a los informes realizados por personas (destacando el profesor Juan Medina) que alzan su voz sobre el impacto beneficioso de la tauromaquia en la economía, a través de la realización de cálculos económicos que aseguran que los toros son una grandísima actividad productiva (a lo que habría que añadir, incumplidora -por alguno de sus adeptos más relevantes- de obligaciones legales mercantiles).

Hace unos días se anunciaba por el Ayuntamiento de Madrid que retiraba la ayuda de 61.200 euros a la Escuela de Tauromaquia 'Marcial Lalanda'. La medida adoptada por dicho consistorio está en armonía con los pronunciamientos del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que insta a los Estados a alejar a los niños, niñas y adolescentes (niños: menores de 18 años) de la “violencia de tauromaquia”, al ser ésta una actividad que vulnera la Convención sobre los Derechos del Niño.

Dicha Convención fue ratificada por España en 1990 y desde entonces la Convención es Ley y forma parte del ordenamiento jurídico interno de este país. El Comité de los Derecho del Niño se ha referido a la violencia física, psicológica y emocional a la que están expuestos los niños que asisten a las escuelas taurinas y que se entrenan para causar daño y matar a un ser vivo sentiente.

De momento, el Comité, y siguiendo el calendario de los países sometidos a examen por dicha entidad internacional, se ha podido pronunciar sobre Portugal, Colombia y México. Sin embargo, esta postura del Comité tiene una repercusión de magnitud mundial, ya que la actividad sobre la que recae dicha recomendación se lleva a cabo también en España y el criterio del Comité es único, inalterable y permanente, por lo que es pronosticable que el Comité vaya a hacer la misma advertencia en un futuro próximo a España.

Extractos de los informes 'Observaciones Finales' del Comité de los Derechos del Niño sobre las escuelas taurinas:

“El Comité está profundamente preocupado por los altos niveles de violencia a los que se enfrentan los niños, y en particular, por f) El bienestar físico y mental de los niños que reciben formación para participar en corridas de toros y espectáculos conexos (...)

A la luz de la Observación general nº 13 (2011) sobre el 'Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia', y recordando las recomendaciones del estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia en contra de los niños de 2006 (A/61/299), el Comité insta al Estado Parte a dar prioridad a la eliminación de todas las formas de violencia en contra de los niños, y en particular a f) Con el objetivo de prohibir la participación de los niños en las corridas de toros, tomar las medidas legislativas y administrativas necesarias para proteger a todos los niños que reciben formación para participar en corridas de toros y espectáculos conexos (...)

El Estado Parte también debería g) Adoptar las medidas necesarias para garantizar la prohibición de la participación infantil en escuelas taurinas y corridas de toros por estar consideradas como una de las peores formas de trabajo infantil“.

El Comité de los Derechos del Niño ha afirmado que la tauromaquia es, entre otros, “un trabajo infantil peligroso y degradante para los niños”.

El Comité ha incluido dicha observación en el apartado de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a “Violencia en contra de los niños”, un hecho que refuerza la convicción de que la tauromaquia es una actividad violenta perjudicial para la sociedad y que las corridas de toros son una fuente de educación en la violencia.

Específicamente, el Comité integra las escuelas taurinas en el precepto de la Convención que declara que la disciplina escolar tiene que administrarse de forma compatible con la dignidad del niño (artículo 28.2 de la Convención).

Para dictar dichos pronunciamientos, el Comité ha tenido en cuenta el interés superior del niño, un principio universal en virtud del cual los derechos del niño prevalecen sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir o entrar en conflicto, como el derecho al acceso a la cultura también reconocido en la Convención internacional. Teniendo en cuenta que el Comité considera que los espectáculos taurinos son una actividad violenta perjudicial para el niño, el acceso a esta actividad cultural quedaría relegado a un plano inferior para obtener la máxima satisfacción de otros derechos prioritarios, como el derecho a su desarrollo físico, mental, moral y emocional.

También se ha acudido al principio de corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado, consolidado en la Convención internacional, para evitar que se apele a la exclusiva tutela de los padres para decidir la educación de sus hijos. Este principio de corresponsabilidad supone la concurrencia de la familia, la sociedad y el Estado para garantizar la protección de los niños, y convierte al Estado en responsable subsidiario de la satisfacción de los derechos del niño cuando sus tutores incumplen estos deberes.

En España, la Constitución, en su artículo 20, concibe la protección de la infancia y la juventud como un límite a otros derechos, como el derecho a la libertad de cátedra y a la producción artística. El texto constitucional también otorga a los niños, expresamente en su artículo 39, “la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”.

Además de la Constitución, los derechos de los niños están establecidos en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (recientemente modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, para otorgar a los niños más protección), la cual tiene como principal antecedente histórico y normativo la Convención sobre los Derechos del Niño. Recordemos que es esta Convención la que ha habilitado a Naciones Unidas a declarar que la formación de los niños en las escuelas taurinas constituye una grave vulneración de sus derechos.

Esta Ley española, que es de aplicación a los menores de 18 años, proclama la primacía del interés superior del niño “sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir” (artículo 2), y por este motivo no se puede acudir al derecho a la libertad (a cualquier libertad) para amparar este grave atropello de los derechos de los niños. Así mismo, como principio rector de las Administraciones públicas (artículo 11) se enuncia el de tener en cuenta las necesidades del menor al ejercer sus competencias sobre educación, cultura y espectáculos, cuestión que obliga a los poderes públicos en todos sus niveles a reconducir sus actuaciones sobre actividades taurinas, que afectan a dichas materias, en aras a proteger a los niños españoles.

Como un gran paso para encauzar esta situación, se felicita al Ayuntamiento de Madrid por la retirada de la subvención a la Escuela de Tauromaquia 'Marcial Lalanda', cumpliendo así con sus compromisos electorales ante la sociedad civil. Esperamos también que otras Administraciones se unan para llevar a cabo iniciativas similares, auténticas medidas educativas y políticas, ya que lo que se lleva a cabo hoy por los niños mejora nuestro presente y nuestro futuro.

El 22 de abril 2011, el señor André Viard, ex-torero y presidente del Observatorio Nacional de las Culturas Taurinas de Francia (Observatoire National des Cultures Taurines), anunció en el acto de apertura de la feria de Arlés que el Ministerio de Cultura y Comunicación francés había inscrito las corridas de toros en el inventario del patrimonio inmaterial del Estado francés a instancia de dicho Observatorio. Para ello, y según se pudo comprobar después, esta entidad creada en el 2008 presentó al Ministerio dos “fichas” breves descriptivas sobre las dos modalidades de corridas de toros celebradas en Francia, basando su solicitud de inscripción en el inventario en los siguientes motivos: 1) La ética y la estética como los dos pilares sustentadores de las corridas de toros; 2) La correlación entre la naturaleza y la cultura; 3) La proximidad con el animal; 4) Un patrimonio que contribuye al desarrollo duradero; y 5) La contribución de la tauromaquia al enriquecimiento del idioma.

En la solicitud del Observatorio al Ministerio francés, se hacía constar que la tauromaquia “se encuentra hoy en día amenazada desde el exterior, por movimientos de opiniones que ignoran su contexto y su significado profundo, y que pretenden erradicarla debido a prejuicios dictados por un pensamiento global, sin tener en cuenta el respeto de la diversidad de expresiones culturales”, y se añadía: “Si esta amenaza se produjera, las corridas de toros y el mundo que lo envuelve también desaparecerían y al mismo tiempo, una cultura viva, original, ejemplar en muchos aspectos, característica de una gran parte de Sur-Este de Europa y de cinco países de America Latina”.

La solicitud enviada por el Observatorio al Ministerio de inscripción de las corridas de toros francesas en el inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial, y supuestamente aceptada por el Ministerio de Cultura y Comunicación a través de una Comisión creada al respecto, se fundamentaba en los requerimientos del Convenio de la UNESCO de 2003 (Convención para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, hecha en París el 17/10/2003), ya que las corridas de toros “reflejan la sensibilidad específica de cada uno de los pueblos y comunidades que la comparten, constituyendo el núcleo de numerosas fiestas locales”. El Observatorio también señalaba que “la Fiesta está basada en el respeto que los ganaderos, toreros y aficionados sienten por el toro durante su lidia y su cría”, considerando asimismo que “la conservación de la riqueza ecológica de los espacios en los que habitan está condicionada por la supervivencia de la corrida”.

Sobre esta Convención de la Unesco, su artículo 11 enumera las funciones de los Estados Partes en aras a adoptar las medidas necesarias para garantizar la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio, entre las que se encuentran las de identificar y definir los distintos elementos de dicho patrimonio, con participación de las comunidades, los grupos y las organizaciones no gubernamentales pertinentes, y que para asegurar esta identificación, cada Estado Parte confeccionará uno o varios inventarios del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio. Así mismo, el artículo 14 establece que cada Estado parte intentará asegurar el reconocimiento, el respeto y la valorización del Patrimonio Cultural Inmaterial de la sociedad, en particular mediante programas de difusión de información dirigidos al público.

Sin embargo, en el caso expuesto, la participación para la identificación y definición mencionadas fue nula y nadie fue consultado o informado con carácter previo, sin que tampoco hubieran existido programas de divulgación al respecto, incumpliéndose gravemente la Convención.

De hecho, ésta era la intención del impulsor de la inscripción, que en declaraciones a El Mundo reconoció que la falta de información y divulgación era clave para conseguir la tan deseada inscripción. “El logro ha sido luchado por el Observatorio Nacional de las Culturas Taurinas, creada hace tres años y que por fin consigue su objetivo”, declaró André Viard. “Nos marcamos tres objetivos: unión, no orientar el debate hacia el terreno político y actuar con discreción. Por eso, cuando los antitaurinos se enteraron de la noticia hablaban de estupor y de sorpresa. Es lo que queríamos, que cuando quisieran reaccionar, fuera tarde”.

La decisión del Ministerio francés suscitó en aquel momento (abril de 2011), además de asombro y consternación, una reacción generalizada de rechazo y oposición a nivel nacional e internacional. Específicamente, la suiza Fundación Franz Weber, conjuntamente con la asociación francesa 'Robin des Bois', pidieron formalmente al Ministerio la anulación de la inscripción por numerosos motivos de carácter formal y de fondo, originada por los interrogantes sobre la legalidad del proceso que condujo a esa inscripción. Dicha petición también se llevó a cabo en paralelo por las entidades CRAC (Comité Radicalement Anti-Corrida) y 'Droit des Animaux'.

Las graves y numerosas irregularidades formales del procedimiento de inscripción, así como los motivos de fondo empleados para estar en contra de salvaguardar un espectáculo cruel y éticamente reprobable, fueron puestas en conocimiento del Tribunal Administrativo de París (Tribunal Administratif de Paris), a raíz de la denegación del Ministerio de Cultura de anular la inscripción, en cuya respuesta se intuía que estaba más centrado en conocer lo que realmente había sucedido que en argumentar los motivos, si es que así había ocurrido, de la inclusión de las corridas de toros en el inventario francés, aunque reconocía deficiencias en el proceso por falta de transparencia.

De hecho, en la respuesta recibida por la Fundación Franz Weber, el Ministerio francés indicaba que “el Gobierno francés no piensa apoyar la candidatura de la corrida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad”“, y que la clasificación como patrimonio inmaterial francés es una ”gestión/planteamiento fundada en la única existencia fáctica de estos elementos y que no constituye en absoluto un reconocimiento por parte del Estado, ni de promoción, ni le otorga un valor particular“.

Los razonamientos esgrimidos por las dos primeras asociaciones denunciantes incluían la vulneración de derechos fundamentales, como el derecho a la participación ciudadana (que hace referencia al conjunto de acciones o iniciativas que impulsan la democracia participativa a través de la integración de la comunidad a la acción política, evitando las decisiones gubernamentales unilaterales que benefician a un sector de la sociedad -en el presente caso, una actividad que rechaza mayoritariamente la sociedad), el derecho de igualdad y contradicción (al no existir las más elementales garantías para actuar en el procedimiento de inscripción en un asunto que genera grave confrontación y controversia) y el principio de transparencia (ya que no hubo publicidad en la decisión, evitando cualquier debate público).

Por todo ello, los argumentos de forma (y otros de fondo claramente opuestos al sentir actual de la sociedad, que rechaza estos espectáculos violentos, y al mismo espíritu de la Convención de la UNESCO) se orientaron en el sentido de que la decisión del Ministerio, tomada en la más absoluta opacidad, sin publicidad, de forma discrecional y no motivada, era injusta y arbitraria, vulnerándose la misma Convención que le había servido de justificación, a la par que todas las asociaciones anunciaron que las deficiencias graves del proceso, de fondo y de forma, serían llevadas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuestión que no ha sido necesaria porque la Corte de Apelación de París (Cour Administrative d'Appel de Paris) ha reconocido, en fecha 1 de junio de 2015, que “debe considerarse que la decisión de incluir la tauromaquia en el inventario del patrimonio cultural inmaterial ha sido derogada”. A dicha conclusión llega el Tribunal después de considerar que la supresión de cualquier mención de la inscripción en el sitio web del Ministerio de Cultura desde el mismo mayo de 2011 ha provocado dicha derogación, ya que la decisión de inscribir “se había materializado por la puesta on line en la web del Ministerio”.

Dicho esto, el Tribunal ha manifestado que el recurso de las apelantes no tiene lugar, y también cabe destacar que con anterioridad a la apelación el Tribunal negó legitimación a las primeras asociaciones, declarando que a pesar de que entre sus objetivos estatutarios constaba el de “la protección de la naturaleza y de la fauna en el mundo”, lo consideró, de forma insólita, demasiado general para tener interés en el asunto, con lo que el proceso siguió con las otras apelantes. Por tanto, la Corte de Apelación ha reconocido, como se ha venido manteniendo desde el principio, que al no seguirse el procedimiento legalmente establecido, que claramente no es subir a la web de un Ministerio público dos fichas descriptivas de una actividad que pretende convertirse en patrimonio cultural de un país, no se pudo llevar a cabo ninguna inscripción de las corridas de toros en el inventario de patrimonio cultural inmaterial de Francia.

El Observatorio Nacional de las Culturas Taurinas, promotor de la inscripción (una inscripción inexistente), y la Unión de Ciudades Taurinas (Union des Villes Taurines Françaises), que se unió a la reclamación, han anunciado la impugnación de la decisión judicial ante la Corte Suprema. Hoy en día, por tanto, no hay ningún país donde las corridas de toros y espectáculos asociados haya sido inscrito como patrimonio cultural inmaterial, aunque España tiene el destacado lugar de haber aprobado una Ley expresa que lo declara como tal [(“patrimonio cultural”) Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural)], sin efecto jurídico palpable alguno para el “blindaje” o permanencia legal de esta actividad, aunque esto es (materia de) otro menester.