Las diversas incidencias ocurridas con las vacunas han puesto en evidencia ante la opinión pública lo que es el modo habitual de funcionamiento de la Big Farma. Generalmente la investigación se realiza en gran parte utilizando fondos públicos (en el caso de las vacunas más del 90% de la inversión la ha realizado el sector público), luego las empresas patentan las vacunas como si las hubieran realizado ellas solas, y de inmediato les colocan precios abusivos (se calcula que el precio de venta de las vacunas esta entre 6 y 10 veces su precio de coste de producción), luego negocian sin transparencia alguna ocultando a la ciudadanía, que a la postre es la que las paga con sus impuestos, al menos en los países más potentes económicamente, los intríngulis de los contratos, los precios y las condiciones en que estos se realizan. Para mayor escarnio, en cuanto tienen una oportunidad, a pesar de haber recibido el dinero antes de entregar las vacunas, aprovechan para vender a precios mas altos la producción a terceros países incumpliendo los plazos de suministro, es decir todo un poema de prácticas irregulares y de abusos. Obviamente ello ha sido posible por una actitud permisiva de los países más ricos, especialmente de la UE.

No es de extrañar que los beneficios de las empresas se hayan disparado y que ahora, cuando ven un atisbo de peligro en sus fenomenales beneficios, cuando se plantea el levantamiento de las patentes, pongan el grito en el cielo y hablen de los esfuerzos realizados en innovación y de quiebra de la confianza.

El problema de las patentes y los sistemas internacionales que las protegen, es una realidad incuestionablemente lesiva para el acceso de la población a los medicamentos necesarios, que debería cambiarse, y que es factible hacerlo a escala internacional, precisando de actuaciones coordinadas y muy complejas, en las que  hay que ir dando pasos, y la pandemia ha puesto en evidencia su importancia y urgencia, cuando menos en el caso de las vacunas, en las que no cabe ningún tipo de dudas.

El asunto viene de antiguo, y ya ha pasado con anterioridad en varias ocasiones, con menos relevancia pública, lo que obliga a la búsqueda de soluciones para hacer sostenible esta situación a la vez que se garantiza a todas las personas el acceso a los medicamentos que necesitan.  Por eso desde 2005 en la FADSP venimos señalando la conveniencia de poner en marcha una empresa pública de fabricación de medicamentos. ¿Cuáles son los motivos para esta propuesta? Los resumo a continuación:

Garantizar la seguridad de los medicamentos.  Con frecuencia las farmacéuticas intentan maximizar los beneficios mediante la “externalización” de la producción de los medicamentos, en países donde los controles de calidad son menos rigurosos, lo que produce potenciales riesgos sobre los usuarios (hace poco sucedió con el Valsartan que hubo que retirar apresuradamente de las farmacias). Una industria pública aseguraría que los criterios económicos no se impongan sobre la seguridad de los enfermos.

Acabar con los desabastecimientos. A pesar de su inmensos beneficios  las farmacéuticas tienen a dejar de producir aquellos medicamentos que aun siendo efectivos tienen una baja rentabilidad (se ha denunciado en España el desabastecimiento de 170 medicamentos, cuyo suministro no se asegura por las farmacéuticas porque tienen precios muy bajos y/o porque han desarrollado alguna alternativa de eficacia similar pero de mayor precio), lo que evidencia el poco aprecio de las empresas por la salud de la población. Además este fenómeno está también originado por las exportaciones de los medicamentos  a terceros países que tienen mayores precios (lo mismo que ahora ha pasado con las vacunas) que es una práctica frecuente de las farmacéuticas que ahora ha hecho visible la pandemia. Una empresa pública acabaría con estas situaciones, garantizando la accesibilidad de todos los medicamentos de eficacia probada, aunque tengan poca o nula rentabilidad empresarial, eliminando de paso las maniobras especulativas de las farmacéuticas.

Reenfocar la investigación.  Las farmacéuticas dirigen una parte muy sustancial de la investigación hacia por un lado áreas de gran rentabilidad económica, no necesariamente social, y hacia pequeñas modificaciones de moléculas preexistentes que les permitan nuevas patentes a precios muy superiores sin añadir un valor terapéutico significativo (los conocidos como me-too). Una industria publica valdría para cambiar esta situación y potenciar la investigación hacia enfermedades prevalentes desatendidas, y hacia áreas ahora casi abandonas por sus elevados costes y escasa rentabilidad (el mejor ejemplo es el poco esfuerzo que se hace en la búsqueda necesaria de nuevos antibióticos ante la utilización inapropiada de los mismos).

Mejorar la transparencia. Las empresas farmacéuticas frecuentemente distorsionan el acceso a las informaciones sobre efectos adversos, limitaciones, etc, de sus medicamentos. Una empresa pública serviría para dar transparencia de todas las actuaciones, problemas y efectos adversos relacionados con la producción y utilización de los medicamentos.

Favorecer el control de los precios.  Desde una empresa pública se mejoraría la relación entre los precios reales de producción y dispensación, tanto por los precios de sus productos, como por su influencia sobre los competidores no públicos. Por ejemplo en Brasil una iniciativa empresarial pública proponía la producción de Sofosbuvir a un precio 5,81 veces inferior del que factura Gilead (que por cierto vendió el producto en ese país a  16.000 reales, unos 4.000€ al cambio, mucho más barato que en España).

Es evidente que la presencia de una empresa farmacéutica pública daría un gran margen de negociación al gobierno a la hora de acordar y/o pactar precios y condiciones con las farmacéuticas, un margen hasta ahora inexistente, debido en gran parte en la ausencia real de alternativas. Ahora mismo uno de los argumentos que utilizan los defensores de las patentes en las vacunas son las dificultades de conseguir una producción alternativa, y aunque es obvio que estas se magnifican de manera interesada, también lo es que se precisa de una experiencia y un equipamiento suficiente para su producción, y que no es lo mismo por ejemplo la vacuna de Astra Zeneca que utiliza una tecnología bien conocida y resultaría poco complicada de elaborar, que la de Pfizer que usa una en la que hay menos experiencia y sería más complejo producirla. Pero en cualquier caso  la presencia de una industria pública farmacéutica convierte esa alternativa en una realidad factible. 

Obviamente una empresa farmacéutica pública debería focalizarse no solo en garantizar el suministro de medicamentos necesarios, sino también en asegurar el de las innovaciones necesarias con mayor impacto social y económico, el caso de las vacunas es paradigmático, si bien una industria pública debería comenzar por un listado limitado de medicamentos, porque se trata de un sector que precisa inversiones y experiencia para poder desarrollarse que no pueden improvisarse de la noche a la mañana. Estamos ante una inversión para el futuro que nos garantizaría una política farmacéutica independiente de los intereses económicos, y atenta solo a las necesidades de salud y al acceso universal a los medicamentos.

Finalmente debemos tener en cuenta que en nuestro país existe un dispositivo público, el Centro Militar de Farmacia de la Defensa, que posee instalaciones y personal cualificado para constituir un embrión de esta empresa pública farmacéutica, que a día de hoy se encuentra totalmente infrautilizado, pero que prestó un gran servicio durante la pandemia, al que habría que dirigir parte de los fondos provenientes de la UE para ampliarlo y mejorar su capacidad de producción.

Hay razones suficientes para poder avanzar en esta iniciativa, que por supuesto sería mejor si se lograra a nivel de la UE, que puede ser clave a medio plazo para garantizar la sostenibilidad de la Sanidad Pública y el acceso de la población a medicamentos que precisa para mantener su salud, porque es previsible que en no demasiado tiempo volvamos a enfrentarnos a nuevas crisis sanitarias.

La sanidad española lleva años en un proceso de privatización más o menos encubierto. Para ello se han utilizado diversos instrumentos. El principal, los recortes en la financiación: según la OCDE el gasto sanitario público en España en 2018 fue del 6,27% del PIB. En 2019, descendió al 5,9% (0,37 puntos menos). Entre 2009 y 2017, el gasto público en salud como porcentaje del PIB se redujo en un 9,1%, mientras que el privado aumentó en un 18%, según la Estadística de Gasto Sanitario Público. El gasto sanitario privado ha crecido notablemente en la última década, pasando del 24,6% al 29,2% del total (OCDE 2018), como consecuencia de una bajada continuada de los presupuestos de la sanidad pública, que se contrajeron del 6,78% del PIB en 2009 al 6,23% en 2017. El gasto total actual representa un 9,1% del PIB, inferior al 9,9% del promedio de los países europeos. El gasto público de las comunidades autónomas –que tienen trasferidas estas competencias– no ha crecido nada en los últimos diez años: representa el 5,5% del PIB, muy inferior al 6,1% del 2009.

Esta falta de financiación ha minado de forma muy grave nuestro sistema público, originalmente basado en la accesibilidad y el carácter redistributivo. El objetivo de estos dos parámetros es evitar discriminaciones por motivos económicos, especialmente para las personas más vulnerables, que son las que necesitan mayor atención, dada la estrecha vinculación entre pobreza y salud. Frente a esto, los modelos basados en los seguros sanitarios vinculan el derecho a la atención a las cotizaciones y en todo caso, para aquellos sectores no asegurados ofrecen sistemas de beneficencia, con menor oferta de servicios y de menor calidad.

Otra barrera que dificulta una financiación sanitaria basada en impuestos como la nuestra es la elusión fiscal. Esta práctica, muy frecuente en las grandes empresas, es especialmente dañina en un país de baja presión impositiva como España, de casi 10 puntos menos que la media de los países de la Unión Europea (34% frente a 41%, 70.000 millones de euros anuales).

También ha ahondado en el enfoque anti-público el crecimiento de los copagos en medicamentos introducidos en 2012 con el RDL 16/2012. Como consecuencia de ellos, más de un millón cuatrocientas mil personas no retiran los medicamentos prescritos por problemas económicos.

Hay otras medidas más residuales pero no desdeñables, como las desgravaciones fiscales a los seguros complementarios, especialmente utilizados por las grandes empresas para su personal directivo, que desgravan alrededor del 30% de los mismos.

Empeorar el funcionamiento del sistema sanitario no es algo que ocurre porque sí. Como resultado de las listas de espera que crecieron desmesuradamente tras la época de los recortes, las empresas aseguradoras han aumentado su negocio exponencialmente. En 2018 superaron los 10 millones de asegurados, un crecimiento del 14,6% en tan solo 4 años. No ayuda el mantenimiento del modelo MUFACE por el que el Estado, paradójicamente, financia la asistencia sanitaria privada de los funcionarios públicos.

Los recortes y el empeoramiento de la calidad asistencial del sistema público han ido en paralelo al aumento de la concertación con el sector privado: la reducción del número de camas –que ha pasado de 365 por 100.000 habitantes en 2005, a 337 en 2019– y de personal han sido letales. Desde 2008, se contabilizan 25.000 efectivos menos, con los que la tasa de personal sanitario –3,9 médicos y 5,7 enfermer@s por cada 1.000 habitantes– se mantiene muy por debajo de otros países europeos como Alemania (4,3 y 12,9) o Austria (5,2 y 6,8). Mientras, los conciertos con el sector privado suponen el 11,2% del gasto público en salud. En 2017 suponían el 9,5%, con Cataluña (25,6%), Madrid (11,2%), Baleares (11,1%) y Canarias (9,6%) a la cabeza. La concertación supone la privatización de una parte de la asistencia sanitaria financiada con dinero público. Las dificultades en el acceso a la atención sanitaria en el sistema común también han favorecido el pago directo por asistencia de salud. Como consecuencia, el gasto de bolsillo de la ciudadanía en este ámbito pasó del 19,5% del gasto total en 2009 al 23,6 en 2018.

La colaboración público-privada ha sido utilizada en sus diferentes modalidades para construir y gestionar nuevos hospitales, gestionar servicios esenciales como historia clínica, receta electrónica, centrales de llamadas, logística o servicios de investigación sanitaria, para crear nuevas patentes con dinero público, experimentar tecnología, formar personal sanitario, etc. En todas se han dado los mismos problemas. Las fórmulas conocidas como PFI (Private Finance Initiative) para financiar y gestionar nuevos centros sanitarios han multiplicado entre 5 y 7 veces al coste de los mismos, reducido las camas, personal y equipamiento, y privatizado la parte no sanitaria de los hospitales. Para las empresas privadas implicadas –bancos, constructoras y empresas de servicios– esto representa una oportunidad comercial sumamente atractiva. Un solo contrato (generalmente suscrito por la propia administración pública) les proporciona una fuente de ingresos seguros y de alta rentabilidad durante muchos años.

Pero las consecuencias para la sociedad son nefastas: hipotecan y condicionan la política sanitaria, reducen la calidad de la construcción y equipamientos, disminuyen el número de camas y de personal sanitario, reducen personal no sanitario, empeoran las condiciones laborales, privatizan aspectos claves para el funcionamiento de los centros y la calidad de la asistencia. Y además, se ha constatado un notable aumento de los costes de estos centros. Aunque las PFI y las concesiones inicialmente se concedieron a empresas nacionales, estas han acabado vendiendo su participación a grandes multinacionales que hipotecan la soberanía en la prestación de un servicio público básico, empeoran la atención sanitaria al poner los intereses económicos y la rentabilidad por delante del derecho a la salud y son un primer paso para la privatización total del sistema. Otras formulas han sido los llamados clusters empresariales y las nuevas figuras para la adquisición de equipamiento sanitario, etc.

Adicionalmente en esta confusión entre lo que es de unos y lo que es de todos, figura la doble dedicación de algunos profesionales a la sanidad pública y privada. Gracias a este desdoblamiento, algunos profesionales facilitan la derivación de pacientes del sistema público al privado, utilizando así la sanidad pública para intereses particulares.

Resumiendo, a la infrafinanciación de la sanidad española se ha sumado una creciente derivación de recursos públicos para favorecer los negocios privados y la potenciación del aseguramiento privado y de los pagos directos de los usuarios, lo que ha debilitado el sistema sanitario común y fomentado la desigualdad y las barreras económicas al acceso de prestaciones sanitarias.

Todas estas debilidades se han visto aumentadas por la pandemia sufrida, por eso es precisa, ahora más que nunca, una financiación suficiente de la sanidad pública, incrementando su cuantía para homologarla en euros por habitante y año al promedio de la UE, garantizando una financiación equitativa de las comunidades autónomas y acabando con las privatizaciones a la vez que se inicia un proceso de recuperación de lo privatizado.

La Sanidad pública es un servicio fundamental para la población porque garantiza el derecho y el acceso de toda la población a prestaciones sanitarias de calidad, sin barreras económicas y permite una sanidad universal y de calidad a la que tienen acceso todos/as de acuerdo con su necesidad sin que la situación económica sea una barrera de acceso. En esencia se trata de dar a toda la población servicios sanitarios según sus necesidades y recibir, en su financiación, de acuerdo con sus posibilidades, un gran acuerdo social en el que los mas sanos y con mejor situación económica hacen un esfuerzo solidario con las personas mas enfermas y con menos recursos. Al final, una base de la justicia y la democracia social, por eso es clave su mantenimiento y por eso todos los organismos internacionales (ONU, OMS, etc) defienden la importancia de potentes servicios sanitarios públicos como garantía de la convivencia, de la salud, la sostenibilidad y el desarrollo social y económico.

Por eso nuestro sistema sanitario tiene tan buen aprecio internacional y es envidiado en general en casi todos los países del mundo, y en las comparaciones internacionales se sitúa en los 10 primeros puestos del mundo.

Por eso precisamente también, es evidente la irresponsabilidad de quienes han jugado a deteriorarlo, recortar sus estructuras (en Atención Primaria, en hospitales, en personal, en medios, etcétera) y en privatizarlo con la excusa de una supuesta eficiencia del sector privado que nunca se ha demostrado, ni en España ni en ningún país del mundo.

La pasada crisis sirvió de excusa para recortar los fondos del sistema sanitario público que aún están por recuperarse, y esos recortes se concretaron en una disminución importante de los trabajadores de la Sanidad Pública (más de 55.000 en el momento álgido), de cierres de camas hospitalarias (12.079 menos entre 2010 y 2019) y un largo etcétera en el que lo menor no fue la implantación de copagos sobre los medicamentos que produjeron que 1,4 millones de personas no retirasen, por motivos económicos. Medicamentos prescritos, con los potenciales efectos lesivos sobre su salud que conlleva.

Pero, además, se incrementaron las privatizaciones, con lo que se produjeron sobrecostes y se debilitó aún más los ya debilitados servicios sanitarios de gestión pública, y de manera general se empeoró la calidad de las prestaciones asistenciales. Todo ello con grandes beneficios de las empresas privadas y además favoreciendo la presencia hegemónica en el sector de grandes multinacionales que tienen una capacidad cada vez mayor de condicionar las políticas sanitarias públicas.

En términos generales este ha sido el panorama, empeorando de manera global la Sanidad Pública aunque con grandes diferencias entre CCAA. Esta política ha debilitado la capacidad de respuesta del sistema sanitario ante situaciones críticas, reales o sobredimensionadas, porque ya está funcionando de manera habitual al límite de su capacidad. La epidemia actual lo está poniendo de relieve, los centros sanitarios públicos, especialmente allí donde la política de recortes y privatizaciones ha sido mas agresiva, como sucedió en Madrid, están siendo sometidos a un muy duro estrés que les esta llevando a situaciones límite, que se están sobrellevando gracias a la dedicación y el esfuerzo de los profesionales sanitarios que hacen gala de una entrega que es de agradecer y que la sociedad debería recordar cuando pase la crisis.

Parece una ironía, si no fuera realmente un insulto que la “adicta a los atascos” que preside la Comunidad madrileña, haya echado mano en este momento precisamente de Antonio Bargueño, uno de los principales responsables del deterioro que hoy viven los centros sanitarios públicos de la región, y que todo apunte a que su formula de afrontar la situación sea mas privatización, mas derivación de recursos hacia el sector privado y más desamparo y deterioro de la Sanidad Pública. No tenemos que engañarnos, el sistema sanitario público está respondiendo, con esfuerzo y abnegación, y demostrando, una vez más, que cuando hay un serio problema de salud, real o sobredimensionado, es el único con capacidad de respuesta, porque solo la Sanidad Pública es  capaz de anteponer la salud de la población por delante de la rentabilidad económica o los beneficios empresariales.

El Ayuntamiento de Madrid parece que por fin se ha tomado en serio la contaminación que sufre crónicamente la ciudad y ha comenzado a limitar la circulación por el centro de la ciudad, después de más de 20 años dedicados a todo lo contrario. Las obras faraónicas que nos han endeudado a la ciudadanía han hecho todo lo posible para facilitar el acceso fácil de los vehículos particulares al centro de Madrid, consolidando una cultura de atasco, polución y despilfarro económico y energético.

Lógicamente va a costar revertir esta situación y no solo porque la señora Aguirre tenga más dificultades para dejar el coche en doble fila en la Gran Vía, o “se quede encerrada en su casa”, sino sobre todo porque muchas personas han organizado su movilidad urbana en torno al vehículo privado y les va a costar adaptarse a la nueva situación. Ahí es donde hace falta mucha pedagogía e información por parte del Ayuntamiento y, por supuesto, mejorar de una manera significativa el transporte público.

Aunque los responsables municipales lo hayan obviado hasta el presente, hace tiempo que se conoce que la contaminación producida por los vehículos de motor es un serio problema de salud pública que influye negativamente sobre la morbilidad y mortalidad de la población, y las evidencias científicas no cesan de incrementarse.

Ahora mismo se sabe que los niveles de los contaminantes ambientales influyen en la salud desde el estado embrionario, produciendo bajo peso al nacer, prematuridad, microcefalia, y alteraciones en el epigenoma, etc; posteriormente, durante la infancia, producen aumento de los problemas respiratorios y agravamiento de los mismos, asma, disminución de la función y el desarrollo pulmonar, inicio de arteriosclerosis y alteraciones del neurodesarrollo y el comportamiento, y en la edad adulta se han evidenciado declive de la función pulmonar, aumento del cáncer de pulmón, diabetes tipo 2, arteriosclerosis, eventos coronarios, accidentes cerebrovasculares, y un largo etc de patologías.

Se ha calculado que los efectos de la contaminación sobre la salud producirían un coste de entre 243 y 712 millones de euros anuales en la UE. Por poner solo un modesto ejemplo, en Madrid alrededor del 9% de los ingresos pediátricos podrían evitarse si no se superasen los límites establecidos de los contaminantes ambientales.

Y, además, es importante tener en cuenta que, aunque se han establecido topes de alerta para los distintos contaminantes, su actuación sobre la salud se produce con niveles inferiores y es creciente según se incrementan los valores de los mismos, y que su efecto es mucho mayor en la infancia y en las personas mayores. O sea, que garantizar un medio ambiente saludable es también velar por la salud de nuestros niños y del conjunto de las personas en el medio y largo plazo.

Obviamente cuando se producen epidemias de virus respiratorios –ahora la de gripe–,  la contaminación empeora notablemente la situación, favoreciendo más ingresos, más complicaciones y más mortalidad.

Por todo eso ya era hora de que alguien desde nuestras administraciones públicas se tomase en serio este importante problema. Aunque es obvio que ha habido problemas en la aplicación de las medidas que se han tomado, se trata de un primer paso, que habrá que continuar, perfilándolo mejor, y sobre todo pensando en el medio plazo, en la prevención. porque no es razonable la situación de Madrid con unos niveles de contaminantes que siempre andan rozando los valores límites establecidos.

Hay que avanzar planes hacia entornos sin contaminación o con una contaminación mínima, pero también hay que tener en cuenta que para solucionarlo de manera definitiva es crucial  que la ciudadanía tome conciencia del problema y colabore activamente.

El uso del término

salud

para hablar de las empresas que se dedican al aseguramiento, la provisión de servicios sanitarios y/o la fabricación de tecnología médica (incluyendo los medicamentos) encubre el fin principal de obtener beneficios con la asistencia sanitaria

En la batalla ideológica por la Sanidad Pública y contra la privatización hay múltiples recovecos, que conviene tener en cuenta para que no nos despisten, y que son utilizados con gran eficacia para encubrir las estrategias privatizadoras.

Un buen ejemplo es la utilización del termino salud, que se usa con mucha frecuencia por el sector privado para denominar actividades de aseguramiento y asistencia sanitaria más centradas en los beneficios empresariales que en la salud. Conviene recordar que la definición de la OMS señala que “la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” y que por lo tanto la salud es una situación en la que influyen muchos aspectos de la vida cotidiana no estrictamente relacionados con el sistema sanitario, como son el nivel económico y social, las condiciones laborales, el medio ambiente, además de otros mas tradicionalmente vinculados con la Salud Pública (higiene, saneamiento, agua potable, etc.). Por eso se ha desarrollado una línea de los llamados determinantes de la salud señalando la necesidad de desarrollar actuaciones que tengan en cuenta “la salud en todas las políticas”, porque todas las decisiones de la sociedad están en último término relacionadas con la salud e influyen sobre esta.

Está claro por lo tanto que las empresas que se dedican al aseguramiento, la provisión de servicios sanitarios y/o la fabricación de tecnología médica (incluyendo los medicamentos) no pueden denominarse empresas de salud, o si lo hacen lo mismo podrían hacerlo las que se dedican a construir carreteras, al transporte, o las del ramo alimentario.

La utilización del término salud en estas empresas de provisión y aseguramiento sanitario lo que pretende es encubrir el foco de su actividad y finalidad principal (obtener beneficios con la asistencia sanitaria) con otro socialmente más valorado y con una clara vinculación positiva ante la opinión pública, la salud. Un buen ejemplo de lo dicho es la información en el suplemento sepia de El País del 13/9/2015 donde aparece un titular (página 3) que habla de “La salud privada”, lo que es un evidente error de concepto que supone un titular encubridor de la realidad, porque los contenidos del artículo se refieren claramente a las empresas privadas que proveen asistencia sanitaria y realizan actividades de aseguramiento privado. Ya desde hace tiempo existe una empresa de provisión de servicios sanitarios que se denomina eufemísticamente Ribera Salud.

Como suele suceder, el fenómeno no es solo español, sino prácticamente universal, así en USA se habla de Healthcare (cuidados/asistencia de salud) o de health maintenance organization (organización para el mantenimiento de la salud) cuando se trata de empresas de aseguramiento y/o de provisión sanitaria privada, y en Latinoamérica de “planes de salud” para denominar a los seguros privados, y numerosas instituciones trabajan en este sentido de manera que incluso las denominadas “escuelas de negocios” desarrollan lo que denominan “divisiones de salud”. Pocas cosas más contradictorias que negocio y salud.

Desde hace mucho tiempo existe una confusión interesada en el uso de la terminología “sanidad privada” frente a Sanidad Pública, cuando la RAE en su tercera acepción recoge que sanidad es el “conjunto de servicios gubernativos ordenados para preservar la salud del común de los habitantes de la nación, de una provincia o de un municipio”, es decir identifica Sanidad con Sanidad Pública, por eso es importante saber diferenciar la Sanidad de la provisión de servicios sanitarios o del aseguramiento, que sí que pueden ser privados. Mucho más aún sucede en el caso de la salud, que nada tiene que ver con las empresas privadas de provisión y aseguramiento cuya actividad se enmarca en actuaciones parceladas de la asistencia sanitaria y es regida por el mercado y el ánimo de lucro.

Desde esta perspectiva más bien habría que hablar del sector dedicado a atender la enfermedad, y precisamente por eso, existe una estrecha vinculación entre la persistencia y una presencia importante de la enfermedad con la pervivencia y crecimiento de este sector dedicado a atenderla. Eso también explica el fenómeno de las “enfermedades inventadas” que lo son porque favorecen los intereses económicos de la industria y de los sectores de la provisión y aseguramiento y contribuyen a la medicalización de la sociedad. Los grupos privados que se dedican a la asistencia de la enfermedad quieren tener cuantos más clientes mejor, y si no los hay se los inventan.

Una de las estrategias del neoliberalismo a nivel mundial está basada en la apropiación de los conceptos ajenos, que, utilizados por ellos, son habitualmente retorcidos hasta hacerlos significar en la práctica lo contrario de lo que es su significado original. Se ha utilizado en todos los terrenos con palabras como flexibilizar, modernizar, racionalizar, externalizar, etc. para hacer pasar de manera solapada los recortes, desregulaciones, pérdida de derechos y privatizaciones. La base de esta estrategia está explicitada en un estupendo chiste de El Roto en el que un personaje le decía al otro: “llama a la destrucción progreso y nadie se te opondrá”, y es por eso universalmente utilizada en todas las propuestas de desmantelamiento de los derechos que protegía el “Estado del Bienestar”. Por eso es importante el dar también esta batalla de los conceptos y las ideas, para que no nos líen, para levantar la cortina de humo de la propaganda, y para favorecer la confrontación con las estrategias de pérdidas de derechos, recortes y privatizaciones. El primer paso para vencer a nuestros adversarios es entender su modo de actuar y desvelar sus intenciones ocultas.

El 24 de mayo se eligieron los representantes en los parlamentos autonómicos que a su vez serán quienes decidan los gobiernos de la mayoría de las Comunidades.

Aunque la Sanidad es la principal competencia de las CCAA y la que consume la mayor parte de su presupuesto (en torno a un 40%), sin embargo, y de manera un tanto sorprendente, no ha ocupado un lugar prioritario en el debate público durante la campaña electoral, que ha esta perdida en los encuentros/ desencuentros entre las directivas de los partidos y en cuestiones personalistas.

El sistema sanitario público español gozaba hasta la llegada del PP al Gobierno de un gran prestigio internacional por su elevada eficiencia (bajo coste y buenos resultados en salud); su carácter universal; su naturaleza redistributiva y equitativa financiada por impuestos; sin barreras económicas para acceder a la asistencia; su integralidad basada en una potente Atención Primaria que garantizaba la promoción de salud, la continuidad de la atención y la  distribución racional de los paciente en  el sistema.

Sin embargo la política del PP, a nivel central y en las CCAA, ha estado orientada a desmantelar y privatizar el sistema sanitario publico para ponerlo en manos de entidades bancarias, multinacionales sanitarias y fondos de inversión internacional ubicados en los paraísos fiscales, una política que ha alentado muchos de los casos de corrupción que van saliendo a la luz.

A ello, y no tanto por la crisis, sino como elemento fundamental para reforzar estas políticas privatizadoras (ya lo dice El Roto: “Hay que destrozar todo lo público para demostrar que no funciona”), hay que unir los brutales recortes que ha sufrido el sistema sanitario a partir de 2009, año de máximo gasto sanitario público, que suponen, según las fuentes, entre 13.000 y 20.000 millones de euros de recortes en la Sanidad Pública.

Obviamente, el resultado de los recortes ha sido el esperado y básicamente en dos aspectos claves: una disminución del personal sanitario (alrededor de 55.000 trabajadores menos) y de los recursos del sistema (cierres de camas, de consultas, de actividad de tarde, de puntos de atención continuada, etc); y paralelamente un aumento del gasto privado que solo moderadamente reflejan las encuestas (el porcentaje de gasto sanitario privado pasó del 25,7% en 2009 al 27% en 2011, según la OCDE), de esta manera recortes y privatización de la financiación han ido de la mano. Pero, además, hay que ser conscientes de que el aumento del gasto privado supone mayor inequidad porque muchas personas, especialmente con la crisis, no tienen ninguna posibilidad de incrementar su gasto sanitario privado y quedan sin opciones de acceder a prestaciones sanitarias que precisan (un buen ejemplo son los copagos que han producido que un 14,76% de la población no pueda acceder, por motivos económicos, a los medicamentos prescritos).

Pero el problema ha sido aún mayor porque la privatización de centros sanitarios (mayoritariamente hospitales, pero también centros de salud en algunas CCAA), no solo no ha mejorado la calidad de la atención, en algún caso la ha empeorado. Sino que además ha incrementado los costes de una manera muy importante (entre 7 y 8 veces sobre la alternativa de provisión pública), empobreciendo así aún más a los centros públicos. Un ejemplo paradigmático es la Comunidad de Madrid, donde en los tres últimos años el presupuesto de los hospitales públicos ha descendido el 16,09%, el 7% y el 1,08% cada año, mientras los centros privados tuvieron un incremento del 5%, el 2% y el 34% en los mismos años.

Todo ello ha supuesto una disminución de los trabajadores de la Sanidad Pública conllevando el cierre de camas, de puntos de atención continuada, de actividad de tarde, etc, disparado las listas de espera quirúrgicas, de consultas de especialistas, de pruebas diagnósticas e incluso de medicina general y enfermería en Atención Primaria. Y ha empeorado notablemente la opinión que tienen los ciudadanos sobre el funcionamiento de nuestro sistema sanitario. Como la ausencia de transparencia es la norma entre las administraciones sanitarias, no se puede constatar un empeoramiento en los parámetros de funcionamiento del sistema sanitario (los últimos datos publicados son de 2011 cuando los mayores recortes y exclusiones se producen a partir de septiembre de 2012). Pero también hay que tener en cuenta que si el sistema ha seguido funcionando se debe sobre todo al esfuerzo que están realizando los profesionales sanitarios, su compromiso con la Sanidad Pública, que como es lógico tiene un limite, y que de continuar las cosas por el mismo camino acabarán totalmente desbordados (ya están desincentivados y cercanos al colapso).

La sanidad es un mecanismo básico de solidaridad social y una de las claves del Estado del bienestar. Además, interviene de una manera importante en toda nuestra vida. Desde el nacimiento hasta la muerte estamos en constante relación con el sistema sanitario. Nuestra calidad de vida, nuestra autonomía y nuestra dignidad como personas, dependen en gran parte de que exista un sistema sanitario público que responda a las necesidades de atención que se van produciendo a lo largo de la vida.

Por eso, es fundamental que el resultado de las elecciones autonómicas cristalice en un acuerdo por la salud de todos los partidos políticos progresistas, porque necesitamos que se produzca un cambio de rumbo que suponga la recuperación de un sistema sanitario público de excelencia y del derecho a la atención sanitaria para toda la población. Por eso debemos, desde la ciudadanía y las organizaciones sociales, exigirles que lleguen a un acuerdo que garantice un sistema sanitario de calidad y expulse de los gobiernos autonómicos a los que solo están interesados en su desmantelamiento y privatización y en los intereses económicos empresariales. Esperemos que acabe triunfando el sentido común y la generosidad sobre los intereses particulares, y que esta aspiración de la mayoría de la población y de los profesionales sanitarios se convierta en realidad.