El próximo día 1 de junio se cumplirán dos años desde que se produjo un caso de rabia en Toledo. Quedó como una anécdota sin importancia, pese a ser un claro ejemplo de lo poco que las administraciones se preocupan por la integridad de los animales, y por la de quienes nos preocupamos por ellos.

En pleno Corpus, una de las fiestas más importantes y que más gente atrae a Toledo, nuestra compañera Susana paseaba con Pipo, un perro en acogida, cuando se encontró con una perra aparentemente abandonada que intentó morderla, y que huyó cuando Pipo se interpuso. Esa madrugada la perra fue abatida a tiros por la policía. La sospecha de que padeciera la rabia se confirmó días después, haciendo saltar las alarmas en la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla-La Mancha.

Al conocerse esa información, Jorge Monsalve Tresaco, de la Consejería, me llamó para informarme, en tono amenazador e inquisitorio, de la obligación de poner a Pipo a disposición de las autoridades, ya que había mantenido contacto con la perra, cuyo nombre, Marquesa, supimos cuatro semanas después. Comenzaba la crónica de un asesinato anunciado que intentamos parar por todos los medios.

Marquesa se había contagiado de rabia en Marruecos, adonde viajó con su familia. Había pasado la aduana con la vacuna, pero sin esperar los tres meses necesarios para países no comunitarios: un error grave del control aduanero, que se agravó cuando la perra regreso a España portando ya la enfermedad. Junto a su familia viajó por toda España hasta llegar a Argés (Toledo). Padecía la segunda fase de la rabia, a causa de la cual se escapó y atacó a gatos, perros y, al menos, a siete personas, cinco de ellas niños, el más grave uno de dos años que tuvo que ser ingresado.

Fue entonces cuando la policía la localizó y la abatió. Después de pasar por la perrera de San Bernardo, fue arrojada al vertedero, donde pasaron tres días antes de que le cortaran la cabeza para analizarla (la prueba que certifica la rabia se hace en tejido cerebral) y dejaran su cuerpo infectado tirado a la intemperie. Pasaron al menos ocho días hasta que limpiaron la zona por donde había estado Marquesa, el lugar donde depositaron los cadáveres de los animales a los que había atacado siguió al descubierto y, con la pretensión de no generar alarma, no se pusieron bandos por la zona informando de lo ocurrido, de manera que hoy sabemos de al menos dos personas que tuvieron contacto con ella y que nunca se identificaron.

Al menos siete animales fueron abatidos o requisados por toda España por posible contagio con Marquesa, entre ellos tres en Llodio (Álava), que habían compartido camping con ella. Después datos del Ministerio de Sanidad indicaban que habían sido sacrificados catorce animales solo en Toledo. El caso disparó en Castilla-La Mancha y Madrid el nivel de 'alerta uno' después de más de treinta años, y en Toledo se activaron medidas de contingencia que entre otras cosas impedían la movilidad de animales en un área de unos 45 kilómetros desde el lugar del suceso y obligaban a pasar un control veterinario en las oficinas comarcales. Los animales que hubieran tenido contacto con Marquesa y estuvieran vacunados guardarían cuarentena y se someterían a una prueba de anticuerpos. En caso favorable, serían liberados tras la cuarentena; en caso contrario, sacrificados, como los que hubieran tenido contacto y no estuvieran vacunados.

En el caso de Pipo, en ningún momento pudo demostrarse que hubiera tenido contacto físico con Marquesa, pero en la clínica a la que acudimos la veterinaria, E.G.P., indicó en un parte que presentaba un arañazo en el hocico.

Pipo había sido rescatado junto a sus hermanos con apenas tres meses de edad en el verano de 2012. Era cariñoso, sociable, leal. En los primeros meses de acogida fue diagnosticado de leishmaniosis. Aunque con niveles muy bajos y siempre en tratamiento, la enfermedad le provocaba heridas en la piel, y esa es la explicación que en todo momento dimos al aparente arañazo en el hocico. Sin embargo, el plan de contingencia ordenaba cuarentena inmediata y sometimiento a prueba de anticuerpos.

Mientras Pipo estaba en la perrera de Numancia, porque todas las alternativas que habíamos propuesto (requisamiento domiciliario o en residencias a nuestro cargo) habían sido rechazadas, me documenté sobre la rabia. Formas de contagio, síntomas, protocolos, tipos de pruebas, legislación, todo ello mientras gritaba mentalmente a Pipo para que supiera que no estaba solo. Ni epidemiólogos ni los laboratorios que establecen los tiempos de acción de las vacunas atendieron nuestra petición de ayuda. Sí respondieron expertos en zoonosis, que nos informaron, por ejemplo, de que en España y en Europa se dan muchos casos que afectan a humanos pero que son silenciados.

En esos días, Pipo fue revacunado, como la casi docena de perros que estaba también en la perrera por el mismo caso. A los pocos días hicieron el análisis de anticuerpos y nos citaron para decirnos lo que más temíamos: el resultado estaba por debajo del límite y Pipo tenía que ser sacrificado. Sentí el fuego del infierno recorrer cada una de mis venas, y sentí cómo los responsables de esa Consejería desconocían por completo cómo actúa la rabia, el grado de importancia de su contagio y las negligencias que una tras otra estaban cometiendo sin que el mundo parara de girar.

No conocían la obligación de revisar las cartillas en la aduana, ni los periodos establecidos para viajar fuera de España, ni que los perros con leishmania tienen el sistema inmunológico deprimido, ni que en muchos casos la vacuna de la rabia no genera reacción y en otros puede desencadenar otras complicaciones. No sabían que en España hay cuatro tipos de murciélagos que transmiten la rabia, porque la única acreditada como extinta es la urbana y muchos animales silvestres sí la portan. Pero sí sabían que no había vacunas para todos los habitantes de Toledo, que por eso no habían alertado de la situación y que Pipo tenía que ser asesinado “por si acaso”.

No nos dejaron siquiera esperar los 21 días establecidos por los fabricantes de vacunas para repetir la prueba, pagándola de nuestro bolsillo. Sin repetir las pruebas, sin esperar el tiempo determinado por los fabricantes de vacunas y sin escuchar a las más de 15.000 firmas recopiladas en Change.org, su sacrificio fue ordenado. A las puertas de la perrera conseguimos pararlo, pero solo dos días. Conseguimos también una audiencia en la Consejería para exponer argumentos éticos y emocionales, pero también clínicos. Al director general, José Tirso Yuste Jordán, le dio todo igual. Me dijo que si Pipo desarrollara la enfermedad sería el primer caso de rabia endémica en más de setenta años, un riesgo que no podía correr. “Yo mato a tu perro”, me dijo.

Movimos cielo y tierra, pero no sirvió de nada. Nadie quería luchar contra la Junta de Castilla-La Mancha. Solo accedieron a dos cosas: a que fuera uno de nuestros veterinarios quien lo “sacrificara”, lo que no pudo ser porque todos en los que confiábamos se negaron a tal barbaridad, y a darnos sus cenizas, corriendo a cargo de nuestros humildes bolsillos.

Hacia las seis de la tarde del 21 de junio de 2013 Pipo fue ASESINADO “por si acaso” en el nombre de la mentira, del especismo, de la ignorancia y de la inhumanidad. Fue arrancado de nuestras entrañas sin que el mundo pestañeara. Aún hoy escribo sin que dejen de temblarme las manos, hirviendo de ira. Por supuesto, abrimos todas las vías judiciales y administrativas para exigir responsabilidad por los daños a la Junta y al Ayuntamiento de Toledo. No quiero dinero, quiero reconocimiento y responsabilidad penal por la negligencia que acabó con Pipo, usándolo como chivo expiatorio de su propia ineptitud.

El Ayuntamiento ha resuelto que no hay dolo, que no existe causalidad entre el suceso y su no actuación, a pesar de que es evidente que sí la hay. Sabemos que el drama pudo ser mayor por las actuaciones ineficientes e insuficientes, y que el origen de todo fue el desinterés y la poca preocupación por los animales que conviven con nosotros, de los que solo se ocupan cuando son sospechosos de portar la rabia o el ébola. Lo que les importa no es la integridad y la seguridad de sus ciudadanos y de sus animales, sino la suya propia.

Durante esos 21 días de tragedia, recogí con mis manos a un cachorro tirado en un cubo de basura porque la Guardia Civil se negó a ir por si tenía la rabia; rescaté a una perra a la que la policía quería atar a un árbol a pleno sol hasta que la recogieran los trabajadores de la perrera; conocimos varios casos de “personas” que llevaron a matar a sus perros porque tenían babas y temían que fuera rabia; y supimos cómo presuntamente el Ayuntamiento ordenó aniquilar la colonia de gatos del Hospital de Parapléjicos, que nos había costado dos años que controlaran. Todo ello mientras cundía el pánico en nuestros círculos más cercanos al conocer la realidad de lo que estaban haciendo desde las administraciones.

Pipo, seguimos en lucha hasta hacer JUSTICIA, por ti y por todas las víctimas de nuestro desgobierno. Por eso nos concentraremos el próximo domingo en Toledo.

Estas son las personas involucradas en el caso:

. José Tirso Yuste Jordán, director general de la Consejería de Agricultura y Ganadería

. Andrés Escudero Población, jefe del Área de Agricultura y Ganadería de la Dirección General de Agricultura y Ganadería

. Jorge Juan Monsalve Tresaco, jefe de Servicio de Ganadería de la Dirección General de Agricultura y Ganadería

. Marta Vigo Martín, jefa de Servicio de Sanidad Animal, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

. E.G.P., veterinaria colegiada

. Francisco Javier Sanchez Casarrubios, veterinario encargado de la perrera de Numancia, quien presuntamente alegará que Pipo presentaba comportamientos extraños (algo que, por lo que se investigó, no pudo demostrarse)