Durante épocas electorales, como en la que nos encontramos en este momento, es habitual escuchar las quejas de las personas que se dedican a la cultura, lamentando la escasa representación y relevancia que a esta se le da en los debates públicos. Por desgracia, esas quejas no exageran la situación real. La cultura es siempre la última, la más olvidada, entre los temas de la agenda social y, cuando en esos debates se menciona, son muy pocos los minutos que se dedican a discutir sobre política cultural. La cultura, considerada prescindible y accesoria, tiende ya a ocupar un papel secundario durante las épocas ordinarias, pero esta exclusión se intensifica aún más durante el periodo electoral. 

Sin embargo, pocos retos de entre los que debemos hacer frente actualmente pueden abordarse sin una aproximación desde la cultura y, por tanto, sin las políticas culturales adecuadas. La cultura desempeña un papel fundamental en la redistribución de recursos materiales e inmateriales, así como en la igualdad de oportunidades. La cultura tiene enormes impactos positivos en la educación, tanto emocionales, relacionales, como cognitivos y, asimismo, desde un punto de vista socioeconómico incorporar las artes en los ámbitos escolares permite redistribuir el capital cultural. También, la cultura contribuye a mejorar la salud física y mental, tal como lo declaró la Organización Mundial de la Salud en 2019 y atestiguan numerosas experiencias que han demostrado beneficios emocionales y mejoras en las variables clínicas de los pacientes. En relación con el cambio climático y las necesidades de adaptación que enfrentamos como sociedad, la cultura ofrece herramientas valiosas, como su papel en la creación de nuevas narrativas de vida o la colaboración con la ciencia y la tecnología para proponer soluciones de futuro. La cultura también contribuye al fortalecimiento de la igualdad de género, la diversidad étnico-racial, reducir la brecha intergeneracional y la inclusión social. Asimismo, aporta claves para reforzar los lazos sociales, fomentar la generación de comunidad y profundizar en la democracia, todos ellos retos ineludibles. También la cultura, por supuesto, contribuye a la generación de empleo y de riqueza de un territorio. Y, por último, la cultura nos brinda una vida más placentera, divertida y disfrutable, lo cual es fundamental para vivir mejor. 

Las decisiones políticas que tienen que ver con la cultura, pues, no afectan solo a profesionales del sector, sino que tienen repercusiones para todas las personas, en todas nuestras vidas, en toda la sociedad. Habitualmente, este enfoque queda relegado en las propuestas sobre política cultural existentes, pero es importante recordar y subrayar que la cultura es algo más que un sector, es una matriz con la cual abordar los asuntos comunes, y enfrentar problemas desde un enfoque trasversal con la singularidad que aportan los códigos, prácticas y experiencias culturales. En este sentido, la política cultural es una política social y redistributiva de alto impacto dirigida al conjunto de la ciudadanía, al igual que la política educativa o la política sanitaria. En definitiva, la cultura es un elemento esencial para una buena vida de todas las personas, y con esta convicción trabajamos para hacer de la cultura un elemento central de una política para vivir mejor.

Cuenta Ana Valero en su libro La libertad en la pornografía que, en 1995, en el Reino Unido se prohibió la exhibición pública por blasfemia de Visiones del éxtasis, un cortometraje sobre la experiencia mística de Teresa de Ávila que presentaba a la Santa en un éxtasis más carnal que místico sobre el cuerpo yacente de Cristo crucificado. Casi treinta años después, una Santa Teresa convertida en actriz y DJ que sufre violaciones, se droga y prostituye ha vuelto a ser motivo de polémica, esta vez, por ser retirada de la programación de un teatro público en un acto que, si no es de censura, se le parece bastante. 

El pasado julio conocimos que la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid había decidido eliminar de la programación de los Teatros del Canal la pieza “Muero porque no muero”, del dramaturgo Paco Bezerra, galardonado con el Premio SGAE Jardiel Poncela, pese a que existía un compromiso para su exhibición. Tres días antes de la presentación de la programación en una reunión en la que no estaba presente la directora artística Blanca Li, la consejera Marta Rivera de la Cruz y su equipo decidieron unilateralmente cancelar la obra. Que cargos de designación política puedan determinar el contenido de una programación es muy mala noticia para la cultura. Que Blanca Li haya aceptado el veto de la Consejería revela lo frágil que es la libertad artística y el tejido cultural en la Comunidad de Madrid. 

Las limitaciones económicas que aduce la Consejería para su supresión no se sostienen, ya que cuando estas existen lo más habitual es trasladar el espectáculo a la temporada siguiente, cosa que no ha sucedido. Además, los Teatros solo tenían que poner 5.000 de los 90.000 euros que costaba la pieza, pues el resto se repartía entre la productora independiente, que aportaba 40.000, y la Red Próspero, que sumaba 45.000 euros. Cuesta asimilar que estemos ante un caso de censura, pero lo cierto es que todos los indicios conducen a ello. Evitar ruido ante una obra que podía resultar polémica en pleno periodo preelectoral parece ser una explicación plausible. Que la Consejería de Cultura quisiera anticiparse a las críticas que pudiera hacerle su socio de gobierno, también. De hecho, Vox ha felicitado al Gobierno por retirar una obra que consideraban “dañina”, “esperpéntica” y que va contra una “santa doctora de la iglesia”. No es la primera vez que el partido de ultraderecha ha puesto en la diana la programación de los teatros de la Comunidad de Madrid e instando al gobierno a supervisarla. 23-F. Anatomía de un Instante, de Àlex Rigola, les pareció que era una “absoluta libérrima interpretación del episodio del 23-F”, y en Fuenteovejuna. Historia del Maltrato, de Marianella Morena, consideraron que se utilizaba “un lenguaje hiriente y vulgar” que “no era compatible” con el que utilizaba Lope. Han instado reiteradamente a la Consejería a “recuperar el concepto de la civilización occidental con base cristiana” y a defender la “belleza y la estética artística frente al feísmo”, “expresiones pseudoartísticas” y “performances grotescas”. 

Da escalofríos que existan partidos que señalen de ese modo a artistas y profesionales de la cultura, pero la realidad es que si de eso se ha podido derivar un caso de censura es porque los principales mecanismos para proteger la libertad e independencia artística no funcionan en la Comunidad de Madrid. La censura tiene cabida en la Comunidad de Madrid porque la injerencia política en la cultura está totalmente normalizada. La dirección de los Teatros del Canal se designa directamente por la consejera, sin mediar ningún tipo de concurso público; los grandes equipamientos carecen de autonomía de gestión; las programaciones se validan por cargos políticos según “criterios de oportunidad”; no existen jurados independientes que participen en la concesión de las subvenciones, sino que se decide directamente por la Consejería; y el grueso de la financiación del tejido se hace sin ningún procedimiento público mediante subvenciones nominativas. Todo esto conlleva, obviamente, una merma en la libertad e independencia del tejido cultural. Si una dirección es designada directamente por un cargo político y la programación es revisada lo cierto es que no habrá mucho margen para plantear divergencias ni para la existencia de distintas visiones morales y estéticas; o si la principal fuente de financiación depende del criterio exclusivo de los cargos públicos, será conveniente ser lo menos incómodo posible. Si ya entra en escena la voluntad censora, como parece ser el caso, la ausencia de estos mecanismos deja a los y las profesionales totalmente desprotegidos.

Si queremos un tejido que pueda hacer frente a cualquier tipo de intervención por parte de los poderes públicos hay que apostar de una vez por políticas culturales que garanticen su independencia lo máximo posible: concursos públicos, procedimientos abiertos; subvenciones en concurrencia con jurados independientes; consejos de participación verdaderamente operativos; rendición y evaluación de las actuaciones. La libertad creativa exige que, en último término, quepa la posibilidad de incomodar a quien tiene el poder. No todo arte tiene que aspirar a eso, pero aspirar a eso es condición de posibilidad de todo arte. Mientras en la Comunidad de Madrid haya temas que no se puedan tocar, interpretaciones demasiado libres, o lenguajes que se consideren vulgares, la libertad de creación estará profundamente amenazada y con ello la libertad no solo de los y las artistas, sino de todos los madrileños y madrileñas.

El pasado siete de septiembre se hicieron públicas las bases de las ayudas a la creación del Ayuntamiento de Madrid. Este programa de ayudas supone un salto cualitativo en el apoyo a los creadores tanto por la cantidad de presupuesto destinado -más de cinco millones de euros-, como por tratarse de una apuesta integral y estratégica para apoyar al tejido de la ciudad. Estas ayudas no tratan simplemente de repartir dinero, sino que, al estar destinadas tanto a los creadores como a los múltiples agentes culturales independientes -gestores, comisarios, salas de teatro, salas de conciertos, galerías de arte, librerías, o festivales-, fortalecen el tejido cultural en su conjunto. 

Tanto para quienes tenemos un compromiso con las políticas culturales en la Comunidad de Madrid, como para quienes tratan día a día de desarrollar prácticas y propuestas culturales en la región, la apuesta del Ayuntamiento de Madrid pone ante un espejo muy poco favorecedor al gobierno autonómico, evidenciando las oportunidades desaprovechadas y la ausencia de proyecto cultural. En la Comunidad de Madrid lo que encontramos es poco más que apariencia: selfies, política de imagen y relaciones públicas. No existe ni un apoyo presupuestario digno, ni una propuesta integral de política cultural. Comparemos. 

La primera diferencia, y la más evidente, es presupuestaria. Frente a los más de cinco millones del Ayuntamiento, la Comunidad destina menos de cuatro para toda la región. Aumentar la inversión permite atender de manera más precisa y singular la diversidad de prácticas, así el Ayuntamiento asigna 2.130.000 millones de euros a salas de música, librerías, galerías, salas de teatro alternativo o cualquier espacio que desarrolle una actividad cultural. La Comunidad de Madrid, al contrario, aglutina toda esta multiplicidad de proyectos bajo una única figura llamada “entidades sin ánimo de lucro” a las que otorga 300.000 euros. Salta a la vista: siete veces menos para toda la región que para la ciudad. Algo similar ocurre con la línea de Ayudas a la Creación. El Ayuntamiento dedica 1.530.000 euros para artistas de todo tipo de disciplinas, proyectos educativos, gestión cultural o residencias en instituciones culturales. La Comunidad de Madrid 270.000 euros para jóvenes creadores únicamente de artes visuales menores de treinta y cinco años. La diferencia presupuestaria, de nuevo, no tiene parangón. Un 0,6% supone el presupuesto de cultura del presupuesto total anual. En el Ayuntamiento de Madrid, sin contar con la aportación desde los distritos, la cifra alcanza el 3% del total. De hecho, la inversión en cultura del Gobierno de Cristina Cifuentes está por detrás de Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valenciana y el País Vasco. Si lo que comparamos es el gasto por habitante nos encontramos con que también está por detrás de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Murcia, Navarra, la Rioja. Es decir, a la cola de prácticamente toda España. 

Ofrecer apoyos no debiera ser repartir miseria. La financiación en la Comunidad de Madrid no es suficiente para apoyar los proyectos y en ocasiones los beneficiarios han de renunciar a la ayuda porque les resulta más gravoso recibirla y justificarla que prescindir de ella. Por otro lado, al carecer de suficiente holgura presupuestaria se hacen competir proyectos demasiado distintos: los que acaban de nacer con los que llevan diez años, lo cual no permite discriminar entre políticas de innovación y políticas de consolidación; proyectos con ánimo de lucro con otros cuyo objeto es su sostenibilidad, ambos aspectos necesarios en un ecosistema cultural complejo; o proyectos como un festival de música con la grabación un disco, de modo que se enfrentan eslabones de la cadena muy diferentes. 

Pero el problema no es solo presupuestario, sino que falta además un proyecto de política cultural autonómica. El Gobierno de Cristina Cifuentes se centra en la realización de eventos culturales, fundamentalmente en la ciudad de Madrid. Eso sale en prensa, pero no consolida un tejido a futuro. Una política cultural ha de preocuparse por toda la cadena de circulación de la cultura: la educación, la formación, la creación, la producción, la distribución, la exhibición…y por la multiplicidad de agentes que conforman su ecosistema. Se tiene que preocupar por fomentar el acceso del mayor número de gente posible y garantizar las condiciones materiales y legales para que se pueda crear, producir y distribuir cultura. La descentralización y el reequilibrio territorial deberían contarse entre sus prioridades. Así como estar en sintonía con el sistema educativo: es contradictorio trabajar en la creación de públicos mientras se eliminan de la enseñanza obligatoria las asignaturas artísticas o se asfixia la sostenibilidad de Conservatorios, Escuelas de Música y Danza. Una política cultural autonómica ha de generar sinergias con sus políticas de empleo, un empleo específicamente cultural no subordinado al turismo, como más de una vez ha dado a entender el Partido Popular. Una política autonómica, puesto que tiene competencias para ello, debe desarrollar los marcos legislativos que favorezcan la circulación de la cultura, como la reforma de una Ley de Espectáculos, anticuada desde su nacimiento en 1997 o una modificación de la Ley de Cooperativas para incluir la categoría de cooperativas artísticas y desempresializar un sector que se ha visto obligado a constituirse en S.L porque era la única manera de acceder a las ayudas públicas. 

El cuento de El traje nuevo del emperador habla de un emperador que amaba tanto la elegancia que solo pensaba en bellos trajes. No gobernaba, solo quería que su imagen luciera más que la de nadie. Pasado el ecuador de la legislatura, ya es hora de reconocer sin pudor que el traje de Cifuentes no existe. La cultura para Cristina Cifuentes es marketing, construcción de marca personal y herramienta de relaciones públicas. No más. Ahora, después de dos años demandándoselo se ha dado cuenta de que la cultura merece una Consejería.  Otro golpe de efecto. Si para el PP de Aguirre y González la política cultural consistía en cortar y una otra vez la cinta de la especulación inmobiliaria -se levantaron auditorios, teatros, centros culturales en todos los municipios de la Comunidad de Madrid, hoy vacíos y sin recursos para ser utilizados-, Cifuentes la entiende como una alfombra roja que no conduce a ningún lugar. 

Pero la cultura merece tener un rumbo. Uno de los principales objetivos de la intervención pública en cultura debe ser contribuir a crear un tejido cultural lo más independiente posible del gobierno de turno. La acción de un gobierno es trabajar por profundizar y ampliar esos márgenes de autonomía. Solo así serán útiles las ayudas públicas. Si, al contrario, se piensan como mero reparto de dinero, se convertirán en un regalo envenenado que condena al tejido cultural a luchar permanentemente por sobrevivir. Por eso es crucial pensarlas estratégicamente, dotarlas económicamente e integrarlas en un proyecto más amplio. 

Las ayudas a la creación del Ayuntamiento, con sus elementos mejorables, son como el niño que le dice a la política cultural de la Comunidad de Madrid: ¡pero si está desnuda! El PP ha mejorado sus modos, sus relaciones públicas, se ha sacudido la caspa de la anterior legislatura. Es cierto. Pero eso no impide ver que la política cultural en la Comunidad de Madrid sigue sin llevar traje.

El proyecto del PP no es coherente ni soluciona los problemas de Telemadrid. Esta es la propuesta de Podemos, reflejada en la enmienda a la totalidad, presentada junto al Grupo Socialista.

La ciudadanía madrileña tiene la oportunidad de recuperar una institución fundamental y acercarse a los estándares normales de una sociedad democrática: tras 20 años de un uso partidista de la radio y televisión públicas tenemos la posibilidad de conseguir un medio de comunicación que permita garantizar el derecho a la información veraz de la ciudadanía y el pluralismo político. Nuestra enmienda a la totalidad, presentada junto al Grupo socialista, ha recibido algunas críticas no muy bien fundamentadas por parte de Ciudadanos y PP. Del PP de Telemadrid nos esperábamos cualquier cosa pero esperábamos que Ciudadanos fuera más consecuente y hubiera puesto sus esfuerzos en construir una televisión pública, independiente y plural. A continuación clarificamos algunas de estas cuestiones.

¿Ente público o sociedad anónima?

Uno de los puntos más preocupantes que recoge el proyecto del PP es la forma jurídica que adopta RTVM: una única S.A, que abre la puerta a la privatización de la radio televisión pública mediante la venta de las acciones en cualquier momento. Asimismo, según el artículo 42, el Gobierno podrá disolver el Ente, es decir, cerrar Telemadrid y Ondamadrid. Precedentes no faltan, esto es lo que ha hecho el PP en Valencia con el cierre de Canal Nou. Además de proteger RTVM de hipotéticas ventas o cierres, esta forma jurídica posee más controles y garantías para la contratación –al seguir las normas de la ley de contratos del sector público– y otorga mayor seguridad jurídica.

Es “caro” y está lleno de “puestos retribuidos”

Nuestro proyecto se basa en un sistema de pesos y contrapesos que permite dotar de independencia al medio respecto al Gobierno, garantizar el derecho a la información, la pluralidad y un equilibrio entre los diferentes órganos: 1) un Consejo de Administración altamente profesionalizado; 2) un Consejo Social que represente a las asociaciones profesionales y a la sociedad civil; 3) un Consejo de Informativos que garantice la independencia de los profesionales del medio; y 4) un Defensor del Espectador que canalice las demandas y quejas de los ciudadanos. Profesionalización, participación, independencia y rendición de cuentas, palabras que si no vienen acompañadas de mecanismos y órganos que las garanticen, se quedan en meras declaraciones de intenciones.

No prevé remuneración para los miembros del Consejo Social y si lo hace para los miembros del Consejo de Administración es porque es una condición imprescindible para que sea un órgano altamente profesionalizado.

Ha sido precisamente el PP el que ha fomentado una manera de gestionar el ente público haciendo proliferar puestos de confianza mientras despedía trabajadores, externalizaba la producción y la utilizaba como herramienta de propaganda, provocando un descenso de la calidad y la correspondiente caída del share. Esto es lo que le ha salido caro a los madrileños.

Sobre el Consejo de Administración

Los candidatos al Consejo de Administración no serán propuestos ni por los grupos parlamentarios, ni por una selección determinada de entidades profesionales. Se abrirá una convocatoria pública a la que concurrirán libremente quienes cumplan los requisitos de competencia, capacidad y experiencia. Un comité formado por cinco personas emitirá informes sobre los candidatos presentados. Para formar este comité, los grupos parlamentarios proporcionalmente propondrán expertos de entre los cuales, por sorteo, se elegirán cinco. En este punto algunos partidos quieren entender que es la Asamblea la que propone los candidatos. Sin embargo, este Comité tiene una función únicamente de supervisión de la adecuación de los perfiles a los requisitos legales. Posteriormente, los candidatos comparecerán ante la Comisión de control de RTVM y finalmente serán designados por mayoría cualificada de ⅔ por la Asamblea de Madrid.

¿ ⅗ en segunda vuelta?

Según la propuesta del PP, si no se llegase a un acuerdo para conformar el Consejo de Administración, este se mantendría en funciones. La elección por 3/5 en segunda vuelta es un mecanismo para solventar este posible bloqueo. Ya existen en nuestro haber situaciones de este tipo como el del Tribunal Constitucional o el del Consejo General del Poder Judicial, que siempre tuvieron motivaciones partidistas. Nuestro objetivo es evitarlas.

Sobre el Consejo Social

El Consejo Social es un órgano estable y permanente de participación de las asociaciones profesionales y de la sociedad civil equiparable al BBC Trust de la televisión británica, ejemplo de televisión de alta profesionalidad, calidad y reconocimiento social. Sustituye al Consejo Asesor, actualmente ineficaz y al que el proyecto del PP pretende retirar carácter normativo, dejando su creación a decisión discrecional del Consejo de Administración.

Se mantienen las entidades existentes, incorporando a los grupos parlamentarios, y a otras entidades que no estaban recogidas como el Instituto de la Mujer, la FRAVM, o asociaciones religiosas. La composición se amplía con nuevas asociaciones profesionales y dando entrada a colectivos LGBT, migrantes o asociaciones relacionadas con la diversidad funcional.

Respecto a sus funciones, permiten el despacho ordinario del Director General y del Consejo de Administración pero adquieren, en ocasiones, carácter vinculante. Estas consisten, entre otras, en la supervisión del cumplimiento del proyecto del Director del Ente, del contrato-programa y velar por el Derecho de Acceso.

¿Por qué una enmienda a la totalidad?

El proyecto del PP no es coherente ni soluciona los problemas de Telemadrid.

La enmienda, resultado del trabajo conjunto de Podemos, PSOE y Ciudadanos, incluye elementos de todos los grupos, también del Partido Popular. Sin embargo, el PP de Madrid no ha podido abordar con profundidad esta cuestión porque está atrapado por décadas de una política partidista y de control de Telemadrid. Su socio de gobierno, al parecer más preocupado por intercambios de cromos, que por la televisión pública madrileña, ha entrado en el juego del PP, formando un bloque.

Este no es el proyecto de Podemos, no es el proyecto de ningún partido. Este proyecto pretende ser el de la ciudadanía madrileña. Basta leerlo para encontrar elementos razonables, planteados por los distintos grupos, lo cual garantiza un modelo estable, no gubernamental y de calidad, con garantías de que la radio y televisión públicas no vuelvan a ser secuestrada por el Partido Popular, ni por ningún gobierno del signo que sea.

En cuanto bajamos a la arena de la política descubrimos un proyecto de gobierno idéntico al de sus antecesores. La continuidad en el desprecio a un enfoque serio de la política cultural tiene su correlato en un modelo económico basado en la construcción y en las infraestructuras

Vamos a intentarlo. Vamos a imaginar cómo hubiera sido una Cristina Cifuentes a quien le importara la cultura. Que se la tomara en serio. Aunque solo fuera un poco. Que entendiera que la rentabilidad de la cultura no solo se mide en términos económicos, sino también por su capacidad de crear lazo social. Que supiera que la cultura es conocimiento, es alegría, es hacer cosas juntos por el simple placer de hacerlas. O que, incluso, solo por mero cálculo, hubiera asumido que el ejercicio de la creación y del conocimiento genera beneficio. Cómo hubiera sido, en definitiva, una Cristina Cifuentes que hubiera dicho basta y hubiera puesto el punto final a más de veinte años de indiferencia y desprecio institucional hacia la cultura en la Comunidad de Madrid.

Podríamos intentar imaginarlo, pero es muy difícil. Ya lo anticipaban los escasos párrafos dedicados a la cultura en el programa del Partido Popular o los sucintos doce puntos del programa de Ciudadanos, algunos acertados pero carentes de un modelo meditado. Lo ha corroborado el pacto de gobierno entre ambos partidos, que ha tenido como resultado una única mención a la cultura en su hoja de acuerdos y su relegación a una Oficina de Cultura y Turismo dependiente de la Consejería de Presidencia.

En su discurso de investidura, Cristina Cifuentes, quiso hacer creer que la cultura y, sobre todo, el turismo, son tan importantes que han de ser transversales y estar cerca del corazón del Gobierno. La realidad es que se ha desplazado la cultura a una simple Oficina sin autonomía. A un limbo jerárquico donde tendrá solo la importancia que la Presidencia quiera con discrecionalidad otorgarle. Y, sin duda, llevar cultura a Presidencia, es un movimiento que pretende poner en escena un especial interés en un sector que tiene importantes desavenencias con el gobierno central. Una vez más la cultura se pone al servicio de la construcción de una imagen política. Concebirla como algo que solo sirve para rentabilizarse en términos políticos, impide abordar la cultura a partir de un planteamiento integral sobre qué se necesita en el sector y sobre cómo poder generar un tejido rico que no sea dependiente de las instituciones.

Esta decisión es coherente con los más de veinte años de gobierno del Partido Popular en la  Comunidad de Madrid en los que jamás ha habido una política cultural. O, si la ha habido, su principal finalidad ha sido extraer beneficios económicos y políticos inmediatos a través de procesos de especulación urbana, de marketing y de inversiones megalómanas: invertir en infraestructuras, no en contenidos; invertir en grandes titulares, no en redes de creación. No ha habido una política cultural que piense en qué necesita y quiere la gente que disfruta con la cultura, y en qué demandan y sugieren las y los profesionales del sector.

Podríamos haber imaginado a otra Cristina Cifuentes. Podríamos haber imaginado a aquella a la que el discurso y la imaginería de la campaña del Partido Popular nos han querido presentar: una adalid del cambio. Desgraciadamente, y pese a que en términos de imagen asume con desenfado ese papel, en cuanto bajamos a la arena de la política descubrimos un proyecto de gobierno idéntico al de sus antecesores. La continuidad en el desprecio a un enfoque serio de la política cultural tiene su correlato en un modelo económico basado en la construcción y en las infraestructuras que, probablemente, beneficien a las mismas élites madrileñas.

La Cultura es un tema clave y es un asunto que debe tomarse muy en serio. Se necesita un proyecto, un enfoque integral y un modelo para la región. Las instituciones públicas deben intervenir para contribuir a consolidar un ecosistema de la cultura que funcione. Para ello no es suficiente una limitada Oficina de Cultura y Turismo, donde la cultura siga ocupando un lugar subsidiario y decorativo. Es imprescindible una fortalecida Consejería de Cultura y Comunicación que se plantee las reformas de calado que viene reivindicando el sector durante demasiados años: replantear el Consejo de Cultura para que deje de ser un órgano testimonial y desaprovechado, crear y aplicar un código de buenas prácticas para las instituciones públicas, adaptar y actualizar las ayudas públicas a las necesidades del sector, contemplar de manera audaz y transparente los mecanismos de colaboración público-privada, abrir las instituciones culturales a la gente y a los profesionales de la cultura o acabar con la precarización del sector y con la privatización de la gestión de los espacios culturales públicos.

Si Cristina Cifuentes hubiera encarnado realmente esa renovación que abandera, quizás la cultura habría podido ocupar el lugar estratégico que le corresponde. Un lugar desde donde poner en marcha el proceso de transformación cultural que necesita nuestro país. Porque la cultura son los libros, las películas, las series de televisión, los videojuegos, el teatro, la danza, las y los creadores, sus públicos; pero, sobre todo, la cultura es lo que nos permite acercarnos a la comprensión de lo que somos, de lo que tenemos en común con los demás y construirnos como sujetos y como sociedades. La cultura es sustancialmente empática, y eso construye ciudadanía. Todo esto no se hace, ni siquiera es posible imaginarlo, desde el rincón de una Oficina.